1. El martes 24 de
octubre se firmaba el acuerdo titulado “España avanza. Una nueva coalición degobierno progresista” , entre PSOE y Sumar, con la escenificación
correspondiente a cargo de sus máximos responsables, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Se trata de un
texto de 48 páginas, estructurado en once apartados. En la mayor parte de ellos
hay alguna referencia de contenido laboral, si bien obviamente el núcleo
central en este ámbito, y que más difusión ha merecido en medios de comunicación
y redes sociales, se concentra solamente en uno de ellos, el número 2, titulado
“Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios” , en el que se
incluye la medida “estrella” y que más debate ha generado, la reducción de la
jornada laboral, con un compromiso concreto de alcanzar la duración de 37,5 horas semanales en 2025.
En dos anteriores
entradas, que pueden leerse aquí (PSOE) y aquí (Sumar), analicé los programas electorales de ambas fuerzas políticas en
materia laboral y de protección social. Su relectura es aconsejable para
comprobar el cuidado equilibrio que se ha logrado entre ambos en el texto final
aprobado y que ha pasado por un amplio, y silencioso, proceso negociador hasta
alcanzar el acuerdo.
2. Con rapidez digna
de elogio, el profesor Antonio Baylos publicó en su blog el mismo día 24 el texto
del apartado dedicado a las propuestas laborales , anunciando que dejaba para un momento
posterior el examen de su contenido, algo que ya ha hecho con su precisión
habitual en la entrada publicada el día 25 con el título “Un programa solo esun programa, es decir, algo necesario para llevar a cabo un proyecto” , en el que no sólo procede a la explicación del contenido laboral sino que
también contextualiza políticamente la importancia del acuerdo.
Paso a paso, el profesor
Baylos va desgranando el contenido laboral: análisis de la importancia asumida
en el texto del diálogo social; los compromisos que las partes firmantes asumen
de cada a la elaboración del Estatuto del trabajo del siglo XXI, que no son
incompatibles sino todo lo contrario, añado, con modificaciones en el texto
vigente de la Ley del Estatuto de los trabajadores; compromiso de seguir avanzando
en la mejora de los salarios, con especial atención a aquello que es
competencia normativa estatal, es decir la fijación del salario mínimo interprofesional
(en relación con los debates recientes sobre el salario, y en concreto sobre
los salarios “autonómicos”, también se ha manifestado el profesor Baylos en la
entrada “Cuestiones y cuestionamientos sobre el salario mínimo”);
el más firme compromiso aún de reducción de la jornada semanal de trabajo, junto
con una regulación que potencie la flexibilidad tan deseada, cada vez más, por
las y los trabajadores para poder conciliar adecuadamente sus vidas laborales,
familiares y personales; distintas propuestas en materia de empleo y protección
social (empleo. estatuto del becario, jubilación parcial, desempleo asistencial
y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos); mejora de la normativa sobre salud
laboral para prestar especial atención a los nuevos (ya no tan nuevos,
ciertamente) riesgos derivados del cambio tecnológico; avance hacia una mayor presencia
de las organizaciones sindicales en el plano institucional y también en el seno
de las empresas; en fin, cumplimiento, o mejor dicho continuar en la senda ya
emprendida con la ratificación de los convenios 189 y 190 de la Organización
Internacional del Trabajo, de los compromisos internacionales asumidos por
España.
Es consciente el
profesor, y amigo, Antonio Baylos, de las dificultades con que va a encontrarse
el acuerdo firmado, y más en concreto algunos de sus contenidos laborales,
desde luego el de la reducción de la jornada laboral, en su concreción si
finalmente llega a formarse un gobierno de coalición que necesitará del apoyo
de fuerzas políticas que en más de una ocasión se identifican muy poco con
algunos de tales contenidos. Por ello, con el optimismo político que le caracteriza,
sin dejar de lado en absoluto el conocimiento de la realidad política y social,
concluye en estos términos: “Un recorrido por este programa da cuenta de la
intensidad y extensión de sus objetivos, que sintonizan con la exigencia de
avanzar y desarrollar el patrimonio colectivo de los derechos laborales y
sociales de la ciudadanía. Naturalmente muchos de sus párrafos y compromisos
tienen que ser desarrollados y con estas propuestas concretas deberemos
entablar el diálogo y la discusión. Pero es evidente el esfuerzo que se ha
efectuado por parte de los negociadores por llegar a un texto que refleje esa
tensión hacia el mantenimiento de un cambio social en una dirección favorable a
la ampliación de derechos laborales y la consolidación de los que ya se han
obtenido en la etapa inmediatamente anterior...”
