lunes, 30 de marzo de 2009

Todas las personas desempleadas pueden ser contratadas con subvención… en Extremadura.

Hago en esta entrada del blog una breve nota de urgencia sobre el Decreto 63/2009 de 20 de marzo, que modifica el Decreto 109/2008 de 23 de mayo, norma que regula las bases para el fomento del empleo de calidad en la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma extremeña.

Como reza el título, a partir del viernes día 27 de marzo, fecha de entrada en vigor del Decreto 63/2009, se permite la contratación indefinida de todas las personas desempleadas, o por decirlo con las propias palabras de la introducción de la norma, se introduce la posibilidad de contratar “a personas pertenecientes a cualquier colectivo”, si bien la propia norma se cuida de fijar diferentes cuantías para dichas subvenciones y en atención a la diferente situación de las distintas personas y colectivos en el mercado de trabajo.

De tal forma, el texto ahora comentado modifica el artículo 6, apartado 6, del Decreto 109/2008 e incorpora a dos nuevos grupos de personas desempleadas entre quienes pueden ser contratadas de forma estable y con subvención incorporada para la empresa que formalice la nueva contratación; en concreto, se trata de “hombres de entre 30 y 45 años”, y “trabajadores provenientes de un expediente de regulación de empleo”, siempre y cuando estén afectados por un ERE a partir del 1 de julio de 2008. Además, la condición de desempleado de larga duración se reduce en cuanto a la duración del desempleo, ya que en la normativa de 2008 se consideraba como tal a las personas que carecieran de ocupación de forma ininterrumpida durante, como mínimo, los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de contratación objeto de la subvención, mientras que en el nuevo texto se considera que una persona se encuentra en esa difícil situación cuando no haya tenido un empleo remunerado “en los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de contratación objeto de la subvención”

Para que las lectoras y los lectores del blog tengan una idea más clara de la política de subvenciones a la contratación indefinida estable de la Junta de Extremadura, reproduzco el nuevo art. 6, apartado 6:

“6. Las personas, por cuya contratación indefinida se solicite subvención, podrán pertenecer a cualquier colectivo de trabajadores o sector de población, si bien la cuantía de la ayuda variará en función del colectivo o sector de población al que pertenezcan, de los que se indican a continuación, y según se establece en el artículo 16 de esta norma:
— Mujeres.
— Hombres menores de 30 o mayores de 45 años.
— Hombres de entre 30 y 45 años.
— Trabajadores provenientes del Régimen Especial Agrario por cuenta ajena.
— Trabajadores que tengan la condición de emigrantes retornados.
— Parados de larga duración.
— Trabajadores provenientes de un expediente de regulación de empleo”.

Con respecto a las cuantías de las subvenciones, la ayuda básica oscila entre 1.500 y 5.000 euros, con menor cuantía asignada para el que todavía se considera “núcleo duro de la población trabajadora”, los hombres con edades comprendidas entre 30 y 44 años (por cierto que la redacción del art. 16 es distinta que la del art. 6, ya que en el primero se hace referencia, además del colectivo antes citado, a “hombres menores de 30 años y mayores o iguales de 45 años”), y con la cuantía superior para las mujeres, sin distinción de edad. Respeto a las personas trabajadoras afectadas por un ERE la cuantía se establece en 4.000 euros. Además, se fijan ayudas adicionales para todos los colectivos afectados siempre que se cumplan determinadas cláusulas de responsabilidad social, de territorialidad y de igualdad.

En conclusión, por vía autonómica, y obviamente en el marco de sus competencias en materia de política de empleo, se ha abierto camino la contratación estable subvencionada de cualquier trabajador o trabajadora, medida que debe añadirse a las de ayuda estatales al empleo en determinados sectores afectados por la crisis como los del textil, calzado y mueble, a los que me he referido en una anterior entrada del blog. Sigo pensando que cada vez de forma más clara se está abriendo camino para que, al amparo de los marcos normativos estatal y autonómico, se bonifique o subvencione la contratación estable de cualquier persona desempleada, pero convendrá ser prudente y esperar a ver cómo evoluciona esta tendencia en los meses venideros.

jueves, 26 de marzo de 2009

Nuevas capacidades para nuevos empleos (y II).

4. Coincido con la Comisión y el Consejo en la importancia de esta conexión entre el mundo educativo y el mundo del trabajo, así como también en su firme apuesta por la plena aplicación del principio de libre circulación de trabajadores en el seno de la UE y la necesidad de coordinar eficazmente los servicios públicos de empleo y de protección social de los Estados para garantizar su efectividad; libre circulación, en la que deben tener plena cabida los extranjeros no comunitarios que se incorporen o residan de forma regular en un Estado, destacándose con acierto, a mi parecer, en varios documentos comunitarios, el más reciente el pacto europeo de inmigración y asilo suscrito el mes de octubre de 2008, que la movilidad laboral y geográfica de dichos trabajadores puede ayudar a corregir los desajustes existentes en el espacio europeo en materia de capacidades, y que “la buena integración de los inmigrantes y sus descendientes es clave para las economías y sociedades de la UE” (no está nada mal recordar y defender esta tesis en la situación de creciente proteccionismo económico y social, y de sugerencias de limitación del principio de libre circulación, que han proliferado en los últimos meses).

5. El documento de la Comisión, tras alertar sobre las dificultades de prever a medio plazo qué ocurrirá en el mundo laboral y por consiguiente que las propuestas que formula deben entenderse como un ejercicio de prospectiva razonable, se basa en estudios realizados por el Centro Europeo de Desarrollo Profesional (CEDEFOP) sobre las necesidades de capacitación en Europea en el horizonte de 2020, y destaca tres conclusiones que analizaré detalladamente a continuación.

6. En primer lugar, el importante potencial de creación de nuevos puestos de trabajo y de otros que sustituyan a los actualmente existentes a medio y largo plazo, que cuantifica en alrededor de 100 millones, de los que sólo algo menos de 20 serían estrictamente nuevos, mientras que los restantes 80 permitirían la sustitución de las personas que abandonan el mercado laboral. Las tendencias apuntan una importante creación de empleo en servicios empresariales, atención sanitaria y social, distribución, servicios personales y hostelería entre otros, si bien no conviene olvidar que el estudio se realizó antes del impacto de la crisis económica y por ello se alerta en el documento comunitario sobre el impacto que dicha crisis puede tener sobre la creación de empleo en el ámbito vinculado a la prestación de servicios para las empresas. El documento no duda en acudir a otra destacada organización Internacional, la OIT, para hacer suyos los datos sobre la creación de empleo en empleos verdes y vinculados a una economía de baja emisión de carbono, con un posible impacto positivo en la energía, tratamiento de aguas y residuos, construcción, transporte, industria, agricultura y silvicultura. Ahora bien, la previsible creación de empleo sólo podrá mantenerse en los próximos años por la mayor presencia femenina en el mercado de trabajo y también por la de los trabajadores de mayor edad y por uso adecuado de los flujos migratorios, si bien las previsiones son de que la carencia de mano de obra puede producirse más allá del 2.020, y por ello los desfases cualitativos que hay, y que probablemente seguirá habiendo en los próximos años en la UE, podrían verse afectados por las carencias cuantitativas, por lo que la Comisión considera fundamental “adecuar las capacidades a las necesidades del mercado laboral para un uso eficaz del capital humano”.

7. En segundo lugar, se constata que las necesidades de nuevas capacidades, competencias y cualificaciones aumentarán perceptiblemente en todos los tipos y niveles de ocupación, con especial crecimiento de demanda de trabajadores muy cualificados y flexibles y de los empleos cualificados. La demanda de mayores cualificaciones, con la correlativa necesidad de un mayor nivel de estudios, puede llevar a la creación de alrededor de 38,8 y 52,4 millones de posibles empleos de nivel alto y medio; o dicho en términos porcentuales, el empleo de mayor cualificación pasaría en este período histórico del 25,1 al 31,1 % y el de nivel medio del 48,3 al 50,1 %, apuntándose la necesidad de disponer de competencias transversales por el personal ocupado, que no afectan pues sólo a sus conocimiento sobre la actividad desempeñada sino también a cómo resolver problemas, capacidades lingüísticas y aptitudes organizativas.

8. Por último, la tercera conclusión que puede extraerse de los estudios de la Comisión es que cada vez será más necesario garantizar una mejor adecuación entre la oferta de capacidades y la demanda del mercado laboral, tanto para aprovechar las posibilidades de todo el capital humano como para seguir avanzado en el camino de una economía basada en actividades de más valor añadido e intensivas en conocimiento e innovación, y teniendo también como punto de referencia las grandes líneas marcadas en la Estrategia Europea de Empleo y las orientaciones comunitarias para los Estados miembros en materia de política de empleo.

Para conseguir dicho objetivo se plantea en primer término la necesidad de disponer de la información adecuada sobre cómo está el mercado laboral, o más exactamente los 27 mercados laborales, en los países comunitarios, al objeto de posibilitar una movilidad profesional y geográfica voluntaria y libremente escogida; a tal efecto, entre las medidas concretas que el documento ahora analizado propone poner en marcha para el año en curso y los venideros se cuenta la creación de un observatorio europeo del mercado laboral que creo, aunque no se diga de forma expresa, que completaría la tarea de intermediación llevada a cabo por la red EURES en la medida, eso sí se dice, que su tarea sería la de suministrar “información periódica sobre las tendencias a corto plazo en el mercado laboral europeo”; también se prevé la elaboración de un diccionario multilingüe de las ocupaciones y capacidades, y la creación de un servicio en línea, que formará parte de EURES y que estará vinculado al portal sobre las oportunidades de aprendizaje en el espacio europeo (Ploteus) y al dedicado a facilitar la movilidad de los investigadores (Euraxess), con la finalidad de ofrecer a toda la ciudadanía “información cualitativa sobre las ocupaciones, las capacidades y las oportunidades de aprendizaje y formación en toda la UE”.

