jueves, 11 de julio de 2019

Día mundial de la población y migración. Una nota breve a la sentencia del TJUE de 10 de julio de 2019, asunto C-89/18 (A propósito del derecho a la libre circulación de trabajadores y el concepto de “integración”).


1. El 11 de julio se celebra el día mundial de la población. Según se recuerda en la páginaweb de las Naciones Unidas, “El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población. El interés por reconocer este día nació de la celebración del "Día de los cinco mil millones" el 11 de julio de 1987”. Al respecto, el Secretario General de la ONU. Antonio Guterres, ha subrayado que “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan que ha adoptado el mundo en pro de un futuro mejor para todos en un planeta sano.  El Día Mundial de la Población es la ocasión de reconocer que la misión guarda una estrecha relación con las tendencias demográficas,  entre ellas el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, la migración y la urbanización”.

Aparece, pues, el término migración, vinculado en gran parte de las ocasiones al deseo de las personas migrantes de mejorar sus condiciones laborales con respecto a las del país de origen o de aquel en el que están residiendo (regular o irregularmente) antes de emprender el proyecto migratorio. Si bien, no solo les guía ese deseo, sino también el de poder mejorar las condiciones de vida de las personas integrantes de su unidad familiar, por lo que la regulación de los procesos migratorios de reunificación o reagrupación familiar adquieren también una indudable relevancia en muchas ocasiones.

El término migración va ligado estrechamente al de integración, refiriéndose este último al de incorporación favorable en el Estado de acogida, medida por muy diversos criterios si bien casi todos ellos ponen el acento en la incorporación regular al mercado laboral, el conocimiento del idioma o idiomas oficiales, y la participación en actividades sociales (asociaciones, actividades en los centros educativos de sus hijos e hijas...).

2. Que la migración adquiere cada vez más importancia en el mundo globalizado en que vivimos, y el cambio climático nos alerta de que ello será aún más relevante en el próximo futuro si no se adoptan las medidas adecuadas a tiempo, se demuestra con los datos estadísticos facilitados periódicamente por las organizaciones internacionales, con especial atención a los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No es ahora el momento de recordarlos con detalle, ya que lo he hecho en entradas anteriores, sino solo de destacar su importancia y poner el acento en datos relativos al territorio de la UE en general y de España en particular.

Para el primero, los publicados por Eurostat el 10 de julio sobre su población a 1 de enero de 2019 son especialmente significativos: se ha producido un incremento de de 1,1 millones de personas respecto a 2018, pasando de 512,4 a 513,5 millones, si bien el número de fallecimientos superó en 300.000 al de nacimientos (5,3 y 5,0 millones, respectivamente). Dicho de otra forma, el crecimiento se ha debido única y exclusivamente, a escala global de la UE, al incremento del flujo migratorio, cerca de 1.400.000 personas.

Los datos para España nos indican que  el crecimiento de la población, de 46.658.4000 a 46.934.600 personas (+ 5’9 %) se debió igualmente de manera exclusiva a la migración, ya que el número de defunciones superó en 56.300 al de nacimientos (423.600y 367.400, respectivamente). Sobre la realidad española es de mucho interés el informe publicado por la UGT (Vicesecretaría general – Departamento Confederal de Migraciones) este mes de julio, titulado “11de julio día mundial de la población. Un país de migraciones”, del que me interesa destacar dos de sus conclusiones, efectuadas tras un amplio y detallado análisis de los datos estadísticos sobre la población en España: “El 1 de enero de este año, se ha alcanzado el máximo de población residente en España hasta la fecha, 46.934.632 personas. Pero este hito no puede explicarse sin la inmigración hacia España de personas de todas las nacionalidades, incluida la española. También en la población de nacionalidad española nacida en España hay una influencia, no posible de determinar, de la inmigración. Pero, en cualquier caso, es el único factor que está contribuyendo notoriamente, hoy por hoy, al incremento de la población”, y “La inmigración, sea cual sea su nacionalidad, es un factor demográfico que, en el caso de España, es el principal determinante de las variaciones de población de los últimos 20 años. Un sencillo ejercicio de imaginar este país sin el aporte de la inmigración (la que aparece reflejada en los datos disponibles) haría descender la población en 7.246.237 personas, equivalente en volumen, al 94’44 % de la población total de Cataluña (cuenta con un total de 7.672.699 personas empadronadas), o a la totalidad de la Comunidad de Madrid (6.661.949 personas empadronadas) y Cantabria al mismo tiempo (580.964). La población menor de 25 años perdería 1.780.697 personas y la Población Activa 3.683.200. Por otra parte, el gasto total de los hogares de 540.347.372.000 euros en 2017 se reduciría en 43.474.240.000, quedándose en 496.873.132 con repercusiones, entre otras, debidas a la menor demanda de bienes y servicios, en la economía en general y evidentemente en el mercado de trabajo”.  