3. Como he dicho
al inicio de esta entrada, en la mayor parte de los apartados del acuerdo hay
alguna referencia a contenidos laborales, si bien muchas de ellas tienen una
carácter tan generalista que sólo pueden reconducirse a las medidas concretas
que se adopten en el marco de las reformas normativas apuntadas en el apartado
dedicado al ámbito laboral y por supuesto al desarrollo, ampliación y mejora,
así como también concreción adaptada a los ámbitos sectoriales y territoriales
correspondientes, por vía convencional.
Por ello, me ha
parecido oportuno hacer un seguimiento descriptivo, desde el inicio del
acuerdo, de todas esas “referencias laborales”, deteniéndome (con la referencia
ERT) cuando así lo he considerado conveniente por la importancia de la medida
propuesta, en el bien entendido que tengo muchos puntos de acuerdo y
concordancia con el artículo del profesor Baylos y por ello recomiendo también
su lectura. Observarán los lectores y lectoras que las referencias al “empleo
de calidad” son muy numerosas a lo largo de todo el texto.
Vamos allá.
3. En la introducción,
como era lógico esperar, encontramos un balance positivo de aquello realizado en
la legislatura finiquitada inmediatamente después de conocerse los resultados de
las elecciones autonómicas y locales el pasado 28 de mayo, a la par que se manifiesta
la clara voluntad de continuar en la misma línea de actuación. Me permito remitir
a todas las entradas publicadas en este blog sobre las reformas efectuadas
desde el primer gobierno socialista de junio de 2018 hasta la finalización, con
gobierno de coalición PSOE-UP desde enero de 2020, para un análisis de todas ellas,
señaladamente la del Real Decreto-Ley 32/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral,
la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo)
“Hoy, casi 1.400
días después, podemos afirmar –con humildad, pero con confianza– que ese
gobierno ha sido un éxito. Bajo su gestión, España ha navegado una de las
coyunturas internacionales más complejas y adversas de la historia reciente, ha
recuperado la estabilidad institucional, y ha llevado a cabo una modernización
sin precedentes de su economía, su mercado laboral y su Estado del bienestar,
al tiempo que ha protegido y ampliado los derechos y libertades de su
ciudadanía.
... Vamos a seguir
modernizando nuestro tejido productivo y apostando por la ciencia y la
innovación para crear más riqueza, oportunidades y empleo de calidad.
4. El apartado 1
lleva por título “Una economía más moderna, al servicio de las personas y de un
crecimiento justo y sostenible”. La propuesta más concreta, sin dejar de ser
también de alcance general y necesitada de concreción, es la relativa al
incremento de la tasa de empleo. Deben destacarse a mi parecer las siguientes:
“Desarrollaremos
una política económica responsable y coherente, orientada a alcanzar el pleno
empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo
de la legislatura y, en cualquier caso, y en línea con el resto de economías de
la UE, situando la tasa de empleo por encima del 70%.
Reforzaremos los
instrumentos para reducir las desigualdades y mejorar la cohesión social en
todo el país. Para ello, se desplegará una política económica que asegure el
empleo de calidad y con derechos, el reforzamiento del estado de bienestar, una
política activa de vivienda y la protección de las familias y los derechos
sociales.
... Pondremos en
marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas
públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la
adopción tecnológica, orientándolas a mejorar la eficiencia de nuestro tejido
productivo.
Impulsaremos una
reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad
presupuestaria a lo largo del ciclo y la sostenibilidad de las cuentas públicas
con el crecimiento económico, la creación de empleo y una ambiciosa agenda de
inversiones sociales, verdes y digitales.
Garantizaremos que
la digitalización se realiza preservando nuestra seguridad, derechos laborales
y sociales, y valores democráticos, y que se ejecuta de forma inclusiva,
asegurando la justicia social e incorporando a todos los sectores de la
sociedad.
Defenderemos que
España siga posicionándose como referencia mundial en turismo y como una
alternativa moderna, competitiva y a la vanguardia en la transformación del
modelo hacia la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial,
impulsando la Estrategia de Turismo Sostenible 2030. Con este objetivo en
mente, aplicaremos medidas destinadas a contribuir a un turismo respetuoso con
el medioambiente y los recursos naturales, así como medidas dirigidas a
garantizar el empleo digno y el equilibrio entre los visitantes y los
residentes”.
