domingo, 8 de noviembre de 2026

Sobre exención (ajustes razonables) del uso de la IA en el trabajo por creencias religiosas (en Estado Unidos). ¿Puede darse el caso David Durman en la UE? ¿Y En España?

 

La lectura del que vamos a llamar “caso David Durman” me ha sugerido esta entrada  y la pregunta que formulo en su título.

En todos los artículos que voy a citar encontrarán los lectores y lectoras amplia información al respecto. Muy resumidamente ahora, se trata de un administrador de investigación (research administrator)  en la Universidad norteamericana de Kentucky a quien se le concedió el permiso para no utilizar personalmente inteligencia artificial (IA) en su trabajo, como una adaptación por motivos de creencias religiosas al amparo del Título VII de la Ley federal de derechos civiles (CivilRights Act) de 1964   , por la que se creó la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. En dicho Título, el término “religión” ... abarca todos los aspectos de la observancia y la práctica religiosas, así como las creencias, salvo que el empresario demuestre que no puede adaptarse de forma razonable a la observancia o práctica religiosa de un empleado o de un candidato a un puesto de trabajo sin que ello suponga una carga excesiva para el desarrollo de su actividad empresarial”.

Recordemos que la normativa europea, ampliamente interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, se encuentra en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación   , cuyo art. 1 dispone que “tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato”, con amplias matizaciones en el art. 4.2 “en el caso de las actividades profesionales de iglesias y de otras organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones de una persona”.  Para España, la norma de referencia (y obviamente no me olvido del principio de igualdad y no  discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución, y el art. 16 sobre el derecho de libertad religiosa) es la Ley 15 /2022 de 12de julio,   integral para la igualdad de trato y la no discriminación  , que prohíbe en su art. 2.1 todo tipo de discriminación “... por razón de ... religión, convicción u opinión”.

Para un exhaustivo estudio de la libertad religiosa en las relaciones de trabajo es obligado remitirse a la obra del profesor, y letrado, Albert Toledo Oms “Relaciónlaboral y libertad religiosa”  . En mi reseña del libro  manifesté que “estamos ante un Tratado del derecho de libertad religiosa, y no sólo de la afectación de esta a la relación laboral que se da tanto en el sector privado como en el público. Por ello, su lectura, sabiendo que se necesitará disponer de bastante tiempo para ello, es altamente recomendable para todas las personas interesadas en el estudio del impacto y de la importancia de la religión en nuestras vidas cotidianas; y, no olvidemos que esas vidas son, en una buena parte de su tiempo, las laborales de las personas trabajadoras”.  

Por mi parte, remito a la entrada “Libertad religiosa y relaciones de trabajo. Estudio de la jurisprudencia del TJUE, TEDH y tribunales españoles (recopilación 2015-2022)”  y a varios artículos posteriormente publicados, en especial la entrada “La inteligencia humana plantea con seriedad y rigurosidad el necesario debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en general y en el mundo del trabajo en particular. Mi selección, personal y muy subjetiva, de los contenidos más destacados de la Encíclica Magnífica Humanitas (sin ayuda de la IA), y más lecturas recomendadas sobre IA” 

Recupero a continuación diversos artículos publicados sobre el caso David Durman, para animar a las y los lectores del blog a pensar sobre cuál puede ser la respuesta en sede comunitaria y en España si se da un caso semejante, y sobre la importancia no sólo de la protección de las creencias religiosas sino también de la obligación empresarial de realizar ajustes razonables de adaptación cuando ello sea posible, algo que en el caso ahora examinado no parece que planteó mayores problemas. Los textos y artículos consultados han sido publicados todos en inglés y he efectuado su traducción (la negrita es mía). 

Y la preguntas son las siguientes ¿incluimos las creencias manifestadas por David Burman, si se tratara, por ejemplo, de un trabajador belga, en la normativa comunitaria?  ¿y si se tratara de una trabajadora española en nuestra normativa?   Sin duda, un buen debate. 

Buena lectura

  

1. Ejemplos de discriminaciónreligiosa en el lugar de trabajo

Por Balrina Ahluwalia, abogada | Revisado legalmente por Laura Temme, abogada. 30 de mayo de 2025.

“La discriminación religiosa en el ámbito laboral se refiere al trato injusto hacia empleados o candidatos a un puesto de trabajo debido a su religión; esto abarca sus puntos de vista, creencias o prácticas religiosas. La discriminación laboral por motivos religiosos puede darse en cualquier aspecto de la relación de empleo. Este tipo de discriminación suele estar relacionado con religiones tradicionales, tales como:

•           El hinduismo

•           El judaísmo

•           El cristianismo

•           El islam

•           El budismo

Sin embargo, la discriminación religiosa no tiene por qué basarse necesariamente en la afiliación a un grupo religioso. También puede fundamentarse en las convicciones morales o éticas que una persona sostiene sinceramente, lo cual incluye la ausencia de creencias religiosas.

¿Es ilegal la discriminación religiosa en el lugar de trabajo?

Por lo general, sí.

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII) es la principal ley federal que prohíbe la discriminación laboral basada en la religión y otras características protegidas. Estos incluyen:

•           Raza

•           Color

•           Sexo/género

•           Origen nacional

El Título VII (Title VII) prohíbe que la mayoría de los empleadores en los Estados Unidos incurran en discriminación religiosa. Esto significa que deben prevenir y abordar la discriminación o el acoso por motivos religiosos en el lugar de trabajo. Asimismo, deben realizar adaptaciones razonables para las creencias religiosas que sus empleados sostienen sinceramente.

Adaptaciones religiosas en el lugar de trabajo

Conforme al Título VII, los empleadores están obligados a ofrecer a sus empleados adaptaciones razonables por motivos religiosos, a menos que esto suponga una dificultad excesiva para la organización. No hacerlo puede constituir discriminación religiosa.

En ocasiones, un empleador debe denegar una solicitud de adaptación debido a que esta supondría una dificultad excesiva. Si este fuera el caso, el empleador debería, aun así, explorar alternativas para atender la petición del empleado.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) —un organismo federal— se encarga de hacer cumplir las obligaciones de los empleadores bajo el Título VII. Muchos estados cuentan con sus propias leyes contra la discriminación, las cuales establecen protecciones más amplias y requisitos adicionales en cuanto a adaptaciones religiosas.

Casos ante la Corte Suprema

Algunos casos recientes ante la Corte Suprema ayudan a ilustrar cómo el Título VII protege a los empleados frente a la discriminación religiosa. A continuación, analizamos brevemente ambos casos.

EEOC contra Abercrombie & Fitch Stores (2015) 

En 2015, la Corte Suprema dictaminó que los empleadores pueden ser considerados responsables de discriminación religiosa si la necesidad de un candidato a un puesto de trabajo de recibir una adaptación por motivos religiosos constituye un factor determinante para no contratarlo.

El caso EEOC contra Abercrombie & Fitch Stores giró en torno a una adolescente musulmana que solicitó un empleo en Abercrombie & Fitch. Debido a sus creencias religiosas, ella utilizaba un pañuelo en la cabeza conocido como «hiyab». Al gerente le causó una buena impresión, pero no la contrató porque la «política de imagen» (Look Policy) de la empresa prohibía el uso de prendas que cubrieran la cabeza.

La Corte señaló que evitar posibles adaptaciones para prácticas religiosas no debería influir en las decisiones de contratación. El fallo reforzó la protección de los empleados bajo el Título VII (Title VII).

Groff contra DeJoy (2023) 

En el caso Groff contra DeJoy, la Corte Suprema aclaró las obligaciones de los empleadores respecto a las adaptaciones por motivos religiosos conforme al Título VII.

Groff, un trabajador del servicio postal y cristiano devoto, solicitó tener los domingos libres en su horario laboral para cumplir con sus observancias religiosas. El servicio postal denegó su solicitud, argumentando que los turnos de los domingos eran necesarios para realizar las entregas de Amazon.

Finalmente, Groff renunció a su puesto y presentó una demanda. La Corte Suprema falló a su favor, estableciendo que, antes de denegar una adaptación por motivos religiosos, los empleadores deben demostrar que esta supondría una carga significativa —y no simplemente una carga menor—.

Estos casos de la Corte Suprema ayudan a comprender el panorama legal en torno a la discriminación religiosa en el ámbito laboral; sin embargo, a menudo surgen más interrogantes que respuestas.


2. Logró una exención por motivosreligiosos para no utilizar inteligencia artificial (IA) en su trabajo. Lasdeclaraciones del Papa podrían fomentar peticiones similares.

Por Sarah E. Needleman  5 de junio de 2026.

Erin Maus    , quien se oponía a utilizar IA en su puesto de ingeniera de software, consiguió lo que podría considerarse un milagro por parte de su empleador: una exención por motivos religiosos.

Maus, que profesa el unitarismo universalista, explicó que solicitó este trato especial en abril, argumentando objeciones éticas y medioambientales a la IA que no se alinean con sus creencias religiosas. Asimismo, señaló que consultó a un abogado laboralista y al ministro de su congregación local para fundamentar su petición.

