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viernes, 21 de noviembre de 2025

¿Qué se debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Congreso de los Diputados? Repaso a las sesiones de 6 y 13 de noviembre


1. Hay poca difusión a mi parecer en los medios de comunicación y redes sociales, con algunas honrosas excepciones, de las actividades de las distintas Comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado, salvo que haya alguna “manifestación de impacto” que será la recogida en los titulares del artículo que se publique.

Y, sin embargo, buena parte de la actividad de dichas Comisiones está dedicada a abordar asuntos de indudable importancia que, siempre que se trate de proyectos legislativos, acaban llegando al Pleno de las Cámaras para su debate y, en su caso, aprobación. Sin olvidar, ciertamente, que una parte de dicha actividad pasa por el debate de proposiciones no de ley que pueden ser en algunas ocasiones el punto de partida para la elaboración posterior de textos normativos. Además, las Comisiones son el “escaparate perfecto” para que las autoridades ministeriales expongan el trabajo que están realizando en sus respectivos Ministerios, así como las propuestas de futuro, y también para que los distintos grupos parlamentarios expongan sus planteamientos, sean concordantes o discrepantes, total o parcialmente, con el de aquellas. Exposición que, en los últimos tiempos, está dejando de ser a mi parecer un debate de proyectos políticos para convertirse en una confrontación y muchas veces con tintes puramente personales.

Pues bien, en la tarea que llevo a cabo desde hace muchos años en este blog de difusión y explicación de debates parlamentarios, normas aprobadas, resoluciones de distintos tribunales españoles, europeos e internacionales, así como, por supuesto, de mis puntos de vista sobre muchas de las cuestiones que afectan a la vida de las personas trabajadores y del mundo empresarial, me ha parecido de interés comentar, siquiera sea con brevedad, y remitiéndome como hago también habitualmente a la lectura de toda la documentación referenciada por las personas que tengan interés al respecto, los contenidos de las dos últimas sesiones de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Congreso de los Diputados, que tuvieron lugar los días 6 y 13 de este mes, dedicada la primera a la exposición por la Vicepresidenta segunda del gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, de las grandes líneas de la actividad ministerial, y la segunda centrada más concretamente en el examen de varias proposiciones presentadas por los grupos parlamentarios.

2. Desde luego, no le falta trabajo al MITES de cara al inmediato futuro, como tampoco le falta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y tampoco al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, siendo muchos los asuntos que están pendientes, en algunos casos, de aprobación, y en otros de continuación de los debates ya iniciados, y muy poco desarrollados, en el seno del diálogo social.

Un excelente artículo de la redactora de eldiario.es, Laura Olías, realiza una muy buena síntesis de todos ellos, titulado “Los frentes laborales abiertos del Gobierno: de los permisos de duelo a las cuotas de los autónomos”, acompañado del subtítulo “Hay varias medidas laborales negociándose en el diálogo social o pendientes de aprobación, que se enfrentan a un contexto muy complicado en el Parlamento y a una patronal en contra de casi todas ellas”  , con cita de

  “los permisos de duelo y cuidados paliativos; las cuotas de los autónomos a partir de 2026; la subida salarial de los empleados públicos: estatuto del becario; la Ley de prevención de riesgos laborales: el refuerzo del control horario; aumento del salario mínimo y su reglamento; la subida de las pensiones y del IMV para 2026; la jubilación flexible y el complemento contra la brecha de género; negociación sobre las bajas médicas”.

3. En la Comisióndel día 6 de noviembre  intervino muy ampliamente la Ministra Yolanda Díaz, constando en el sumario de la sesión que era, en primer lugar, “a petición propia, para abordar las medidas para la modernización del sistema productivo español, especialmente referidas a la pequeña y mediana empresa”, y también para que informara “sobre la realidad del mercado laboral y, singularmente, sobre la proliferación de contratos de cortísima duración (horas, días o semanas) que, figurando estadísticamente como indefinidos, en realidad únicamente sirven para encubrir la temporalidad y precariedad de nuestro mercado laboral. A petición del grupo parlamentario popular en el congreso”, y para que valorara “el informe número 1633 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas con fecha 28/07/2025, denominado “informe de fiscalización operativa relativa a las prestaciones por desempleo reconocidas a las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo derivados del covid-19, ejercicios 2020 a 2022”, e informe sobre las conclusiones de este en sentido amplio y de manera expresa las referencias a las deficiencias detectadas en el procedimiento de gestión de los ERTE que podrían afectar a 278 757 empresas y a 1,7 millones de personas. A petición del grupo parlamentario popular en el congreso”.

No le falto tiempo a la Ministra para contraponer el modelo gestión de la crisis de 2012 por el gobierno del Partido Popular, y el de la provocada por la crisis sanitaria de 2019, por el gobierno de coalición, afirmando que

“(hay) dos modelos de gestión. El modelo basado en la depreciación salarial, la devaluación salarial, los despidos masivos, la desprotección, los recortes en desempleo y los recortes generalizados ―este fue el modelo de la crisis financiera del Partido Popular― y el modelo del Gobierno de coalición progresista, que fue exactamente lo contrario y es lo que indica esta gráfica. Como les decía, nos encontramos con datos recientes en récord de ocupación: 22 387 100 personas. Tenemos tres millones más de personas ocupadas que desde que llegamos al Gobierno. Repito, tres millones más ―me quiero detener en esto porque es muy importante―, señorías, en nuestro país. Siempre les digo, con mucho cariño, que el señor Rajoy soñaba con una España que tuviera 20 millones de ocupados. Entonces tenía ―señora Perea, recuerde que estaba conmigo en la oposición― en torno a 18,5 millones. Pues bien, el sueño de Rajoy y Feijóo lo hemos superado y estamos rebasando ya los 22 millones de personas ocupadas. Por tanto, esta es una noticia muy positiva para España”.

Más adelante, “sacó pecho” la Ministra, avalada a mi parecer por los datos del mercado de trabajo, y lo hizo en estos términos:

“No solo creamos empleo, sino que España es líder en la creación de empleo de calidad. Somos líderes en creación de empleo de calidad, ahora que estamos en la víspera de los cuatro años de aprobación de la reforma laboral, gracias a la reforma laboral en nuestro país. El 40 % del aumento del empleo indefinido es marca España, no son los minijobs alemanes, es español, esto es lo que nos hace singulares. Compárese ustedes con Suecia. Si quieren, hablamos de los datos del mercado de trabajo de Suecia o Dinamarca. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando estaba en mi despacho profesional, que nosotros íbamos a tener esta gráfica? O fíjense en Alemania. Estos son datos europeos, no son del Gobierno de España, y nos tiene que hacer sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Estamos en la celebración de los cuatro años de la aprobación de la reforma laboral ―casi cuatro años― y vemos que tenemos, por tanto, más empleo de mayor calidad, casi tres millones y medio: 3,4 millones de asalariados con contratos indefinidos y, lo importante, casi 1 400 000, para ser exactos 1 382 000, temporales menos. Ustedes intervendrán y me dirán: hay mucho más que por hacer. Fíjense si hay mucho por hacer, que acabamos de aprobar el estatuto de las personas en prácticas no laborales, que son 1 655 000 personas. ¡Fíjense si nos queda por hacer! Pero creo que el avance es sustancial”.

Y más adelante, siguió contraponiendo los dos modelos gestión, afirmando que

“Les decía que sale caro gestionar recortando, y aquí lo ven. La gestión del Partido Popular generó un déficit en el servicio público de empleo de 76 340 millones de euros; ahí lo ven. En el año 2020, cuando el PIB se desplomó 11 puntos, protegimos — acuérdense, hablaremos después de ello para responder al Partido Popular sobre la petición de comparecencia— a más de 4 millones de personas trabajadoras y 558 000 empresas. Fíjense en el déficit: había 13 000 millones, lo recuperamos enseguida, y hoy vamos por 6762 millones de euros de superávit fiscal. Gestionar bien y hacer las cosas bien es gobernar mejor; me van a permitir que se lo diga porque es una evidencia. Y le decía a mi equipo que quizás esta gráfica sería mejor ponerla la segunda, con la gráfica de la gestión de la crisis, porque es el resumen que tenemos que hacer”.