3. La presidencia finlandesa de la UE durante el segundo semestre de  2019 ha incluido en su programa de trabajo un apartado específico dedicado a la “gestión global de la migración”, que a mi parecer, y en línea semejante a la practicada en los últimos años por la UE, centra en especial sus propuestas sobre medidas de seguridad y control, sin que haya referencias expresas y concretas a las políticas de integración. Así, la presidencia finlandesa parte, con acierto  a mi entender, de que al tratarse la migración de un fenómeno global, su gestión también lo ha de ser y tomar consideración tanto las dimensiones internas como las externas, en cuanto que la UE “con su amplia gama de instrumentos y su importante papel internacional, está claramente mejor equipada para abordar la migración que un Estado miembro solo”. Desde una perspectiva muy posibilista y pragmática, se reconoce que la adopción del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) hubiera sido un éxito indudable, pero que hasta el presente ha resultado fallido, planteando, sin mayor concreción, que “Una forma de salir del punto muerto podría ser adoptar  propuestas sobre las que se pueda llegar a un acuerdo. De este modo, la UE podría dar pasos vitales en la gestión de la migración y obtener resultados concretos”.

La visión reforzada de la migración vinculada a las políticas de seguridad queda claramente reflejada a mi parecer en estos tres párrafos del documento: “En el marco del enfoque global y de la seguridad del espacio Schengen, es necesario seguir de cerca las rutas migratorias y mantener la conciencia de la situación. Es fundamental permanecer vigilantes con respecto a todas las rutas actuales y nuevas hacia Europa. Para que la política de retorno sea eficaz y sostenible, la UE debe utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los incentivos positivos y negativos en materia de comercio, desarrollo y política de visados. Necesitamos dirigir más esfuerzos y recursos a la reintegración de los migrantes retornados. El refuerzo de la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas ayudará a los Estados miembros a controlar mejor sus fronteras y a hacer más eficaz el retorno de los inmigrantes ilegales. Por lo tanto, la Agencia tiene un papel clave que desempeñar en la seguridad tanto del espacio Schengen como de la libre circulación de personas”.

4. ¿En qué consiste la integración, pues? No es mi propósito ahora en modo alguno efectuar una reflexión teórica sobre los debates existentes al respecto y en los que términos multiculturalismo, asimilación, integración y otros más son utilizados para reflejar las políticas, y sus éxitos y fracasos, emprendidas por los distintos Estados de la UE. En esta breve nota quería referirme a cómo se relación con el derecho a la libre circulación de trabajadores en el territorio europeo, en concreto para los nacionales turcos en virtud del acuerdo de asociación suscrito con la entonces Comunidad Económica Europea en 1980, para destacar una  sentencia dictada el 10 de julio en la que se refuerza el derecho de libre circulación frente a las restricciones impuestas por un  Estado miembro para facilitar la reagrupación familiar. Sobre el citado acuerdo, sigue siendo de obligada consulta la tesis doctoral de la Dra. Mariona Illamola Dausà, profesora de la Universidad de Girona, titulada “El estatuto jurídico de los trabajadoresnacionales de terceros Estados: especial referencia al Acuerdo de Asociacióncon Turquía”.  

