lunes, 31 de agosto de 2015

Uber (Uberpop): ¿Relación laboral entre la empresa y los conductores? ¿Economía colaborativa? Notas para un posible caso práctico del próximo curso académico (y II)



5. Centrándonos en el ámbito laboral y de protección social, hay que mencionar el escritopresentado el 20 de octubre de 2014 por los representantes legales de tresorganizaciones sindicales de taxistas de Barcelona ante la ITSS contra la empresa Uber Systems Spain, denunciándola por “1. Incumplimiento de la obligación de afiliación y cotización en el régimen general de la Seguridad Social. 2. Subsidiariamente, incumplimiento de la obligación de afiliación y cotización al régimen especial de trabajadores autónomos”, acusándola de competencia desleal respecto de la actividad de autotaxi, en su actuación, bajo la denominación Uberpop, “en el tráfico mercantil español en la actividad de intermediación y transporte de viajeros”, por vulneración de la normativa reguladora de la ordenación de los transportes terrestres (Ley 16/1987, de 30 de julio). 

Uber (Uberpop): ¿Relación laboral entre la empresa y los conductores? ¿Economía colaborativa? Notas para un posible caso práctico del próximo curso académico (I)



1. Toca ya ir pensando en el nuevo curso 2015-16 y preparar y poner al día todos los materiales de trabajo que utilizo en la actividad docente. En el ámbito o plano normativo, ha habido un aluvión de cambios durante los meses más recientes y todos ellos deben merecer atención, con mayor o menor detalle, en las guías didácticas de uso para mis explicaciones; pensemos en la nueva Ley ordenadoradel sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y en la Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo yse adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la EconomíaSocial, así como en la inminente aprobación del proyecto de ley de sociedadeslaborales y participadas.

domingo, 30 de agosto de 2015

Despidos colectivos. Acuerdos que benefician a los trabajadores en activo. Inexistencia de vulneración del derecho de libertad sindical. Caso “Autopista del Sol”. Nota a la sentencia del TS de 20 de mayo.



1. Es objeto de anotación en esta entrada la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TribunalSupremo el 20 de mayo, de la que fue ponente el magistrado Jesús Souto, que confirma, en los mismos términos que la propuesta formulada en el informe del Ministerio Fiscal, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior deJusticia de Málaga el 10 de abril de 2014, de la qu fue ponente el magistrado Raúl Páez, desestimando la demanda interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT). 

sábado, 29 de agosto de 2015

Despidos colectivos. De la nulidad por cesión ilegal de trabajadores a la nulidad por defectos procesales formales. Una nota a la sentencia del TS de 16 de junio.



1. Anoto en esta entrada la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el16 de junio, de la que fue ponente el magistrado Antonio V. Sempere Navarro, que desestima, en los mismos términos que la propuesta formulada en el informe emitido por el Ministerio Fiscal, la sentencia dictada por la Sala de lo Socialde Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de marzo de 2014, de la que fue ponente la magistrada Sara Pose, que estimó la demanda formulada por la representación “ad hoc” de los trabajadores y declaró la nulidad de los despidos colectivos efectuados por dos empresas que formaban un grupo laboral, con condena solidaria para una tercera, que es la que interpone el recurso de casación, por apreciar cesión ilegal de aquellas a esta.

Expediente de suspensión colectiva de contratos por disminución de la actividad. Caso SITEL. Nota a la sentencia del TS de 27 de mayo que desestima los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la AN de 5 de diciembre de 2013.



1. Es objeto de anotación en esta entrada la sentencia dictada por la Sala de lo Social delTribunal Supremo el 27 de mayo, de la que fue ponente la magistrada Mª Luisa Segoviano, que desestima, en los mismos términos que el informe del Ministerio Fiscal, los recursos de casación interpuestos por USO y CGT contra la sentenciadictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 5 de diciembre de2013.


El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “ERTE en la empresa SITEL, cuya actividad es contact center, que afecta a 188 contratos de trabajo. La medida adoptada por la empresa se impugna por USO y por CGT. Recurso de USO: Falta de documentación, falta de negociación, vulneración del derecho a la igualdad y no acreditación de las causas alegadas: Se desestima. Recurso de CGT: Primer motivo: No se ha acreditado la concurrencia de las causas alegadas ya que la empresa ha procedido a contratar a nuevos trabajadores. Se desestima. Segundo motivo: Parcelación de los periodos de consultas ya que previamente se tramitó un ERTE en el centro de Barcelona. Se desestima”.


