Dictamen de la Comisión para la reconstrucción social y económica. Notas sobre los contenidos laborales y de protección social.

1. La Mesa del Congreso de los Diputados acordó por unanimidad en su reunión del día 28 deabril  la creación de una “Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica”, a propuesta de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común.

Según la citada propuesta, la Comisión debía trabajar sobre “cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea”.  

La Comisión fueconstituida en la sesión plenaria del Congreso del día 7 de mayo , habiendo sido elegido como presidente el diputado socialista Patxi López. La primera sesión se celebró el 13 de mayo, y se estableció el plan de trabajo   Desde entonces, se celebraron doce reuniones, siendo la última de fecha 3 de julio, en la que se aprobó el Dictamen con las conclusiones relativas a cada de las cuestiones abordadas y que han sido referenciadas con anterioridad

Dicho dictamen queda pendiente ahora de aprobación definitiva por el Pleno del Congreso, si bien parece previsible que a los efectos de lograr el mayor acuerdo posible se incorporen algunas enmiendas, e incluso animó a ello el presidente de la Comisión al afirmar, en la última parte de la sesión que  “…nuestro trabajo termina hoy, pero la cosa sigue y, por lo tanto, hasta que se produzca ese Pleno permítanme una última sugerencia, un último ruego: utilicen todo este tiempo para seguir negociando, para seguir acordando, porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Además, ya que esta cosa empezó por la salud, les diré que acordar y pactar es una cosa políticamente muy sana, así que eskerrik asko a todos”. En cualquier caso, la importancia del texto aprobado me ha parecido que era suficientemente significativa  para efectuar esta entrada con una descripción de sus contenidos relativos a los ámbitos laboral y de protección social.

Cabe indicar que las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública fueron aprobadas por 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones; las del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica lo fueron por 167 diputados votos a favor, 115 en contra y 10 abstenciones; las del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados por 155 votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones; por último, las del Grupo de Trabajo de la Unión Europea lo fueron por 183 votos a favor, 6 en contra y 102 abstenciones.

Toda la documentación y actas de las reuniones de los grupos puede consultarse en este enlace    Según puede leerse en la nota de prensa en la que se dio cuenta de la aprobación de las conclusiones, “En los dos meses en los que ha desarrollado sus trabajos, de acuerdo con el plazo fijado en el acuerdo de constitución, la Comisión ha celebrado 12 sesiones, en las que ha acogido más de 25 comparecencias entre miembros del Gobierno, dirigentes de instituciones públicas y representantes del sector empresarial y sindicatos, entre otros. De forma simultánea, los cuatro grupos de trabajo de Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, y Reactivación Económica, creados para agilizar los trabajos, han mantenido más de 30 reuniones, en las que han escuchado el testimonio de más de 100 personas entre eurodiputados, académicos, representantes de ONGs, sindicatos y organizaciones profesionales”.

2. La gran mayoría de las recomendaciones que abordan cuestiones de carácter laboral y de protecciónsocial se encuentran lógicamente en las aprobadas por los grupos sobre reactivación económica, por una parte, y de políticas sociales y sistemas de cuidado por otra. No obstante, también hay algunas menciones dignas de ser destacadas en los otros dos grupos, así como menciones específicas a algún sector de actividad productiva que debe merecer nuestra atención.

En el grupo de trabajo sobre sanidad y salud pública hay una mención concreta al personal sanitario, algo que no debería extrañar a nadie, tanto por la extraordinaria importancia que ha tenido, y sigue teniendo, durante la crisis sanitaria, como por la precariedad en la que se encuentra buena parte de su personal y de la que me he ocupado en diversas ocasiones en el blog, y baste citar solo a título de ejemplo el caso de una trabajadora de un hospital de Barcelona que tuvo 242 contratos durante un periodo de ocho años 

La recomendación formulada y que pone, más bien sigue poniendo, deberes al gobierno para atajar la inestabilidad permanente de una parte no menospreciable del personal sanitario, es la siguiente:

