1. La nueva Comisión
Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 17 de diciembre los
documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2020 de
coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que he
tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020", en la que se afirma, según la notaoficial de presentación, que “Establece la estrategia de política económica y de empleo de la UE, que
sitúa la sostenibilidad y la inclusión social en el centro de la política
económica de la UE, en consonancia con las prioridades consagradas en el Pacto
Verde Europeo, la nueva estrategia de crecimiento de la Comisión. Su objetivo
es garantizar que Europa siga teniendo los sistemas de protección social más
avanzados del mundo, se convierta en el primer continente climáticamente neutro
y sea un polo dinámico de innovación y emprendimiento competitivo. Dotará a
Europa de instrumentos para redoblar los esfuerzos por lograr la justicia
social y la prosperidad. En términos más generales, la estrategia de
crecimiento sostenible ayudará a la UE y sus Estados miembros a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que la Comisión ha
integrado por primera vez en el Semestre Europeo”.
En la
Comunicación sobre la citada Estrategia, que será objeto de atención más
adelante, se destaca que a lo largo de la última
década, “el Semestre
Europeo se ha convertido
en instrumento clave
para la coordinación
de las políticas
económicas y de
empleo nacionales”, y que “como tal,
puede ayudar a
impulsar estas políticas
hacia la consecución
de los ODS, supervisando los avances y garantizando
una coordinación más estrecha de los esfuerzos nacionales en el ámbito de las
políticas económicas y de empleo, manteniendo su enfoque en cuestiones que
tengan implicaciones para el conjunto de la economía”.
Tomando en
consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión
constata que “El Semestre Europeo hará mayor hincapié en la sostenibilidad
medioambiental al facilitar orientaciones específicas a los Estados miembros
sobre los ámbitos en que resultan más necesarias las reformas estructurales y
las inversiones en pro de un modelo económico sostenible. Las orientaciones
políticas en el marco del Semestre Europeo contribuirán también a aumentar la productividad,
ya que fomentarán las inversiones y las reformas estructurales a fin de
estimular la investigación y la innovación, mejorar el acceso a la financiación
y el funcionamiento de los mercados de productos y servicios, y eliminar los
cuellos de botella en el entorno empresarial. La equidad debe salvaguardarse
mediante la aplicación de políticas sociales que garanticen unas condiciones de
trabajo justas para todos y permitan a las personas adaptarse a circunstancias
cambiantes en un período de grandes transformaciones. La estabilidad
macroeconómica debe preservarse mediante el respeto de las normas
presupuestarias, aprovechando al mismo tiempo toda la flexibilidad de que están
dotadas, haciendo frente a los desequilibrios y completando la Unión Económica
y Monetaria europea (UEM)”.
La CE ha
presentado varios documentos. Además del dedicado a la estrategia sostenible, se
han publicado, la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la política
económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones
nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE, el Informe
sobre el mecanismo de alerta, la Propuesta de informe conjunto sobre el empleo
(PICE), el Informe sobre el funcionamiento del mercado único, y el segundo informe de seguimiento anual sobre
la aplicación del programa de apoyo a las reformas estructurales de 2018.
Respecto al
PICE, se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un
resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo
en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en
consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las
orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar
la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º
6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y
fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de
oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados
de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales
establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en
la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de
2017.
En la
presentación de los documentos del semestre europeo, se enfatizó por el
Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de una economía al servicio de
las personas, la importancia de adaptar la economía europea a los cambios
medioambientales, tecnológicos y demográficos para que Europa “siga siendo una
potencia económica a escala mundial y lo haga de una manera sostenible y justa.
Por su parte, el comisario de Economía, Paulo Gentiloni, subrayó que una de sus
prioridades en el primer año de mandato será “integrar los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el semestre europeo”.
Desde la
perspectiva más estrictamente social, el comisario de empleo y derechos
sociales, Nicolas Schmit, destacó lo siguiente: “La nueva estrategia integra
los principios de lucha contra las desigualdades y de búsqueda de una
convergencia económica y social al alza consagrados en el pilar europeo de
derechos sociales. El número de personas en activo en la actualidad se
encuentra en un nivel récord, pero persisten las disparidades. En un mundo en
rápida transformación y en una economía en la que la innovación es clave,
tenemos que facilitar un mejor acceso al mercado laboral e invertir más en
capacidades para aquellos que necesitan adaptarse a la transición digital y
ecológica, especialmente para los más vulnerables. La justicia social debe ser
parte integrante de esta nueva línea de trabajo”.