2. La resolución de la AN fue objeto de atención en una entrada anterior, de la que recupero su contenido más relevante para enmarcar adecuadamente la resolución del alto tribunal.

“La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ricardo Bodas, trata sobre la demanda presentada en procedimiento de conflicto colectivo por los representantes del comité de empresa del centro de trabajo de Sitel Ibérica Teleservices SAU en Sevilla, y también por la CGT, contra dicha empresa y los sindicatos CC OO, UGT, USO, USIT, y el comité de empresa del centro de trabajo en Madrid. Las demandas fueron presentadas los días 29 y 31 de julio, y el acto de juicio, tras intento fallido de conciliación, tuvo lugar el 4 de diciembre.

El litigio versa sobre la decisión empresarial de suspensión de contratos de trabajo (es decir un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE), decisión de la que los demandantes solicitaron su declaración de nulidad y, de forma subsidiaria, que se había adoptado sin ajustarse a derecho. A efectos jurídicos, tiene interés saber que la empresa negoció de forma separada con los centros de trabajo de Barcelona, Madrid y Sevilla, siendo este uno de los argumentos más destacados de las demandas para solicitar la nulidad del ERTE, por una división “artificiosa” del mismo  cuando la causa, según la CGT, era la misma. También se argumentó por el comité del centro de trabajo de Sevilla que no existía una razón económica que justificara la decisión y que la empresa sólo pretendía ahorrarse salarios de los trabajadores mientras durara la suspensión, afirmando, según se expone en el antecedente de hecho cuarto, que “hubiera sido más razonable extinguir contratos de trabajo con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 del convenio colectivo”, tesis que resulta sorprendente para la Sala (y también para mí, que no la había visto recogida en las demandas de los litigios que he tenido oportunidad de estudiar hasta ahora), y que se alega por primera vez en la demanda y se ratifica en el acto de juicio, con la tesis de que en realidad estamos en presencia de contratos temporales en fraude de ley y que la empresa no quería correr el riesgo de que pudieran ser declarado indefinidos si se interponían demandas por los trabajadores despedidos, tesis que pudiera ser cierta pero en la que no puede entrar la Sala en un procedimiento de conflicto colectivo ya que su resolución  “nos obligaría a comprobar, caso por caso, la concurrencia de fraude de ley en cada una de las contrataciones, no concurriendo, por consiguiente, el interés general indivisible, exigido por el art. 153.1 LRJS”.

Por parte empresarial, la oposición a las demandas se basó en la alegación de la situación económica que había obligado al ERTE (un fuerte descenso de las llamadas de la plataforma de ENDESA en Sevilla) y que, siendo cierto que se había negociado por centros de trabajo, las causas no eran las mismas ya que la reducción de actividad en Sevilla fue mucho más relevante que la de Barcelona y que, además, los problemas suscitados en la localidad andaluza se suscitaron con posterioridad al acuerdo alcanzado en el centro de Barcelona. Queda constancia en los antecedentes de la adhesión de los sindicatos USO y USIT a las demandas, y de la oposición del comité de empresa del centro de trabajo de Madrid.

De los hechos probados me interesa ahora destacar la tramitación de un ERTE en el centro de trabajo de Barcelona promovido el 21 de abril y que finalizó con acuerdo el 27 de mayo, con afectación a 87 trabajadores, así como también la promoción de un nuevo ERTE para los otros dos centros de trabajo el 14 de junio “por causas organizativas y productivas”. La lectura de dichos hechos probados es interesante igualmente para conocer los debates previos a la constitución de la comisión negociadora, y en concreto si se negociaba por los representantes unitarios o sindicales, quedando finalmente constituida la comisión por la parte trabajadora por miembros de los primeros (seis por cada centro de trabajo, y todos ellos pertenecientes a organizaciones sindicales con presencia en los comités). Se recogen las diversas propuestas y contrapropuestas efectuadas por las partes durante el período de consultas, siendo la última propuesta de la empresa rechazada por la parte trabajadora al haberse opuesto a la misma nueve de sus miembros.