La sentenciadictada por la Sala primera, en el asunto C-89/18, versa sobre la interpretación del artículo 13 de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, y se suscita en el marco de un litigio entre una ciudadana de nacionalidad turca y el Ministerio de Extranjería e Integración de Dinamarca), al haber sido denegado a aquella su solicitud de un permiso de residencia para reagrupación familiar.

El abogado generalGiovanni Pitruzzella presentó sus conclusiones el 14 de marzo, que en el apartado 1 centran ya perfectamente los términos del debate: “Cabe la posibilidad de que los derechos individuales consagrados por el Derecho de la Unión entren en conflicto con la identidad nacional de los Estados miembros que la Unión también se ha comprometido a respetar, como se desprende del artículo 4 TUE, apartado 2. En tal caso, el Tribunal de Justicia debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación, necesario aunque delicado, de estos dos intereses, a priori divergentes, mediante la aplicación del principio de proporcionalidad. Esta es la labor que se le ha vuelto a confiar en el marco de la presente petición de decisión prejudicial, que lo llevará a pronunciarse sobre si, para la concesión de un permiso de residencia con fines de reagrupación familiar con su cónyuge, que es un trabajador turco que ha accedido legalmente al mercado de trabajo del Estado miembro de acogida, es legítimo exigir a la esposa de dicho trabajador que demuestre que la pareja mantiene una vinculación mayor con el Estado miembro de acogida que con su Estado de origen, sin que ello menoscabe los derechos que asisten al citado trabajador en el territorio de la Unión”, para llegar a la conclusión, que será acogida por el TJUE, de la falta de justificación de la restricción operada por una norma danesa al art. 13 del acuerdo de asociación, “que supedita la reagrupación familiar entre un trabajador turco con residencia legal en el Estado miembro de acogida y su cónyuge al requisito de que la pareja presente una vinculación mayor con el Estado miembro de acogida que con el Estado o los Estados terceros de origen”.

¿Qué interesa destacar a efecto conceptuales de la sentencia? Extraigo los fragmentos más relevantes a mi parecer de la fundamentación jurídica.

Frente a la tesis alegada por el gobierno danés de que la medida adoptada tenía por finalidad garantizar “una integración satisfactoria de los nacionales de terceros países en Dinamarca”, así como también “una gestión eficaz de los flujos migratorios”, el TJUE recuerda, con respecto a la primera alegación, que “ya ha declarado que dicho objetivo puede, habida cuenta de la importancia que el Derecho de la Unión atribuye a las medidas de integración, constituir una razón imperiosa de interés general, a los efectos del artículo 13 de la Decisión n.º 1/80 (sentencia de 12 de abril de 2016, Genc, C561/14, EU:C:2016:247, apartados 55 y 56)”, y en relación con la segunda que “tal objetivo puede constituir una razón imperiosa de interés general que justifique una nueva restricción, en el sentido del artículo 13 de la Decisión n.º 1/80 (sentencia de 29 de marzo de 2017, Tekdemir, C652/15, EU:C:2017:239, apartado 39)”.

Ahora bien, trasladando la doctrina general al caso concreto analizado, en el que se denegó la petición de reagrupación familiar, por considerar que la vinculación del ciudadano turco, residente en Dinamarca y trabajador  por cuenta ajena desde hacía varios años,  y de su esposa para la que se solicitaba la reagrupación, era superior con un tercer Estado (en esta ocasión Turquía, del que ambos eran nacionales) que con Dinamarca, el TJUE rechazará que esta medida sea adecuada a los fines expuestos por el gobierno danés, ya que “dado que los vínculos mantenidos con el tercer Estado tanto por el cónyuge ya presente en territorio danés como por la demandante en el litigio principal solo tienen escasas repercusiones en las oportunidades de esta de lograr una integración satisfactoria en ese Estado miembro, la medida nacional controvertida en el litigio principal no permite demostrar, en la fase del examen de la solicitud de permiso de residencia a efectos de reagrupación familiar, que no se pueda garantizar la integración del solicitante en Dinamarca”.