Analizo a
continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados
en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a
las políticas de empleo y protección social. Para el estudio y análisis de los
documentos presentados en 2019 remito a esta entrada, y para los anteriores
desde 2014 a esta.
2. El texto
de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada a la Estrategiaanual de crecimiento sostenible 2020, cuya primera frase marca todo el documento y sus objetivos y finalidades: “El
crecimiento económico no es un fin en sí mismo. La economía debe estar al
servicio de las personas y el planeta”, y expone que la nueva estrategia de
crecimiento, articulada a través de Pacto Verde Europeo anunciado por la
presidente de la CE en su declaración de intenciones para su mandato, deberá
conciliar cuatro dimensiones, que son “el medio ambiente, la productividad, la
estabilidad y la equidad”, vinculándolos con la especial atención a los aspectos
económicos y los relacionados con el empleo.
El documento
parte del crecimiento de la economía europea, aunque se apunte una cierta ralentización,
del aumento del empleo y del descenso del número de personas desempleadas, si
bien apunta un dato que va a tener real importancia en el futuro a medio plazo,
y que requiere de medidas que permitan adaptarse a la nueva realidad, cual será
a corto plazo el envejecimiento de la población en once Estados “en más de un 3
% a partir de 2024”, y que a medio-largo plazo “la población activa de la UE
caerá un 12 % de aquí a 2060”.
Desde la
perspectiva más social, me interesa destacar que el objetivo de la nueva CE es
garantizar que la agenda económica que se instrumente durante su mandato “preste
especial atención a las regiones, las industrias y los trabajadores para los
que la transición suponga un mayor esfuerzo”, por cuanto que las disparidades
dentro de la Unión han ido aumentando y más concretamente “el 10 % de las
regiones mejor clasificadas en términos de productividad son seis veces más productivas
que el 10 % de las regiones mejor clasificadas”.
Desde un planteamiento
inclusivo que me parece muy positivo, al menos desde la reflexión teórica y a
la espera de que se plasme en la realidad, la necesidad de búsqueda de acuerdos
se configura como necesaria, ya que se subraya que “a la hora de trabajar
por un crecimiento más inclusivo,
la integración al mercado laboral de trabajadores menos cualificados puede
reducir la productividad
media a corto
plazo. Sin embargo, ello no cambia
la ventaja que supone
a largo plazo la integración en el mercado laboral, que contribuye a
crear una sociedad más equilibrada y próspera en el tiempo”.
Apunta la
importancia del cambio tecnológico, algo cada vez más importante en nuestra realidad
económica y social, y apunta con plena corrección a mi parecer, que “los datos
y la inteligencia artificial
son grandes motores
de la innovación que pueden
ayudarnos a encontrar soluciones para los retos sociales en ámbitos como el de
la salud o la agricultura y la producción de alimentos, la seguridad o la
industria”. Y se apuesta por una inversión “de gran alcance” en la educación y
el desarrollo de capacidades, subrayando que “Las estrategias globales en materia
de capacidades deben centrarse en las necesidades individuales para actualizar
y reciclar las capacidades, una
responsabilidad compartida entre
particulares, empresas y
gobiernos, teniendo en
cuenta las necesidades de los más
vulnerables”.
Una parte
destacada del documento está dedicada a cómo avanzar en la mejora de
condiciones de trabajo, con desarrollo de las líneas y principios marcadas en
pilar europeo de derechos sociales, debiendo ser leída esta parte del documento
en estrecha relación con el texto del Informe del PICE y también con el informe
económico de la zona euro.
Los datos
son claros y han sido ya puestos de manifiesto en numerosos informes anteriores,
con los que basta ahora realizar una breve recapitulación: cerca de un 10 % de
trabajadores en la Unión siguen teniendo la consideración de “working poors”;
la importancia de la contratación temporal (es curioso que todavía se le sigue
denominándola “atípica”), que es sinónimo es muchas ocasiones de precariedad/inestabilidad,
por lo que se trata de “promover las transiciones hacia los contratos
indefinidos”; las desventajas de la población femenina en el mercado de trabajo
(brecha salarial, brecha contractual…); la atención especial a los colectivos
más vulnerables y la lucha contra el dumping social y la contratación irregular.
