domingo, 23 de febrero de 2020

Tecnología, privacidad y derechos humanos.


1. Durante el curso académico 2019 – 2020 estamos analizando en el seminario anual del área social del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia   la problemática digital. El titulo del seminario es “Repensar el mundo en la era digital. Como está cambiando Internet nuestras sociedades”. y ya hemos dedicado varias sesiones a examinar como Internet nos está transformando como personas, cuál es su impacto en la sociedad del consumo, cómo afecta al mundo del trabajo, y de qué manera puede afectar a la profundización (o no) de la democracia Queda pendiente una sesión dedicada a los riesgos de la dualización social a través de la fractura digital y otra de conclusiones. Habitualmente una buena síntesis de cada seminario se publica en un Cuaderno del centro, en versión catalana y castellano, y también en algunas ocasiones en inglés, al objeto de que sus debates y conclusiones puedan ser conocidos por todas las personas interesadas.

Ya hemos tenido además una sesión de puesta en común, debate y discusión de las cuestiones surgidas durante las tres primera sesiones, debatiendo, entre otras, sobre algunas tan interesantes y apasionantes como las siguientes: ¿Qué ganamos y qué perdemos con la digitalización? ¿De qué nos emancipa y de que nos esclaviza la tecnología? ¿Está favoreciendo la revolución tecnológica la homogeneización del conocimiento o su fragmentación? ¿Está favoreciendo la democratización o el incremento del autoritarismo en nuestras sociedades? ¿Está afectando la tecnología a la explotación laboral de las personas trabajadoras? ¿Cómo incide en las condiciones laborales, en la creación y destrucción de empleo?  

Dicho sea incidentalmente, y elogiando previamente la alta calidad de esos Cuadernos  (un total ya de 217) tengo el orgullo intelectual de haber publicado el primero en el año de la celebración de los juegos olímpicos en Barcelona, dedicado al sindicalismo y a los retos con los que entonces se enfrentaba, muchos de los cuales, con la incorporación de la tecnología ciertamente muy cambiante desde entonces, sigue siendo vigentes. Incluso, el resumen del cuaderno, con las obligadas modificaciones que deberían introducirse por el impacto del cambio tecnológico, sigue estando también vigente en gran medida y por ello me permito reproducirlo: “El tema del sindicalismo siempre es de actualidad y siempre es polémico. En estos momentos en que la crisis económica y social reviste caracteres muy específicos, lo es aún más, no sólo en los países de mercado libre sino también en los países que se rigen por una economía planificada. Creemos que la reflexión del autor, precisamente por su concisión y valentía, constituye una contribución muy valiosa para el enriquecimiento del debate sindical. Cristianisme i Justícia ofrece a sus amigos y a los lectores en general este primer cuaderno, en unos momentos en que tan necesaria es la actitud crítica, y creativa al mismo tiempo, frente a las amenazas que pesan sobre la libertad en el mundo de nuestros días”. 

2. Pues bien, me ha sugerido esta entrada el debate que tuvimos el viernes 21 de febrero en el seminario, que contó con la participación del director general de participación ciudadana de la Generalitat, Ismael Peña,   con la lectura previa por parte de las personas asistentes de un reciente artículo que ha publicado y que lleva por título “L’Estatcom a plataforma: la participació ciutadana per la preservació de l’Estat com abé comú”,   cuyo resumen (en traducción propia del original en catalán) es el siguiente: “La revolución digital nos sitúa en una interesante bifurcación de caminos. Por un lado, la progresiva desaparición de intermediarios dada la democratización de la tecnología y su apropiación para informarse y comunicarse directamente entre pares. Por otra, la aparición de nuevas plataformas tecnológicas que, en un aparente movimiento de desintermediación, se imponen como espacio hegemónico y casi-monopolístico de las relaciones de información y comunicación entre personas e instituciones. Paradójicamente, a pesar de que son caminos o tendencias diferentes, ambas tienen un origen similar en el bajo coste de las infraestructuras y las economías de red que éstas generan. Indirectamente, o a menudo directamente, además, ambas cuestionan frontalmente las funciones y la existencia misma de la Administración, las instituciones democráticas y, en definitiva, del estado como instrumento de mediación entre ciudadanos y de toma de decisiones colectivas”.

Fue un debate muy vivo y fructífero, después de una intervención del ponente que nos habló de las virtudes y también nos alertó de los riesgos que el uso de la tecnología puede tener sobre la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en nuestra sociedad, defendiendo por su parte esa participación como única vía para evitar la “desconexión” de una gran parte de la ciudadanía de aquello que ocurre a su alrededor y los riesgos que ello plantea para la cohesión social. Desde luego, no se puede decir que el Sr. Peña no nos pusiera “deberes intelectuales” a todas las personas asistentes, dada la gran cantidad de cuestiones que fueron objeto del debate.  

A título personal, la sesión me resulto muy útil por cuanto estoy envuelto en la preparación de dos intervenciones  sobre el impacto de la tecnología en lasrelaciones de trabajo,   y las reflexiones de índole más general sobre el impacto de aquella en la sociedad son de gran interés para contextualizar la problemática laboral en un entorno mucho más amplio del cambio tecnológico y de afectación no solo a las personas trabajadoras sino al conjunto de la sociedad, en donde las fronteras geográficas y las distancias físicas entre personas se difuminan, o simplemente desaparecen en muchas ocasiones, por las posibilidades que los avances tecnológicos nos permiten para estar conectados con independencia del lugar en que te encuentres. Y al mismo tiempo, me hizo pensar en los riesgos que una mala, o desviada, utilización, de esta tecnología puede tener sobre el deterioro o perdida de todos o una gran parte de los derechos humanos para una parte cada vez más importante de la población, y la referencia no es solo, ni mucho menos, a nuestra pequeña parcela geográfica catalana y española, sino a escala global.

