A la espera, aunque el
resultado sea muy previsible, de cómo se desarrollará el debate de investidura
del presidente del gobierno a partir del martes día 30 de agosto, pongo a
disposición de los lectores y lectoras del blog la comparación de los textos
acordados por Ciudadanos con el PSOE y el PP, el 24 de febrero y 28 de agosto
de 2016 respectivamente, en materia de relaciones laborales y política de
empleo, en el bien entendido que hay otras medidas de política social en ambos
textos que inciden sobre ambas, por lo que conviene efectuar una lectura
completa de ambos documentos. En cualquier caso, ya en el documento que adjunto
se pueden observar diferencias sustanciales en cómo abordar la lucha contra la
precariedad laboral y qué medidas de políticas de empleo son necesarias para
dar respuestas adecuadas a la problemática del desempleo y a las diversas
situaciones de las personas que lo sufren.
Buena lectura.
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Acuerdo
PSOE-Ciudadanos 24.2.2106.
2.
MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO Y COMBATIR LA INESTABILIDAD Y LA
PRECARIEDAD LABORAL
II. UN
PLAN POR UN EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD
Reducir el
desempleo y la precariedad son los dos grandes retos prioritarios para
España. El mercado de trabajo español produce sistemáticamente unos niveles
de paro extraordinarios y un altísimo nivel de temporalidad. España ha sido
el único país de la OCDE en el que la tasa de paro ha superado el 20% hasta
en tres ocasiones desde 1980. Además, desde la introducción de los contratos
temporales en 1984, el porcentaje de trabajadores temporales respecto del
total ha ido aumentando progresivamente, hasta superar significativamente la
media de la UE, de forma que en los últimos 30 años uno de cada cuatro
españoles en edad de trabajar ha sufrido sistemáticamente algún tipo de
precariedad laboral. Esta situación continúa sucediendo en la recuperación
actual: más de nueve de cada diez contratos que se crean son temporales. Solo
por estas cifras se podría señalar que el funcionamiento del mercado laboral
ha sido uno de los grandes fracasos de nuestra democracia. Nuestro plan de
gobierno plantea un cambio en el marco de las relaciones laborales para
empezar a resolver los problemas del paro y la precariedad laboral. Es
necesaria una redefinición del marco
de relaciones laborales que cierre la brecha entre contratos temporales y
fijos. Para ello proponemos un nuevo contrato estable con indemnizaciones
crecientes, acompañado de un sistema de seguro contra el despido que
incentive la movilidad laboral sin perder derechos adquiridos y que se
convierta de no ser despedido el trabajador, en un complemento a su pensión.
Además, se introducirán penalizaciones a las empresas que abusen de la
rotación laboral, al tiempo que se incentivará a las que creen empleo estable
mediante reducciones en las cotizaciones sociales. En segundo lugar, para
favorecer la estabilidad laboral es necesario permitir a las empresas formas
de flexibilidad y adaptación para responder a los desafíos económicos y
tecnológicos, de forma que el despido sea el último instrumento de ajuste.
Proponemos por tanto una mejora de la flexibilidad interna de las empresas,
basada en la negociación colectiva y en el acuerdo entre la empresa y sus
trabajadores. Por otro lado, uno de cada cuatro desempleados, más de un
millón de personas, lleva cuatro años sin trabajar, y más de dos millones,
lleva dos años o más en situación de desempleo. No solo es esta una situación
dramática e inaceptable, sino que a medida que el ciclo económico va
mejorando, estas personas permanecen excluidas del mercado de trabajo. Las
tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con la
edad. Solamente uno de cada cuatro parados de larga duración menores de 25
años participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del
10% en caso del grupo de edad entre los 25 y 34. Pese a esta situación, en
los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas,
y destinado fundamentalmente hacia bonificaciones y subvenciones ineficaces.
Nuestro programa de gobierno propone incrementar el gasto en políticas
activas para que converja con la media europea, reorientar el gasto hacia la
formación e introducir medidas destinadas a permitir un mayor control por
parte de los desempleados sobre sus decisiones de formación. La profunda
reforma de las políticas activas de empleo que planteamos está dirigida a
acabar, en el largo plazo, con el drama del paro en nuestro país.
x Junto a los
contratos de relevo y para la formación, las modalidades de contratación se
reducen a dos: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos
de trabajo indefinidos; un contrato estable y progresivo para la cobertura de
puestos de trabajo de duración determinada.
x
La nueva reforma perseguirá:
o
Clarificar mejor las condiciones del contrato indefinido, especialmente
respecto a las causas de despido, para reducir una excesiva litigiosidad
interpretativa que incrementa las incertidumbres a todos los agentes,
o
Reforzar la protección de los trabajadores en el contrato estable y
progresivo, para evitar la precariedad derivada de una excesiva rotación no
justificada e o incentivar adecuadamente la conversión de los segundos en los
primeros.
x
El nuevo contrato estable y progresivo
no tendrá una duración superior a dos años, aunque la negociación colectiva
podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva.
