1. La Comisión
Europea adoptó el miércoles 22 de julio una Comunicación sobre el Pilar Europeo
de Derechos Sociales (PEDS), a la que se acompañan dos documentos de trabajo de
los servicios técnicos de la Comisión, uno sobre la revisión del Plan de Acción
de 2021, y otro que desarrolla más ampliamente las propuestas expuestas en la
Comunicación. Igualmente, se presenta el documento de primera fase de consulta
a los interlocutores sociales, en cumplimiento del art. 154 del Tratado de
funcionamiento de la UE, “en virtud del artículo 154 del TFUE sobre posibles
medidas de la UE para la activación de las personas que se enfrentan a
importantes obstáculos para acceder al mercado laboral”.
La amplia nota deprensa en la que se sintetiza el contenido de la
Comunicación y se da cuenta de toda la documentación adicional reseñada (se puede acceder a todos los documentos en la
misma) lleva por título “El Pilar Europeo de Derechos Sociales: un compromiso
renovado para proteger y empoderar a los ciudadanos de la UE”, y se expone que
aquella “evalúa los progresos realizados en el refuerzo de los derechos
sociales en toda la UE” desde la aprobación formal del PEDS en la cumbre
interinstitucional celebrada en la ciudad sueca de Gotemburgo en noviembre de
2017, así como también, y sin duda es la
parte más novedosa e importante del texto “identifica prioridades concretas
para nuevas medidas” y que “traza el camino para anticipar y gestionar el
cambio estructural, a fin de aprovechar las oportunidades que ofrecen las
transformaciones en curso y garantizar que el modelo social europeo siga
aportando equidad y prosperidad” (para un examen de los antecedentes de esta
Comunicación remito a la entrada “UE. En el camino hacia un nuevo Plan de
acción sobre la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Foro Social
de Oporto (18 y 19 de septiembre de 2025) y propuestas de la Confederación
Europea de Sindicatos” )
Para la Comisión,
y se desarrollan ampliamente en la Comunicación y en los documentos de sus
servicios técnicos, existen “tres ámbitos que requieren una atención urgente y
adicional. De reciente aparición y en rápida evolución, estos ámbitos son
complementarios a las iniciativas en curso de la Comisión en materia de empleo,
capacidades, movilidad y reducción de la pobreza: abordar la asequibilidad y el
coste de la vida; aprovechar la inteligencia artificial (IA) para el futuro del
trabajo y la prosperidad compartida; y reducir las desigualdades y ampliar la
equidad y la igualdad de oportunidades”.
En la nota de
prensa se recogen las declaraciones de la Presidenta de la Comisión, Ursula Von
der Leyen, y de la Vicepresidencia ejecutiva para los derechos sociales y las
capacidades, el empleo de calidad y la preparación, Roxana Minzatu.
Para la
presidenta, “Nuestro modelo social es uno de nuestros mayores puntos fuertes. A
medida que los cambios tecnológicos transforman nuestra vida cotidiana y el
aumento de los costes ejerce presión sobre los hogares de toda la Unión, nos
mantenemos firmes en nuestro compromiso con la equidad, las oportunidades y la
solidaridad. El Pilar Europeo de Derechos Sociales es nuestra brújula: marca el
rumbo para una Europa social más fuerte que proteja, empodere y apoye a
nuestros ciudadanos”.
Para la
Vicepresidenta, “La Europa social no es un coste. Es la base de nuestra
prosperidad. El Pilar Europeo de Derechos Sociales ha sido nuestro escudo ante
las crisis y nuestra hoja de ruta hacia la recuperación. Ahora que la IA está
transformando el mundo laboral, el coste de la vida aumenta y persisten las desigualdades,
debemos renovar nuestro compromiso con los principios del pilar. Reafirmamos
nuestro compromiso con una Europa social que prepare a las personas para el
cambio, las proteja frente a los nuevos riesgos y cree oportunidades para
todos”.
2. Antes de
abordar el contenido más relevante a mi parecer de la Comunicación, cabe
indicar que las nuevas propuestas de actualización del PEDS han merecido una
respuesta crítica por parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
recogidas en una nota de prensa publicada
el mismo día de la presentación de aquella y titulada “La UE debe cambiar de
rumbo para alcanzar los objetivos sociales”, en la que sostiene que “la ausencia
de avances reales hacia los objetivos sociales de Europa pone de manifiesto la
necesidad de nuevas inversiones y de derechos laborales, especialmente a la luz
de nuevos retos como la inteligencia artificial”, y tras poner de manifiesto los
déficits existentes en los objetivos marcados en los ámbitos de la tasa de
empleo, la brecha de género, la formación de las personas trabajadoras,
los jóvenes que ni estudian ni trabajan,
y la lucha contra la pobreza, afirma que “la Comisión debe adoptar medidas más
ambiciosas en su Ley de Empleos de Calidad, así como realizar inversiones a
través del próximo presupuesto a largo plazo, para proteger y crear empleos de
calidad”.
