Quinta parte. Documentos
recientes sobre inmigración en España, UE y ámbito internacional, que guardan
directa relación con los debates sobre el futuro del trabajo.
I. España.
Según los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de
2017, hechos públicos el jueves 25 de enero, la población activa extranjera
estaba integrada por 2.781.000 personas, con 2.126.600 ocupadas y 655.400
paradas, mientras que 1.018.600 personas estaban conceptuadas como inactivas.
El número de personas extranjeras de 16 y más años es de 3.799.600, con un
aumento trimestral de 34.100 y en serie interanual 94.300 personas.
Cabe destacar el hecho de que la EPA se calcula con la base de población que
incorpora la información actualizada de los censos de población y vivienda de
2011. El Instituto Nacional de Estadística publicó el jueves 24 de abril de
2014 una nota metodológica sobre la nueva base poblacional y poniendo de
relieve que según el censo de 2011 la población de 16 y más años supera en
373.700 personas la población que se tomaba anteriormente en consideración para
la muestra, más concretamente "estaba infravalorada en 585.700 españoles,
y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100 ".
Hecha esta matización, si comparamos con los datos del tercer trimestre de
2017, la población activa extranjera ha aumentado en 50.000 personas y en serie
interanual el aumento es de 115.300. Si nos fijamos en los datos de la
población autóctona, la población activa ha disminuido en 65.900 personas sobre
el trimestre anterior y ha disminuido en 96.200 en serie interanual.
La tasa de actividad es del 73.19%, 15,96 puntos superior a la de la tasa
de la población activa española (57,23%). En este trimestre, la tasa de
actividad de los extranjeros ha crecido en un 0,66%, mientras que el descenso
de la tasa de la población española ha sido del 0,22%. En serie interanual la
tasa de actividad de la población autóctona experimenta un descenso del 0,34%,
y la de la población extranjera un crecimiento del 1,25%.
La tasa de paro de la población extranjera es del 23,57%, es decir 8,0
puntos por encima de la española (15,57%). Durante el cuarto trimestre del 2017
el desempleo autóctono disminuyó en 400 personas, y la extranjera en 35.300.
Durante el cuarto trimestre de 2017 se debe mencionar el hecho de que el
número de trabajadores autóctonos ocupados ha experimentado un descenso de
65.900, y el de extranjeros un crecimiento de 15.000. En serie interanual la
población ocupada extranjera crece en 117.400 personas, la población parada
merma en 2.000 y la inactiva merma en 21.100, mientras que la población ocupada
española crece en 372.900 personas, la población parada disminuye en 469.100, y
la inactiva crece en 133.600 personas.
1. El Observatorio permanente de la inmigración el 29 de septiembre los
datos disponibles de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de
residencia a 30 de junio de 2017, diferenciando la explicación, como viene
haciéndose desde 2010, por regímenes (general y comunitario).
Cabe recordar que con los datos a 31 de diciembre de 2013 se reanudó la
serie trimestral interrumpida en junio del mismo año, ya que no se publicó la
información correspondiente al tercer trimestre. La explicación de ello residió
en los cambios metodológicos introducidos, que tal como se explicaba en el
informe de diciembre de 2013 consistieron en llevar a cabo “una depuración con
el objetivo de descontar a aquellos extranjeros que han accedido a la
nacionalidad española y mantenían en vigor una autorización de residencia”.
Igualmente, se procedió a descontar “aquellos extranjeros fallecidos en España,
cuya autorización de residencia o certificado de registro se encontraba en
vigor en el momento del fallecimiento”.
Por consiguiente, el cambio metodológico implicó la necesaria revisión de
la serie histórica, habiendo sido recalculada la cifra de extranjeros con la
nueva metodología “para que sea posible la comparabilidad de los datos. En otro
caso, no se pueden hacer comparaciones sobre la evolución de las cifras de
extranjeros”. El documento con los datos a 31 de diciembre de 2013 recordaba
que en la página web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración
pueden encontrarse “los datos correspondientes a trimestres anteriores
obtenidos con la nueva metodología”. No obstante, ya se encuentran en el
informe de diciembre de 2013 los datos recalculados del tercer trimestre de
2013 (comparación trimestral) y del cuarto trimestre de 2012 (comparación en
serie interanual). El cambio metodológico citado no permite, pues, comparar los
nuevos datos con los expuestos en los informes elaborados hasta el segundo
semestre de 2013, inclusive, y que fueron objeto de comentario en entradas
anteriores del blog.