Según un correo electrónico al que tuvo acceso Business Insider, a mediados de mayo se le concedió a Maus dicha adaptación.

«Escribo y reviso mi código manualmente; suena a locura decirlo», comenta Maus, de 34 años, residente en Carolina del Norte y empleada de una gran empresa de tecnología y entretenimiento que ella misma describe como progresista. «Hace apenas dos años, ¿de qué otra forma se hacía?».

La solución alternativa adoptada por Maus surge en un contexto en el que cada vez más empresas exigen a sus empleados el uso de IA y realizan un seguimiento de dicha utilización. La tecnología también ha sido objeto de escrutinio recientemente por parte del Papa León XIV, quien el mes pasado advirtió —en una encíclica de más de 42.000 palabras— que la IA podría socavar la dignidad humana y desplazar a los trabajadores si no se controla.

Algunas personas han interpretado la carta del pontífice como fundamento para plantear objeciones religiosas al uso de la IA en el entorno laboral. Se trata de una postura que conlleva un peso legal real, dado que la ley federal exige a los empleadores tener en cuenta las solicitudes basadas en la fe.

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3. Una victoria para loshumanistas: un empleado obtiene una adaptación relacionada con la IA bajo elTítulo VII

  27 de octubre de 2026.

Según las películas de «Terminator», Skynet debería haber adquirido conciencia propia y alcanzado la «singularidad» hace más de 29 años. Si el «Día del Juicio Final» simplemente se ha retrasado y termina ocurriendo, es posible que Skynet tenga otros nombres —además del de John Connor— con los cuales ajustar cuentas.

A David Durman, administrador de investigación en la Universidad de Kentucky (UK), se le concedió el permiso para no utilizar personalmente inteligencia artificial (IA) en su trabajo, como una adaptación por motivos de creencias religiosas bajo el Título VII. Durman, quien es humanista, argumentó que verse obligado a emplear herramientas de IA —como Microsoft Teams Co-Pilot, ChatGPT y Claude— entraría en conflicto con sus convicciones profundamente arraigadas. En septiembre de 2026, la universidad accedió a su solicitud, determinando que Durman podía evitar el uso personal de la IA en sus tareas, aunque seguiría estando obligado a asistir a reuniones o presentar materiales a través de plataformas que utilizan dicha tecnología.

Si bien algunos podrían cuestionar si el humanismo secular debe considerarse una religión, las protecciones religiosas no se limitan necesariamente a sistemas de creencias centrados en una deidad. La universidad determinó que la objeción de Durman al uso de la IA no suponía una carga excesiva para la institución educativa. En un cambio notable respecto a lo que solemos informar, el asunto se resolvió sin necesidad de presentar ni un solo documento ante los tribunales (ni de que apareciera un T-1000).

Una cuestión de creencias, no solo un oponente de IA

Aunque cualquiera que haya intentado hablar por teléfono con una persona real para resolver un problema bancario probablemente haya deseado prescindir de toda tecnología de IA, eso, por lo general, no basta para considerarlo una religión personal. Los detalles pueden variar, pero, para la mayoría, la religión proporciona un marco ético que les brinda esperanza y sentido.

¿Qué es el humanismo secular? Según la American Humanist Association (AHA), el manifiesto humanista insta a las personas a dejarse «guiar por la razón, inspirar por la compasión e informar por la experiencia», lo que, a su vez, conduce a una vida «vivida plenamente y bien aprovechada». Esto se fundamenta en sus «10 compromisos», que incluyen el altruismo, la empatía, el desarrollo ético y el pensamiento crítico; este último constituye el eje central de la demanda de Durman bajo el Título VII (Title VII).

La ​​definición de pensamiento crítico de la AHA señala: «Ejerceré un buen criterio haciendo preguntas y pensando por mí mismo», y añade que se trata de una «habilidad que se desarrolla con la práctica». Esto se convirtió en un problema para Durman cuando la universidad (UK) le pidió a él y a otros miembros de su departamento que comenzaran a utilizar herramientas de IA en su flujo de trabajo diario; según Durman, esto interferiría con sus capacidades de pensamiento crítico, entre otras objeciones.

Tras solicitar ayuda a la AHA, Durman presentó una petición de adaptación por motivos religiosos —amparada en el Título VII— ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO, por sus siglas en inglés) de la universidad. En lo que se considera el primer caso de una exención relacionada con la IA para una persona humanista, la OEO aprobó la solicitud de Durman en septiembre de 2026. Este hecho se produjo tras una exención similar concedida a Erin Maus en mayo de ese mismo año. Maus, quien profesa el unitarismo universalista, argumentó que el uso de la IA planteaba preocupaciones éticas y medioambientales que contravenían sus creencias religiosas.

Una adaptación, no un apocalipsis

Es raro el día en que las noticias sobre la IA no dominan los titulares; incluso el papa León XIV ha expresado sus propias preocupaciones al respecto. Si bien la mayoría de los dueños de negocios ven con agrado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial eficaces en sus entornos laborales, deben tener cuidado de que estas no terminen afectando negativamente la moral de los empleados ni sus derechos conforme al Título VII (Title VII).

El acuerdo de adaptación laboral de Durman, basado en el Título VII, demuestra que es posible diseñar ajustes razonables que dejen satisfechos tanto a los empleadores como a los empleados. No todas las solicitudes tienen por qué derivar en la intervención de la EEOC, investigaciones o demandas judiciales.

Los empleadores tienen la obligación de realizar adaptaciones razonables para las creencias religiosas profesadas sinceramente que entren en conflicto con los requisitos laborales, a menos que dicha adaptación suponga una «dificultad excesiva» (undue hardship). Según el fallo de la Corte Suprema de 2023 en el caso *Groff v. DeJoy*, esto implica una carga sustancial para la organización en su conjunto, y no simplemente un inconveniente o un costo mínimo.

Aunque los empleadores pueden evaluar si una solicitud supondría una dificultad excesiva, suele ser recomendable consultar a un abogado para garantizar que la decisión cuente con una base jurídica sólida.

Las innovaciones pueden ser excelentes, pero es posible que algunas no sean adecuadas para todos los empleados. Considerar con detenimiento las solicitudes y los ajustes razonables puede conducir a una solución inesperada, a una fracción del costo que supondría un litigio. No hace falta esperar al «Día del Juicio Final».

 

4. Un humanista consigue que se leadapten las condiciones de trabajo para permitir el uso personal de la IA,basándose en sus creencias.     26 de octubre de 2026

WASHINGTON – David Durman, administrador de investigación en la Universidad de Kentucky, solicitó y obtuvo con éxito adaptaciones en su entorno laboral —basadas en sus convicciones como humanista— que le eximen de utilizar personalmente la inteligencia artificial (IA) en el desempeño de sus funciones.

Con el respaldo de la Asociación Humanista Estadounidense (American Humanist Association), Durman envió una carta a la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO, por sus siglas en inglés) de la universidad a finales de agosto, solicitando adaptaciones razonables fundamentadas en sus «convicciones humanistas profundamente arraigadas». Tras reunirse con la OEO a mediados de septiembre, su solicitud fue aprobada el 25 de septiembre, al determinar la oficina que dicha medida no suponía una carga excesiva para su departamento. Durman continúa desempeñando todas sus tareas laborales sin recurrir a la IA. «Como humanista, promover el bienestar y el florecimiento de la humanidad es fundamental en mi forma de vivir; además, considero que nuestra capacidad para pensar y razonar por cuenta propia es algo que merece ser protegido», afirmó David Durman. «En lo que respecta a la tecnología de IA —particularmente la IA generativa y los modelos de lenguaje extensos (LLM)—, tengo claro que la existencia y el uso de estas tecnologías van en contra del bienestar humano. La IA interfiere en la capacidad de las personas para ganarse la vida; sus costos medioambientales suponen un desastre para la humanidad y nuestro planeta; y, al suplantar y apropiarse de la creatividad humana, amenaza elementos de nuestra cultura —como el arte y la literatura— que permiten el florecimiento de la sociedad. Solicité adaptaciones en mi entorno laboral porque el uso de la IA contraviene mis profundas convicciones humanistas, las cuales me exigen asumir la responsabilidad personal por la moralidad de mis actos. No puedo, en conciencia, participar en el uso y la proliferación de esta tecnología».

«Las convicciones humanistas del Sr. Durman son genuinas, y su empleador actuó correctamente al concederle una adaptación basada en dichas creencias», señaló Alexandria Huiskens, abogada de la American Humanist Association (AHA). «Los sistemas de creencias no teístas, como el humanismo, tienen derecho a la misma protección —tanto bajo el Título VII como bajo la Constitución de los Estados Unidos— que las religiones "tradicionales". El hecho de que personas no teístas, como el Sr. Durman, gocen de estas mismas protecciones y de libertad de conciencia, refleja el compromiso profundo y duradero de nuestro país con la libertad religiosa para todos».

