jueves, 26 de febrero de 2015

Muchas empresas formalmente existentes y un solo empresario real. Competencia de la jurisdicción social en despido colectivo producido con anterioridad a la declaración de concurso. La sentencia del TS de 26 de enero confirma la del TSJ de Cataluña de 30 de septiembre de 2013.



1. Es objeto de muy breve anotación en esta entrada la sentencia dictada el 26 de enero por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la que fue ponente el magistrado Jesús Souto, que desestima el recurso de casación interpuesto por el empresario personal individual condenado en instancia, en los mismos términos que se pronunció el informe del Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictadapor la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 deseptiembre de 2013. El letrado de la parte demandante en instancia y recurrida en casación, Luís Martín Diz, ha tenido la amabilidad de enviármela el mismo día, 25 de febrero, que le ha sido notificada, amabilidad que obviamente le agradezco, además de felicitarle por haber obtenido del TS una respuesta satisfactoria a las pretensiones de sus defendidos.

El Tribunal Supremo conoce nuevamente de un recurso de casación en un caso de autodemanda empresarial, y confirma la sentencia del TSJ de Canarias (caso Parador Nacional de Fuerteventura). Nota a la sentencia de 22 de diciembre.



1. El pasado lunes, 23 de febrero, el gabinete de comunicación del Poder Judicial publicó la sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el22 de diciembre en el asunto “Despido colectivo en la empresa Parador Nacional de Fuerteventura”, acompañándola de esta breve nota informativa: “La Sala Social del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la delegada de personal del Parador de Turismo de Fuerteventura y avala la legalidad del despido colectivo planteado por su patronato el 27 de febrero de 2013 por causas económicas y que afectó a sus 15 empleados”. El resumen de la sentencia es el siguiente: “Despido colectivo en el Patronato del Parador de Turismo de Fuerteventura por causas económicas. Demanda interpuesta por la empresa después del despido y de cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo. Concurrencia de las causas económicas en el Patronato, un Organismo Autónomo Comercial, con personalidad jurídica propia. El Cabildo Insular de Fuerteventura no aparece en ningún momento como empleador, ni antes ni después del despido, y tampoco se ha producido o debió producirse una subrogación en los contratos de trabajo de los quince trabajadores afectados”.

miércoles, 25 de febrero de 2015

Publicación del libro de las XXV Jornadas catalanas de Derecho Social. Prólogo.



La editorialHuygens acaba de publicar el libro “Vulnerabilidad de los derechos laborales y de protección social”, que he coordinado y que recoge las ponencias y algunas comunicaciones de las XXV jornadas catalanas de Derecho Social celebradas en febrero de 2014 en la Facultad de Derecho de la UAB. Reproduzco en esta entrada el prólogo que he redactado para dicha publicación.

martes, 24 de febrero de 2015

Ultraactividad. La Audiencia Nacional sigue firme: vigencia de los convenios colectivos anteriores a la reforma laboral 2012 que contienen cláusula en tal sentido mientras no se suscriba uno nuevo (aunque la denuncia haya sido posterior a la entrada en vigor de la Ley 3/2012). Notas a la sentencia de 16 de febrero (caso TRAGSA).



1. El letrado Antonio García, del Ilustre Colegio de Abogados de León, ha tenido la amabilidad, que le agradezco, de enviarme la reciente sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 16 de febrero, de la que fue ponente el magistrado Pablo Aramendi. Dicha sentencia estima las demandas (acumuladas) presentadas por los sindicatos “Metal, construcciones y afines Federación de Industria de UGT”, “Central Sindical Independiente y de funcionarios” y “Confederación General del Trabajadores”, con adhesión de “Federación de construcción y servicios de CCOO” y “Comité intercentros de TRAGSA”, y declara vigente el XVII convenio colectivo de la empresa (BOE, 11 de marzo de 2011) “hasta que sea sustituido por otro”, y consecuentemente declara “contraria a derecho e ilegal la comunicación de la empresa a la representación de los trabajadores de 24-9-2014 en todo su contenido”, condenando a la empresa “a estar y pasar por dichas declaraciones”.