3. Y esta combinación perfecta de un seminario en donde se debate sobre temas sociales, con una generosidad en las aportaciones de todas las personas participantes que es digna de valorar y mencionar porque la sociedad en la que vivimos no aboca precisamente a estas amplias reflexiones de carácter colectivo, y el interés propio de acercarme a todo aquello que la tecnología (utilizo este término en sentido amplio, aunque el impacto de la inteligencia artificial tiene espacio preferente en una de mis próximas intervenciones) provoca en el mundo del trabajo (procesos de selección, condiciones de trabajo, finalización de la relación, prestaciones sociales,..) me ha llevado también en este mes de febrero a la lectura diversos informes y documentos que considero que guardan relación directa con el Seminario y mis aportaciones personales, y de las que en esta entrada quiero mencionar tres por provenir todas ellas de las Naciones Unidas: la resolución adoptada en el 42º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado del 9 al 27 de septiembre del pasado año, enmarcada en el tema 3 de la agenda, dedicado a “promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, y que lleva por título “El derecho a la privacidad en la vida digital”. El informe presentado por el relator especial de las NN UU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el profesor Philip Alstom, el 11 de octubre pasado, en la 74º reunión anual; en fin, mucho más cercano el tiempo, y en el que el relator nos “saca los colores”, es el informe publicado el 7 de febrero con ocasión de su visita a España desde el 27 de enero.

4. ¿Qué deseo destacar de cada documento, además de recomendar obviamente su lectura atenta?

A) De laresolución adoptada sobre le derecho a la privacidad en la era digital, me quedo en primer lugar con la preocupación, ya manifestada en la Resolución 73/179 de 17 de diciembre de 2018 de la Asamblea General, de seguir examinado la forma “en que la elaboración de perfiles, la adopción automatizada de decisiones y las tecnologías de aprendizaje automático, a veces denominadas inteligencia artificial, cuando no contaban con las salvaguardias debidas repercutían en el disfrute de derecho a la privacidad, con el fin de aclarar los principios y las normas existentes y determinar las mejores prácticas de promoción y protección de ese derecho”.

No se niega en modo alguno en el documento los efectos positivos que tiene el buen uso de la inteligencia artificial (conceptuada en un muy reciente documento del serviciodigital gubernamental del Reino Unido de la siguiente manera: “es un campo de investigación que abarca la filosofía, la lógica, la estadística, la informática, las matemáticas, la neurociencia, la lingüística, la psicología cognitiva y la economía. La IA puede definirse como el uso de la tecnología digital para crear sistemas capaces de realizar tareas que comúnmente se piensa que requieren inteligencia. La IA está en constante evolución, pero en general:- implica máquinas que utilizan la estadística para encontrar patrones en grandes cantidades de datos- es la capacidad de realizar tareas repetitivas con datos sin necesidad de la constante guía humana”),  pero al mismo tiempo  se alerta de que el procesamiento de grandes cantidades de datos, “a menudo relacionados con datos personales, en particular sobre el comportamiento, las relaciones sociales, las preferencias privadas y la identidad de una persona, pueden entrañar graves riesgos para el derecho a la privacidad, en particular cuando se emplea para la identificación, el rastreo, el establecimiento de perfiles, el reconocimiento facial, la predicción de la conducta y/o la calificación de las personas”.

Desde luego, todas estas preocupaciones son perfectamente trasladable a la esfera de las relaciones de trabajo desde el momento previo de posible incorporación a un trabajo asalariado hasta el de su finalización, y lo mismo puede ocurrir para aquellos que baja la apariencia jurídica formal de autonomía son calificados como autónomos cuando en realidad se trata de personas trabajadoras por cuenta ajena., por lo que me parece muy acertado que se pida que las empresas respeten ese derecho a la privacidad, y otros derecho humanos, cuando recopilen y procesen información. Y con carácter más general, se pide que se respete el derecho internacional de los derechos humanos “cuando se conciban, se desarrollen y se desplieguen tecnologías nuevas y emergentes, tales como la inteligencia artificial, garantizando la existencia de una infraestructura de datos sin riesgo, segura y de gran calidad y estableciendo mecanismos de verificación de datos centrados en la actividad del ser humano y mecanismos resarcimiento”.

B) Muy importante es la reflexión a escala global elaborada por el relator especial de las NNUUen su informe presentado el 11 de octubre sobre la pobreza extrema y losderechos humanos, por el especial interés y atención que dedica a cómo la tecnología puede ser, sin duda, una herramienta importante para la mejora de las condiciones de vida de la población, pero al mismo tiempo puede obstaculizar y degradar el ejercicio de los derechos de las personas que más los necesitan, 

Me ha venido a la cabeza, después de su lectura, la película de Ken Loach “Yo Daniel Blake”, que supropio director sintetiza de esta manera: “Creo que el sistema utiliza el hambre como una herramienta para disciplinar a la población más pobre, como una forma de mantenerlos atemorizados. Cuando la gente tiene hambre no puede devolver el golpe, no tiene energías para luchar. Eso es un poco lo que describo en Yo, Daniel Blake. Esa es la posición ideológica de la película y espero que se entienda como el Estado utiliza el hambre para mantener a la gente atemorizada, débil y sin capacidad de lucha”.   De dicha película se ha dicho acertadamente por el profesor Florentino Martínque “habla de otras muchas cosas que radiografían la sociedad actual después de la crisis: la indefensión de muchas personas ante las nuevas tecnologías; la pobreza energética: el dilema de elegir entre comer o pagar la factura de la luz; las familias que están pasando hambre y no tienen otra opción que ir al banco de alimentos y una burocracia deshumanizada y fría que no facilita la situación. Un laberinto del que es muy difícil salir”.