En segundo lugar, hay que reforzar las capacidades de previsión y anticipación de la UE mediante la adopción de mecanismos adecuados, con la estrecha participación de los poderes públicos nacionales y los agentes sociales, para tener conocimiento, con especial atención a las diferentes realidades sectoriales productivas, de cómo va evolucionando y cuáles son las perspectiva de cambio de la oferta y la demanda de trabajo, con criterios específicos para los diferentes sectores, ocupaciones, niveles de cualificación y países, con una mención específica (obsérvese la importancia que la UE otorga a esta cuestión) a la necesidad de aumentar la capacidad comunitaria para evaluar los efectos en el empleo “de la transición a una economía de baja emisión de carbono”. De hecho, los trabajos en diferentes sectores se encuentran ya muy avanzados y se prevé que a mediados de este año puedan ofrecerse resultados de aquellos que agrupan al 75 % del empleo privado en la UE. Igualmente, se llama a una cooperación estrecha entre el mundo empresarial y los organismos responsables de las políticas de educación y formación para el establecimiento de relaciones que permitan satisfacer las necesidades de nuevas capacidades a medio plazo.

Igualmente, se apuesta por profundizar en la cooperación internacional, tanto con otras organizaciones internacionales de relevancia económica y social, tales como la OCDE y la OIT, como con terceros países y con especial atención a los países vecinos del ámbito geográfico mediterráneo, y todo ello porque se es cada vez más consciente de que al objeto de superar los retos presentes y de futuro es necesario un diálogo político y un fluido intercambio de experiencias con los socios mundiales; por fin, el documento llama a movilizar los instrumentos de la propia UE (básicamente los fondos estructurales comunitarios) y a tomar en consideración todas las posibilidades de actuación que pueden llevarse a cabo en el marco de la estrategia para el crecimiento y el empleo adaptada a la situación actual y en el del marco estratégico actualizado para la cooperación en materia de educación e innovación. En definitiva, se apuesta por crear, simbólicamente hablando, una quinta libertad en el ámbito comunitario, que sería la libertad de conocimiento, y para conseguirla hay que potenciar la movilidad de los trabajadores de ese nuevo sector entre países y sectores, y por consiguiente hay que ayudar a “adecuar la oferta a la demanda a un elevado nivel de capacidades”.

Nuevas capacidades para nuevos empleos. Cómo deben enfrentarse la UE y los Estados miembros a las nuevas realidades y necesidades en materia de empleo

1. La Comisión Europea presentó a finales del pasado año, más concretamente el 16 de diciembre, una importante Comunicación en la que aborda cuáles son las nuevas capacidades requeridas para los nuevos empleos, con el establecimiento de una serie de previsiones para alcanzar dichas capacidades y para ir adecuándolas a las exigencias del mercado laboral.

Este relevante documento comunitario se presenta con vocación de futuro, y no sólo para dar o proponer respuestas a la difícil situación económica y de empleo que vivimos en la actualidad. Su texto ha sido validado por el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores del pasado día 9, que aprobó presentar unas conclusiones al Consejo Europeo de primavera sobre aquellos aspectos o cuestiones esenciales que la política comunitaria ha de tener en consideración en el próximo futuro, y dichas conclusiones han sido aprobadas los días 19 y 20 de marzo.

Voy a analizar y examinar a continuación aquellos aspectos que considero más relevantes del texto, que se añade a otros documentos elaborados por la Comisión para afrontar la actual situación económica y que han sido objeto de anteriores comentarios en el blog, queriendo recordar ahora la directriz integrada número 24, en el ámbito de las orientaciones sobre la política de empleo dirigidas a los Estados miembros, en la que se les insta a la adaptación de los sistemas educativos y formativos a las nuevas necesidades en materia de competencia.

2. Una de las ideas y tesis recurrentes en todos los documentos comunitarios de los últimos años, y que ahora se refuerza aún más, es la necesidad de mejorar las capacidades de las personas que se encuentran en, o que quieren incorporarse al, mercado de trabajo; mejora que debe ir, por otra parte, ineludiblemente unida a la necesaria adecuación de oferta y demanda en dicho mercado si queremos alcanzar resultados positivos en términos tanto de creación de nuevo empleo como de evitación de su reducción. Esa mejora se plantea como un requisito ineludible para mantener la economía europea ante la previsión de creación neta de empleo a medio y largo plazo y con un crecimiento del empleo cualificado, y por consiguiente con una mayor polarización entre las profesiones que requieran un mayor o menor nivel de cualificación.

En efecto, esa mejora de las capacidades, o dicho en términos de política de empleo una mayor empleabilidad del personal, se convierte en algo de todo punto ineludible si Europa quiere encarar con perspectivas favorables los cambios que se están produciendo en las estructuras productivas (mayor atención a la economía del conocimiento y la innovación – por cierto que en el documento comunitario se desliza una crítica genérica, que merecería un debate mucho más pausado, sobre el hecho de que “la composición de las capacidades que transmiten las universidades y los sistemas de formación de la UE no contribuyen plenamente a una economía orientada realmente a la innovación” -- y a la creación de empleo en sectores de baja emisión de carbono) y en las demográficas (proceso de envejecimiento de la población y conveniencia de mantener, bien preparada y formada, a la población trabajadora en el mercado laboral, tanto por sus potencialidades como por la necesidad de atemperar los efectos de su salida sobre los sistemas de protección social, y también para lograr su mantenimiento en el mercado laboral en épocas de crisis como la actual y en las que debe prestarse especial atención a la adopción de medidas de flexiguridad interna por parte de las empresas, con especial énfasis en la formación, que limiten la reducción o supresión de empleo por la vía de la extinción de los contratos de trabajo), y mucho más cuando los informes periódicos sobre la presencia de las personas en la vida laboral ponen de manifiesto que esa mejora es conveniente para todos y que “la probabilidad de los adultos poco cualificados de beneficiarse del aprendizaje permanente es siete veces inferior a la de los que tienen un elevado nivel de estudios”, por lo que los cambios en el marco económico en general y en la economía productiva en particular impacta mucho más desfavorablemente sobre el colectivo más vulnerable.

De ahí, que una de las conclusiones del Consejo sea la petición a los Estados miembros del fomento de la cooperación intersectorial y del establecimiento de sinergias entre las políticas de educación y formación y la política de empleo, algo que como es bien sabido en España se está intentando, aunque hasta ahora los resultados no estén siendo todo lo positivo que deberían ser, mediante la integración de los subsistemas de formación profesional reglada, ocupacional y continua. Para mejorar la capacidad laboral es necesaria una buena formación educativa de base, y por ello el Consejo propugna que todas las personas se doten en el ámbito educativo de las competencias claves y de las capacidades horizontales “que resultan imprescindibles para la posterior adaptación y adquisición de nuevas capacidades específicas que garanticen su empleabilidad permanente”.

3. La mejora de la formación educativa de base, y la evitación del abandono escolar prematuro o de la salida del sistema educativo inmediatamente después de finalizar la educación secundaria obligatoria con sus negativas secuelas para la población joven que se incorpora al mercado de trabajo con poca cualificación y que se ve especialmente afectada en una situación como la actual en la que se está reduciendo el volumen de trabajo poco cualificado, se pone de manifiesto con los datos de la OCDE y de España que han sido analizados en un reciente Informe del Consejo Económico y Social de España sobre “sistema educativo y capital humano”, aprobado el 3 de marzo, y también en un interesante y documentado trabajo, de próxima publicación, de Joaquín Prats y Emilio Palacios sobre la problemática y los retos de las transiciones educativas, en el que se destaca que todas las políticas públicas comunitarias tienden a considerar la formación y la formación a lo largo de toda la vida como los pilares en los que debe estar asentada de la sociedad del futuro, pero que debe irse más allá a su parecer, salir de la óptica eminentemente utilitarista y lograr que la educación y la formación den a los jóvenes “los medios para construirse como personas, para pensar por ellos mismos, para imaginar, para ser creativos, para trascender, para pensar más allá”.

Destaco ahora que el 30 % de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años abandona sus estudios justos después de finalizar la ESO, porcentaje que se reduce al 15 % en la media de la UE- 27 y que está aún lejos del objetivo marcado (y que parece imposible de lograr) de bajar hasta el 10 % en el año 2010; más preocupante me parece para nuestro país que cerca de un 27 % de jóvenes abandone sus estudios durante la ESO y por consiguiente sin haber obtenido el título de graduado. También nos queda bastante por hacer, y mejorar, para conseguir acercarnos cuando menos al objetivo europeo de que el 85 % de los jóvenes cursen estudios de educación secundaria post-obligatoria, ya que nuestra cifra era el año 2007 del 61,1 %.

Pero, por otra parte, la mejora de las capacidades formativas educativas de poco servirá si no se acompaña de las correlativas mejoras en las capacidades laborales, por lo que hay que adoptar las medidas adecuadas para incrementar el reducido número de personas ocupadas que participan en actividades de educación continua, un 7,7 %, que afectan sólo a un 8,1 % de las empresas (menos aún en el caso de las pymes, en donde el porcentaje se reduce al 5 %); incremento que ha de contribuir además a reducir las flagrantes desigualdades existentes por razón de edad y cualificación profesional, ya que como destaca el Informe del CES, a partir del análisis de los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de los agentes sociales, “entre los participantes continua habiendo una sobrerrepresentación de jóvenes menores de 35 años y de licenciados universitarios, frente a una participación relativamente reducida de mayores de 45 años y de trabajadores con bajo nivel de estudio”.