Y, entre
otros, la necesidad de una mejor protección social para todas las personas que
lo necesiten, de tal manera que “para
garantizar que los trabajadores
sigan recibiendo apoyo incluso en caso de fuerte perturbación económica, un
Régimen Europeo de Reaseguro de Prestaciones por Desempleo -SURE podría complementar
la acción nacional”. En esta
línea, y a la espera de conocer como se instrumentará, el documento apunta una
propuesta digna de merecer interés, en línea con las orientaciones políticas de
la nueva CE, cual es la puesta en marcha de un nuevo mecanismo económico de
transición justa, que “proporcionará apoyo
específico a los
ciudadanos y regiones
más afectados y
velará por que
nadie quede rezagado. Hará especial hincapié en la
reconversión de las regiones más afectadas por la progresiva sustitución de los
combustibles fósiles”.
3. Parecidas
propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta deRecomendación sobre la política económica de la zona euro.
En primer
lugar, se recuerda que si bien los indicadores del mercado de trabajo siguen
mejorando, lo hacen a un ritmo más lento que en años anteriores, siendo las
previsiones de mayor ralentización a corto plazo y teniendo aún presentes
muchos retos relativos a la calidad del empleo. A continuación, y de manera
casi idéntica a la expuesta en el documento anterior, se subraya que la transición
ecológica debe ser inclusiva y por ello “tendrá que ir acompañada de inversiones
en la adquisición de cualificaciones y en apoyo para las transiciones laborales,
a fin de garantizar que todos los ciudadanos cosechen los beneficios del cambio
tecnológico, en particular en aquellos sectores y regiones que se han quedado rezagados
en el proceso de transición digital y ecológica”, a fin de evitar el incremento
de las desigualdades tanto entre territorios como entre personas, al mismo
tiempo que avanzar de forma gradual en un proceso de convergencia al alza
dentro de los Estados miembros. Se critica que la presión fiscal está sesgada
en perjuicio del factor trabajo, y se avanza que una mayor presión tributaria
sobre la propiedad inmobiliaria o el medio ambiente tendrían “efectos menos
perjudiciales sobre el crecimiento y sobre la oferta y la demanda de mano de
obra”, a la par que contribuirían “al crecimiento sostenible incentivando un
comportamiento «más ecológico» por parte de los consumidores y productores”.
En menciones
concretas a los aspectos sociolaborales, se insiste en la conveniencia y
necesidad de desarrollar el pilar europeo de derechos sociales, en la perspectiva
de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, de tal manera que se promueva
empleo de calidad, se reduzca la segmentación del mercado de trabajo y se
potencie el diálogo social, al mismo tiempo, como ya he apuntado, que es necesario
un amplio y sostenido esfuerzo a favor de la mejora de las cualificaciones de
una buena parte de la población trabajadora escasamente preparada para el
cambio tecnológico y ecológico. No falta la obligada referencia, en cada nuevo
documento comunitario, a la importancia de trabajo en la economía de las
plataformas, siquiera sea indirectamente, ya que la mención es a las nuevas (¿o
no tan nuevas en muchas ocasiones? me pregunto) formas atípicas de empleo, para
las que la legislación debería ofrecer condiciones laborales equitativas y
dignas, ya que “brindan nuevas oportunidades, aunque también plantean retos
desde la perspectiva la seguridad del empleo y la protección social”. En la
misma línea que la Comunicación sobre la estrategia sostenible, se enfatiza que
la CE tiene la intención de promover “un régimen europeo de reaseguro de
prestaciones por desempleo con el fin de proteger mejor a las ciudadanos si se
producen perturbaciones económicas”.
Todas las
manifestaciones contenidas en los párrafos anteriores y que se encuentran en la
parte introductoria del documento, se concretan en la Recomendación núm. 3
dirigida a todos los miembros de la zona euro durante el período 2020.2011,
para que adopten las siguientes medidas:
“Reforzar
los sistemas de educación y formación y la inversión en la adquisición de
cualificaciones. Aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de
trabajo que apoyan la integración en él y la resolución satisfactoria de las
transiciones en el mercado de trabajo, en particular hacia la creación de más
empleos en los sectores digital y ecológico. Promover la participación en el
mercado laboral, en particular la de las mujeres, y desplazar la presión
tributaria del trabajo hacia otros factores, en particular en beneficio de las
personas que perciben pocos ingresos y las segundas fuentes de ingresos del
hogar. Fomentar la creación de empleo de calidad y unas condiciones laborales
justas, y abordar la segmentación del mercado laboral. Mejorar el acceso a unos
sistemas de protección social adecuados y sostenibles. Aumentar la eficacia del
diálogo social y promover la negociación colectiva”.