En los fundamentos de derecho la Sala da respuesta a las pretensiones de los  demandantes, iniciando su análisis con la posible nulidad del ERTE cuestionado por no haberse negociado en el ámbito empresarial y sí de forma parcial con dos de los tres centros de trabajo, crítica jurídica, por cierto, que merece una reprimenda en el informe de la Inspección de Trabajo, y  obviamente no porque valore si es conforme o no a derecho sino porque pone de manifiesto la contradicción en la que incurrieron los demandantes, “por cuanto  defendieron inicialmente que el ERTE debió negociarse centro por centro, en tanto que sus causas eran diferentes, para atacar, a continuación, la presentación del ERTE del centro de Barcelona”.

La tesis de la Sala es, en principio, la misma que la de los demandantes, en cuanto que está de acuerdo con la necesidad jurídica de tramitar un ERTE en el ámbito empresarial en su conjunto si las causas son idénticas para todos los centros de trabajo, para evitar la elección artificial del centro en donde aplicar el ERTE y debilitar de esa manera la posición de la  representación de la parte trabajadora. Ahora bien, esa unidad no es absoluta sino que puede dejar paso a una situación organizativa o productiva que afecte de manera diferente a los diversos centros de trabajo,  en cuyo caso pueden tramitarse de manera separada, siendo sólo rechazable esta separación si se ha actuado por la empresa en fraude de ley, debiendo demostrar este fraude quien alegue su comisión (remitiéndose la AN a su sentencia de 28 de octubre). Desde este planteamiento, y tras quedar acreditado que existían diversas causas organizativas y productivas en los centros de trabajo afectados, para la Sala hay una actuación conforme a derecho de la empresa y no ha existido fraude de ley. Por decirlo con las propias palabras de la sentencia (fundamento de derecho tercero), “la promoción del nuevo ERTE no trae causa en un encadenamiento fraudulento de ERTES, como denuncian los demandantes, sino en la agudización de la reducción de llamadas de la plataforma ENDESA, activada en el mes de mayo y mantenida en el mes de junio, contra la que reacciona la empresa demandada, sin que se haya probado que se hiciera en fraude de ley”. Para la Sala, la adopción de una medida menos drástica que la de extinciones contractuales es acorde a la situación económica de la empresa, que lleva a la adopción de las medidas organizativas y productivas adoptadas en el ERTE de afectación a los centros de trabajo de Madrid y Sevilla.

Por último, y una vez desestimada la nulidad por haber causa probada a juicio de la Sala para la negociación por centros, son rechazadas otras pretensiones de la demanda que versan sobre la información a facilitar durante el período de consultas y a quién debe entregarse la misma. La Sala considera probado que se aportó la documentación necesaria para llevar a cabo correctamente el proceso negociador, y que no afecta a dicha negociación el que no se entregara a  los asesores sindicales (tesis de CGT) en cuanto que quien negociaba era la representación unitaria de los trabajadores, es decir porque no hay “norma alguna que obligue a entregarla a los asesores sindicales de los representantes de los trabajadores, por muy sindicalizada que esté la comisión, cuando sus componentes son representantes de los trabajadores son unitarios, como sucede aquí”.

3. Contra la citada sentencia se interpusieron recursos de casación por la USO y la CGT. El primero, al amparo del art. 207 e) LRJS, alegando vulneración de la normativa, en concreto de los arts. 14, 28.1 y 37.1 de la Constitución, los arts. 41 y 47 de la LET, y los arts. 17 a 23 del RD 1483/2012, así como también de la jurisprudencia aplicable, con mención genérica al TS y al Tribunal Constitucional. El segundo, también al amparo del art. 207 e) LRJS, con alegación de infracción del art. 47 LET.

