martes, 19 de marzo de 2019

Sobre el estatuto del personal investigador predoctoral en formación. Notas al marco normativo anterior y a la nueva regulación del Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo.


1. El Consejo de Ministros celebrado el 1 de marzo aprobó un Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal investigador predoctoral en formación. La norma, núm.103/1209 de 1 de marzo, ha sido publicada en el BOE del día 15, con entrada en vigor al día siguiente. Varios de sus preceptos, todos aquellos de contenido laboral, se dictan al amparo del título competencial estatal del art. 149.1.7 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral.

lunes, 18 de marzo de 2019

Diferencia en la duración del período vacacional que no supone discriminación por razón de nacionalidad. Una nota a la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2019 (asunto C-437/17).


1. Es objeto de breve anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala quinta delTribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de marzo, con ocasión de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, sobre la interpretación del art. 45 del TFUE y del art. 7.1 del Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión.

Obstáculos a la creación de sección sindical y de nombramiento de delegado sindical de empresa. Vulneración del derecho de libertad sindical. Notas a las sentencias de la AN de 21 y 27 de febrero de 2019.


1. La última actualización de la base de datos de sentencias de la Audiencia Nacional nos ha permitido tener conocimiento de dos interesantes sentencias dictadas por la Sala de lo Social, en procedimientos de tutela de derechos fundamentales, los días 21 y 27 de febrero, siendo ponente de ambas el magistrado Ricardo Bodas.

domingo, 17 de marzo de 2019

Profesorado universitario. Servicios mínimos durante período de exámenes. Vulneración del derecho de huelga. Unas notas a propósito de la sentencia del TSJ de Andalucía de 27 de febrero de 2019.


1. Hace poco más de cuatro meses, concretamente el 4 de noviembre de 2018, publiqué una amplia y detallada entrada en el blog analizando la problemática de los conflictos existentes en varias Universidades andaluzas (Granada, Málaga y Sevilla) con ocasión de las convocatorias de huelga por parte del profesorado interino para conseguir la promoción, vía acreditación, a profesor contratado doctor.

En dicho artículo realicé primeramente un examen de la problemática del derecho constitucional fundamental de huelga del que dispone, ya sea personal laboral o funcionarial, el profesorado universitario, y qué límites pueden establecerse a su ejercicio en cuanto que afecta a otro derecho del mismo rango, cuál es el de la educación (arts. 28.2 y 27 Constitución, respectivamente).  A continuación, analicé dos sentencias de TSJ andaluz, Salas de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla y Málaga, de 7 defebrero y 24 de septiembre de 2018, respectivamente.

En la primera sentencia se estimó el recurso c-a interpuesto por el comité de empresa del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) contra resoluciones de la Dirección de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía y del Rectorado, de 8 y 13 de septiembre de 2017, de fijación de servicios mínimos.

En la segunda, por el contrario, se desestimó el recurso c-a interpuesto por el Sindicato Apoyo Mutuo Universidad de Málaga contra la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la citada Dirección General “por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el personal docente e investigador laboral para la celebración de los exámenes programados en la Universidad de Málaga y Granada, mediante el establecimiento de servicios mínimos”, publicada el 6 de junio en el boletín oficial autonómico.  

Tal como exponía en mi artículo al introducir el estudio de las dos sentencias, “Nos encontramos, pues, ante dos supuestos sustancialmente semejantes, tanto en el terreno de la razón de ser de los conflictos laborales, la búsqueda de la estabilización por un sector del profesorado, interino, que acumula muchos años de antigüedad en la prestación de sus servicios, como en el de las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa laboral para garantizar el derecho constitucional a la educación, si bien con algunos matice o cambios relevantes a mi parecer en la resolución dictada el 30 de mayo con respecto a las dos anteriores,  que han llevado a dos recursos c-a por parte del personal afectado y por algunas organizaciones sindicales, con dos respuestas distintas por parte del TSJ, estimatoria en un caso y desestimatoria en otro”.

2. Pues bien, ya disponemos de una nueva sentencia, de la Sala C-A de TSJ, sede Sevilla,dictada el 27 de febrero con ocasión del recurso interpuesto, en primer lugar, por el Sindicato Andaluz de Trabajadores contra la Resolución de la ya referenciada Dirección General de 25 de mayo de 2018 por la que se fijaban servicios mínimos a partir del 28, y también contra la Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla por la que se dictaban instrucciones “con motivo de la convocatoria de huelga del personal docente e investigador laboral, con carácter indefinido”, y también por el Comité de Huelga del personal docente e investigador laboral de la Universidad de Sevilla.

Laresolución judicial ha sido publicada el 15 de marzo en la página web del SAT, con lógica satisfacción por su parte al haber sido estimado parcialmente el recurso, en una entrada titulada “Nueva sentencia contra los servicios mínimos abusivos en la Universidad de Sevilla”, resaltando que “esta es la segunda vez que imponían servicios mínimos del 100%, cuando ya habían sido condenados por esta práctica al ir contra derechos constitucionales básicos”, refiriéndose a la antes citada sentencia de 7 de febrero de 2018. La nota del SAT informa de que la nueva sentencia anula la Resolución rectoral de 28 de mayo y deja claro que “no puede “modularse el ejercicio de huelga en función de las fechas en que se vaya a realizar, haciendo prevalecer un calendario escolar de exámenes sobre el ejercicio de un derecho fundamental”.

3. Recordemos con brevedad los contenidos más relevantes de las sentencias del TSJ andaluz de 7 de febrero (sede Sevilla) y 24 de septiembre (sede Málaga) de 2018.

A) ¿Qué ocurrió en el primer caso? Estábamos en presencia de una convocatoria de huelga indefinida a partir del 11 de septiembre de 2017 (período de realización de pruebas de evaluación) que afectaba al PDI de la US. Pues bien, las resoluciones impugnadas fijaron servicios mínimos (vid fundamento jurídico segundo de la sentencia de 7 de febrero de 2018) en los siguientes términos “En cada centro se realizarán los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día 11 de septiembre de 2017(desarrollo, evaluación y calificación de los mismos), toda vez que la realización de estos exámenes a los alumnos constituyen un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada. A tal fin deberán atender estos servicios los profesores indispensables , debiéndose tener en cuenta los artículos 52 y 55 del Reglamento General de Actividades Docentes, aprobado por Acuerdo del Claustro Universitario del 5 de febrero de 2009 y normativa de exámenes aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de fecha 18 de mayo de 2010" "En cada centro se realizarán los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día 14 de septiembre de 2017 (desarrollo, evaluación y calificación de los mismos), toda vez que la realización de estos exámenes a los alumnos constituyen un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada. A tal fin deberán atender estos servicios los profesores indispensables, debiéndose tener en cuenta los distintos reglamentos generales de actividades docentes en las respectivas universidades".

¿Considera el TSJ que la resolución dictada con ocasión de la convocatoria de huelga en la US cumple con el requisito de explicación de la decisión adoptada, es decir de los argumentos que han llevado a adoptar una decisión jurídica que tome en consideración las circunstancias concretas en la que se produce el conflicto? Respuesta afirmativa, ya que la autoridad gubernativa ha explicado en la resolución que los servicios mínimos dictados se han fijado tomando en consideración que se trataba de un período de realización de exámenes finales y que la paralización de la actividad provocaría un grave perjuicio para los estudiantes “que no podrían pasar de curso o acceder a la titulación de grado o máster”. En suma, sí se conoce la motivación de la decisión, siendo cuestión bien distinta, y a ella se dedica el fundamento de derecho quinto, si los servicios mínimos fijados pueden ser, o no, considerados abusivos por excesivos.

Y llegados a este punto, sí estimará el TSJ los recursos interpuestos, por considerar que se trata de una medida desproporcionada y carente de justificación, acudiendo a sentencias del TS dictadas en 2015, referidas a un conflicto en el ámbito laboral de urgencias hospitalarias, que dictaminaron, acogiendo tesis ya defendida por el TSJ andaluz en sentencias de instancia, que no podía fijarse unos servicios mínimos totales, es decir del 100 % del personal afectado. La esencialidad del servicio esencial de la educación, subraya el TSJ, “no constituye de por sí razón suficiente para imponer los servicios mínimos del 100 % del personal docente universitario”.