La importancia de los datos radica en el exacto conocimiento de la
extranjería e inmigración en España, y muy en especial en los últimos siete
años en el conocimiento más concreto de cómo ha impactado la crisis económica y
de empleo, y el posterior inicio de la recuperación, sobre la población
extranjera, tanto de países no UE y que está incorporada al Régimen General,
como de ciudadanos de Estados miembros UE que están incorporadas al régimen de
libre circulación.
De forma muy didáctica, el informe explica que el régimen comunitario “es
el régimen jurídico de extranjería que se aplica a los nacionales de países de
la Unión Europea y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio
(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), así como a sus familiares y los
familiares de españoles que sean nacionales de terceros países”, mientras que
el régimen general “es el régimen jurídico que se aplica a los nacionales de
terceros países, salvo que les sea de aplicación el régimen comunitario”.
2. A 30 de junio de 2017 había 5.131.591 extranjeros con certificado de
registro o tarjeta de residencia en vigor, más exactamente 3.047.450 personas
acogidas al régimen comunitario (59,4 %) y 2.084.141 al régimen general (40,6
%), con un incremento en serie interanual en el primer grupo de 122.031 (4,2 %)
y un descenso de 7.846 (- 0,4 %), en el segundo. Buena parte del descenso de la
población extracomunitaria, aunque en mucha menor escala que en los tres años
anteriores, se debe principalmente al proceso de nacionalización llevado a cabo
desde 2013.
Como he indicado, el porcentaje de ciudadanos extranjeros a los que se
aplica el derecho de libre circulación y residencia, es decir, el Régimen
Comunitario, es del 59,40 % sobre el total, frente al Régimen General que se
sitúa en el 40,60 % % Las provincias de Madrid (829.879) y Barcelona (748.323)
concentran el 30,8 % de los extranjeros residentes en España, y las de Alicante,
Valencia, Málaga, Islas Baleares y Murcia, otro 25,2 % del total de extranjeros
residentes en España. Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía
y Comunidad Valenciana, concentran casi el 65,8 % del total de la población
extranjera, 3.368.554 personas.
3. Paso a continuación al análisis de los datos más importantes de los
extranjeros acogidos al régimen comunitario (incluye, tal como he indicado,
ciudadanos de la UE, de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y sus
familiares). A 30 de junio de 2017 hay un total de 3.047.450, con 122.031 (4,2
%) personas más acogidas en serie interanual.
Del total referenciado, 2.638.350 son ciudadanos comunitarios y de la
AELC-EFTA (86,60 % del total), mientras que el resto son familiares de los
anteriores y de españoles con nacionalidad de un tercer país, un total de
409.100 (13,40 %), con un peso muy importante de personas nacionales de
Marruecos y de América central y del Sur. La población marroquí supera los
40.000 residentes.
A partir de los datos del cuarto trimestre de 2012 se proporciona
información desagregada sobre las diferentes modalidades de certificados de
residencia temporal, de tal manera que podemos saber que, a 30 de junio de
2017, 685.839 ciudadanos de la UE y AELC tiene residencia permanente (703.319
%), mientras que el resto (1.935.031, 73,50 %) tienen “motivo de residencia
determinado” (523.989), o “motivo de residencia no determinado” (1.411.042). En
aquellos cuyo motivo de residencia está determinado, destaca el de los
extranjeros trabajadores por cuenta ajena (231.088, 44,1 %). Conviene recordar,
tal como se hace en el documento ahora analizado, que aquellos certificados en
los que no consta motivo de residencia se expidieron antes del 24 de abril de
2012, fecha de entrada en vigor del RDL16/2012, de 24 de abril, cuya
disposición adicional quinta modificó el art. 7 del Real Decreto 240/2007, de
16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el EEE. Tal reforma, sintetiza el documento ahora objeto de
examen, “introduce modificaciones para acceder a la residencia por un período
superior a tres meses, a diferencia de los regulado con anterioridad, donde el
motivo de residencia no se diferenciaba”.