Y aprovechó para lanzar un mensaje muy claro y contundente, dirigido a importantes empresas de la llamada economía de plataformas:

“Como estamos hablando de sociedades digitales y aumenta el empleo de calidad en este sector ―y lo van a ver en las nuevas empresas que creamos―, es verdad que queremos dar un paso adelante para garantizar el empleo de calidad en las tecnológicas en nuestro país. Ya les anuncio ahora mismo que hay en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en nuestro país, se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores. Fíjense, son empresas muy modernas, del siglo XXI, que a veces parece ―y también lo conozco porque algún pleito tuve como letrada― que funcionan con condiciones de Dickens, del siglo XIX. Son muy modernas, del XXI, pero con condiciones del XIX. El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas ―no solo Amazon― que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño no lo vamos a consentir. No solo es Amazon, son muchas otras. Por tanto, ya les digo que esto se acabó en España, que esta inspección ya está lanzada, que vamos a actuar con contundencia y que vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo y les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen”.

Decía con anterioridad, y me parece que de forma bastante educada, que los debates están siendo sustituidos por la confrontación pura y dura. De las distintas intervenciones de las y los portavoces de los grupos parlamentarios, me quedo con la del principal partido de la oposición, Partido Popular, y las manifestaciones de la Sra. Isabel Prieto:

“En relación con la comparecencia respecto a los contratos de cortísima duración, le planteo lo siguiente. La situación del mercado laboral en nuestro país dista mucho del triunfalismo que ustedes proclaman. No ha solucionado los problemas estructurales, y se han cronificado y enquistado. Cambiar los contratos temporales por los fijos discontinuos no soluciona el problema: un cambio de nombre no cambia la realidad de los hechos. España lidera el desempleo en Europa desde hace más de cuarenta y tres meses consecutivos. ¿Está usted satisfecha de ser la ministra del país de la Unión Europea con más tasa de paro? ¿Está usted satisfecha de ser la ministra del país que tiene la tasa de paro juvenil más alta? ¿Qué futuro laboral tienen los jóvenes en nuestro país? El diagnóstico del mercado laboral es cada vez más preocupante: parcialidad no deseada, aumento del pluriempleo forzoso — les viene muy bien porque aumenta las afiliaciones de forma ficticia—, rotación laboral más alta de Europa, absentismo laboral disparado sin adoptar medidas para paliarlo y una gran holgura laboral, un agujero laboral de trabajadores que están abandonando las listas del paro. Existe una precariedad real que no se puede tapar con maquillaje: tener un empleo hoy ya no garantiza un medio de vida digno. Hay dos millones de trabajadores en el umbral de la pobreza y, además, está el gran fraude de las cifras del paro oficial, ocultando a los fijos discontinuos inactivos: trabajadores parados en la sombra, sin garantía de un nuevo llamamiento. Si sumamos los 800 000 fijos discontinuos, hay 3,3 millones de parados. ¡Menudo panorama, señora ministra!”.

De la segunda intervención de la Ministra, me quedo en primer lugar con una de sus respuestas a las manifestaciones del portavoz de Junt per Catalunya Sr. Josep Maria Cervera

“Señor Cervera, ¿cómo mejoramos la productividad? Pues hay dos maneras de hacerlo ―nos acompañan en esta sala varios economistas―. Una manera, de la que nunca hablamos y de la que quiero hablar ahora, es mejorando la distribución de la renta, y a través de algo que es muy democrático: el reparto de la productividad. Insisto en que no he querido proyectar los datos de márgenes empresariales ni españoles ni catalanes, ni de las pequeñas empresas ni de autónomos ―si les interesa, se los damos―, pero creo que hay margen para mejorar la productividad distribuyendo mejor la riqueza. Igual que hay margen, señor Cervera, para reducir la desigualdad a través de la política fiscal. Cataluña y Madrid son, afortunadamente, comunidades ricas, y yo creo que tienen en sus manos hacer algo fundamental, que es pedir, cumpliendo el mandato constitucional, que los que más tienen paguen más y contribuyan a que las pequeñas empresas y los autónomos trabajen y vivan un poquito mejor”.

Y en segundo lugar, con su respuesta al mal funcionamiento del SEPE según el Partido Popular:

“señorías, voy a hablar de la gestión del SEPE. Señora Martínez Barbero, usted la conoce muy bien: el Partido Popular recortó dos mil efectivos del SEPE. Cuando llegamos ―yo llegué el 13 de enero del año 2020― había dos mil efectivos menos. El representante de VOX también lo ha dicho. Lo digo porque así voy aglutinando respuestas. Pusieron la tasa de reposición, señorías del Partido Popular, a cero. El señor Montoro. ¿Lo recuerdan ustedes? (Una señora diputada: ¡Qué recuerdos!) Ustedes que nos hablan ahora de las plazas del SEPE: a cero. Señorías del Partido Popular, como ha señalado la portavoz de SUMAR, el SEPE tramitaba en su mandato 7,2 millones de expedientes al año. Ahora está tramitando 7,6. Fíjense, señorías del Partido Popular, seguro que el SEPE tendrá que mejorar muchísimas cosas, pero está tramitando, señora Prieto, veintiún mil expedientes diarios. Yo creo que usted, como patriota española, debería decir que esto es una gestión impecable ―que no hace esta ministra, la hacen funcionarios y funcionarias― y es una gestión que, señorías, créanme, a veces no aciertan a entender en Europa. Es decir, estamos gestionando a razón de veintiún mil expedientes al día. No les voy a recordar, señorías del Partido Popular, sus recortes porque, como bien saben, ahora se gestiona mucho más y, fíjense, con un número mucho mayor de colectivos incorporados, como sabe bien la señora Martínez Barbero. Hemos incorporado a los eventuales del campo, a los menores de 45 años sin cargas familiares, a todos los trabajadores del hogar, a todas las artistas, a las trabajadoras transfronterizas… En definitiva, protegemos mucho mejor y a más colectivos. Y esto, señorías, lo está haciendo, efectivamente, el SEPE”.

Y nueva crítica (¿debate o confrontación?) por parte del grupo popular, por medio de la Sra. Alma E. Alfonso:

“Señora vicepresidenta, intenta usted defender su gestión con el mismo tono autocomplaciente de siempre, repite eslóganes sin responder a las cuestiones de fondo, pero hay algo que no puede evitar — la realidad es tozuda—, y es que los datos que le he expuesto no los desmiente, porque son ciertos. Están gobernando contra los autónomos y las pequeñas empresas. Desgraciadamente para las pymes, usted solo ha sido diligente a la hora de satisfacer las demandas empresariales que venían de parte de Koldo y de miembros del Gobierno del PSOE.

Ha pasado por encima del tema del registro horario. Me gustaría que se lo explicara usted a un comercial, explíqueselo personalmente. Este sistema no es modernizar, es burocratizar la precariedad, muy propio de una ilustre comunista como usted. Y sobre la factura electrónica, insiste en su importancia tecnológica, con la que estamos de acuerdo, pero sigue sin asumir las dificultades de su implantación. Otra vez lo mismo: una norma impuesta y otra amenaza de sanción. Así no se impulsa la digitalización, señora ministra, así se castiga a las pequeñas empresas. Castigan al que no llega...”.

Y para concluir, la Ministra se refirió, respondiendo al grupo parlamentario popular, al fallido diálogo sobre la reducción de la jornada anual de trabajo, y dio algunas pistas de por donde había ido este:

“Termino ya. Señora Alfonso, sé muy bien que usted aquí está haciendo de portavoz de una parte de la patronal española. Ahora le voy a contestar yo. En la negociación en la mesa de diálogo social — lo saben los sindicatos y los empleadores—, en la que estuvimos once meses, a la patronal española — y miro hacia la señora Castillo, que está asintiendo— no le preocupaba nada la reducción de la jornada laboral, nada. Es más — y se lo voy a decir yo, porque además lo sabe la prensa económica española—, nos decían que, si retirábamos de esa norma la modificación del registro horario, al que estamos obligados por las sentencias que pesan contra el Reino de España, habría acuerdo en la mesa para la reducción de la jornada laboral. Señoría, yo tengo muchos defectos, pero mentir, no miento. Tengo muchos defectos, me puedo equivocar, y usted puede ser conservadora y yo progresista, o lo que usted quiera, pero no. Además, comunicativamente, creo que se equivocan, porque están levantando la banderita de sus preocupaciones de clase...”.

4. Paso a la sesión de la Comisión del día 13,  con un buen número de proposiciones no de ley, presentadas por los grupos parlamentarios socialista, popular, mixto, VOX y SUMAR, tal como puede comprobarse a continuación, y cuy debate se sustanció en dos horas y media (de 13:14 a 15:29).

Adjunto el texto de las proposiciones aprobadas, y el resultado de todas las votaciones:    

— Relativa a la mejora del tratamiento de los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias sobre la salud mental. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Aprobada por 18 votos a favor y 17 en contra

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de desarrollo de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027:

1. De conformidad con la normativa vigente, revisar el cuadro de enfermedades profesionales para incluir las patologías de salud mental vinculadas al trabajo, conforme a la Recomendación 194 de 2002 de la OIT, incluyendo el trastorno de estrés postraumático y otras patologías sobre las que existe evidencia suficiente de su relación con los riesgos psicosociales en el trabajo.

