Dedico esta entrada
del blog, tal como se indica en su título, a un breve repaso de recientes documentos
de la Unión Europea, del Comité Económico y Social Europeo, y del Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo, que he tenido oportunidad
de leer y que considero de interés compartir con los lectores y lectoras del
blog.
1. El Consejo deEmpleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO, por sus siglas en
inglés), aprobó en su reunión del 19 de octubre las conclusiones sobre “La igualdad como motor del crecimiento económico y la
competitividad en la UE”
Este es su contenido:
“EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA INSTA A LOS ESTADOS MIEMBROS, de acuerdo con sus competencias
y respetando el cometido y la autonomía de los interlocutores sociales, a:
25. Luchar contra
los estereotipos de género y la segregación por motivos de género en todos los
ámbitos de la sociedad y la economía, a fin de promover la igualdad de género,
la cohesión social y el crecimiento económico, en particular mediante medidas de
empoderamiento para que todas las mujeres y niñas participen de manera plena,
igualitaria y significativa en la educación, la formación, el empleo, las
actividades culturales, la política y la vida pública.
26. Continuar
aplicando sus estrategias o planes de acción nacionales de promoción de la
igualdad y la no discriminación.
27. Apoyar medidas
para promover el espíritu empresarial, la propiedad empresarial y una mayor
igualdad en el acceso a los recursos financieros por parte de las mujeres,
entre otras cosas a través de programas específicos de tutoría y aprendizaje
entre iguales. Promover la igualdad de género en el acceso a la financiación y
las oportunidades económicas, prestando especial atención a los sectores de
alto crecimiento, como las disciplinas STEM, la IA y las tecnologías digitales
y ecológicas, así como a la agricultura sostenible y el emprendimiento rural,
en particular mediante medidas dirigidas a eliminar el sesgo de género en las
decisiones de inversión y medidas de apoyo a las empresas emergentes lideradas
por mujeres. Fomentar asociaciones con entidades financieras, como bancos y
fondos de inversión, y prestar apoyo a la formación de su personal en
cuestiones de sesgo y discriminación de género.
28. Reforzar las
políticas dirigidas a corregir la brecha digital de género, fomentando el
emprendimiento y el liderazgo digitales, y combatiendo las causas profundas de
dicha brecha.
29. Reforzar las
políticas dirigidas a corregir la brecha de género en el empleo, reducir la
segregación profesional de género horizontal y vertical y prevenir el trabajo a
tiempo parcial involuntario; y adoptar medidas para eliminar los estereotipos
de género en la educación, la formación y el empleo, en particular en las
culturas laborales. Dar apoyo a medidas para promover la igualdad en la
progresión profesional y la igualdad de representación en los puestos de
responsabilidad, en particular en los consejos de administración de las
empresas. Dar apoyo a los servicios públicos de empleo nacionales y a las
organizaciones de la sociedad civil en su labor de mejora de la igualdad de
acceso de las mujeres al empleo.
30. Adoptar
medidas, cuando proceda y con arreglo a las circunstancias nacionales, para
identificar y abordar los desincentivos financieros para acceder a un empleo o
mantenerlo derivados de obstáculos estructurales tales como el diseño de los
sistemas de prestaciones sociales, en particular para los segundos
trabajadores36 y las familias monoparentales.
31. Respaldar
medidas para prevenir y combatir la discriminación por motivos de género en la
vida laboral, incluida la discriminación relacionada con el embarazo y con las
tareas asistenciales y de apoyo no remuneradas.
32. Reforzar las
políticas dirigidas a colmar las brechas salarial y de pensiones entre hombres
y mujeres y a garantizar que se cumpla el principio de igualdad de retribución
entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual
valor; en particular mediante la identificación de las causas profundas de
estas brechas, como la infravaloración sistémica del trabajo en sectores y
ocupaciones en los que las mujeres están sobrerrepresentadas, y mediante la
respuesta a esas causas a través de medidas específicas destinadas a
salvaguardar la autosuficiencia financiera y la independencia económica de las
mujeres a lo largo de toda la vida.
33. Reforzar la
economía de la prestación de cuidados, en particular garantizando una
remuneración justa y unas buenas condiciones de trabajo en el sector
asistencial, así como fórmulas de trabajo flexible. Promover el reparto
equitativo de las responsabilidades asistenciales y de apoyo entre mujeres y
hombres mediante medidas coherentes con el Derecho de la Unión y los sistemas
nacionales aplicables, incluida, en su caso, la provisión de permisos de
maternidad, paternidad o parentales específicos e intransferibles, y animando a
los hombres y a los padres a asumir responsabilidades asistenciales y de apoyo.
Apoyar el acceso a servicios de educación y cuidados de primera infancia37 y a
servicios e infraestructuras de cuidados y apoyo de larga duración que tengan
buena disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad.
34. Adoptar
medidas pertinentes para apoyar a las organizaciones y empresas en sus
esfuerzos por aplicar medidas de conciliación de la vida familiar y la vida
profesional y por adoptar políticas favorables a las familias en el entorno de
trabajo, para todos los cuidadores, con una perspectiva extendida a todo el
ciclo vital y prestando especial atención a la maternidad, la paternidad y la
crianza, así como a quienes cuidan de mayores u otras personas dependientes.
35. Fomentar que
cada persona tome decisiones educativas y profesionales sin sesgos ni
estereotipos de género, en especial con vistas a aumentar la participación de
las mujeres y las niñas en las disciplinas STEM, así como atraer a más hombres
y niños hacia los sectores asistenciales y de apoyo, y a las ocupaciones HEAL.
Invertir en educación y formación para impulsar la alfabetización y las
competencias financieras y digitales a lo largo de toda la vida, especialmente
entre las mujeres y las niñas, y fomentar el interés, la confianza y la
competencia en los ámbitos STEM y el emprendimiento desde una edad temprana, en
particular a través de enfoques STEAM inclusivos e interdisciplinarios que
conecten la ciencia y la tecnología con las artes, el sector del diseño y las
humanidades, y con los retos de la sociedad. Promover la igualdad de acceso a
oportunidades inclusivas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional
relacionadas con las transiciones ecológica y digital, en particular para los
grupos infrarrepresentados y marginados.