Dichos contratos tendrán:
o
una indemnización creciente por finalización del contrato de trabajo, que
tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el
segundo año, convirtiéndose en contrato indefinido en el tercer año. En caso
de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y
de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que se
aplica actualmente.
o
tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.
o
supervisión dentro de la negociación colectiva que podrá llevar a cabo
desarrollos específicos.
x
En el tercer año se convertirá en un contrato indefinido. Para incentivar la
conversión de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos,
se establecerá conjuntamente los sistemas, mencionados más abajo, de
incentivos sobre cotizaciones sociales en función de la temporalidad
(bonus/malus) y el nuevo fondo para financiar parte del coste del despido
conocido como “fondo austríaco”.
x
La regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un
exceso de despidos por contratos estables y progresivos, mediante el
incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer
(malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las
cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que
incrementen su porcentaje de contratos indefinidos.
x Se creará un
nuevo fondo (de forma similar al modelo desarrollado por Austria) en el marco
del diálogo social, que se hará cargo del pago de 8 días por año de
antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual
o colectivo. Cuando la empresa convierta contratos estables en indefinidos,
se tomará en consideración la totalidad de la antigüedad del trabajador. Los
trabajadores que no hayan dispuesto del fondo a lo largo de su carrera
laboral, acumularán dicho fondo a la pensión de jubilación.
x
Puesta en marcha con la mayor urgencia de un Plan de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social que luche contra la explotación y la precariedad laboral
4. UN PLAN DE
CHOQUE POR EL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
x
Nuestro gasto en acciones de empleo y de formación es claramente insuficiente
en comparación con otros países europeos con menores problemas de paro y
exclusión, y poblaciones activas con menores deficiencias en las competencias
básicas para el 22 empleo. Durante esta larga recesión, se aplicaron
importantes recortes en materia de políticas de empleo, a la par que se
producía un aumento desenfrenado del desempleo. De ahí que el esfuerzo en
políticas de empleo deba ir convergiendo progresivamente hasta alcanzar una
cifra similar a la de los países europeos más avanzados en materia de
políticas activas de empleo (PAE). Para ello se duplicará a lo largo de la
legislatura la correspondiente dotación presupuestaria. Sin embargo, este
aumento del gasto no puede realizarse sin un cambio en el diseño y contenido
de nuestras políticas activas.
x
Una parte sustancial de las políticas activas que se han aplicado en los
últimos lustros se han revelado escasamente eficaces y casi siempre
ineficientes. Además, nuestra combinación de acciones de empleo y formación
es claramente anómala en el contexto de los países europeos más avanzados.
Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros, y nadie destina tan
pocos recursos a la orientación laboral. Otra anomalía adicional es la
transferencia de la financiación que en España se concentra en las empresas y
en los centros proveedores de servicios, contrariamente a los países europeos
más avanzados que suelen transferir buena parte de la financiación a los
beneficiarios de las acciones de empleo y formación.
x
Por otra parte, algunas políticas, en especial las de formación, se han
ganado un enorme desprestigio entre la población originado por los grandes
fraudes descubiertos. La modernización de las políticas activas no pasa sólo
por su fiscalización, sino, ante todo, por una evaluación rigurosa y
permanente de sus resultados, persiguiendo tanto la eficacia como la
eficiencia. Esta es una condición sine qua non para que la apuesta por las
políticas activas sea creíble.
x
La orientación laboral y formativa, hasta ahora residual, pasará a tener un
rol protagonista para el desarrollo de las políticas de empleo. Se
movilizarán los recursos necesarios, incluyendo los procedentes a tal efecto
de la UE, para que cada Comunidad Autónoma pueda ofrecer una orientación
personalizada a cada desempleado. El objetivo es que los Servicios de
Orientación regionales puedan alcanzar un número óptimo de tutores por
demandante registrado, con suficiente formación y que garantice la eficacia y
eficiencia en orientación profesional.
