lunes, 29 de agosto de 2016

Texto comparado de los acuerdos PSOE- Ciudadanos (24 de febrero) y PP-Ciudadanos (28 de agosto de 2016) en materia de relaciones laborales y política de empleo.



A la espera, aunque el resultado sea muy previsible, de cómo se desarrollará el debate de investidura del presidente del gobierno a partir del martes día 30 de agosto, pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog la comparación de los textos acordados por Ciudadanos con el PSOE y el PP, el 24 de febrero y 28 de agosto de 2016 respectivamente, en materia de relaciones laborales y política de empleo, en el bien entendido que hay otras medidas de política social en ambos textos que inciden sobre ambas, por lo que conviene efectuar una lectura completa de ambos documentos. En cualquier caso, ya en el documento que adjunto se pueden observar diferencias sustanciales en cómo abordar la lucha contra la precariedad laboral y qué medidas de políticas de empleo son necesarias para dar respuestas adecuadas a la problemática del desempleo y a las diversas situaciones de las personas que lo sufren.

Buena lectura.


Acuerdo PSOE-Ciudadanos 24.2.2106.




2. MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO Y COMBATIR LA INESTABILIDAD Y LA PRECARIEDAD LABORAL


II. UN PLAN POR UN EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

Reducir el desempleo y la precariedad son los dos grandes retos prioritarios para España. El mercado de trabajo español produce sistemáticamente unos niveles de paro extraordinarios y un altísimo nivel de temporalidad. España ha sido el único país de la OCDE en el que la tasa de paro ha superado el 20% hasta en tres ocasiones desde 1980. Además, desde la introducción de los contratos temporales en 1984, el porcentaje de trabajadores temporales respecto del total ha ido aumentando progresivamente, hasta superar significativamente la media de la UE, de forma que en los últimos 30 años uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar ha sufrido sistemáticamente algún tipo de precariedad laboral. Esta situación continúa sucediendo en la recuperación actual: más de nueve de cada diez contratos que se crean son temporales. Solo por estas cifras se podría señalar que el funcionamiento del mercado laboral ha sido uno de los grandes fracasos de nuestra democracia. Nuestro plan de gobierno plantea un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas del paro y la precariedad laboral. Es necesaria una redefinición del marco de relaciones laborales que cierre la brecha entre contratos temporales y fijos. Para ello proponemos un nuevo contrato estable con indemnizaciones crecientes, acompañado de un sistema de seguro contra el despido que incentive la movilidad laboral sin perder derechos adquiridos y que se convierta de no ser despedido el trabajador, en un complemento a su pensión. Además, se introducirán penalizaciones a las empresas que abusen de la rotación laboral, al tiempo que se incentivará a las que creen empleo estable mediante reducciones en las cotizaciones sociales. En segundo lugar, para favorecer la estabilidad laboral es necesario permitir a las empresas formas de flexibilidad y adaptación para responder a los desafíos económicos y tecnológicos, de forma que el despido sea el último instrumento de ajuste. Proponemos por tanto una mejora de la flexibilidad interna de las empresas, basada en la negociación colectiva y en el acuerdo entre la empresa y sus trabajadores. Por otro lado, uno de cada cuatro desempleados, más de un millón de personas, lleva cuatro años sin trabajar, y más de dos millones, lleva dos años o más en situación de desempleo. No solo es esta una situación dramática e inaceptable, sino que a medida que el ciclo económico va mejorando, estas personas permanecen excluidas del mercado de trabajo. Las tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con la edad. Solamente uno de cada cuatro parados de larga duración menores de 25 años participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del 10% en caso del grupo de edad entre los 25 y 34. Pese a esta situación, en los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas, y destinado fundamentalmente hacia bonificaciones y subvenciones ineficaces. Nuestro programa de gobierno propone incrementar el gasto en políticas activas para que converja con la media europea, reorientar el gasto hacia la formación e introducir medidas destinadas a permitir un mayor control por parte de los desempleados sobre sus decisiones de formación. La profunda reforma de las políticas activas de empleo que planteamos está dirigida a acabar, en el largo plazo, con el drama del paro en nuestro país.