La AHA participó en la redacción de la Declaración de Luxemburgo sobre la Inteligencia Artificial y los Valores Humanos     —documento que también ha suscrito—, la cual sostiene que la IA nunca debe desplazar el juicio, la razón o la responsabilidad humana, y plantea preocupaciones sobre sus efectos en los trabajadores, los creadores y el medio ambiente. Los humanistas mantienen diversas posturas sobre cómo abordar estas inquietudes, y la AHA defiende el derecho de cada individuo a actuar conforme a su propia conciencia.

5. Un hombre de Kentucky seconvierte en la primera persona humanista en obtener una exención por motivosreligiosos respecto al uso de la IA    26 de octubre de 2026.

(RNS) — David Durman, administrador en la Universidad de Kentucky, afirmó que utilizar inteligencia artificial (IA) le obligaría a delegar sus procesos de pensamiento y toma de decisiones, lo cual contravendría sus convicciones humanistas. Él espera que otros estadounidenses también reconsideren sus posturas sobre la IA.

Como humanista, David Durman cree en la importancia de la dimensión humana de la vida. Esto implica tomar sus propias decisiones y asegurarse de que su trabajo contribuya al florecimiento de las personas.

Cuando la Universidad de Kentucky —donde este hombre de 45 años trabaja como administrador de investigación— comenzó a solicitar a sus empleados que incorporaran la IA en sus flujos de trabajo, a él le surgió una preocupación. Durman sintió que le pedían delegar su capacidad de reflexión en herramientas como Microsoft Teams Copilot, Claude o los bots de ChatGPT durante su jornada laboral.

Según señaló, esto suponía una vulneración de sus creencias.

«El proceso y el esfuerzo que conlleva reflexionar sobre diversas situaciones —en mi trabajo, en mi ética y en la forma en que trato a los demás— son elementos fundamentales para mi desarrollo como persona moral», explicó a RNS en una entrevista por video. «Delegar esa labor, independientemente de si resulta agotadora o no, socava mi capacidad para actuar como un agente moral».

Con el respaldo de la Asociación Humanista Estadounidense (American Humanist Association, AHA), solicitó una adaptación conforme al Título VII, una ley federal que permite a los empleados pedir modificaciones en sus requisitos laborales para ajustarlos a sus convicciones religiosas.

En septiembre, la universidad accedió a su petición y le concedió una adaptación por motivos religiosos, lo que significa que no está obligado a utilizar IA para desempeñar sus funciones.

Representantes de la Asociación Humanista Estadounidense consideran que se trata del primer caso en el que una persona humanista obtiene una exención relacionada con la IA.

«Es el primer precedente de este tipo en la AHA —y para el humanismo en general— al eximir a quienes consideran que el uso de la IA contraviene su libertad de conciencia», declaró a RNS Alexandria Huiskens, abogada de la Asociación Humanista Estadounidense.

El caso de Durman surge en un contexto en el que tanto líderes religiosos —como el Papa— como la población estadounidense en general están expresando su escepticismo frente a la IA. Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos, publicada esta semana, reveló que el 57 % de los estadounidenses considera que la IA es perjudicial para la sociedad. Además, dos tercios se oponen a la construcción de los centros de datos necesarios para su funcionamiento.

En una encíclica —documento de enseñanza papal— publicada a principios de este año, el Papa León advirtió que la IA podría debilitar la democracia y la dignidad humana. El pontífice señaló que, si se utiliza de forma indebida, las herramientas de IA podrían otorgar un mayor poder a unas pocas élites, dejando atrás al resto de la humanidad.

«Cuando tal poder se concentra en manos de unos pocos, tiende a volverse opaco y a eludir el escrutinio público, lo que aumenta el riesgo de formas de desarrollo distorsionadas que dan lugar a nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades», escribió León en «Magnifica Humanitas».

Durman expresó su preocupación de que la IA pueda afectar a la sociedad de manera perjudicial. Como humanista, cree en la importancia del florecimiento humano. «A nivel social, considero que el uso de la tecnología de IA va en contra de ese objetivo», afirmó.

Su solicitud de adaptación se inspiró, en parte, en el caso de Erin Maus, una ingeniera de software unitaria universalista que acaparó titulares tras obtener una exención por parte de su empleador, basada en sus objeciones religiosas frente a la IA.

Al conocer el caso de Maus, Durman recurrió a la Asociación Humanista Estadounidense (AHA, por sus siglas en inglés) en busca de ayuda para tramitar su propia solicitud de adaptación.

Huiskens ayudó a Durman a redactar su petición de adaptación por motivos religiosos, amparándose en el Título VII. Según explicó, la AHA recibe con frecuencia solicitudes de asistencia para gestionar adaptaciones, pero la de Durman resultó especialmente convincente.

Los tribunales federales han determinado que el humanismo se califica como religión. Por consiguiente, los humanistas gozan de los mismos derechos que otros grupos religiosos bajo la legislación federal.

«Para nosotros, el humanismo es una forma de vida integral», afirmó. «Se fundamenta en el valor y la dignidad inherentes; todos deberían tener espacio para ejercer esta forma de vida integral en el entorno laboral, del mismo modo que lo hacen los cristianos o los musulmanes».

Douglas Laycock, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Texas, señaló que la validez de las solicitudes de adaptación bajo el Título VII depende de la sinceridad de la creencia en cuestión. A veces —señaló—, como en los casos que implican solicitudes de adaptaciones relacionadas con las vacunas, resulta difícil determinar si lo que está en juego es una creencia religiosa o una creencia política.

«Debe tratarse de un compromiso ético profundamente arraigado, análogo a un compromiso religioso», afirmó. «Es una cuestión de hecho que, presumiblemente, el empleador investigará». En su entrevista con RNS, Durman afirmó que ser humanista implica estar presente y prestar atención a los demás; el uso de la IA entra en conflicto con esto. Expresó una idea similar en la carta que envió a la universidad.

«Sustituir la presencia humana, la escucha auténtica y la responsabilidad personal en mi trabajo por el procesamiento automatizado mediante máquinas entra en conflicto directo con mi obligación de priorizar la dignidad y el florecimiento humanos», escribió en una carta dirigida a la Oficina de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Kentucky.

La carta hacía referencia tanto a las convicciones personales de Durman como a la versión de 2003 del Manifiesto Humanista, que detalla los principios y creencias de esta corriente. Entre dichos principios figuran la importancia de la libertad de conciencia y el florecimiento humano.

«Nos comprometemos a tratar a cada persona reconociendo su valor y dignidad inherentes, y a tomar decisiones informadas en un marco de libertad que conlleva responsabilidad», señala el manifiesto.

Durman explicó a RNS que su labor consiste en ayudar a los investigadores de la universidad con la solicitud de subvenciones, una tarea que puede realizar sin recurrir a la IA. Asimismo, señaló que prescindir de esta tecnología no afectará a sus compañeros de trabajo.

En ocasiones, las solicitudes de adaptaciones por motivos religiosos pueden terminar en los tribunales; un ejemplo es el caso de 2013 en el que una empleada musulmana deseaba llevar la cabeza cubierta en su puesto de trabajo, o la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 a favor de un trabajador postal cristiano que se oponía a trabajar los domingos.

Para Durman, el proceso de adaptación resultó mucho más sencillo: envió la carta y, posteriormente, él y Huiskens se reunieron con representantes de la universidad.

«Fue una reunión muy cordial, en la que concluyeron que la solicitud no suponía una carga excesiva para el departamento de David», comentó Huiskens. «Concedieron la adaptación sin demora».

6. No es necesario creer en un diospara obtener una exención por motivos religiosos que permita no utilizar la IAen el trabajo.  29 de octubre de 2026.

El papa León XIV ha calificado la IA como una amenaza para la dignidad humana; sin embargo, no solo los creyentes devotos se preocupan por cómo la IA encaja con sus convicciones. David Durman, un humanista no teísta, logró recientemente una exención por motivos religiosos para no tener que utilizar la IA en su entorno laboral.

«El humanismo es un conjunto de creencias sobre la experiencia humana y la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo», explicó a TechCrunch Durman, administrador de la Universidad de Kentucky. Esta corriente se centra en «el bienestar y el florecimiento humanos, tanto a nivel individual como colectivo... e insta a la persona a procurar mejorar su propio bienestar y florecimiento, así como los de quienes la rodean».

Al observar cómo la IA ganaba terreno en la vida cotidiana, Durman recurrió a la American Humanist Association (AHA) —una organización sin fines de lucro que promueve el humanismo secular— para averiguar cómo obtener protección legal que le eximiera de utilizar la IA en el trabajo. En su opinión, el uso de esta tecnología contraviene sus convicciones.

«Nos convertimos en agentes morales, para nosotros mismos y para los demás, mediante el uso activo de nuestra mente; por tanto, cualquier merma en esta capacidad [debido al uso de la IA] tendrá, inevitablemente, un impacto negativo en nuestra facultad para actuar como tales», señaló, reflexionando sobre cómo una dependencia excesiva de la IA podría afectar al pensamiento crítico.