x
Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada
legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la
política activa que más presupuesto absorbe, situándose de nuevo en niveles
similares a los del 2008. En la actualidad existen más de 70 modalidades de
bonificaciones, exenciones y reducciones de cuotas. En total, si sumamos los
2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los PGE del
2016 (principalmente destinados a las tarifas planas y reducidas), se superan
los 7.300 millones destinados a políticas activas, de los que más de la mitad
se destinan a incentivos al empleo. Existe un amplio consenso avalado por la
evidencia, respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas,
basadas en reducciones y bonificaciones sociales: cuando se generalizan de
forma indiscriminada, tienen un elevado peso muerto y perjudican a los
colectivos más vulnerables. Además, generan una seria limitación del gasto
hacia otras políticas activas tales como la orientación y la formación,
necesarias para superar el problema del paro de larga duración y el déficit
de competencias del que adolece nuestra población activa. Junto a ello, los
incentivos a la conversión de contratos temporales terminan siendo
herramientas ineficaces para corregir los excesos de rotación laboral, si se
mantienen de forma prolonga en el tiempo y, finalmente, las exenciones y
reducciones han ido sustituyendo a las bonificaciones como principal forma de
incentivo, causando un gran perjuicio a los ingresos de la Seguridad Social.
x
Por todo ello, nuestra propuesta consiste en sustituir la inmensa mayoría de
las exenciones y reducciones que supongan una merma de los ingresos a la
Seguridad Social por programas eficaces para reintegrar a los desempleados en
el mercado laboral, reorientar las bonificaciones para la conversión de
contratos temporales en indefinidos, y centrarse en los colectivos más
vulnerables a través de un programa de subvenciones para los parados de larga
duración.
x
Se desarrollará un Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos
(PREX) destinado prioritariamente a los mayores de 45 años, desvinculados
definitivamente de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como
consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un proceso de
reestructuración empresarial, para que sean asistidos inmediatamente en la
búsqueda de empleo y lograr que estén el menor tiempo posible en situación de
desempleo.
x En el ámbito
de la formación conviene diversificar la oferta de acciones de formación
abriendo el abanico de políticas activas mediante, por ejemplo, cheques
destinados a los desempleados para la realización de cursos de formación de
su elección. La posibilidad de beneficiarse de estos cheques se verá acompañada
con los consejos de orientadores para la formación y por la información sobre
la calidad de los cursos ofrecidos por cada centro previa evaluación de los
mismos. Todo ello se acompañará de una evaluación experimental previa que
determine las características óptimas que deben tener (cuantía, tipo de
formación y tipo de beneficiarios), en comparación con otros instrumentos que
ya se están utilizando. El objetivo no es que los nuevos instrumentos
sustituyan totalmente a los antiguos, sino buscar la combinación de políticas
activas que se muestren más eficaces y eficientes.
x
Nuestra política laboral necesita un enorme salto en la modernización de la
gestión de las políticas activas. Sobre todo resulta imprescindible impulsar
definitivamente una atención individualizada basada en el perfilado de los
desempleados. Para ello, los orientadores tendrán a su disposición un
programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales del
desempleado, sus competencias profesionales, la evolución del mercado de
trabajo y las competencias requeridas para salir del desempleo y para
trabajar en una determinada ocupación. También tendrá a su disposición los
indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas
disponibles con los que podrá formular propuesta de itinerarios. Esta nueva
herramienta incorporará toda la información disponible para todo el
territorio nacional, con datos procedentes de los registros del SEPE y de los
portales de empleo y podrá ser perfeccionada en cada Comunidad Autónoma con
la información que se considere más relevante.
x Es fundamental
llevar a cabo una estrategia de evaluación permanente de las políticas
activas de empleo. Es necesario acentuar la orientación a resultados y
aumentar el control sobre los programas y la selección de los participantes.
Junto a ello, tanto en el ámbito de la intermediación laboral, como en el de
la formación, la colaboración públicoprivada puede contribuir a incrementar
la efectividad de las políticas fomentando la competencia entre centros
formativos y generalizando la evaluación de los programas y la vinculación de
la financiación a los resultados obtenidos. Una Agencia específica y autónoma
se creará para, entre otras cosas, mantener estrategia de evaluación continua
en la formulación y los resultados de todos los instrumentos utilizados en la
política activa de empleo.
x
Es necesario poner en marcha un Plan de choque contra el paro de larga
duración. Se trata del problema más dramático al que nos hemos de enfrentar
con decisión a lo largo de los próximos años. La recuperación económica no
está beneficiando por igual a todas las personas que desean trabajar. Las
tasas de salida del paro hacia el empleo de las personas que llevan más de 2
años buscando empleo apenas ha respondido al inicio de la recuperación, por
eso, reintegrar a estas personas en el mercado de trabajo es una emergencia
social que hay que afrontar con absoluta prioridad. Para ello se impulsarán
las siguientes medidas:
o
Programa de subvenciones para la contratación de parados de muy larga
duración para aquellas empresas que contraten a parados de larga duración.