¿Cuál es la razón que lleva al TSJ a considerar desproporcionados y carentes de justificación los servicios mínimos fijados? Al fijarlos, aplicando el juicio de proporcionalidad, la Administración careció “de los criterios de ponderación necesarios para su establecimiento”, circunstancia que llevó a la vulneración del derecho constitucional de huelga. No tuvo en consideración, por ejemplo, que la huelga afectaba sólo a una parte de los días asignados a las pruebas de evaluación, ni tampoco que el colectivo de personal docente (interino) afectado era de alrededor de 300, mientras que el claustro de profesorado de la US era de 4.223. En suma, la fijación de servicios mínimos totales para todo el profesorado se hizo sin distinción alguna, “ya que la remisión al Reglamento los hace a todos indispensables en sus distintas funciones de vigilancia, desarrollo, evaluación y calificación, sin justificar que actividades reglamentarias inciden en la paralización de la celebración de las pruebas de evaluación final…”. Procede, pues, la estimación del recurso, por la vulneración por parte de la autoridad gubernativa del derecho constitucional fundamental de huelga.

B) De la US a la UMA, de un conflicto laboral sobre estabilización del profesorado a otro con semejante contenido. Nos encontramos ahora con una convocatoria de huelga indefinida por parte del SiAM que se iniciaría el 28 de mayo, por lo que afectaría a todo el período de pruebas finales de evaluación a desarrollar durante el mes de junio (el mismo supuesto, ya lo adelanto, que ha sido abordado en la sentencia del TSJ – sede Sevilla- de 27 de febrero de  2019).

La litigiosidad en sede judicial respecto de los servicios mínimos fijados derivará de la impugnación de la resolución de 30 de mayo dictada por la autoridad gubernativa competente y a la que ya me he referido con anterioridad, además de la resolución rectoral dictada el 25 de mayo y que puede consultarseen este enlace. La lectura detallada de la Resolución gubernativa permite comprobar que se recuerda primeramente que estamos en presencia de un derecho fundamental y que deberá garantizarse, durante su ejercicio, el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad (ya he señalado anteriormente que tal es el de la educación). A continuación, se hace referencia a la sentencia del TSJ de 7 de febrero, de la que se recuerda un fragmento de su fundamento de derecho tercero para llegar a la conclusión de que “resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables”.

Para fijar el contenido concreto de los servicios mínimos a cumplir, la autoridad gubernativa repasa el contenido de la sentencia de  7 de febrero, y mantiene las líneas maestras de las resoluciones de 2017 en cuanto a la protección del derecho de los estudiantes a su evaluación y a tratar de evitar, con la fijación de tales servicios, los perjuicios que podría significarles la huelga a efectos de acceso a otros niveles formativos, becas, prácticas o acceso del título habilitante del ejercicio profesional. Ahora bien, las matizaciones que introduce con respecto a aquellas tienen que ver con la actividad que desarrolla el profesorado, que no es sólo de docencia sino también de estudio e investigación, por lo que trata de delimitar (que lo consiga o no, ya es cuestión bien distinta) cuál sería la afectación limitadora del ejercicio de su derecho de huelga, de tal manera que “La consideración de servicio esencial para la comunidad, en este caso, vendrá referido exclusivamente para asegurar el desarrollo de los exámenes finales de los alumnos por lo que los servicios mínimos que se acuerden no deberán referirse a la totalidad de la actividad propia de toda la jornada laboral de los profesores llamados a la huelga, que además de la actividad docente abarca otras tareas en el ámbito de la investigación, la transferencia del conocimiento, la formación y la gestión sino sólo a la relativa del desarrollo, evaluación y calificación de los exámenes de los que el colectivo de profesores llamados a la huelga son responsables y únicamente en la medida que su participación sea indispensable para llevarla a cabo”.

¿Y cómo se concreta el ejercicio del derecho fundamental de huelga con las limitaciones a su ejercicio por entrar en conflicto con otro derecho fundamental como es el de la educación? Subrayando, acertadamente por ser su ámbito competencial, que la resolución se refiera exclusivamente al personal laboral, se dispone que “En cada centro se deberá garantizar exclusivamente la realización y efectos de los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día de comienzo de la huelga (desarrollo, evaluación y calificación de los mismos), toda vez que la realización de estos exámenes a los alumnos constituyen un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada”, y que tal servicio “se atenderá con el personal indispensable para garantizar su prestación y evitar el perjuicio de los alumnos”.

Recapitulemos. La argumentación y fundamentación de los nuevos servicios mínimos fijados, con su concreción, difiere de la recogida en las Resoluciones de septiembre de 2107 que dio lugar a la sentencia del TSJ de 7 de febrero.

Repárese en que la autoridad gubernativa se basa en la citada sentencia para concretar ahora aquello que no hizo en la resolución anterior, como es vincular la prestación de servicios mínimos “exclusivamente para asegurar el desarrollo de los exámenes finales de los alumnos”, añadiendo inmediatamente que los servicios mínimos que se acuerden “no deberán referirse a la totalidad de la actividad propia de toda la jornada laboral de los profesores llamados a la huelga….  sino sólo a la relativa del desarrollo, evaluación y calificación de los exámenes de los que el colectivo de profesores llamados a la huelga son responsables y únicamente en la medida que su participación sea indispensable para llevarla a cabo”.

La fundamentación de los servicios mínimos se pretende, pues, por la Administración que sea distinta de aquella que fue declarada nula por el TSJ en su sentencia de 7 de febrero, y se concreta en el anexo, en el que se dispone que “En cada centro se deberá garantizar exclusivamente la realización y efectos de los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día de comienzo de la huelga (desarrollo, evaluación y calificación de los mismos), toda vez que la realización de estos exámenes a los alumnos constituyen un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada. El servicio se atenderá con el personal indispensable para garantizar su prestación y evitar el perjuicio de los alumnos”.

Y llegamos ya a la sentencia de la Sala de Málaga del TSJ andaluz, contra la que se ha interpuesto  recurso de casación ante el TS y que lógicamente debe ir en la línea de tratar de demostrar que los términos de la Resolución respecto a la concreción de los servicios mínimos (el “personal indispensable”) han llevado a una desproporción entre el ejercicio de un derecho constitucional y los muy estrictos límites puestos a su ejercicio y que le han llevado de facto a la desvalorización de su efectividad, contrariando la jurisprudencia del TC. 

La Sala primeramente desestima el recurso respecto a la pretendida falta de esencialidad del derecho constitucional a la educación en los mismos términos que ya lo hizo la sentencia de 7 de febrero, y tal carácter esencial conlleva que sea conforme a derecho la fijación de servicios mínimos para garantizar su ejercicio, aun y con las limitaciones derivadas de la colisión con otro derecho fundamental.

¿Ha justificado debidamente la Administración, y ha motivado suficientemente, la Resolución recurrida por lo que respecta a las razones y criterios que ha tomado en consideración para llegar a la fijación de unos determinados servicios mínimos? La respuesta de la Sala es afirmativa, a imagen y semejanza de la tesis postulada por el Ministerio Fiscal. Por decirlo con las propias palabras de la sentencia (tercer párrafo del fundamento de derecho tercero) “La Sala entiende, tras lo expuesto, que el acto impugnado reúne ampliamente los estándares de motivación que exige el art. 54 de la Ley 30/92, siendo proporcionado a la protección que merece el derecho fundamental a la educación, directamente afectado por el ejercicio legal de la huelga”.