En una declaración publicada por la AHA a principios de esta semana, Durman escribió: «La IA interfiere en la capacidad de las personas para ganarse la vida; sus costos medioambientales suponen un desastre para la humanidad y nuestro planeta; además, al suplantar y apropiarse de la creatividad humana, amenaza elementos de nuestra cultura —como el arte y la literatura— que permiten el florecimiento de la sociedad». El humanismo no es antirreligioso, pero suele atraer a personas que se muestran escépticas ante la existencia de un dios o de cualquier otra fuerza sobrenatural, y que, no obstante, buscan un marco científico y moral en el cual fundamentarse.

«La preocupación por la inteligencia artificial y la dignidad humana puede estar presente en diversas creencias y tradiciones —ya sean las enseñanzas católicas, el universalismo o el humanismo—, y queremos que los humanistas o las personas no teístas sepan que se incluyen en estas categorías y que, por tanto, también están protegidas por la ley en el ámbito laboral», declaró a TechCrunch Alexandria Huiskens, abogada de la AHA.

Durman es el primer humanista que ha logrado obtener adaptaciones en su puesto de trabajo que le permiten abstenerse de utilizar la inteligencia artificial; además, es una de las primeras personas en hablar públicamente sobre su esfuerzo por conseguir este tipo de garantías. Se decidió a solicitarlas tras leer que Erin Maus, ingeniera de software y seguidora del universalismo unitario, había logrado obtener protecciones similares.

«Para mí, se trataba de algo personal, de mis propias convicciones», señaló Durman. «Desde luego, no pretendo decir a los demás cómo deben pensar o sentir... Pero espero que esto anime a quienes comparten estas inquietudes a defender sus posturas —no necesariamente mediante una exención por motivos religiosos, sino buscando la vía que consideren más adecuada— para abordar sus preocupaciones de la mejor manera posible».

Jay Blanton, portavoz de la Universidad de Kentucky, declaró a TechCrunch que la institución evalúa las solicitudes de adaptaciones por motivos religiosos de forma individual, teniendo en cuenta las responsabilidades laborales del empleado y las circunstancias de cada petición.

«En este caso, la universidad determinó que era posible ofrecer una adaptación que permitiera al empleado seguir desempeñando las funciones esenciales de su puesto», afirmó Blanton en un comunicado. «A medida que la tecnología y las responsabilidades laborales evolucionan, estas adaptaciones pueden revisarse para garantizar que sigan siendo razonables y viables».

La situación de Durman es especialmente inusual, dado que hoy en día es poco frecuente que los ingenieros de software escriban código sin la ayuda de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, en su puesto administrativo —donde brinda apoyo a investigadores que solicitan subvenciones—, a Durman no se le ha exigido utilizar IA en su trabajo. Al igual que ocurre en muchos otros sectores, algunos de sus compañeros y superiores han sugerido al personal que pruebe estas herramientas; por ello, Durman decidió gestionar su exención ahora, por si dicha sugerencia llegara a convertirse en una obligación en el futuro.

«Espero que, si otras personas tienen inquietudes similares, se sientan animadas a buscar algún tipo de solución», señaló Durman.

sábado, 7 de noviembre de 2026

Tiempo de trabajo y tiempo de descanso. La importancia de una regulación convencional clara. Derecho en caso de solapamiento cuando un festivo coincide con el descanso convencional. Notas a la sentencia de la AN de 13 de octubre de 2026.

 1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia    dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 19 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Juan Gil.

La resolución judicial estima la demanda interpuesto por la Federación estatal de Servicios, Movilidady Consumo de la UGT (FeSMC-UGT)   en procedimiento de conflicto colectivo, condenando a tres asociaciones de servicios prevención, ASPREM  , ANEPA   y ASPA    , y declara “el derecho de las personas trabajadoras en el sector de servicios de prevención ajenos que prestan sus servicios de lunes a viernes a que se compense con otro día de descanso los festivos que concurran en sábado y que su disfrute se produzca en un período no superior a 14 días”.

El resumen de la sentencia, sin perjuicio de un examen más detallado a continuación, puede sintetizarse a mi parecer en estos términos:

En primer lugar, presentación de la demanda el 6 de julio, con la pretensión (que será estimada por la AN). En segundo término, celebración del acto de juicio el 5 de octubre, tras no haberse alcanzado acuerdo en trámite previo de conciliación; en tercer lugar, ratificación de la pretensión de la demanda por parte del demandante, a la que se adhiere  la Federación deServicios de CCOO (CCOO-Servicios)     ; a continuación oposición de las demandadas, primero con argumentos formales, al no haberse respetado el trámite previo de acudir a la comisión paritaria del convenio, así como tratarse de un conflicto de intereses y no jurídico, y después con argumentos sustantivos por permitir el convenio colectivo la posibilidad de que se aplique la petición formulada por la demandante.

Tras la lectura de la sentencia, por mi parte, y volviendo al título de la presente entrada, hago estas dos consideraciones: en primer lugar, que las cláusulas “abiertas” en una norma convencional, como ocurre en la presente ocasión, pueden servir para desbloquear una negociación y alcanzar un acuerdo, pero al mismo tiempo pueden ser una fuente de posteriores conflictos en sede judicial al no existir acuerdo sobre su interpretación por la comisión paritaria del convenio... cuando esta se encuentre operativa, algo que no se da en el caso enjuiciado; en segundo término, que un conflicto como el planteado requiere de una detallada prueba documental para justificar la tesis defendida, al tratarse de una cuestión que afecta a todas las Comunidades Autónomas, que recordemos que tienen el derecho (art. 37.2 de la Ley del Estatuto de los trabajadores) a fijar tres fiestas propias que se añaden a las nueve de carácter estatal y las dos de ámbito local.  Por consiguiente, si bien el fallo de la sentencia es muy claro en cuanto a su contenido, la aplicación concreta estará en función de cual sea el calendario laboral en cada autonomía, si bien es ya evidente que cuando un festivo de ámbito estatal (pensemos en el día 15 de agosto como ejemplo más significativo) caiga en sábado o domingo (al ser el calendario de trabajo de las personas afectadas por el convenio colectivo aplicable de lunes a viernes) deberá ser compensado, dentro del margen de fechas previsto en el convenio y al que se remite el fallo de la sentencia, por un día de descanso.

2. Formuladas estas notas previas, ahora ya puedo pasar a un examen del caso enjuiciado, incidiendo en aquellos contenidos que creo que deben merecer mayor interés, siempre siguiendo LOS antecedentes, los hechos probados, y la fundamentación de la sentencia..

En primer lugar, los argumentos de la parte demandante en el acto del juicio. Esta era su tesis:

“... estamos ante una cuestión eminentemente jurídica referida al solapamiento de los festivos con días de descanso, el artículo 15 del convenio colectivo del sector establece tanto si la prestación es en jornada partida como si en jornada continuada, con carácter general, la prestación laboral se desarrollará de lunes a viernes; así como que para no superar el máximo de jornada anual, "se procurará" llevar a día de libranza los excesos que sobre dicho computo pudieran derivarse de la adaptación al calendario de fiestas cada año, previsión que no resuelve el posible solapamiento por cuanto no establece una obligación de hacer sino únicamente una posibilidad de hacer que no compromete a las empresas, ni elimina el solapamiento de festivos y días de descanso. Además, el artículo 18 del convenio establece que el descanso semanal será de dos días, acumulable en períodos de catorce días. Con este marco normativo, las empresas del sector tienen implementada la práctica generalizada de negar un día de descanso compensatorio cuando el descanso semanal se solapa con un festivo” (la negrita es mía).

Sigamos ahora con los argumentos con los que las partes demandadas manifestaron su oposición a la demanda, tal como he dicho con anterioridad tanto por razones formales como sustantivas o de fondo.

“...  existe una falta de agotamiento de la vía previa que debe conducir a desestimar la demanda porque no se ha cumplido con el trámite previo de acudir a la comisión paritaria; dado que el sindicato demandante insta la convocatoria de la comisión paritaria el 25 de junio de2026, sin dirigirse al sindicato CCOO y cuando se le comunica que la comisión paritaria no está operativa, sin esperar el plazo previsto tanto en el convenio como en el artículo 11 del ASAC, ni esperar respuesta del sindicato CCOO, ni del resto de patronales insta la mediación el día 2 de junio, lo que supone que no haber agotado el plazo otorgado para dar por realizado el trámite ante la comisión paritaria. Aduce, en segundo lugar, que no estamos ante un conflicto jurídico sino ante un conflicto de intereses, por un lado, por cuanto de la prueba aportada, se evidencia que no ha habido ningún festivo que haya recaído en sábado; por otro lado, porque el propio convenio en el artículo 15.5 ya establece un mecanismo de compensación si hubiera un festivo recayese en un día de descanso” (la negrita es mía)

En trámite de réplica, la parte demandante, con adhesión del sindicato convocado como parte interesada, rechaza las tres alegaciones.

3. Pasemos a los hechos probados, en los que se recoge que el conflicto afecta a todo el personal del sector de los servicios de prevención ajenos, a los que es de aplicación el III convenio colectivo nacional de dicho ámbito, publicado (¡curiosa casualidad, un día festivo) el 15 de agosto de 2023  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-18465 .