36. Cuando
proceda, de conformidad con los sistemas nacionales de recogida de datos y
respetando el principio de autoidentificación, las salvaguardias aplicables y
las normas de protección de datos y de la intimidad, mejorar la recogida, el
análisis y el uso de datos desagregados sobre igualdad, así como de datos sobre
el mercado de trabajo, a escala nacional, regional y local, incorporando
también cuando proceda una perspectiva interseccional. Proseguir los esfuerzos
para garantizar que los datos que se recopilan y utilizan, en las diferentes
fuentes de datos, sean lo más precisos, exhaustivos, comparables y accesibles
que sea posible, dando a conocer y utilizando las fuentes existentes de datos
sobre igualdad, incluidos los datos administrativos, y analizado si existen
vacíos, de acuerdo con las necesidades nacionales.
37. Respaldar la
investigación y la recogida de datos sobre cuestiones de igualdad capaces de
responder a las cuestiones de género, con vistas a detectar y prevenir
resultados discriminatorios en el diseño, el desarrollo, la implantación y el
uso de algoritmos y sistemas de IA, también en tareas de gestión.
38. Promover la
adopción de una IA centrada en el ser humano, accesible y fiable, garantizando
a la vez unas salvaguardias adecuadas, transparencia y supervisión humana, así
como un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos
fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en especial en los ámbitos del trabajo y del acceso y disfrute de
servicios públicos esenciales, de acuerdo con el Reglamento de Inteligencia
Artificial de la UE.
39. Promover el
cumplimiento efectivo de la legislación en materia de no discriminación e
igualdad de género, en particular mediante sanciones y recursos adecuados, con
el fin de prevenir la discriminación, atajar sus consecuencias y generar
beneficios para la economía.
40. Instar a las
autoridades nacionales, regionales y locales a que integren la inclusión y la
no discriminación en sus estrategias empresariales y de atracción de talento,
con el fin de respaldar tanto los ecosistemas locales de innovación como la
igualdad, promoviendo al mismo tiempo la cohesión territorial, en particular en
las regiones remotas.
41. Mejorar la
participación de las personas de origen migrante en el mercado de trabajo, en
particular ofreciendo asesoramiento profesional y tutoría, mejorando el
reconocimiento de las cualificaciones y competencias adquiridas fuera de la UE
y prestando apoyo al papel de los empleadores en la integración económica de
los extranjeros.
42. Seguir
trabajando en el marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la
participación de los gitanos, con vistas a reducir a la mitad la tasa de ninis
y la brecha de género en el empleo entre mujeres y hombres gitanos para el año
2030, en particular adoptando medidas para mejorar la inclusión social, así
como el acceso a la educación y las oportunidades de empleo para las mujeres y
los jóvenes gitanos; por ejemplo, mediante políticas activas del mercado de
trabajo adaptadas, conforme a la Recomendación del Consejo sobre la igualdad,
la inclusión y la participación de la población gitana.
43. Continuar
ejecutando la Garantía Juvenil, para garantizar que todos los jóvenes menores
de 30 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación como
aprendices o un período de prácticas de buena calidad en los cuatro meses
siguientes a la finalización de sus estudios formales o de quedar desempleados,
prestando especial atención a los jóvenes con bajo nivel de estudios, a los
jóvenes de origen migrante o pertenecientes a minorías, a los jóvenes gitanos,
a los jóvenes que sufren exclusión social y a los jóvenes con discapacidad.
44. Mejorar la
participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, en
especial las mujeres, mediante, por ejemplo, la promoción de entornos de
trabajo y espacios públicos accesibles, el apoyo en el empleo y la
posibilitación de la progresión profesional a través de una educación accesible
e inclusiva y de la provisión de ajustes razonables, facilitando y respaldando
también de este modo la transición desde entornos protegidos al mercado de
trabajo abierto. Respaldar medidas que promuevan el espíritu emprendedor de las
personas con discapacidad.
45. Mejorar la
inclusión económica y social de las personas mayores mediante el apoyo a su
participación en la sociedad y en el mercado de trabajo y mediante la
integración de la edad en las políticas, así como a través de servicios de
asistencia sanitaria y social accesibles y asequibles. Adoptar medidas que les
aseguren oportunidades de aprendizaje accesibles y asequibles, junto con
oportunidades culturales, de ocio y de participación cívica, de modo que las
personas mayores puedan desarrollar y dar uso a sus capacidades, y mantener su
autonomía como contribuyentes activas a la sociedad.
46. Seguir
compartiendo las mejores prácticas entre los Estados miembros para lograr
avances en la resiliencia económica a través de la promoción de la inclusión y
la equidad en el mercado de trabajo, reconociendo que esta es una inversión
estratégica a largo plazo en el futuro de Europa.
47. Redoblar los
esfuerzos para garantizar la igualdad efectiva de acceso a una educación,
formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, para todos.
48. Promover el
desarrollo de módulos de estudio dedicados a la igualdad, la diversidad y la
inclusión, en el contexto de los estudios de ciencias empresariales y economía
a diferentes niveles educativos, en particular con vistas a reforzar la
capacidad de las empresas y de otras organizaciones del sector privado en estos
ámbitos.
INSTA A LA
COMISIÓN EUROPEA Y A LOS ESTADOS MIEMBROS, de acuerdo con sus competencias
respectivas y respetando el cometido y la autonomía de los interlocutores
sociales, a:
49. Adoptar
medidas, en consonancia con los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, y
teniendo en cuenta el artículo 19 del TFUE y el artículo 21 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para garantizar la aplicación
efectiva y coherente del acervo de la Unión en los ámbitos del empleo, la
igualdad, la igualdad de género y la discapacidad.
50. Adoptar
medidas para garantizar una protección frente a todas las formas de
discriminación y en todos los ámbitos de la sociedad, con el objetivo de
defender los derechos humanos y las libertades fundamentales y de reducir los
obstáculos a la participación.
51. Respaldar la
aplicación de las acciones e iniciativas que se establecen en el paquete sobre
el empleo de las personas con discapacidad, con el fin de promover el empleo de
las personas con discapacidad y combatir los estereotipos.