Dentro del
apartado “Ciencia e Innovación” se propone seguir mejorando “las condiciones
laborales de los investigadores, aprobando el Estatuto del Personal Docente
Investigador, desarrollando, entre otras cuestiones, el sexenio de
transferencia de conocimiento”.
5. Llegamos al núcleo
central de las propuestas laborales y de protección social, el apartado 2, aun
cuando alguna de mucho interés para la población trabajadora como es la ampliación
de los permisos de paternidad y maternidad se ubica en el apartado de “derechos
sociales”. Remitiendo a la síntesis efectuada por el profesor Baylos, este es
su contenido, y añado mi parecer (ERT) cuando lo considero necesario
“El diálogo social
seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la
participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de
toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales
de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este
acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social.
Apoyaremos la
aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los
salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la
productividad y de los resultados de las empresas, utilizando la información
del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB), poniendo a
disposición de las mesas negociadoras de los diferentes sectores información
detallada.
Culminaremos un
Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que articule una red básica de derechos
para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos
hasta los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que
incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los
algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación
colectiva que garanticen la sostenibilidad. El Estatuto también incorporará,
entre otros, los siguientes contenidos imprescindibles:
- Reforzaremos las
garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo y en los descuelgues. Revisaremos las causas para
que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda
recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a
la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter
reversible de las medidas adoptadas”.
ERT: Parece
apuntarse claramente hacía una mayor concreción de la causa o causa que
justifiquen acudir a este tipo de medidas y a un proceso previo más intenso que
en la actualidad con las organizaciones sindicales, a la par que estableciendo
mecanismos que permitan cambiar esa modificación o descuelgue cuando se
produzca la de la situación económica, técnica, organizativa o productiva que
la haya provocado.
“- Establecer
garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento
a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de
extinción de la relación laboral”.
ERT. El texto apunta
claramente a la modificación de la regulación de la cuantía del despido
improcedente si finalmente el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo
de Europa acuerda que nuestra regulación no se adecua a la Carta Social
Europea, algo que probablemente pueda ser así si se repara en anteriores
pronunciamientos de dicho Comité en reclamaciones presentadas por
organizaciones sindicales finlandesas, francesas e italianas. A esta temática
he dedicado atención en varias entradas, y sirva por todas ”“Determinación de la indemnización por despido y de la posible readmisión. Una nueva, e importante, Decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Francia vulnera el art. 24 de la Carta Social Europea revisada
“- Mejoraremos la
información económica a disposición de los negociadores de los convenios
colectivos de ámbito supra-empresarial, para posibilitar un reparto más
equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad.
“Reduciremos la
jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37
horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva
reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de
entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los
resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada
legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de
actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.
(ERT) El acuerdo
apuesta con claridad por una reforma del art. 34 de la LET, dejando hipotéticas
reducciones posteriores (“disminución de la jornada legal”) para la negociación
entre organizaciones sindicales y empresariales, cuyos acuerdos pudieran
después recogerse en una norma legal.
La reforma no va a
ser fácil, creo que conviene ya apuntarlo, no sólo por la oposición
empresarial, sino también porque requerirá el acuerdo de fuerzas políticas que
hayan dado el visto bueno al gobierno de coalición pero cuyos programas en materia
laboral se alejan del acordado por PSOE y Sumar. Además, deberá prestar
especial atención a que se ubique en un contexto más amplio de flexibilidad del
tiempo de trabajo, donde la fijación de una jornada anual máxima vaya
acompañada de la posibilidad de un ámbito de negociación muy flexible en sede
sectorial y empresarial para la distribución de jornadas semanales y diarias, ya
que no en vano esta flexibilidad del tiempo de trabajo es uno de los
requerimientos que efectúa buena parte de la población trabajadora, y muy
especialmente la más joven, cuando se le pregunta sobre que aspectos son los
más importantes de su vida laboral.
La oposición
empresarial puede constatarse con claridad en el comunicado de prensa publicado por CEOE-CEPYME el mismo día de la firma del acuerdo, aún sin conocer
el texto final, en el que efectúan una clara crítica a la posibilidad de
reducción legal de la jornada de trabajo, reivindican que cualquier cambio debe
hacerse en el marco de la negociación colectiva y manifiestan (en unos términos
que me recuerdan en buena medida, debe ser por razón de mi edad, los ya utilizados
en el lejano 1983 cuando se redujo la jornada laboral a 40 horas semanales) que
“Hacerlo de otra manera, y fuera del marco del Diálogo Social, supone un
aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de
producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que
ya venían sufriendo y cuando muchas de ellas, en especial PYMES y autónomos,
siguen yendo por detrás en la recuperación”.