Dado que hay tres artículos que entran en juego en el conflicto, procedo a su reproducción, parcial para los dos primeros e íntegra para el tercero:

“Artículo 8. Comisión Mixta Paritaria

e) Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa o jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias del convenio se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Mixta cuantos conflictos colectivos pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, a fin de que mediante su intervención se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite previo se entenderá cumplido en el caso de que hubiera transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin que se hubiera emitido resolución o dictamen. Todo ello sin perjuicio de las normas sobre prescripción o caducidad que sean de aplicación al supuesto planteado y que de ningún modo podrán verse afectadas por este trámite previo.

Artículo 15. Jornada de trabajo.

5. A efectos de no superar el cómputo anual de la jornada establecida en el presente convenio, se procurará llevar a días de libranza los excesos que sobre dicho cómputo pudieran derivarse de la adaptación al calendario de fiestas de cada año.

6. Con carácter general, el horario de trabajo se realizará en jornada partida, de lunes a viernes, conforme a las siguientes pautas y criterios: ...

Artículo 18. Descanso semanal.

Las personas sometidas al ámbito de aplicación del presente convenio disfrutarán de dos días completos de descanso semanal, que comprenderá con carácter general los sábados y domingos. Este descanso semanal podrá ser acumulable por períodos de hasta catorce días, en cuyo caso su disfrute puede comprender cualquier otro día de la semana”

Queda constancia en el HP que en los calendarios autonómicos de este año el día 26 de diciembre cae en sábado, y es fiesta en las autonomías de Cataluña y las Islas Baleares.  También, que la parte después demandante solicitó la interpretación de la comisión paritaria sobre la cuestión litigiosa, que sólo un día después su petición recibió respuesta de una de las asociaciones demandadas, ASPREM, en la que manifestaba que

“Como se acordó en la Mesa Negociadora del IV CC, la comisión paritaria de seguimiento e interpretación del CC no está operativa, de tal forma que se entiende que no se podría dar respuesta a la consulta planteada. En cualquier caso, se entiende igualmente que dicha consulta debería facilitarse a CCOO, en tanto si se pudiera dar respuesta a la misma, este sindicato debería conocerla" (la negrita es mía).  

4. Dará respuesta la AN a las pretensiones de la demandante, y a las tesis de las partes demandadas, en los términos que expongo a continuación con brevedad y con la petición a todas las personas interesadas de la lectura de toda la fundamentación.  

A) Sobre la falta de agotamiento del trámite de interpretación del precepto por parte de la comisión paritaria. Pues, que mal puede cumplirse un trámite cuando no existe el organismo que debe dar respuesta, y que por ello tampoco cabe sostener que se ha incumplido un determinado plazo fijado en el art. 8 de convenio para acudir después a la vía judicial. Tampoco es relevante que no fuera enviado el escrito al sindicato interesado, ya que ello en modo alguno es una obligación de quien plantea la petición.

B) Sobre la existencia de un conflicto de intereses y no de un conflicto jurídico, porque, según las partes demandadas “de la prueba aportada se acredita que no ha existido solapamiento y si existiera el convenio regula dicha posibilidad en el artículo 15.5 del Convenio Colectivo”, la Sala considera, con muy acertado criterio a mi parecer, que es necesario entrar en el fondo de la cuestión litigiosa para dar una adecuada respuesta.

La Sala parte de la dicción literal del citado art. 18, es decir del derecho de las personas afectadas por el convenio a disfrutar de descanso semanal los sábados y domingos, “con carácter general”, cabiendo la posibilidad de disfrutarlo en un período de catorce días y dejando en tal caso abierta la posibilidad de que el disfrute “pueda comprender cualquier otro día de la semana”.

Sobre la carga de la prueba, dado que las partes demandadas han alegado la inexistencia de solapamientos durante el año 2026, la Sala es contundente al respecto, con apoyo en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la carga de la prueba.  

Será necesario aportar todos los calendarios de días festivos de las autonomías para poder acreditar su tesis, algo que de haberse practicado hubiera implicado que decayera la tesis empresarial, añadiendo la Sala por su parte para completar tal afirmación, y por tanto teniendo en consideración tales calendarios, que no se olvide que están publicados en el BOE  (véase Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por laque se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026    , que “...  en todos los calendarios el 15 de agosto cae en sábado y es festivo nacional y en los calendarios de Barcelona y Baleares el sábado 26 de diciembre de 2026 es día de descanso y se solapa con la festividad autonómica de San Esteban, lo que evidencia que sí existe un conflicto real y jurídico, descartándose que estemos en presencia de un conflicto de intereses” (la negrita es mía).

C) Tercera y última manifestación de la Sala para fundamentar su tesis estimatoria de la demanda, y que me permite volver al título de la presente entrada: la dicción literal del art. 15.5 posibilita a la parte empresarial, pero no la obliga, a cumplir con la obligación del art. 18 de disfrutar de dos días de descanso semanal, aún computables en períodos de catorce días.

La Sala es contundente al respecto: el precepto no establece una garantía de respeto del descanso semanal tal como está recogido en otro precepto del convenio, y además “...  porque la previsión convencional no determina en qué momento temporal se debe producir la compensación, dejando al arbitrio del empresario, no solo la compensación misma, sino el momento de su efectiva realización, lo que no es compatible con las previsiones legales y por lo dicho por esta Sala en aplicación de las mismas, de que la compensación debe producirse en el plazo de catorces días”.

6. Definitivamente, concluye la Sala, estamos ante un conflicto jurídico y no de intereses, y trae a colación, en su apoyo, su sentencia de 19 de mayo de 2026.

Dicha sentencia mereció mi atención detallada en la entrada “Sector de Contact Center. Los días festivos laborales convencionales (sábado) no pueden ser absorbidos ni neutralizados por días festivos legales. Notas a la importante sentencia de la AN de 19 de mayo de 2026”  , de la que me permito reproducir unos fragmentos que considero de directa aplicación al caso ahora examinado:

“... Hay un buen número de convenios que regulan la jornada semanal de trabajo de lunes a viernes; o dicho de otra forma, no solo hay un descanso semanal (fijado legalmente) de un día y medio, sino un añadido por día convencional de medio día más, por lo que a los efectos que ahora me interesa destacar la persona trabajadora tiene derecho a dos días de descanso semanal (con el posible cómputo en un período de 14 días), que no pueden “sustituirse”, “compensarse”, por uno o más días de los fijados legalmente, que, recuerdo nuevamente, son retribuidos y “no recuperables”.

¿Y a qué viene a cuento toda la explicación anterior? Pues que nos encontramos ante un conflicto laboral sectorial en donde se debate sobre aquello que ha apuntado en el párrafo anterior; es decir, si en las empresas de un sector, Contact Center, que tienen fijada una jornada de trabajo de lunes a viernes para, al menos, una parte de su plantilla, y sin perjuicio de la posible distribución irregular de la jornada (art. 22 del convenio colectivo aplicable, dedicado a la jornada de trabajo, y art. 23, que regula la distribución irregular , se puede “descontar” un día festivo legal , más claro, no computarlo como día retribuido y no recuperable, cuando coincida con un sábado que es “festivo laboral” por vía convencional.  

Pues bien, haciendo un spoiler de mi explicación posterior, que tiene muy poco de ello ya que el fallo de la sentencia que motiva el presente comentarios fue ampliamente difundido muy poco después de ser notificada a las partes, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado las demandas interpuestas por varias organizaciones sindicales, abriéndose un importante debate sobre el efecto que esta resolución judicial puede tener para otros sectores de actividad en los que pudieran plantearse conflictos semejantes, así como también sobre el impacto que tendrá para posibles demandas de reclamación de cantidad por el período trabajador y no computado como festivo “retribuido y no recuperable”.

7. Concluyo mi explicación. Estamos ante una sentencia, una más, en las que el conflicto versa sobre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, ambos siendo objeto de mucha atención tanto por la jurisprudencia y la doctrina judicial española como por la comunitaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por ello, fue un placer asistir a las XIII  Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, dirigidas por la profesora Eugenia Revilla, y escuchar la excelente ponencia del magistrado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia, y profesor universitario, Miguel Ángel Purcalla Bonilla, que efectuó un amplísimo y detallado análisis de toda ella, y que afortunadamente, y felicito a la organización por ello, ya está disponible en abierto, en este enlace   , junto con las restantes, y también excelentes ponencia. La ponencia del magistrado me “libera”, si me permiten la expresión, de hacer mención este artículo a las diversas entradas en que he analizado una problemática semejante a la tratada en esta y que ahora doy por finalizada.

A la espera del previsible recurso de casación para la unificación de doctrina de las asociaciones empresariales demandadas, y de la respuesta del TS, buena lectura.

 

viernes, 6 de noviembre de 2026

Modificaciones importantes en la regulación de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud. Texto comparado las introducidas en el RD 1146/2026 de 6 de octubre por el RD 951/2026, de 4 de noviembre


1. El Consejo deMinistros  celebrado el 3 de noviembre aprobó un Real Decreto mediante el que  se modifica la regulación de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (RD 1146/2006 de 6 de octubre  ) , al objeto de actualizar las condiciones de trabajo de las y los residentes y reforzar las garantías sobre jornada, descansos, retribuciones y protección de la salud.