Por distribución de sexo, el 52,70 % de los ciudadanos UE-AELC son varones
y el 47,30 % mujeres, mientras que entre los familiares predominan las mujeres
(59,10 %) por delante de los varones (40,9 %)
La población rumana, que había accedido en el segundo semestre de 2010 a la
primera posición de todos los países con ciudadanos en España, se mantiene en
el primer lugar de manera muy destacada con respecto a otras poblaciones, con
1.017.597 personas (incremento semestral de 2,30 y aumento interanual del 4,20
%). A bastante distancia le siguen la población nacional del Reino Unido
(306.082 personas), la italiana (263.644 %) y la búlgara (190.981 %). Es la
población italiana la que han experimentado un importante incremento relativo
en serie interanual, un 8,20 %, seguida de la francesa con un 6,40 %. Cabe
resaltar que más del 52 % de la población acogida al régimen comunitario son
nacionales de tres países: Rumania, Reino Unido e Italia.
Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y
Andalucía agrupan el 64,0 % de los extranjeros de este régimen. La primera
acoge a 534.392 extranjeros, y la segunda a 482.493, con 474.977 en la tercera
y 459.058 en la cuarta. El 86,7 % de la población tiene edad laboral (entre 16
y 64 años), situándose la media de edad en los 40,3 años, es decir 6,3 años por
encima de la media de los extranjeros en régimen general.
4. Analizo a continuación los datos de la población extranjera acogida al
régimen general, es decir los nacionales de terceros países “salvo que les sea
de aplicación el Régimen Comunitario”. A 30 de junio de 2017 hay un total de
2.084.141, con un descenso de 7.846 residentes en serie interanual. Por sexo,
el 45,30 % son mujeres y el 54,70 % hombres. La edad media es de 34,0 años.
La población marroquí es la primera en este régimen y la segunda en el
conjunto de todas las nacionalidades, con 715.879 personas, con un incremento
del 0,1 % y un descenso del 0,60 % en serie semestral e interanual
respectivamente, representando el 30,3 % del total de la población de este
régimen. A bastante distancia siguen los chinos (202.479), ecuatorianos
(141.960 %), bolivianos (81.355 %), colombianos (80.544 %), y ucranianos
(79.030 %). Hay que destacar en serie interanual, el crecimiento de la
población rusa, india, pakistaní, senegalesa y china. Por continentes, el peso
porcentual de los ciudadanos de Iberoamérica ha disminuido considerablemente
como consecuencia, como ya he explicado, de la adquisición de la nacionalidad
española por un importante número de tales ciudadanos, de tal manera que queda
en el 27,6 %, bastante por detrás del africano, (45,60 %), pero por delante del
asiático (18,80 %), y del colectivo de países de la Europa no comunitaria (6,9
%).
Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad
Valenciana agrupan a cerca del 68 % de los extranjeros del régimen general. Las
provincias de Barcelona y Madrid reúnen el mayor número de población
extranjera, 397.300 y 347.386, respectivamente, De las restantes provincias
catalanas, Girona reúne a 84.812, Tarragona a 69.281, y Lleida a 38.713. Las
provincias de Barcelona y Madrid, concentran a más del 36 % del total de
residentes de este régimen, y con Murcia (147.605), Alicante (104.860) y
Valencia (95.364) superan el 52 %.
Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral, ya que el 79,2
de la población se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 64 años
(1.650.313) mientras que el resto se concentra mayoritariamente en la población
menor de 16 años (384.296, 18,4 %), con una presencia residual (49.532, 2,4 %)
de los mayores de 65 años, siendo los marroquíes los más jóvenes, con una media
de 30,9 años, seguidos de los pakistaníes (31,6) y chinos (31,7).
De los extranjeros del régimen general, el 84,0 %, es decir 1.748.637
personas, disponen de autorización de residencia de larga duración (con un
elevado porcentaje, superior al 49 y 28 % de ciudadanos africanos y de América
Central y del Sur, destacando que los colectivos más numerosos son los
nacionales de Marruecos, Ecuador y China). Las autorizaciones temporales
(335.504) suponen el 16,0 % del total, continuando su disminución.
De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, 156.001 (46,50 %)
son por cuenta ajena, por cuenta propia, y las restantes otro tipo de
autorizaciones (como tarjeta azul UE y para investigación). De las
autorizaciones de residencia temporal, 99.729 son por reagrupación familiar
(29,7 %), 45.073 por residencia no lucrativa (13,4), y 34.701 por
circunstancias excepcionales (arraigo, razones humanitarias y otras).
A 30 de junio de 2017, 90.107 personas tienen autorización de residencia
inicial, con un importante incremento del 8,1 % en serie interanual; se
produjeron 210.696 modificaciones y renovaciones; y hubo un total de 34.701
autorizaciones por circunstancias excepcionales. Refiriéndonos a países
concretos, más del 90 % de nacionales de Marruecos y Ecuador tiene autorización
de residencia de larga duración.