¿Dice algo la Sala, responde de manera explícita o siquiera implícita a uno  de los argumentos más sustanciales a mi parecer de la parte recurrente, y que sin duda  tiene mucho que ver con la tesis del propio TSJ en la sentencia dictada por la Sala de Sevilla el 7 de febrero,  cual es “Desproporción y falta de justificación de los servicios mínimos fijados, ya que el juicio de proporcionalidad realizado por la Administración carece de los criterios de ponderación necesarios para su establecimiento, de manera que abarcan la práctica totalidad de las funciones que a final de curso desempeña el profesorado convocado a secundar la huelga, deviniendo ilusorio el derecho a huelga cuya tutela se solicita mediante el presente recurso”. Con sinceridad, no me lo parece, y creo que puede ser un punto donde centrar la argumentación del recurso de casación.

4. Toca ahora ya acercarse, jurídicamente hablando, a la última sentencia de aquello que podríamos denominar “saga judicial del profesorado universitario andaluz”, es decir la dictada por el TSJ (sede Sevilla) el pasado 27 de febrero.

Como es obvio, la argumentación de las partes recurrentes tiene muchos puntos de concordancia con la expuesta en los dos conflictos anteriores. Previamente debemos recordar que la Resolución de la Dirección General dispuso que “en cada centro se deberá garantizar exclusivamente la realización y efectos de los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día de comienzo de la huelga (desarrollo, evaluación y calificación de los mismos), toda vez que la realización de estos exámenes a los alumnos constituyen un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada. El servicio se atenderá con el personal indispensable para garantizar su prestación y evitar el perjuicio de los alumnos”. (la negrita es mía).

En la resolución rectoral de 28 de mayo, de la que se encuentra una amplia referencia en el fundamento de derecho segundo de la sentencia, se dispone que “deberá garantizarse el derecho a la educación de los estudiantes en cuanto a celebración, corrección y evaluación de todos los exámenes que se encuentren debidamente programados conforme al calendario oficial publicado y aprobado en cada centro // Que de acuerdo con la planificación ya acordada por los Departamentos responsables, se establecen las asignaturas, fechas y profesores que deben llevar a cabo las pruebas de evaluación, correspondientes durante este periodo.....planificación que debe mantenerse en lo que respecta a exámenes y pruebas de evaluación incluidos en los respectivos programas docentes //....../.”

De los amplios y detallados argumentos expuesto en el recurso me parece relevante destacar, por la importancia que tendrán en la resolución del TSJ, la falta de motivación, tanto por no justificarse la esencialidad del servicio sino también porque “parece modularse el ejercicio de huelga en función de las fechas en que se vaya a realizar, haciendo prevalecer un calendario escolar de exámenes sobre el ejercicio de un derecho fundamental”; también, la falta de concreción respecto al número de profesores y profesoras a los que pueda afectar la huelga, e igualmente “que resulta significativo que ni siquiera se atienda a calendario de exámenes alguno, pues nada consta en el expediente, y aun así se mantenga el argumento, sin conocer el perjuicio concreto que se invoca”. Dicho en otros términos, y basándose en la jurisprudencia constitucional, se alega insuficiente motivación y proporcionalidad en la resolución recurrida, y más exactamente porque “no da cumplimiento al principio de proporcionalidad cuantitativa que exige, de ser factible por la naturaleza del servicio, una comparación entre el número total de trabajadores en huelga y el de quienes han sido incorporados al dispositivo de atención de los servicios mínimos, incluso para justificar la posible racionalidad de porcentajes relativamente altos de los servicios a mantener”. Los términos en que se fijan los servicios mínimos llevan de hecho, según los recurrentes, al mantenimiento del 100 % de la actividad, lo que sin duda vaciaría totalmente de contenido el ejercicio del derecho, por lo que resulta contrario al derecho constitucional fundamental del art. 28.2 de la Constitución.

5. La sentencia del TSJ reiterará en gran medida los argumentos ya expuestos en otras sentencias en las que ha debido pronunciarse sobre la fijación de servicios mínimos y su motivación, en concreto las de 23 de mayo y 8 de noviembre de 2018, reproduciendo muy ampliamente el contenido de la primera. Sobre los límites del derecho de huelga, la fijación de servicios mínimos y su motivación, con carácter general, remito a la explicación realizada en la entrada publicada el 4 de noviembre.

La sentencia constata, a partir del contenido de la resolución rectoral, que los servicios mínimos que se exigen son prácticamente los mismos que los que se prestan en un día de exámenes como los programados, es decir del 100 % (si no hubiera conflicto), aun cuando no sea esta la tesis de la administración universitaria por cuanto que entiende que no afecta a las actividades de investigación, transferencia de conocimientos, formación y gestión, que pueden seguir desarrollándose (no tengo muy claro, por experiencia muy práctica y directa, que durante los períodos de evaluación se disponga por el profesorado de mucho tiempo más para algo distinto de las evaluaciones y correcciones, pero parece que es en estos momentos de conflicto cuando la dirección de la Universidad, en este caso la de Sevilla, “descubre” el conjunto de actividades que puede llevar a cabo el profesorado universitario en su actividad cotidiana).

Pues bien, a diferencia de lo resuelto por la sentencia del TSJ (sede Málaga), y debiendo tener presente que estamos ante un conflicto sustancialmente idéntico en las tres Universidades, y teniendo en cuenta que los servicios mínimos solicitados por el Rectorado de Málaga fueron semejantes a los del Rectorado de Sevilla y que después se plasmaron, con mayor o menor concreción según las Salas malagueña y sevillana (“Debe garantizarse la evaluación de las asignaturas correspondientes al Curso 2017/2018 de las que es responsable el profesorado que secunda la huelga, según el sistema de evaluación previsto en la guía docente de la asignatura. El contenido de esta medida incluye la realización de las pruebas pertinentes, el proceso de revisión de calificaciones por parte del profesorado y la tramitación de las actas correspondientes al finalizar el plazo previsto para ello. 2. Debe garantizarse la evaluación de los trabajos de evaluación continua, así como la tutorización y evaluación de los trabajos de fin de grado, trabajos fin de máster y prácticas externas, de los que sea responsable el profesorado en huelga. 3. Debe garantizarse la realización de servicios mínimos de atención y orientación al estudiantado en lo referente a las condiciones en las que se realizará la evaluación de las conocimientos y competencias necesarias para para aprobar las materias correspondientes. 4. Debe garantizase la realización de las pruebas previstas para el normal desarrollo de la PEvAU”), el TSJ estima parcialmente el recurso (no lo acoge en cuanto a la petición de indemnización por daños y perjuicios, por entender en que en todo caso debería ser solicitada por cada profesor o profesora que hubiera visto vulnerado su derecho) y anula tanto la Resolución de la Dirección General como la del Rectorado, “por vulneración del derecho fundamental invocado”.

¿Qué razones llevan a la Sala sevillana a adoptar tal decisión? Me parecen muy coherentes y perfectamente ajustadas a la jurisprudencia del TC.

-- La fijación de los servicios mínimos lleva a que la actividad se mantenga al 100 %.

-- No son objeto de explicación los criterios de ponderación utilizados para la fijación de tales servicios mínimos.

-- Más relevante aún a mi parecer, desde un conocimiento muy directo de la vida académica, las resoluciones citadas no concretan “el calendario de exámenes, el número de alumnos afectados, ni el de profesores comportaría la prestación del servicio”; o lo que es lo mismo, “se realiza de forma genérica e indeterminada que no cumple el mínimo de concreción exigible”.

La estimación de la tesis defendida por los recurrentes en su recurso encuentra en definitiva su razón de ser en cuanto que las resoluciones recurridas son desproporcionadas, por exceso, respecto a la fijación de servicios mínimos y están además carentes de justificación, pues se desconocen qué criterios de ponderación se han utilizado, si es que lo han sido, para su establecimiento.

6. Concluyo aquí esta nueva entrada dedicada a la problemática de los conflictos laborales en las Universidades andaluzas. Me gustaría, y lo digo con toda sinceridad, que fuera la última, ya que ello muy probablemente significaría que se han encontrado fórmulas para resolverlos, en el bien entendido que casi nunca hay una solución “mágica” que satisfaga todos los intereses en juego… pero por intentarlo (autoridades académicas y representantes del profesorado) no debería quedar.