El nuevo RD 951/2026de 4 de noviembre, ha sido publicado en el BOE del día 6  , con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, salvo las operadas en los arts. 5 y 7.1, que serán de aplicación a partir del 1 de septiembre y 1 de enero de 2027, respectivamente.

2. El mismo día de su aprobación, el Ministerio de Sanidad publicó una detallada nota de prensa ,en la que se sintetizan las modificaciones incorporadas en la norma de 2006, y que por su interés reproduzco a continuación.

“La jornada ordinaria no podrá superar, de media, las 35 horas semanales en cada semestre, salvo que un acuerdo, pacto o convenio establezca otro sistema de cómputo. Cada centro sanitario organizará los horarios de los residentes atendiendo prioritariamente a los objetivos docentes y las competencias de su programa formativo, y deberá comunicárselos con al menos dos meses de antelación.

El real decreto garantiza un descanso mínimo de 12 horas continuadas entre jornadas y de 24 horas ininterrumpidas de descanso semanal, que podrá acumularse al descanso diario cuando corresponda. Estos descansos serán obligatorios, efectivos, irrenunciables y no recuperables. En situaciones justificadas se podrán establecer descansos alternativos dentro de un periodo de referencia máximo de 14 días.

Cada guardia tendrá una duración máxima de 17 horas. Si la jornada ordinaria y la guardia se realizan seguidas, sin un descanso mínimo de 12 horas entre ambas, se contabilizarán conjuntamente y no podrán superar las 17 horas. Por ejemplo, si antes de la guardia se han trabajado 7 horas ordinarias, podrán realizarse hasta 10 horas de guardia. Después, deberán transcurrir al menos 12 horas de descanso antes de volver a la jornada ordinaria.

Con carácter general, los residentes podrán realizar hasta cuatro módulos de guardia al mes, de 17 horas cada uno. Excepcionalmente, podrá añadirse un módulo por razones docentes justificadas; la ampliación no podrá basarse exclusivamente en necesidades ordinarias de cobertura asistencial o en una insuficiencia estructural de plantilla. También se podrán ampliar voluntariamente los módulos hasta un máximo de siete al mes, con consentimiento expreso y revocable del residente.

La suma de jornada ordinaria y guardias no podrá superar las 45 horas semanales de promedio trimestral. Los centros deberán disponer de sistemas de registro horario accesibles al personal residente para comprobar el cumplimiento de los límites.

Los residentes mantendrán el sueldo base que corresponde al personal estatutario según la titulación exigida. Además, cobrarán un complemento de formación calculado sobre ese sueldo, cuyo importe aumentará con cada año de residencia: equivaldrá, como mínimo, al 18% en el primer año, al 28% en el segundo, al 38% en el tercero, al 48% en el cuarto y al 58% en el quinto. Los servicios de salud podrán fijar porcentajes superiores.

La norma también garantiza un complemento retributivo durante las situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Para calcularlo se tomarán como referencia, al menos, las retribuciones percibidas durante los seis meses anteriores al inicio de la situación protegida. Se mantiene, además, el complemento de atención continuada por la actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria vinculada al itinerario formativo y el plus de residencia en los territorios donde esté establecido.

La reforma refuerza la prevención de riesgos laborales. Las evaluaciones de riesgos se actualizarán, como mínimo, cada dos años y prestarán atención específica a los riesgos psicosociales, las agresiones y los efectos de las ampliaciones de jornada. También se prevén medidas preventivas y el seguimiento e investigación de situaciones que puedan causar daños a la salud.

Cuando los servicios de prevención aprecien riesgos asociados a las condiciones del puesto, podrá adaptarse el puesto de trabajo o acordarse la movilidad por motivos de salud. En estos casos se garantizarán la continuidad de la relación laboral, las retribuciones y el reconocimiento de los periodos formativos superados.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud analizará criterios homogéneos para establecer un plus de residencia, teniendo en cuenta factores como el coste de vida y de la vivienda, la insularidad, la ruralidad, la dispersión geográfica y la dificultad para cubrir plazas. En un plazo de dos años, el Gobierno, con participación de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, evaluará el impacto de la reforma en las condiciones de trabajo y la formación.

El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La modificación relativa a la jornada será aplicable desde el 1 de septiembre de 2027 y la actualización del régimen retributivo, desde el 1 de enero de 2027” (la negrita es mía).

2. En los materiales docentes preparados para el alumnado, siendo la ultima actualización efectuada por mi parte en 2022, me refería a la normativa aplicable en estos términos:

“La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias regula, en su artículo 20, el sistema de formación de especialistas y dispone que la formación mediante residencia se llevará a cabo en el marco de una relación laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista en formación, y remite la disposición adicional primera a la futura regulación de dicha relación por parte del Gobierno. A tal efecto, se dictó el Real decreto1146/2006, de 6 de octubre, que toma en consideración la normativa comunitaria, en especial, en el ámbito de la ordenación del tiempo de trabajo.

La norma se aplica a la relación laboral existente entre un centro o unidad docente, pública o privada, acreditada para el desarrollo de un programa de formación especializada en ciencias de la salud y el titulado universitario que haya accedido, previa participación en la convocatoria de pruebas selectivas, a una plaza para poder obtener el título de especialista.

Con respecto a las fuentes de dicha relación laboral, en primer lugar, será de aplicación su normativa específica y, con carácter supletorio, el Estatuto de los trabajadores, la restante normativa laboral, los convenios colectivos y la voluntad de las partes. El contrato, formalizado por escrito y a tiempo completo, tendrá una duración inicial de un año, renovable anualmente hasta la finalización del periodo de formación, siempre y cuando conste informe favorable del Comité de Evaluación de la actividad correspondiente.

De especial interés, por la problemática suscitada en el ámbito comunitario, es la   ordenación del tiempo de trabajo (artículo 5). Como regla general, la duración máxima de la jornada ordinaria no excederá de las 37,5 horas semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que se pacte otro criterio de cómputo por convenio o pacto. La norma también reconoce el derecho a un descanso mínimo de 12 horas después de una jornada continuada de guardia de 24 horas, si bien se deja la puerta abierta a que ello no se aplique cuando se produzcan situaciones de "especial interés formativo, según criterio de su tutor, o en caso de problemas organizativos insuperables".

También se prevén disposiciones especiales en este punto cuando deba conciliarse la vida familiar y laboral, previéndose el derecho del residente a una organización del tiempo de trabajo que le permita realizar jornadas diarias no superiores a doce horas, siempre y cuando no disminuya el número anual de horas establecidas”.

3. En la introducción del RD se detallan más exactamente, y se justifican, las modificaciones introducidas en el RD 1146/2006 (última modificación por RD 589/2022 de 19 de julio)

La justificación de la reforma es que “la evolución del entorno sanitario y la experiencia acumulada en su aplicación han puesto de manifiesto la necesidad de revisar determinados aspectos de su regulación. En particular, se han identificado problemas en la organización del tiempo de trabajo, relacionados con la prolongación de la jornada, la realización de guardias de elevada intensidad y la planificación de la actividad, con incidencia directa en el bienestar del profesional, el proceso formativo y la seguridad del paciente, así como la necesidad de actualizar determinados elementos del régimen retributivo”.

En cuanto a las modificaciones, se explica que “... se introducen medidas destinadas a mejorar la ordenación del tiempo de trabajo, incorporando el derecho a conocer la distribución de la jornada con la debida antelación, reforzando los periodos mínimos de descanso y estableciendo una regulación más precisa de la jornada de guardia, sus límites y su carácter adicional respecto de la jornada ordinaria. Se concretan, igualmente, los límites al número de guardias y a la duración máxima de la jornada, junto con mecanismos dirigidos a garantizar el respeto efectivo de los descansos y la adecuada compatibilidad entre actividad asistencial y objetivos formativos. Del mismo modo, se prevé la implantación de sistemas de registro horario que permitan verificar el cumplimiento de dichos límites y, en su caso, la adopción de las medidas correspondientes.

Igualmente, se introducen modificaciones en el régimen retributivo, adaptándolo al nivel formativo correspondiente y reforzando la compensación de la actividad vinculada a la atención continuada. Asimismo, se regulan aspectos relativos a la incapacidad temporal y a otras situaciones protegidas, garantizando la percepción íntegra de las retribuciones previstas en esta norma, y se desarrolla el régimen de incompatibilidades en coherencia con el carácter formativo de la relación laboral.

Por otra parte, se incorporan previsiones en materia de prevención de riesgos laborales, integradas en el marco general establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con especial atención a los riesgos de carácter psicosocial y a los efectos de la organización del tiempo de trabajo”.

4. Paso a continuación a efectuar la comparación de la normativa vigente hasta el 5 de noviembre (inclusive) y la que entrará en vigor (con las dos excepciones antes apuntadas) a partir del día 6.