4. Por último, cabe reseñar que el informe semestral recoge datos
estadísticos sobre los extranjeros autorización de residencia y trabajo en
vigor en virtud de las posibilidades ofrecidas por la Ley 14/2013 de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización. Cabe destacar que 10.507
corresponden a autorizaciones por razones de interés económico. Los chinos
(1.367), rusos (1.006) y estadounidenses (805) se sitúan en cabeza de las
autorizaciones concedidas, y de todas ellas algo menos de la mitad corresponden
a profesionales altamente cualificados.
II. Unión Europea.
La inmigración encabeza las preocupaciones de los europeos, seguida por el
terrorismo
“La inmigración es el principal reto al que se enfrenta la UE en la
actualidad (39 %, +1). El terrorismo está en segundo lugar (38 %, -6), muy por
encima de la situación económica (17 %, -1), del estado de las cuentas públicas
de los Estados miembros (16 %, -1) y del desempleo (13 %, -2). A escala nacional,
las principales preocupaciones son el desempleo (25 %, -4) y la inmigración (22
%, sin cambios). La inmigración progresa por primera vez desde otoño de 2015,
aunque en una proporción limitada ( + 1) después de haber retrocedido más de
veinte puntos de porcentaje entre el otoño de 2015 y la primavera de 2017.
... Principales
preocupaciones a escala europea: resultados nacionales
Mencionada por el
39% de los encuestados, la inmigración se considera el problema más importante
al que se enfrenta la UE en 14 Estados miembros (frente a siete en la primavera
de 2017). Alcanzó las puntuaciones más altas en Estonia (62%), la República
Checa y Hungría (58% en ambos países). La inmigración es la cuestión más
importante en Eslovaquia (43 %) y es la segunda preocupación más importante en
todos los demás Estados miembros.
Principales
preocupaciones a nivel nacional: tendencia
La inmigración
sigue siendo percibida como el segundo problema más importante a nivel nacional
(22%, sin cambios).
Principales
preocupaciones a nivel nacional: resultados nacionales
Citada por el 22%
de los europeos, en segundo lugar, la inmigración ocupa el primer lugar entre
las preocupaciones nacionales en Alemania (40%), Bélgica (29%) y Austria (28%).
Ocupa el segundo lugar en otros cuatro Estados miembros (frente a cinco en la
primavera de 2017)”.
La Comisión
Europea y los interlocutores sociales y económicos de la UE suscribieron el 20
de diciembre una «Asociación Europea para la Integración», en la que se
establecen los principios y compromisos clave destinados a apoyar y aumentar
las oportunidades de los refugiados y los migrantes que residen legalmente en
la UE para integrarse en el mercado de trabajo europeo.
Según se pone de manifiesto en la información
oficial facilitada sobre esta asociación, “La integración solo puede ser eficaz
si todos los actores pertinentes desempeñan sus papeles: las instituciones de
la UE, las autoridades nacionales y locales, los interlocutores sociales y
económicos y las organizaciones de la sociedad civil. La Asociación para la
Integración establece principios clave para la integración de los
refugiados en el mercado de trabajo, como, por ejemplo, prestar
asistencia lo antes posible, velar por que la integración beneficie tanto a los
refugiados como a la economía y la sociedad en general y garantizar un enfoque
multilateral.
Entre los compromisos adquiridos por los
interlocutores sociales y económicos se encuentra el de compartir
buenas prácticas para la integración en el mercado de trabajo de los
refugiados, por ejemplo, la organización de programas de tutoría para
integrarlos en el lugar de trabajo o facilitar la identificación, la evaluación
y la documentación de las capacidades y las cualificaciones. También se han
comprometido a promover la Asociación entre sus miembros y a reforzar la
cooperación con las autoridades públicas a todos los niveles adecuados. La Comisión
Europea se esforzará, entre otras cosas, por promover sinergias con
los fondos de la UE, garantizarlas con otras iniciativas relacionadas a nivel
europeo y seguir trabajando con los organismos, grupos, comités y redes de la
UE pertinentes, así como con los interlocutores sociales y económicos, para
apoyar la integración en el mercado de trabajo de los refugiados”.
Reproduzco a continuación algunos de los
fragmentos más significativos a mi parecer del
acuerdo de asociación.