La tesis del gobierno danés de que el ciudadano varón turco tenía más vinculación con su país de origen que con Dinamarca se rechaza a partir de los datos obrantes en las actuaciones judiciales, ya que se trata de “un trabajador turco legalmente integrado en el mercado de trabajo danés y que reside legalmente con sus hijos en dicho Estado miembro desde hace varios años. De ello resulta que los vínculos de un nacional turco con su Estado de origen no están en condiciones de limitar las perspectivas de integración de este, dado que la relación con dicho Estado y la relación con el Estado miembro de acogida no tienen por qué excluirse recíprocamente”, fundamentación que se apoya por otra parte en el hecho de que la normativa danesa cuestionada por su carácter restrictivo “no prevé ninguna medida de integración que pueda mejorar las perspectivas de integración del cónyuge de un trabajador turco que resida legalmente en Dinamarca y desee reunirse con él en dicho Estado miembro”, al tiempo que se apela a la seguridad jurídica para negar la validez de la restricción, ya que “de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que la apreciación por parte de las autoridades nacionales competentes del requisito establecido en el artículo 9, apartado 7, de la Ley de Extranjería se basa en criterios difusos e imprecisos que dan lugar a prácticas diferentes e imprevisibles, con lo que se viola el principio de seguridad jurídica”.

En definitiva, no es la restricción impuesta por la normativa danesa al art. 13 del acuerdo de asociación (“Los Estados miembros de la Comunidad y Turquía no podrán introducir nuevas restricciones relativas a las condiciones de acceso al empleo de los trabajadores y de los miembros de su familia que se encuentren en sus respectivos territorios en situación legal por lo que respecta a la residencia y al empleo”, acorde a la normativa comunitaria, ya de que no se justifica de qué forma puede lograrse el objetivo marcado por el gobierno danés de que “la probabilidad de integración en Dinamarca del solicitante de un permiso de residencia sea mayor”.

Buena lectura.

UE. Aprobación de las Recomendaciones relativas a los programas nacionales de reformas de 2019 para cada Estado miembro. Sin modificaciones sobre el proyecto de Recomendación presentado para España


1. El ConsejoEuropeo de Ministros y Ministras de Economía y Finanzas (ECOFIN) aprobó definitivamente el 9 de julio las Recomendaciones relativas a los programas nacionales de reformas de 2019 para cada Estado miembro. Tal como puede leerse en la nota de prensa de información de la reunión, “La adopción de las recomendaciones a fecha de hoy constituye la fase final del Semestre Europeo de 2019, el proceso anual de coordinación de las políticas económicas. El 20 de junio, el Consejo Europeo celebró un debate sobre las recomendaciones específicas por país. El 8 de julio, el Consejo de Empleo, Política Social,Sanidad y Consumidores aprobó las secciones relativas a las políticas de empleo”.

El proyecto relativo a España fue objeto de detallada atención por mi parte en la entrada titulada “UE. Semestre europeo. De los documentos presentados en otoño de 2018al paquete de primavera 2019. Notas a la propuesta de Recomendación sobreEspaña de 5 de junio”, que incluyó el texto comparado de las Recomendaciones de 2015, 2016, 2017, y 2018, así como el proyecto de 2019.

La lectura del documento aprobado primero por el EPSCO, en el ámbito de sus competencias relativas a la política social y de empleo, y después por el ECOFIN permite comprobar que no se han producido cambios en la propuesta presentada el 5 dejunio, por lo que remito a la comparación realizada en la entrada citada y basta solo con suprimir la referencia a que era una propuesta para convertirla en Recomendación ya aprobada, solo pendiente de publicación en el Diario Oficial de la UE.

2. Por ello, me permito reproducir mis comentarios a la propuesta, de contenido más directamente laboral y de protección social, ya que siguen siendo plenamente válidos, y reproducir después las cuatro recomendaciones concretas formuladas.