2. En el marco del diálogo social, estudiar la posible modificación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales para garantizar de forma más efectiva la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales y sus consecuencias en la salud mental, así como la elaboración de normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral”.

_ Para la implementación y ejecución del nuevo marco normativo derivado del pacto de migración y asilo de la Unión Europea. presentada por el grupo parlamentario popular en el Congreso. Rechazada por 14 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención

— Para evitar la precarización de las relaciones laborales que se prestan a través de plataformas digitales, especialmente los empleos que se anuncian como de colaboración o voluntarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Aprobada por 18 votos a favor y 17 en contra

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las siguientes medidas:

1. Se dirija a la Organización Internacional de Trabajo para que impulse el desarrollo de los trabajos para la elaboración de un Convenio sobre trabajo decente en plataformas digitales, a partir de las conclusiones adoptadas por la Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, en el marco de la recientemente celebrada 113.ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo, con el objetivo de establecer un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales que garantice el ejercicio de unos derechos mínimos, incluidos los relativos a la salud y seguridad en el trabajo, a modo de Garantía Laboral Universal, así como la responsabilidad en el uso de los datos y en el control de los algoritmos.

2. Realice campañas de información dirigidas a las personas trabajadoras, y en especial a las personas jóvenes, sobre el uso de las plataformas digitales, sus oportunidades de empleo y también de sus riesgos, en especial de aquellas que ofrezcan servicios bajo formas de colaboración o voluntariado.

3. Refuerce el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en desarrollo, en especial, de los ejes 1 y 4 de su Pan Estratégico, con el fin de fortalecer la vigilancia y el control sobre las plataformas digitales, para evitar que el trabajo ofertado a través de estas incida en la precarización de las condiciones laborales y se sitúe en los márgenes de la legislación socio laboral, y así poder perseguir esas conductas fraudulentas.

4. Impulse la participación sindical, así como la constitución de órganos de representación unitaria de las personas trabajadoras, en el seno de las plataformas digitales”.

— Relativa al fomento de la estabilidad en las relaciones laborales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Aprobada por 18 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el seno del diálogo social y en el marco de la negociación colectiva, a:

— Elaborar y establecer un Plan de Fomento e Impulso del Empleo Estable y Lucha contra la Precariedad en el mercado laboral, priorizando a los colectivos más vulnerables.

— Adoptar medidas que impulsen la contratación indefinida a tiempo completo, en especial de aquellas personas que pertenezcan a colectivos de atención prioritaria, como los jóvenes desempleados menores de 25 años, los parados de larga duración o los parados mayores de 50 años.

—  Fomentar y mejorar la formación para el empleo y la cualificación y recualificación de los trabajadores que les permita acceder a puestos de trabajo más estables y cualificados, en el marco del desarrollo de las políticas activas de empleo, con la cooperación y coordinación de las Comunidades Autónomas.

— Actualizar y adaptar las estadísticas de empleo que mensualmente publica el SEPE, a fin de clarificar el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo que están inactivos, para garantizar un correcto seguimiento de la evolución del mercado laboral.

— Poner en marcha cualesquiera otras medidas que aporten seguridad jurídica y certeza en el marco de las relaciones laborales, así como simplificar y eliminar cargas burocráticas para los empleadores”

— Sobre la situación de precariedad laboral del personal de empresas contratadas por AENA en aeropuertos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (incorporación de una enmienda): Aprobada por  21 votos a favor y 14 abstenciones.

(Texto original):

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar que Aena incorpore en sus pliegos de contratación criterios sociales y laborales que aseguren la estabilidad en el empleo, la mejora de las condiciones laborales y salariales y la reducción de la temporalidad y la subcontratación en cadena.

2. Impulsar mecanismos de supervisión y control sobre las empresas adjudicatarias para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y salariales recogidas en los convenios sectoriales y en los contratos de adjudicación.

3. Estudiar fórmulas que permitan la incorporación progresiva de determinados servicios esenciales bajo gestión directa de Aena, cuando ello redunde en la mejora de la calidad del empleo y del servicio.

4. Promover el diálogo con sindicatos y asociaciones representativas del personal de empresas contratadas por Aena para garantizar su participación en la elaboración de medidas que combatan la precariedad y aseguren la dignificación de su trabajo.»

— Relativa al coste de la inmigración masiva. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Rechazada por 3 votos a favor y 30 en contra

— Para mejorar y optimizar el servicio de atención al público por parte de la Administración de la Seguridad Social, singularmente en el sistema de cita previa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Aprobada por 19 votos a favor y 17 abstenciones.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Elaborar un plan que recoja las reformas necesarias en el ámbito legislativo para facilitar las relaciones de los ciudadanos con la seguridad social, singularmente en el sistema de cita previa. A tal fin, deberá presentarse ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo máximo de tres meses, un Plan Nacional de Mejora de la Atención Ciudadana en la Seguridad Social, con estimación presupuestaria, cronograma de ejecución e indicadores de evaluación.

2. Reforzar todos los medios y canales de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, promoviendo los avances tecnológicos necesarios para prestar mejor servicios, corrigiendo el conjunto de deficiencias apreciadas por el Tribunal de Cuentas, simplificando y facilitando los trámites. Este refuerzo deberá incluir la interoperabilidad de los sistemas informáticos de las distintas entidades (INSS, TGSS e ISM), el rediseño del portal web y la creación de un sistema multicanal accesible (presencial, telefónico y digital), con especial atención a personas mayores y con discapacidad.

3. Impulsar un Plan de choque urgente y potenciar los mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia en la atención que se presta a los ciudadanos, estableciendo indicadores que proporcionen información oportuna para ello, así como de los intentos fallidos para interactuar con la Administración de la Seguridad Social. Dichos indicadores deberán publicarse trimestralmente en el Portal de Transparencia e incluir métricas como: tiempo medio de espera, ratio de atención por empleado, porcentaje de citas fallidas y nivel de satisfacción ciudadana.

4. Promover un Plan de formación tecnológica del personal al servicio de la Administración de la Seguridad Social, especialmente de aquellos perfiles destinados a prestar servicios de atención a los ciudadanos.

Asimismo, se promoverá un plan de reubicación de plantillas, con incentivos específicos para la cobertura de plazas en zonas rurales o de difícil cobertura.

5. Garantizar, en todo caso, la atención presencial, especialmente para los colectivos más vulnerables y las zonas rurales, así como para aquellos casos que requieran de mayor asesoramiento.

6. Informar anualmente a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados sobre los avances y resultados de la ejecución de este plan, garantizando la rendición de cuentas y la evaluación continua de las medidas adoptadas.»

— Relativa a la actualización de los umbrales de renta en los mínimos familiares y deducciones del IRPF para personas con ascendientes, descendientes o cónyuges con discapacidad a su cargo. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR”. Rechazada por 7 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones.  

Buena lectura

 

 

 

 

domingo, 1 de junio de 2025

Entre el comentario social y la breve reflexión jurídica. Notas personales sobre el XXXV Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (actualización a 4 de junio).

 




1. En algunas entradas anteriores del blog he prestado atención al XXXV Congreso   de nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, antes de su celebración en la Universidad de Valencia los días 29 y 30 de mayo  

Entrada “Duración del tiempo de trabajo y cambio climático. Notas previas para un primer debate. A propósito del XXV Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social” 

Entrada “Más aportaciones, normativas, judiciales y doctrinales, de indudable interés, sobre el cambio climático y su impacto en el mundo laboral (a propósito del XXXV Congreso nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social)” 

Entrada “Análisis de su historia, y síntesis del Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinario de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Texto comparado con la normativa que modifica” 

2. Una vez finalizado el Congreso me ha parecido interesante efectuar unos breves comentarios y anotaciones personales sobre el mismo, tal como ye tuve oportunidad de realizar en algunos Congresos anteriores (remito, por ejemplo, a la entrada “¡Hasta siempre Santiago de Compostela, bienvenida Salamanca! Un apunte muy personal sobre el XXVIII Congreso de la AEDTSS”  )

Es por tanto, tal como reza el título de la presente entrada, un mezcla de comentarios sociales, si me permiten esta expresión, y de alguna reflexión jurídica, dada la importancia de la (doble) temática del Congreso, el tiempo de trabajo (con relevante atención al proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario) y el cambio climático (con los debates actualmente existentes tanto a escala internacional como europea y española)

3. Empecemos por los comentarios “sociales”.

Siempre es una satisfacción encontrarse con un gran número de compañeros y compañeros laboralistas, en su inmensa mayoría provenientes del ámbito universitario, y constatar con satisfacción, así se manifestaba la presidente de nuestra Asociación, la profesora María Emilia Casas en el acto de presentación, que el número de personas inscritas (no recuerdo exactamente la cifra, pero era de alrededor de 330) era el más elevado de todos los Congresos realizados hasta la fecha.  También me parece relevante destacar de la intervención de la profesora Casas su innegable satisfacción por haber sido declarada nuestra asociación de utilidad pública (“OrdenINT/205/2025, de 24 de febrero, por la que se declaran de utilidad públicadiversas asociaciones” ) y su explicación, completada en la presentación de su candidatura a la reelección durante la sesión de tarde,  de la complejidad de la tramitación hasta llegar a la obtención del resultado positivo. Recordemos, tal como expone en la Orden ministerial referenciada que el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, señala que, “a iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento durante los dos años anteriores a la solicitud”

Satisfacción, que es doble: la primera, más académica, para escuchar con atención las ponencias y comunicaciones, y los debates habidos con posterioridad; la segunda, más de amistad, al poder compartir los momentos de pausas y descansos, y hablar de muchas otras cosas, de la vida cotidiana, alejadas del ámbito jurídico.