No obstante, la mejora de las capacidades de poco servirá si no se dispone de un modelo productivo mucho más basado en actividades intensivas en conocimiento e innovación de lo que lo ha sido en España en los últimos años, ya que sólo en ese caso podrá aprovecharse plenamente la mejora de las capacidades de las personas presentes o que quieren incorporarse al mercado de trabajo. Y en cualquier caso, y la reflexión es válida para todos los países de la OCDE como también específicamente para España, la demanda de empleo no cualificado no desaparecerá aunque pueda tener menor peso sobre el total y distinta presencia en los sectores productivos, porque sigue y seguirá habiendo actividades en las que no es posible la deslocalización y en las que se sigue requiriendo la presencia física en el puesto de trabajo como son los servicios de restauración, servicios a las personas, protección de seguridad, etc., argumentándose correctamente, a mi entender en el Informe del CES, y aunque ello pueda llevar aparejado un mantenimiento de la dualización social, que la demanda de este tipo de empleo podría mantenerse e incluso aumentar “conforme crecieran los ocupados con mayor cualificación y su mayor renta impulsara un crecimiento en la demanda de estos servicios”.

De hecho, el propio documento comunitario que da origen a esta entrada del blog indica que en las previsiones a quince años vista, hasta 2020, el peso del empleo poco cualificado disminuirá sobre el volumen total (pasará del 26,2 % actual al 18,5 %), pero que ello no sería óbice para que se produjera la posible creación de 10 nuevos millones de empleos.

Si el desajuste en términos de cualificaciones puede significar el riesgo de un incremento de la polarización social, y de las subsiguientes diferencias salariales, es algo que no sólo es una hipótesis de futuro sino que ya se constata con claridad y que impacta en especial sobre los colectivos más vulnerables en la escala social, resaltándose que ya desde 1980 “la proporción de los ingresos laborales en la UE ha seguido una tendencia claramente ascendente para los muy cualificados, pero descendente para los poco cualificados, mientras que los salarios de los trabajadores con cualificaciones bajas y medias han tendido a converger”.

Las diferencias salariales cada vez más importantes han ido de la mano con el mantenimiento de un elevado número de personas de la UE en situación o riesgo de pobreza, ya estén fuera o dentro del mercado de trabajo; en efecto, el Informe conjunto sobre protección e inclusión social (2009) aprobado en la reunión de ministros responsables de los Ministerios de contenido social el 9 de marzo y validado en la reciente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, pone de manifiesto que, si bien el crecimiento del empleo experimentado hasta 2008 ha permitido reducir la proporción de hogares con desempleados del 10,2 % en 2005 al 9,3 % en 2007, los últimos informes constatan que el 16 % de la población europea sigue expuesta al riesgo de pobreza y que, aún cuando la mejor protección para evitar la pobreza es un empleo de calidad, “la tasa de trabajadores pobres (8 %) pone de manifiesto que no todos los empleos ofrecen esa garantía, por lo que se llama a una actuación coordinada entre los servicios sociales y los de empleo “para superar los obstáculos que impiden la participación plena y duradera en el mercado de trabajo”.
La observación que acabo de realizar es válida también para España, y más en el momento presente, en el que las tendencias sobre el impacto del desempleo entre la población ocupada, nos llevan a pensar en el grave riesgo en que pueden situarse las personas desempleadas de larga duración, que en el cuarto trimestre del pasado año 2008 representaban el 21,4 % del total, con un incremento en serie interanual del 27 % y mucho más, un 56,9 %, sólo en el cuarto trimestre, y de ahí que el Banco de España haya alertado, en su boletín económico del pasado mes de febrero, sobre el riesgo de que en el futuro “la aceleración del desempleo observada en los últimos trimestres se acabe convirtiendo en un aumento significativo del paro de larga duración que eleve el componente estructural del desempleo”.

domingo, 22 de marzo de 2009

El Parlamento Europeo y la política de empleo.

El PE ha aprobado recientemente, el pasado 11 de marzo, una Resolución sobre la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros durante el período 2008-2010.

Para el PE la crisis económica actual tiene un impacto sobre el desempleo y la exclusión social que no encuentra precedentes en anteriores situaciones de incertidumbre económica. Las medidas que se adopten tanto en sede comunitaria como de cada Estado deben tener como puntos de referencia básicos la Estrategia Europea para el Empleo y las directrices para el empleo, y el eje central de tales políticas en tiempos de crisis como los actuales ha de ser el de salvaguardar el mayor número posible de puestos de trabajo, al mismo tiempo que se adoptan las medidas necesarias para crear otros nuevos.

O dicho de otra forma, nuevamente se insta a la puesta en marcha de medidas de flexiguridad interna (recuérdese que algunas de ellas han sido adoptadas recientemente en España), que permitan la salvación temporal de empleos viables ante la situación actual de caída de la demanda, y también se insta a proteger a los trabajadores desempleados y a dotarles de las herramientas adecuadas (políticas formativas, incentivos a los sujetos empleadores) para facilitar su reincorporación al mercado de trabajo.

El PE insiste en que los cinco principales objetivos fijados en la estrategia de Lisboa deben seguir siendo los elementos clave a tomar en consideración en el momento de elaboración de las políticas de empleo, es decir la investigación, la educación, las políticas activas de mercado de trabajo, la de cuidados para la infancia y la de incentivación de la inversión privada.

El PE defiende que la flexiguridad sólo podrá aplicarse de forma que beneficie a las personas que están en el mercado de trabajo si se crea “un puente entre los empleos”, puente o tránsito que requiere sin duda de unas adecuadas políticas activas de empleo y de protección social, con especial atención para los menos cualificados y aquellos que cabe considerar de más vulnerables, entre los que se hace expresa mención a los desempleados de larga duración, personas con discapacidad e inmigrantes, sin olvidar al mismo tiempo la importancia de poner en práctica políticas formativas dirigidas a toda la población trabajadora, y que mediante las oportunas acciones de recualificación y reciclaje permitan aprender y disponer de las nuevas capacidades demandadas por los sectores emergentes o los menos afectados por la crisis.

En fin, al objeto de evitar una situación especialmente perjudicial para la cohesión social, cual es el elevado volumen de desempleo juvenil, que en muchas ocasiones va de la mano con la falta de protección social adecuada para buena parte de dicho colectivo, se insta por el PE al cumplimiento estricto de la directriz para el empleo número 18 del período 2008-2010, es decir la obligatoriedad que adquieren todos los Estados miembros de ofrecer a los jóvenes, en un plazo máximo de cuatro meses después de que hayan abandonado la escuela, “un puesto de trabajo, un aprendizaje, una formación adicional u otra medida destinada a favorecer su empleabilidad”.

sábado, 21 de marzo de 2009

Recomendaciones del Consejo europeo para España

El Consejo europeo celebrado el jueves y viernes de esta semana en Bruselas ha aprobado la Propuesta de Recomendación relativa a la actualización el año en curso de las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros y de la Comunidad y a la ejecución de las políticas de empleo de dichos Estados. En esta ocasión se ha prestado atención tanto a la evolución de las orientaciones adoptadas el 14 de mayo de 2008 como a la concreción en cada Estado de las medidas propuestas en el plan de recuperación económica presentado por la Comisión Europea el pasado 26 de noviembre.

Reproduzco por su interés en esta entrada del blog las Recomendaciones formuladas de manera específica para España, al objeto de tener una visión global de cuáles son las peticiones de adaptación y/o cambio de nuestras normas en el ámbito económico y social que demanda el Consejo. No considero que estas nuevas recomendaciones contengan diferenciales sustanciales con respecto a los años anteriores, y me quedo por su relevancia en el debate social actualmente existente en España con la propuesta de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y corregir la segmentación existente, algo en donde existe coincidencia entre el gobierno y los agentes sociales, si bien discrepan de forma sustancial en cómo conseguir alcanzar resultados positivos en este terreno. La llamada a la mejora del sistema educativo y a la reducción del abandono escolar prematura es también recurrente, y demuestra que todavía queda mucho por hacer.