4. El
estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del proyecto de informeconjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, que será definitivamente
aprobado, como en años anteriores, en el Consejo de marzo de 2020. Se trata de
un extenso documento de 166 páginas, que dedica su capítulo I a las principales
tendencias sociales y de mercado laboral en la Unión; más adelante, son objeto
de presentación “los principales resultados del análisis del cuadro de
indicadores sociales asociado al pilar europeo de derechos sociales”, mientras
que en el capítulo 3 “se ofrece una descripción detallada por país de los
indicadores clave (incluidos los del cuadro de indicadores sociales) y de las
políticas aplicadas por los Estados miembros para satisfacer las orientaciones
para las políticas de empleo”.
El documento
constata los progresos puestos en práctica en nueve de los catorce indicadores sociales
que acompañan al pilar, y observa una estabilidad o tendencia negativa en los
cinco restantes, de los que destacaría el abandono prematuro de la educación o
la formación, y la brecha de género en el empleo, así como también que todos
los Estados miembros, a excepción de los Países Bajos, tienen un indicador
bastante por debajo de la medida o bien con una importante tendencia negativa.
En el caso
de España, se encuentra en situación crítica respecto a las personas que abandonan
prematuramente la educación y la formación, así como también por lo que
respecta a las tasas de empleo, y a la capacidad de sus transferencias sociales
para reducir el riesgo de pobreza, mientras que se encuentra entre los Estados
UE con mejores resultados en el indicado sobre inscripción de menores en guarderías,
y “mejor que la media” en las necesidades de cuidados médicos no satisfechas
declaradas.
Las tesis
centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha
sintonía con el estudio sobre la estrategia sostenible. En los aspectos
positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo
trimestre de 2018, “241,5 millones de personas estaban en situación de empleo
en la UE”, es decir 17 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados
de 2013, en el punto álgido de la crisis, con una tasa de empleo del 73,9 % que
permite razonablemente pensar que se está cerca de lograr el objetivo del 75 %
fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la
población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años, y
de las mujeres, con especial impacto entre aquellos altamente cualificados. Por
el contrario, la tasas de participación de los trabajadores con niveles bajos
de cualificación siguen estando por debajo de la existente en 2008, al mismo
tiempo que sigue también baja la presencia de las personas con discapacidad, y
el empleo de los migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en
diversos Estados que dificultan su incorporación regular y estable al mercado
laboral.
Las tasas de
empleo según los diversos grupos de edad van desde el 35,4 % de los jóvenes de
15 a 24 años (aún 1,9 puntos por debajo de la de 2008), pasando por el 58,7 % de
las personas de edad avanzada (incremento de 13 puntos porcentuales con
respecto al inicio de la crisis) y del 80, 4 % para la población de 25 a 54
años. También se incrementa la tasa de empleo de la población extranjera, que
en el grupo de 20 a 64 años alcanza el 64,5 % en 2018, todavía cerca de diez puntos
por debajo de la de ciudadanos de la UE (73,9 %), y habiendo aumentado la
diferencia en cuatro puntos desde el inicio de la crisis.
Más luces en
el mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,3
% en la UE, con niveles cercanos o incluso inferiores a los del inicio de la
crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta de la persistencia de un desempleo
elevado en varios países, entre los que se menciona a España. Ya se habla abiertamente de “escasez de mano de
obra” en Estados donde el nivel de desempleo es bajo, si bien la situación de ralentización
económica está empezando a hacer disminuir el número de empresas que afirman
sufrir dicha escasez. No obstante, hay
que mejorar la protección de las personas desempleadas ya que solo un tercio de
los desempleados de corta duración (menos de 12 meses) está cubierto por la protección
por desempleo como medio en la Unión.
Cantidad y
calidad de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara
por un trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son
tan fáciles y sencillas. Un dato positivo es que si bien hasta 2018 había más
empleo pero menos horas trabajadas con respecto al inicio de la crisis, dado
que el número de horas de trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en
los últimos años ello ha significado que, aun cuando el empleo se ha ido
desplazando a sectores con menos intensidad de horas de trabajo, en dicho año
se superó por primera vez desde 2008 el número de horas trabajadas (+ 0,3 %). El empleo en el sector servicios supone ya el
74 % de la población ocupada.