Si bien por mi condición de jubilado ya no tengo el habitual contacto con el mundo académico que tenía hasta finales del curso académico 2022-2023, sí mantengo buenas relaciones con este, en especial con el profesorado de las unidades docentes de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad en la que finalicé mi vida académica, la Autónoma de Barcelona, y en la que pasé más de quince años de esta con anterioridad, la de Girona, además de seguir atentamente las redes sociales y revistas especializadas en las que vierten las aportaciones doctrinales de la comunidad laboralista, algo que en modo alguno, por mucha tecnología que haya por en medio, impide que el contacto presencial sea sin duda el más agradable para las conversaciones y debates.

4. La primera satisfacción, antes expuesta, es la de carácter académico, por cuando en un Congreso se presentan Ponencias y Comunicaciones que son sin duda de indudable interés, y en las que se comprueba con claridad el esfuerzo realizado por cada una de las personas a las que la Junta Directiva de la AEDTTS ha encargado su participación, en el caso de las ponencias, y por aquellas, habitualmente en los primeros o medios estadios de su vida académica, que presentan comunicaciones. Ya está disponible el libro de las ponencias, disponible en este enlace    Es de prever que en unos meses, si se respeta el mismo período de tiempo de congreso anteriores, estén disponibles todas las comunicaciones (en abierto).

Dado que fui responsable, junto con la profesora Henar Álvarez Cuesta, de una de las ponencias, no tuve oportunidad de escuchar la que se desarrollaba al mismo tiempo en otra sala y sin duda alguna de muchísimo interés, en la que el profesor, y magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, Antonio V. Sempere, habló del tiempo de trabajo corresponsabilidad y formación, mientras que la profesora Carmen Ferradans tuvo a su cargo el examen de ese marco jurídico laboral cada vez más importante que es el trabajo a tiempo parcial.

En la sesión de tarde, había nuevamente que optar entre dos temáticas de indudable interés y en las que se debatía sobre todo lo incluido en el proyecto de ley actualmente en tramitación parlamentaria. Mi elección fue la de asistir al debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, con ponencia a cargo de la profesora Ana Rosa Argüelles, y la interlocución, desde una perspectiva opuesta, a cargo del profesor Francisco Javier Gómez. Por ello, no tuve oportunidad de escuchar el muy interesante y rico debate, tal como me informaron compañeros y compañeras que asistieron al mismo, sobre control de tiempo de trabajo, desconexión y digitalización, con la ponencia a cargo del profesor Miguel Basterra, y la réplica en la interlocución a cargo de la profesora Rosa María Morato, y que espero leer, al igual que las ponencias de la sesión matinal a las que no pude asistir, próximamente.  

5. Al día siguiente, y dado que había sido ponente sobre tiempo de trabajo y cambio climático, elegí asistir, entre las muchas posibilidades existentes, a la Sala donde se presentaban las comunicaciones sobre dicha temática, en concreto cuatro de ellas con exposición oral (tuve oportunidad de leer todas las presentadas gracias a la amabilidad de la dirección de la AEDTSS que nos permitió tener acceso por anticipado a la profesora Henar y a mí a todas ellas). Vaya desde aquí mi felicitación a todas las personas comunicantes, y más en concreto a quienes tuve oportunidad de escuchar en directo, las profesoras Dulce Soriano, Miriam Judith Gómez. Tania Serrano, y al profesor Felipe Malgue.  Todas las comunicaciones son de indudable interés, y espero que la próxima publicación de todas las presentadas al Congreso permita su lectura tranquila.     

6. Emotivo es poco. Intensamente emotivo refleja mucho más aquello que todas las personas asistentes a la segunda sesión del Congreso sentimos al escuchar las intervenciones de tres de los maestros del laboralismo español y que han dejado su huella no solo en el ámbito intelectual sino también en gran numero de profesoras y profesoras que formaron durante su intensa y dilatada vida universitaria. Ya saben que me refiero a los profesores Miguel Rodríguez-Piñero, Juan Ignacio Sagardoy y Luis Enrique de la Villa. Y esa emotividad quedo puesta de manifiesto en el muy prolongado aplauso con el que se cerraron sus intervenciones y de las que hoy todavía debemos, y mucho, aprender.

En fin, el vínculo entre la historia de nuestra disciplina y el presente y el futuro inmediato se plasmó en la conferencia de clausura, a cargo del profesor Salvador del Rey, en la que disertó sobre “lo humano versus la maquina en la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial en las relaciones de laborales” , una temática de la que es amplio conocedor y estudioso tal como se acredita en su currículum   

Sería injusto, y por ello no debo hacerlo, olvidar la mesa de trabajo    en la que integrantes del Consejo Económico y Social de España Enrique Martín-Serrano, José Pablo Martínez y Matilde Mars, debatieron sobre el trabajo y el cambio climático   , teniendo como punto de referencia el bloque monográfico dedicado a esta temática en la Memoria 2023  y nos aportaron datos, reflexiones e informaciones de mucho interés, así como algunas primicias de la Memoria 2024   , aprobada en la sesión plenaria del día 28 de mayo, y que dedica un amplio apartado monográfico a los impactos económicos del cambio tecnológico.   

7. Les decía que el Congreso, o más exactamente algunos de sus contenidos, merece alguna reflexión jurídica adicional propia, con una mirada previa a aquello que ya está publicado, es decir las ponencias y su presentación, así como la llamada “Declaración de Valencia”, en la que se recogen las conclusiones aprobadas del Congreso.

A) Me quedo, en primer lugar, con las manifestaciones del profesor Daniel Pérez del Prado, presidente del comité científico del Congreso ( y nuevo Secretario General en la renovada Junta de Directiva, con el mantenimiento en la presidencia de la profesora María Emilia Casas) , en la presentación del volumen que recoge las ponencias, en la que, tras una excelente síntesis de cómo se elaboró el contenido y programa del Congreso, y la no menos excelente síntesis de todas las ponencias presentadas, concluye que “el estudio y reflexión científica que este volumen encierra, así como las propuestas contenidas en la Declaración de Valencia, tienen como fin último, como han tenido otros en ediciones anteriores, el de servir a la sociedad, el de procurar unos marcos regulatorios, en este caso del tiempo de trabajo, más estables y eficientes, el de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y de protección social en nuestro país”.

B) A continuación, me detengo en las concusiones del Congreso, que por lo que respecta a las aportaciones a favor y en contra de la reducción del tiempo de trabajo por vía legal (sobre la reducción por vía convencional no hubo contraposición alguna, aunque sí la hubo respecto a su carácter prioritario) recoge muy fielmente el intenso debate, tanto de la y el ponente como de las aportaciones del publico asistente, además de ser una buena síntesis del resto de lo expuesto y debatido en las restantes mesas de trabajo. Por su interés no sólo jurídico sino también social me permito reproducirlas a continuación (la negrita aparece en el texto original):

“El tiempo de trabajo constituye una institución nuclear del ordenamiento laboral que, aparte de sus funciones tradicionales, está llamada cumplir otras nuevas derivadas de los procesos de transición digital, ecológica y demográfica a los que estamos asistiendo en el momento actual.

El marco normativo vigente sobre esta materia puede resultar insuficiente para hacer frente a dichos desafíos al estar pensado para un paradigma productivo muy diferente, lo que genera la necesidad de proceder a su revisión yendo más allá de la cuestión de la duración máxima de la jornada para abarcar aspectos tales como la duración mínima o las necesidades personales de las personas trabajadoras, tarea que debería acometerse teniendo en consideración el papel esencial que debe atribuirse a la negociación colectiva en la adaptación de la regulación legal a las peculiaridades de los distintos sectores y empresas.