Les dejo aquí, con la petición de su lectura integra (ya sea en el original inglés, o con un traductor casi perfecto al castellano que no es otra cosa que una manifestación de la inteligencia artificial), algunas “perlas” del informe.

… la adopción del Estado de bienestar digital se presenta como una empresa altruista y noble destinada a garantizar que los ciudadanos se beneficien de las nuevas tecnologías, experimenten una gobernanza más eficiente y disfruten de mayores niveles de bienestar. Sin embargo, a menudo la digitalización de los sistemas de bienestar ha ido acompañada de profundas reducciones en el presupuesto general de bienestar, un estrechamiento del grupo de beneficiarios, la eliminación de algunos servicios, la introducción de formas exigentes e intrusivas de condicionalidad, la búsqueda de objetivos de modificación del comportamiento, la imposición de regímenes de sanciones más fuertes y una inversión completa de la noción tradicional de que el Estado debe rendir cuentas al individuo”.

Estos otros resultados se promueven en nombre de la eficiencia, la focalización, la incentivación del trabajo, la erradicación del fraude, el fortalecimiento de la responsabilidad, el fomento de la autonomía individual y la respuesta a los imperativos de la consolidación fiscal. Mediante la invocación de lo que a menudo son términos cargados de ideología, las políticas económicas neoliberales se funden perfectamente en lo que se presentan como reformas de bienestar de vanguardia, que a su vez suelen ser facilitadas, justificadas y protegidas por las nuevas tecnologías digitales. Aunque estas últimas se presentan como "científicas" y neutrales, pueden reflejar valores y supuestos que están muy alejados de los principios de los derechos humanos y pueden ser antitéticos a ellos. Además, debido a la relativa privación e impotencia de muchos beneficiarios de la asistencia social, se imponen condiciones, exigencias y formas de intrusión que nunca se aceptarían si se aplicaran a título experimental en programas aplicables a los miembros más acomodados de la comunidad….

… Cada vez se emiten más tarjetas de pago electrónico o tarjetas de débito a los beneficiarios de la asistencia social. La información proporcionada a la Relatora Especial en relación con esos programas en Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica revela una muy similar problemas. En primer lugar, los beneficiarios suelen tener dificultades para acceder y utilizar plenamente su derecho a la seguridad social. En segundo lugar, cuando esas tarjetas son claramente reconocibles como relacionadas con el bienestar, los usuarios han expresado sentimientos de desempoderamiento, vergüenza y vergüenza, un problema que se agrava cuando los usuarios proceden de comunidades acostumbradas desde hace mucho tiempo a la exclusión.

Además, la subcontratación de la emisión y administración de tarjetas electrónicas a empresas privadas ha dado lugar a problemas como el de que se aliente a los usuarios a pagar por productos financieros comerciales y la imposición de tasas a los usuarios. implican grandes sumas de dinero y han sido durante mucho tiempo motivo de gran preocupación para los gobiernos. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos de los sistemas digitales de bienestar que se han introducido hayan sido diseñados con un énfasis particular en la capacidad de cotejar datos de diferentes fuentes a fin de exponer el engaño y las irregularidades por parte de los solicitantes de bienestar. No obstante, las pruebas de las misiones a los países realizadas por el Relator Especial, junto con otros casos examinados, sugieren que la magnitud de estos problemas se exagera con frecuencia y que a veces se presta una atención totalmente desproporcionada a esta dimensión particular de la compleja ecuación del bienestar. Las imágenes de personas supuestamente no merecedoras que reciben grandes ayudas sociales del gobierno, como la tropa de la "reina del bienestar" de Ronald Reagan, han sido utilizadas durante mucho tiempo por los políticos conservadores para desacreditar el concepto mismo de protección social. El riesgo es que el estado de bienestar digital ofrece infinitas posibilidades de llevar la vigilancia y la intrusión a nuevas y profundamente problemáticas alturas”.

… Estos problemas se ven agravados por el hecho de que, cuando se introducen las tecnologías digitales en el estado de bienestar, su impacto distributivo no suele ser un objetivo importante de los gobiernos. A menudo se da por sentado, sin justificación, que las personas tendrán fácil acceso a los documentos oficiales y podrán cargarlos, que tendrán un historial crediticio o una huella financiera digital más amplia, o incluso que sus huellas dactilares serán legibles, lo que no suele ser el caso de las personas cuya vida laboral ha supuesto un trabajo manual incesante.

En cuanto a la política de bienestar digital, se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, siempre debe haber una opción genuina y no digital disponible. En segundo lugar, los programas encaminados a digitalizar las disposiciones de bienestar deben ir acompañados de programas destinados a promover y enseñar los conocimientos digitales necesarios y a garantizar un acceso razonable al equipo necesario, así como un acceso efectivo en línea. En tercer lugar, a fin de reducir el daño causado por las suposiciones incorrectas y las opciones de diseño erróneas, los sistemas de bienestar digital deberían ser diseñados conjuntamente por los usuarios a los que están destinados y evaluados de manera participativa.

… Si bien la protección social en general debe estar concebida para proteger esos derechos, la dimensión de la dignidad corre especial peligro en el contexto del Estado de bienestar digital. Los posibles riesgos surgen en diversos contextos. En primer lugar, el proceso de determinación de la elegibilidad puede transformarse fácilmente en un proceso electrónico de preguntas y respuestas que casi inevitablemente pone a las personas ya vulnerables en una situación de desventaja aún mayor. En segundo lugar, la forma en que se enmarcan y comunican las determinaciones puede deshumanizarse y no dar lugar a un interrogatorio o aclaración significativos. En tercer lugar, el estado de bienestar digital parece implicar a menudo diversas formas de rigidez y la aplicación robótica de normas. En consecuencia, las circunstancias atenuantes, como el hecho de llegar tarde a una cita debido a obligaciones de atención urgente o de no poder comprender una comunicación escrita debido a una discapacidad o una crisis personal, no suelen tenerse en cuenta en un contexto predominantemente digital.