52. Promover la
inclusión y la igualdad, incluida la igualdad de género, en todas las políticas
de emprendimiento y en todos los sectores, en particular mediante el fomento de
programas de tutoría inclusivos y el apoyo al emprendimiento social, y valorar
la financiación específica del emprendimiento entre los grupos marginados e
infrarrepresentados, como las mujeres, las personas con discapacidad, las
personas LGBTI, las personas de origen migrante y las personas pertenecientes a
minorías nacionales, étnicas o raciales.
53. Con el fin de
seguir reforzando el vínculo entre igualdad y competitividad, promover la
integración de la igualdad —especialmente la integración de perspectivas de
género, discapacidad y edad— en las políticas económicas, sobre consumidores,
sociales y digitales a escala nacional y de la Unión, así como en los
mecanismos clave de coordinación de las políticas económicas y sociales, como
el Semestre Europeo.
54. Seguir
promoviendo y apoyando la Plataforma de la UE sobre las Cartas de la Diversidad
y las actividades pertinentes a escala nacional con el fin de ayudar a las
organizaciones de los sectores público y privado, así como a las organizaciones
de la sociedad civil de la UE, a diseñar y aplicar políticas eficaces de
diversidad e inclusión, y también seguir promoviendo acciones destinadas a
promover un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos de
decisión.
55. Apoyar, en
consonancia con las Directivas relativas a los organismos de igualdad (UE)
2024/1499 y (UE) 2024/1500, la labor independiente de los organismos de
igualdad en la promoción y la aplicación de la igualdad de trato, lo que
incluye la asistencia a las víctimas de discriminación, el seguimiento y la
elaboración de informes sobre la discriminación, la sensibilización sobre los
derechos y obligaciones, la actuación en procedimientos judiciales de
conformidad con el Derecho y las prácticas nacionales, y la formulación de
recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la discriminación.
56. Promover
medidas específicas que animen a los empleadores de los sectores público y
privado a promover la igualdad de oportunidades en la contratación de mujeres y
grupos infrarrepresentados, en particular mediante el desarrollo de
herramientas y directrices específicas accesibles e inclusivas, teniendo en
cuenta las necesidades y capacidades específicas de las pymes. Adoptar medidas
para incrementar la diversidad de la mano de obra; por ejemplo, mediante
campañas de sensibilización sobre sesgos, estereotipos y prejuicios
inconscientes, mediante una educación y prácticas de selección de personal
inclusivas y accesibles, así como mediante formación y mejora de las
capacidades a lo largo de toda la vida, e impulsando la elaboración de códigos
de conducta para el empleo en el sector privado.
57. Apoyar medidas
de prevención y lucha contra todas las formas de violencia de género, incluida
la violencia de género facilitada por la tecnología, así como medidas dirigidas
a abordar y eliminar el acoso en el mundo del trabajo, incluido el acoso sexual,
mediante medidas legislativas, políticas y de sensibilización.
58. Apoyar medidas
de prevención y lucha contra el odio, las amenazas y la violencia contra
personas y grupos en riesgo de discriminación, con el fin de eliminar
obstáculos para que estas personas participen plenamente en todos los ámbitos
de la vida, incluida la ejecución de acciones estratégicas y dirigidas para
luchar contra la discriminación y fomentar la igualdad.
INSTA A LA
COMISIÓN EUROPEA A QUE:
59. Presente una
propuesta de Pacto Europeo de Cuidados que reconozca tanto el trabajo de
prestación de cuidados y apoyo remunerado como el no remunerado, promueva el
empoderamiento económico de las mujeres, anime a los hombres a asumir una
proporción equitativa de los cuidados, combata los estereotipos de género y
establezca un amplio conjunto de recomendaciones para abordar los retos del
sector asistencial, centrándose en particular en la igualdad de género y en
aumentar y prestar apoyo a quienes trabajan en este ámbito.
60. Refuerce la
coordinación y las sinergias entre todos los programas pertinentes financiados
por la UE, para crear vías más claras de apoyo a las mujeres y promover la
igualdad de género en la innovación y el emprendimiento.
61. Siga
trabajando para integrar de manera eficaz consideraciones relativas a la lucha
contra la discriminación en las políticas de la UE y apoye la lucha contra
todas las formas de discriminación a nivel nacional, regional y local,
inclusive, en su caso, mediante el apoyo a las partes interesadas pertinentes,
entre ellas las organizaciones de la sociedad civil.
62. Promueva la
recogida, el análisis y el uso de datos desagregados sobre igualdad, incluidos,
cuando proceda, datos sobre discriminación interseccional, con arreglo a los
marcos nacionales, como herramienta eficaz para abordar la desigualdad y todas
las formas de discriminación, en particular mediante la prestación de
asistencia técnica y la preparación de orientaciones de la Comisión en este
ámbito.
63. Mejore el
seguimiento del coste socioeconómico de la discriminación y de los obstáculos a
los que se enfrentan grupos específicos en alto riesgo de discriminación,
también desde una perspectiva interseccional, apoyándose en los datos y los
estudios disponibles de los organismos y agencias con relevancia en este
ámbito.
64. Realice el
seguimiento de la aplicación de las estrategias de la Unión de la Igualdad y
presente informes al respecto.
65. Realice el
seguimiento y evalúe el impacto de los sistemas de IA en el mercado de trabajo
desde una perspectiva de igualdad, con el fin de determinar dónde y de qué
manera la IA podría afectar más a determinados sectores, grupos sociales o
tipos de ocupación que a otros, en particular a través de su impacto en la
remuneración, las condiciones de trabajo, la progresión profesional, el acceso
a oportunidades de formación y la posible pérdida de puestos de trabajo para
diferentes grupos. Evalúe periódicamente las áreas de riesgo y de oportunidad
en lo tocante al impacto de los sistemas de IA en la igualdad, incluida la
igualdad de género, apoyándose en los conocimientos especializados de la
Oficina Europea de Inteligencia Artificial y sobre la base de los estudios de
las agencias de la UE.
66. Continúe
siguiendo la evolución de las brechas de género en el empleo, los salarios y
las pensiones, así como de la brecha de la discapacidad en el empleo, y preste
asistencia a los Estados miembros por medio de apoyo técnico, datos y análisis.