El cambio climático supone uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Derecho del Trabajo por su potencial afectación en la creación y destrucción de empleo, en la seguridad y salud en el trabajo o en las condiciones laborales, entre ellas, el tiempo de trabajo, debiendo garantizar que la transición hacia economías sostenibles se realice de manera justa. La llamada transición justa incorpora la dimensión sociolaboral del cambio climático e incluye la exigencia de promover oportunidades de trabajo decente para todas las personas, particularmente en los sectores más afectados.

Existen nuevas o renovadas formas de prestación de servicios, como el teletrabajo o el trabajo prestado a través de plataformas digitales, que se caracterizan por una hiperflexibilidad del tiempo de trabajo, que desdibuja los límites impuestos por la regulación en la materia. La transposición de la Directiva 2019/1152, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, debería reducir la imprevisibilidad aparejada a este tipo de prestaciones de servicios. Igualmente, deberá prestarse atención a la incidencia del cambio climático en la determinación de las condiciones laborales, particularmente, el tiempo de trabajo, en estas formas atípicas de trabajo, así como en los sectores más afectados por la adopción de medidas de adaptación y mitigación de sus efectos.

La modulación de los factores temporales de la prestación laboral se revela como una herramienta esencial para promover la corresponsabilidad, tanto familiar como social, así como para hacer efectivo el derecho a la formación de las personas trabajadoras. Sin perjuicio de la regulación legal, los Planes de igualdad deben jugar un importante papel en la introducción de medidas de corresponsabilidad desde la perspectiva de la ordenación del tiempo de trabajo.

El régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial debe ser objeto de una revisión en consonancia con la necesaria transposición de la Directiva 2019/1152 a fin de dotar de mayor previsibilidad y transparencia a estas relaciones laborales, al tiempo que refuerce el principio de voluntariedad y las expectativas profesionales de las personas trabajadoras, así como los mecanismos de tutela frente a los incumplimientos empresariales. Una vez acometida dicha reforma, resulta imprescindible que la regulación de este contrato no esté sometida a continuos vaivenes normativos para garantizar el respeto a los derechos de las personas trabajadoras a la seguridad, previsibilidad y transparencia en sus condiciones de trabajo, señaladamente, las relativas al tiempo de trabajo, no solo en el trabajo a tiempo parcial clásico, sino, de manera particular, en las nuevas formas de trabajo caracterizadas por una flexibilidad todavía más intensa, como las surgidas en el ámbito de las plataformas digitales.

La frontera que separa las nociones de tiempo de trabajo y periodos de descanso se torna cada vez más difusa en la era de la digitalización, precisando de nuevas respuestas normativas adaptadas a la actual realidad productiva que establezcan límites claros a los periodos de disponibilidad de la persona trabajadora.  El control de la jornada de trabajo a través de un registro horario que reúna los requisitos de objetividad, fiabilidad y trazabilidad constituye un instrumento clave en este contexto, debiendo abogarse por una nueva regulación que establezca la obligatoriedad de instrumentar el registro a través de medios digitales, conjugado con el obligado respeto a los derechos a la intimidad y a la protección de datos de las personas trabajadoras y que prevea medidas de apoyo destinadas fundamentalmente a las pequeñas empresas.

Otro instrumento fundamental en la delimitación de las fronteras entre el tiempo de trabajo y los periodos de descanso es el derecho a la desconexión digital cuya regulación debería ser igualmente objeto de mejorada otorgando un mayor protagonismo a la norma legal, incluso abogando por una reglamentación a nivel comunitario, pero manteniendo el papel de la negociación colectiva en la definición de las modalidades de ejercicio, las medidas organizativas o las modulaciones, limitaciones o excepciones en el disfrute de este derecho que deberían restringirse a supuestos claramente excepcionales.

Respecto a la proyectada reducción de la jornada máxima de trabajo, deben tenerse en consideración los argumentos a favor y en contra de la intervención legal.

A favor deben aducirse, en primer lugar, sus efectos positivos desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en la reducción de la fatiga y en la promoción de la salud mental, y siempre que la carga de trabajo se acomode a los nuevos parámetros temporales y que se regule de manera más precisa el derecho a la desconexión digital. En segundo lugar, debe mencionarse su impacto en la calidad del empleo por los incrementos salariales de las personas empleadas a tiempo parcial o con una reducción de jornada, o la posible creación de empleo en sectores con jornadas laborales excesivas, la conversión automática de trabajos a tiempo parcial en trabajos a tiempo completo, o el hecho de aproximar la jornada laboral de ambos sexos, advirtiendo que la reducción de la jornada debería ir acompañada de una modificación del régimen jurídico de las horas extraordinarias, para evitar que las diferencias sean compensadas mediante el recurso a estas últimas. En tercer lugar, debe citarse la mejora del derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre y la soberanía sobre el propio tiempo, que tiene una clara dimensión de género y es acorde con la propia evolución social, sin olvidar sus posibles efectos positivos en la economía de la cultura y el ocio. Finalmente, frente el argumento de los costes económicos asociados a la reducción de jornada cabe argüir como propuestas la reestructuración del régimen retributivo, acordada por la negociación colectiva, que reduzca los complementos vinculados al tiempo de trabajo e incremente aquellos que toman en consideración la productividad o los beneficios, así como el apoyo estatal mediante subvenciones destinadas sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que podrían modularse en función de su situación particular.

Como argumentos en contra deben destacarse, en primer lugar, argumentos de índole moral pues debe ser cada persona quien decida cuánto tiempo dedica al trabajo y cuánto al ocio o a otras actividades, dentro de un marco razonable que establezca un límite. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los argumentos de carácter económico y organizativo pues la reducción de la jornada puede conllevar un encarecimiento de los costes laborales que conduciría, a su vez, a menores márgenes empresariales, menores crecimientos salariales en el futuro o a mayores precios de los productos y servicios que ponen en el mercado las empresas afectadas, siendo muy dudosa su compensación con un incremento de la productividad, a lo que cabe añadir las dificultades organizativas que afectarían especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a aquellas en sectores donde la oferta de trabajo es escasa. Finalmente, una propuesta alternativa a la proyectada sería una regulación más flexible que podría establecer una jornada máxima de 37,5 horas semanales, pero siendo la negociación colectiva o, en su defecto, la autonomía individual, la sede en la que se determine la jornada de trabajo en cada sector o empresa, pudiendo superar el límite legal. Ello debería ir acompañado de un límite máximo absoluto aplicable a todas las relaciones laborales de una misma persona fijado igualmente por la normativa legal”.

8. Baste añadir ahora solo un apunte (hasta donde llega mi memoria), de aquello que manifesté al intervenir en el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo: mi felicitación a la profesora Argüelles y al profesor Gómez por sus intervenciones, y mi deseo de que esos debates, con argumentos claramente enfrentados a favor y en contra de la reducción del tiempo de trabajo, en concreto de la jornada máxima anual de trabajo, por vía legal, pudieran celebrarse y llevarse a cabo en el foro político en el que debe debatirse todo aquello que afecta a gran parte de la ciudadanía, el Parlamento, ya que ello significaría que la tramitación del proyecto superara el primer trámite de enmiendas a la totalidad y que el posterior debate ya se centrara en su contenido, donde sin duda el gobierno, más exactamente los grupos parlamentarios que lo sustentan, deberá hacer, si se llega, un esfuerzo titánico para encontrar puntos de acuerdo con quienes no están de acuerdo con sus tesis. 

A favor, radicalmente, del proyecto se manifestó, como era lógico prever, el Secretario de Estado de Empleo, el profesor Joaquín Pérez Rey, en la presentación del Congreso, en la que realizó además una buena síntesis de la exposición de motivos del proyecto y las razones que avalan a su parecer que la reducción de la jornada máxima anual de trabajo deba hacerse por vía legal. Y en la misma línea se acaba de manifestar el profesor Antonio Baylos en el artículo publicado en su reconocido blog titulado “El pulso de la patronal contra lareducción de jornada”  del que reproduzco un fragmento en el que hay una expresa mención al Congreso recientemente celebrado:

“Si, como pretende el Ministerio de Trabajo y sería plenamente razonable, se supera la primera fase, entonces se entra en la negociación de los contenidos (y de las contraprestaciones) para que la reducción de jornada siga adelante. En este segundo nivel hay más actores en juego. Y ya se manejan algunas tendencias, fundamentalmente en cuanto a compensaciones económicas para las pequeñas empresas, pero seguramente donde se centrarán las reivindicaciones patronales será en obtener una mayor facilidad en la ordenación unilateral de la jornada anual, el reconocimiento de bolsas de horas complementarias o la posposición de la entrada en vigor de la limitación legal a cambio de algunas orientaciones favorables a la misma asumidas en la negociación colectiva. También se habla de incorporar algún elemento que controle el absentismo laboral, una persistente reivindicación patronal que en los últimos tiempos ha vuelto a ganar actualidad. Y hay algunas propuestas que se han alineado con los intereses empresariales pensando en esta fase de enmiendas. Sin ir más lejos, la propia Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en su Congreso de Valencia celebrado los días 29 y 30 de mayo de 2025 ha propuesto la disponibilidad de la limitación legal de jornada máxima por la autonomía colectiva o por contrato individual como una fórmula alternativa a la imperatividad propuesta en la ley” (la negrita es mía).