“1. El PIB real de España se ralentizó perceptiblemente hasta situarse en torno al 1,2% en 2008.
Es probable que se produzca una nueva desaceleración en 2009. Esta evolución se debe a la actual contracción de la construcción de viviendas y se ha agravado a causa de la crisis financiera global y de la restricción de las condiciones crediticias que ha dado lugar a una drástica disminución de la demanda nacional. La inflación creció hasta el 4,1% en 2008, pero se espera que se reduzca considerablemente. En 2008 el déficit del presupuesto del Estado se situó en el 3,4% del PIB, lo que supone un deterioro de más de cinco puntos porcentuales en comparación con 2007. Se calcula que el déficit por cuenta corriente alcanzó casi el 9,5% del PIB en 2008, pero la Comisión espera que se reduzca en 2009.
2. El empleo bajó en 2008 y continuará haciéndolo en 2009, aunque la participación en el mercado laboral, especialmente la de las mujeres, seguía siendo importante. Esto hizo que la tasa de desempleo se situara por encima del 11% en 2008, y se espera que registre un nuevo incremento importante en 2009 hasta llegar al 16%. Los inmigrantes, los jóvenes y los trabajadores poco cualificados son los más afectados, en particular los varones entre 25 y 54 años de edad, al tiempo que los sectores de la construcción de viviendas y del automóvil se enfrentan a riesgos particulares.
3. Como respuesta a la crisis financiera, y como parte de un enfoque de la UE coordinado, España ha adoptado medidas de apoyo al sector financiero para estabilizar el sector bancario, que también deberían contribuir a mejorar el acceso a la financiación, lo que a su vez fortalecerá a la economía en su conjunto, y a sostener la estabilidad macroeconómica. Además, como respuesta a la ralentización económica, España ha anunciado recientemente unas medidas, entre las que se incluyen la inversión en obras públicas, el acceso a financiación para las PYME y ayudas a los parados.
4. La Comisión evaluará las medidas tomadas por España para responder a la ralentización económica de conformidad con los principios establecidos en el Plan Europeo de Recuperación Económica, según ha sido acordado por el Consejo Europeo. Por lo que respecta a las finanzas públicas, la Comisión y el Consejo han evaluado la compatibilidad del Programa de Estabilidad actualizado con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además de una rápida aplicación de las medidas recomendadas en el apartado 7, debería propiciarse la transición hacia una economía con bajo nivel de emisiones de carbono y un potencial de crecimiento a largo plazo.
5. España ha seguido aplicando su programa nacional de reforma. Se ha avanzado en el programa «Legislar mejor» y en términos de mejorar el acceso a la atención a la infancia y de afrontar el reto de mejorar el funcionamiento del sector de la energía, en especial en lo que respecta a la interconexión con países vecinos.
6. El reto fundamental a medio plazo consiste en proseguir con las reformas estructurales para sostener el crecimiento potencial, corregir el amplio déficit por cuenta corriente y facilitar la reestructuración del sector inmobiliario. A este respecto es también fundamental el reto de mejorar la competitividad. Para ello, es prioritario incrementar la innovación, reforzar la competencia, especialmente en los servicios, mejorar la regulación del mercado del alquiler, y aumentar la calidad del capital humano mediante el aprendizaje permanente y la aplicación de la reforma de la enseñanza. Otro aspecto importante de la mejora de la competitividad estriba en velar por que las evoluciones salariales estén más en consonancia con la evolución de la productividad en la empresa, en el contexto del diálogo social. Proseguir la reestructuración del gasto público hacia partidas que aumenten la productividad, tales como I+D e innovación, contribuiría a sostener el empleo y la actividad económica. Una competencia cada vez mayor en el sector servicios ayudaría a contener la inflación y aumentar la competitividad de costes de las exportaciones. Habrá que prestar especial atención a la aplicación del paquete de medidas sobre energía y cambio climático, acordado por el Consejo Europeo.
7. A la vista de la evaluación de los progresos realizados efectuada por la Comisión, el Consejo recomienda a España que continúe aplicando reformas estructurales. Se recomienda en particular que:
• promueva una transición rápida al mercado laboral, fomentando más la movilidad, mejorando la capacitación y luchando contra la segmentación del mercado laboral;
• vele por la aplicación efectiva de las reformas docentes, también en el nivel regional, con el objetivo principal de reducir el abandono escolar prematuro e incrementar la tasa de personas que finalizan la educación secundaria superior, y garantice que las universidades se adaptan rápidamente al proceso de Bolonia”.

viernes, 20 de marzo de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui divendres les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels dos primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més
destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer, hi ha un total de 1.872.951 estrangers afiliats, dels quals 647.701 són comunitaris i 1.225.250 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 8,54 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2008 era de 2.047.942. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 174.991, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 278.931 persones.

Per règims, el 67,89 % pertany al general, el 9,19 % al règim de la llar familiar, el 11,34 % a l’agrari, l’11,28 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (418.514, 22,35 % %), seguida de Madrid (412.415, 22,02 %), Comunitat Valenciana (208.944, 11,16 %) i Andalusia (208.944, 10,99 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 36.095 persones, un 7,94 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos passen a ocupar la primera posició (244.741), i els marroquins es situen en la segona posició amb 237.834 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (210.363), seguits dels colombians amb 127.785, dels peruans amb 78.167, dels xinesos amb 70.278, dels portuguesos amb 65.312, dels italians amb 62.964, i dels bolivians amb 62.337.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 234.746, un 18,46 %, dels quals 157.652 són no comunitari (s’ha de fer especial esment del fet que, per primera vegada en molts mesos, s’ha incrementat l’afiliació en 1.664 persones), i en el de l’hostaleria (236.761, 18,46 % %), dels quals 168.737 son comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 143.363 treballadors, un 11,27 % del total, dels quals 106.051 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (52.102, 24,66 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (39.141), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (49.817, 23,58 %).

3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 418.514, dels quals 111.027 són comunitaris i 307.487 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 53.884 (16,44) %), dels quals 43.136 són no comunitaris, i ocupen el segon lloc (amb un increment de 646 afiliats); el primer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 55.639 (16,98 %), dels quals 41.412 són no comunitaris; el tercer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.046 (15,88 %), dels quals 41.412 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 42.884 (13,09 %), dels quals 30.939 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.651 afiliats (12,10 %), dels quals 31.209 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (8.985, 20,10 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (8.985, 22,32 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.810), seguits dels equatorians (41.500), dels romanesos (30.781), dels colombians (22.784), dels italians (20.317), dels xinesos (19.933), dels peruans (19.400), dels bolivians (17.959), dels francesos (13.933), dels argentins (13.182), dels pakistanesos (10.364), i dels portuguesos (8.470).

Aportaciones de la OIT al debate actual sobre cómo encarar (y trata de resolver) la crisis económica y de empleo (y II).

7. El segundo documento analizado se presenta igualmente a la reunión del Consejo de Administración y está dedicado al examen de la dimensión sectorial de la crisis en dos sectores especialmente relevantes para la economía mundial (y no se olvide en modo aluno su trascendencia para el marco productivo español) como son los de automoción y la construcción, del que me ocuparé aquí del primero. La OIT también ha estudiado y analizado el impacto de la crisis en el sector financiero y está llevando a cabo en la actualidad el examen de otros sectores relevantes como son el del comercio, textil, turismo, educación servicios públicos y salud, previéndose la presentación de los correspondientes Informes en la reunión del Consejo del último trimestre de este año. La información obtenida por la OIT proviene de los propios sectores y de documentos de los agentes sociales y de los medios de comunicación, así como de su propia actividad investigadora y de estudio.

8. Del análisis del sector de la automoción me quedo con los datos que considero más destacados y que son los siguientes:

En el año 2005 las empresas automotrices de montaje y de fabricación de componentes empleaban a 8,4 millones de personas en todo el mundo (2,3 millones en Europa occidental), con una producción de 44,5 millones de automóviles, cifra que ascendió a 53 millones en 2007, año en el que la automoción proporcionó empleo a una cifra aproximada de 10 millones de trabajadores. Es importante destacar el alto grado de interdependencia de las empresas, dado que los fabricantes de componentes aportaban el 65-70 % del valor agregado, y quizás por ello, se apunta en el documento, a partir del inicio de la crisis del sector desde mediados de 2008 la estructura de las cadenas de valor y el sistema de producción just in time “han aumentado el riesgo de que la quiebra de empresas se contagie aceleradamente”, calculándose que la producción actual no supera el 75 % del nivel registrado en 2008, y que pueden perderse más de un millón de puestos de trabajo en la hipótesis más optimista. De hecho, y con cita de un documento de trabajo de las empresas de automoción, sólo en EE. UU podrían perderse hasta tres millones de empleo (directos, indirectos y por cesión de filiales) si General Motors, Chrysler y Ford “interrumpieran su producción al mismo tiempo, arrastrando con ello a la mayor parte de la cadena de suministro de automóviles del país”. Igualmente, hay que tener presente que la crisis económica actual repercute muy directamente sobre el sector porque más de 2/3 de los automóviles en el mundo se adquieren a crédito, y de ahí que la crisis financiera repercuta considerablemente tanto sobre los potenciales compradores como sobre las empresas vendedoras, sin olvidar además, como destaca acertadamente el documento, “que es relativamente fácil aplazar su adquisición en caso de que los compradores pierdan confianza en su propia situación económica”.

9. La OIT propugna que las medidas de apoyo que se adopten para el sector tengan una “condicionalidad social”, es decir que apuesten básicamente en el ámbito laboral por medidas de flexibilidad interna, tales como suspensión de contrato, reorganización de los tiempos de trabajo, prestaciones por desempleo parcial complementadas con acciones formativas para reciclaje y readaptación del personal afectado por la crisis, etc.; de esta manera, las ayudas deberán concederse siempre que se pongan en marcha “planes sociales” y que cuenten con el apoyo de los agentes sociales, con especial atención a la situación de las pymes que tienen mayores dificultades que las grandes empresas para acceder al crédito bancario. La OIT, como puede comprobarse, apuesta por el mantenimiento del empleo y las políticas de formación, considerando del todo punto inadecuado reducir los derechos de los trabajadores, tanto porque ellos no son los responsables de la crisis como porque provocaría un impacto negativo en las relaciones laborales en las empresas y en la confianza necesaria que debe haber, más allá de las lógicas diferencias, entre la dirección y los empleados.