Desde un
planteamiento claramente de acuerdo con la reducción de jornada, al mismo
tiempo que se sugiere flexibilidad en su aplicación, es muy recomendable el
artículo de quien fuera Secretario General de Comisiones Obreras de Cataluña,
Joan Coscubiela, “Reducir la jornada laboral: sí, pero no así” , publicado el 23 de octubre en eldiario.es, y que sin duda también levantará
críticas entre quienes se manifiestan partidarios de la jornada de cuatro días,
ya que defiende que “La propuesta de Sumar nos ofrece la oportunidad de debatir
cómo debe ser una reforma legal de la jornada de trabajo que responda a la
realidad de la empresa y la sociedad de hoy. Mi opinión es que el marco de
referencia debería ser el de la jornada anual. La jornada diaria o semanal
responde a un modelo de empresa fordista y taylorista que ya no existe. Por
esas mismas razones creo que establecer una distribución homogénea y clónica de
cuatro días a la semana es no entender la complejidad y diversidad del mundo
del trabajo y la empresa. Esta fue una de las muchas lecciones que nos dejó la
frustrada aplicación en Francia de la ley de las 35 horas. Y debería ser una de
las enseñanzas aprendidas”.
También me parece
recomendable la lectura de las conclusiones del estudio elaborado muy
recientemente por el mismo sindicato, “Trabajar menos, repartir los trabajos yvivir mejor” (original en catalán) En la nota de presentación se expone que “Se trata de una propuesta que rehúye los efectismos e incorpora
una mirada de género sobre el reparto de la carga horaria de trabajo, tanto en
el trabajo como en casa y en las tareas de cuidado. Entre otros, proponemos la
monitorización de los usos del tiempo a través de un observatorio público e
incorporamos propuestas políticas y de negociación colectiva. El objetivo es
ofrecer una senda de reducción de la semana laboral desde las 40 horas actuales
hasta 35 horas (a corto plazo) y 32 horas (a medio plazo). A su vez, proponemos
racionalizar los horarios y, desde la corresponsabilización, establecer 3 horas
de jornada de trabajo reproductivo igual para hombres y mujeres”.
“Impulsaremos la
firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la
recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la
convergencia con los países de nuestro entorno.
El SMI seguirá
creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo,
garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al
60% del salario medio”.
ERT. Conviene
recordar en este punto los avances realizado desde 2018 en la línea de avanzar
en la consecución del punto de referencia del 60 % del salario medio, y al
mismo tiempo tener presente que todavía queda terreno por recorrer hasta llegar,
y así lo pone de manifiesto el profesor José Manuel Carril en un artículo
publicado el 8 de junio en la colección Briefs de la Asociación Española de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con el título“ En 1000 palabras,el (in)cumplimiento español en materia salarial de la Carta Social Europea(Nihil novum sub sole)” , en el que además defiende la participación en el proceso de concreción de la
cuantía del sindicalismo nacionalista gallego, en estos términos: “... si no
vuelve a modificarse el Real Decreto 99/2023, es claro que los 15.120€ brutos
anuales fijados por él seguirán estando por debajo del 60% del salario medio,
supuesto que tomemos como referencia el salario medio bruto anual Eurostat de
2022 (28.360,29€), al representar el 53,31 % del salario medio Eurostat de este
último año, cuando debería ascender a 17.016,174€. Esto implica que o bien se
sube el importe del salario mínimo interprofesional español en un porcentaje
superior al materializado en el Real Decreto (por supuesto, con participación
igualitaria de la CIG), o bien España seguirá incumpliendo”
“Aprobaremos una
Ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad,
permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres
y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido
empresarial y asociativo”.
ERT. Sobre las
reformas normativas que vayan en la dirección de esa futura Ley de usos del
tiempo, remito a la entrada “El tiempo de trabajo y los usos del tiempo. Laspropuestas de contenido laboral y los programas electorales” en el que realicé el análisis del Informe “Estudio de fundamentación para laley de usos del tiempo y racionalización horaria” ,
estructurado dicho texto alrededor de seis objetivos, y con propuestas
concretas en cada uno de ellos: “ alrededor de seis objetivos estratégicos. Son
los siguientes: “1. Transparencia y previsibilidad en la ordenación del tiempo
de trabajo. 2. Racionalización del tiempo de trabajo. 3. Ordenación del tiempo
de trabajo saludable y segura. 4. Sostenibilidad en la ordenación del tiempo de
trabajo para contribuir a la productividad de las organizaciones. 5. Ordenación
del tiempo de trabajo corresponsable e igualitaria. 6. Participación
empresarial y social en la ordenación del tiempo de trabajo”
“Con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes,
continuaremos impulsando las políticas activas de empleo para las personas
jóvenes, dotándoles de una protección adecuada a través del Plan de Choque
contra el desempleo juvenil, incluyendo los mecanismos de formación en
alternancia con el empleo a través de contratos laborales.