x Junto a los contratos de relevo y para la formación, las modalidades de contratación se reducen a dos: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos; un contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada.

x La nueva reforma perseguirá:

o Clarificar mejor las condiciones del contrato indefinido, especialmente respecto a las causas de despido, para reducir una excesiva litigiosidad interpretativa que incrementa las incertidumbres a todos los agentes,

o Reforzar la protección de los trabajadores en el contrato estable y progresivo, para evitar la precariedad derivada de una excesiva rotación no justificada e o incentivar adecuadamente la conversión de los segundos en los primeros.

x El nuevo contrato estable y progresivo no tendrá una duración superior a dos años, aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva. Dichos contratos tendrán:









o una indemnización creciente por finalización del contrato de trabajo, que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año, convirtiéndose en contrato indefinido en el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que se aplica actualmente.

o tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.

o supervisión dentro de la negociación colectiva que podrá llevar a cabo desarrollos específicos.

x En el tercer año se convertirá en un contrato indefinido. Para incentivar la conversión de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos, se establecerá conjuntamente los sistemas, mencionados más abajo, de incentivos sobre cotizaciones sociales en función de la temporalidad (bonus/malus) y el nuevo fondo para financiar parte del coste del despido conocido como “fondo austríaco”.

x La regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un exceso de despidos por contratos estables y progresivos, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos.


x Se creará un nuevo fondo (de forma similar al modelo desarrollado por Austria) en el marco del diálogo social, que se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual o colectivo. Cuando la empresa convierta contratos estables en indefinidos, se tomará en consideración la totalidad de la antigüedad del trabajador. Los trabajadores que no hayan dispuesto del fondo a lo largo de su carrera laboral, acumularán dicho fondo a la pensión de jubilación.

x Puesta en marcha con la mayor urgencia de un Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que luche contra la explotación y la precariedad laboral









































4. UN PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

x Nuestro gasto en acciones de empleo y de formación es claramente insuficiente en comparación con otros países europeos con menores problemas de paro y exclusión, y poblaciones activas con menores deficiencias en las competencias básicas para el 22 empleo. Durante esta larga recesión, se aplicaron importantes recortes en materia de políticas de empleo, a la par que se producía un aumento desenfrenado del desempleo. De ahí que el esfuerzo en políticas de empleo deba ir convergiendo progresivamente hasta alcanzar una cifra similar a la de los países europeos más avanzados en materia de políticas activas de empleo (PAE). Para ello se duplicará a lo largo de la legislatura la correspondiente dotación presupuestaria. Sin embargo, este aumento del gasto no puede realizarse sin un cambio en el diseño y contenido de nuestras políticas activas.

x Una parte sustancial de las políticas activas que se han aplicado en los últimos lustros se han revelado escasamente eficaces y casi siempre ineficientes. Además, nuestra combinación de acciones de empleo y formación es claramente anómala en el contexto de los países europeos más avanzados. Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros, y nadie destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Otra anomalía adicional es la transferencia de la financiación que en España se concentra en las empresas y en los centros proveedores de servicios, contrariamente a los países europeos más avanzados que suelen transferir buena parte de la financiación a los beneficiarios de las acciones de empleo y formación.

x Por otra parte, algunas políticas, en especial las de formación, se han ganado un enorme desprestigio entre la población originado por los grandes fraudes descubiertos. La modernización de las políticas activas no pasa sólo por su fiscalización, sino, ante todo, por una evaluación rigurosa y permanente de sus resultados, persiguiendo tanto la eficacia como la eficiencia. Esta es una condición sine qua non para que la apuesta por las políticas activas sea creíble.

