lunes, 25 de julio de 2016

Hay que leer todo el texto de un convenio colectivo antes de firmarlo. Inexistencia de vicio en el consentimiento de la parte empresarial. Nota a la sentencia de la AN de 13 de julio (caso empresas de publicidad).

1. Resulta curiosa la lectura de la sentencia dictada por la Sala de lo Social de laAudiencia Nacional el 13 de julio, de la que fue ponente el magistrado Ricardo Bodas, que anoto con brevedad en esta entrada, publicada en la página web de la UGT y que en los próximos días supongo que ya estará disponible en CENDOJ.  

jueves, 21 de julio de 2016

Sobre el derecho a disfrute de vacaciones, o a compensación económica adecuada, y la interpretación del art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE. Nota breve a la sentencia del TJUE de 20 de julio (asunto C-341/15).



1. Anoto con brevedad en esta entrada del blog la sentencia hecha pública ayer, 20 de julio,por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-314/15), en el que se debate nuevamente sobre el derecho a vacaciones anuales retribuidas y en la que el TJUE mantiene sustancialmente las mismas tesis que ha defendido en anteriores sentencias, con algún añadido de interés por las circunstancias concretas del caso planteado y enfatizado la tesis del derecho a las vacaciones tanto como tiempo de descanso durante la vigencia de la relación jurídica como de “ocio y esparcimiento”, por utilizar los mismos términos que el Tribunal.  

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny.



El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 21 de juliol les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juny.

martes, 19 de julio de 2016

¿Es el Derecho del Trabajo un derecho de iguales? Despidos colectivos y autorización administrativa… en Grecia. ¿Son los derechos de los trabajadores un obstáculo a la libertad de empresa? Notas críticas a las conclusiones del abogado general del TJUE de 9 de junio de 2016 (y III)



10. Una vez expuesta la tesis de que el umbral para la consideración de un despido colectivo como justificado “no puede ser demasiado elevado”, el abogado general formula aquello que califica de observaciones “adicionales” con la finalidad de “orientar al Tribunal de Justicia a la hora de realizar su ponderación”, orientación que a mi parecer va en una clara línea de potenciación de la libertad de empresa y consecuentemente de debilitamiento del grado de protección de los derechos de los trabajadores.

¿Es el Derecho del Trabajo un derecho de iguales? Despidos colectivos y autorización administrativa… en Grecia. ¿Son los derechos de los trabajadores un obstáculo a la libertad de empresa? Notas críticas a las conclusiones del abogado general del TJUE de 9 de junio de 2016 (II).



6. En su análisis de la Directiva 98/59 el abogado general recuerda la doctrina recogida en sentencias en las que el TJUE se ha pronunciado, y ha sido en muchas ocasiones y algunas recientes como es bien sabido (casos Rabal Cañas y Pujante Ribera, por citar dos que afectan directamente a la normativa española) como por ejemplo que al armonizar las normas aplicables a los despidos colectivos, “el legislador de la Unión pretendió garantizar una protección comparable de los derechos de los trabajadores en los diferentes Estados miembros y equiparar las cargas que estas normas de protección suponen para las empresas de la Unión”, y que no estableció normas sobre cómo debe organizarse una empresa o gestionar a su personal en orden a la adopción de una decisión empresarial de proceder a un despido colectivo, sino sólo armonizar las reglas sobre los procedimientos de información y consulta a seguir antes de ser adoptada la decisión. La normativa helena, como también la española antes de la reforma laboral de 2012, prevé además la obligación de someter la decisión de los despidos, si no se ha alcanzado acuerdo entre las partes, a la autorización expresa de la autoridad laboral, cuya decisión deberá adoptarse a partir de la toma en consideración de los criterios antes enunciados, concluyendo de todo ello el abogado general que la normativa helena no sólo traspone la regulación de los derechos de información y consulta, sino que va más lejos y regula requisitos “cuando puede estar justificado poner fin a una relación laboral”, siendo esta (art. 5.3) “la parte de la norma controvertida que se cuestiona”.