¿Pasará el proyecto el trámite de enmiendas a la totalidad? El interrogante sigue existiendo. Lo prueba, por una parte, la ampliación del plazo de presentación de enmiendas, cuya finalización estaba prevista el 26 de mayo, ampliado posteriormente hasta el día 28, y nuevamente hasta el 4 de junio (recordemos que el proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia). Por otra, el artículo publicado por el Secretario General de Junts per Catalunya, Jordi Turull, el día 31 de mayo en eldiarioes “37 horas y media, así no”  , acompañado de un amplio subtítulo “Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya pierden poder adquisitivo porque el salario mínimo en España no contempla las diferencias territoriales del precio de la vida. Abramos este debate con coraje y abordemos este agravio que penaliza a los catalanes”, en donde, si se lee con la debida atención, hay una clara oposición a la reducción por vía legal de la jornada máxima de trabajo.

9. Pero, en fin, no quería volver sobre este debate de la reducción del tiempo de trabajo ya que mi parecer, además del manifestado durante los debates en nuestro Congreso, ya queda perfectamente reflejado en las entradas anteriormente referenciadas. En esta, he querido recoger, antes de que caigan en el olvido de mi memoria, los aspectos sociales, amigables, de nuestra reunión anual, y dejar un espacio, poco, pero espacio, al fin y al cabo, a la reflexión jurídica.

10. Ultimo, y desde luego no menor importante: mi más sincera felicitación a la reelegida presidenta de la AEDTTS, la profesora María Emilia Casas y a todo su nuevo equipo de dirección, y desearle los mayores éxitos en esta nueva y trascendental etapa para las relaciones de trabajo y su marco jurídico en España, integrada en la Unión Europea y que debe prestare atención todos los cambios que se están operando a escala internacional, siempre teniendo como ADN de su actuación la defensa del modelo social europeo.

Nos volveremos a encontrar en la “tacita de plata”, la preciosa ciudad de Cádiz, el próximo 2026.

Buena lectura.


sábado, 11 de julio de 2020

Dictamen de la Comisión para la reconstrucción social y económica. Notas sobre los contenidos laborales y de protección social.


1. La Mesa del Congreso de los Diputados acordó por unanimidad en su reunión del día 28 deabril  la creación de una “Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica”, a propuesta de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común.

Según la citada propuesta, la Comisión debía trabajar sobre “cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea”.  

La Comisión fueconstituida en la sesión plenaria del Congreso del día 7 de mayo , habiendo sido elegido como presidente el diputado socialista Patxi López. La primera sesión se celebró el 13 de mayo, y se estableció el plan de trabajo   Desde entonces, se celebraron doce reuniones, siendo la última de fecha 3 de julio, en la que se aprobó el Dictamen con las conclusiones relativas a cada de las cuestiones abordadas y que han sido referenciadas con anterioridad


Dicho dictamen queda pendiente ahora de aprobación definitiva por el Pleno del Congreso, si bien parece previsible que a los efectos de lograr el mayor acuerdo posible se incorporen algunas enmiendas, e incluso animó a ello el presidente de la Comisión al afirmar, en la última parte de la sesión que  “…nuestro trabajo termina hoy, pero la cosa sigue y, por lo tanto, hasta que se produzca ese Pleno permítanme una última sugerencia, un último ruego: utilicen todo este tiempo para seguir negociando, para seguir acordando, porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Además, ya que esta cosa empezó por la salud, les diré que acordar y pactar es una cosa políticamente muy sana, así que eskerrik asko a todos”. En cualquier caso, la importancia del texto aprobado me ha parecido que era suficientemente significativa  para efectuar esta entrada con una descripción de sus contenidos relativos a los ámbitos laboral y de protección social.

Cabe indicar que las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública fueron aprobadas por 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones; las del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica lo fueron por 167 diputados votos a favor, 115 en contra y 10 abstenciones; las del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados por 155 votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones; por último, las del Grupo de Trabajo de la Unión Europea lo fueron por 183 votos a favor, 6 en contra y 102 abstenciones.

Toda la documentación y actas de las reuniones de los grupos puede consultarse en este enlace    Según puede leerse en la nota de prensa en la que se dio cuenta de la aprobación de las conclusiones, “En los dos meses en los que ha desarrollado sus trabajos, de acuerdo con el plazo fijado en el acuerdo de constitución, la Comisión ha celebrado 12 sesiones, en las que ha acogido más de 25 comparecencias entre miembros del Gobierno, dirigentes de instituciones públicas y representantes del sector empresarial y sindicatos, entre otros. De forma simultánea, los cuatro grupos de trabajo de Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, y Reactivación Económica, creados para agilizar los trabajos, han mantenido más de 30 reuniones, en las que han escuchado el testimonio de más de 100 personas entre eurodiputados, académicos, representantes de ONGs, sindicatos y organizaciones profesionales”.

2. La gran mayoría de las recomendaciones que abordan cuestiones de carácter laboral y de protecciónsocial se encuentran lógicamente en las aprobadas por los grupos sobre reactivación económica, por una parte, y de políticas sociales y sistemas de cuidado por otra. No obstante, también hay algunas menciones dignas de ser destacadas en los otros dos grupos, así como menciones específicas a algún sector de actividad productiva que debe merecer nuestra atención.

En el grupo de trabajo sobre sanidad y salud pública hay una mención concreta al personal sanitario, algo que no debería extrañar a nadie, tanto por la extraordinaria importancia que ha tenido, y sigue teniendo, durante la crisis sanitaria, como por la precariedad en la que se encuentra buena parte de su personal y de la que me he ocupado en diversas ocasiones en el blog, y baste citar solo a título de ejemplo el caso de una trabajadora de un hospital de Barcelona que tuvo 242 contratos durante un periodo de ocho años 

La recomendación formulada y que pone, más bien sigue poniendo, deberes al gobierno para atajar la inestabilidad permanente de una parte no menospreciable del personal sanitario, es la siguiente:

“7.1. Priorizar con carácter urgente medidas para acabar drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, no solo a través de medidas puntuales y coyunturales, sino mediante una regulación que establezca mecanismos permanentes de cobertura de puestos, evitando tener que recurrir a la contratación temporal para cubrir vacantes estructurales. Para ello es necesario actualizar con carácter urgente el sistema de selección de profesionales sanitarios, y en particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias (board), con una selección local por concurso, de adaptación a perfil y puesto, posibilitando que la mayoría de las vacantes (por ejemplo, jubilaciones) se puedan reponer antes de producirse. Con ello se reduciría mucha complejidad y conflictos, evitando los enormes daños personales, familiares e institucionales asociados a la temporalidad, así como el actual sistema de dilatados y conflictivos concursos-oposiciones masivos y de periodicidad errática, con correlato de empleo precario y arbitrariedad local en las coberturas temporales”.

Igualmente, se pide “eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral”, y poner en marcha, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, “un plan de recursos humanos, cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo…”. También hay una mención concreta a la necesidad de abordar la problemática laboral del sector en las recomendaciones del segundo grupo, en las que se afirma, eso sí sin mayor concreción, que debe dedicarse “una especial atención a la regulación de las condiciones laborales de las profesiones sociosanitarias”, algo que a mi parecer no se refiere solo a las modalidades contractuales laborales, o a la regulación del personal estatutario de los servicios de salud, sino por supuesto también a la ordenación de su tiempo de trabajo.  