x La orientación laboral y formativa, hasta ahora residual, pasará a tener un rol protagonista para el desarrollo de las políticas de empleo. Se movilizarán los recursos necesarios, incluyendo los procedentes a tal efecto de la UE, para que cada Comunidad Autónoma pueda ofrecer una orientación personalizada a cada desempleado. El objetivo es que los Servicios de Orientación regionales puedan alcanzar un número óptimo de tutores por demandante registrado, con suficiente formación y que garantice la eficacia y eficiencia en orientación profesional.

x Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la política activa que más presupuesto absorbe, situándose de nuevo en niveles similares a los del 2008. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones de cuotas. En total, si sumamos los 2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los PGE del 2016 (principalmente destinados a las tarifas planas y reducidas), se superan los 7.300 millones destinados a políticas activas, de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo. Existe un amplio consenso avalado por la evidencia, respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas, basadas en reducciones y bonificaciones sociales: cuando se generalizan de forma indiscriminada, tienen un elevado peso muerto y perjudican a los colectivos más vulnerables. Además, generan una seria limitación del gasto hacia otras políticas activas tales como la orientación y la formación, necesarias para superar el problema del paro de larga duración y el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa. Junto a ello, los incentivos a la conversión de contratos temporales terminan siendo herramientas ineficaces para corregir los excesos de rotación laboral, si se mantienen de forma prolonga en el tiempo y, finalmente, las exenciones y reducciones han ido sustituyendo a las bonificaciones como principal forma de incentivo, causando un gran perjuicio a los ingresos de la Seguridad Social.

x Por todo ello, nuestra propuesta consiste en sustituir la inmensa mayoría de las exenciones y reducciones que supongan una merma de los ingresos a la Seguridad Social por programas eficaces para reintegrar a los desempleados en el mercado laboral, reorientar las bonificaciones para la conversión de contratos temporales en indefinidos, y centrarse en los colectivos más vulnerables a través de un programa de subvenciones para los parados de larga duración.

x Se desarrollará un Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos (PREX) destinado prioritariamente a los mayores de 45 años, desvinculados definitivamente de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un proceso de reestructuración empresarial, para que sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de empleo y lograr que estén el menor tiempo posible en situación de desempleo.

x En el ámbito de la formación conviene diversificar la oferta de acciones de formación abriendo el abanico de políticas activas mediante, por ejemplo, cheques destinados a los desempleados para la realización de cursos de formación de su elección. La posibilidad de beneficiarse de estos cheques se verá acompañada con los consejos de orientadores para la formación y por la información sobre la calidad de los cursos ofrecidos por cada centro previa evaluación de los mismos. Todo ello se acompañará de una evaluación experimental previa que determine las características óptimas que deben tener (cuantía, tipo de formación y tipo de beneficiarios), en comparación con otros instrumentos que ya se están utilizando. El objetivo no es que los nuevos instrumentos sustituyan totalmente a los antiguos, sino buscar la combinación de políticas activas que se muestren más eficaces y eficientes.

x Nuestra política laboral necesita un enorme salto en la modernización de la gestión de las políticas activas. Sobre todo resulta imprescindible impulsar definitivamente una atención individualizada basada en el perfilado de los desempleados. Para ello, los orientadores tendrán a su disposición un programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales del desempleado, sus competencias profesionales, la evolución del mercado de trabajo y las competencias requeridas para salir del desempleo y para trabajar en una determinada ocupación. También tendrá a su disposición los indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas disponibles con los que podrá formular propuesta de itinerarios. Esta nueva herramienta incorporará toda la información disponible para todo el territorio nacional, con datos procedentes de los registros del SEPE y de los portales de empleo y podrá ser perfeccionada en cada Comunidad Autónoma con la información que se considere más relevante.