La CES critica que
“la propuesta presupuestaria de la Comisión elimina el Fondo Social Europeo
como política independiente, lo que pone en peligro la financiación social, y
su consulta sobre la Ley de Empleos de Calidad no incluye las medidas
necesarias para mejorar la vida de los trabajadores, como el derecho a la
formación durante la jornada laboral y la regulación de la inteligencia
artificial en el ámbito laboral”, y enfatiza que “el nivel persistente de
pobreza pone también de manifiesto la necesidad de reforzar la protección
social a escala de la UE, por ejemplo mediante prestaciones de transición
laboral para los trabajadores afectados por la IA, y explica por qué el Fondo
Social Europeo debe protegerse y aumentarse en el próximo presupuesto a largo
plazo de la UE”.
Con claridad, y
dureza, la Secretaria General, Esther Lynch, manifestaba que
“Europa debe
cambiar urgentemente de rumbo para tener alguna posibilidad de alcanzar sus
objetivos sociales. La aparición de nuevos retos, como la inteligencia
artificial, desde que se fijaron por primera vez dichos objetivos, hace que
sean aún más importantes los nuevos recursos y la legislación de la UE en
materia de derechos laborales. La Comisión no puede seguir dejándose distraer
por las exigencias de los grupos de presión empresariales a favor de la
desregulación cuando los datos demuestran que la economía se ve frenada por la
escasa inversión y los empleos precarios. Un buen empleo es la mejor forma de
salir de la pobreza, pero millones de personas se ven atrapadas en trabajos
precarios sin las ventajas de la negociación colectiva, y a la mayoría de los
trabajadores ni siquiera se les da la oportunidad de formarse, algo crucial
para garantizar una transición justa hacia una economía digital. Es hora de que
la Comisión ajuste sus acciones a su análisis. Eso debe comenzar con una Ley de
Empleos de Calidad que haga honor a su nombre”.
En casi idénticos
términos se ha manifestado en España la UGT , que ha reclamado “una revisión del Pilar
Europeo de Derechos Sociales con medidas legislativas vinculantes”, y “una
agenda legislativa ambiciosa que refuerce los derechos de las personas
trabajadoras”. En su comunicado, el sindicato
“considera que la
respuesta de la Comisión no está a la altura del diagnóstico que la propia
institución realiza. Frente a problemas estructurales como la pobreza laboral,
el deterioro del acceso a la vivienda o el impacto de la digitalización sobre
el trabajo, la Comunicación se limita, fundamentalmente, a anunciar consultas,
grupos de expertos y futuras iniciativas cuyo contenido aún se desconoce.... (y
que) más allá de la futura Ley de Empleos de Calidad, la Comisión no presente
ninguna nueva iniciativa legislativa destinada a desarrollar el Pilar Europeo
de Derechos Sociales, desaprovechando una oportunidad para reforzar la
dimensión social de la Unión en un momento especialmente complejo”, defendiendo
que el PEDS “... debe traducirse en una legislación europea ambiciosa y
vinculante que fortalezca la negociación colectiva, garantice una transición
digital y ecológica justa y refuerce los derechos de las personas trabajadoras
frente a la precariedad, la gestión algorítmica, la subcontratación abusiva y
las nuevas formas de organización del trabajo”.
3. La Comunicación dedica su
introducción a exponer el origen del PEDS y como ha ido desarrollándose y
concretando en medidas normativas concretas durante los casi nueve años de
vida, enfatizando que “... fue
proclamado para guiar el modelo social europeo, que ha sido un éxito rotundo y
ha convertido a la UE en un referente mundial para vivir, trabajar y estudiar.
Sigue siendo el escudo social y la brújula de la UE en materia de equidad en
una era de rápida transformación y desafíos, pero también de oportunidades. Es
un recordatorio permanente del tipo de Europa que la Unión aspira a construir:
una Europa que protege y empodera a sus ciudadanos”, si bien, y aquí se apuntan
ya las necesidades de revisión, en la actualidad “los desafíos evolucionan: las
tensiones geopolíticas, la situación general de seguridad, las fricciones
comerciales, el retroceso democrático y la fragmentación de la cooperación
internacional exigen que Europa refuerce su resiliencia desde dentro”,
subrayando la necesidad de anticiparse, prepararse y gestionas los cambios
estructurales resultado de los cambios demográficos y de las transiciones
digital y verde.