67. A la luz del
respaldo unánime de los Estados miembros a la Declaración de principios para
una sociedad igualitaria en materia de género asociada a la Hoja de Ruta sobre
los Derechos de la Mujer de la Comisión, trabaje para aplicar dichos
principios, en particular adoptando las siguientes medidas previstas en la
Estrategia para la Igualdad de Género 2026-2030:
a) adoptar un plan
de acción sobre las mujeres en la investigación, la innovación y las empresas
emergentes, y continuar con la aplicación de la agenda política del Espacio
Europeo de Investigación para 2025-2027;
b) ampliar los
objetivos de financiación con perspectiva de género.
2. En la sesiónplenaria del Consejo Económico y Social Europeo que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre, serán objeto de debate, y en su
caso aprobación, dos Proyectos de Dictamen elaborados por la Sección de Empleo,
Asuntos Sociales y Ciudadanía
A) En primer
lugar, me refiero al Proyecto de Dictamen sobre la Propuesta de Decisión del Consejorelativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estadosmiembros.
Las
Recomendaciones que el CESE formulará al Consejo, si es aprobado el Dictamen, son
las siguientes:
“Generales
1.1 acoge con satisfacción
el mayor énfasis de las orientaciones revisadas en el empleo de calidad, el
acceso a la formación, la negociación colectiva y la protección social, y
subraya que una competitividad sostenible de la Unión Europea, la
productividad, la innovación y el progreso social deben reforzarse mutuamente;
Orientación n.º 5
1.2 acoge favorablemente la
propuesta de la Comisión de desplazar la fiscalidad del trabajo hacia otras
fuentes, protegiendo al mismo tiempo los ingresos con miras a una protección
social adecuada y unos gastos favorables al crecimiento, y pide a los Estados
miembros que prosigan las reformas fiscales en consecuencia, evaluando al mismo
tiempo la equidad distributiva de sus políticas;
1.3 apoya la reducción de
las cargas administrativas para las empresas y pide que la orientación n.º 5
aclare que esto debe hacerse sin reducir los derechos de los trabajadores; El
CESE también señala que el objetivo de la reducción de las cargas administrativas
es ayudar a desbloquear la creación de empleo permitiendo a las empresas
utilizar los recursos de que disponen para crear valor y crecimiento, con
especial atención a los retos a los que se enfrentan las microempresas y las
pymes;
Orientación n.º 6
1.4 reafirma el derecho al
aprendizaje permanente y pide que la orientación n.º 6 apoye el ejercicio
efectivo de este derecho y el acceso a una formación de alta calidad a lo largo
de toda la vida laboral, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales
de aprendizaje permanente, incluidas las actividades de aprendizaje no formal,
prestando especial atención a quienes se enfrentan a los mayores obstáculos a
la participación y velando por la implicación de los interlocutores sociales.
Esto debe incluir la evaluación de nuevas herramientas, como los permisos
remunerados para la formación. Dado que solo el 39,5 % de los adultos
participaron en actividades de formación en 2022, es necesario avanzar
significativamente hacia el objetivo principal de la Estrategia Europa 2030 de
lograr una tasa de participación del 60 %. El CESE también destaca la
contribución más amplia del aprendizaje permanente al desarrollo personal, la
ciudadanía activa, la resiliencia democrática y la cohesión social;
1.5 pide que la orientación
n.º 6 reconozca el aprendizaje no formal, informal y basado en la comunidad,
incluidas las capacidades adquiridas a través del voluntariado, así como su
contribución más amplia a la ciudadanía activa y la inclusión social;
1.6 acoge favorablemente
que las orientaciones n.º 6 y 8 aborden los retos a los que se enfrentan la
profesión docente y el personal de cuidados de larga duración, respectivamente,
y pide medidas eficaces para atraer y retener al personal en estas y otras profesiones
con escasez de mano de obra mediante condiciones de trabajo y políticas de
remuneración atractivas, educación de alta calidad y desarrollo profesional
continuo, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales;
1.7 acoge con satisfacción
el enfoque de asociaciones de la orientación n.º 6 y pide que se reconozca
explícitamente a las organizaciones de la sociedad civil pertinentes como
socios en el desarrollo de capacidades y el acceso al empleo, en particular
para los grupos desfavorecidos e infrarrepresentados, sin perjuicio de las
prerrogativas de los interlocutores sociales;
1.8 reconoce la importante
contribución de las empresas y organizaciones de la economía social al empleo
de calidad, la inclusión social y laboral y el desarrollo local, en particular
para las personas que se enfrentan a obstáculos a la hora de acceder al empleo,
y pide a los Estados miembros que integren mejor la economía social en la
aplicación de las políticas activas de empleo y del mercado laboral;
1.9 acoge favorablemente el
énfasis de la Comisión en un apoyo eficaz y personalizado a los solicitantes de
empleo, y pide a los Estados miembros que aborden los considerables obstáculos
a los que se enfrentan los desempleados de larga duración, en particular las
carencias de capacidades y la discriminación en el mercado laboral, además de
apoyar la entrada y la reincorporación a los mercados laborales, en consonancia
con unas políticas activas en este ámbito;
1.10 pide que se invite a los
Estados miembros a supervisar la situación de los jóvenes en el mercado laboral
a través de un conjunto completo de indicadores y a garantizar la
disponibilidad efectiva y la alta calidad de las ofertas de la Garantía
Juvenil;
1.11 acoge favorablemente la
atención prestada en la orientación n.º 6 a la eliminación de las trabas a la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo y pide la transposición y
aplicación plenas y efectivas de la Directiva (UE) 2023/970 con la implicación
efectiva de los interlocutores sociales, teniendo en cuenta al mismo tiempo el
impacto administrativo en las empresas, así como medidas para abordar el
trabajo no voluntario a tiempo parcial y el subempleo. El CESE subraya que unos
servicios asistenciales accesibles, asequibles y de alta calidad —respaldados
con condiciones de trabajo y perspectivas profesionales justas en este sector—
y un reparto más equitativo de las responsabilidades de cuidados entre mujeres
y hombres, son esenciales para la participación de las mujeres en el mercado
laboral. Subraya, además, que las desigualdades salariales, el trabajo no
voluntario a tiempo parcial y las interrupciones de la carrera profesional
relacionadas con los cuidados pueden acumularse a lo largo de la vida y
contribuir a la brecha de género en las pensiones;
1.12 acoge con satisfacción
la referencia explícita en la orientación n.º 6 a la violencia y el acoso en el
lugar de trabajo como obstáculos a la igualdad de género y a la participación
de las mujeres en el mercado laboral, y subraya que la prevención efectiva y el
acceso a vías de recurso y reparación deben, con arreglo a las normas
aplicables, proteger a todos los trabajadores, también cuando la violencia y el
acoso se produzcan a través de herramientas digitales o en entornos de trabajo
a distancia; El CESE también pide a los demás Estados miembros que ratifiquen
el Convenio n.º 190 de la OIT;
1.13 El CESE subraya que unos
mercados laborales inclusivos también contribuyen a la resiliencia democrática.