 

 

Normativa aplicable a 5.11.2026

Normativa aplicable a partir de   7.11.2026 (con dos excepciones)

Artículo 4. Derechos y deberes.

Además de los establecidos con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, los residentes tendrán los siguientes derechos y deberes específicos:

 

1. Derechos.

 

 2. Deberes

 

 

 



a) Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, sin compatibilizarlo con cualquier otra actividad en los términos establecidos en el artículo 20.3.a) de la Ley 44/2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5. Jornada laboral y descansos.

 

1. El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los establecidos en el ámbito de los respectivos servicios de salud, con las siguientes peculiaridades:

a) La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su defecto, será la establecida, mediante normas, pactos o acuerdos, para el personal estatutario de la especialidad que el residente esté cursando en cada servicio de salud.

En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5 horas semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo pacto o convenio se establezca otro cómputo.

b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas.

 

 

 

 

 

En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente tendrá un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se aplicará el régimen de descansos alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

 

c) El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada complementaria que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En todo caso, no podrá realizar más de siete guardias al mes.

 

 

 

 

 

 

 














2. La jornada laboral asegurará el cumplimiento de los programas formativos.

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales de cada centro, se procurará disponer la jornada de los residentes de forma que la ordenación del tiempo de trabajo no perjudique su formación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. No podrán celebrarse contratos de trabajo del personal residente con jornada a tiempo parcial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7. Retribuciones.


1. La retribución de los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos, comprenderá los siguientes conceptos:

a) Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal estatutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el ingreso en el correspondiente programa de formación.

b) Complemento de grado de formación, cuya percepción se devengará a partir del segundo curso de formación.


Estará destinado a retribuir el nivel de conocimientos, así como, la progresiva adquisición de responsabilidades en el ejercicio de las tareas asistenciales.

 

 

Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. Los porcentajes serán los siguientes:

 

 

1.º Residentes de segundo curso: ocho por ciento.

2.º Residentes de tercer curso: 18 por ciento.

3.º Residentes de cuarto curso: 28 por ciento.

 

4.º Residentes de quinto curso: 38 por ciento.

 


En los supuestos de personal en formación en áreas de capacitación específica, los porcentajes del complemento de grado de formación y de atención continuada deberán fijarse, en el ámbito negociador que en cada caso corresponda, teniendo en cuenta el título de especialista y la experiencia profesional requerida para acceder a un área de capacitación específica.

c) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar la atención a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.

 

 

 

d) Se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11. Extinción del contrato.

1. El contrato se extinguirá por las siguientes causas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disposición adicional tercera. Condiciones especiales de la jornada laboral.

 

El residente tendrá derecho a una organización de su horario de trabajo que, sin suponer una disminución del número anual de horas establecido, le permita realizar jornadas diarias no superiores a doce horas en los siguientes casos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno. Se añade un nuevo párrafo p) al apartado 1 del artículo 4, con la siguiente redacción:

«p) A ser informado de la distribución de su jornada, antes del inicio de la prestación de servicios o, cuando se trate de una modificación, con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que el cambio deba surtir efectos.»

Dos. La letra a) del apartado 2 del artículo 4 queda redactada en los siguientes términos:

«a) Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, sin compatibilizarlo con cualquier otra actividad profesional. Tampoco podrá compatibilizarlo con otras actividades formativas cuando estas últimas se desarrollen dentro de la jornada correspondiente a la relación laboral especial de residencia Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 bis de este real decreto.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 4 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 4 bis. Régimen de incompatibilidades.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.2.a), las actividades de producción y creación literarias, artísticas, científicas y técnicas serán compatibles con la residencia cuando cumplan las siguientes condiciones:

a) Que no constituyan una relación laboral o de prestación de servicios.

b) Que no tengan el carácter de actividad profesional, tal y como establece el artículo 20.3.a) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

c) Que se lleven a cabo fuera de la jornada laboral prevista en el programa formativo.

d) Que no afecten a la dedicación exigida por el programa formativo ni interfieran en la actividad laboral desarrollada por el personal residente.

e) Que sean previa y expresamente comunicadas por escrito a la dirección del centro. Cuando, por sus características, puedan suscitarse dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones previstas en este artículo, la dirección del centro podrá recabar informe de la Comisión de Docencia y resolver motivadamente sobre su compatibilidad.»

Cuatro. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 5. Jornada laboral y descansos.

1. El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los establecidos en el ámbito de los respectivos servicios de salud, de acuerdo con la normativa vigente, con las siguientes peculiaridades:

a) La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su defecto, será la establecida, mediante normas, pactos o acuerdos, para el personal estatutario del servicio de salud de la especialidad que el residente esté cursando.

La duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder de 35 horas semanales de tiempo efectivo de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio se establezca otro cómputo.

b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas.

En la realización de la jornada ordinaria, el personal tendrá derecho a un descanso mínimo semanal de 24 horas ininterrumpidas, período que se incrementará, cuando corresponda, con el mínimo de descanso diario previsto en el párrafo anterior.

En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el personal residente tendrá un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se aplicará el régimen de descansos alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Los períodos mínimos de descanso diario y semanal tendrán carácter obligatorio, efectivo, irrenunciable y no recuperable. Ambos descansos constituyen derechos autónomos y acumulativos, debiendo garantizarse en todo caso su disfrute efectivo en los términos previstos en este real decreto.

c) Cuando no se hubiera disfrutado los períodos mínimos de descanso semanal establecidos en la letra anterior, se tendrá derecho a su compensación mediante descansos alternativos, que habrán de disfrutarse en un período de referencia de, como máximo, 14 días.

Esta compensación no supondrá la reducción de la duración de los periodos de descanso del personal residente y solamente será posible cuando la entidad titular de la unidad docente acreditada para impartir la formación motive, por escrito y con antelación, la necesidad puntual que justifica dicha compensación.

2. La organización de la actividad asistencial del personal residente durante su jornada de trabajo se realizará atendiendo prioritariamente a los objetivos docentes y competenciales de su programa formativo, garantizando la adecuada supervisión y la progresiva asunción de responsabilidades hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista, conforme a lo previsto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

3. La jornada laboral asegurará el cumplimiento íntegro de los programas formativos.

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales de cada centro, se procurará disponer la jornada de las personas residentes de forma que la ordenación del tiempo de trabajo no perjudique su formación.

A estos efectos, en los supuestos de reducción de jornada por cualquier causa legal o convencionalmente prevista, se adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar la adquisición completa de las competencias previstas en el programa formativo.

Asimismo, las entidades titulares de las unidades docentes adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal residente que tenga a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio y que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, precisen apoyos intensos y continuados para su autonomía personal.

Las normas para la distribución del horario del personal residente vendrán determinadas por las necesidades formativas y docentes, teniendo siempre en cuenta la conciliación de la vida personal y familiar con la actividad laboral y la protección de la salud de la persona trabajadora.

4. El personal residente no podrá desarrollar su jornada de trabajo a tiempo parcial.

5. El personal residente podrá realizar jornada de guardia para la adquisición de las competencias establecidas en el programa formativo, con sujeción a las siguientes reglas:

a) El programa formativo de la especialidad debe justificar expresamente la necesidad de realizar la jornada de guardia.

b) La jornada de guardia será adicional a la jornada ordinaria.

c) La duración de la jornada de guardia se establecerá en cada centro, sin que pueda superar las 17 horas de trabajo efectivo. En el caso de que la jornada ordinaria y la jornada de guardia se desarrollen de forma consecutiva, sin que entre ambas se haya disfrutado íntegramente del descanso entre jornadas, la suma de ambas no excederá de 17 horas.

d) No podrá desarrollarse una jornada ordinaria de trabajo inmediatamente posterior a una jornada de guardia, salvo que medie entre ellas el descanso entre jornadas previsto en la letra b) del apartado 1.

e) Se establece un límite máximo de 68 horas mensuales de jornada de guardia. Este límite se corresponde, con carácter general, con la realización de cuatro módulos de guardia mensuales con la duración máxima prevista en la letra c) de este apartado.

No obstante, dicho límite podrá ampliarse a propuesta de la Comisión de Docencia del Centro, de forma excepcional, en un módulo de guardia adicional, o en el número de horas equivalente, previo informe motivado del servicio de prevención de riesgos laborales y de la comisión de docencia del centro, cuando concurran razones justificadas de carácter docente y, en todo caso, con el consentimiento expreso previo de la persona residente. La ampliación no podrá fundamentarse exclusivamente en necesidades ordinarias de cobertura asistencial o en insuficiencias estructurales de plantilla y, en ningún caso, podrá determinar la superación de la duración máxima de la jornada conjunta establecida en el apartado 6 ni la reducción de los periodos mínimos de descanso.

La asignación de guardias deberá realizarse de forma equilibrada a lo largo de cada mes, garantizando una distribución razonable y proporcionada.

6. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo que comprende la jornada ordinaria y la jornada de guardia será de 45 horas semanales de tiempo efectivo de promedio en cómputo trimestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo.

Este límite incluirá igualmente los posibles excesos de jornada que se produzcan por cualquier causa, sin que en ningún caso la suma de todos estos tiempos pueda superar dicho máximo.