A) La primera argumentación del sindicato USO versa sobre la falta de entrega por parte de la empresa de toda la documentación a que legalmente estaba obligada durante el período de consultas, algo que según el recurrente tenía por finalidad ocultar la inexistencia de causa reales para proceder al ERTE, además de no adjuntar plan de acompañamiento social para paliar las consecuencias de la decisión empresarial. El motivo será rechazado por la Sala por haber quedado probado en instancia, una vez inalterados los hechos probados, que sí se entregó toda la documentación exigible, y que además el plan de acompañamiento social sólo es obligatorio en los procedimientos de despido colectivo.  Respecto a una cuestión más concreta sobre la documentación, exactamente a quién se entregó, la sentencia recuerda que lo fue a la representación unitaria, designada por los trabajadores para representarles en el procedimiento de ERTE,  y en dicha comisión había un miembro del sindicato a través del cual, sin duda, el sindicato pudo acceder a la documentación. La empresa cumple, pues, con lo dispuesto en la normativa vigente sobre el contenido de la documentación y el sujeto colectivo al que debe entregarse.

La crítica jurídica a la falta de voluntad negociadora por parte empresarial es igualmente rechazada por la Sala al quedar debida constancia de celebración de varias reuniones y de aportación de propuestas y contrapropuestas varias. No hubo ciertamente acuerdo, pero recuérdese que el trámite de consulta no obliga forzosamente a llegar a dicho acuerdo porque lo que existe es la obligación de negociar.

Sobre la vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 de la CE, la falta de referencias concretas sobre cómo y cuándo se ha producido la vulneración de un precepto constitucional en el proceso de selección de los trabajadores afectados, lleva a la Sala a desestimar la alegación por no haber aportado la recurrente elementos para poder justificar la infracción denunciada.

Por último, sobre la inexistencia de causas organizativas y productivas, la Sala se remite a los inalterados hechos probados de la sentencia de instancia, en los que quedó acreditado la existencia de una situación económica negativa que implicaba una sobrecapacidad productiva en la plataforma de Sevilla y que justificaba la decisión adoptada del ERTE.

B) El recurso presentado por la CGT también alega la inexistencias de causas justificadoras del ERTE, por lo que la Sala lo rechaza con la misma argumentación que la utilizada para responder al recurso de la USO.

Sobre la existencia de nuevas contrataciones, existe diferente planteamiento entre la parte recurrente y la Sala, argumentando la primera desde un planteamiento “práctico” (supongo que por tener conocimiento de que esa es la realidad) en el sentido de  que los nuevos contratados son teleoperadores, “siendo absolutamente intercambiables por los gestores y llegando a adquirir dicha categoría con el tiempo”, mientras que la Sala efectúa el razonamiento jurídico y acude al art. 38 del convenio colectivo para poner de manifiesto que el contenido de la actividad laboral de estos dos niveles profesionales son diferentes, y que, además de existir otros niveles, el paso de teleoperador a gestor no se produce de forma automática, ya que ese paso se produce, tras el transcurso de un año, al de teleoperador especialista, no previendo el citado precepto ninguna transformación o paso automático al nivel de gestor. Lógicamente prevalece la tesis de la Sala y se desestima el motivo de recurso.

Por último, la recurrente vuelve a insistir en la tesis defendida en instancia sobre la incorrecta tramitación formal de ERTE, por haberse tramitado separadamente el de Sevilla y Madrid con respecto al presentado en Barcelona  sólo veinte días antes, aduciendo que debió tramitarse un ERTE de empresa y que además las razones del segundo eran sustancialmente semejantes a las del primero.

La desestimación del recurso parte de la crítica previa al recurrente por haber defendido inicialmente la negociación separada por centros de trabajo, hasta la reunión del 20 de junio de 2013. A continuación, la Sala recuerda que de acuerdo a la normativa vigente no hay obstáculo jurídico a la tramitación de sucesivos ERTES en una empresa (en este caso en distintos centros de trabajo), siempre y cuando “concurran causas justificativas y que dicha tramitación no obedezca a un propósito fraudulento”, no habiéndose podido probar por la recurrente la existencia de esa actuación fraudulenta y si quedando debidamente acreditado para la Sala que existían razones que justificaban la actuación empresarial de dos distintos ERTES ya que, tal como se explica con detalle en el último párrafo del fundamento de derecho séptimo, las causas organizativas y productivas eran distintas en los centros de trabajo afectados, con independencia de que el punto de partida del ERTE fuera idéntico, esto es la disminución de las llamadas de la plataforma de ENDESA.

Buena lectura de la sentencia.