1. Es objeto de
comentario en esta entrada del blog la sentencia dictada por la
Sala de lo Social el 10 de diciembre, de la que fue ponente el magistrado
Ignacio García-Perrote, también integrada por los magistrados Ángel Blasco,
Juan Martínez y Rafael A. López, y la magistrada Concepción Rosario Ureste.
La resolución
judicial desestima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el
Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el recurso de casación interpuesto
por la comisión representativa de personas trabajadoras (comisión híbrida) en
un procedimiento de despido colectivo, y por el sindicato CGT, contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional el 21 de enero, de la que fue ponente el magistrado Ramón
Gallo.
El resumen oficial
de la sentencia del alto tribunal, que ya permite tener un buen conocimiento
del conflicto y del fallo, es el siguiente:
“Stuart Delivery, SL, y Stuart Urban, SL. Despido colectivo.
Es correcta la inadecuación de procedimiento apreciada por la sentencia
recurrida respecto de quienes tenían suscrito un contrato mercantil de
trabajador autónomo (motivo primero del recurso). No se quebrantaron las formas
esenciales del juicio por la admisión de la prueba propuesta por las partes
demandadas (motivo segundo). No se estiman las peticiones de revisión fáctica
solicitadas (motivo tercero). No se estiman las infracciones de norma
denunciadas (artículos 1.2 y 51 ET; artículo 7.1 y DA sexta RD 1483/2012;
artículos 122 y 124 LRJS) (motivo cuarto). De acuerdo con el Ministerio Fiscal,
se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida”.
El mucho más
escueto, y descriptivo de la sentencia de la AN es este: “Despido colectivo.
Grupo de empresas. Deberes de información y documentación. Fraude de ley.
El conflicto que
llegaría a la vía judicial laboral, con la presentación de demanda ante la AN,
mereció un amplio seguimiento en los medios de comunicación y redes sociales.
Remito a las personas interesadas a la lectura, entre otros, de estos
artículos:
- Blanca Gispert (La Vanguardia, 15 de abril de 2024) “Stuart abandona España y anuncia un ERE aunos 200 trabajadores”
- Andoni Bernà (Metrópoli abierta, 10 de junio de 2024) “El ERE de Stuart en Barcelona se encarniza: los sindicatos amenazan con la vía judicial”
- Gabriel Ubieto (El Periódico de Catalunya, 21 de junio de 2024) “Stuart cierra sin acuerdo suERE y los 400 despedidos irán a la Audiencia Nacional”
2. Se trata, pues,
en principio, de un nuevo litigio en procedimiento de impugnación de despido
colectivo, temática que mereció muy ampliamente mi atención en este blog
durante varios años posteriores a la aprobación de la reforma laboral del
gobierno del Partido Popular en 2012, en concreto la modificación del art. 51
de la Ley del Estatuto de los trabajadores, operada primero por el Real
Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero y después por la Ley 3/2012 de 6 julio, y
el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre mediante el que se aprobaba el
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de
contratos y reducción de jornada.
En concreto desde
la primera sentencia dictada tras dicha reforma por la Sala Social del TS, el
20 de marzo de 2013, hasta la que fue dictada el 13 de mayo de 2019, procedí al
examen y análisis de un total de 188 sentencias del alto tribunal, si bien conviene
precisar que 33 sentencias eran sustancialmente idénticas, las referidas a los
despidos colectivos de los agentes locales de promoción de empleo que prestaban
sus servicios en consorcios de diferentes uniones territoriales de empleo,
desarrollo local y tecnológico de Andalucía, y por ello el comentario realizado
de una de ellas era plenamente válido para todas las demás.
Con posterioridad,
he seguido prestando atención, aunque con mucho menor intensidad a los casos
llegados ante el TS, tal como he podido comprobar en una búsqueda por “despidos
colectivos” en el blog; sin olvidar que he prestado siempre especial atención a
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de
julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros que se refieren a los despidos colectivos, que ha tenido especial
afectación al marco normativo español por las sentencias dictadas tras las
peticiones de decisión prejudicial planteadas por órganos jurisdiccionales
nacionales.
Del TJUE baste citar la última entrada que he publicado sobre una de sus sentencias, titulada “UE. Despidos colectivos. Sobre la intervención de la autoridad laboral, el obligado respeto del período de notificación previo a los despidos, y la facilitación de la información necesaria para aquella. Notas a la sentencia del TJUE de 30 de octubre de 2025 (asunto C-402/24), en relación con la sentencia de la misma fecha, asunto C-134/24” . Del TS, la entrada que llevaba por título “Subrogación empresarial. No validez del despido colectivo formalizado con anterioridad por la empresa cedente. Notas a la sentencia del TS de 5 de marzo de 2025”
3. Vuelvo ahora
sobre la problemática del despido colectivo por la reciente publicación en
CENDOJ de la sentencia del alto tribunal citada en el título de la presente
entrada, que confirma la dictada en instancia por la AN, y más concretamente
porque hay un debate muy interesante sobre la necesidad de que el despido
colectivo afectara también a los trabajadores autónomos, tesis de la parte
social por entender, dicho sea en términos de síntesis, que se estaba en
presencia de trabajadores por cuenta ajena, o no fuera así, tesis de la parte
empresarial que justificaba la incorporación de aquellos a la tramitación del
despido colectivo únicamente a los efectos de que les fuera de aplicación la
indemnización que pudiera abonarse a los trabajadores por cuenta ajena.