10. En cualquier caso, y como reflexión de conjunto sobre las políticas sectoriales que se instrumente n para dar debida respuesta a la crisis, la OIT alerta sobre la necesidad de que las medidas que se adopten sean coherentes y que los recursos se distribuyan de forma selectiva, y dado que los poderes públicos van a recibir cada vez más mayores presiones de gran parte de los diferentes sectores productivos – dado que la crisis afecta en buena medida a gran parte de ellos - se debe conseguir que los fondos se destinen hacia los sectores más afectados por la crisis y los que tienen un mayor efecto multiplicador, “en vez de asignarlos a los que tienen mayor capacidad para ejercer presión sobre el gobierno para obtener ayuda”. O dicho de forma más clara: que no el que se queja más tiene más problemas necesariamente.
Igualmente, la OIT considera necesario adoptar de forma urgente las medidas necesarias, dado que la velocidad a la que se coordinan, detallan y aplican las políticas es un factor determinante para prever el tiempo que tardará en producirse la recuperación, dado que, como se ha expuesto en otros documento del máximo foro mundial, las variaciones de la tasa de recuperación son más lentas que las de recesión y porque los datos disponibles sobre impactos de anteriores crisis económicas ponen de manifiesto que “el deterioro de los mercados de trabajo puede durar hasta cuatro veces más que la disminución en el volumen de operaciones comerciales, y que el tiempo que debe transcurrir antes de que comience la recuperación del mercado de trabajo podría ser hasta seis veces mayor”.

Aportaciones de la OIT al debate actual sobre cómo encarar (y trata de resolver) la crisis económica y de empleo (I)

1. El primer documento objeto de mi comentario es el presentado a la 304ª reunión del Consejo de Administración, que se está celebrando este mes de marzo en Ginebra, que lleva por título “La crisis económica y financiera: una respuesta basada en el trabajo decente”, de fecha 6 de marzo, y que también se somete a discusión y debate en la reunión tripartita de alto nivel “sobre la actual crisis financiera y económica mundial” que se celebra el próximo lunes día 23 en Ginebra. Se trata de un documento de indudable importancia y rigurosidad técnica, dado que para su elaboración se han examinado más de 40 planes de rescate y estímulo de la economía adoptados desde el inicio de la crisis económica actual.

2. El documento efectúa numerosas consideraciones de interés sobre el surgimiento, desarrollo y extensión de la crisis en toda la economía real, y propone algunas medidas de actuación en el ámbito de las políticas de empleo, medidas que guardan estrecha relación con propuestas ya elaboradas con anterioridad y que pueden encontrase en la declaración de la OIT sobre la justicia social.

Para la OIT la extensión de la crisis se produce a través de tres canales de transmisión que se refuerzan mutuamente: la disponibilidad limitada del crédito (“contracción del crédito”, con serias limitaciones o incluso cierre o agotamiento del crédito comercial disponible para las empresas), la prudencia en las decisiones relativas al gasto (“el círculo vicioso de la depresión”, al que no ayudaría en cuanto a su superación una política de reducción o congelación de los salarios de forma generalizada y que pudiera llevar a una situación de deflación salarial, argumentándose correctamente a mi parecer desde la OIT, y sin perjuicio, añado yo ahora, de la necesidad de atender de forma diversa a realidades territoriales y productivas muy diversas en los países desarrollados y aquellos en desarrollo, que esta deflación generalizada “privaría a la economía mundial de la demanda tan necesaria, y también menoscabaría considerablemente los niveles de confianza”), y los vínculos internacionales en los ámbitos del comercio y de la inversión (“los canales de la globalización”), siendo la OIT especialmente incisiva en este último aspecto y manifestando su preocupación porque la falta de coordinación internacional que ha existido, al menos hasta fechas bien recientes, “reduce el efecto general de las medidas de estímulo, y también lleva a que los países sean reacios a avanzar más rápido que sus interlocutores comerciales, dada la estrecha relación existente a nivel internacional”.

3. El impacto de la crisis sobre la población trabajadora, en especial de los países en desarrollo, es verdaderamente preocupante, y afecta en especial a mujeres, trabajadores migrantes y jóvenes, y en el ámbito de la actividad productiva a los sectores orientados a la exportación, de los que la OIT recuerda que en dichos países son los principales proveedores de empleos formales, y de ahí que manifieste su preocupación por la expansión de la crisis y sus efectos sobre el empleo, ya que las crisis financieras que hemos vivido con anterioridad pusieron de manifiesto que el mercado de trabajo tarda entre cuatro y cinco años para recuperarse con normalidad después de una crisis económica; de ahí también que la actual crisis no solo vaya a provocar pérdidas de empleo, sino que también aumentará “la proporción de empleo informal y de trabajadores pobres, lo que agravará los desafíos existentes”, algo que puede ser especialmente preocupante si, teniendo además en consideración que las medidas de protección social son inexistentes en numerosos países, se cumpliera la dramática previsión que se efectúa en el documento de que, de no prestarse especial atención en las medidas que se adopten a la perspectiva de desarrollo – y partiendo de la base de que la crisis actual no la puede resolver un solo país con receta clásicas del Fondo Monetario Internacional sino que tiene un alcance mundial y que, no se olvide además, tiene su epicentro en los países desarrollados – “entre un 40 y un 50 % de hombres y mujeres de todo el mundo no podrán ganar lo suficiente para superar, ellos y sus familias, el umbral de pobreza de dos dólares de los Estados Unidos al día en 2009”. Por ello, entre las medidas propuestas se contemple, además del fortalecimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y de la potenciación del diálogo social, un incremento general de los niveles salariales que sea congruente con los aumentos de productividad (cuestión que a mi parecer debe tratarse de forma muy ajustada al terreno y en función de cuál sea la situación económica de cada Estado y/o de cada sector productivo, e incluso de cada empresa) y garantizar el poder adquisitivo del salario mínimo “para que éste sirva como punto de referencia de todos los salarios”

4. La OIT, nada sospechosa a mi parecer de ser un organización radical o revolucionaria, alerta de algo que cada es más claro y evidente, y que recientes debates sobre las remuneraciones de los directivos de importantes empresas multinacionales y el conocimiento de los ingresos obtenidos en los años de expansión han puesto de manifiesto: que la crisis afecta a todos los grupos “mientras que los beneficios del período de expansión anterior a la crisis no se distribuyeron de manera equitativa”; se alerta sin dramatismos pero sí con meridiana claridad sobre la muy elevada probabilidad de una inminente crisis social si no se adoptan medidas adecuadas “rápidamente”, sin pensar en que una vez que se recupere la situación económica volverá la normalidad social y laboral; medidas que tienen un coste económico que nadie debe menospreciar ni minusvalorar, pero que en cualquier caso deben adoptarse para tratar de resolver los problemas pendientes, y la propia OIT no se recata en recordar algo que una gran parte de la ciudadanía también manifiesta diariamente de forma más o menos abierta: que en la mayoría de los casos, en las decisiones económicas adoptadas por los gobiernos y los poderes de las organizaciones y organismos internacionales, “la suma asignada para las medidas de rescate financiero ha superado con creces la de los instrumentos fiscales utilizados para estimular la demanda, la producción y el empleo”, por lo que no es de extrañar que se manifieste crítica con el hecho de que las medidas de política fiscal no hayan prestado suficiente atención a las necesidades de gran parte de la población en materia de empleo y de protección social, sin olvidar que las desigualdades a las que se refiere ampliamente el texto objeto de comentario encuentran también su razón de ser en que durante bastante tiempo, y a consecuencia de la falta de una reglamentación adecuada de los mercados financieros, “la economía real ha estado sometida a presiones para aumentar la rentabilidad a corto plazo, a veces en detrimento de los trabajadores y de los intereses a largo plazo de las empresas sostenibles”.
Que los vientos de cambio también llegan a las organizaciones internacionales, y la influencia del cambio político en Estados Unidos con toda seguridad tiene mucho que ver en ello, se demuestra en el hecho de que una de las medidas propuestas en el ámbito económico por la OIT es que la medidas de apoyo financiero se condicionen a la reanudación de los créditos por parte de las entidades bancarias a empresas y particulares, “y a que se impongan limitaciones a las prácticas de remuneración de los directivos y de pago de dividendos”.

5. Para encarar la situación actual la OIT propugna un pacto mundial para el empleo, una actualización y revisión en suma, de su programa de trabajo decente, un programa que se apoya tanto en la intervención de los poderes públicos como de los agentes sociales, y que pone el acento en la existencia de medidas adecuadas de empleo y de protección social tanto para hombres como mujeres, y que también tomaría como punto de referencia su programa global de empleo. Desde la perspectiva más laboral se destaca la importancia de apostar por la inversión de los trabajadores en la adquisición de conocimientos laborales adecuados para las nuevas realidades productivas, y siempre fijándose con especial atención en los países en desarrollo la OIT destaca que los proyectos que se pongan en marcha han de tener especialmente en consideración las dimensiones rural y agrícola.

En la misma línea que las recientes propuestas comunitarias, y que he analizado en comentarios anteriores de mi blog, y también en sintonía con las últimas modificaciones legislativas aprobadas en España por el Real Decreto-Ley 2/2007 de 6 de marzo, la OIT apuesta por evitar al máximo las medidas empresariales de reducción de plantillas en aquellas empresas que sean viables, y propugna que se adopten con anterioridad medidas de flexibilidad (o flexiguridad en la jerga comunitaria) interna, tales como reducción/reorganización de las horas y tiempos de trabajo, mayor protección social en caso de suspensión temporal de los contratos de trabajo, apoyo a los incentivos para formación, reducción de los costes no salariales de los empleos de baja cualificación, y una mejora de la protección social, y todo ello en el marco de “programas bien concebidos que favorezcan la demanda agregada y que sean compatibles con los incentivos laborales”.