En cuarto lugar, los sistemas digitales no suelen estar concebidos para responder rápidamente a emergencias graves o a problemas cotidianos, como los que puede experimentar una persona de edad cuyo derecho se ha reducido o cancelado electrónicamente de forma repentina e inexplicable, o un progenitor soltero que no puede llevar a un niño a una guardería local porque la tarjeta de identificación digital no funciona. En quinto lugar, las formas en que se prestan los servicios pueden tener fácilmente connotaciones degradantes, como la exposición innecesaria a un público más amplio, el hecho de que una persona dependa de las prestaciones, o la necesidad de largos períodos de espera o la navegación de largas colas. En sexto lugar, la introducción de diversas tecnologías nuevas que eliminan el proveedor humano puede aumentar la eficiencia y ofrecer otras ventajas, pero no necesariamente puede ser satisfactoria para las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Las nuevas tecnologías suelen funcionar con arreglo a la ley de los promedios, en interés de las mayorías y sobre la base de los resultados o probabilidades previstos. En séptimo lugar, los servicios digitales corren el riesgo de eliminar, casi por completo, gran parte de la interacción humana y la compasión que probablemente sean componentes indispensables para proporcionar al menos a algunos beneficiarios de la asistencia social los cuidados y la asistencia que necesitan. Es muy probable que la suposición de que siempre hay una solución tecnológica para cualquier problema esté fuera de lugar en diversos aspectos de un sistema de protección social humano y eficaz”.

C) Por último, nadie con una mínima sensibilidad social debe dejar de leer la “Declaración”efectuada por el relator especial de NN UU tras su visitas España a finales delpasado mes de enero.

También reproduzco ahora algunas “perlas” del texto, con remisión nuevamente solicita a su lectura íntegra. Omito las citas en las que se basan gran parte de las afirmaciones contenidas en el documento, que pueden consultarse en el texto original.

“España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población, no. La cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el paro está disminuyendo, los salarios medios están aumentando y las exportaciones también están en auge. Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones Durante mi visita de casi dos semanas a España, quedó muy claro que la recuperación después de la recesión, que tan positiva ha sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco por la mayoría de los miembros de ese enorme grupo.

… El país tiene un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social en gran medida inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.

Este informe se centra en las cuestiones clave que requieren atención urgente. Entre estas cuestiones cabe destacar: adoptar medidas integrales y creativas para aliviar la crisis inmobiliaria; reestablecer condiciones decentes de trabajo, especialmente para trabajos mal pagados; diseñar un sistema nacional de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico para todas las personas que necesitadas; implementar un programa de educación para la primera infancia para todos los niños y niñas de 0 a 3 años, y lanzar reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y lograr la transparencia de los acuerdos fiscales de empresas…

La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en unos valores profundamente compartidos y una fuerte solidaridad social se ha visto gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. Actualmente España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en demasiados indicadores sociales.

Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales. La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE.

Muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas. Los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales que se vieron severamente restringidas después de 2008 no se han restaurado en numerosos aspectos. El aumento de los ingresos ha acabado principalmente en las manos de quienes ocupan el nivel más alto en la escala de distribución del ingreso.

La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio, y a otra en Madrid que me contó que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que “probara” que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el empadronamiento es la clave para acceder a los servicios sociales. Sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes de documentos muy específicas.

Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con el proceso de toma de decisiones del gobierno y la dificultad de comprender, y mucho menos utilizar, gran parte de la información proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario muy bien informado: “No falta información. Lo que pasa es que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente, o cómo evaluar los resultados o el efecto de la política”. El gobierno debería promover que la información sea más fácil de usar y acceder y que esté más relacionada con indicadores de efectividad.

Los procedimientos burocráticos, incluida la tendencia a recopilar documentación aparentemente sin ningún objetivo claro, y una cultura de verificación interminable, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos básicos parecen más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Pero es notablemente difícil cambiar la forma en que operan las arraigadas burocracias. Dados los costes e ineficiencias del lado del gobierno, y las molestias e inconveniencia del lado de la ciudadanía y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debería iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el papeleo innecesario y reformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría llevarla a cabo un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deberían incluir: reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto por los derechos humanos, facilitar el empadronamiento y garantizar que las personas conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.

En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: “Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida”. Según la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. En 2018-19, la cosecha de fresas en Huelva facturó 533 millones de euros y el mayor productor es Driscoll’s y sus empresas asociadas. Driscoll’s cuenta con un conjunto de estándares laborales que “se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción”. Debido a que las condiciones que observé en Huelva eran simplemente inhumanas y dado el dominio de esta empresa multinacional en la industria local y global de la fresa, tengo planeado preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área”. 

Buena lectura.

sábado, 22 de febrero de 2020

Y al final, valió la pena. Nueva sentencia del TS con perspectiva de género. Cómputo, a efectos de cotización, del tiempo dedicado al servicio social femenino. A propósito de la sentencia de 6 de febrero de 2020 y referencias a nuevas aportaciones doctrinales).


1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog una nueva sentencia de la Sala Social delTribunal Supremo dictada con perspectiva de género, el 6 de febrero, de la que fue ponente la magistrada María Luisa Segoviano, estando aquella también integrada por los magistrados Ángel Blasco y Sebastián Moralo, y las magistradas María Luz García y Concepción Rosario Ureste.