El desempleo de larga duración, la exclusión económica y las desigualdades
territoriales persistentes pueden debilitar la cohesión social y la confianza
en las instituciones democráticas. Por lo tanto, las políticas de empleo deben
contribuir a unas comunidades resilientes e inclusivas.
Orientación n.º 7
1.14 acoge favorablemente el
reconocimiento por parte de la Comisión de las prácticas nacionales y la
autonomía de los interlocutores sociales, y subraya que debe respetarse
plenamente su papel en el diseño y la aplicación de las políticas de empleo, en
particular en la fijación de salarios y la negociación colectiva;
1.15 acoge con satisfacción
el llamamiento de la orientación n.º 7 para promover una mayor cobertura de la
negociación colectiva y permitir que esta sea eficaz en todos los niveles que
correspondan, respetando plenamente la Directiva 2022/2041 sobre unos salarios
mínimos adecuados en la Unión y de conformidad con la legislación y las
prácticas nacionales. Los avances hacia una mayor cobertura de la negociación
colectiva también deben ser objeto de seguimiento a través del Semestre
Europeo;
1.16 acoge favorablemente la
atención prestada en la orientación n.º 7 a la prevención de la segmentación de
los mercados laborales, el trabajo no declarado y las modalidades de empleo
abusivas, que pueden incluir los períodos de prácticas no remunerados, y subraya
que estos objetivos también han de perseguirse de manera efectiva cuando el
trabajo se organice a través de complejas cadenas de subcontratación. Los
Estados miembros deben garantizar la transparencia, una asignación vinculante
de la responsabilidad por el cumplimiento de los derechos laborales y sociales
acorde con las normas aplicables, un control efectivo de este cumplimiento y el
acceso a vías de recurso y reparación. Estas medidas puede prevenir la
competencia desleal y crear unas condiciones de competencia equitativas para
las empresas;
1.17 acoge con satisfacción
el énfasis que pone la orientación n.º 7 en unas condiciones de trabajo justas,
transparentes y previsibles, y pide a los Estados miembros que promuevan la
calidad del empleo mediante un enfoque global que aborde elementos como las
condiciones de trabajo, la salud y la seguridad, la igualdad de trato, la
autonomía, el desarrollo profesional, la organización del tiempo de trabajo y
el diálogo social a todos los niveles, garantizando al mismo tiempo la
disponibilidad de formas de empleo diferentes e innovadoras, con la
participación de los interlocutores sociales;
1.18 acoge favorablemente el
énfasis de la Comisión en el uso eficaz, responsable, inclusivo y ético de la
IA en el trabajo y subraya que los Estados miembros deben velar por que el uso
de la inteligencia artificial y las herramientas de gestión algorítmica respete
plenamente los derechos de los trabajadores, incluida la privacidad, la
protección de datos y la protección contra una intensificación del trabajo.
Además, los Estados miembros deben garantizar que el uso de tecnologías
digitales por parte de los servicios públicos de empleo no tenga efectos
perjudiciales para los solicitantes de empleo, por ejemplo en lo que respecta a
los sesgos digitales. Los Estados miembros también deben abordar de forma
proactiva la brecha digital a través de los sistemas educativos;
Orientación n.º 8
1.19 acoge con satisfacción
el énfasis en las estrategias globales de lucha contra la pobreza, subraya que
es necesario realizar avances significativos hacia el objetivo principal de la
UE para 2030 en materia de reducción de la pobreza, y pide una participación
significativa de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas en
situación de pobreza y exclusión social en el diseño, aplicación y evaluación
de estas estrategias, con el fin de salvaguardar la dignidad humana y una plena
participación en la sociedad;
1.20 acoge favorablemente el
énfasis en unas pensiones adecuadas y sostenibles y pide que la orientación n.º
8 reconozca que la sostenibilidad depende en gran medida de unas altas tasas de
empleo, puestos de trabajo de calidad, salarios adecuados y carreras profesionales
con menos interrupciones. El CESE también apoya unas carreras laborales más
largas a través del envejecimiento activo, entendido como la optimización de
las oportunidades para que los trabajadores de todas las edades trabajen en
condiciones de alta calidad, productivas y saludables hasta la edad legal de
jubilación y, cuando proceda, más allá de esta. Debe considerarse el papel de
las pensiones complementarias, teniendo en cuenta las prácticas nacionales y la
diversidad de los sistemas nacionales de pensiones”.
B) A continuación, la referencia es al Proyecto de Dictamen “Igualdad yprograma de competitividad” (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia irlandesa)
Sus conclusiones y recomendaciones son las siguientes:
“1.1 El CESE rechaza la idea de que la igualdad y la competitividad sean
objetivos contrapuestos. La igualdad es tanto un valor fundamental de la UE
como un importante activo que puede reforzar la productividad, la innovación,
la resiliencia y la cohesión social.
1.2 El CESE pide que la eliminación de los obstáculos al mercado laboral
y a la participación económica se considere un elemento central de las
estrategias de competitividad. La mejora del acceso a la educación, las
capacidades, el empleo, el emprendimiento y el liderazgo ayudaría a movilizar
el talento sin explotar y a responder a la escasez de mano de obra y al cambio
demográfico, además de eliminar las barreras que impiden la retención de los
trabajadores y la progresión profesional.
1.3 La competitividad a largo plazo requiere unas empresas prósperas en
la UE que puedan permitirse invertir en capital humano, seguir creando puestos
de trabajo de calidad y desempeñar su papel en el aprendizaje permanente, con
el apoyo de una fijación de salarios justa, la negociación colectiva y un
diálogo social eficaz. El CESE aboga por un modelo en el que el crecimiento
económico, el progreso social y la igualdad de oportunidades se refuercen
mutuamente.