Es conveniente
reproducir el párrafo del documento en el que se sintetiza la finalidad de la
Comunicación, o más exactamente de la puesta en marcha de las medidas que se
proponen para la actualización del PEDS:
“Ante la
proximidad del décimo aniversario de la proclamación del Pilar, esta
Comunicación tiene como objetivo profundizar en su implementación. Analiza los
avances logrados hasta la fecha e identifica prioridades concretas en las que
se requieren nuevas acciones para anticipar y aprovechar las oportunidades que
brindan las transformaciones a las que se enfrenta la UE. Esta Comunicación
propone acciones específicas adicionales que complementan el Plan de Acción
2021 y aportarán un valor añadido concreto, en consonancia con el compromiso de
la UE con la simplificación y la aplicación. Asimismo, sienta las bases
para una mayor reflexión estratégica, así como para la anticipación y la
gestión de los cambios estructurales. Dado que el coste de la inacción
supera con creces el de la inversión, integrar las consideraciones sociales en
todos los ámbitos políticos es esencial para la prosperidad y la competitividad
de Europa” (la negrita es mía).
4. A continuación,
la Comunicación dedica un amplio apartado a la explicación de los avances
logrados en los objetivos principales para 20230 desde el Plan de Acción
aprobado en 2021 (remito para su examen a la entrada “¿Hacia una nueva y
reforzada política social europea? El Plan de acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales”) , poniendo de
manifiesto en especial los aumentos logrados en la tasa de empleo, si bien con
mayores dificultades para grupos como la población romaní y las personas con
discapacidad, y reconociendo que se necesitan mayores esfuerzos, a los que
debería contribuir la anunciada Ley de Empleos de Calidad, para “mejorar su
calidad, centrándose en empleos bien remunerados con oportunidades de
desarrollo personal y profesional, autonomía y propósito, dentro de un entorno
laboral adaptable”.
También reconoce
que son necesarios “esfuerzos adicionales significativos para alcanzar el
objetivo de competencias.”, ya que “la participación de los adultos en el
aprendizaje se situó en el 39,5 % en 2022, frente a un objetivo del 60 %”, y
que asimismo es necesario avanzar en el objetivo de reducción de la pobreza, ya
que “el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE se
redujo en aproximadamente 3,5 millones entre 2019 y 2025, sin alcanzar el
objetivo de reducción de 15 millones”.
Las acciones
propuestas para abordar los retos pendientes son estas:
“• La Comisión
reforzará el seguimiento de la calidad del empleo en la UE, basándose en el
marco actualizado de seguimiento de la calidad del empleo del Comité de Empleo
(EMCO), incluido el Informe Conjunto sobre el Empleo (JER).
• Tras el trabajo
ya iniciado, la Comisión iniciará una consulta con los Estados miembros, a
través del Comité de Empleo y con las partes interesadas pertinentes, sobre un
posible nuevo objetivo de calidad del empleo para después de 2030.
• La Comisión
propondrá una Ley de Empleos de Calidad (cuarto trimestre de 2026).
• Tal como se
anunció en la Estrategia de la UE contra la Pobreza, para mejorar el
seguimiento de la pobreza, la Comisión propondrá nuevos indicadores para medir
el impacto de los componentes de asequibilidad y reflejar las diferentes
dimensiones de la pobreza, con vistas a su aprobación para 2028. Sujeto a la
aprobación del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos de los
Consumidores (EPSCO) y sus comités asesores, esto podría dar lugar a una
revisión de los indicadores correspondientes en el cuadro de indicadores
sociales con vistas a reforzar el análisis pertinente en el Marco de
Convergencia Social”.
5. El siguiente
apartado de la Comunicación, muy breve, está dedicado al Plan de acción de
2021, su implementación y ejecución, que está mucho más ampliamente
desarrollado en el documento adjunto de los servicios técnico de la Comisión.
La síntesis de esta evaluación queda reflejada en estos términos:
“Los resultados
revelan un progreso tangible desde la proclamación del Pilar hace casi una
década. Se han codificado y puesto en práctica nuevos derechos y protecciones
sociales en toda la UE, con avances —aunque desiguales— hacia los tres
objetivos principales. Sin embargo, la revisión también identificó
deficiencias persistentes en la implementación y la necesidad de acelerar la
ejecución de iniciativas clave. El fortalecimiento de la implementación es una
responsabilidad compartida a nivel europeo, nacional, regional y local, con los
interlocutores sociales y la sociedad civil desempeñando un papel central”
(la negrita es mía).
6. Entramos ya en
las propuestas de revisión y actualización del PEDS, en concreto aquellas que
tras un amplio período de consultas y análisis han sido identificadas como
“... tres puntos críticos que requieren
atención urgente y adicional”, añadiendo antes de proceder a su explicación que
“complementan las iniciativas existentes y en curso de la Comisión en materia
de empleo, competencias, movilidad y reducción de la pobreza, fortaleciendo su
implementación y centrándose en los nuevos desafíos que evolucionan
rápidamente” (la negrita es mía).