“7.1. Priorizar con carácter urgente medidas para acabar drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, no solo a través de medidas puntuales y coyunturales, sino mediante una regulación que establezca mecanismos permanentes de cobertura de puestos, evitando tener que recurrir a la contratación temporal para cubrir vacantes estructurales. Para ello es necesario actualizar con carácter urgente el sistema de selección de profesionales sanitarios, y en particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias (board), con una selección local por concurso, de adaptación a perfil y puesto, posibilitando que la mayoría de las vacantes (por ejemplo, jubilaciones) se puedan reponer antes de producirse. Con ello se reduciría mucha complejidad y conflictos, evitando los enormes daños personales, familiares e institucionales asociados a la temporalidad, así como el actual sistema de dilatados y conflictivos concursos-oposiciones masivos y de periodicidad errática, con correlato de empleo precario y arbitrariedad local en las coberturas temporales”.

Igualmente, se pide “eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral”, y poner en marcha, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, “un plan de recursos humanos, cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo…”. También hay una mención concreta a la necesidad de abordar la problemática laboral del sector en las recomendaciones del segundo grupo, en las que se afirma, eso sí sin mayor concreción, que debe dedicarse “una especial atención a la regulación de las condiciones laborales de las profesiones sociosanitarias”, algo que a mi parecer no se refiere solo a las modalidades contractuales laborales, o a la regulación del personal estatutario de los servicios de salud, sino por supuesto también a la ordenación de su tiempo de trabajo.  

Desde una perspectiva más general relativa a las condiciones de trabajo en el sector sanitario se pide impulsar políticas activas “en pro de la igualdad de género y de la conciliación de la vida laboral y personal, tanto en los niveles directivos de los centros y establecimientos sanitarios como de los niveles de dirección de los servicios autonómicos, consejerías y Ministerio de Sanidad, para revertir una situación según la cual la gran mayoría de profesionales y trabajadores de la salud son mujeres y la gran mayoría de los decisores políticos y gerenciales son hombres”. Justamente poco después de la aprobación de las conclusiones teníamos conocimiento de una importante resolución judicial que, desde la perspectiva de rechazo de todo tipo de discriminación por razón de sexo, ahonda en esa perspectiva: la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucionalde 2 de julio   que ampara a una médico “a la que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo tras asignarle unos periodos de descanso retribuido (por reducción de jornada por cuidado de hijos), al salir de la guardia diferentes al de sus compañeros médicos” 

3. Como ya he indicado, el bloque dedicado a la reactivación económica concentra la mayor parte de las medidas de carácter laboral, si bien encontramos también algunas en el de políticas sociales y sistemas de cuidados, que muy probablemente se hayan ubicado en ese ámbito, y que reiteran en buena medida propuestas contenidas en el de reactivación económica, por su relación con las políticas de conciliación y corresponsabilidad en el ámbito familiar.

Se ubican en el bloque 3 que lleva por título “Sistema laboral: formación y empleabilidad” y son un total de 21 recomendaciones, tras haberse incorporado algunas propuestas de diversos grupos al dictamen inicial.  La mayor parte de ellas versan sobre las medidas adoptadas durante la crisis y su necesidad de mantenimiento en el inmediato futuro, y recogen propuestas ya contenidas en el programa suscrito el 30 de diciembre de 2019 por las dos fuerzas políticas que forman el actual gobierno.

Se pone especial acento en la importancia del diálogo social, de una política de formación que prepare para los cada vez más rápidos cambios en las vidas profesionales, medidas adecuadas de conciliación y corresponsabilidad, reordenación de las modalidades de contratación y de las prestaciones de protección por desempleo, unas políticas activas de empleo que se adecuen a las nuevas y cambiantes realidades productivas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de articular adecuadamente las competencias estatales y autonómicas en este ámbito, e incluso se incorpora, supongo que por enmienda transaccional del grupo defensor de esta propuesta desde hace varios años,  Ciudadanos, la propuesta de incorporar la llamada coloquialmente “mochila austriaca”; sin olvidar la importante propuesta, incorporada en el tramo final del debate, de  proponer la despenalización de las conductas tipificadas actualmente en el art. 315.3 del Código Penal (“ Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”).