La protección social en sentido amplio, incluyéndose aquí la protección contributiva frente a situaciones de desempleo, la percepción de rentas o ingresos mínimos de inserción por parte de aquellos que no pueden tener acceso a otros mecanismos de cobertura social, y las partidas presupuestarias dedicadas a acciones formativas mientras las personas se encuentran ocupadas o en situación de desempleo o inactividad, es especialmente demandada por la OIT para enfrentarse a la crisis actual, con una atención especial, como siempre demanda, para los colectivos más vulnerables, entre los que cita de forma expresa a las mujeres que se reincorporan al mercado laboral después de la baja por maternidad, los trabajadores migrantes y los jóvenes, sobre los que se plantea en el documento (y en el mismo sentido se efectúa por los textos comunitarios a debate con ocasión de la próxima cumbre extraordinaria sobre el empleo del 7 de mayo) la conveniencia de prolongar su permanencia en el sistema educativo.

No se olvida el documento ahora examinado de la necesidad de abordar respuestas la situaciones en la que viven algunos sectores industriales (los ejemplos de la automoción la construcción y el sector financiero aparecen inmediatamente como significativos a escala mundial), y no cuestiona que se aboquen recursos para su superación siempre y cuando vayan acompañados de medidas adecuadas en los ámbitos social y medioambiental (la referencia en este supuesto al plan social previsto en la normativa española para los supuestos de suspensión y extinción colectiva de contratos de trabajo me parece adecuada traerla a colación, así como también todas las propuestas a escala comunitaria e internacional sobre la creación de empleos verdes y de poca contaminación), y que se adopten en el marco de acuerdos internacionales que eviten los efectos negativos que podrían provocar las decisiones de algunos países sobre la economía de otros si no se adoptan de forma coordinada.
Quizás como parte más novedosa de sus propuestas, aunque sin demasiada concreción, la OIT apuesta por la posible creación de un “fondo mundial para el empleo”, que tendría carácter anticíclico y del que se podrían beneficiar todos los Estados miembros para desarrollar las dimensiones más adecuadas en sus respectivas esferas nacionales del pacto mundial para el empleo.

6. En definitiva, el máximo foro mundial en materia sociolaboral alerta a los Estados y a las restantes organizaciones y organismos internacionales, así como también a los agentes sociales, sobre la necesidad de “redefinir los grados de prioridad” para responder a la situación de crisis, de tal forma que se garantice que el sistema financiero se ponga al servicio de la economía real y del desarrollo social, y que se ponga mucho más el acento que en etapas anteriores en los aspectos sociales de la globalización, corrigiéndose las desigualdades en materia de ingresos y luchando contra el desarrollo del empleo informal y de las formas atípicas de empleo. Y por acabar con las propias palabras del documento, que me permito hacer mías porque estoy plenamente de acuerdo con ellas, “las respuestas a la crisis no deben tener carácter puntual y aplicarse temporalmente para luego volver, lo antes posible, a funcionar como de costumbre. El reto que hoy se nos plantea consiste en responder a la crisis adoptando medidas que preparen el terreno para la implantación de mejores pautas de crecimiento y desarrollo”.

jueves, 19 de marzo de 2009

Informe sobre el empleo en la Unión Europea 2008-2009.

1. El proyecto de documento elaborado por el Comité de Empleo los días 16 y 17 de febrero fue aprobado por el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, del día 9 de marzo, y ha recibido el visto bueno definitivo en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en el llamado “Consejo europeo de primavera”, celebrado los días 19 y 20 de marzo.
Del documento objeto de análisis y estudio en esta nueva entrada del blog cabe destacar los datos y aportaciones que se mencionan a continuación.

2. En primer lugar, la constatación de que la UE ha incrementado su tasa global de empleo de forma importante desde el año 2005, a una media del 1 % anual. Ahora bien, la crisis económica que ya se apuntó en algunos Estados en 2008 se ha trasladado a todos ellos en 2009 y de ahí que cabe esperar un “drástico deterioro de la situación”, dado que clima económico y la confianza de los consumidores se encuentran en la cota más baja de los últimos veinte años en la UE.
Veamos primero los datos positivos: durante 2007-2008 se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo en la UE y el desempleo se redujo hasta una cifra inferior al 7 %. Sin cumplir los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa, no es menos cierto que se mejoró en las tasas de empleo (65,5 %), de las mujeres en particular (58,3 %) y de los trabajadores de edades comprendidas entre los 55 y 64 años (44,7 %). Pero ahora señalemos el dato negativo: dada la situación de crisis económica y la desaceleración del crecimiento económico durante 2008, con su indudable impacto sobre el empleo, así como también teniendo en cuenta las malas previsiones económicas para el año en curso, la Comisión no duda en afirmar que “los objetivos de 2010 se vislumbran ahora como definitivamente inalcanzables”, ya que se calcula que el empleo descenderá en dos puntos porcentuales durante el período 2009-2010 y que el desempleo alcanzará el 9,5 % en el año 2010, en el bien entendido que la situación de cada Estado no será la misma, y que en el caso de España, añado yo ahora, la situación se ha visto y verá especialmente dificultada por nuestra estructura productiva y el modelo de crecimiento de años anteriores que puso muy poco el acento en el trabajo de alto valor añadido y en la cualificación de los trabajadores. De ahí que sea necesario seguir apostando a escala comunitaria por mejorar los niveles de educación y formación, tanto pensando en los jóvenes que se incorporan al mundo de trabajo como en las personas de edades más avanzadas que se encuentran en el mismo, ya que no cabe ninguna duda de que debemos corregir la tendencia preocupante manifestada en años anteriores de que “los niveles de participación adulta en el aprendizaje permanente apenas han aumentado entre 2006 y 2007, y en algunos de ellos sufren una preocupante tendencia a la baja”.

3. En la misma línea que la manifestada en documentos anteriores, y no podría ser de otra forma a mi parecer, el Informe apuesta por centrar la política de empleo comunitaria alrededor de dos ejes prioritarios de actuación: en primer lugar, la aplicación de enfoques integrados de flexiseguridad, que combinen tanto las medidas de contratación como de finalización de la relación de trabajo y las de protección económica contra el desempleo y las formativas; en segundo término, y estrechamente relacionado con lo anterior, hay que mejorar las capacidades de las personas ocupadas o que desean participar en el mercado de trabajo y adecuarlas a las demandas existentes y las que pueden preverse para un futuro a corto plazo, con especial atención, añado yo ahora, a los empleos verdes y a las necesidades de atención a las personas y a las empresas.
Me parece positivo que el Informe valore la importancia de la flexiseguridad interna en términos favorables, es decir aquel conjunto de medidas que posibilitan (vía suspensión de contratos, vía reordenación de los tiempos de los trabajo, o con adopción de medidas de movilidad funcional y geográfica) que no se llegue a adoptar por parte empresarial la decisión más drástica de extinción de contratos de trabajo por razones de necesidades organizativas, productivas, técnicas o económicas, y coincido con la tesis de que actuar de esta manera sirve tanto para reducir el flujo de entrada de personas en el desempleo como para permitir a las empresas “conservar su provisión de competencias en espera de la recuperación económica”. Al respecto, se insiste en la importancia de las acciones llevadas a cabo por el Fondo Social Europeo para mejorar las capacidades formativas de todas las personas que se encuentran en el mercado de trabajo y también de las que desean incorporarse al mismo.
En relación con las llamadas políticas de flexiguridad, el Informe pasa revista a las que se han ido adoptando, sin importar su denominación, en los distintos Estados miembros, y destaca la importancia de prestar especial atención a las necesidades de colectivos especialmente desfavorecidos como son quienes tiene poca o escasa cualificación profesional u otras carencias sociales que les sitúan en situación de desventaja en el acceso o permanencia al mercado de trabajo, sin olvidar la especial situación de muchos trabajadores migrantes. El documento comunitario llama nuevamente, sin concretar cómo debe hacerse y en qué dirección, a la armonización “de los contratos temporales e indefinidos” (con lo que sigue dejando abierto el debate de hacia dónde debe decantarse la actuación de los poderes públicos y de los agentes sociales, es decir, si hacia una mayor estabilidad de todos los contratos o hacia una homogeneización a la baja con el modelo de contrato único y costes de indemnización que se incrementan a medida que aumenta la antigüedad, tan querida esta segunda hipótesis en España por algunos sectores empresariales); propugna la adopción de políticas de protección social que proporciones cobertura adecuada para las personas que la necesiten; enfatiza la necesidad de mejorar la eficacia de los sistemas de aprendizaje permanente y atender a que las capacidades de las personas vayan dirigidas hacia los sectores y actividades en los que haya insuficiencia de mano de obra o que se prevea razonablemente que van a ser motores de empleo a medio plazo, destacándose en el Informe como medida especialmente positiva que en la mayor parte de los Estados se estén llevando a cabo medidas de reforma de los sistema de formación profesional, con el objetivo de mejorar su calidad y de responder adecuadamente a los nuevos retos del mercado de trabajo; en fin, se llama a modernizar los sistemas de Seguridad Social para conseguir que aquellas personas que perciben una escasa remuneración no se vean desincentivadas para acceder al mercado laboral.