1.4 El CESE señala que es importante proseguir los esfuerzos para cerrar
la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover e incrementar la
participación de las mujeres en el emprendimiento, los sectores relacionados
con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y el liderazgo, así
como la aplicación de la Directiva sobre transparencia retributiva. Los
servicios de atención a la infancia y de cuidados de larga duración asequibles,
accesibles y de calidad deben reconocerse como un componente esencial de la
infraestructura social y económica productiva.
1.5 El Comité insta a la aplicación efectiva de los derechos de las
personas con discapacidad y de la legislación contra la discriminación. También
pide estrategias de envejecimiento activo que apoyen una vida laboral más
larga, saludable y sostenible.
1.6 Las consideraciones en materia de igualdad deben integrarse
sistemáticamente en la transición digital. Los sistemas de IA deben cumplir el
Reglamento de Inteligencia Artificial y la legislación contra la
discriminación, y estar sujetos a la transparencia, la rendición de cuentas y
la supervisión humana.
1.7 El CESE subraya el papel central de los interlocutores sociales y de
la sociedad civil organizada en el diseño y la aplicación de las estrategias de
competitividad. La negociación colectiva y un diálogo social eficaz, en
consonancia con la legislación nacional, pueden facilitar la innovación, el
desarrollo de capacidades, la gestión del cambio tecnológico y la
reestructuración sostenible desde el punto de vista social, mientras que la
sociedad civil organizada aporta conocimientos especializados y una participación
pública más amplios.
1.8 A fin de traducir los compromisos en resultados, las políticas
pertinentes de la UE deben utilizar los marcos de seguimiento existentes,
evaluaciones de impacto equitativas en materia de igualdad, datos adecuados,
evaluaciones periódicas y el intercambio de buenas prácticas. Las medidas de
simplificación y eficiencia normativa deben hacer un uso eficaz de los
instrumentos existentes y no mermar la protección de la igualdad, las normas
laborales o los derechos fundamentales. Las pymes deben recibir orientación
práctica y un apoyo adecuado”.
3. Por último, mi atención se centra en algunos documentos que serán
presentados para su aprobación en la próxima reunión del Consejo deAdministración de la OIT, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre , y que incluye además, no cabe olvidarlo, la elección del director o directora
general de la OIT para el período cuatrienal que se iniciaría el 1 de octubre
de 2027.
A) Seguimiento de la Resolución relativa a la tercera discusiónrecurrente sobre el diálogo social y el tripartismo . Se formula el plan de acción para el período 2026-2031. En el documento se expone
que
“El objetivo general del plan de acción es fortalecer la eficacia, la
inclusividad, la representatividad y, por ende, el impacto del diálogo social
bipartito y tripartito promoviendo un entorno propicio, reforzando y ampliando
las instituciones del trabajo, incrementando el alcance y la capacidad de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores y permitiéndoles defender los
intereses de sus miembros sin injerencias, y velando por una acción de la OIT
coherente y dotada de recursos suficientes que permita la consecución de logros
prácticos, mensurables y orientados a la obtención de resultados. El plan de
acción se basa en el reconocimiento de que la negociación colectiva es un pilar
fundamental del diálogo social. Además, todas las formas de diálogo social
desempeñan funciones importantes. Con el plan de acción se pretende: abordar
los obstáculos, en la legislación y en la práctica, a la libertad de asociación
y la libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva; reforzar la eficacia y el impacto de las instituciones de diálogo
social y de sus resultados; aumentar el reconocimiento del papel de los
interlocutores sociales, en particular mediante el fortalecimiento de su
capacidad, y promover la ratificación de los convenios de la OIT y su
aplicación efectiva y propiciar que se dé seguimiento de las observaciones y
recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Además, en el plan de
acción se subraya la necesidad de: promover la igualdad de género a través de
los actores y procesos del diálogo social; mejorar la disponibilidad de datos
actualizados sobre el diálogo social, en particular, indicadores del
cumplimiento, a nivel de los países, de los derechos de libertad de asociación
y libertad sindical y de negociación colectiva, y reforzar el seguimiento y la
evaluación de los resultados en materia de diálogo social....
... El plan de acción se estructura en torno a tres componentes que se
refuerzan mutuamente, basados en las enseñanzas extraídas, los cuales se
corresponden con los medios de acción señalados en las conclusiones: Componente
1: Fortalecimiento de la acción normativa. Componente 2: Desarrollo de la
capacidad de los mandantes y fortalecimiento de la cooperación para el
desarrollo. Componente 3: Fomento de la investigación y la generación de datos
empíricos...”
“Principios rectores
7. Los principios están en consonancia con la Recomendación núm. 204 y
responden a las conclusiones adoptadas por la Conferencia en 2025.
• Apropiación nacional y carácter tripartito: Se gestiona a nivel
nacional y se construye sobre la base de las prioridades, las estrategias y los
compromisos políticos de los países, mediante un diálogo social inclusivo con
los Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores y, si
procede, en consulta con organizaciones representativas y organizaciones
constituidas por afiliación de trabajadores y unidades económicas de la
economía informal.
• Cultura de la formalidad: La formalidad se reconoce como legítima y
beneficiosa y está respaldada por instituciones públicas de confianza, responsables
y con capacidad de respuesta que hacen valer los derechos, ofrecen protección y
proporcionan servicios de manera equitativa; se fomenta el cumplimiento
voluntario de las normas mediante la reducción de las barreras
comportamentales, incentivos adecuados y la promoción de normas sociales que lo
favorecen.
• Adaptada a cada contexto y sensible a la heterogeneidad de la
informalidad: La hoja de ruta se ajusta a las circunstancias nacionales y, al
mismo tiempo, refleja la heterogeneidad de situaciones y factores de la
informalidad y la informalización tanto entre los países como dentro de ellos,
así como en los distintos sectores, territorios, grupos de trabajadores y tipos
de unidades económicas.