Algunas de estas recomendaciones aprobadas son las que recojo a continuación.

“43. Ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, el diálogo social estudiará los términos de flexibilización en el uso de los ERTE, para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo y de los trabajadores con base en la evolución de la recuperación de la actividad a nivelsectorial y lo suficientemente flexible para acomodar los efectos de nuevos rebrotes  localizados o generalizados que afecten a la actividad económica de las empresas.

Por otra parte, se analizará también que las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por un ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Asimismo, se fomentará que el diálogo social contribuya a mantener los niveles de empleo por parte de las empresas. Reactivar de manera progresiva la economía, proporcionando una respuesta ponderada que evite el ajuste estructural que se produciría en nuestra economía si tuviera lugar la salida del mercado de empresas solventes y afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional, contribuyendo a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica.

44. Luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social. Se impulsará la simplificación de las fórmulas contractuales.

45. En aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el COVID-19, diseñar conjuntamente mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector.

47. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis avanzando para otorgar más derechos a los trabajadores autónomos, eliminando trabas al emprendimiento y apoyando específicamente el emprendimiento y el intraemprendimiento, un objetivo clave para propiciar las condiciones necesarias para retener y atraer a mujeres y hombres capaces de desarrollar la reflexión, la creatividad y la innovación, para diseñar su futuro profesional y, a la vez, generar oportunidades de trabajo en su comunidad.

48. Impulsar fórmulas contra el fraude laboral, especialmente dirigidas para que afloren la economía sumergida y los falsos autónomos.

49. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la Economía Social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social.

50. Elaboración, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, de una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, a la formación continua y a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora, con garantía para el empresario, que sea beneficiosa y atractiva tanto para la parte trabajadora como para la parte empresarial.

51. Dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales (físicos y psicosociales) asociados a la digitalización de la actividad económica y el uso de las tecnologías tanto en el trabajo presencial como en el trabajo a distancia.

52. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo, para lo cual es imprescindible promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los Horarios, que permita reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, relacionado con la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

53. Modernización y optimización, en coordinación con las comunidades autónomas, de las políticas activas de empleo mediante: (1) La revisión del marco global de las Políticas Activas de Empleo; (2) La redefinición de los objetivos en materia de empleo; (3) La revisión de los incentivos a la contratación para evitar las ineficiencias y las redundancias, priorizando la incentivación de los contratos indefinidos; (4) Actualizar la Estrategia de Empleo Joven, diseñando sistemas y programas de empleo para jóvenes que incorporen estrategias de acompañamiento prolongadas en el tiempo; (5) la articulación de un nuevo derecho a la formación continua que permita la permanente actualización de las competencias y habilidades de las personas trabajadoras y (6) la consideración de los nuevos nichos de empleo verde generados por la transición ecológica, con especial hincapié en que se repartan de forma equitativa en función del género. El sistema de formación deberá imbricar la formación inicial del sistema educativo con la formación continua, garantizando la eliminación de las brechas de género, particularmente la digital.

54. Promover programas de Formación Profesional robustos y renovados, que respondan a las necesidades de cualificación de jóvenes y profesionales, incluyendo nuevos programas de Formación Profesional vinculados a los entornos rurales, con una adaptación a nuevas demandas que surgen en respuesta a la transformación de la sociedad y del modelo económico en la etapa post-COVID-19, especialmente en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la nueva gestión digital de las administraciones. En este sentido, se integrará la innovación y el emprendimiento como ejes prioritarios de una Formación Profesional que den respuestas a las necesidades actuales y futuras.

55. Intensificación de la colaboración público-privada en la adopción de estrategias conjuntas en materia de Formación Profesional.