4. El Informe destaca, como he indicado con anterioridad, la necesidad de mejorar las capacidades de las personas y de adecuarlas a las demandas productivas, dado que las previsiones contenidas en los estudios de prospectiva realizados en los últimos años a instancias de la Comisión Europea concluyen con un incremento de la necesidad de cualificación y adaptabilidad del personal, de tal forma que el CEDEFOP considera que la proporción de puestos de trabajo que requerirán de un nivel educativo elevado pasará del 25 % a más del 30 %, y de ahí que se propugne la adopción de un conjunto de medidas que tiendan a mejorar la empleabilidad de la población y estar de esta forma en mejores condiciones para “abordar los efectos previstos de la actual contracción de la economía y para situar a Europa en la vía de la recuperación”.
Dado que la presencia de la población trabajadora en las actividades de aprendizaje permanente es bastante inferior a la del resto de personas ocupadas, el Informe llama a que se adopten medidas adecuadas por los Estados miembros que corrijan este déficit (según datos de Eurostat, mientras que la cuota de participación en el aprendizaje permanente es del 9,7 % para los trabajadores de 25 a 64 años, se reduce al 8,4 % en el caso de los trabajadores comprendidos en dicha franja de edades y al 7,1 % para los inactivos, al 4,7 % para los trabajadores de 55 a 64 años, y desciende hasta el 3,9 % para los pocos cualificados de 25 a 64 años).

5. Por fin, por lo que respecta a la aplicación de reformas estructurales en la línea de los objetivos marcados en la Estrategia Europea para el Empleo y en las orientaciones comunitarias de política de empleo dirigidas a los Estados miembros, se insiste en los ejes ya conocidos de actuación desde hace varios años.
En primer lugar, hay que atraer a un mayor número de personas al empleo y retenerlas en él, aumentar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas de protección social. Se destaca como medida especialmente positiva, y que varios Estados han puesto ya en marcha, desincentivar el recursos a los sistemas de jubilación anticipada y apostar por políticas formativas y de mantenimiento en el empleo de las personas de edad avanzada, aún cuando también se pone de manifiesto que a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años, “la edad media de salida del mercado laboral sigue estando en la actualidad muy por debajo del objetivo para 2010”.
En el análisis que efectúa el documento comunitario de las políticas de empleo de cada Estado, se valoran positivamente algunos avances, aunque muy desiguales entre Estados, en las políticas de igualdad de género y de conciliación de la vida profesional y familiar, teniendo presente que 15 Estados ya han alcanzado la tasa de participación femenina (60 %) fijada en la Estrategia de Lisboa para el año 2010. Igualmente, merecen una valoración favorable las medidas que se están adoptando para reducir las tasas de desempleo juvenil y para mejorar las capacidades formativas de los jóvenes, así como las medidas de políticas de empleo tendentes a facilitar su contratación mediante incentivos a los empleadores que los contraten. También se llama la atención (aunque no sería de aplicación al caso español en el primer supuesto) sobre la necesidad de incrementar las tasas de empleo de la población inmigrante y de reducir las desempleo, mediante medidas formativas de mejora de las capacidades y de integración social, así como también de plena aceptación de la diversidad en el seno de las empresas y centros de trabajo.
En segundo término, hay que mejorar la adaptabilidad de trabajadores y empresas, entre otras razones para encarar las reestructuraciones económicas y para mejorar la organización del trabajo, luchando por erradicar el empleo no declarado, fomentando la movilidad del personal, y reduciendo los obstáculos fiscales a la presencia de trabajadores que perciban una remuneración escasa en el mercado laboral.
Por último, hay que aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la enseñanza y las capacidades. Se valora negativamente el descenso en el gasto público total en educación, que pasó durante el período 2002-2005 del 5,2 al 5,0 %, si bien las diferencias entre Estados son relevantes ya que oscilan entre menos del 4% (Rumania) hasta el 8 % en el caso paradigmático, y que siempre se suele poner como ejemplo, de Dinamarca. Hay preocupación en sede comunitaria por las dificultades casi insuperables para alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa, ya que todavía hay una tasa comunitaria del 14,8 % de abandono escolar prematuro en 2007 (objetivo: 10 %), el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que finaliza le enseñanza secundaria superior es del 78,1 % (objetivo: 85 %) y la presencia de adultos que participan en actividades de aprendizaje permanente es del 9,7 % (objetivo: 12,5 %). En cuanto a algunos aspectos positivos que se enfatizan en el documento, creo conveniente y necesario destacar el notable progreso registrado en la aplicación del marco europeo de cualificaciones, que está impulsando también “el acceso a la educación y la formación, itinerarios de aprendizaje flexibles y la movilidad intersectorial”.

Algunas propuestas comunitarias en materia de empleo para abordar la crisis actual

1. Durante hoy jueves y mañana viernes los Jefes de Estados y de Gobierno se reúnen en Bruselas, en el llamado Consejo Europeo de primavera, para abordar cómo seguir trabajando y qué medidas adoptar para dar debida respuesta a una de las crisis económica y social más relevantes que ha habido desde la gran depresión económica de 1929.

La Comisión Europea ha elaborado un importante documento, a mi parecer, que lleva por título “Gestionar la recuperación económica”, y que fue presentado en público el día 4 de marzo. Voy a analizar los aspectos más relevantes del texto que se refieren de forma directa a las políticas de empleo, en el bien entendido que todas las medidas de política económica que se adopten tendrán también, sin duda, un impacto indudable sobre el mismo.

2. La Comunicación dedica un apartado específico que lleva por título “apoyar a la ciudadanía durante la crisis”, en el que se manifiesta que la difícil situación económica y social que estamos viviendo a escala mundial se traducirá en la Unión Europea en un descenso del número de personas ocupadas en los próximos dos años y un crecimiento importante del desempleo, con afectación especial de las consecuencias de la crisis para jóvenes, personas con contratos de corta duración y trabajadores migrantes.

La Comisión no se recata en afirmar que el impacto de la crisis es y va a ser más grave de lo que se pensaba cuando aparecieron los primeros síntomas, y por ello es partidaria de medidas que combinen las políticas activas con las de protección social, poniendo de manifiesto que “el apoyo a la renta en conjunción con unas medidas activas estimulará la demanda, facilitará la transición de la vuelta al trabajo y evitará la exclusión social”.

3. El documento pasa revista a las distintas y variadas medidas adoptadas por los Estado de la UE para enfrentarse a la crisis y mantener la cohesión social, ya sea en términos de políticas tendentes al mantenimiento o creación de empleo como de protección de los colectivos desempleados y en situación o riesgo de exclusión social. Entre las primera encontramos las prestaciones de desempleo parcial, la reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social o las subvenciones salariales y con especial atención a las pymes; entre las segundas cabe referirse a políticas de formación que posibiliten la rápida reincorporación al mercado de trabajo, una mejora de la protección contributiva y de los subsidios por desempleo, así como también la ampliación de los colectivos que pueden acceder a las redes de asistencia social de los distintos Estados (y que en las Comunidades Autónomas de España son las rentas o ingresos mínimos de inserción). De carácter general, en la medida en que pueden contribuir tanto a la creación de empleo como a paliar las dificultades de las personas desempleadas, nos encontramos con medidas como las inversiones en vivienda, hospitales, asistencia primaria, obra pública local, etc.

Desde el propio ámbito de actuación comunitario, la Comisión enfatiza las medidas que se han ido poniendo en marcha desde el inicio de la crisis, tales como las propuestas de reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que pueda dar respuesta más rápida a los nuevos problemas (si bien debo añadir aquí que estas propuestas todavía no han sido aprobadas porque varios Estados han formulado críticas sobre el coste de la medida), así como la simplificación de las normas del Fondo Social Europeo en orden a permitir anticipar cantidades previstas para años venideros, en concreto 1.800 millones de euros, al mismo tiempo que se recuerda que el FSE destina el año en curso 10.800 millones de euros para apoyar las iniciativas de los Estados miembros.

En cualquier caso, todas las medidas que se adopten para resolver o atajar problemas a corto plazo deben guardar coherencia con las políticas estructurales comunitaria a medio y largo plazo tal como fueron definidas desde la Estrategia de Lisboa del año 2000, actualizada y revisada en años posteriores, ya que no conviene olvidar que la UE tiene dos desafíos importantes a largo plazo y de indudable impacto en el mercado de trabajo, como son el impacto del envejecimiento demográfico en la mano de obra y el aprovechamiento de las oportunidades de la economía con bajas emisiones de carbono. Además, es obvio que las medidas que se adopten deberán guardar estrecha relaciones con las orientaciones comunitarias para las políticas de empleo de los Estados miembros, que han sido objeto de detallada explicación en comentarios anteriores del blog.

4. Las propuestas que se formulan en la Comunicación son sensiblemente semejantes, y no me parece que pueda ser de otra forma, a las que se están adoptando por los Estados miembros, entre ellos España, de las que conviene hace referencia al reciente Real Decreto-Ley 2/2009 de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

En efecto, la Comisión apuesta en primer término por mantener al mayor número posible de la población ocupada en activo, o dicho en otros términos a evitar las medidas empresariales de extinción de contratos de trabajo, y para ello propugna acuerdos de reorganización de los tiempos de trabajo en sede empresarial, combinados con políticas formativas que permitan orientar a los trabajadores hacia nuevos empleos, y cabe aquí incluir a mi parecer, aunque no se mencione de forma expresa, el apoyo dado por la normativa española, en términos de reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, a las empresas que suspendan contratos por vía de expedientes de regulación de empleo en lugar de optar por su extinción.

En segundo término, se propugna una mejora de la protección social para las personas desempleadas, tanto en términos estrictamente económicos como de inversión pública en políticas formativas que orienten a dichas personas hacia los empleos del futuro, y todo ello combinado con una reforma de los servicios públicos de empleo, al igual que se está haciendo en España, para hacer frente al aumento del desempleo, a las nuevas necesidades de búsqueda de empleo, y a las políticas formativas adecuadas en tiempos de crisis.