Mientras tanto, buena lectura.

sábado, 16 de marzo de 2019

viernes, 15 de marzo de 2019

miércoles, 13 de marzo de 2019

Registro de la jornada de trabajo. De la sentencia Bankia de la AN (4.12.2015) a la modificación del art. 34 LET por el RDL 8/2019 de 8 de marzo (con entrada en vigor el 12 de mayo). Unas notas sobre el recorrido judicial y normativo.


Introducción.

El 1 de marzo impartí una ponencia sobre “Interrogantes en la ordenación del tiempo de trabajo. La cuestión del registro de jornada”, en el marco de una Jornada organizada por el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña sobre novedades laborales y de Seguridad Social. 

martes, 12 de marzo de 2019

Sobre el amplio derecho autónomo de información del delegado sindical de empresa. Notas a la sentencia del TS de 6 de febrero de 2019.


1. El letrado Héctor Mata, de la Consultoría Primero de Mayo de Bilbao, ha tenido la amabilidad, que le agradezco, de enviarme la sentencia dictada por la Sala de lo Social delTribunal Supremo el 6 de febrero (y notificada recientemente), de la que fue ponente la magistrada María Luisa Segoviano, estando también integrada por los magistrados José Manuel López y Antonio V. Sempere, y las magistradas Rosa Virolés y Lourdes Arastey. La sentencia ya se encuentra disponible en CENDOJ, por lo que puede procederse a su lectura íntegra por todas las personas interesadas.

Texto comparado del RDL 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, con las normas que modifica.


1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy martes, 12 de marzo, el texto del RealDecreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social yde lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. norma que fue aprobada por el Consejo de Ministros celebrado ese mismo día y de cuyo contenido se encuentra una amplia síntesis tanto en la página web de La Moncloa como en la del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

domingo, 10 de marzo de 2019

Estudio del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.


I. Consideraciones previas
En una entradaanterior del blog procedí a comparar el texto del RDL 6/2019, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de marzo, publicado el día 7 y con entrada en vigor el 8 (día de la mujer trabajadora), con las diversas normas (LET. LOIMH, LGSS, EBEP, LISOS. LETA) que ha modificado.

sábado, 9 de marzo de 2019

¿No computan los trabajadores temporales en despido colectivo por fin de una contrata? ¿Existe discriminación por razón de la diferente indemnización por extinción contractual con respecto a los trabajadores indefinidos? Examen crítico de la sentencia del TS de 9 de enero de 2019 (con voto particular discrepante de cuatro magistradas y un magistrado).


1. El pasado martes 5 de marzo la redactora del diario económico Expansión Mercedes Serraller publicaba un artículo titulado “El Supremo avala que los temporales no cobrenel mismo despido que los fijos”, en el que podía leerse que “El Tribunal Supremo ha fallado que cabe discriminar al empleado temporal en su despido frente al fijo. Así lo ha establecido en una sentencia, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que estipula que es legal que una subcontrata haga un ERE para los empleados fijos, que cobrarán 20 días, y plantee despidos individuales a razón de 12 días para los temporales. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre este asunto, en una sentencia del Pleno que augura que no será pacífico, ya que cuenta con siete votos a favor y cinco votos en contra”. La noticia, con contenido más o menos parecido, fue difundida posteriormente por otros medios de comunicación.

viernes, 8 de marzo de 2019

Competencia de los tribunales laborales españoles para conocer del despido de un trabajador de Ryanair. El TS sigue la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 14 de septiembre de 2017, asuntos C-186/16 y C-169/16). Una nota a la sentencia de 24 de enero de 2019 (y recordatorio de la sentencia TJUE).


1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Supremo el 24 de enero, de la que fue ponente el magistrado Miguel Ángel Luelmo, en Sala también integrada por los magistrados Jesús Gullón, Antonio V. Sempere y Sebastián Moralo, y la magistrada María Lourdes Arastey.

Derecho de las personas trabajadoras a disponer de información clara y expresa sobre las cámaras de videovigilancia en la empresa y el uso de las grabaciones. Una nota a la sentencia del TS de 15 de enero de 2019.


1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Supremo el 15 de enero, de la que fue ponente la magistrada María Luz García, en Sala también integrada por las magistradas María Luisa Segoviano y María Lourdes Arastey, y los magistrados Miguel Ángel Luelmo y Antonio Vicente Sempere.

jueves, 7 de marzo de 2019

Modificaciones incorporadas en la normativa laboral, de la función pública, y de la Seguridad Social por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.



Introducción.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy jueves el texto, tan esperado desde el anuncio de su aprobación en el Consejo de Ministros del día 1 de este mes, del Real Decreto-ley6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad detrato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La norma entra en vigor el día 8, día de la mujer trabajadora, con dos precisiones jurídicas en los apartados 2 y 3 de la disposición final primera. En primer lugar, que la regulación en materia de adaptación de jornada, reducción de jornada por cuidado del lactante, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento en el trabajo por cuenta ajena, público y privado, así como a las prestaciones de Seguridad Social correspondientes, “será de aplicación a los supuestos que se produzcan o constituyan a partir de su entrada en vigor”; en segundo término, que la nueva regulación de los permisos por maternidad y paternidad, tanto para el personal al que se aplica la Ley del Estatuto de los Trabajadores como a quienes es de aplicación la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicoy la Ley del Estatuto del trabajo autónomo, entrará en vigor a partir del 1 de abril, o lo que es lo mismo “el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado”.

martes, 5 de marzo de 2019

Sigamos con los “Glovers”. Oviedo y Gijón, ciudades cercanas en la distancia geográfica, muy lejanas (dos Juzgados de lo Social) en la argumentación jurídica. Notas a las sentencias del JS núm. 1 de Gijón y del JS núm. 4 de Oviedo, de 20 y 25 de febrero de 2019.


1. Gracias a la amabilidad del profesor, y reconocido bloguero, Ignasi Beltrán de Heredia, he podido tener acceso a las sentencias citadas en el título de esta entrada. Ambas ya han sido objeto de comentarios en el artículo publicado en su blog, y permanentemente actualizado, “Employment status of platform workers (nationalcourts decisions overview – Australia, Brazil, Chile, France, Nederland, Italy,United Kingdom, United States & Spain)”, desde el que también puede ya accederse al texto de la resolución dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1de Gijón el 20 de febrero, a cuyo frente se encuentra el magistrado-juez Fernando Ruiz Llorente. Dicha sentencia ya fue objeto de un primer, y excelente, análisis por parte del profesor Adrián Todolí en su blog, al que también remito a todas las personas interesadas en la temática de la economía de plataformas.

domingo, 3 de marzo de 2019

Semestre europeo. Prioridades económicas y sociales de los Estado de la UE, y notas sobre los contenidos laborales y de protección social del Informe sobre España 2019.


1. La Comisión Europea presentó el miércoles 27 de febrero, en el marco del cumplimiento de las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento de análisis anual de lasituación económica y social de los Estados miembros, acompañado de un informe específico para cada país y elaborado por sus servicios técnicos.

Procedo al examen de los contenidos laborales y de protección social del informe español, con unas anotaciones previas de aquellos que afecta a los mismos ámbitos en la Comunicación de la CE.

Pero antes, conviene recordar que la puesta en marcha del semestre europeo 2019 se llevó a cabo el mes de noviembre de 2018, con la publicación del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento y del Proyecto de Informe conjunto sobre el empleo, que merecieron especial atención en una entrada anterior y de la que ahora recupero su contenido más relevante:

“La Comisión Europea hizo público el 21 de noviembre los documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2019 de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal el “Estudio prospectivo anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial”, en el que se afirma, según la nota oficial de presentación, que la CE insta a los Estados miembros a “que adopten medidas políticas decisivas y concertadas para lograr un crecimiento integrador y sostenible. A escala nacional, los esfuerzos políticos deben ir enfocados a realizar inversiones de calidad y reformas que potencien el crecimiento de la productividad, la integración y la capacidad institucional, al mismo tiempo que se siguen garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas. A escala de la UE, las prioridades son profundizar el mercado único, culminar la arquitectura de la unión económica y monetaria (UEM), e impulsar los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales”.