56. Avance en el reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral como modelo para la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras.

63. Adopción de las medidas, en el marco del diálogo social, para mejorar del sistema de protección por desempleo mediante la reordenación y simplificación de sus prestaciones, con el fin de evitar solapamientos y dotarlo con cuantías dignas dirigidasa las personas desempleadas y coordinarlos con los procesos de formación y activación para el empleo.

63. ter (nueva). Simplificar las modalidades de contratación, de forma que se penalice a las empresas que abusen de la contratación temporal respecto de las que prioricen el contrato estable.

63. quáter (nueva). Potenciar el nivel de cualificación de las personas y la formación a lo largo de la vida. Cerca del 40% de la población activa tiene un nivel bajo de cualificación, y ante fenómenos como la transformación digital y la tendencia a la desaparición de los puestos de trabajo vinculados a niveles bajos de cualificación, garantizar una oferta formativa amplia a lo largo de la vida es fundamental. Al igual que lo es, el disponer de un sistema lo suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo.

63. sexies (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

63. septies (nueva). A los efectos de reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un sistema consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, que el trabajador pueda hacer efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación (implementar un sistema tipo mochila austriaca).

63. octies (nueva). Despenalizar la conducta prevista en el artículo 315.3 del Código Penal.

4. En la concreción que pueda hacerse por las autoridades competentes de las distintas propuestas habrá que tomar en consideración igualmente las presentadas recientemente en sede europea comunitaria. Me refiero más exactamente a dos propuestas de Recomendación presentadas por la Comisión Europea el 1 de julio, en el marco de un paquete conjunto sobre medidas tendentes a potenciar las capacidades de todas las personas que están ya o desean incorporarse al mercado de trabajo:

En primer lugar, la que lleva por título “Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil”,   que sustituirá, si es aprobada, a la vigente de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la garantía juvenil y que analicé en una entra anterior explicando que “se pide a todos los Estados que velen para que todos los jóvenes menores de  25 años “reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal”, y que se articulen las medidas adecuadas para que todos los jóvenes puedan tener conocimiento de la medida y realizar los trámites administrativos que en su caso sean necesarios para poder acogerse a la medida. Se pide una estrecha colaboración entre los servicios de empleo públicos y privados, y de todos ellos con los centros educativos y las entidades que trabajan con los jóvenes. Se trata de potenciar “las asociaciones entre los empleadores y los agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, diversos niveles de la administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud) a fin de fomentar las oportunidades de empleo, de formación de aprendices y de prácticas para los jóvenes”. 

A la propuesta de nueva Recomendación se acompaña una Comunicación con idéntico título, y el eje central de ambos documentos es que los Estados miembros “velen por que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendices o período de prácticas en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar los estudios formales, en consonancia con el principio 4 del pilar europeo de derechos sociales.”, que el  punto de partida para conceder la Garantía Juvenil a un joven debe ser “la inscripción en una entidad proveedora de la Garantía Juvenil”, y que los sistemas de Garantía Juvenil deben basarse en las orientaciones que se relacionan en la propuesta, “estructuradas en torno a cuatro fases (inventario, divulgación, preparación y oferta), y organizarse de conformidad con las circunstancias nacionales, regionales y locales atendiendo al género y a la diversidad de los jóvenes destinatarios”.

En segundo término, la propuesta de Recomendación sobre la educación y formación profesionales(EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, también acompañada de una Comunicación dedicada a la Agenda de Capacidades Europeas  para los objetivos y finalidades mencionados en el título de la Recomendación, y que sustituiría a dos anteriores de 18 de junio de 2009, relativa al establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET) y a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET), objeto ambas de atención por mi parte en esta entrada 

Los objetivos de la nueva Agenda se delimitan en estos términos: “La nueva Agenda de Capacidades cumple el pilar europeo de derechos sociales y, en particular, su primer principio, que define el derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad. También está firmemente vinculado al Pacto Verde Europeo 10 , la nueva Estrategia Digital 11 y las nuevas estrategias para la industria y las pymes 12 , puesto que las capacidades son clave para su éxito. Por otra parte, apoya la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un «Puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil», que la Comisión ha adoptado hoy y que tiene en cuenta las conclusiones del reciente Informe sobre el impacto del cambio demográfico 13 . El Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 también destacan el papel clave de las capacidades en la transición hacia una economía verde.