Aprobaremos el
estatuto del becario”.
ERT. Recordemos
que este Estatuto ya disponía de un proyecto normativo, acordado por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social con las organizaciones sindicales, y
que no tenía el visto bueno, más bien todo lo contrario, por parte de las
organizaciones empresariales y de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Española, y, algo más importante, la crítica de algunas de las
fuerzas políticas que deberían dar su apoyo al candidato a la Presidencia de
Gobierno, Pedro Sánchez, para poder formar el gobierno de coalición. Un examen
detallado de dicho proyecto normativo se encuentra en la entrada “Empleo yjóvenes (Ponencia. Seminario Internacional, Ourense 15 y 16 de junio)” , así como también la regulación de la contratación formativa en alternancia
regulada en el art. 11 LET
“Se llevará a cabo
un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a
los mayores de 45 años. Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de
Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil
individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a
oportunidades de empleo, emprendimiento o formación”.
ERT. Es una de las
propuestas más importantes del acuerdo a mi parecer, ya que significa dar pleno
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2023 de 28 de febrero, de Empleo,
acogiendo las tesis de quienes, como personas que conocen sobradamente el mundo
del empleo y la formación, han destacado en numerosas ocasiones la relevancia
de tener un perfil individualizado de cada persona demandante de empleo (si
bien el acuerdo se limita de momento a quienes supere los 45 años) para poder
acceder y en su caso permanecer en el mercado de trabajo. En mi análisis de la
LE ya manifesté la importancia de esta medida en estos términos:
“¿Hay obligaciones
de los poderes públicos hacia las personas demandantes de los servicios que
ofrece el SNE? La respuesta ya sabemos que es positiva, y también sus posibles
límites, pero de lo que cabe la menor duda a mi parecer es de la amplia mejora
que el Título IV, dedicado a “servicios garantizados, compromiso y cartera de
servicios” opera con respecto a la normativa anterior, y nuevamente aparece una
vez el aspecto positivo, al obligar a todos los integrantes del Sistema
Nacional de Empleo a “garantizar en todo el territorio nacional” los servicios listados en el art. 56 , si
bien su contenido y alcance se remite a la regulación reglamentaria, y que son,
en apretada síntesis los de elaboración de un perfil individualizado del
usuario, la tutorización individual y asesoramiento continuado y atención personalizada, la elaboración de
un itinerario o plan personalizado adecuado a su perfil (en el plazo máximo de
un mes a contar desde la elaboración de su perfil de usuario), formación en el
trabajo, asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, intermediación
laboral eficiente, canal presencial o digital alternativo de recepción de los
servicios y recepción de orientación y atención presencial o no presencial”.
“Simplificaremos y
mejoraremos el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la
compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y
reforzando los incentivos al empleo.
Se llevará a cabo
una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que
garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la
mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos,
fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad, especialmente de la industria
manufacturera.
Consolidaremos y
evaluaremos las mejoras en protección social y prestaciones de los autónomos.
Extenderemos la posibilidad de aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la
cotización a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad
en los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por
estimación directa, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sin pérdida
de derechos de protección social.
En línea con el
artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos
una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de
sus respectivas empresas.
Se desarrollarán
las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la
mayor representatividad de las PYMES en el ámbito del diálogo social, la
negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se
actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema
basado en principios democráticos.
Impulsaremos una
ley de participación institucional que regule la presencia de los
interlocutores sociales en los diversos órganos de las Administraciones
Públicas.
Aprobaremos una
Ley integral de impulso a la economía social, relativa a la modificación de la
Ley de cooperativas, la Ley de empresas de inserción y la Ley de la economía
social.
Impulsaremos que
las empresas ofrezcan jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo
remoto, con horarios más adaptables y flexibles.
Reforzaremos los
instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar
el cumplimiento de las normas en todas las empresas.