Tomando en consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión constata que “A escala de la UE, se requiere adoptar las decisiones necesarias para fortalecer en mayor medida la unión económica y monetaria, mientras que, a escala nacional, es imperioso aprovechar el actual impulso de crecimiento para crear reservas presupuestarias y reducir la deuda. La inversión y las reformas estructurales deben centrarse aún más en estimular la productividad y el potencial de crecimiento. Estas actuaciones crearán las condiciones propicias para una estabilidad macrofinanciera sostenida y contribuirán a la competitividad de la UE a largo plazo, lo que, a su vez, generará las condiciones necesarias para que haya más y mejores puestos de trabajo, más justicia social y mejores condiciones de vida para los ciudadanos europeos”.

Como digo,  la Comisión ha presentado otros varios documentos, como el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2019, la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE, y el Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo(PICE), de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.

El texto de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada al “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2019: por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial”, en el que se pone de manifiesto que la economía europea sigue recuperándose y entrará en su sexto año de crecimiento ininterrumpido, con récord de empleo (239 millones de personas), reducción del desempleo a niveles anteriores a la crisis de 2008, y salida de la pobreza o de la exclusión social de más de diez millones de personas en los últimos años, datos todos ellos muy positivos ciertamente pero que tienen su contrapunto, y de ahí la preocupación de la CE porque el crecimiento “no ha beneficiado de la misma forma a todos los ciudadanos y a todos los países”, en algunos de ellos con elevadas tasas de desempleo y con renta de los hogares inferiores a los niveles anteriores a la crisis, al mismo tiempo que manifiesta la necesidad de abordar a escala de la Unión los retos a largo plazo que condicionan la realidad económica y social, como son “el envejecimiento de la población, la digitalización y sus efectos sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales”.

En cualquier caso, y siempre, repito, desde una perspectiva general, se valora muy positivamente que las medidas puestas en marcha por el ejecutivo comunitario hayan contribuido a salir de la grave situación en que se encontró Europa hasta 2014, cuyas consecuencias sociales se notaron profundamente, “con un elevadísimo nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y unas crecientes desigualdades sociales”, lográndose avances que han fomentado “un crecimiento integrador” y que han igualmente contribuido a  “una mejora sustancial de las condiciones sociales y del mercado laboral”, alcanzándose progresos en materia de políticas presupuestarias sanas y reformas estructurales que “han sido fundamentales para reducir los niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos de trabajo”.  

El estudio para el próximo año dedica especial atención a los riesgos y retos del inmediato futuro, situando entre los primeros la desigualdad de ingresos persistente y la lenta reducción de la pobreza, y entre los segundos la inadecuación de las capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y la problemática derivada de la gestión de las migraciones. No se olvida de aquellos retos que, aun con implicaciones a corto plazo, dibujan su influencia e impacto en unos años, entre los que cabe destacar la repercusión de las transformaciones tecnológicas en trabajadores y sectores, así como el impacto del cambio demográfico en las políticas económicas y sociales.

Al abordar cómo afrontar esos riesgos y retos, amplios apartados del estudio tratan de contenidos de indudable importancia para las políticas sociales, como son por ejemplo las inversiones que se requieren en capacidades y en educación, que deben ser “más consistentes e inteligentes”, subrayando la importancia de mejorar ambas para un gran número de trabajadores, en cuanto que quienes poseen un bajo nivel de estudios tienen en promedio UE una tasa de empleo casi treinta puntos porcentuales más bajas que las de aquellos que lo tiene más elevado, y que todavía hoy en la Europa desarrollada “más de 60 millones de adultos no tienen las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el ámbito digital”.

El documento presta especial atención, como también lo hará el proyecto de informe conjunto para el empleo, a la consecución de sistemas de protección social inclusivos, y nuevamente pone el foco (cómo se consiga sería ya de más difícil acuerdo, en atención a los diferentes marcos normativos nacionales laborales existentes) en una regulación adecuada de las instituciones del mercado de trabajo “que combinen la flexibilidad con la seguridad”, dejando abierta la puerta a una modificación de las reglas del juego de la protección social que vaya de la mano con una adecuada respuesta a las nuevas formas de trabajo “como el trabajo en las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia” (algunas no tan nuevas ni mucho menos, como he tenido oportunidad de explicar en numerosas ocasiones en entradas anteriores), de tal manera que dicha protección alcance también a quienes no pueden considerarse trabajadores típicos o estables (figura, por cierto, que ha sufrido muchos ataques en los últimos tiempos) por no tener un contrato de trabajo indefinido y/o no trabajar a tiempo completo.

La especial “preocupación” del Estudio por conseguir unos mercados laborales más “dinámicos e integradores” también se postula como medida adecuada para abordar los retos derivados del proceso de envejecimiento de la población, que requerirán igualmente de sistemas de protección social reformados y de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

Parecidas propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro, en la que se recomienda a los Estados miembros que adopten políticas, durante el período 2019-2020 con el fin de “Desplazar la presión fiscal existente sobre el factor trabajo y reforzar los sistemas de enseñanza y la inversión en competencias, así como la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que respalden las transiciones profesionales. Abordar la segmentación del mercado laboral y garantizar unos sistemas de protección social adecuados en toda la zona del euro”.

El estudio es del parecer que hay que establecer unas prioridades que sean correctas para lograr un futuro próspero, siendo la primera la de realizar inversiones de gran calidad, con especial atención a que se lleven a cabo en materia de investigación e innovación, para potenciar las infraestructuras digitales. Vinculada a esta propuesta, se encuentra la paralela de inversión en educación, formación y desarrollo de las capacidades, que se considera “fundamental para aumentar la productividad y el mantenimiento del empleo en un contexto de rápida evolución y digitalización”. Así lo plantea el documento comunitario: “Para mejorar la resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios, la acción política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en actividades de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información sobre el mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las decisiones en materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento profesional (incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles a adquirir las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto también servirá para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor uso de sus capacidades y cualificaciones”.

¿Cuáles son las prioridades en materia laboral y social? No se diferencian mucho de la de años anteriores como comprobarán los lectores y lectoras, ya que se sigue insistiendo en la necesidad de abordar nuevas reformas para encontrar “el equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo”, de tal manera que todos los trabajadores tengan seguridad laboral y protección social, con políticas activas de empleo y servicios públicos de empleo más eficaces. Con especial referencia al empleo joven, me permito ahora apuntar que el Plan de Empleo Joven aprobado recientemente en España permite apuntar tendencias que van en la línea de una mejora en las capacidades y cualificaciones de los jóvenes, con mayores posibilidades, pues, de una inserción regular, estable y de calidad en el mundo laboral.

En el estudio de 2018 se defendía la mejora de los niveles salariales, considerando que el crecimiento de los salarios reales resultante del aumento de productividad “es crucial para reducir las desigualdades y garantizar un alto nivel de vida”, siendo positivo ese incremento porque ello redundaría en un aumento de la demanda interna que “impulsaría todavía más la actual expansión económica”. También en el de 2019 se defiende que el incremento de los salarios, que vincula al aumento de la productividad, “puede reducir las desigualdades y favorecer una convergencia al alza de los niveles de vida”, al tiempo que se llama a una recuperación del diálogo social (buen ejemplo de esta recuperación la hemos tenido en los últimos meses en España con la creación de diversas mesas para el diálogo social) para fortalecer el papel de los agentes sociales en los procesos de negociación sobre estas y otras materia, ya que las políticas adoptadas por algunos gobiernos en años anteriores no han ido precisamente en esa línea y además han contribuido al debilitamiento de la negociación colectiva y a la subsiguiente disminución de cobertura de trabajadores protegidos.