Las tres nuevas
medidas propuestas versan sobre “el coste de la visa y la asequibilidad”, la IA
y su impacto sobre el futuro del trabajo y la prosperidad compartida”, y “(las)
desigualdades, equidad e igualdad de oportunidades”. En la antes citada amplia
y detallada nota de prensa sobre la adopción de la Comunicación, se sintetizan
estos tres “puntos críticos” en estos términos:
“Abordar la
asequibilidad y el coste de la vida
Dado que muchos
hogares siguen enfrentándose a elevados costes en materia de vivienda, energía,
servicios y bienes de primera necesidad, la Comisión seguirá apoyando medidas
que reduzcan el riesgo de pobreza y refuercen el acceso a los servicios
esenciales.
Desde la adopción
de la Directiva de la UE, los salarios mínimos han aumentado significativamente
en toda la UE, tal y como se destacará en el próximo informe de seguimiento.
Los empleos de calidad son una respuesta clara a las dificultades económicas a las
que se enfrentan muchas personas en Europa.
El mercado laboral
sigue sin aprovechar un enorme potencial de talento. Facilitar la transición de
la inactividad al empleo no solo es importante para la inclusión en el mercado
laboral y la competitividad, sino también para reducir la pobreza y la exclusión.
A tal fin y con
vistas a explorar posibles medidas adicionales —respetando plenamente la
subsidiariedad— la Comisión está poniendo en marcha una primera fase de
consulta de los interlocutores sociales de la UE sobre la posible orientación
de una acción de la UE destinada a la activación laboral de las personas que se
enfrentan a importantes obstáculos para acceder al empleo. Esta consulta
servirá de referencia directa para la Comisión en su labor de lucha contra la
pobreza, la exclusión, la inclusión en el mercado laboral y la competitividad.
Aprovechar la
inteligencia artificial para el futuro del trabajo y la prosperidad compartida
El rápido
desarrollo y la adopción de la IA están transformando los mercados laborales,
ofreciendo grandes oportunidades para la innovación, la productividad, el
aprendizaje y el crecimiento, pero también plantean cuestiones fundamentales
sobre el futuro del empleo, la educación, las capacidades, la inclusión social
y los servicios públicos.
La Comunicación
reconoce la necesidad de que Europa esté preparada para estos profundos
cambios, garantizando que los ciudadanos, los trabajadores y las empresas se
beneficien plenamente del potencial de la IA. A tal fin, la Comisión creará un
nuevo grupo de alto nivel sobre el impacto de la IA en el mercado laboral.
Reducir las
desigualdades y aumentar la equidad y la igualdad de oportunidades
La Comunicación
reafirma el compromiso de la UE de reducir las desigualdades persistentes que
socavan la cohesión social y territorial y debilitan la sostenibilidad de la UE
a largo plazo, su capacidad de innovación y competitividad, así como el tejido
demográfico. A pesar de los avances de los últimos años, persisten
desigualdades en todos los ámbitos de la vida, lo que requiere esfuerzos
continuos.
La Comunicación
presenta medidas para mejorar la igualdad de oportunidades en ámbitos clave,
como el apoyo a las pymes para aplicar la Directiva sobre transparencia
retributiva y la presentación de la próxima iniciativa sobre el derecho de
permanencia y la Estrategia de la UE para la Juventud posterior a 2027.
A finales de este
año, la Comisión presentará una Ley de Empleo de Calidad, siguiendo la hoja de
ruta para el empleo de calidad. También reflexionará sobre nuevos indicadores
para medir la calidad del empleo en toda la UE, complementando los actuales objetivos
de la UE para 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza”.
Obviamente con
mucho más detalle y precisión se exponen en la Comunicación los tres puntos
críticos y las acciones propuestas para su aplicación en orden a la mejora de
las condiciones laborales y la cohesión social.
Sobre el coste de
la vida y la asequibilidad, la Comisión subraya, y desde luego no le falta
razón a la vida de las respuestas dadas en los últimos eurobarómetros (y en
España en barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas), que el coste
de la vida “... se ha convertido en la
mayor preocupación de los europeos”, y precisando que “los elevados costes de
la vivienda, la alimentación, la energía, el transporte y otros bienes y
servicios esenciales repercuten gravemente en el nivel de vida, la inclusión
social y la seguridad económica, especialmente entre los hogares en situación
de vulnerabilidad y los jóvenes. El coste de la vida también tiene
implicaciones para la resiliencia democrática: la persistente inseguridad de
los ingresos, la percepción de injusticia y la reducción de oportunidades
pueden debilitar la confianza en las instituciones y alimentar la fragmentación
social”.