x Es fundamental llevar a cabo una estrategia de evaluación permanente de las políticas activas de empleo. Es necesario acentuar la orientación a resultados y aumentar el control sobre los programas y la selección de los participantes. Junto a ello, tanto en el ámbito de la intermediación laboral, como en el de la formación, la colaboración públicoprivada puede contribuir a incrementar la efectividad de las políticas fomentando la competencia entre centros formativos y generalizando la evaluación de los programas y la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos. Una Agencia específica y autónoma se creará para, entre otras cosas, mantener estrategia de evaluación continua en la formulación y los resultados de todos los instrumentos utilizados en la política activa de empleo.

x Es necesario poner en marcha un Plan de choque contra el paro de larga duración. Se trata del problema más dramático al que nos hemos de enfrentar con decisión a lo largo de los próximos años. La recuperación económica no está beneficiando por igual a todas las personas que desean trabajar. Las tasas de salida del paro hacia el empleo de las personas que llevan más de 2 años buscando empleo apenas ha respondido al inicio de la recuperación, por eso, reintegrar a estas personas en el mercado de trabajo es una emergencia social que hay que afrontar con absoluta prioridad. Para ello se impulsarán las siguientes medidas:

o Programa de subvenciones para la contratación de parados de muy larga duración para aquellas empresas que contraten a parados de larga duración. Irá dirigido especialmente a aquellos parados de larga duración, con escasa experiencia laboral o que requieran de movilidad sectorial u ocupacional para su integración en el mercado de trabajo. Los incentivos tendrán el objetivo de compensar a las empresas por los costes de formación que generarán estos trabajadores. Además, se exigirá al empleador que provea algún tipo de formación o acreditación de competencias del empleado beneficiario de la subvención.

o Plan de Reintegración Laboral que quintuplique el actual presupuesto destinado al Programa Prepara, financiables con la supresión de las exenciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social y con los fondos europeos para combatir el paro de larga duración. Este plan debe garantizar un nivel de cobertura suficiente y atender las necesidades de orientación y formación.

o Las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de prestaciones y que requieran de un intenso proceso de formación para su reinserción en el mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de una Renta de Reintegración durante la duración de este proceso de formación. La cuantía y duración de esta renta se realizará en función de las necesidades económicas y formativas del desempleado y estarán condicionadas a la estricta participación en el proceso formativo. Los parados de larga duración podrán beneficiarse de este programa, no sólo por una duración de 6 meses como ocurre en la actualidad, sino durante todo el tiempo necesario hasta que se culmine su reintegración en el mercado de trabajo.

x Una prioridad esencial consiste en el fomento de la adquisición de competencias básicas para el empleo. Para ello debe desarrollarse un Plan para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo. Aunque en España la tasa de abandono escolar ha caído de forma sustancial en los últimos años, existen hoy más de 800.000 jóvenes que no consiguen alcanzar ni tan siquiera el nivel correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. Además, nuestra población adulta está entre las que menor nivel de competencias en lectura, matemáticas, idiomas y alfabetización digital de toda la Unión Europea. El plan iría destinado a otorgar una certificación a quienes no ha alcanzado un nivel educativo básico, con una partida presupuestaria propia y un diseño de incentivos que fomente el aprendizaje permanente entre los adultos. Y en cuanto a los jóvenes, se trata de que tengan la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de tres acciones:

(i) oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2;

(ii) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos;

(iii) realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave. También en el ámbito de la lucha contra el paro entre los jóvenes, es necesario dotar de recursos suficientes el Plan de Garantía Juvenil para financiar programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias de abandono escolar temprano y financiar programas de primera experiencia profesional.

x La introducción y aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa está produciendo una progresiva desvalorización de la experiencia laboral. En consecuencia, la falta de cultura del aprendizaje permanente en una economía de conocimiento ha aumentado considerablemente el riesgo de desplazamiento de los trabajadores con más edad y antigüedad en la empresa, que necesitan de procesos de reciclaje. Una vez separados de su empleo, su reintegración en el mercado de trabajo con un puesto de trabajo similar resulta especialmente costosa, y en muchos casos imposible. Es pues necesario actuar de forma preventiva, desarrollando las acciones que puedan facilitar la conservación de los empleos a cambio de realizar procesos intensivos de formación. A tal fin debe desarrollarse un Programa de recualificación profesional para empleados que combine procesos de formación con la percepción de una prestación, en forma de renta de recualificación. Irá destinado a los trabajadores mayores de 45 años, con un largo período de antigüedad en la empresa y estarán sometidas al compromiso de reserva del empleo por parte de las empresas.