Desde una perspectiva más general relativa a las condiciones de trabajo en el sector sanitario se pide impulsar políticas activas “en pro de la igualdad de género y de la conciliación de la vida laboral y personal, tanto en los niveles directivos de los centros y establecimientos sanitarios como de los niveles de dirección de los servicios autonómicos, consejerías y Ministerio de Sanidad, para revertir una situación según la cual la gran mayoría de profesionales y trabajadores de la salud son mujeres y la gran mayoría de los decisores políticos y gerenciales son hombres”. Justamente poco después de la aprobación de las conclusiones teníamos conocimiento de una importante resolución judicial que, desde la perspectiva de rechazo de todo tipo de discriminación por razón de sexo, ahonda en esa perspectiva: la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucionalde 2 de julio   que ampara a una médico “a la que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo tras asignarle unos periodos de descanso retribuido (por reducción de jornada por cuidado de hijos), al salir de la guardia diferentes al de sus compañeros médicos” 

3. Como ya he indicado, el bloque dedicado a la reactivación económica concentra la mayor parte de las medidas de carácter laboral, si bien encontramos también algunas en el de políticas sociales y sistemas de cuidados, que muy probablemente se hayan ubicado en ese ámbito, y que reiteran en buena medida propuestas contenidas en el de reactivación económica, por su relación con las políticas de conciliación y corresponsabilidad en el ámbito familiar.

Se ubican en el bloque 3 que lleva por título “Sistema laboral: formación y empleabilidad” y son un total de 21 recomendaciones, tras haberse incorporado algunas propuestas de diversos grupos al dictamen inicial.  La mayor parte de ellas versan sobre las medidas adoptadas durante la crisis y su necesidad de mantenimiento en el inmediato futuro, y recogen propuestas ya contenidas en el programa suscrito el 30 de diciembre de 2019 por las dos fuerzas políticas que forman el actual gobierno.

Se pone especial acento en la importancia del diálogo social, de una política de formación que prepare para los cada vez más rápidos cambios en las vidas profesionales, medidas adecuadas de conciliación y corresponsabilidad, reordenación de las modalidades de contratación y de las prestaciones de protección por desempleo, unas políticas activas de empleo que se adecuen a las nuevas y cambiantes realidades productivas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de articular adecuadamente las competencias estatales y autonómicas en este ámbito, e incluso se incorpora, supongo que por enmienda transaccional del grupo defensor de esta propuesta desde hace varios años,  Ciudadanos, la propuesta de incorporar la llamada coloquialmente “mochila austriaca”; sin olvidar la importante propuesta, incorporada en el tramo final del debate, de  proponer la despenalización de las conductas tipificadas actualmente en el art. 315.3 del Código Penal (“ Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”).

Algunas de estas recomendaciones aprobadas son las que recojo a continuación.

“43. Ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, el diálogo social estudiará los términos de flexibilización en el uso de los ERTE, para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo y de los trabajadores con base en la evolución de la recuperación de la actividad a nivelsectorial y lo suficientemente flexible para acomodar los efectos de nuevos rebrotes  localizados o generalizados que afecten a la actividad económica de las empresas.

Por otra parte, se analizará también que las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por un ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Asimismo, se fomentará que el diálogo social contribuya a mantener los niveles de empleo por parte de las empresas. Reactivar de manera progresiva la economía, proporcionando una respuesta ponderada que evite el ajuste estructural que se produciría en nuestra economía si tuviera lugar la salida del mercado de empresas solventes y afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional, contribuyendo a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica.

44. Luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social. Se impulsará la simplificación de las fórmulas contractuales.

45. En aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el COVID-19, diseñar conjuntamente mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector.

47. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis avanzando para otorgar más derechos a los trabajadores autónomos, eliminando trabas al emprendimiento y apoyando específicamente el emprendimiento y el intraemprendimiento, un objetivo clave para propiciar las condiciones necesarias para retener y atraer a mujeres y hombres capaces de desarrollar la reflexión, la creatividad y la innovación, para diseñar su futuro profesional y, a la vez, generar oportunidades de trabajo en su comunidad.

48. Impulsar fórmulas contra el fraude laboral, especialmente dirigidas para que afloren la economía sumergida y los falsos autónomos.

49. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la Economía Social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social.

50. Elaboración, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, de una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, a la formación continua y a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora, con garantía para el empresario, que sea beneficiosa y atractiva tanto para la parte trabajadora como para la parte empresarial.

51. Dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales (físicos y psicosociales) asociados a la digitalización de la actividad económica y el uso de las tecnologías tanto en el trabajo presencial como en el trabajo a distancia.

52. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo, para lo cual es imprescindible promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los Horarios, que permita reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, relacionado con la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

53. Modernización y optimización, en coordinación con las comunidades autónomas, de las políticas activas de empleo mediante: (1) La revisión del marco global de las Políticas Activas de Empleo; (2) La redefinición de los objetivos en materia de empleo; (3) La revisión de los incentivos a la contratación para evitar las ineficiencias y las redundancias, priorizando la incentivación de los contratos indefinidos; (4) Actualizar la Estrategia de Empleo Joven, diseñando sistemas y programas de empleo para jóvenes que incorporen estrategias de acompañamiento prolongadas en el tiempo; (5) la articulación de un nuevo derecho a la formación continua que permita la permanente actualización de las competencias y habilidades de las personas trabajadoras y (6) la consideración de los nuevos nichos de empleo verde generados por la transición ecológica, con especial hincapié en que se repartan de forma equitativa en función del género. El sistema de formación deberá imbricar la formación inicial del sistema educativo con la formación continua, garantizando la eliminación de las brechas de género, particularmente la digital.

54. Promover programas de Formación Profesional robustos y renovados, que respondan a las necesidades de cualificación de jóvenes y profesionales, incluyendo nuevos programas de Formación Profesional vinculados a los entornos rurales, con una adaptación a nuevas demandas que surgen en respuesta a la transformación de la sociedad y del modelo económico en la etapa post-COVID-19, especialmente en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la nueva gestión digital de las administraciones. En este sentido, se integrará la innovación y el emprendimiento como ejes prioritarios de una Formación Profesional que den respuestas a las necesidades actuales y futuras.

55. Intensificación de la colaboración público-privada en la adopción de estrategias conjuntas en materia de Formación Profesional.

56. Avance en el reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral como modelo para la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras.

63. Adopción de las medidas, en el marco del diálogo social, para mejorar del sistema de protección por desempleo mediante la reordenación y simplificación de sus prestaciones, con el fin de evitar solapamientos y dotarlo con cuantías dignas dirigidasa las personas desempleadas y coordinarlos con los procesos de formación y activación para el empleo.

63. ter (nueva). Simplificar las modalidades de contratación, de forma que se penalice a las empresas que abusen de la contratación temporal respecto de las que prioricen el contrato estable.

63. quáter (nueva). Potenciar el nivel de cualificación de las personas y la formación a lo largo de la vida. Cerca del 40% de la población activa tiene un nivel bajo de cualificación, y ante fenómenos como la transformación digital y la tendencia a la desaparición de los puestos de trabajo vinculados a niveles bajos de cualificación, garantizar una oferta formativa amplia a lo largo de la vida es fundamental. Al igual que lo es, el disponer de un sistema lo suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo.

63. sexies (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

63. septies (nueva). A los efectos de reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un sistema consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, que el trabajador pueda hacer efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación (implementar un sistema tipo mochila austriaca).

63. octies (nueva). Despenalizar la conducta prevista en el artículo 315.3 del Código Penal.

4. En la concreción que pueda hacerse por las autoridades competentes de las distintas propuestas habrá que tomar en consideración igualmente las presentadas recientemente en sede europea comunitaria. Me refiero más exactamente a dos propuestas de Recomendación presentadas por la Comisión Europea el 1 de julio, en el marco de un paquete conjunto sobre medidas tendentes a potenciar las capacidades de todas las personas que están ya o desean incorporarse al mercado de trabajo:

En primer lugar, la que lleva por título “Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil”,   que sustituirá, si es aprobada, a la vigente de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la garantía juvenil y que analicé en una entra anterior explicando que “se pide a todos los Estados que velen para que todos los jóvenes menores de  25 años “reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal”, y que se articulen las medidas adecuadas para que todos los jóvenes puedan tener conocimiento de la medida y realizar los trámites administrativos que en su caso sean necesarios para poder acogerse a la medida. Se pide una estrecha colaboración entre los servicios de empleo públicos y privados, y de todos ellos con los centros educativos y las entidades que trabajan con los jóvenes. Se trata de potenciar “las asociaciones entre los empleadores y los agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, diversos niveles de la administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud) a fin de fomentar las oportunidades de empleo, de formación de aprendices y de prácticas para los jóvenes”. 

A la propuesta de nueva Recomendación se acompaña una Comunicación con idéntico título, y el eje central de ambos documentos es que los Estados miembros “velen por que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendices o período de prácticas en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar los estudios formales, en consonancia con el principio 4 del pilar europeo de derechos sociales.”, que el  punto de partida para conceder la Garantía Juvenil a un joven debe ser “la inscripción en una entidad proveedora de la Garantía Juvenil”, y que los sistemas de Garantía Juvenil deben basarse en las orientaciones que se relacionan en la propuesta, “estructuradas en torno a cuatro fases (inventario, divulgación, preparación y oferta), y organizarse de conformidad con las circunstancias nacionales, regionales y locales atendiendo al género y a la diversidad de los jóvenes destinatarios”.