Se plantea la
necesidad de obtener una visión más detallada “... de cómo el aumento del coste
de la vida afecta a los diferentes grupos de la sociedad”, ya que ello “podría
ayudar a supervisar mejor la situación de los distintos grupos que viven en la
pobreza, así como la situación de las mujeres”. La Comisión invita a los
Estados miembros a “integrar la dimensión de la vivienda en otras políticas
pertinentes o en ámbitos como el bienestar social, la igualdad, el empleo, el
desarrollo urbano, rural y regional, la cohesión territorial, la investigación
y el desarrollo, y la asistencia sanitaria”
Se enfatiza la
necesidad de incorporar al mercado de trabajo a una amplia parte, cómo mínimo,
de la población que, por diversas razones, se encuentra fuera de la vida
laboral (al menos, la formal), y se formula un detallado análisis de la
situación en el documento de consulta a los interlocutores sociales, sosteniendo
que “facilitar la transición de la inactividad al empleo no solo es importante
para la inclusión y la competitividad en el mercado laboral, sino también una
de las herramientas más eficaces para reducir la pobreza y la exclusión. La
incorporación de más personas al mercado laboral contribuye directamente al
crecimiento del PIB, reduce la escasez de mano de obra cualificada y amplía la
base impositiva y de cotizaciones sociales necesaria para sostener los sistemas
de protección social europeos”. La
Comisión calcula que “el trabajo no declarado representaba el 9,7 % de la mano
de obra de la UE en 2019, con la mayor incidencia en los servicios personales
(cuidado infantil, personas mayores, limpieza)”
Las acciones
anunciadas para abordar la problemática expuesta en este primer punto crítico
son las siguientes:
“• La Comisión
pondrá en marcha la primera fase de la consulta a los interlocutores sociales
de la UE sobre la posible orientación de la acción de la UE en materia de
inserción laboral de las personas que se enfrentan a importantes obstáculos,
incluida la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las
oportunidades en el mercado laboral (junto con la presente Comunicación).
• La Comisión
presentará una Ley de Vivienda Asequible (tercer trimestre de 2026) para ayudar
a las autoridades públicas a identificar las zonas con dificultades en materia
de vivienda y permitirles, respetando plenamente el principio de
subsidiariedad, adoptar medidas para proteger y promover la asequibilidad de la
vivienda en dichas zonas, así como un paquete de simplificación de la vivienda
(2027).
• La Comisión
presentará un Acuerdo Europeo de Cuidados (2027), que “... contribuirá a la
competitividad de Europa, reduciendo la presión sobre los cuidadores informales
y estimulando la creación de empleo en el sector, así como las inversiones en
tecnologías digitales que apoyen tanto a los cuidadores como a las personas que
necesitan cuidados”.
• La Comisión
presenta un informe de seguimiento sobre la Directiva sobre el Salario Mínimo
Adecuado (junto con la presente Comunicación)”.
Sobre este último
punto, el texto del informe ya está disponible en la página web de la UE,
llevando por título “INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
relativo a los datos y la información transmitidos por los Estados miembros
sobre la protección del salario mínimo y los planes de acción para promover la
negociación colectiva, con arreglo al artículo 10, apartado 3, de la Directiva
(UE) 2022/2041” , publicado el 23
de julio y cuyas conclusiones son las siguientes:
“Entre 2021 y
2023, los salarios mínimos legales aumentaron en todos los Estados miembros. En
aproximadamente la mitad de los Estados miembros, los aumentos compensaron la
pérdida de poder adquisitivo causada por la elevada inflación. Los salarios
mínimos también aumentaron más en los países en los que eran más bajos, lo que
contribuyó a apoyar la convergencia al alza del salario mínimo, en consonancia
con los objetivos de la Directiva.
En los Estados
miembros en los que la protección del salario mínimo solo se proporciona a
través de convenios colectivos, los índices salariales más bajos acordados
colectivamente variaron de forma considerable. En la mayoría de los países, los
aumentos de los índices salariales más bajos acordados colectivamente durante
el período de referencia fueron inferiores a la inflación. Sin embargo, esto se
vio parcialmente mitigado por el hecho de que estos índices eran, en general,
relativamente más elevados que los de los países con salarios mínimos legales.
En la actualidad
hay dieciocho Estados miembros en los que la tasa de cobertura de la
negociación colectiva es inferior al umbral del 80 %. Por lo tanto, estos
Estados miembros están obligados a establecer un plan de acción para promover
la negociación colectiva de conformidad con la Directiva. Sin embargo, a 15 de
junio de 2026, la Comisión ha recibido los planes de acción de doce Estados
miembros.
Los planes de
acción notificados a la Comisión cumplen los requisitos establecidos en la
Directiva. Se han elaborado con la participación de los interlocutores sociales
y contienen tanto medidas concretas para promover la negociación colectiva como
un calendario claro para su aplicación. Una evaluación preliminar ha señalado
algunas buenas prácticas, como la introducción de explicaciones detalladas de
las medidas institucionales previstas. Es posible que los Estados miembros
quieran tener en cuenta estos elementos en el contexto de la futura revisión y
actualización de sus planes de acción.