x Con independencia de las medidas hasta aquí descritas es razonable poner en marcha un programa público de formación y empleos de transición. Con proyectos concretos propuestos por las propias personas paradas, por las administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste salarial se asume durante seis meses. Para la financiación del Plan se contará con los ingresos procedentes de la supresión y reorientación de las actuales reducciones y bonificaciones a la contratación (salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género.
Acuerdo PP-Ciudadanos 28.8.2016.










D. Empleo y lucha contra la precariedad.


a. Mercado de trabajo.

Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos, dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital
humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces.

















































































36. Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo:

a. Contrato indefinido.

b. Un contrato “de protección creciente”: con duración determinada, causal e indemnización creciente.

c. Un contrato para la formación, para la cualificación profesional del trabajador, tanto en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en la empresa con la actividad formativa, como para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios previamente cursados.









Fijar para el contrato “de protección creciente” las siguientes características:

a. Sólo podrá celebrarse cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra.

b. Una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más cuando así se establezca en convenio sectorial estatal o en su defecto de ámbito sectorial inferior. Tal límite temporal no operará cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.

c. Una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a 12 días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad.


d. Una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.

e. Un preaviso de 15 días en caso de extinción siempre que la duración del contrato supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.

f. En caso de conversión en contrato indefinido los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondientes a cada mes quedarán exentos de cotización durante cuatro años.

37. Reconocer a todos los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad de contratación, el derecho a un preaviso de 15 días en caso de extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba siempre que éste supere los seis meses.

En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.

38. Introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como "mochila austríaca", mantenida a lo
largo de su vida laboral. El trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.


39. Establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. El diseño de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos.

40. Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. Para ello se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital, en particular a los mayores de 45 años. Asimismo se analizará el establecimiento en la ley de límites claros al control tecnológico de la prestación laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión.

41. Promover activamente la igualdad de género en el seno de la empresa, entre otras medidas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración, y se fomentando una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se deben publicar en el informe anual.


b. Plan de choque contra el desempleo.




























































42. Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación. Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado y con el que podrán formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y laborales.

 Evaluar en el marco del diálogo social y el debate parlamentario, y ampliar el Programa de Activación Para el Empleo* (PAE Plus) para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

 Dar un nuevo impulso a los planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el marco de la Estrategia de emprendimiento y empleo joven y de la Garantía Juvenil Europea. En concreto, y de manera urgente mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de 30 años en el Registro telemático de Garantía Juvenil, la integración de los datos del registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de la eficacia de los planes y acciones de empleo y formación dirigidos a los más jóvenes, y establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de la CCAA en la aplicación del Sistema de Garantía Juvenil.

 Crear el organismo independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo, con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas, mejorando su coordinación y promoviendo un aumento de su eficacia y eficiencia.

Aprobar de manera urgente el Desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015 que regula el sistema de formación profesional para el empleo, agilizando la Implantación de los Cheques de Formación para los desempleados de larga duración, con el fin de que ellos mismos puedan elegir directamente los cursos de formación que más se adapten a sus necesidades.

 Reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo para garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos.

 Dar un impulso al portal único de empleo a través de una mayor vinculación con otras redes sociales y portales de empleo privados para que se convierta en el portal de referencia y fuente de información necesaria para la creación del mapa de competencias demandas y ofrecidas en el mercado de trabajo.

Orientar las acciones en materia de políticas activas de empleo a resultados en términos de inserción de los desempleados, continuando con la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos e informando públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer la fiscalización de los programas por la opinión pública.