“… Subrayando que la integración del mercado de
trabajo requiere un marco jurídico adecuado, inversiones incrementales,
teniendo en cuenta los diferentes niveles de cualificación de los refugiados y
el tiempo necesario para una integración efectiva, así como la acción de una
multitud de partes interesadas, tanto públicas como privadas, y que sólo un
esfuerzo coordinado, cada una en sus respectivas áreas de competencia, puede
conducir a resultados impactantes y sostenibles.
…. Destacando que
la igualdad de oportunidades y trato entre los trabajadores nacionales y
refugiados -de acuerdo con todos los marcos o acuerdos pertinentes a nivel
nacional, así como la situación objetiva de los refugiados y sus
cualificaciones como parte de los instrumentos activos del mercado laboral a disposición
de los solicitantes de empleo- es fundamental para construir la solidaridad y
la cohesión social en nuestras sociedades...
…. Al unirnos a
esta alianza, nos esforzamos por seguir promoviendo la integración en el
mercado laboral de los refugiados en nuestros respectivos ámbitos de
competencia.
Esta alianza debe
basarse en los siguientes principios:
1. La integración en el mercado laboral
debe apoyarse lo antes posible, ya que la búsqueda de empleo es fundamental
para formar parte de la vida económica y social del país de acogida;
2. El éxito de los esfuerzos de
integración debe beneficiar y aportar valor a los refugiados, así como a toda
la mano de obra, las empresas, la economía y la sociedad en general,
garantizando que no se desperdicie ninguna cualificación o competencia;
3. El éxito de la integración en el
mercado de trabajo requiere un enfoque de múltiples partes interesadas, en el
que participen las autoridades públicas, los servicios de empleo, los
interlocutores económicos y sociales, las organizaciones empresariales, las
cámaras de comercio e industria, las cámaras de artesanía cualificada, las
empresas y los trabajadores, los empleadores de los servicios públicos, los
proveedores de educación y formación y las organizaciones de la sociedad civil,
respetando plenamente el papel y las competencias de cada uno de estos agentes”.
Según se explica en la documentación oficial de presentación, “La guía de
herramientas define cinco ámbitos prioritarios para unas estrategias completas
y eficientes de integración duradera: recepción, educación, empleo, vivienda y
acceso a los servicios públicos. En ella se enumeran los desafíos más
apremiantes en relación con estas cinco prioridades y se recomiendan medidas de
apoyo adecuadas, cada una asociada al Fondo europeo correspondiente.
Por ejemplo, en el ámbito de la educación pueden utilizarse conjuntamente
distintos Fondos de la UE para evitar la segregación y hacer que las escuelas
sean más inclusivas: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede
financiar la modernización y accesibilidad de las instalaciones; el Fondo
Social Europeo (FSE) y el FAMI pueden apoyar una formación específica para los
educadores, a fin de ayudarles a combatir el abandono escolar, mientras que el
FEAD puede proporcionar asistencia material a los estudiantes que lo necesiten.
Los Estados miembros y las regiones disponen de una amplia oferta de
instrumentos financieros de la UE con los que apoyar proyectos de diferentes
tipos en el ámbito de la integración, ya sean cursos de lenguas y asistencia
sanitaria desde la llegada o ayuda a los migrantes para encontrar empleo,
vivienda y un lugar en la sociedad. Estos instrumentos incluyen la financiación
por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (FAMI) o el Fondo de Ayuda Europea para las
Personas Más Desfavorecidas (FEAD)”.
Del contenido de la guía, extraigo estos fragmentos de especial interés:
"Para que los fondos de la UE respondan mejor a estos retos, deben
seguirse una serie de pasos:
En primer lugar, es esencial que
existan marcos de políticas estratégicas nacionales y locales basados en la
evidencia.
En segundo lugar, en caso de que los Estados miembros y/o las autoridades
regionales decidan utilizar los fondos de la UE para las personas de origen
inmigrante, las intervenciones deberían ajustarse a estos marcos políticos
estratégicos.
En tercer lugar, los solapamientos entre los instrumentos de financiación
de la UE exigen reforzar los mecanismos de coordinación y las sinergias entre
los fondos de la UE".