En fin, nuevamente se insiste, al igual que en años anteriores, en que unas políticas más eficaces para integrar a los migrantes en los mercados de trabajo “contribuirían a una mayor integración”, si bien desde luego no parece que muchos Estados estén por la labor, vistas las restricciones cada vez más numerosas impuestas. Por lo que respecta a España, soy del parecer que una mayor flexibilidad en la concesión de autorizaciones de trabajo contribuiría a evitar mayores dosis de irregularidad, inicial o sobrevenida, en el mismo. En todos los documentos comunitarios, y no solo en los presentados para el inicio del semestre europeo, en los que se aborda la problemática de la integración de la población migrante, se insiste en la importancia de enfoques sistemáticos y en la necesidad de invertir más “en la mejora de las capacidades y el reconocimiento de las capacidades y las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de trabajo y en el apoyo de los servicios públicos de empleo”, con especial atención actualmente a las necesidades de la población refugiada.

En definitiva, las líneas y prioridades marcadas en el documento ahora analizado son las que deben guiar las actuaciones de todos los Estados miembros en los próximos meses, llamando a todos ellos para que la vida parlamentaria y social tengan un rol de primer orden en el proceso, por ser del parecer, ciertamente acertado, aunque no se produzca realmente en muchas ocasiones, que la participación de los interlocutores sociales y del parlamento, junto con la de la sociedad civil, “es fundamental para mejorar la apropiación y legitimidad de las reformas y lograr mejores resultados socioeconómicos”.

3. La Comunicación hecha pública el miércoles 27 de febrero lleva por título “Semestre Europeo de2019: evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención ycorrección de desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenesexhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011”. Es el paso previo, junto con la publicación del informe de cada Estado y las observaciones posteriores que reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las Recomendaciones concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes de mayo.

En la presentacióndel documento, así como también de los restantes que forman parte del llamado “paquete de invierno”, el vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y el Diálogo Social, así como de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, declaró que “La economía europea se encuentra en su séptimo año consecutivo de expansión, pero el crecimiento se está ralentizando. Mantener el impulso en el futuro requerirá un alto nivel de competitividad, así como una continua convergencia al alza. Para aprovechar todo el potencial de crecimiento de nuestras economías, necesitamos reformas estructurales. También necesitamos inversiones bien orientadas para estimular el aumento de la productividad en toda Europa”. Por su parte, Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, destacó que “el cambio demográfico y las nuevas tecnologías están reconfigurando el mercado laboral, al tiempo que en muchos Estados miembros aumenta la escasez de cualificaciones. Tenemos que ponernos las pilas. Invertir en las capacidades de las personas y, especialmente, elevar los niveles de cualificación de las poco cualificadas deben constituir la máxima prioridad si queremos mantener nuestros niveles de vida”.

¿Qué aspectos y contenidos dedicados a las políticas sociales y de empleo cabe destacar a mi parecer? El apartado 4.2 de la Comunicación está dedicado a las políticas del mercado de trabajo, educativas y sociales. En primer lugar, se valora positivamente el incremento del número de personas presentes en el mercado de trabajo, 240 millones según datos Eurostat del cuarto trimestre de 2018, cifra récord a la que acompaña un porcentaje de población desempleada del 6,6 % que es la tasa más baja desde que se dispone de datos a partir del año 2000, al igual que el dato también muy positivo de que en 2017 más de cinco millones de personas en la UE salieran de la situación de pobreza y exclusión social.

Los puntos fuertes van inmediatamente acompañados de las preocupaciones, de los puntos débiles del mercado de trabajo en los Estados UE, evidentemente con diferencias sustanciales entre ellos y también dentro de los distintos Estados. Tales son la tasa de desempleo superior al 10 % en algunos de ellos (España 14,55 % según datos EPA del tercer trimestre de 2018);  una situación problemática para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan; siguen existiendo diferencias de tasas de empleo y de desempleo (brecha de género) entre hombres y mujeres, a las que acompaña la diferencia de salarios (brecha salarial); desajustes en las calificaciones profesionales que lleva a que existe penuria de mano de obra, especialmente la cualificada, en algunos Estados; dificultades añadidas para personas migrantes y aquellas con discapacidad para incorporarse (y también permanecer en bastantes ocasiones) en el mercado laboral; en fin, como ya he apuntado, las importantes diferencias en el seno del territorio de cada Estado, en atención al poderío económico y social de las distinta regiones de cada uno.

Al igual que en años anteriores, y a no dudar que estas reflexiones se irán intensificando en años venideros, se llama la atención sobre cómo se están reconfigurando los mercados de trabajo europeos a causa de los cambios demográficos (progresivo envejecimiento de la población laboral europea) y de la evolución tecnológica, enfatizando la importancia que suponen la digitalización y las plataformas digitales en el futuro del trabajo, pidiendo a los Estados miembros, en una línea semejante a las tesis contenidas en la todavía Propuesta de Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles y también en las propuestas sobre reforma de la protección social, que procedan a la modernización de sus mercados de trabajo y sistemas de protección social, en especial “asegurando una cobertura social adecuada a los trabajadores atípicos y a los trabajadores independientes, a fin seguir el ritmo de esas evoluciones”.

La preocupación por la mejora de las competencias de las personas trabajadoras, así como de las que pretenden incorporarse al mundo laboral desde el ámbito educativo, es objeto de atención por la Comisión, que no olvida la importancia de prestar especial atención a la situación de partida de las personas poco cualificadas y de la población migrante, llamando al reforzamiento y modernización de los sistemas de educación y de formación, así como a los readaptación y reconversión profesional, y todo ello desde la premisa previa que se asume en el documento de que competencias adecuadas pueden incrementar la productividad y el crecimiento potencial, “que son indispensables para permitir un aumento de salarios y la mejora de las condiciones sociales y de vida”.

En este punto, conviene que uno de los documentos presentados el 27 de febrero ha sido uninforme de evaluación de las estrategias de los Estados miembros en materia deformación y reciclaje profesional, más concretamente sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo de 19 de diciembre de 2016 relativa a los itinerariosde mejora de las capacidades para las nuevas oportunidades para adultos. Recordemos que dicho texto recomendaba a los Estados miembros “basar la concepción de los itinerarios de mejora de capacidades en tres etapas: evaluación de las capacidades, oferta de un aprendizaje personalizado, flexible y de calidad, y validación y reconocimiento de las capacidades adquiridas”, y en el apartado de medidas concretas de comunicación, orientado y apoyo, pedía “contemplar la posibilidad de concebir y aplicar medidas de apoyo que eliminen de manera equitativa los obstáculos a la participación en los itinerarios de mejora de capacidades. Dichas medidas podrían consistir, entre otras cosas, en un apoyo directo a los alumnos o en un apoyo indirecto a los empleadores para que faciliten la mejora de capacidades de sus empleados”. En el informe presentado el 27 de febrero se resalta una vez más que “La aceleración de los cambios en el mercado laboral, la demanda de mayores cualificaciones y la penetración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida cotidiana hacen aún más urgente la necesidad de mejorar las cualificaciones de las personas que no dominan las competencias básicas y no han obtenido una cualificación que garantice su empleabilidad", recordando que  el pilar europeo de los derechos sociales "reconoce su derecho al aprendizaje permanente, como medio para adquirir las competencias necesarias para participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones laborales".

Le sigue preocupando a la Comisión , y no hay desde luego que sorprenderse de ello, la segmentación del mercado de trabajo, que afecta en especial a la población joven, ya que los datos estadísticos disponibles ponen de manifiesto que más de un 60 % de ella se encuentra en situación de temporalidad, así como también que el incremento del número de personas ocupadas no haya ido acompañado del incremento de horas trabajadas, ya que este último dato sólo ha alcanzado muy recientemente el  que existía al inicio de la crisis en 2008, siendo tanto una razón como una consecuencia de ello la importancia del trabajo a tiempo parcial y que más de un 50 % de la población acogida a esta modalidad organizativa-contractual lo haga de forma involuntaria por no poder acceder a un empleo a jornada completa.