Obviamente, si se
repara en que la sentencia de la AN tiene 37 páginas en CENDOJ, de las que 26
son los antecedentes de hecho y los hechos probados, y la del TS 33, con 11 y
12 páginas de fundamentación jurídica respectivamente, ya puede constatarse la
complejidad del litigio, con una amplísima y detallada demanda en instancia y
no menos amplísimo y detallado recurso de casación por la parte trabajadora,
aunque todas sus tesis fueran desestimadas tanto por la AN como por el TS,
recibiendo de este último una educada, pero no por ello menos clara, crítica, a
la extensión del recurso, 115 páginas, subrayando que su presentación fue
efectuada antes del “Acuerdo de 8 de abril de 2025, de la Comisión Permanentedel Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2025, sobre extensión
máxima y condiciones extrínsecas de los escritos de formalización o
interposición y de impugnación de los recursos de casación dirigidos a la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo. , publicado en el
BOE del día 29, y en el que se disponía, respecto a la extensión máxima que
“Los escritos de
formalización, interposición o impugnación de los recursos de casación y de
casación para la unificación de doctrina tendrán una extensión máxima de 50.000
“caracteres con espacio”, equivalente a 25 folios o páginas de tamaño A-4.
Esta extensión
máxima incluye cualquier tipo de contenido que los escritos procesales pudieren
incorporar.
Al final del
correspondiente escrito, uno de sus firmantes deberá certificar el número de
caracteres que contiene. En su caso, deberá justificar la superación de la
extensión máxima prevista cuando concurran circunstancias especiales y
singulares de carácter excepcional, debidamente reseñadas”.
Dada la complejidad del litigio, la sentencia dictada por la AN mereció su consideración como una de las más relevantes dictadas durante el año recién finalizado en el resumen efectuado por un importante bufete de profesionales dela abogacía , y también se destacó su importancia por el despacho que asumió la representación y defensade la parte empresarial
4. La demanda fue
presentada el 4 de julio de 2024, fijándose la fecha de juicio el 5 de
noviembre, ratificándose la representación letrada de la comisión híbrida en
las pretensiones formuladas en aquella (véase antecedente de hecho tercero de
la sentencia de la AN), por infracciones tanto sustantivas o de fondo como
formales en la tramitación del procedimiento de despido, incluida la
comunicación final.
Remitiendo a todas
las personas interesadas a la lectura íntegra de las muy detalladas
pretensiones, solamente reproduzco aquella sobre la que giraría, a mi parecer,
gran parte del litigio en sede judicial y cuya desestimación serían
fundamental, también a mi parecer, para llegar a la no aceptación de otras
pretensiones formuladas en la demanda, primeramente, y en el recurso de
casación después, si bien me referiré a todas ellas cuando examine la
fundamentación jurídica de las sentencias de ambos tribunales.
“I).- Con carácter
principal, se declare la NULIDAD del despido colectivo notificado a esta parte
demandante en fecha 17.06.2024, con todas las consecuencias de condena
inherentes a tal declaración, incluyendo en su número:
I.a) La condena a
la inmediata readmisión en el mismo puesto de trabajo que ocupaban con
anterioridad a su despido, de todas las personas trabajadoras afectadas por el
despido colectivo impugnado, incluyendo en su número tanto a las 152 personas
trabajadoras adscritas formalmente a la plantilla de STUART URBAN, S.L. y a las
92 personas trabajadoras adscritas formalmente a la plantilla laboral
reconocida de STUART DELIVERY, S.L.-colectivos ambos incluidos en la relación
de personal afectado obrante a la comunicación de la decisión final de despido
colectivo librada el pasado 17.06.2024 como, también, al colectivo de 164
personas trabajadoras-riders o repartidores- que, obrantes al Anexo 8 -aunque
por error se identificó inicialmente como 9- que fue librado a esta parte
demandante el pasado 16 de mayo de 2024, han visto extinguidos sus contratos de
trabajo en consecuencia del despido colectivo que impugnamos aun cuando las
demandadas les han excluido, contra derecho, de la formal relación de afectados
al negarles la condición de trabajadores por cuenta ajena; todo ello de
conformidad con lo previsto al efecto en los artículos 113, 123, apartados 2 y
3; y 124.11 de la LRJS y normativa concordante”.
En cuanto a los
muy amplios hechos probados, hay algunos que sí deseo destacar por la
importancia que tendrán para la posterior fundamentación de la sentencia de la
AN, y en el conocimiento del recurso de casación por el TS, para desestimar las
pretensiones de las demandantes.