El día 10 de enero se reunían en Roma
los Jefes
de Estado y de Gobierno de la República de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia,
Grecia, Malta, Portugal y Portugal, a fin de celebrar la cuarta Cumbre de los
países de la Unión Europea Meridional. En la reunión ocupó un papel importante,
como era de esperar, la temática de la inmigración, que fue recogida en la
declaración final en los términos siguientes:
“La gestión de los flujos migratorios será un reto
fundamental para la Unión Europea en los próximos años. Los países del sur de
la UE están especialmente preocupados y afectados, ya que se encuentran a la
vanguardia de las fronteras exteriores de la UE. La UE debe reconocer y
compartir nuestro papel fundamental y la carga de proteger esas fronteras. La
UE tendrá que redoblar su lucha contra la trata de seres humanos y las nuevas
formas de esclavitud, garantizar los derechos humanos de todas las personas y
proteger a quienes necesitan protección internacional, en particular los grupos
más vulnerables.
Estamos firmemente comprometidos con una política
común europea de migración, para prevenir los flujos irregulares y abordar las
causas profundas de la migración masiva en diálogo y cooperación con los países
de origen y tránsito. Estamos decididos a fortalecer nuestras asociaciones con
esos países, en particular en África. Es necesaria la plena aplicación de la
Declaración UE-Turquía, en un mar Egeo donde se respete el Derecho
internacional. Habida cuenta del éxito concreto alcanzado en los últimos meses
en la dimensión exterior de la migración, debe continuar la financiación
adecuada de los instrumentos financieros existentes, incluidos el Fondo
Fiduciario de la UE para África y el mecanismo UE-Turquía, también con vistas
al establecimiento de instrumentos financieros plenamente financiados en el
próximo MFP.
Creemos firmemente que los resultados positivos sobre
la dimensión exterior de la Agenda de Migración deben complementarse con un
esfuerzo decidido para construir un nuevo y justo Sistema Europeo Común de
Asilo (SECA) basado en el respeto efectivo de los principios de responsabilidad
y solidaridad, especialmente hacia los Estados miembros de primera línea”.
III. Internacional.
Con ocasión de la celebración del día internacional del migrante, el 18 de
diciembre, la CSI presentó un documento que lleva por título “Demandaslaborales para el Pacto Mundial sobre Migración”. Con ocasión de su
presentación, la Secretaria General de la CSI, Sra. Sara Burrow, manifestó que “La
migración es una de las cuestiones clave en la agenda internacional
actualmente, que adquiere aún más importancia en vista del creciente número de
personas desplazadas por conflictos y cada vez más también por las
consecuencias del cambio climático. Queremos un proceso de Naciones Unidas que
proponga soluciones, que aporte justicia y que asista, en lugar de impedir, el
desarrollo económico y social. La migración ha sido siempre un elemento central
del desarrollo humano, y con la escalada de sentimientos racistas y xenófobos,
fomentados por el discurso racista de cada vez más figuras políticas, encontrar
soluciones globales resulta vital para poner fin a la discriminación y
demonización que sufren tantos migrantes y refugiados hoy en día”.
Destaco a continuación aquellos contenidos del documento sindical que
considero de mayor interés.
“… El aumento de la xenofobia y la magnitud sin precedentes del
desplazamiento humano durante los últimos años ponen de relieve la necesidad
urgente de un compromiso mundial con una migración justa y políticas coherentes
y basadas en los derechos humanos. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
sobre Migración Segura, Regular y Ordenada representa una oportunidad histórica
para abordar esta necesidad. El Pacto podría servir como un vehículo importante
para reconocer las causas profundas que obligan a las personas a emigrar y para
fomentar vías para salir de la irregularidad. Debe mejorar los canales de
migración regular que promuevan la prosperidad compartida y promuevan los
derechos de los trabajadores. Sin embargo, en el desafiante clima político
actual, también existe el riesgo de que el Pacto pueda eludir las obligaciones
humanitarias, al no proporcionar protección contra los regímenes de deportación
y los abusivos programas de visados de trabajo temporales o circulares. El
movimiento obrero mundial afirma que el Pacto sólo tendrá éxito si se adhiere a
las normas de derechos humanos y laborales y no criminaliza más a los migrantes
ni faculta al sector privado para dictar los términos de la gobernanza
migratoria. Es hora de que los Estados vayan más allá de los programas de
migración temporal o circular y se centren en la regularización, el
reasentamiento humanitario y las políticas que promueven el desarrollo
sostenible y el trabajo decente para todos en los países de origen, tránsito y
destino….