“El texto recuerda los contenidos más significativos del Informe sobre España, aprobado el 27 de febrero..., enfatizando la problemática del elevado nivel de desempleo, aún y las mejoras experimentadas en los últimos años, y la segmentación en el mercado laboral entre el (importante) número de trabajadores con contratos temporales y aquellos que poseen estabilidad laboral al mismo tiempo que destaca la posibilidades de mejora en el ámbito laboral por la previsible disminución del desempleo si sigue la mejora económica (se considera que las hipótesis macroeconómicas en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el programa del Gobierno  “son verosímiles”), y se reduce también el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, así como las que tienen contratos temporales, y si la mejora económica  (y añado yo ahora el incremento del SMI) ayuda a la reducción del número de trabajadores pobres.

En realidad, la propuesta de Recomendación es poco más, antes de llegar a las propuestas concretas, que un recordatorio de las grandes cuestiones planteadas en el estudio sobre España.... En síntesis, son las siguientes:

Un crecimiento relevante del empleo y un desempleo que sigue siendo elevado si bien con tendencia a la mejora, debiéndose prestar especial atención a la problemática más compleja de la gente joven y de las personas con baja cualificación, así como a las desigualdades por razón de género.

La preocupación por el todavía elevado volumen de contratación temporal, que afecta sobremanera a determinados colectivos como jóvenes, personas con baja cualificación y nacionales extracomunitarios, con lo que ello implica de menores posibilidades reales de desarrollar una carrera profesional dado la reducida duración de la mayor parte de aquella. Se resalta la importancia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para velar por el cumplimiento de la legislación, y las medidas acordadas en el marco del diálogo social en el sector público para convocar una amplia oferta de empleo público que pueda llevar al empleo temporal hasta el 8 %. La mejora de la calidad del empleo cobra aquí un papel relevante, así como el desarrollo de este en los sectores vinculados a la alta tecnología y a los servicios intensivos en conocimientos, dos ámbitos en los que el texto comunitario nos recuerda que “se encuentra muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas”. Justamente las diferencias regionales son subrayadas con carácter general por el documento como un problema a resolver frente a la mayor parte de las regiones del conjunto de la UE, en ámbitos tan importantes como indicadores laborales y sociales, innovación, emprendimiento y competitividad

La necesidad de seguir invirtiendo en mejorar las políticas activas de empleo y la actuación de los servicios de empleo, con mayor implicación del mundo empleador y también del sector privado, defendiéndose que “Una mayor inversión en unos servicios públicos de empleo modernos acompañada de medidas de apoyo a la movilidad laboral podría contribuir a mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de los trabajadores y suavizar las transiciones en el mercado laboral, fomentando así la productividad de España y el crecimiento inclusivo a largo plazo”.  

No menos importante es la necesidad de seguir adoptando medidas que refuercen la protección social, significándose, como dato que conviene subrayar, que España tiene aún mucho terreno para avanzar en este terreno, en especial en los relativo a la protección de los menores y en el volumen del gasto social como porcentaje del PIB para los hogares con hijos. Se muestra la preocupación por la fragmentación del sistema de protección del desempleo (también lo es para el gobierno español, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo en materia de unificación de las prestaciones asistenciales), y se manifiesta por una vez un toque demasiado economicista (¿con qué fundamento?) respecto a que recientes mejoras adoptadas, como la ampliación/recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, “pueden, al mismo tiempo, socavar los incentivos para trabajar de este grupo en particular”.

No hay una valoración negativa de los cambios operados en la recuperación económica de las pensiones, es decir de la vinculación a la inflación y del aplazamiento de factor de sostenibilidad adoptado en 2013, si bien se alerta de que tales decisiones “requerirán medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, algo cuya concreción evidentemente se remite a las decisiones de los poderes públicos nacionales. Igualmente, se apuntan otras medidas a adoptar, y sobre las que se está trabajando por el gobierno y los agentes sociales, cuales son “… tanto la cuestión de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial”. Por todo ello, no es de sorprender que una exquisita prudencia se observe por la Comisión en su primera recomendación al incluir la mención a “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