• Medidas basadas en los derechos, inclusivas y con perspectiva de
género: La hoja de ruta promueve los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, con independencia de la situación de formalización, y promueve
enfoques graduales y específicos para los trabajadores y las empresas que
corren un mayor riesgo de encontrarse en situación de informalidad y que se
enfrentan a barreras específicas para lograr la formalización, sin dejar a
nadie atrás. Entre ellos se incluyen, en particular, las mujeres, los jóvenes y
las personas de edad; los migrantes; los refugiados y otras personas
desplazadas por la fuerza; los pueblos indígenas y tribales; las personas con
discapacidad; los trabajadores del cuidado y asistencia a las personas; los
trabajadores domésticos; los trabajadores basados en el domicilio; los vendedores
ambulantes; los trabajadores del reciclaje y los recolectores de residuos; los
trabajadores de plataformas; los trabajadores rurales y agrícolas; los
trabajadores de la construcción y de la minería; los trabajadores por cuenta
propia y las micro y pequeñas unidades económicas.
• Integrada, multidimensional y coordinada: La formalización requiere un
proceso normativo transversal e integrado, basado en políticas
interrelacionadas que se refuercen mutuamente y aborden las causas profundas de
la informalidad, respaldado por la coordinación y la integración de las
políticas entre los distintos ministerios y niveles de la administración, así
como por mecanismos tripartitos reforzados que permitan un diálogo social
inclusivo y eficaz, con la participación y la voz de quienes están directamente
vinculados a la economía informal.
• Equilibrio entre el cambio estructural, el apoyo, los incentivos y el
cumplimiento normativo: Las medidas de apoyo e incentivación se combinan con
transformaciones estructurales, mecanismos para el cumplimiento de las normas
justos y predecibles e instituciones eficaces, que incluyen servicios de
administración e inspección del trabajo con mandatos adecuados, personal
capacitado, recursos suficientes y una cobertura efectiva de lugares de trabajo
en la economía informal. Se pone el acento en la prevención, la asistencia y
las medidas correctivas, en lugar de recurrir de inmediato a sanciones que
podrían agravar la situación de los trabajadores y las unidades económicas que
operan en la economía informal, no por elección propia, sino debido a la falta
de oportunidades en la economía formal y de medios de subsistencia
alternativos.
• Basada en la viabilidad económica y el aumento de la productividad: El
aumento de la productividad y la creación de un entorno propicio para las
empresas sostenibles son fundamentales para que las unidades económicas sean
viables, se formalicen, se mantengan en el sector formal, compitan lealmente y
generen puestos de trabajo formales y trabajo decente.
• Innovadora y ampliable: Las medidas son pragmáticas y ampliables, y
aprovechan enfoques innovadores (entre ellos, la digitalización/la inteligencia
artificial, los enfoques sectoriales, territoriales y específicos, las cadenas
de suministro y la transición justa) para acelerar la formalización sin generar
nuevos riesgos.
• Basada en datos empíricos y orientada al aprendizaje: Las actividades
se basan en diagnósticos, seguimiento, aprendizaje y corrección del rumbo y
tienen en cuenta los avances intermedios hacia la formalidad y las reducciones
de la informalidad, así como los resultados derivados de la formalidad y las
lecciones extraídas de lo que funciona y lo que no.
• Consciente de los recursos disponibles e impulsada por alianzas: Las
estrategias de formalización se integran en los marcos nacionales de desarrollo
y se armonizan con los presupuestos de los países, además de movilizar y
coordinar recursos complementarios, cuando procede, a través de los marcos de
cooperación de las Naciones Unidas, la cooperación Sur-Sur y triangular, las
instituciones financieras internacionales y los asociados para el desarrollo,
de conformidad con los principios de la OIT y las normas internacionales del
trabajo.
Los cuatro elementos fundamentales e interrelacionados señalados en el
párrafo 11 de las conclusiones adoptadas por la Conferencia en 2025 estructuran
la hoja de ruta y, junto con los principios expuestos anteriormente, orientan
su aplicación.
• Buena gobernanza y un marco regulatorio adecuado y adaptado a los
objetivos, combinados con voluntad y compromiso políticos. Reformas adecuadas
en materia de políticas, legislación e instituciones para reforzar las
estructuras de gobernanza, la capacidad institucional y la coordinación eficaz,
así como mecanismos para el cumplimiento de las normas que permitan aplicar y
supervisar las estrategias de formalización integradas, incluidas medidas
destinadas a asegurar el reconocimiento jurídico como base de la formalización
(identidad jurídica, derechos de propiedad, registro de empresas y
reconocimiento de las relaciones de trabajo).
• Organización, voz y representación de los trabajadores y las unidades
económicas de la economía informal y diálogo social inclusivo. Fortalecer la
capacidad y apoyar la realización de la libertad sindical y de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva para todos los
trabajadores; reforzar la capacidad de las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores para organizar a los trabajadores y las unidades
económicas de la economía informal y, cuando sea factible, establecer
estructuras de representación sostenibles dentro de sus organizaciones; apoyar
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que amplíen su
afiliación y sus servicios a los trabajadores y las unidades económicas de la
economía informal, cuando sea factible y con el correspondiente fortalecimiento
de la capacidad, y para que establezcan alianzas y colaboraciones con
organizaciones de la economía informal a fin de que, cuando se adopten
decisiones que afecten a los trabajadores y a las unidades económicas de la
economía informal, estos puedan participar de manera efectiva en los procesos
pertinentes, expresar sus opiniones y defender sus intereses y, finalmente,
reforzar la voz de quienes forman parte de la economía informal y apoyar las
vías de formalización a través de entidades de la economía social y solidaria.
• Un entorno propicio para acelerar la transición a la formalidad.
Combinar el crecimiento económico inclusivo, la transformación estructural, la
creación de empleo decente y el incremento constante de la productividad con
medidas firmes encaminadas a promover y ampliar el acceso universal a una
protección social integral, sostenible, eficaz y adecuada; asegurar una
protección de los trabajadores inclusiva; contribuir al desarrollo de empresas
sostenibles; promover la economía social y solidaria y mejorar la educación y
la adquisición de competencias, para que los beneficios que se deriven se
distribuyan de manera justa y sostenible y sirvan para fomentar el trabajo
decente.
• Mejores condiciones de trabajo y de vida a través y en pro de la
transición a la formalidad y de un proceso gradual que no deje a nadie atrás.