…. Modelos justos para la migración laboral. Exigimos un nuevo enfoque de
la migración laboral que potencie a los migrantes y reduzca el control de los
empleadores sobre el proceso. Este marco debe guiarse por principios que
garanticen la equidad y salvaguarden los derechos y las normas para todos.
… Control obrero del status. Los trabajadores migrantes no deben estar
vinculados a un solo empleador ni verse forzados a una migración temporal o
circular indefinida por motivos de trabajo. Las políticas de visados deben
tener plenamente en cuenta las necesidades de los trabajadores, garantizando la
transferibilidad de los visados de trabajo para facilitar la movilidad y una
mayor presencia en el mercado laboral. Los trabajadores deben poder ejercer la
opción de unidad familiar, residencia permanente y eventual ciudadanía si lo
desean.
… Empleo seguro y directo. Los programas de migración laboral no deben ser
utilizados para expandir el trabajo precario al hacer deliberadamente
inseguros, temporales o contingentes los trabajos que antes eran permanentes, o
al facilitar modelos de subcontratación, privatización o empleo de terceros.
Reglamento para reclutadores. El sector de la contratación de personal
debería regularse mediante mecanismos obligatorios y aplicables en lugar de
programas voluntarios, con miras a eliminar las prácticas destructivas y de
explotación. Los "Principios Generales y Directrices Operativas de la OIT
sobre Contratación Justa" deben incorporarse en el marco del Pacto Mundial
sobre la gobernanza de la migración, y los Estados deben adherirse a estos
principios, incluido el compromiso de prohibir las tasas de contratación que,
ya sean pagadas por adelantado o mediante deducciones, pueden conducir a la
servidumbre por deudas y al trabajo forzoso.
El informe "De qué manera los migrantes contribuyen a las economías de
los países en desarrollo" analiza empíricamente el impacto de la presencia
de los migrantes en diez economías: Argentina, Costa Rica, Costa de Marfil,
República Dominicana, Ghana, Kirguistán, Nepal, Ruanda, Sudáfrica y Tailandia.
Según se afirma en el mismo, “La percepción de que los migrantes generan más
gastos que beneficios está muy difundida, pero raramente se basa en evidencias
empíricas”, y muestra que las percepciones negativas con frecuencia son
injustificadas. Además, el informe señala “que los migrantes no constituyen una
carga para las economías de los países de destino. Su impacto sobre los mercados laborales, el
crecimiento económico y las finanzas públicas con frecuencia es positivo,
aunque relativamente limitado”.
Según las
conclusiones, en la mayoría de los países estudiados los migrantes ostentan
tasas de empleo y de participación en la fuerza de trabajo superiores a las de
los trabajadores nativos. Sin embargo, la calidad de los empleos que los migrantes
ocupan sigue siendo motivo de preocupación, ya que con frecuencia ellos
experimentan déficits de trabajo decente. El estudio también evalúa si la
presencia de los trabajadores de origen extranjero beneficia o perjudica las
oportunidades de empleo para los trabajadores nacidos en el país: si bien los
resultados son variables y están íntimamente relacionados con el contexto, el
informe muestra que el impacto económico general de la migración es mínimo.
El informe
describe cinco prioridades políticas para los países de migración a fin de
mejorar aún más la contribución de los migrantes a sus economías, de las que
destaco dos de ellas:
“Adaptar
las políticas de migración a las necesidades del mercado laboral, al facilitar el ingreso y ofrecer
un número mayor de caminos legales a los migrantes laborales para acceder al
empleo, de manera de incrementar el porcentaje de migrantes en situación
regular y empleo formal. Vigilar atentamente los indicadores del mercado de
trabajo además de desarrollar mecanismos de consulta, en particular con el
sector privado, puede apoyar aún más los sistemas de gestión de la migración.
… Invertir en la integración de los migrantes. Las medidas políticas
deberían ser puestas en práctica desde el momento en que los migrantes llegan,
en particular con el apoyo activo de las autoridades locales a fin de favorecer
la cohesión social.
Se preparó con arreglo a la resolución 71/280 de la Asamblea General, en la
que esta solicitó al Secretario General que presentara un informe “como
aportación al borrador preliminar del pacto mundial para una migración segura,
ordenada y regular y las negociaciones intergubernamentales conexas”. Según el
resumen del documento, “se centra en el objetivo de conseguir que la migración
funcione para todos, en relación con lo cual hace hincapié en los vínculos de
la migración con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el informe se
destacan: a) las opciones de que disponen los Estados Miembros para ayudar a
los migrantes a hacer realidad su potencial económico y social; b) las medidas
dirigidas a promover una migración regular; y c) políticas que atiendan las
legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados Miembros en relación con
la migración irregular. También se estudian los problemas concretos derivados
de los grandes desplazamientos mixtos de migrantes y refugiados”.