La Comisión subraya los esfuerzos llevados a cabo en varios Estados para potenciar la contratación indefinida y evitar el uso incorrecto y abusivo de los contratos temporales, con una expresa mención al Plan directo por un trabajo digno aprobado por el gobierno español en julio de 2018, del que se destaca el reforzamiento de las capacidades de la ITSS “para luchar contra los abusos de los contratos temporales y el trabajo no declarado”.

Sigue también existiendo preocupación por el número de trabajadores que, a pesar de estar en el mercado de trabajo, no pueden salir de las situaciones de pobreza a causa de sus bajos salarios o ingresos, situación que afectan especial a trabajadores independientes, con contratos temporales y/o a tiempo parcial, y a población trabajadora migrante extracomunitaria.

Se subraya nuevamente la importancia del diálogo social y se contrastan los avances positivos experimentado en algunos países con los retrocesos experimentados en otros. Sobre la importancia del diálogo social me permito destacar por su interés el artículo de la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Helena Ysàs, “La representación de los intereses del trabajo (¿en transformación?)”, presentado como comunicación al Congreso universitario OIT sobre el futuro del trabajo, celebrado en Sevilla los días 7 y 8 de febrero y al que he dedicado especial atención en una entrada anterior, y que tiene por objetivo, tal como subraya la autora en su introducción, “trazar líneas de reflexión en torno a la realidad actual de los intereses del trabajo y su representación, desde la perspectiva de su encauzamiento jurídico. Con ello se hace referencia a la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas que ocupan una posición subordinada en los procesos productivos propios del sistema capitalista, es decir, no únicamente los que están sujetos a una relación laboral ex artículo 1.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.  

4. Pasemos ya del marco general al examen de la realidad española, es decir del Informe 2018. Pero antes, recordemos los contenidos más destacados del Proyecto de Informe conjunto sobre el empleo, que mereció atención por mi parte en una entrada anterior.

“Se trata de un extenso documento de 195 páginas, en las que se incluyen cinco anexos: indicadores principales del cuadro de indicadores sociales, niveles; indicadores principales del cuadro de indicadores, variaciones y diferencia con la UE; nota metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el cuadro de indicadores; resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2018; Resumen de las «tendencias sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora en el período 2015-2016 identificados por la actualización de agosto de 2018 del indicador de rendimiento de la protección social (IRPS).

Las tesis centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha sintonía con el estudio sobre el crecimiento. En los aspectos positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo trimestre de 2018, “239 millones de personas estaban en situación de empleo en la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis”, con una tasa de empleo del 73,2 % que permite razonablemente pensar que se alcanzará el objetivo del 75 % fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años.

En el “debe”, es decir en aquello que queda pendiente, el Informe destaca que “las considerables disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que todavía hay margen de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que aún están lejos de alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020”.

El crecimiento del empleo ha venido básicamente por las mujeres, los trabajadores de más edad y las personas con un alto nivel de capacidades, mientras que la tasas de participación de los trabajadores con niveles bajo de cualificación siguen estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral. Respecto a los jóvenes, el Informe manifiesta su preocupación por “las elevadas proporciones de alumnos con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la marcada correlación de los resultados educativos con el estatus socioeconómico y los resultados en el mercado laboral”, apostando por mejorar y perfeccionar los mecanismos ya existentes y que giran alrededor del sistema de garantía juvenil.

Más luces en el mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,9 % en la UE y en el 8,3 % en la zona euro, con niveles cercanos o incluso inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se menciona expresamente a España.

Cantidad y calidad de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara por un trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son tan fáciles y sencillas, ya que hay más empleo pero menos horas trabajadas con respecto al inicio de la crisis, si bien es cierto que el número de horas de trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años. Otro dato que debe atraer la atención es el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, que el informe sitúa en 1,3 millones superior al de 2.008. 

¿Qué decir sobre los salarios, los niveles salariales? Que el crecimiento salarial “se mantiene por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento económico y del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los últimos años puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las expectativas de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en el mercado laboral”, y que en términos reales, “los salarios medios todavía se encuentran por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados miembros y su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la productividad”. Más importante aún me parece el dato aportado de que en la UE, entre 2000 y 2017, “el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6 %, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %”.

¿Qué decir sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que más de la mitad de este porcentaje es de trabajadores que lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable.

Muy interesante es el dato de que cerca de un 25 % de los trabajadores autónomos de la UE pueden clasificarse como «vulnerables» u «ocultos», lo que nos lleva al debate de cómo algunas empresas están tratando de evadir el cumplimiento de la normativa laboral. Por otra parte, y refiriéndose a las plataformas digitales y al trabajo que se presta en ellas, se constata que aun siendo muy reducido el número de personas que obtienen más de la mitad de sus ingresos regulares prestando servicios para ellas, un 2 % en 2017, la tendencia es clara de incremento, por lo que se destaca la importancia de “orientar más las estrategias hacia este cambio”.

En fin, subrayo como dato positivo la importancia que confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma ordenada, y en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas propuestas; importancia, que aparece tanto en el estudio prospectivo como en el proyecto de informe sobre el empleo,   y que queda bien recogido en esta frase del segundo documento: “Un diálogo social eficaz es un elemento clave de la economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la cohesión social y a reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto de los trabajadores, como de los empresarios y los Gobiernos. La participación de los interlocutores sociales en la preparación de las reformas puede mejorar su diseño y aplicación, aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos y, en último término, propiciar unos mejores resultados socioeconómicos. Sin embargo, el grado y el impacto de la participación de los interlocutores sociales varía considerablemente entre los Estados miembros y es débil en muchos casos. Aunque no existe un modelo universal para las prácticas de diálogo social, en algunos Estados miembros hay un claro margen para aumentar las facultades de los interlocutores sociales y proporcionarles un marco adecuado para unas consultas previsibles y oportunas, como por ejemplo en todas las etapas clave del Semestre europeo”.

5. ¿Cuáles son los contenidos del Informe 2019 sobre España que considero más importante destacar? La mayor parte de los mismos se encuentran en la síntesis del amplio documento y desarrollan las pistas generales ya apuntadas en la Comunicación de la CE:  los puntos fuertes del crecimiento económico y sólido y la rápida creación de empleo se acompañan de puntos débiles,  o de “desafíos” si utilizamos el término recogido en el Informe, importantes, entre ellos la importancia de la segmentación del mercado de trabajo y las importantes desigualdades de rentas, así como las carencias en materia de cualificaciones o las disfunciones en la regulación de los mercados de productos y servicios, factores todos ellos “que determinan la brecha de productividad de España con respecto a la media de la UE”. Me parece importante que se destace la relevancia de la promoción de la calidad del empleo y de la inclusión social, con incremento de recursos para políticas que vayan en esa dirección y que además tengan en cuenta (y creo que las decisiones sobre la distribución de recursos económicos para políticas de empleo, aprobada en la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, van esta línea) “las necesidades específicas de cada Comunidad Autónoma”.

Entre los deberes pendientes para mejorar la realidad social y laboral española, el Informe subraya seguir avanzando en la modernización de los servicios  públicos de empleo y una mejor relación de cooperación con los servicios sociales, así como una mejor articulación entre las políticas asistenciales de protección social y los sistemas de rentas mínimas de inserción existentes en las Comunidades Autónomas. La preocupación por la diferencia (a la baja) de la tasa de empleo femenina respecto a la masculina también es apuntada con una situación necesaria de mejora, así como la de quienes abandonan prematuramente los estudios y no acceden al mundo laboral, y todo ello llevando, junto a los bajos salarios, al incremento de las desigualdades de renta, con situación especialmente difícil para trabajadores temporales, los poco cualificados y los extracomunitarios, resaltándose que el elevado número de contratos temporales (tasa del 26,9 % según datos EPA del tercer trimestre de 2018) puede tener (muy prudente se manifiesta el Informe, ya que creo que lo está teniendo desde hace mucho tiempo) “un efecto negativo en el crecimiento potencial, la productividad y la cohesión social”.