En segundo término, la propuesta de Recomendación sobre la educación y formación profesionales(EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, también acompañada de una Comunicación dedicada a la Agenda de Capacidades Europeas  para los objetivos y finalidades mencionados en el título de la Recomendación, y que sustituiría a dos anteriores de 18 de junio de 2009, relativa al establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET) y a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET), objeto ambas de atención por mi parte en esta entrada 

Los objetivos de la nueva Agenda se delimitan en estos términos: “La nueva Agenda de Capacidades cumple el pilar europeo de derechos sociales y, en particular, su primer principio, que define el derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad. También está firmemente vinculado al Pacto Verde Europeo 10 , la nueva Estrategia Digital 11 y las nuevas estrategias para la industria y las pymes 12 , puesto que las capacidades son clave para su éxito. Por otra parte, apoya la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un «Puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil», que la Comisión ha adoptado hoy y que tiene en cuenta las conclusiones del reciente Informe sobre el impacto del cambio demográfico 13 . El Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 también destacan el papel clave de las capacidades en la transición hacia una economía verde.

Enlaza con otras iniciativas de actuación que apoyan el enfoque del aprendizaje permanente. Le seguirán otras propuestas que den un nuevo impulso en el ámbito de la educación, en particular una iniciativa que convierta el Espacio Europeo de Educación en una realidad para 2025, eliminando en toda la Unión las barreras al aprendizaje y promoviendo una educación y una formación innovadoras e inclusivas para todos. El Espacio Europeo de Investigación también promueve la capacitación y el reciclaje profesional del talento, especialmente en el ámbito académico. En conjunto, estas iniciativas contribuirán a crear una cultura del aprendizaje permanente en Europa, fomentarán un enfoque basado en la demanda para reforzar la cooperación con la industria e impulsarán la empleabilidad de los ciudadanos”.

5. En el bloque núm. 9 de este segundo grupo hay un amplio apartado relativo a la reactivación del turismo y al relanzamiento de la hostelería, en el que se recoge una propuesta concreta de alcance laboral y que en buena medida ya ha sido acogida en el RDL 24/2020 con respecto a las y los trabajadores fijos discontinuos: “128. Estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo”. Está por ver, ciertamente qué ocurrirá en el sector a partir del 30 de septiembre y si será necesario, y todo apunta a que así será, mantener medidas que permitan una cierta flexibilidad a las empresas para evitar las extinciones contractuales.

6. El otro gran bloque de medidas sociales, centradas en el ámbito de la protección social, se encuentran recogidas, como ya he indicado, en las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo sobre política social y sistemas de cuidados.

Así, se incluyen el reforzamiento de las políticas de rentas, con especial atención al recientemente aprobado ingreso mínimo vital y la necesidad de sus desarrollo reglamentario y prestar atención a aquellas situaciones que no quedan cubiertas por la nueva norma para tratar de buscar respuestas satisfactorias; igualmente la atención a los sistemas de cuidados pasa por modificar y/o reordenar las políticas públicas que permitan compatibilizar adecuadamente la vida familiar con la laboral, y por supuesto también las políticas laborales deben tender a conseguir ese objetivo, ya plasmado en normativa de la emergencia con el plan “mecuida”, y también con una regulación del trabajo a tiempo parcial y del trabajo a distancia que evite cualquier tipo de discriminación por razón de género aun cuando fuer bajo la apariencia de una norma neutral.

Por fin, hay una mínima referencia a la política en materia de pensiones, si bien es claro el deseo de que la comisión existente en el Congreso puede alcanzar una propuesta unánime de cara a las medidas a adoptar en el inmediato futuro para garantizar la viabilidad del sistema público, que no olvidemos que estamos hablando de un derecho constitucional.

Algunas de las recomendaciones aprobadas en este grupo son las siguientes:

“1. Derechos sociales

1.1. Afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como a reforzarlos mediante el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos, que también debe extenderse a fortalecer y desarrollar los servicios sociales.

1.2. Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.

2. Renta básica y garantías de rentas

2.1. Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso, teniendo en cuenta los mecanismos de estímulo de empleo ya vigentes en las comunidades autónomas, para asegurar una coherencia con los mismos, y la eficacia de este ingreso en su función de inserción social.

2.2. Acordar con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la articulación de un modelo acorde con los requerimientos del nuevo sistema productivo, muy alejado de carreras salariales continuas, para que a través de itinerarios personalizados y de acciones de mejora de la empleabilidad, se instituya en instrumento de oportunidad para la incorporación al mercado laboral.

2.3. Explorar en el marco del diálogo social la mejora del sistema de protección por desempleo, garantizando su viabilidad presupuestaria.

2.4. Analizar con los agentes sociales y las administraciones afectadas por su aplicación la actualización del IPREM, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.

2.5 (Nueva) Financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social por la cuantía necesaria para la concesión de las correspondientes prestaciones.

3. Brecha laboral por cuestiones de género

3.1. Orientar, en el marco del diálogo social, las políticas de empleo a la eliminación de la brecha de género en el empleo y la ocupación y, en consecuencia, la brecha salarial.

3.1.1. Se promoverá un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

6. Corresponsabilidad y conciliación

6.1. Elaborar, en el marco del diálogo social, una propuesta de “tiempo de trabajo corresponsable”, que deberá incluir una reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género.

Con dicha finalidad:

6.1.1. Se situará la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación.

6.1.2. Se analizará la normativa laboral con el fin de evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado, por ejemplo, en la determinación de los tiempos de trabajo y de permisos y que pudieran implicar el abandono de la actividad laboral.

6.2. Elaborar, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, derecho a la formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora con garantía para el empresario y la prevención de riesgos laborales.

8. Juventud/emancipación.

8.1. Renovar y mejorar el programa de Garantía Juvenil, incluyendo la perspectiva de género, no poniendo el foco en la persona demandante de empleo y en sus competencias, sino también en la protección del puesto de trabajo (estabilidad, derechos laborales...), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.

8.2. Elaborar el “Estatuto del Becario”, con revisión de los contratos formativos para asegurar que su uso responde a finalidades exclusivamente formativas y mejorar sus condiciones laborales, incluidas las retributivas, con la finalidad, entre otras, de limitar el encadenamiento de períodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas.

9. Pensiones.

9.1. Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y buscar la generación de consensos para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones, para asumir los retos de un futuro inmediato y asegurar prestaciones suficientes y una acción protectora capaz de dar cobertura a las realidades sociales emergentes.

9.2. Elaborar un informe sobre la adecuación de la normativa de Seguridad Social a la actividad de colectivos que presentan particularidades en su actividad y valorar si es preciso ajustarla a las circunstancias derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.

6. Por último, en las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la Unión Europea encontramos también algunas referencias concretas a las medidas en las que  las autoridades comunitarias deberían trabajar y las autoridades españolas contribuir a ello con sus propuestas. En sintonía con las propuestas antes referenciadas en materia de educación y formación, se propone (y no es la primera vez que aparece en el debate político y social) la creación de una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje de la persona trabajadora durante toda su vida laboral. Igualmente, no son nuevas, pero nunca está de más insistir en ellas, las propuesta de desarrollo de las medidas contenidas en el pilar europeo de derecho sociales   para que la política social no sea solo un subproducto de la política económica y monetaria.

El texto de las recomendaciones que creo importante reproducir es el siguiente:

“4. quater (nueva). Apostar por la formación como clave de la recuperación y la necesidad de formar personas en nuevas habilidades y competencias adaptadas a la economía circular. Crear una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje a lo largo de toda la vida profesional que conecte conocimiento, preparación y experiencia de las personas con las nuevas canteras de empleo. 

 13. Desarrollar el pilar social de la Unión Europea como una de sus prioridades básicas en pie de igualdad con los pilares económico y monetario, impulsando el empleo juvenil, el seguro europeo de desempleo, el salario mínimo interprofesional europeo, un instrumento europeo sobre Ingreso Mínimo Vital o una Estrategia Europea de Combate contra la Pobreza y para la Igualdad de Género, reforzando la Garantía Juvenil y poniendo en marcha una Garantía Infantil.

La Unión Europea post COVID-19 debe incluir entre sus prioridades un auténtico pilar social. La estrategia de salida y recuperación europea debe contemplar como meta el desarrollo social, sus derechos y deberes”.

Buena lectura.