Irá dirigido especialmente a aquellos parados de larga duración, con escasa
experiencia laboral o que requieran de movilidad sectorial u ocupacional para
su integración en el mercado de trabajo. Los incentivos tendrán el objetivo
de compensar a las empresas por los costes de formación que generarán estos
trabajadores. Además, se exigirá al empleador que provea algún tipo de
formación o acreditación de competencias del empleado beneficiario de la
subvención.
o
Plan de Reintegración Laboral que quintuplique el actual presupuesto
destinado al Programa Prepara, financiables con la supresión de las
exenciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social y con los fondos
europeos para combatir el paro de larga duración. Este plan debe garantizar
un nivel de cobertura suficiente y atender las necesidades de orientación y
formación.
o
Las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de prestaciones
y que requieran de un intenso proceso de formación para su reinserción en el
mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de una Renta de Reintegración
durante la duración de este proceso de formación. La cuantía y duración de
esta renta se realizará en función de las necesidades económicas y formativas
del desempleado y estarán condicionadas a la estricta participación en el
proceso formativo. Los parados de larga duración podrán beneficiarse de este
programa, no sólo por una duración de 6 meses como ocurre en la actualidad,
sino durante todo el tiempo necesario hasta que se culmine su reintegración
en el mercado de trabajo.
x
Una prioridad esencial consiste en el fomento de la adquisición de
competencias básicas para el empleo. Para ello debe desarrollarse un Plan
para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo. Aunque en España
la tasa de abandono escolar ha caído de forma sustancial en los últimos años,
existen hoy más de 800.000 jóvenes que no consiguen alcanzar ni tan siquiera
el nivel correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. Además,
nuestra población adulta está entre las que menor nivel de competencias en
lectura, matemáticas, idiomas y alfabetización digital de toda la Unión
Europea. El plan iría destinado a otorgar una certificación a quienes no ha
alcanzado un nivel educativo básico, con una partida presupuestaria propia y
un diseño de incentivos que fomente el aprendizaje permanente entre los
adultos. Y en cuanto a los jóvenes, se trata de que tengan la posibilidad de
acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la
especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará
con la suma de tres acciones:
(i)
oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2;
(ii)
elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos
cursos;
(iii)
realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.
También en el ámbito de la lucha contra el paro entre los jóvenes, es
necesario dotar de recursos suficientes el Plan de Garantía Juvenil para
financiar programas de segunda oportunidad para luchar contra las
consecuencias de abandono escolar temprano y financiar programas de primera
experiencia profesional.
x
La introducción y aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa está
produciendo una progresiva desvalorización de la experiencia laboral. En
consecuencia, la falta de cultura del aprendizaje permanente en una economía
de conocimiento ha aumentado considerablemente el riesgo de desplazamiento de
los trabajadores con más edad y antigüedad en la empresa, que necesitan de
procesos de reciclaje. Una vez separados de su empleo, su reintegración en el
mercado de trabajo con un puesto de trabajo similar resulta especialmente
costosa, y en muchos casos imposible. Es pues necesario actuar de forma
preventiva, desarrollando las acciones que puedan facilitar la conservación
de los empleos a cambio de realizar procesos intensivos de formación. A tal
fin debe desarrollarse un Programa de recualificación profesional para
empleados que combine procesos de formación con la percepción de una
prestación, en forma de renta de recualificación. Irá destinado a los
trabajadores mayores de 45 años, con un largo período de antigüedad en la
empresa y estarán sometidas al compromiso de reserva del empleo por parte de
las empresas.
x
Con independencia de las medidas hasta aquí descritas es razonable poner en
marcha un programa público de formación y empleos de transición. Con
proyectos concretos propuestos por las propias personas paradas, por las
administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste
salarial se asume durante seis meses. Para la financiación del Plan se
contará con los ingresos procedentes de la supresión y reorientación de las
actuales reducciones y bonificaciones a la contratación (salvo las dedicadas
a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de
violencia de género.