La resolución judicial estima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte trabajadora contra la sentencia dictada porla Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 15 dejunio de 2017, de la que fue ponente la magistrada María del Mar Gan. 


El TSJ catalán había estimado el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona el 17 de enero de 2017, que había estimado la demanda interpuesta y reconocido el periodo prestado en el servicio social de la mujer como cotizable a efectos de cómputo del período requerido por la normativa de Seguridad Social para acceder a la jubilación anticipada. Ya adelanto que el TS acogerá la doctrina fijada en la sentencia aportada de contraste, dictada porla Sala de lo Social de TSJ del País Vasco el 11 de octubre de 2016, de la que fue ponente el magistrado Manuel Díaz de Rábago. 

El resumen oficial de la sentencia del TS es el siguiente: Pensión de jubilación anticipada. Cómputo del periodo de realización del Servicio Social de la mujer, a efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada, ex artículo 208. 1b), último párrafo LGSS. Interpretación de conformidad con el artículo 4 de la LOIEMH. Interpretación con perspectiva de género. Por su parte, el del TSJ del País Vasco, en la sentencia de contraste, es éste: “El tiempo dedicado al cumplimiento del servicio social obligatorio es computable para acreditar el período de cotización mínimo exigido para tener derecho a la pensión de jubilación anticipada”.  No hay síntesis o resumen de la sentencia recurrida del TSJ de Cataluña.

La sentencia del TS, importante por aquello que significa de seguir avanzando en la interpretación y aplicación de las normas con perspectiva de género y con rechazo de interpretaciones meramente literalistas de la norma y que no toman en consideración el principio constitucional, y también de derecho comunitario, de igualdad y no discriminación, mereció una nota de prensa del gabinete de comunicación del Poder Judicial, titulada “El Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho de una mujera computar el servicio social para la jubilación anticipada”, acompañada de este amplio subtítulo “Recuerda que la finalidad tanto del servicio militar como del “Servicio Social de la Mujer” fue similar, tal y como establece el Decreto número 378 de octubre de 1937, como un servicio obligatorio para hombres y mujeres”, y señalando que la sentencia concluye que “resultaría discriminatorio reconocer a los hombres a efectos de jubilación anticipada el cómputo del servicio militar o la prestación sustitutoria, como reconoce el artículo 208.1.b de la LGSS, y, en cambio, rechazarlo en el caso de las mujeres”.  

Una nueva sentencia del TS con perspectiva de género que llega poco después de que se dictara otra en la misma línea, el 29 de enero, relativa al reconocimiento de una mujer  a cobrar una pensión en favor de familiares por la muerte de su madre, pensionista del antiguo régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), objeto de mi atención en una anteriorentrada, en la que expuse que “en esta sentencia, que rectifica la doctrina anterior de la Sala, se vuelve a interpretar la normativa en materia de Seguridad Social con una perspectiva de género en cuanto que se trata de suprimir discriminaciones que sufría la mujer por su posición en el mercado de trabajo, y se aplica por primera vez por la Sala Social del TS, al menos hasta donde mi conocimiento alcanza, la construcción jurisprudencial del TJUE de discriminación por asociación que encuentra sus raíces en la sentencia de 17 de julio de 2008 (C-303/06, caso Coleman)”.

2. Una nueva sentencia que dará pie también a seguir profundizando por la doctrina jurídica en la investigación con perspectiva de género.

Justamente, se acaba de publicar un amplio estudio al respecto, coordinado por las profesoras María Jesús Espuny y Elisabet Velo, y el profesor Daniel Vallès, de la unidad docente de Historia de Derecho y de las Instituciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado “La investigación en Derecho con perspectiva degénero”, que recoge nada  más ni nada menos que veintitrés aportaciones de profesorado de la Facultad de Derecho de esta Universidad que, desde sus distintos ámbitos jurídicos de conocimiento, abordan esta temática y cuya lectura es altamente recomendable.

En el resumen del libro se explica que los artículos que se recogen en esta obra suponen “una nueva aportación interdisciplinar del profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) a la preocupación continuada por la inclusión de la perspectiva de género en la investigación, como en su momento ya se incidió en la docencia, tal y como se explicó en la publicación anterior de esta misma colección”, así como también que “El objetivo 5 de la Agenda 2030 adoptada por las Naciones Unidas trata de la igualdad de género. Su propósito es poner fin a todas las formas de discriminación hacia las mujeres estableciendo los marcos legales necesarios al tiempo que erradicar las prácticas nocivas todas las formas de violencia contra las mujeres. El IV Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona señala como objetivo estratégico la introducción de la perspectiva de género en la investigación, ofreciendo recursos y formación al personal docente e investigador (PDI) en este campo al tiempo que se incentivan los estudios de género. El compromiso del profesorado de la Facultad de Derecho de la UAB, así como del Centro de Estudios y de Investigación “Dones i Drets” del que forman parte, ha dado como resultado la edición de esta publicación, que esperamos que ayude a extender la investigación con perspectiva de género a las facultades de Derecho de las diferentes universidades del país”.

En el prólogo de la obra, la Directora del Observatorio para la igualdad de la UAB María Prats, enfatiza que la introducción de la perspectiva de género en la investigación “es una necesidad, una obligación y una demanda social a la que hay que dar respuesta de manera urgente”, subrayando que en el ámbito de las ciencias sociales “las investigaciones en el campo de las ciencias jurídicas han destacado y siguen siendo pioneras en la aplicación del enfoque de género en las diferentes ramas de la disciplina”.