¿Qué decir
sobre los salarios, los niveles salariales? Que la desigualdad de ingresos “ha
aumentado ligeramente, en general, y se mantiene en un nivel elevado en
comparación con el período anterior a la crisis, aunque relativamente favorable
en comparación con los niveles internacionales. De media en la UE, el 20 % más
rico de los hogares cuenta con una renta más de cinco veces superior a la del
20 % más pobre”. Para atajar las desigualdades de renta el proyecto de Informe
considera necesario que los Estados miembros adopten medidas en distintos
ámbitos, como “el diseño de sistemas fiscales y de prestaciones, la fijación de
salarios (mínimos), el fomento de la igualdad de oportunidades en la educación
y la formación desde una edad temprana, la garantía del acceso a servicios
asequibles y de calidad, la promoción de la igualdad de género y la resolución
de las disparidades regionales”.
La brecha
entre hombres y mujeres tanto en tasas de empleo como en condiciones salariales
se sigue manteniendo sustancialmente en los mismo porcentajes que desde 2013,
11,6 puntos en las primera y 16,2 puntos en la segundas. Con grandes
diferencias entre Estados miembros, siguen siendo necesarias medidas que faciliten
tanto el acceso de los menores como personas con dificultades físicas por razón
de edad avanzada a servicios sociales de calidad y que corrijan el impacto que
tiene la parentalidad (y el cuidado de mayores) entre las mujeres con respecto
a los hombres.
¿Qué decir
sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable
que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de
actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de
la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico
de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en
España), y que más de la mitad de este porcentaje (53 %) es de trabajadores que
lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más
estable. A destacar que hay un 16 % de
trabajadores pobres, o working poors, entre quienes están presente en el
mercado de trabajo con contratos temporales. En cuanto al trabajo a tiempo parcial
involuntario, ha ido disminuyendo de forma gradual desde el inicio de la recuperación
en 2014, si bien todavía es un porcentaje bastante elevado, el 24,6 %.
No es sorprendente
que las cualificaciones profesionales adquiridas vías educativa y formativa lleve a
una mayor tasa de empleo de la población más cualificada, que se sitúa en un
84,5 %, frente al 73,4 % de quienes
tienen un nivel medio, y de un mucho más reducido porcentaje del 56,1 % para
quienes no han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria,
subrayándose la preocupación existente por la baja participación (por debajo
del 5 %) en actividades formativas de aquellos más especialmente necesitados. Las
diferencias por nivel de cualificación también se trasladan a las existentes
entre hombres y mujeres, ya que son muy superiores (21,1 puntos) en caso de las
mujeres con baja cualificación, reduciéndose sensiblemente hasta 10,9 y 6,8 puntos,
cuando la cualificación de la población femenina es media y alta.
El informe
dedica menciones especificas al trabajo en plataformas digitales como “una
forma de empleo emergente en los mercados laborales europeos”, y enfatiza tanto
los aspectos positivos como los especialmente problemáticos, en la misma línea
de otros documentos que han abordado casi monográficamente esta temática. Así,
se afirma que el auge experimentado de esta trabajo “abre nuevas oportunidades
de empleo y permite que se desarrollen modelos de negocio innovadores, pero
también pone en entredicho las prácticas y los marcos jurídicos del mercado
laboral (por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de las condiciones
laborales, el acceso a la negociación colectiva y a los sistemas de protección
social), que a menudo no están totalmente adaptados a las nuevas tendencias.
Además, plantea nuevas cuestiones en torno al uso de datos personales y de la
gestión algorítmica”.
En fin,
subrayo como dato positivo, con el que cierro esta comentario, la importancia
que confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma
ordenada, y en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas
propuestas; importancia, que aparece tanto en la Comunicación dedicada a la estrategia
sostenible como en el proyecto de informe sobre el empleo, y que
queda bien recogido en esta frase del segundo documento: “El fortalecimiento de
la economía social de mercado es indisociable de la mejora de la calidad del
diálogo social. En las orientaciones para el empleo se reconoce la
participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación
de las políticas y las reformas de empleo y sociales. En general, la calidad de
la participación a nivel nacional y regional se ha mantenido estable en la
mayoría de los Estados miembros, aunque siguen existiendo diferencias entre
países. Además, aunque la participación general de los interlocutores sociales
en el Semestre Europeo ha avanzado lentamente, hay margen para un mayor desarrollo.
En particular, esto requeriría en algunos Estados miembros intercambios más
previsibles y significativos en torno a la preparación de los programas
nacionales de reforma, incluidos los plazos asignados”.
Buena
lectura, y a esperar el desarrollo de los próximos acontecimientos a escala
europea y el impulso de la nueva CE.
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