sábado, 16 de agosto de 2014

¿Recuperación del diálogo social? Del comunicado de 18 de marzo a la firma del acuerdo de 29 de julio, a la espera de la concreción de las medidas a partir de septiembre. Una nota sobre la protección social a los colectivos más necesitados.



1. Poco antes del inicio del período vacacional “clásico” en España, el mes de agosto (salvo para las muchas personas a las que la crisis económica les ha dejado sin esa posibilidad, y salvo para las muchas, muchísimas personas, en especial jóvenes, que tratan de obtener unos ingresos durante toda la temporada estival que les permitan tener algo más de seguridad económica en otros períodos del año, o pagar la matrícula de sus estudios), el gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas(CEOE, CEPYME, CC OO y UGT) suscribieron (el 29 de julio) un documento que parece marcar la reanudación del diálogo social en el ámbito estatal, aunque como ocurre con todos los acuerdos alcanzados en tales fechas su concreción se deja para aquello que en la jerga periodística se ha dado en llamar “nuevo curso político” (una variante del “nuevo curso académico que se utiliza en el ámbito educativo), es decir a partir de septiembre o más adelante.

jueves, 14 de agosto de 2014

Despidos colectivos. Nuevamente sobre el “empresario verdadero”. Nota a la sentencia del TS de 18 de febrero de 2014 (y referencias a otras sentencias del TS y de la AN).



1. La doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de procedimientos de despidos colectivos operados tras la reforma laboral de 2012 puede considerarse ya muy amplia y variada. Amplia, por el elevado número de sentencias ya dictadas, algunas de ellas sobre asuntos de indudable trascendencia no sólo jurídica sino también social; variada, porque se observan diferentes planteamientos que un sector jurídico cercano al mundo empresarial ve con preocupación por la “inseguridad jurídica” que provoca y que a mi parecer no deja de ser una mera, y clara, manifestación, de la forma de entender por cada magistrado y magistrada cómo resolver cada caso y cómo debe aplicarse, e interpretarse, la normativa internacional, europea y estatal aplicable.

miércoles, 13 de agosto de 2014

La estrecha y obligada relación entre la información “trascendente” y la posibilidad de negociar durante el período de consultas de un despido colectivo (tesis antiformalista). Nota a la sentencia del TS de 25 de junio.



1. Es objeto de esta nota la sentencia dictada el 25 de junio por la Sala de lo Social delTribunal Supremo, de la que fue ponente la magistrada Lourdes Arastey. La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2013 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que declaró la conformidad a derecho de la decisión extintiva adoptada por la empresa.

martes, 12 de agosto de 2014

Despidos colectivos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Diferente criterio jurídico del TSJ y TS (con voto particular) sobre la validez de los criterios de selección de los afectados. Nota a la sentencia del TS de 25 de junio (y sus efectos colaterales) (y II).



5. La parte empresarial solicitó el 26 de marzo “Aclaración de la sentencia”,  invocando la posible lesión del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 de la CE, con base en lo dispuesto en el art. 267 de la Ley orgánica del poder judicial (“1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. 2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración”) y art. 214 y 125 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La estrategia empresarial (quizás, pero esta es sólo una hipótesis de trabajo muy personal, al objeto de dejar abierta una vía argumental en el que basar parte del recurso de casación, planteando la estimación parcial de los despidos efectuados) planteaba que el fallo de la sentencia, “de estimación parcial de las demandas…. pudiera no resultar claro”, y pedía al TSJ que “aclarara” la sentencia para que “clarificara” si la estimación parcial de las demandas se refería a que “considera ajustada a derecho la aplicación del criterio de la edad como primer criterio de selección de los trabajadores afectados por los despidos y no ajustada a derecho la aplicación del segundo criterio (el criterio de evaluación continua), basando su petición de “aclaración” en diversas manifestaciones contenidas en los fundamentos jurídicos de la sentencia, “de las que se desprende que la Sala considera que el criterio de la edad ha sido correctamente aplicado” y concluyendo que “si el fallo de la sentencia no se interpretase en los términos expuestos, el mismo podría resultar contradictorio con su Fundamentación Jurídica, en los términos expuestos” (fina estrategia empresarial que hace decir a la Sala algo que fue valorado de una determinada manera pero que no fue tomado en consideración en el fallo porque la buena fe negocial no se puede “trocear”, a mi parecer, según que la hayas practicado en una parte del procedimiento de despido colectivo -- algo ciertamente que también estaría por ver si se atiende a las críticas y alegaciones de las demandantes—y en otras no).

Despidos colectivos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Diferente criterio jurídico del TSJ y TS (con voto particular) sobre la validez de los criterios de selección de los afectados. Nota a la sentencia del TS de 25 de junio (y sus efectos colaterales) (I).



1. El 18 de junio el gabinete de comunicación del poder judicial publicó una escueta nota (muy escueta, ciertamente, si la comparamos con otras publicadas en conflictos laborales de idéntica importancia) con el título “El Supremo convalida eldespido colectivo del ayuntamiento de Jerez”, el subtítulo “La Sala Social convalida la extinción colectiva de contratos en un ayuntamiento al existir causa económica por insuficiencia presupuestaria y financiera según la misma normativa”, y el siguiente contenido “En el recurso relativo al despido colectivo del ayuntamiento de Jerez, que afectó a 260 trabajadores sobre un total de 1.305, el Tribunal Superior de Justicia había declarado no ajustado a derecho el cese por insuficiencia de los criterios de selección de afectados. El recurso del ayuntamiento es estimado y se declara ajustado a derecho el despido por estimar suficientes los criterios invocados y por apreciar causa económica según la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores introducida por la Ley 3/2012 (insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes) a la vista de la situación económico-financiera del ayuntamiento según los hechos declarados probados”.  Como puede comprobarse, de la lectura de la nota parecería deducirse que no había votos particulares a la sentencia, algo que sinceramente me extrañó mucho; deducción que se manifestaría incorrecta al conocer el texto íntegro de la sentencia, al que se acompañaba voto particular emitido por el magistrado Fernando Salinas y al que se adhieren dos magistradas y tres magistrados.