Por su parte, la profesora María Jesús Espuny se pregunta, en la presentación de la publicación, si la política legislativa o las resoluciones judiciales pueden afectar o tener un impacto diferente para las mujeres  y los hombres, y afirma con contundencia que “la utilización de nuevos conceptos exige incorporar ideas distintas que permiten analizar resultados diferentes en una investigación”. En su sumaria explicación de cómo se agrupan las aportaciones de la obra colectiva, la profesora Espuny apunta una tesis que sin duda ya está siendo recogida en las resoluciones judiciales que dan respuesta a cada conflicto planteado con aplicación de la perspectiva de género: “los principios establecidos normativa y socialmente deben ser identificados a través de factores y variables en relación al género y su interacción resultará imprescindible en cualquier análisis”.

Desde  mi ámbito de conocimiento y estudio, el de las relaciones de trabajo, lógicamente deseo subrayar una de aquellas aportaciones que se realizan en este campo. La profesora Elisabet Velo aborda cómo era contemplada la mujer en la Ley de Relaciones Laborales de 1976, y tras un amplio estudio de su contenido y de las fuentes bibliográficas de obligada referencia, concluye que la norma “se queda en una declaración de intenciones que en el fondo, y a pesar de elevar algunas cuestiones como la igualdad salarial y la igualdad de contratación independientemente del estado civil, existen excepciones que invalidan esa norma para considerar que efectivamente es un instrumento para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  

No menos destacables son las contribuciones de mis compañeros de unidad docente David Gutiérrez y Xavier Solà, el primero tratando de la problemática de la extinción voluntaria del contrato de trabajo en supuestos de acoso sexual o por razón de sexo, y el segundo abordando la protección de las trabajadoras embarazadas frente a la extinción de la relación laboral durante el periodo de prueba.

En fin, una de las personas que han coordinado la obra, el profesor Daniel Vallés, aborda el importante caso de la primera mujer que se colegió como abogada ejerciente en el Colegio de Abogados de Barcelona, el 30 de septiembre de 1927, María Soteras, que pone como ejemplo, de lo que califica en el título de su artículo como “represión sexuada en aplicación de la Ley de responsabilidades políticas franquistas”. Me permito destacar que el profesor Vallés ha publicado muy recientemente una brillante monografía que lleva por título “Las reparaciones económicas por losdaños derivados de la guerra civil española y del franquismo”,  resultado de su tesis doctoral, en cuya introducción destaca que “la descripción de estas medidas de resarcimiento nos permitirá observar las diferentes políticas legislativas que se han desarrollado en el Estado Español y por tanto la determinación las prioridades y exclusiones de reparación que han regido estas políticas”, concluyendo que “de hecho, será fácil ver que no se han resarcido ni todos los daños ni todas las víctimas, a imagen y semejanza de cualquier programa de reparación de cualquier otro país en transición”.

Por otra parte, qué era el servicio social femenino y cuáles eran sus finalidades y objetivos, es objeto de atención por la profesora Espuny en su artículo “Aproximaciónhistórica al principio de igualdad de género: el empleo femenino después de laguerra (II)”,  y también merecerá la atención de la sentencia que da pie a esta entrada. Fue creado por Decreto de 7 de octubre de 1937, con carácter obligatorio (“La imposición del “Servicio Social” a la mujer española ha de servir para aplicar las aptitudes femeninas en alivio de los dolores producidos en la presente lucha y de las angustias sociales de la post-guerra, a la vez que valerse de la capacidad de la mujer para afirmar el nuevo clima de hermandad que propugnan los veintiséis puntos programáticos”). Como explicaba la profesora Espuny, el servicio social era “un “deber nacional” de todas las mujeres españolas de edades comprendidas entre los 17 a los 35 años. Consistía en el desempeño de funciones mecánicas, administrativas o técnicas precisas para el funcionamiento y el progresivo desarrollo de las instituciones sociales establecidas por la Delegación Nacional de Auxilio Social de Falange Española Tradicionalista de las JONS o articulados en ella. La duración mínima del Servicio Social “era de seis meses, de manera ininterrumpida o por fracciones, no menores de un mes, espaciadas a lo largo de un plazo máximo de tres años”, y era necesario justificar haberlo cumplido para el ejercicio de funciones públicas o la obtención de títulos profesionales.  La equiparación de hecho, que no de derecho, con el servicio militar obligatorio para los hombres se justificaba en el preámbulo en estos términos: “Hasta hoy el servicio militar obligatorio cumplía esos fines mediante la movilización de todos los hombres aptos para el manejo de las armas. Futuras medidas de gobierno ensancharán en España la extensión e intensidad de esta prestación varonil a los designios del Estado. Respecto de la mujer nada había sido establecido hasta el día. Quedaba, pues, apartada del servicio inmediato de la Patria y del Estado, los cuales no recibían el caudal de colaboraciones y esfuerzos que la mujer española puede proporcionarles en abundancia y rectitud”.

Por otra parte, el Decreto de 9 de febrero de 1944, por el que se reforma la normativa de creación,dispone en su introducción que “El  «Servicio  Social»  no  debe  ser  sólo  medio  personal para  el  cumplimiento  de  sus  fines  por  las  Instituciones benéfico-sociales,  aportando  a  ellas  la  generosidad,  abnegación  y  sacrificio  del  espíritu  femenino,  sino  también medio  de  conseguir  la  formación  de  la  mujer  española, amoldándose  así  -a  la  aspiración  del  nuevo  Estado  de conseguir  que durante  los  seis  meses  que  el  «Servicio Social»  comprende,  las  cumplidoras  del  mismo  reciban las  enseñanzas  y  la  formación  que  las  capacite  para  su futura  misión  en  la  vida  dentro  del  hogar  y  de  la  familia”. 