Garantizaremos que
la digitalización esté al servicio de las personas haciendo uso de la
inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para el control efectivo
del tiempo de trabajo, llevando las tecnologías digitales al ámbito de la
protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
Actualizaremos la
legislación de prevención de riesgos laborales. Para ello se actualizará el
catálogo de enfermedades profesionales, así como el procedimiento de
notificación del accidente de trabajo. Además, se evaluará con especial
atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los
psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así
como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de
organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de
género en la prevención de riesgos laborales
España seguirá
cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia laboral, entre otros,
los Convenios 167 y 184 de la OIT.
6. El apartado 3
lleva por título “Una agenda verde para garantizar la sostenibilidad de hoy y
de mañana”, y seguimos encontrando referencias de interés aboral, si bien ya de
carácter muy general.
“Seguiremos
impulsando una transición ecológica justa, incrementando el liderazgo de España
en este ámbito, y acompañando a trabajadores y comunidades para la
diversificación y reactivación de sus economías. Para ello, continuaremos
impulsando medidas para descarbonizar nuestra economía y hacerla más circular y
sostenible en el uso de recursos naturales, así como respetuosa con la
naturaleza. Lo haremos mediante una política industrial verde que impulsará la
transformación y modernización de nuestros sectores económicos, aprovechando
las nuevas posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología. Convertiremos
la transición ecológica en una vía para reforzar la autonomía estratégica de
España, crear nuevos empleos y desarrollar nuevas industrias competitivas.
Un eje esencial de
la política industrial será la Estrategia “España, Potencia Industrial Verde”,
promoviendo la reindustrialización de España, el refuerzo de capacidades
productivas y la cadena de valor asociada a la transición energética, y el
aumento del empleo de calidad mediante el impulso de las oportunidades que
ofrece la transición energética, en el contexto de revisión de la globalización
que se está produciendo. En este sentido, desplegaremos la hoja de ruta de
gestión sostenible de las materias primas para reforzar la autonomía
estratégica española y europea en esta transición.
La política
industrial verde favorecerá la instalación de industrias y el desarrollo de
otros sectores y actividades económicas verdes en aquellos territorios y
comarcas que acogen importantes desarrollos de energías renovables, asegurando
el equilibrio territorial, y el desarrollo sostenible de otros sectores y la
creación estable de empleo de calidad. Esta política industrial favorecerá,
asimismo, la elaboración de planes sectoriales de descarbonización que
acompañen a los distintos sectores industriales y económicos en la aceleración
de la transición energética y el aprovechamiento de las oportunidades que
supone en materia de competitividad.
... Desarrollaremos
la Estrategia de Adaptación al Cambio climático para incorporar respuestas para
el calor extremo y recurrente, con el objetivo de garantizar a cualquier
persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se
están normalizando y proteger a la población más vulnerable. Resultará
obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción
o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista en línea con
el RDL 4/2023, así como la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud
pública”.
ERT. Recordemos que
el RDL 4/2023 introdujo una disposición adicional en el Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo, relativa a las condiciones ambientales de trabajo
al aire libre, en cuyo apartado 3 se dispone que “En el supuesto en el que se emita por la
Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico
correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho
servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o
rojo, y las medidas preventivas anteriores (véase apartados 1 y 2) no garanticen la protección de las personas
trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de
trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la
jornada prevista”
7. El apartado 4 incluye
nuevos (futuros) derechos laborales, y así ya lo apunta su título “Una España que
avanza en mayores derechos sociales para un mayor bienestar”.
“Extenderemos el
permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor
flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos
en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la
Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos
4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a
partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en
el marco de la negociación colectiva del sector público”.
ERT. El debate
sobre la remuneración del permiso parental ya ha generado diversos pareceres sobre
la obligatoriedad de esta, con tesis muy enfrentadas. Obsérvese que el acuerdo
se queda a medio camino entre quienes defendían la remuneración en su totalidad
del periodo de ocho semanas y quienes no participan de este parecer, dejando
además a la negociación colectiva la puerta abierta a posibles mejoras de incremento
de la duración remunerada.
Las discrepancias
sobre el carácter remunerado o no se reflejan muy claramente en las opiniones
de dirigentes sindicales y empresariales recogidas en el artículo de la
redactora de eldiario.es Laura Olías publicado el 23 de octubre, “Los nuevos
permisos laborales para cuidar a familiares y convivientes echan a andar: “No
los conocía”
Recordemos que la
Directiva fue traspuesta por el RDL 5/20123, que introdujo un nuevo artículo 48
bis en la LET, cuyo apartado 1 dispone que “Las personas trabajadoras tendrán
derecho a un permiso parental, para el cuidado de hijo, hija o menor acogido
por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años”,
sin que en todo el artículo haya referencia alguna a su carácter remunerado o
no.