La Comisión tiene
intención de seguir de cerca el efecto de los planes de acción en la evolución
de la tasa de cobertura de la negociación colectiva en los Estados miembros
afectados y volverá a evaluar la eficacia de estos planes de acción en su
próximo informe periódico al Parlamento Europeo y al Consejo, de conformidad
con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva.
7. Me detengo
brevemente en el documento de la Comisión que abre la fase de consultas con las
organizaciones sindicales y empresariales de cara a la posible adopción de
normativa o de instrumentos no legislativos “sobre la inserción laboral de las
personas excluidas del mercado laboral”, y cuya lectura recomiendo, se analizan
las diversas barreras existentes para dicha inserción, tanto derivadas de la
oferta y de la demanda como de las políticas puestas en marcha, y se destaca la
importancia de la inactividad femenina, cerca de 31 millones que suponen el 63
% del total de personas fuera de la fuerza laboral. La síntesis de aquello que
se pretende con la consulta se refleja en estos términos:
“aborda
posibles medidas de la UE para apoyar la inserción laboral de las personas que
se enfrentan a importantes obstáculos para acceder al mercado laboral —en
particular, los desempleados de larga duración y las personas económicamente
inactivas— y para promover la igualdad entre mujeres y hombres en lo que
respecta a las oportunidades laborales. Estas dos dimensiones están
intrínsecamente ligadas, ya que las mujeres, y en particular las personas con
responsabilidades de cuidado, siguen representando una proporción
desproporcionada de quienes se encuentran fuera del mercado laboral” (la
negrita es mía).
Para la Comisión,
el valor añadido de la UE y sus posibles áreas de actuación para lograr el
objetivo de la inserción laboral pasarían por “fortalecer la identificación, el
contacto y el registro de personas fuera del mercado laboral, establecer
itinerarios individualizados hacia un empleo de calidad, reducción dela brecha
en el cuidado infantil, abordar las barreras adicionales al cuidado, promover
la prestación integrada de servicios y una mejor cooperación entre las
autoridades, apoyo a la retención del empleo: seguimiento y apoyo posterior a
la inserción laboral”, abordar los (des)incentivos financieros al trabajo,
apoyo a empleadores e interlocutores sociales y fortalecimiento del diálogo
social”, concretando sobre este último punto que la actuación de la UE “podría
centrarse en reforzar la participación de los interlocutores sociales en el
diseño, la aplicación y el seguimiento de las medidas destinadas a abordar
algunas de las barreras al empleo, incluidas las relacionadas con la cultura
laboral, la flexibilidad y la accesibilidad”.
Las preguntas que
el documento formula a los interlocutores sociales son las siguientes:
“I. ¿Considera que
los problemas y los posibles ámbitos de actuación de la UE están correctamente
identificados en este documento?
II. ¿Considera que
es necesaria la actuación de la UE para abordar los problemas identificados? En
caso afirmativo, ¿cuál debería ser la orientación y el alcance de dicha
actuación?
III. ¿Consideraría
usted la posibilidad de iniciar un diálogo en virtud del artículo 155 del TFUE
sobre alguna de las cuestiones identificadas en esta consulta?”
8. El segundo
punto crítico versa sobre la IA, su impacto sobre el futuro del trabajo y la
prosperidad compartida (para España remito a la reciente entrada “A vueltas con
los debates sobre la Inteligencia Artificial (y en especial su impacto sobre la
vida laboral). A propósito del Anteproyecto de Ley para su buen uso y
gobernanza, y otros documentos de interés” ), en el que la
Comisión pasa amplia revista a gran parte de los informes que se han publicado
en los últimos años sobre justamente el impacto de la UE en el trabajo, más
concretamente en la creación, modificación y/o destrucción de empleo”,
reiterando la tesis de que aquel “... en
la demanda laboral y la organización del trabajo, los efectos globales en la UE
parecen ser limitados hasta la fecha, si bien ciertos grupos, en particular los
jóvenes en puestos de nivel inicial, corren el riesgo de experimentar una
ralentización en la contratación en algunos sectores y ocupaciones”.
Se subraya que,
además del impacto de la IA, y sosteniendo que “las herramientas de elaboración
de perfiles y de búsqueda de empleo basadas en IA pueden ayudar a los servicios
públicos de empleo a proporcionar un apoyo más específico, por ejemplo,
mediante una mejor adecuación al puesto, un apoyo más personalizado y una
identificación más temprana de los riesgos de desempleo, existirá una creciente
demanda laboral en el futuro inmediato en sectores y ámbitos de actividad como
son “... la atención a largo plazo, la sanidad, la construcción, los servicios
sociales, la economía circular y las tecnologías limpias”, y que por ello “capacitar
a los trabajadores para que accedan a nuevas oportunidades y aumenten su
productividad es una tarea colectiva clave que involucra a los responsables
políticos, los proveedores de educación y formación, los servicios públicos de
empleo y los interlocutores sociales”.