Enlaza con otras iniciativas de actuación que apoyan el enfoque del aprendizaje permanente. Le seguirán otras propuestas que den un nuevo impulso en el ámbito de la educación, en particular una iniciativa que convierta el Espacio Europeo de Educación en una realidad para 2025, eliminando en toda la Unión las barreras al aprendizaje y promoviendo una educación y una formación innovadoras e inclusivas para todos. El Espacio Europeo de Investigación también promueve la capacitación y el reciclaje profesional del talento, especialmente en el ámbito académico. En conjunto, estas iniciativas contribuirán a crear una cultura del aprendizaje permanente en Europa, fomentarán un enfoque basado en la demanda para reforzar la cooperación con la industria e impulsarán la empleabilidad de los ciudadanos”.

5. En el bloque núm. 9 de este segundo grupo hay un amplio apartado relativo a la reactivación del turismo y al relanzamiento de la hostelería, en el que se recoge una propuesta concreta de alcance laboral y que en buena medida ya ha sido acogida en el RDL 24/2020 con respecto a las y los trabajadores fijos discontinuos: “128. Estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo”. Está por ver, ciertamente qué ocurrirá en el sector a partir del 30 de septiembre y si será necesario, y todo apunta a que así será, mantener medidas que permitan una cierta flexibilidad a las empresas para evitar las extinciones contractuales.

6. El otro gran bloque de medidas sociales, centradas en el ámbito de la protección social, se encuentran recogidas, como ya he indicado, en las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo sobre política social y sistemas de cuidados.

Así, se incluyen el reforzamiento de las políticas de rentas, con especial atención al recientemente aprobado ingreso mínimo vital y la necesidad de sus desarrollo reglamentario y prestar atención a aquellas situaciones que no quedan cubiertas por la nueva norma para tratar de buscar respuestas satisfactorias; igualmente la atención a los sistemas de cuidados pasa por modificar y/o reordenar las políticas públicas que permitan compatibilizar adecuadamente la vida familiar con la laboral, y por supuesto también las políticas laborales deben tender a conseguir ese objetivo, ya plasmado en normativa de la emergencia con el plan “mecuida”, y también con una regulación del trabajo a tiempo parcial y del trabajo a distancia que evite cualquier tipo de discriminación por razón de género aun cuando fuer bajo la apariencia de una norma neutral.

Por fin, hay una mínima referencia a la política en materia de pensiones, si bien es claro el deseo de que la comisión existente en el Congreso puede alcanzar una propuesta unánime de cara a las medidas a adoptar en el inmediato futuro para garantizar la viabilidad del sistema público, que no olvidemos que estamos hablando de un derecho constitucional.

Algunas de las recomendaciones aprobadas en este grupo son las siguientes:

“1. Derechos sociales

1.1. Afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como a reforzarlos mediante el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos, que también debe extenderse a fortalecer y desarrollar los servicios sociales.

1.2. Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.

2. Renta básica y garantías de rentas

2.1. Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso, teniendo en cuenta los mecanismos de estímulo de empleo ya vigentes en las comunidades autónomas, para asegurar una coherencia con los mismos, y la eficacia de este ingreso en su función de inserción social.

2.2. Acordar con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la articulación de un modelo acorde con los requerimientos del nuevo sistema productivo, muy alejado de carreras salariales continuas, para que a través de itinerarios personalizados y de acciones de mejora de la empleabilidad, se instituya en instrumento de oportunidad para la incorporación al mercado laboral.