En fin, la segunda recomendación, aquella que concentra el núcleo duro del contenido laboral, llama a mejorar la eficacia de los servicios sociales y de empleo, a facilitar la transición a un empleo indefinido, apostando por simplificar, y estoy seguro de que el gobierno no deberá poner obstáculo alguno a ello, el sistema actualmente vigente (y harto complicado, añado por mi parte), de incentivos a la contratación. También es necesaria la mejora de la protección social y una mejor articulación entre el marco estatal y los autonómicos de rentas mínimas. Y no lo es menos la mejora de las aptitudes, conocimientos y capacidades que demanda el mercado laboral, lo que requiere de una estrecha colaboración entre el mundo educativo y el empresarial, que además debe prestar especial atención al impacto de las TICs”.


3. Las cuatro recomendaciones formuladas por el Consejo a España son las siguientes:

“Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. Mejorar el apoyo a las familias, reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.


3. Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones eléctricas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación.

4. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en el caso de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y mejorando la cooperación entre las Administraciones”.

5. Para finalizar mi explicación, cabe añadir que el DOUE L185 de 11 de julio publica la Decisión UE 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, "relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros", por la que se acuerda mantener las orientaciones ya existentes, recogidas en la decisión (UE) 2018/2015, que han sido objeto de mi atención en la entrada anteriormente citada. 

Buena lectura.


miércoles, 10 de julio de 2019

Sobre el sustento jurisprudencial a la fundamentación jurídica de las sentencias que declaran la no laboralidad de los repartidores de Glovo. Una nota crítica.


1. La última consulta de la página web del CENDOJ (9 de julio) nos da debida cuenta de ocho sentencias dictadas por Juzgados de lo Social de Madrid, Barcelona, Gijón,  Oviedo y Salamanca sobre la problemática laboral de los repartidores de Glovo, es decir sobre la existencia de una relación contractual asalariada (tesis defendida por la parte trabajadora demandante), o como trabajador autónomo ordinario o TRADE (tesis de la parte empresarial demandada).

martes, 9 de julio de 2019

Sentencias que estiman un incumplimiento laboral y son objeto de atención por la prensa económica. Sentencias que estiman un incumplimiento empresarial y son objeto de atención por las redes sociales. A propósito de las SAN de 20 de junio y SJS 33 BCN de 27 de junio de 2019.



1. En numerosas ocasiones me he preguntado cuál es la razón de que la prensa económica, cercana al mundo empresarial, preste especial atención a sentencias de juzgados y tribunales que o bien desestiman las demandas y recursos de la parte trabajadora, o bien estiman los recursos de la parte empresarial, y mucho menos a las que finalmente se decantan por la estimación de la demanda o el recurso interpuesto por la parte trabajadora. No hago esta afirmación en el vacío, desde  luego, sino que es fruto de una atenta lectura de aquellos medios de comunicación desde hace muchos años en todo aquello que se refiere al análisis de las cuestiones jurídicas, que en muchas ocasiones tiene directa relación con una medida de impacto económico y social (modificación de condiciones de trabajo, reducción salarial, despidos, ...). También me sorprende en más de una ocasión la selección de la concreta resolución judicial  objeto de comentario, que una vez “descubierta” por el redactor o redactora del medio de comunicación es rápidamente objeto de  difusión en muchos más.

sábado, 6 de julio de 2019

El record de la primera promoció dels llicenciats i llicenciades en Dret de la Universitat de Girona (1994).




 




Aquest any s’han complert vint-i-cinc anys de la graduació dels primers llicenciats i llicenciades en Dret de la Universitat de Girona. Amb aquesta motiu la redactora del Diari de Girona Ariadna Sala ha dedicat dos excel·lents articles, els dies 5 i 6 de juliol, el primer dedicat a recollir el meu parer i del Dr.Albert Ruda, en la nostra condició de primer i actual degà, respectivament, de la Facultat de Dret, i el segon a explicar el parer de dotze estudiants de la primera promoció, vint-i-cinc anys desprès, en l’acte de graduació de la darrera promoció que va tenir lloc el dia 5 en el auditori del Palau de Congressos.