Las acciones
propuestas son las siguientes:
“• La Comisión
creará un Grupo de Expertos de Alto Nivel para examinar el impacto potencial de
la IA en el mercado laboral, garantizando la coherencia, la complementariedad y
las sinergias con las iniciativas existentes, incluido el Observatorio de IA,
lanzado en el marco de la Estrategia de Aplicación de la IA, con el fin de:
o Desarrollar
escenarios para la posible trayectoria a largo plazo del empleo en la UE, en
función del impacto de la implementación de la IA en los lugares de trabajo,
basándose en las aportaciones del Observatorio de IA y del Observatorio Europeo
de Inteligencia sobre Competencias.
o Analizar cómo
anticipar y gestionar de la forma más eficaz los impactos de la IA en el
empleo, incluyendo la consideración de herramientas analíticas mejoradas para
el seguimiento, la alerta temprana, la prospectiva y la anticipación del
impacto de la IA en el empleo, con el fin de capacitar a los responsables
políticos, las empresas y los interlocutores sociales; y considerar vías para
ajustar las políticas del mercado laboral y mejorar su funcionamiento.
• Sin prejuzgar
las posibles medidas de la UE en el contexto de la Ley de Empleos de Calidad,
para la cual se está llevando a cabo una consulta con los interlocutores
sociales de la UE, la Comisión considerará actividades de apoyo para la
adopción responsable de herramientas y prácticas de gestión algorítmica en los
lugares de trabajo, como el intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje
mutuo y el desarrollo de capacidades2.
9. Por fin, el
tercer punto crítico trata sobre las desigualdades, equidad e igualdad de
oportunidades.
Este apartado me
parece de especial interés porque constata que la sociedad europea percibe las
injusticias en la vida económica, que las desigualdades sociales se siguen
exacerbando “por las disparidades regionales y territoriales”, y que los grupos
socioeconómicamente más desfavorecidos, discriminados y marginados “suelen
estar más expuestos a la contaminación y la degradación ambiental, así como a
los efectos negativos del cambio climático (inundaciones, incendios forestales,
olas de calor, erosión del suelo, etc.), con menos oportunidades para alejarse
de los riesgos. Las desigualdades ambientales también se manifiestan en la
vivienda: los hogares de bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en
viviendas inadecuadas y, en ocasiones, con un aislamiento deficiente, y pueden
tener una capacidad limitada para alejarse de zonas expuestas a riesgos como
las inundaciones”.
Igualmente, se
pone especial énfasis en destacar que “... las desigualdades comienzan en la infancia y
se acumulan con el tiempo. Las persistentes desigualdades en la educación,
agravadas por la falta de inversión y la escasez de profesorado en las zonas
desfavorecidas, siguen limitando la movilidad social y el potencial económico”,
y también que “la desigualdad no solo afecta a los resultados actuales, sino
también a la equidad entre generaciones”, por lo que reducir la transmisión de
desigualdades entre generaciones requiere políticas que intervengan precozmente
y prevengan la acumulación de desventajas a lo largo de la vida. La Estrategia
sobre Equidad Intergeneracional promueve una perspectiva a largo plazo más
sólida en la formulación de políticas y otorga mayor importancia a las
opiniones y preocupaciones de los jóvenes”.
Las acciones
propuestas son las siguientes:
“• La Comisión
prestará más apoyo, en particular a las PYME, en la aplicación de la Directiva
sobre transparencia salarial.
• La Comisión
evaluará los indicadores disponibles para el seguimiento de las desigualdades
socioeconómicas y la movilidad social, en cooperación con los Estados miembros.
• La Comisión
ofrecerá orientación sobre prácticas de contratación inclusivas a través de la
Plataforma de Cartas de la Diversidad de la UE (sobre este punto remito a la
entrada “Cláusulas sociales en la contratación pública. Examen de nuevos
documentos comunitarios y españoles, y especial atención a la Resolución de 22
de abril de la OARC que desestima el recurso de ARESTE y valida el criterio de
adjudicación “Incremento de la masa salarial: 40 puntos” en el pliego del
contrato “Servicio de ayuda a domicilio” del Ayuntamiento de Ortuella” )
• En consonancia
con los compromisos adquiridos en el marco de la Unión de Competencias, la
Comisión está elaborando un Paquete de Educación para apoyar a los Estados
miembros en la mejora del rendimiento de la educación escolar y una Estrategia
de Formación Profesional (FP) para que los sistemas de FP sean más atractivos,
innovadores e inclusivos.
• La Comisión está
trabajando en la Estrategia del Derecho a la Residencia, prestando especial
atención a la solución de las disparidades territoriales en el acceso a los
servicios esenciales.
• La próxima
Estrategia de la UE para la Juventud para el período posterior a 2027 tendrá
como objetivo garantizar que todos los jóvenes tengan la oportunidad de
desarrollar plenamente su potencial de forma justa e inclusiva (2027)”.