Muy “devoto” de las tesis del Banco de España sobre la preocupación por el impacto (negativo a su entender) del incremento del salario mínimo a 900 euros, reproduce sus tesis, si bien también apunta el dato positivo (no está mal que al menos se haga esta referencia) a que tal incremento “podría ayudar a reducir la pobreza en situación de empleo” (hay estudios que van en la misma línea, pero parece que los del Banco de España son los únicos que algunos consideran dignos de mención).

Igualmente, los servicios técnicos de la Comisión siguen valorando positivamente la reforma laboral de 2012 y sus efectos sobre la creación de empleo (olvidando su impacto negativo en la calidad de este y el deterioro de las relaciones laborales que provocó, con un incremento relevante del poder de dirección del empleador y el debilitamiento del diálogo social), al sostener que la creación de empleo experimentada desde el inicio de la recuperación económica ha sido respaldada “por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación salarial”, aunque se ha destacado desde planteamiento opuesto que tal “moderación” no ha sido sino una “devaluación” salarial. Al respecto, en el informe del gabineteeconómico confederal de CCOO, presentado el 28 de febrero, se subraya que “Entre 2012 y 2018 se han firmado 11 millones de contratos indefinidos, de los que 3,4 millones ni siquiera llegaron a alcanzar el año de duración y solo 7,6 millones superaron al menos un año de duración. En el cuarto trimestre de 2018 tan solo se mantenía el 63% de los contratos indefinidos firmados en 2017. La reforma laboral del Partido Popular ha conseguido que la contratación indefinida se asocie cada vez más a la rotación laboral y la precariedad y menos con una relación laboral estable”. Como puede observarse, una diferencia de criterios sustancialmente muy amplia con respecto a la tesis del informe comunitario, y en esta misma línea se ha manifestado el profesor Antonio Baylos en artículosrecientemente publicados en su blog.  

Un apartado del informe está dedicado a los avances experimentados en cada Estado en la aplicación de las recomendaciones especificas aprobadas por el Consejo en 2018. Recordemos que para España la recomendación núm. 2 era “Velar por que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para prestar un apoyo eficaz a los demandantes de empleo, también mediante una mejor cooperación con los empresarios. Fomentar las transiciones hacia contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias y aumentar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada abordando las lagunas de su cobertura, simplificando el sistema de regímenes nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados de la educación, en particular mediante un mayor apoyo a estudiantes y profesores (pertinente para el PDM)”. Pues bien, tomando en consideración los puntos fuertes y débiles anteriormente expuestos, se destaca que ha habido “algunos avances en el refuerzo de la coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y los empresarios”, y también “en el fomento de la transición hacia contratos indefinidos”. Se califican más concretamente de limitados los avances “en la corrección de la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y la mejora del apoyo a las familias”, y “en la lucha contra el abandono escolar prematuro y la corrección de las disparidades autonómicas en los resultados de la educación”. Se enfatiza la importancia de invertir en servicios públicos de empleo modernos, ya que ello “constituye un factor impulsor para lograr empleos de calidad y unas transiciones fluidas del mercado de trabajo”.

En el informe también se explican cuales son los objetivos de la Estrategia europea 2020 y como han evolucionado en cada Estado, es decir qué avances, mantenimiento o retrocesos se han producido. Respecto al objetivo comunitario de alcanzar una tasa de empleo del 75 %, la diferencia es aún apreciable en España ya que se sitúa (población de 20 a 64 años) en el 65,5 %, es decir 6,7 puntos por debajo de la media UE y 7,2 del objetivo marcado. En relación con otro objetivo de indudable interés sociolaboral, cual es el de reducir el numero de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 1.400.000 con relación a las cifras de 2.008, estamos muy lejos de alcanzarlo, ya que, aun cuando se ha realizado importantes avances desde 2014, en 2017 “aún se superaba la cifra de 2.008 en 1.450.000 personas”.

Todas las referencias anteriores son analizadas con muchos más detalles en el apartado 4.3 del Informe, que tiene el mismo titulo que el de la Comunicación de la Comisión, es decir “Políticas de mercado de trabajo, educativas y sociales”. Baste añadir a todo lo anteriormente expuesto que se consideran importantes dificultades estructurales el alto nivel de desempleo y la segmentación existente en el mercado de trabajo; que son sujetos cuya inserción,  y posterior mantenimiento, en el mercado de trabajo es especialmente difícil, buena parte de los jóvenes de 15 a 24 años, las personas con baja cualificación y las de nacionalidades extracomunitaria, resaltándose con respecto a estas últimos que si bien la brecha de empleo de los migrantes es muy inferior en España con respecto a la media de la UE, el impacto de la crisis económica ha provocado que su tasa de empleo descendiera “de manera aún más abrupta que la de la población en general, del 70,5 % en 2008 al 61,6 % en 2017); que las diferencias laborales y salariales por razón de género siguen siendo considerables y dificultan la mayor participación femenina en el mercado de trabajo (brecha salarial del 14,2 %); en fin, la mayor tasa de participación de los mayores de 55 años de edad en el mercado de trabajo no ha ido acompañada al parecer de los servicios técnicos de la Comisión con medidas (desde 2012) tendentes a mejorar sus condiciones de trabajo, tanto desde la perspectiva de protección de la salud laboral como de desincentivación de la salida del mercado laboral (y tampoco parece que en los procedimientos de despidos colectivos se muestre, con carácter general, especial atención a este colectivo… si no es para fijar una edad a partir de la cual se incentivan las “salidas voluntarias” de la empresa.  

La especial preocupación por la segmentación del mercado de trabajo se pone claramente de manifiesto al destacar la breve duración de los contratos temporales, con un 32,6 % de trabajadores con contratos de meno de 6 meses, y un 17,3 % de menos de un mes, con las consecuencias que ello tiene tanto para las políticas de formación como para poder acceder a prestaciones por desempleo, destacando el informe, con datos de Eurostat sobre las transiciones laborales por tipos de contratos, que estas son muy bajas en España, “puesto que únicamente el 14,6 % de los trabajadores temporales del país pasó a tener un contrato permanente en 2017, frente al 24 % de la UE (2017)”.

Igualmente, la preocupación por la situación de los “trabajadores pobres” se resalta en el Informe, ya que “en 2017,la pobreza en situación de empleo se mantuvo invariable en el 13,1 %, uno de los índices “altos de la UE. De hecho, aumentó en 1,4 puntos porcentuales para los trabajadores por cuenta ajena, de los cuales un gran porcentaje tiene un contrato temporal (véanse la sección 4.3.1 y el gráfico 4.3.6.). Este incremento se compensó por el fuerte descenso entre los autónomos. El índice de pobreza en situación de empleo era especialmente elevado, y mostraba una tendencia al alza, en el caso de los trabajadores temporales (23,1 %), los residentes nacidos fuera de la UE (34,2 %), las familias monoparentales (27,8 %) y los trabajadores con baja cualificación (21,4 %) (EU-SILC, Eurostat). Las medidas de lucha contra la segmentación del mercado de trabajo y de aumento del salario mínimo pueden ayudar a reducir la pobreza en situación de empleo, pero sus efectos sobre el empleo y la renta están por ver”.

6. Concluyo. Muchas de las medidas propuestas por la Comisión y el informe de los servicios técnicos serán muy probablemente incorporadas en las Recomendaciones que el Consejo apruebe en mayo de 2019, es decir, después de las elecciones generales en España del 28 de abril. Qué gobierno las aplicará, y de qué forma, lógicamente es hoy una incógnita, pero sea cual sea no podrá dejar de hacer frente a los retos y desafíos de una sociedad que está creciendo laboralmente y en la que también se están incrementando las desigualdades entre amplios segmentos de la población, con riesgos evidentes para la ruptura de la cohesión social, ya muy debilitada a partir de la crisis y las medidas políticas adoptadas. Cualquier nuevo gobierno deberá tenerlo muy presente.