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Acuerdo
PP-Ciudadanos 28.8.2016.
D.
Empleo y lucha contra la precariedad.
a.
Mercado de trabajo.
Nuestra
política laboral persigue tres grandes objetivos, dirigidos a acabar con los principales
problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo,
especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad, fomentando la
creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital
humano
con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces.
36. Reducir a
tres las modalidades de contrato de trabajo:
a. Contrato
indefinido.
b. Un contrato
“de protección creciente”: con duración determinada, causal e indemnización
creciente.
c. Un contrato
para la formación, para la cualificación profesional del trabajador, tanto en
un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en la empresa con
la actividad formativa, como para la obtención de la práctica profesional
adecuada al nivel de estudios previamente cursados.
Fijar para el contrato “de protección
creciente” las siguientes características:
a.
Sólo podrá celebrarse cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de
mano de obra.
b.
Una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más cuando así se
establezca en convenio sectorial estatal o en su defecto de ámbito sectorial
inferior. Tal límite temporal no operará cuando el contrato se celebre para
sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.
c.
Una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a 12
días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer
año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la
misma que en la actualidad.
d.
Una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.
e.
Un preaviso de 15 días en caso de extinción siempre que la duración del contrato
supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación
deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario
correspondiente al número de días que hubiera incumplido.
f.
En caso de conversión en contrato indefinido los primeros 500 euros de la
base de cotización por contingencias comunes correspondientes a cada mes
quedarán exentos de cotización durante cuatro años.
37.
Reconocer a todos los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad de contratación,
el derecho a un preaviso de 15 días en caso de extinción del contrato de
trabajo durante el periodo de prueba siempre que éste supere los seis meses.
En
caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador
con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de
días que hubiera incumplido.
38. Introducir
mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, en
particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores,
al estilo de la conocida como "mochila austríaca", mantenida a lo
largo de su vida
laboral. El trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o
llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.
39.
Establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso
de despidos por contratos de duración determinada, mediante el incremento de
las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la
vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de
aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje
de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. El diseño
de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas
empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos.
40.
Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. Para
ello se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el
mundo digital, en particular a los mayores de 45 años. Asimismo se analizará
el establecimiento en la ley de límites claros al control tecnológico de la
prestación laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión.
41.
Promover activamente la igualdad de género en el seno de la empresa, entre
otras medidas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de
representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración, y
se fomentando una cultura de transparencia en el proceso de selección en
todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se
deben publicar en el informe anual.
b. Plan de
choque contra el desempleo.
42.
Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una
herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación.
Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico, basado
en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado y
con el que podrán formular una propuesta personalizada de itinerarios
formativos y laborales.
Evaluar en el marco del diálogo social y el debate parlamentario, y ampliar el
Programa de Activación Para el Empleo* (PAE Plus) para aumentar el grado de
cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de
inserción en el mercado de trabajo.
Dar un nuevo impulso a los planes y actuaciones específicas para combatir el
desempleo juvenil en el marco de la Estrategia de emprendimiento y empleo
joven y de la Garantía Juvenil Europea. En concreto, y de manera urgente
mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de 30 años en
el Registro telemático de Garantía Juvenil, la integración de los datos del
registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de la eficacia de
los planes y acciones de empleo y formación dirigidos a los más jóvenes, y
establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de la CCAA en la
aplicación del Sistema de Garantía Juvenil.
Crear el organismo independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo,
con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas
activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas,
mejorando su coordinación y promoviendo un aumento de su eficacia y
eficiencia.
Aprobar de manera urgente el
Desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015 que regula el sistema de formación
profesional para el empleo, agilizando la Implantación de los Cheques de
Formación para los desempleados de larga duración, con el fin de que ellos
mismos puedan elegir directamente los cursos de formación que más se adapten
a sus necesidades.
Reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo para garantizar,
en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los servicios
prestados por los mismos.
Dar un impulso al portal único de empleo a través de una mayor vinculación
con otras redes sociales y portales de empleo privados para que se convierta
en el portal de referencia y fuente de información necesaria para la creación
del mapa de competencias demandas y ofrecidas en el mercado de trabajo.
Orientar las acciones en materia de
políticas activas de empleo a resultados en términos de inserción de los desempleados,
continuando con la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos
e informando públicamente del impacto de las acciones de políticas activas
para favorecer la fiscalización de los programas por la opinión pública.
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