3. El litigio del que ha conocido el TS encuentra su origen en sede judicial con ocasión de la demanda presentada sobre reconocimiento del derecho a percibir la prestación anticipada de jubilación contributiva. Como ya he indicado, la demanda fue estimada en instancia, tras que previamente el INSS desestimara la petición y en su resolución de 22 de abril de 2016 recordara que el art. 208 de la entonces vigente Ley General de Seguridad Social no contemplaba “que el Servicio Social sustitutorio sirva para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido”. En los hechos probados de la sentencia del JS consta que la demandante realizó el Servicio Social de la Mujer desde el 1 de abril al 9 de mayo de 1968, “obteniendo además una bonificación de 100 días”.

Interpuesto recurso de suplicación por el INSS, fue estimador por el TSJ. En su sentencia de 15 de junio de 2017 la sala autonómica catalana acogió la tesis del INSS de que “en ningún caso se desprende del art 208 de la LGSS la extensión a otras situaciones tales como la discutida del Servicio Social de la Mujer, pues el contemplar una excepción a la regla general debe de ser interpretada de forma restrictiva”.

La argumentación del TSJ se resume perfectamente a mi parecer en este párrafo del fundamento de derecho quinto: “Que examinando las disposiciones que regulaban el denominado servido social a la mujer española, ninguna de dichas disposiciones conforme a las cuales hubo de prestar la demandante el servido social obligatorio, durante el período que reclama, asimilaron tal período al trabajo por cuenta ajena, no contemplaron obligación alguna de la autoridades competentes en orden a una supuesta afiliación, alta o cotización, a cualquier sistema de cobertura pública o privada, por lo que es claro que si durante el período en el que por la actora se realizó dicha prestación social obligatoria nunca estuvo comprendida dentro del ámbito de cobertura de cualquier sistema público de previsión social, no puede reconocérsele dicho período a efectos del cálculo del porcentaje de la prestación de jubilación que tiene reconocida, al respecto pueden citarse las sentencias del Tribunal Supremo de 22-2-2007 y 10-11-09, señalando esta última que aun pudiendo considerarse tal período como de asimilado al alta, al no existir obligación de cotizar no puede tomarse en consideración a los efectos del derecho que se reclama. (pensión jubilación y servicio militar obligatorio)”.

4. Contra la sentencia del TSJ catalán se interpuso RCUD por la parte trabajadora, aportando como sentencia de contraste la ya referenciada del TSJ del País vasco de 11 de octubre de 2016. La contradicción entre ambas resoluciones, requerida por el art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, es clara y evidente, ya que, tal como explica muy acertadamente el TS en el fundamento de derecho segundo, “en ambos supuestos se trata de trabajadoras que solicitan la jubilación anticipada y les es denegada por el INSS por faltarles unos pocos días para cumplir el periodo de carencia - 7 en la sentencia recurrida, 19 en la de contraste- no computando, a efectos de periodo de carencia para acceso a la pensión de jubilación, el periodo en el que estuvieron realizando el Servicio Social de la mujer. Las sentencias comparadas han llegado a resultados contradictorios, en tanto la recurrida entiende que no ha de tomarse en consideración dicho periodo, la de contraste razona que se ha de considerar, a efectos de completar el periodo mínimo de cotización para acceso a la pensión de jubilación anticipada”.

La importante sentencia del TSJ del País Vasco mereció también la atención del gabinete de comunicación del Poder Judicial, que publicó una nota de prensa titulada “El antiguo‘servicio social’ de las mujeres cuenta para solicitar la jubilación anticipada” y el subtítulo “El TSJ del País Vasco dicta una sentencia pionera que reconoce el derecho de una mujer a computar su paso obligado por la 'Sección Femenina' para jubilarse a los 61 años” 

¿Cuál fue la argumentación de la sentencia de contraste para llegar a la conclusión de toma en consideración del período prestado obligatoriamente en el Servicio Social de la Mujer para su cómputo a efectos de cotización a la SS? La muy rigurosa y fundamentada doctrina sentada se apoya tanto en nuestra Constitución como en el derecho comunitario, y se encuentra recogida en estos fragmentos del fundamento de derecho cuarto:

“un canon prioritario de interpretación normativa es el de leer la norma en términos compatibles con nuestra Constitución, desechando comprensiones de la misma que la vulneren, según ordena a los jueces el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Por lo demás, el art. 3.1 del Código Civil (CC) nos dice que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El examen de la tramitación parlamentaria de la Ley 40/2007 revela que el proyecto inicial no incluía ese inciso segundo del art. 161 bis 2.c), que sólo aparece a consecuencia del informe de la ponencia en el Congreso, sin que conste indicación alguna de que bajo la expresión "prestación social sustitutoria" quisiera acotarla a la contemplada entonces en el ordenamiento jurídico, en desarrollo del art. 30.2 CE.

La Sala entiende que bajo esa expresión cabe entender incluido, igualmente, el período de trabajo obligatorio efectuado por las mujeres al amparo del Servicio Social creado por Decreto de 7 de octubre de 1937 y reglamentado por Decreto de 28 de noviembre de 1937, con sus modificaciones aprobadas por Decretos de 31 de mayo de 1940 y 9 de febrero de 1944, vigente hasta el 1 de septiembre de 1978, en que entró en vigor el R. Decreto 1914/1978, de 19 de mayo, que lo suprimió, toda vez que se configuró como un deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años, que mientras lo cumplían se consideraban empleadas en el servicio inmediato a España (art. 2 del Reglamento), con un régimen jurídico equiparable en parte al de los varones al servicio de las armas (arts. 4 y 5 del Reglamento), viniendo a cumplir, por tanto, para las mujeres, una función sustitutoria del servicio militar obligatorio de los varones.

Por otra parte, la lectura de la norma de forma compatible con la prohibición constitucional de la discriminación por razón de sexo refuerza esa misma comprensión.