7. Las personas residentes podrán, previo consentimiento, ampliar el límite máximo mensual establecido para la jornada de guardia en la letra e) del apartado 5 en dos módulos más, hasta un total de siete al mes, o su equivalente en horas. En todo caso, deberán respetarse como límites indisponibles tanto la duración del descanso entre jornadas como las reglas que regulan la jornada de guardia, salvo la citada letra

e). El consentimiento de la persona residente tendrá carácter voluntario y expreso, y podrá ser revocado por la propia persona en cualquier momento sin consecuencia desfavorable alguna ni afectación a su evaluación, progresión formativa o relación laboral.

Las condiciones y el procedimiento para la aplicación de la ampliación prevista en este apartado serán objeto de negociación en los órganos correspondientes.

8. A los efectos del control de la jornada máxima, los centros sanitarios deberán contar con sistemas de control horario que permitan garantizar el cumplimiento de lo establecido en este artículo. El personal residente tendrá derecho al acceso al registro de su jornada.

Dichos sistemas deberán cumplir con lo previsto en el artículo 34.9 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

9. Las instrucciones internas, protocolos, criterios organizativos o cualesquiera otras disposiciones adoptadas por los centros o unidades docentes no podrán contravenir, restringir o desvirtuar los derechos, límites y garantías en materia de jornada, tiempo de trabajo y descansos establecidos en este real decreto.»

Cinco. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:

«1. La retribución de las personas residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo que se determine en las respectivas leyes de presupuestos, comprenderá los siguientes conceptos:

a) Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal estatutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de las personas residentes, al exigido para el ingreso en el correspondiente programa de formación.

b) Complemento de grado de formación, cuya percepción se devengará a partir del primer curso de formación.

El complemento de grado de formación retribuye el nivel de conocimientos, competencias, autonomía profesional y responsabilidades inherentes al nivel formativo correspondiente a cada año del programa oficial de la especialidad, de conformidad con el principio de asunción progresiva de funciones previsto en la normativa reguladora de la formación sanitaria especializada.

Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. Los porcentajes serán, al menos, los siguientes, sin perjuicio de que los servicios de salud puedan acordar un porcentaje superior:

1.º Personas residentes de primer curso: 18 por ciento.

2.º Personas residentes de segundo curso: 28 por ciento.

3.º Personas residentes de tercer curso: 38 por ciento.

4.º Personas residentes de cuarto curso: 48 por ciento.

5.º Personas residentes de quinto curso: 58 por ciento.

En los supuestos de personal en formación en áreas de capacitación específica, los porcentajes del complemento de grado de formación y de atención continuada deberán fijarse, en el ámbito negociador que en cada caso corresponda, teniendo en cuenta el título de especialista y la experiencia profesional requerida para acceder a un área de capacitación específica.

c) Complemento de atención continuada, destinado a retribuir la participación del personal residente en actividades asistenciales fuera de la jornada ordinaria, integradas en su itinerario formativo y orientadas a la adquisición progresiva de competencias profesionales. Este complemento retribuirá la jornada de guardia que lleve a cabo el personal residente.

d) Se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.

e) En el ámbito de cada servicio de salud y de conformidad con lo que se establezca en su normativa y en los correspondientes instrumentos de negociación colectiva, se garantizará un complemento retributivo que deba percibir el personal residente desde el primer día y por todo el tiempo en que se encuentre en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Este complemento alcanzará el cien por cien de las retribuciones ordinarias, fijas y periódicas, tanto básicas como complementarias, que le correspondan, una vez descontada la prestación económica del régimen de seguridad social que corresponda.

Las retribuciones que se tendrán en cuenta en el cálculo del complemento citado deberán incluir, al menos, todas las percibidas en el periodo de seis meses previos al inicio de la situación protegida. Cuando la relación laboral tenga una duración inferior a seis meses se tomará como referencia el promedio correspondiente al período efectivamente trabajado.»

Seis. Se añade un apartado 5 al artículo 11, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. En los casos en los que el personal residente obtenga una nueva plaza en la misma convocatoria en aplicación del artículo 23.3 del Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud, se permitirá excepcionalmente la renuncia a la plaza obtenida inicialmente sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.»

Siete. Se añade un nuevo párrafo e) a la disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:

 

 

 

«e) Por motivos de salud, cuando se trate de una medida preventiva para la adaptación del puesto de trabajo, debidamente acreditada mediante informe de los servicios de prevención.»

Ocho. Se incorpora una nueva disposición adicional novena, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional novena. Aplicación del sistema interno de información previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Las administraciones públicas sanitarias competentes promoverán la accesibilidad, conocimiento y utilización efectiva por las personas residentes de los mecanismos previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, incluyendo información expresa sobre estos mecanismos en los planes de acogida y en la documentación que regule la relación laboral especial de residencia.»

Nueve. Se incorpora una nueva disposición adicional décima, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional décima. Prevención de riesgos laborales del personal en formación sanitaria especializada.

1. Las entidades titulares de las unidades docentes acreditadas garantizarán la integración de la prevención de riesgos laborales respecto del personal residente y realizarán una evaluación inicial de los riesgos del personal residente a su servicio, por cada puesto de trabajo, de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. La evaluación de riesgos se llevará a cabo con las siguientes peculiaridades:

a) Tendrá en cuenta todos los riesgos a los que las personas trabajadoras estén expuestas y, en todo caso, los riesgos psicosociales y los derivados de las agresiones a profesionales sanitarios.

b) Se actualizará siempre que resulte necesario y, como mínimo, cada dos años, salvo que, por aplicación de normas o medidas preventivas, se determine la necesidad de llevar a cabo actualizaciones adicionales.

c) Tendrá en cuenta el impacto sobre la seguridad y salud de la jornada y, en particular, de sus ampliaciones autorizadas.

2. Los centros sanitarios de los que dependan las unidades docentes planificarán y adoptarán las medidas preventivas que resulten necesarias a la vista de los resultados de la evaluación de riesgos, asegurando su seguimiento y revisión periódica.

La participación en estas actividades tendrá la consideración de tiempo de formación y se integrará en la planificación ordinaria de la actividad docente y asistencial.

3. Cuando se produzca cualquier situación que pueda producir un daño para la salud se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos, se revisará la evaluación de riesgos y la planificación preventiva y se adoptarán las medidas oportunas, en cumplimiento de la normativa preventiva que resulte de aplicación.

Entre otras medidas, se podrán establecer protocolos específicos de actuación que definan las medidas que se deben adoptar.»

Diez. Se incorpora una nueva disposición adicional undécima, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional undécima. Movilidad por motivos de protección de la salud del personal residente.

Cuando el servicio de prevención de riesgos laborales o de salud laboral, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos laborales del puesto y las conclusiones de la vigilancia de la salud, determine que las condiciones de trabajo en una unidad docente, centro o dispositivo acreditado comportan un riesgo para la salud física o mental de la persona residente y que no es posible garantizar su protección eficaz mediante la adopción de medidas preventivas y de adaptación, por no resultar estas técnicamente posibles o por no permitir controlar adecuadamente dicho riesgo, podrá acordarse su traslado temporal o definitivo a otra unidad docente acreditada de la misma especialidad en la que puedan garantizarse condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud, siendo informados los delegados de prevención y, en su caso, el comité de seguridad y salud.

La movilidad se realizará con garantía de la continuidad de la relación laboral especial de residencia, del mantenimiento de las condiciones retributivas y del reconocimiento de los períodos formativos superados, sin que pueda ocasionar perjuicio económico o profesional ni determinar, por sí misma, la prolongación del periodo formativo.»

Disposición adicional primera. Valoración de criterios homogéneos para el establecimiento del plus de residencia.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud analizará y valorará la adopción de criterios homogéneos para el establecimiento de un plus de residencia aplicable al personal en formación sanitaria especializada.

Se tendrán en cuenta factores tales como el coste de la vivienda y de la vida, la insularidad y extrapeninsularidad, la ruralidad, la dispersión geográfica, la dificultad de cobertura de plazas y cualesquiera otras circunstancias objetivas que incidan en las condiciones de residencia y permanencia de los profesionales en formación.

Disposición adicional segunda. Evaluación del impacto.

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor del presente real decreto, el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, llevará a cabo una evaluación de su impacto en las condiciones de trabajo y formación del personal residente.

Dicha evaluación incluirá, en su caso, recomendaciones de mejora dirigidas a reforzar la calidad de la formación sanitaria especializada, la protección de la salud del personal residente y la adecuada organización de su actividad asistencial y docente.

Disposición transitoria única. Procedimiento provisional para la ampliación de la jornada de guardia prevista en el artículo 5.7 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Hasta que se acuerden y formalicen las condiciones y el procedimiento para la aplicación de la ampliación de la jornada de guardia prevista en el artículo 5.7 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, introducido por el presente real decreto, las entidades titulares de las unidades docentes deberán establecer un procedimiento provisional que garantice la efectividad de dicho derecho desde el mismo día de la entrada en vigor del presente real decreto.