2.3. Explorar en el marco del diálogo social la mejora del sistema de protección por desempleo, garantizando su viabilidad presupuestaria.

2.4. Analizar con los agentes sociales y las administraciones afectadas por su aplicación la actualización del IPREM, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.

2.5 (Nueva) Financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social por la cuantía necesaria para la concesión de las correspondientes prestaciones.

3. Brecha laboral por cuestiones de género

3.1. Orientar, en el marco del diálogo social, las políticas de empleo a la eliminación de la brecha de género en el empleo y la ocupación y, en consecuencia, la brecha salarial.

3.1.1. Se promoverá un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

6. Corresponsabilidad y conciliación

6.1. Elaborar, en el marco del diálogo social, una propuesta de “tiempo de trabajo corresponsable”, que deberá incluir una reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género.

Con dicha finalidad:

6.1.1. Se situará la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación.

6.1.2. Se analizará la normativa laboral con el fin de evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado, por ejemplo, en la determinación de los tiempos de trabajo y de permisos y que pudieran implicar el abandono de la actividad laboral.

6.2. Elaborar, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, derecho a la formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora con garantía para el empresario y la prevención de riesgos laborales.

8. Juventud/emancipación.

8.1. Renovar y mejorar el programa de Garantía Juvenil, incluyendo la perspectiva de género, no poniendo el foco en la persona demandante de empleo y en sus competencias, sino también en la protección del puesto de trabajo (estabilidad, derechos laborales...), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.

8.2. Elaborar el “Estatuto del Becario”, con revisión de los contratos formativos para asegurar que su uso responde a finalidades exclusivamente formativas y mejorar sus condiciones laborales, incluidas las retributivas, con la finalidad, entre otras, de limitar el encadenamiento de períodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas.

9. Pensiones.

9.1. Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y buscar la generación de consensos para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones, para asumir los retos de un futuro inmediato y asegurar prestaciones suficientes y una acción protectora capaz de dar cobertura a las realidades sociales emergentes.

9.2. Elaborar un informe sobre la adecuación de la normativa de Seguridad Social a la actividad de colectivos que presentan particularidades en su actividad y valorar si es preciso ajustarla a las circunstancias derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.

6. Por último, en las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la Unión Europea encontramos también algunas referencias concretas a las medidas en las que  las autoridades comunitarias deberían trabajar y las autoridades españolas contribuir a ello con sus propuestas. En sintonía con las propuestas antes referenciadas en materia de educación y formación, se propone (y no es la primera vez que aparece en el debate político y social) la creación de una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje de la persona trabajadora durante toda su vida laboral. Igualmente, no son nuevas, pero nunca está de más insistir en ellas, las propuesta de desarrollo de las medidas contenidas en el pilar europeo de derecho sociales   para que la política social no sea solo un subproducto de la política económica y monetaria.

El texto de las recomendaciones que creo importante reproducir es el siguiente:

“4. quater (nueva). Apostar por la formación como clave de la recuperación y la necesidad de formar personas en nuevas habilidades y competencias adaptadas a la economía circular. Crear una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje a lo largo de toda la vida profesional que conecte conocimiento, preparación y experiencia de las personas con las nuevas canteras de empleo. 

 13. Desarrollar el pilar social de la Unión Europea como una de sus prioridades básicas en pie de igualdad con los pilares económico y monetario, impulsando el empleo juvenil, el seguro europeo de desempleo, el salario mínimo interprofesional europeo, un instrumento europeo sobre Ingreso Mínimo Vital o una Estrategia Europea de Combate contra la Pobreza y para la Igualdad de Género, reforzando la Garantía Juvenil y poniendo en marcha una Garantía Infantil.

La Unión Europea post COVID-19 debe incluir entre sus prioridades un auténtico pilar social. La estrategia de salida y recuperación europea debe contemplar como meta el desarrollo social, sus derechos y deberes”.

Buena lectura.