10. El penúltimo
apartado de la Comunicación está dedicado a “hacer realidad los derechos
sociales para todos: relanzar el esfuerzo colectivo”, dedicando un primer
epígrafe a la simplificación, aplicación y cumplimiento de la normativa
comunitaria, y un segundo a la coordinación, financiación y seguimiento de las
prioridades sociales y de empleo.
En la misma línea
que otras propuestas, y que han merecido duras críticas por parte sindical y
apoyo por la empresarial, la Comisión se compromete, eso sí, al menos en plano
teórico “manteniendo las normas sociales”, a “reducir de forma proactiva y
significativa la carga administrativa para las empresas, los trabajadores y los
ciudadanos, manteniendo las normas sociales. Con este fin, identificará los
retos de aplicación a través del Semestre Europeo y colaborará estrechamente
con los Estados miembros y las partes interesadas para facilitar la aplicación
efectiva del acervo social de la UE. El próximo Paquete de Movilidad Laboral
Justa contribuirá a estos objetivos promoviendo normas más sencillas, justas y
eficaces para la movilidad laboral, incluidos los trabajadores transfronterizos,
al tiempo que refuerza el cumplimiento y apoya el correcto funcionamiento del
Mercado Único” (la negrita es mía).
Quizá para
contrarrestar esas críticas, la Comisión subraya que, en consonancia con el
Pacto para el Diálogo Social Europeo de 2025, “... seguirá reforzando la
cooperación con los interlocutores sociales, cuyo papel sigue siendo esencial
tanto en el diseño como en la aplicación de las políticas del mercado laboral”
(sobre dicho Pacto remito a la entrada “UE. Acuerdo para el diálogo social
europeo” )
Respecto al
segundo epígrafe, en la Comunicación se destaca que “... a medida que los Estados miembros trabajan
para alinear sus estrategias nacionales, reformas e inversiones con el Pilar
Europeo de Derechos Sociales y los objetivos principales de 2030, la acción
coordinada, el uso optimizado de los fondos de la UE y un seguimiento riguroso,
incluso a nivel de subobjetivos, son esenciales para garantizar un progreso
tangible”, siendo de especial importancia para avanzar en dicha
coordinación, y respetando los marcos normativos nacionales, el semestre
europeo y las Directrices de Empleo (sobre el primero remito a la entrada “UE.
Semestre europeo 2026. Examen del contenido laboral y de protección social
(Recomendaciones sobre la política económica de la zona euro y sobre el capital
humanos y propuesta de informe conjunto sobre el empleo)” ).
La Comisión tiene
previsto realizar esfuerzos “para establecer una plataforma de datos
administrativos de la UE que garantice un mejor acceso y permita el uso
secundario de los datos de empleo, seguridad social e impuestos para el
análisis, la evaluación, la investigación y el seguimiento de las políticas” e
insta a los Estados miembros a que aprovechen “al máximo” los instrumentos de
financiación de la UE, “tanto actuales como futuros” (FSE+, FEDER, Fondo Social
para el Lima, Instrumento de Apoyo Técnico”), y también a que exploren “... oportunidades
para atraer inversión privada en el marco de InvestEU y el futuro Fondo Europeo
de Competitividad, ampliando así las soluciones innovadoras que se alineen con
los objetivos del Pilar”.
11. En el apartado
de conclusión, la Comisión reitera la importancia del PEDS e insta a todos los
Estados miembros a su cumplimiento, ya que en el próximo décimo aniversario de
su aprobación, estamos, afirma, “(ante) un momento clave para acelerar su
implementación y subrayar el compromiso de seguir afianzando una sólida
dimensión social en el presente y el futuro de la Unión Europea”.
Su párrafo final
sintetiza los deseos de la Comisión, que ciertamente necesitarán de su esfuerzo
y el de todos los Estados para que las buenas palabras se conviertan en buenas
realidades:
“En tiempos de
profunda y rápida transformación, el Pilar —y la dimensión social de Europa en
su conjunto— es la definición más sólida de los valores de la UE y lo que nos
une. El Pilar proporciona las redes de seguridad necesarias y un marco claro y
resiliente para anticipar y gestionar los cambios derivados de la IA y las
transformaciones tecnológicas, demográficas y geopolíticas. Reforzar su
implementación es una responsabilidad compartida que comienza a nivel nacional,
regional y local, con un papel fundamental para los interlocutores sociales y
la sociedad civil. Por lo tanto, si bien respetamos y acogemos plenamente los
diferentes enfoques en toda Europa, debemos intensificar las acciones,
reafirmando nuestros valores comunes y reafirmando nuestro compromiso con los
20 principios y derechos del Pilar para brindar las mejores oportunidades para
las personas, la economía y la sociedad en su conjunto”.
Buena lectura.