En fin, la razón de la equiparación como días cotizados, a efectos del cumplimiento del período mínimo de cotización, se advierte fácilmente: se trata de un período de trabajo activo prestado al Estado, en beneficio y por orden de éste, excluido legalmente de cotización. La similitud de situación es patente y, por ello, debe operar la finalidad protectora que se pretende con ese cómputo como días cotizados”.

5. Detengámonos brevemente en la tramitación parlamentaria de la Ley 40/2007, para completar el argumento expuesto por el TSJ vasco y que posteriormente será hecho suyo por el TS.

En el proyecto deley de medidas en materia de Seguridad Social, publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 2007, se incorporaba un nuevo artículo 161 bis a la LGSS, mediante el que se regulaba la jubilación anticipada, siendo uno de los requisitos para poder acceder “c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efecto, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias”  

En las enmiendaspresentadas al proyecto de ley  no se encuentra referencia alguna a la modificación finalmente incorporada. Sí se encuentra, como muy bien recuerda el TSJ vasco, en el informe de la ponencia  si bien sin ninguna explicación en el preámbulo del por qué de su incorporación. El texto se mantuvo ya inalterado en este punto durante la restante tramitación parlamentaria. Tampoco he encontrado, salvo error u omisión por mi parte, referencia alguna a la modificación el debate celebrado en el Pleno delCongreso de los Diputados con ocasión de la aprobación del proyecto de ley 

6. Con prontitud centra el TS la cuestión a resolver, cual es la de “determinar si, a efectos de completar el periodo mínimo para acceder a la jubilación anticipada, ha de tenerse en cuenta el tiempo de prestación del Servicio Social obligatorio de la mujer, aplicando lo establecido en el artículo 208.1 b), último párrafo de la LGSS respecto al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria”, y con no menor diligencia afirma, al iniciar su fundamentación jurídica, que comparto plenamente, que “El recurso ha de ser estimado por considerar la Sala, por las razones que a continuación se expondrán, que el periodo en el que la actora realizó el "Servicio Social de la Mujer" ha de ser computado a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación anticipada”.

Recuerda el TS en primer lugar la normativa reguladora del Servicio Social de la Mujer, incluyendo la referencia a su supresión por el Real Decreto 1914/1978 de 19 demayo, de artículo único, justificándose esta en la introducción porque “la transformación de la sociedad española y de las normas de carácter fundamental que regulan la convivencia nacional aconsejan derogar las disposiciones reguladoras del servicio social obligatorio, nacido en circunstancias políticas diferentes e inspiradas en principios superados en el momento actual”.

Pasa revista a continuación a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de febrero para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, enfatizando la importancia de sus arts. 14 y 15,  que regulan los “Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos”, y la “Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres”,  para concluir, en la misma línea que ya lo hecho en sentencias anteriores que ha aplicado la perspectiva de género, que “el principio de integración de la dimensión de género vincula a todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Aparece así la obligación de Jueces y Tribunales, como poder del Estado, de incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de la potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117. 3 de la Constitución”.

Indica a continuación la sentencia, en su fundamento de derecho cuarto, las normas tomadas en consideración para llegar a la conclusión estimatoria del RCUD, que son la Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad Social, arts. 1 y 4; CE, art. 14; LO 3/2007, arts. 1,3,4 y 6; LGSS, arts. 2 y 208 1 b); Decreto núm. 378 de 11 de octubre de 1937 por el que se crea el Servicio Social de la Mujer, en concreto su exposición de motivos y el artículo cuarto.

7. A partir de aquí entra el TS propiamente hablando en su argumentación tendente a considerar como correcta la interpretación efectuada por la sentencia de contraste, que se concreta en estos contenidos:

La interpretación literal del art. 208. 1 b), último párrafo, de la LGSS “conduciría a violar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de Seguridad Social, proclamado en la normativa europea - artículos 1 y 4 de la Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978- y en la normativa interna - artículos 14 de la Constitución, 1, 4 y 6 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 2.1 de la Ley General de la Seguridad Social”, por cuanto el reconocimiento de un período no cotizado a los efectos de acceder a la jubilación anticipada únicamente se reconoce a los hombres, ya que solo estos realizaban el servicio militar o la prestación social sustitutoria.

Aunque no realizaban el SM, o de forma alternativa la PSS posteriormente, las mujeres también estaban obligadas a realizar otro servicio, en este caso el llamado servicio social de la mujer, con la importante diferencia de que este no sería reconocido más adelante, como sí el SM o la PSS, para computarlo a efectos de cotización a la SS para poder acceder a la prestación de jubilación anticipada. Es decir, subraya con pleno acierto la Sala, en ambos casos el servicio, ya sea realizado por hombres o por mujeres, “se configura como un deber”, y la finalidad de sus prestaciones es similar, “el servicio a la patria”.

Si ambas prestaciones eran obligatorias, y si ambas tenían la misma finalidad, la única interpretación que cabe de la normativa de SS en juego, afirma con contundencia la Sala, es aquella que lleva a considerar computable a efectos de cotización a la SS el período dedicado por la mujer trabajadora al servicio social en los mismos términos que se reconoce el SM o la PSS, ya que sólo así “mediante la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del precepto - artículo 208..1 b), último párrafo, de la LGSS- se alcanza la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”.

En conclusión, y para dar respuesta concreta a la pretensión formulada, la Sala casará la sentencia de suplicación, confirmándose pues la tesis de la sentencia de instancia, no sin antes recordar que la aplicación del criterio hermenéutico plasmado en el art. 4 de la LO 3/2007 (“La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”) ya fue tomado en consideración en la sentencia de 21 de diciembre de 2009, de la que fue ponente la magistrada María Lourdes Arastey.

Buena lectura.