miércoles, 16 de abril de 2014

Sobre el valor de los pactos de ultraactividad, la aplicación formalista de las normas y el vacío normativo parcial suscitado por la aplicación del convenio colectivo de ámbito superior. Notas a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) de 10 de abril de 2014.



1. He procedido en el día de hoy a la lectura de la reciente sentencia dictada el 10 de abril por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Granada), de la que ha sido ponente la magistrada Rafaela Horcas, que la letrada Enriqueta Llobregat  ha tenido la amabilidad de remitirme.

martes, 15 de abril de 2014

Unas notas sobre la contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas: el requisito de la causalidad y los efectos de la irregularidad (y II).



3. La aplicación de la normativa laboral regulada en la LET (art. 15) y en el desarrollo reglamentario (RD 2720/1998), a las contrataciones efectuadas por las AA PP. En especial, el contrato para obra o servicio y su  vinculación a subvenciones anuales.   

A) Con carácter general cabe decir que la contratación para obra o servicio determinado se utiliza por las AA PP de acuerdo a las posibilidades presupuestarias previstas en las anuales Leyes de Presupuestos Generales del Estado y con las concreciones, y limitaciones, que en las mismas se establecen[1]. Por otra parte, encontramos regulaciones específicas y diferenciadas en el ámbito de la investigación pública y el mundo universitario (ámbito que, como es obvio por mi antigüedad en la vida universitaria, conozco bastante bien y que es una fuente permanente de problemas), siendo menester en ambos casos acudir a su regulación propia y sólo con carácter supletorio a la normativa laboral general. Para la contratación de investigadores al servicio de organismos públicos de investigación debemos estar a lo dispuesto en la Ley 13/1986 de 14 de abril, y para el personal universitario, las figuras contractuales laborales temporales de profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante, se regulan en los arts. 49 a 54 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre (recordemos que modificada por la LO4/2007 de 12 de abril.

Unas notas sobre la contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas: el requisito de la causalidad y los efectos de la irregularidad (I)



Unas notas sobre la contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas:  el requisito de la causalidad y los efectos de la irregularidad.  

Eduardo Rojo Torrecilla[1].

1. Introducción.
El merecido homenaje, con motivo de su jubilación, al Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Magistrado del Tribunal Supremo Antonio Martín Valverde, cuyas aportaciones doctrinales fueron de obligada lectura por mi parte cuando me incorporé a la vida académica en la Universidad de Barcelona de la mano de otro ilustre jurista, el Catedrático Manuel Alonso García, me proporciona la oportunidad de acercarme, siquiera sea con la brevedad que requiere un artículo publicado en una obra colectiva, a uno de los ámbitos de estudio de las relaciones laborales que ya mereció mi atención en anteriores ocasiones, y señaladamente en el XI Congreso nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Valencia el año 2000 y dedicado a “Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas”. En mi ponencia sobre “La relación del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas” afirmaba, y me permito ahora recuperar esta cita porque la realidad jurídica y social de los años posteriores ha confirmado y reforzado el parecer que entonces sustentaba,  que “hay muchos más puntos de encuentro que de confrontación entre ambos regímenes (laboral y funcionarial), de forma que ambos se asemejan cada vez más y se va diluyendo la clásica distinción y diferenciación que existía entre ambos”[2]. En ese acercamiento ha jugado sin duda un papel de primera importancia la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que engloba la relación estatutaria de los funcionarios y la relación laboral dentro del concepto genérico de empleado público; es decir, sigue existiendo una dualidad de regímenes de prestación de servicios en la Administración Pública (AA PP) y en ese contexto, tal como puso de manifiesto el profesor Juan García Blasco, “el propio EBEP, en su artículo 1, … pretende establecer las bases del régimen funcionarial y determinar las normas aplicables al personal laboral del sector público, lo que provoca un complejo e interesante juego de interacciones entre el propio Estatuto Básico y la Legislación laboral”[3]. El EBEP ha posibilitado de forma muy amplia la utilización de las modalidades de contratación previstas en la normativa laboral[4], aún cuando por otra parte haya tratado de posibilitar una utilización  más flexible de la fuerza de trabajo, sin las hipotéticas rigideces de la normativa laboral, por la vía de la incorporación de la figura del “funcionario interino”, siendo las causas que permiten su nombramiento (art. 11) extraordinariamente semejantes a las que permiten la contratación laboral temporal. Incluso, se ha permitido un uso tan flexible de la normativa contractual temporal en las AA PP que sería impensable, al menos jurídicamente hablando, en el ámbito privado, como por ejemplo utilizar las diversas posibilidades existentes de forma intercambiable siempre y cuando exista la causa de temporalidad[5]

Nuevas reflexiones sociales y apuntes jurídicos (europeo y estatal) sobre la inmigración, con propuestas de actuación.



1.  No, no les voy a hablar, al menos directamente de los sucesos de Ceuta y Melilla, porque de ellos se han ocupado profusamente los medios de comunicación y encontramos muy numerosas, y en algunas ocasiones muy buenas, fuentes de información en las redes sociales. Sí quiero dejar constancia de que las imágenes transmitidas y los titulares de algunos diarios han influido sin duda, al menos a mi parecer, en la consideración de la inmigración como un problema de mayor relevancia en el barómetro del mes de de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas con respecto a la consideración que de la misma se tenía en meses anteriores, y a mis comentarios periódicos en el blog sobre dichos barómetros me remito.

domingo, 13 de abril de 2014

El difícil, pero no imposible, intento de analizar una sentencia extraordinariamente compleja. Notas a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 28 de marzo (“Caso TRAGSA”) (y IV)..



G) Nueva causa de nulidad alegada: “constitución errónea de la comisión negociadora por parte de los representantes de los trabajadores, por cuanto no estaría legitimado para ello el comité intercentros”. Al haber trabajadores que prestan sus servicios para TRAGSA pero que se ven afectados por otros convenios (según el hecho probado decimosexto un total de 79 en 2013, que procedían de otras empresas por provenir “de subrogaciones y sucesiones en contratas”) las decisiones adoptadas por el comité afectarían a trabajadores a los que formalmente no representa y por tanto, plantea la Sala tras haber analizado el art. 81 del convenio de TRAGSA, que ello podría ser causa de nulidad del período de consultas y del posterior despido, ya que el comité no representaba, insisto, a ese número (ciertamente reducido) de trabajadores (y digo reducido porque la plantilla de TRAGSA a 30 de septiembre de 2013 estaba integrada por 6773 trabajadores).