Establecimiento y ejecución de procesos de formalización integrados y
específicamente orientados a sectores y grupos de trabajadores y tipos de
unidades económicas que están afectados de manera desproporcionada por la
informalidad y se enfrentan a barreras específicas para su formalización, entre
otras medidas, mediante el apoyo a políticas e intervenciones destinadas a
reducir los déficits de trabajo decente, ampliar la protección social y
subsanar las vulnerabilidades existentes en la economía informal, al tiempo que
se promueve el trabajo decente a través de la formalización.
“Propuesta de marco estratégico y plan de acción
El marco estratégico y el plan de acción conexo propuestos dan efecto a
la Resolución y a las Conclusiones. El marco expone el enfoque estratégico y
los ámbitos prioritarios que servirán para impulsar el programa transformador,
mientras que el plan de acción que figura en el anexo presenta los productos de
alto nivel previstos para el periodo 2026-2033. Conjuntamente, estas dos
herramientas buscan impulsar la igualdad sustantiva y abordar las causas
profundas y las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad de género
en el mundo del trabajo, en particular en el contexto de las transiciones
tecnológicas, demográficas y ambientales, mediante un enfoque integral, integrado,
intersectorial y basado en datos empíricos. Sobre la base de la experiencia
adquirida y de las lecciones aprendidas, el marco estratégico y el plan de
acción tienen por objeto mejorar la coherencia y la coordinación y maximizar
las sinergias con otros compromisos de la OIT en este ámbito, sin duplicar
esfuerzos ni recursos. Entre tales compromisos cabe señalar el seguimiento de
las discusiones generales de la Conferencia sobre las desigualdades y el mundo
del trabajo (2021), el trabajo decente y la economía del cuidado (2024) y la
transición a la formalidad (2025), así como las discusiones recurrentes sobre
la protección social (2021), la protección de los trabajadores (2023), los
principios y derechos fundamentales en el trabajo (2024) y el diálogo social y
el tripartismo (2026). El marco estratégico y el plan de acción pretenden
reforzar las actividades en curso y previstas, así como incorporar las nuevas
ambiciones, las prioridades emergentes y las orientaciones establecidas en la
Resolución y las Conclusiones. El marco se basa en el mandato normativo, los
conocimientos técnicos y la estructura tripartita de la OIT. Reconociendo que
los Gobiernos y los interlocutores sociales cumplen funciones diferenciadas y
complementarias para la consecución del cambio transformador, la aplicación del
plan de acción situará el diálogo social efectivo en el centro del diseño, la
ejecución y el seguimiento de las políticas y medidas destinadas a promover la
igualdad de género. Dado que los desafíos y las oportunidades en materia de
igualdad de género varían en función del contexto, la asistencia técnica
responderá a las prioridades de cada región y país y apoyará la elaboración de
enfoques adaptados a cada contexto, en consulta con los mandantes tripartitos y
con el apoyo de las oficinas exteriores. Los datos y las enseñanzas extraídas
servirán de base para adaptar las actuaciones a los distintos contextos y a los
desafíos emergentes, en particular mediante enfoques y metodologías de
investigación innovadores que permitan comprender mejor los factores que
impulsan las desigualdades de género y fortalecer la base empírica sobre las
medidas eficaces para hacerles frente.
10. La aplicación del marco estratégico reforzará la incorporación de la
perspectiva de género en todas las políticas, programas e intervenciones de la
OIT mediante medidas integradas y específicas dirigidas a abordar las causas
profundas de la desigualdad de género y a promover la igualdad sustantiva.
Contará con el respaldo del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género
2026-20293, que establece el marco institucional para la integración de la
perspectiva de género, así como del plan de acción subsiguiente sobre esta
cuestión.
11. El marco estratégico consta de cuatro componentes que se refuerzan
mutuamente y se llevan a la práctica a través de los productos de alto nivel
previstos en el plan de acción”.
“21. En los últimos cinco años ha cobrado gran impulso la elaboración de
legislación nacional que amplía las protecciones a los trabajadores de la
economía de plataformas, de acuerdo con las distintas circunstancias y enfoques
de cada país. Además, se ha venido prestando creciente atención a las políticas
nacionales relacionadas con la digitalización y orientadas a aprovechar los
beneficios de las plataformas digitales de trabajo para el desarrollo
empresarial y la creación de empleo. Aunque hay poca legislación que regule
específicamente las plataformas digitales de trabajo, cada vez son más los
Estados Miembros de la OIT que solicitan asistencia técnica a la Oficina para
revisar sus leyes y políticas nacionales. Esta tendencia es generalizada,
independientemente del nivel de desarrollo económico en el que se encuentren
los Estados Miembros y de sus diferentes capacidades jurídicas, institucionales
y administrativas.
22. Desde su adopción, el Convenio núm. 193 ha suscitado un gran interés
entre los Estados Miembros, y la Oficina ha recibido diversos tipos de
solicitudes de apoyo técnico, incluidas las que atañen específicamente a los
interlocutores sociales. Entre otras cosas, se ha solicitado apoyo para la
organización de sesiones informativas tripartitas sobre el contenido y las
repercusiones del Convenio, la facilitación del diálogo social entre los
Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y la
prestación de asesoramiento técnico sobre las repercusiones que podría tener el
Convenio en las reformas legislativas que se están llevando a cabo o que se
prevé acometer, incluido en el contexto del examen de una posible ratificación.
23. Por lo tanto, la estrategia de acción prevista por la Oficina se
centrará en la aplicación práctica adaptada a las necesidades y prioridades de
los Estados Miembros, en consonancia con el resultado 8 del Programa y
Presupuesto para 2026-2027, relativo a la digitalización en pro del trabajo
decente y la justicia social, e implicará una labor conjunta del personal de la
sede y de todas las regiones.
24. La Oficina pondrá en marcha una estrategia integrada que incluirá: la
promoción de la ratificación y la aplicación; el apoyo al diálogo social; el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y la asistencia técnica;
actividades de sensibilización, promoción y desarrollo de conocimientos, y la
promoción de la cooperación internacional, las alianzas y la movilización de
recursos. Estas acciones, que se explican brevemente en los párrafos siguientes,
se inscribirán en un marco institucional para la implementación de la
estrategia que aunará los esfuerzos conjuntos de los departamentos técnicos de
la sede y de los especialistas de las oficinas exteriores”.
Buena lectura.