Con atención especial a algunos colectivos, se apuesta por prestar la debida atención a la reducción de costes no salariales de los trabajadores no cualificados, así como a las medidas para atenuar el desempleo juvenil y evitar el abandono escolar prematuro que es una vía directa desgraciadamente en muchas ocasiones al incremento del desempleo juvenil cuando la situación económica y social, como ocurre en la actualidad, se ve seriamente afectada por una crisis.

No podía faltar ciertamente en las recomendaciones comunitarias la llamada al refuerzo de las políticas de educación y formación para permitir ampliar el bagaje intelectual de los jóvenes y para acoger a todas aquellas personas que deseen ampliar su formación durante la vida laboral, así como a la puesta en marcha de las políticas de flexiseguridad que tiendan a reducir la segmentación y a mejorar el funcionamiento de los mercados laborales (como es bien sabido, esta es una cuestión muy polémica en todos los Estados miembros, ya que depende en dónde se ponga el acento para que puedan valorarse de una forma u otra, en el bien entendido que una política adecuada sólo es posible a mi parecer si combina las reformas tendentes a conseguir una mayor estabilidad en el empleo para toda la población trabajadora con una cobertura adecuada económica y formativa para toda aquella que, en un momento determinado de su vida laboral, pueda encontrarse en situación de desempleo).

Ante los riesgos, no desdeñables en absoluto como acabamos de ver en el Reino Unido, de un retorno a medidas proteccionistas en el ámbito laboral, la Comisión enfatiza su apoyo y defensa de la libre circulación de trabajadores, no ya como uno de los pilares básicos del modelo comunitario, sino como mecanismo que puede, incluso durante las etapas de ralentización económica, “ayudar a resolver la persistencia de desajustes entre las cualificaciones y las necesidades del mercado laboral”.

5. Por último, el documento comunitario dedica un breve apartado a la necesidad y conveniencia de una futura reunión extraordinaria dedicada monográficamente al empleo, y que ya se ha acordado que se celebrará el 7 de mayo, reunión que debería examinar qué se ha hecho hasta ahora, qué avances se han realizado y qué resta por hacer, a partir del marco previo de actuación definido en la Agenda social renovada y en las orientaciones comunitarias de empleo.

Por consiguiente, y no me parece que en la reunión se vaya a cambiar el marco actual de las políticas de empleo sino a reforzarlo, los poderes comunitarios y los Estados miembros deberán trabajar conjuntamente para conseguir que haya unos mercados de trabajo “más flexibles, seguros e inclusivos”, actuar de forma concertada para reducir el impacto social de la crisis y obtener un beneficio para el conjunto de la población europea y no sólo de uno o más Estados miembros, y buscar un nuevo marco de diálogo social con los agentes sociales y demás sujetos interesados que sitúe en el centro de la reflexión como debe ser posible modernizar las políticas sociales en beneficio tanto de trabajadores como de empleadores.

domingo, 15 de marzo de 2009

Derechos y obligaciones.

Los debates actuales sobre las reformas del mercado de trabajo giran, y me parece lógico, sobre aquellas, de carácter general, concretamente sobre las virtudes o defectos del reciente Real Decreto- Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

Esta norma, por cierto, aborda cuestiones de bastante importancia, y sobre las que muy pocas personas se atreven a opinar en público con total claridad, como es qué derecho tiene una persona desempleada; es decir, si es el de percibir prestaciones por un cierto tiempo (la expresión coloquial es “tengo derecho al paro”) o es más bien el de que los poderes públicos hagan todo lo posible para conseguir su reincorporación al mundo laboral, incluyéndose aquí la disponibilidad de las prestaciones económicas que tuviere reconocidas para facilitar la contratación por parte del sujeto empleador.

Este debate me lleva a otro más complejo y que quiero ahora dejarlo apuntado, y mucho más ante la situación actual que vivimos: la existencia de una prolija y extensa cultura de los derechos, pero la negativa en muchos casos a la aceptación o cumplimiento de las correspondientes obligaciones. Esta afirmación no la refiero sólo al ámbito laboral, sino que también me sirve para muchas otras parcelas de nuestra sociedad, y desde luego también la del ámbito educativo en el que me muevo cotidianamente.

Continuaré con estas reflexiones.

sábado, 7 de marzo de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer, fet públic el dijous 5 de març, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però cada vegada menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (16.6, es a dir 2.7 punts menys que el mes de gener) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75.2, es a dir 0.1 punts menys que el mes de gener), dels problemes d’índole econòmica (54.4, 2.5 punts més que en el baròmetre anterior), i el terrorisme (20.6, 1.6 punts menys que el mes anterior).El segueixen l’habitatge (11.6), la inseguretat ciutadana (11.0), “la classe política, els partits polítics” (9.3), i l’educació (5.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el tercer lloc (2.7, baixant 0.8 punt sobre el baròmetre del mes de gener), per darrera de l’atur (53.6, 0,7 punts més que en el baròmetre anterior), i dels problemes d’índole econòmica (25.9, 0.8 punts més); el segueixen “la classe política, els partits polítics” (2.7), i el terrorisme (2.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al onzè lloc (4.2, 2.4 punts menys que en el baròmetre de gener), per darrera dels problemes d’índole econòmica (45,7), l’atur (37.7), “no contesta” (9.3), l’habitatge (11.1), la inseguretat ciutadana (8.6), “no sap” (8.0), les pensions (5.6), la sanitat (4.8), el terrorisme (4.3) i les preocupacions i situacions personals (4.3). Amb la mateixa puntuació que la immigració es troben els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació i l’educació.

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al quinzè lloc (1.4, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (27.8), l’atur (27,3), “no contesta” (9.3), “no sap” (8.0), l’habitatge (3.8), les pensions (3.7), la inseguretat ciutadana (3.3), les preocupacions i situacions personals (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2,0), el terrorisme (1.4), la sanitat (1.4), l’educació (1.4), la classe política, els partits polítics (1.2) i els problemes d’índole social (1.1).

Hi ha una petita avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones amb relació als homes (16,9 i 16,3) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades (20,5); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 45 i 54 anys (1.7). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1,8).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats no agraris, i els comerciants i petits empresaris, els que manifesten més preocupació general per la immigració (21,9 i 21,6 respectivament), Els que estan personalment més preocupats són també els capatassos i obrers qualificats no agraris (3,4)

Els obrers no qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 20,7 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers qualificats són els que consideren que és el problema principal (3.4), i són els obrers no qualificats els que consideren que és el problema que els afecta més directament (2,0) .

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16,6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 35,9 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (5,1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.0.

martes, 3 de marzo de 2009

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer de 2009.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 3 de març.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 1.872.951, amb un descens de 4.407 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens d’afiliació en el General (5.204), que continua la tendència iniciada el mes d’agost del 2.008.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.139.514, mentre que el d’estrangers es reduí en 174.991. Cal destacar que es tracta del quart mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de febrer i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 3 de març.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 473.091 (13,5.% del total). 152.966 són comunitaris i 320.125 extracomunitaris. Increment interanual de 214.726..

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 100.297 ( 20,8 % del total). 22.186 són comunitaris i 78.111 extracomunitaris. Increment interanual de 51.469 L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (50.855), i suposa prop del doble de l’atur en el sector de la construcció (26.317).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener de 2009: 330.580. Increment interanual del 104,2 % . 94.247 aturats són comunitaris i 236.333 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,57 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,08 % si es tracta de la prestació contributiva, del 11,16 % en cas de subsidi, 5,28 % en la renda activa d’inserció, i 1,46 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 73,54 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 303,8 milions d’euros, un 12,1 % de la despesa total (increment interanual del 31,5 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,65 %), seguida de Barcelona (15,40 %), Illes Balears (6,06 %), Alacant (5,07 %) Múrcia (4,58 %), València (4,47 %), Girona (4,05 %), Tarragona (3,75 %), Màlaga (3,49 %) i Saragossa (3,02 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (68.742, 20,79 %) i els segueixen els equatorians (44.927, 13,59 %), els romanesos (37.492, 11,34 %), els colombians (23.903, 7,23 %) i els portuguesos (10.726, 3,25 %).

domingo, 1 de marzo de 2009

Benedicto XVI pide que se conceda prioridad a los trabajadores y a sus familias en la actual situación de crisis.

Reproduzco a continuación las palabras del Papa Benedicto XVI pronunciadas esta mañana después de la oración del Ángelus. ¿No están de acuerdo conmigo en que estas palabras deberían ser de obligada toma en en consideración por las personas que dirigen la política, y no sólo en Italia, desde luego, verdad?:

Saluto i lavoratori dello stabilimento FIAT di Pomigliano d’Arco, venuti a manifestare la loro preoccupazione per il futuro di quella fabbrica e delle migliaia di persone che, direttamente o indirettamente, dipendono da essa per il loro lavoro. Penso anche ad altre situazioni ugualmente difficili, come quelle che stanno affliggendo i territori del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna, di Prato in Toscana e di altri centri in Italia e altrove. Mi associo ai Vescovi e alle rispettive Chiese locali nell’esprimere vicinanza alle famiglie interessate dal problema, e le affido nella preghiera alla protezione di Maria Santissima e di San Giuseppe, patrono dei lavoratori. Desidero esprimere il mio incoraggiamento alle autorità sia politiche che civili, come anche agli imprenditori, affinché con il concorso di tutti si possa far fronte a questo delicato momento. C’è bisogno, infatti, di comune e forte impegno, ricordando che la priorità va data ai lavoratori e alle loro famiglie.