Habrá que estar
pues a lo dispuesto en el art. 8 de la Directiva 2019/1158, cuyo apartado 3 dispone
que “En lo que respecta al permiso parental a que se refiere el artículo 5,
apartado 2, el Estado miembro o los interlocutores sociales definirán dicha
remuneración o prestación económica, y lo harán de manera que se facilite
el que ambos progenitores puedan disfrutar el permiso parental” (la negrita es
mía). La dicción literal del texto avala claramente a mi parecer el carácter remunerado
del permiso, dejando su concreción al marco legal o convencional de cada
Estado.
“Revisaremos la
prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el
actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y la
deducción por maternidad en el IRPF.
Reforzaremos y
mejoraremos el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos exigidos y
mejorando los sistemas de acceso, extendiéndose además los itinerarios de
inclusión socio-laboral
Seguiremos
incrementando progresivamente el IPREM a lo largo de la legislatura para
facilitar el acceso de las familias más vulnerables a las distintas ayudas y
subvenciones.
Seguir mejorando
nuestro sistema público de pensiones, con pensiones dignas y sostenibles
Seguiremos
garantizando la sostenibilidad de las pensiones y su actualización conforme al
IPC, para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas.
Seguiremos
aumentando durante la legislatura las pensiones mínimas y no contributivas por
encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la
media europea.
Para proteger los
derechos de las mujeres, seguiremos progresando en la eliminación de la brecha
de género de las pensiones, completando las lagunas de cotización para el
cálculo de la pensión final e incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha
brecha.
Sanidad pública
con más servicios y sin listas de espera.
Aumentaremos las
plazas de sanitarios. Ampliaremos las plazas de formación de medicina,
enfermería y psicología en las universidades públicas, y las plazas de MIR, EIR
y PIR. Impulsaremos el cumplimiento de la ley de estabilidad del sector público
para disminuir la temporalidad de los profesionales sanitarios.
Educación pública
y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades.
Terminaremos de
desarrollar una red pública suficiente de centros de formación profesional que
garantice la cobertura de estos estudios, con particular hincapié en el
desarrollo de la Formación Profesional Dual.
Mejoraremos las
condiciones laborales de los docentes de educación primaria y secundaria, y
facilitaremos su formación permanente, su desarrollo profesional y su
estabilidad laboral.
Seguiremos
avanzando en la reducción de la precariedad y temporalidad, y en la progresiva
estabilización del profesorado universitario a través de las sucesivas Ofertas
Públicas de Empleo, manteniéndose una tasa de reposición acorde a las
necesidades de renovación de las plantillas.
8. El apartado 6
está dedicado a “España, un país feminista”.
“Reforzaremos
nuestro compromiso de lucha contra las violencias machistas, asegurando una
dotación suficiente para garantizar la prevención, reforzar la atención,
protección y reparación a las víctimas, incluyendo alternativas habitacionales,
planes de inserción sociolaboral y programas de acompañamiento, continuando con
el despliegue de las políticas contra todas las formas de violencia.
Renovaremos y
blindaremos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para reforzar su
eficacia y abordar de manera integral las formas de violencia no
suficientemente reguladas en la actualidad (la trata con fines de explotación
sexual, el acoso sexual, el acoso laboral por razón de sexo, los ciberdelitos o
la violencia vicaria)
Trabajaremos para
conformar una mayoría parlamentaria para impulsar una Ley de Cuidados en
coherencia con la Estrategia Europea de Cuidados.
Se prestará
especial atención a las medidas destinadas a prevenir y eliminar la violencia y
el acoso en el trabajo, incluidos los protocolos contra el acoso, dando
cumplimiento al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley Orgánica 3/2007, del 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y al convenio 190 de
la OIT”.
9. En cuanto al
apartado 7, “Una España diversa y plural, con más derechos y más libertades”,
encontramos la mención, también de carácter muy general, a que “trabajaremos
para garantizar que el trabajo sea un espacio libre de acoso o discriminación
por orientación sexual, expresión o identidad de género y características
sexuales.
10. Aun cuando no
se refiere directamente al ámbito laboral, las referencia a la lucha contra la economía
sumergida en el apartado 8, “Una fiscalidad justa y adaptada a los retos del
presente”, también deben ser referenciadas, en cuanto que tiene una indudable
incidencia sobre el empleo irregular y por consiguiente también sobre la mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de una parte, desgraciadamente, no
menospreciable de la población trabajadora.