¿Cuáles son los contenidos más relevantes del documento a mi parecer? Son
los que referencio a continuación.
“…Ya ha pasado el momento de deliberar sobre la necesidad de cooperar en
este ámbito. La migración es una realidad mundial que va en aumento. El número
de migrantes internacionales se estima en 258 millones2. La mayoría de ellos
pasan de un país a otro de manera segura, ordenada y regular. Las Naciones
Unidas calculan que el número total de migrantes internacionales ha aumentado
un 49% desde 2000, proporción que supera la del crecimiento demográfico
mundial, cifrada en el 23%. Como consecuencia de ello, la proporción de
migrantes en la población mundial ha pasado del 2,8% al 3,4%3. Es probable que
las tendencias demográficas, combinadas con otros factores como las
repercusiones del cambio climático, contribuyan a que la migración siga
aumentando.
… Los Estados miembros deberían tener presentes las cuatro consideraciones
generales siguientes:
a) El reto básico al que nos enfrentamos radica en potenciar al máximo los
beneficios de la migración en lugar de obsesionarnos con reducir los riesgos al
mínimo…
b) Debemos fortalecer el estado de derecho en todos los ámbitos: los
migrantes deben respetar la necesidad de ajustarse a las vías legales y pasar
de un país a otro de manera ordenada, pero para que ello sea posible los
Gobiernos han de abrir a la migración regular rutas consonantes con la realidad
de la oferta y la demanda de mano de obra; a la vez, siempre debemos mantener
nuestro compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos…
c) Asuntos de seguridad: los Estados
y el público tienen motivos legítimos para exigir seguridad en las fronteras y
capacidad para determinar quién entra y permanece en su territorio, pero las
políticas contraproducentes dirigidas a restringir la migración merman el poder
de los Estados de atender estas prioridades y elevan la vulnerabilidad de los
migrantes…
d) La migración nunca debería ser un acto desesperado: funciona para todos
cuando quienes se desplazan adoptan de forma fundamentada y voluntaria la
decisión de viajar al extranjero por medios legales, pero los últimos años
hemos asistido a demasiados desplazamientos de un gran número de migrantes en
reacción a presiones insostenibles sufridas en sus países de origen”.
Una idea fundamental a mi parecer es la necesidad de mantener un debate “respetuoso
y realista” sobre la migración, con mejores datos, evitando usar “un lenguaje
deshumanizador”, ya que hay que hablar de los inmigrantes “con expresiones que
respeten su dignidad y sus derechos”…
Desde la perspectiva laboral, me interesa destacar del Informe la tesis de
que “En un plano estratégico y a largo plazo, los Estados Miembros deben
esforzarse colectivamente por ampliar y consolidar las vías de la migración
regular en función de las necesidades reales de los mercados de trabajo, lo
cual comprende prever las futuras tendencias demográficas y la futura demanda
de mano de obra. De forma más inmediata y en un plano local, los Estados
Miembros y las autoridades subnacionales han de adoptar medidas pragmáticas,
como iniciativas de regularización, ante la presencia de migrantes irregulares
en sus sociedades”.
La justificación general para promover la migración regular es sencilla a
juicio del Secretario General de las UN: “Si los Estados Miembros abren vías
más diversas y accesibles a la migración regular en todos los niveles de
cualificación que atiendan la demanda de unos mercados de trabajo gestionados
debidamente, en combinación con la cooperación entre Estados orientada a poner
en relación la oferta y la demanda de trabajadores extranjeros, disminuirá el
número de cruces irregulares de las fronteras, de migrantes que trabajan al
margen de la ley y de malos tratos sufridos por migrantes irregulares. Este
proceso permitiría a los migrantes hacer realidad su potencial, ayudaría a los
Estados Miembros a controlar las actividades de la economía informal en las que
toman parte inmigrantes y permitiría a los Gobiernos ganarse la confianza del
público en su capacidad de gestionar las fronteras. En el plano interestatal la
cooperación mejorará si: a) los países de destino de migrantes armonizan los
requisitos para su entrada legal; y b) los países de origen facilitan
recíprocamente las devoluciones”.