La propuesta
contenida en el acuerdo es la de seguir trabajando “por el afloramiento y
regularización de la economía sumergida. En línea con las mejoras de estos
años, reforzaremos los mecanismos para la regularización de la economía
sumergida y la lucha contra el fraude, para así tener un sistema fiscal más
sólido y justo, eliminando las ventajas competitivas de los que abusan del
sistema.
11. Plazos máximos
para garantizar que las prestaciones sociales sean recibidas por aquellos
ciudadanos y ciudadanas que tengan reconocido el derecho son contempladas en el
apartado 9, “Una Administración más ágil y una política territorial más justa y
eficaz”
“Garantizaremos
por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos y estableceremos
un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más
importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia.
Con ello, los servicios públicos se legitiman ante la ciudadanía y se orientan
hacia la gestión por objetivos.
Impulsaremos el
puesto de trabajo digital, que conllevará la capacitación de nuestros
profesionales, la organización del trabajo por objetivos, el teletrabajo, la
evaluación y el derecho a la desconexión digital de las empleadas y empleados
públicos.
Culminaremos el
proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para
consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento
a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el
conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas.
Reforzaremos la
lucha contra la morosidad para asegurar el estricto cumplimiento de los plazos
legales de pago en toda la cadena de producción, especialmente mediante
actuaciones dirigidas a mejorar la protección de los trabajadores y
trabajadoras de las subcontratas, evitando que en los contratos adjudicados por
el sector público a grandes empresas se produzcan situaciones de impago de
salarios tanto a las PYMES como a las personas autónomas subcontratadas.
Democracia y
justicia
Fortaleceremos la
ciberseguridad y mejoraremos las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, ampliando sus infraestructuras, medios y formación
11. En el apartado
10, “Cultura para crecer en democracia2, se apuesta por seguir avanzando “en la
agenda legislativa del Estatuto del Artista, en los términos que propone el
Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista.
Garantizaremos las
salidas laborales para deportistas de alto rendimiento en España, y la adecuada
regulación de los profesionales del sector mediante una reglamentación estatal
que garantice la protección de la salud ciudadana y la calidad de los servicios
deportivos.
... se promoverán
medidas de ayuda a la conciliación de las mujeres deportistas profesionales y a
otros niveles y se desarrollarán programas de formación en prevención de acoso
y abusos sexuales en clubes y federaciones deportivas.
11. Por fin, no
podía faltar en el acuerdo una referencia a nuestra presencia, e influencia, en
la Unión Europea, y mucho más cuando este segundo semestre de 2023 España está
asumiendo la presidencia de la Unión. En línea con propuestas que avanzaba el
programa español, y las reiteradas declaraciones de la Vicepresidenta segunda
del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, y por
supuesto también en el ámbito internacional en el apartado 11, “Una España
abierta al mundo y con voz propia en el escenario internacional”, se plantea lo
siguiente:
“Abogaremos por
introducir el Procedimiento de Equilibrio Social en la gobernanza de la UE, con
el objetivo de mejorar la coordinación entre Estados Miembros y lograr una
mayor convergencia social entre ellos.
Trabajaremos en
favor de un nuevo Pacto de Migración y Asilo, que esté en línea con los valores
de dignidad humana y solidaridad establecidos en nuestros Tratados.
Seguiremos
trabajando por el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Impulsaremos en el
ámbito internacional una Carta Global de Derechos Laborales, y auspiciaremos la
integración de los principios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo en los acuerdos comerciales globales”
12. Concluyo estas
notas sobre el acuerdo PSOE-Sumar. Su aplicación queda, es obvio, condicionada
a que haya un gobierno de coalición, para el que queda todavía mucho camino por
recorrer. Y, además, de formar gobierno en su caso, varias de las propuestas
que se recogen, como ya he apuntado, pueden sufrir modificaciones como
consecuencias de los diferentes, y en más de una ocasión contrapuestos, puntos
de vista de algunas fuerzas políticas que se necesitan para que el candidato socialista
alcance la mayoría parlamentaria necesaria para ser nombrado presidente del
gobierno.
En cualquier caso,
de lo que no cabe duda alguna es que el acuerdo es una buena hoja de ruta para
seguir avanzando en el desarrollo de derechos sociales que ya se iniciaron en la
anterior legislatura. Seguiremos muy atentos.
Mientras tanto,
buena lectura.