PRIMERO (segundo
párrafo): “STUART DELIVERY, S.L. desarrolla servicios de reparto bien a través
de repartidores que han sido dados de alta de oficio como consecuencia de
distintas inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo o a través
de repartidores que mantienen una relación totalmente mercantil. Hay 164
repartidores autónomos cuyo último servicio se produjo al menos después del 1
de marzo de 2024.- Memoria e Informe Técnico”.
VIGÉSIMOQUINTO.-Damos
por reproducida las actas de encuadramiento obrante en el descriptor 315 y 316b
relativa al encuadramiento como trabajadores por cuenta ajena de determinados
trabajadores de STUARTDELIBERY S.L. y STUART URBAN S.L. a las que la ITSS de
Cataluña considera como Grupo Laboral de empresas.
VIGÉSIMOSEXTO.-Obra
en descriptor 317 la Sentencia 447/2023 de fecha 28-12-2023 del Juzgado de lo
Social número 18 de los de Barcelona en la que se estima la demanda de oficio
interpuesta por la TGSS contra STUARTDELIBERY, S.L. y los trabajadores que allí
se relacionan , en la que se confirma EL ACTA DE LIQUIDACION emitida por la
ITSS y se declara que la relación entre las partes es laboral.
VIGÉSIMOSÉPTIMO.-Damos
por reproducida la Sentencia dictada en el Juzgado de lo Social número 30 delos
de Madrid en sus autos 224/2021 sobre procedimiento de oficio seguido a
instancias de la TGSS contra STUART DELIBERY, S.L. en la que se declara el
carácter laboral de la relación que une a la empresa y a los trabajadores que
en la misma se relacionan.- descriptor 319-. Dicha sentencia fue confirmada por
la STSJ de Madrid de 14-11-2.022- rec 241/2022-.- descriptor 320-, siendo
inadmitido el recurso de casación para unificación de la doctrina interpuesto
contra la misma por Auto de la Sala IV del TS de 13-2-2024- rcud272/2023.- .
VIGÉSIMOCTAVO.-STUART
DELIVERY, S.L. extinguió 22 contratos de trabajo por causas objetivas en Barcelona,
3 en fecha 13-6-2023, y 19 en fecha 14- 6-2023)- conforme-.
VIGÉSIMONOVENO.-El
día 15 de abril de 2024 por las empresas STUART DELIVERY, S.L. y STUART URBAN,
S.L. se remitió comunicación a los Comités de Empresa de Barcelona y Madrid de
STUART S.L. y directamente a los empleados de los centros de esta empresa de
Bilbao, Zaragoza y Valencia, al Comité de Empresa de STUARTDELIVERY, S.L. del
centro de trabajo de Barcelona, a los empleados de esta empresa del resto de
centros de trabajo de Madrid, a la Sección sindical de CGT en STUART DELIVERY,
S.L., y a los repartidores de STUARTDELIVERY, S.L. que prestan servicios en la
misma a través de una relación de carácter mercantil en la que se exponía su
intención de promover un procedimiento de despido colectivo en los términos que
allí constan y que damos por reproducidos...
... TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-La sexta de las reuniones
tuvo lugar el día 11 de junio de 2024 extendiéndose acta que obra en el
descriptor 90 que damos por reproducido en la que se vuelve a discutir acerca
del perímetro del despido colectivo y la empresa formula una nueva propuesta de
acuerdo contemplando una indemnización de40 días por año de servicio,
incluyendo igualmente a los repartidores autónomos”.
5. La sentencia de
la AN debió pronunciarse en primer lugar sobre diversas excepciones procesales
formales alegadas por las empresas codemandadas. La primera fue la de falta de
legitimación activa de la CGT para promover el conflicto, por tener únicamente
representación unitaria en un centro de trabajo en Barcelona. La Sala, tras
recordar los preceptos legales aplicables, se basará en la sentencia del TS de 20 de julio de 2016, de la que fue
ponente el magistrado Ángel Blasco (resumen oficial: “Despido colectivo.
Panrico SAU. No nulidad por vulneración del derecho de huelga. Legitimación de
CGT. Negociación de buena fe, proporcionalidad y justificación de la medida.
Posibilidad de fraccionar la indemnización cuando se acuerda colectivamente”),
para su desestimación, concluyendo tras todo el examen de la jurisprudencia y
normativa aplicable que “Reconociéndose por parte de las propias demandadas que
el sindicato CGT cuenta con fuerte representación en al menos uno de los
centros afectados por el despido colectivo que se impugna y en todo caso
superior al 2 por ciento que se admitió como suficiente en la citada STS de
20-7-2.016 procede desestimar la excepción”.
La citada
sentencia del TS fue objeto de muy detallada atención por mi parte en la
entrada (dividida en cuatro partes) “Despido colectivo. Examen de la importante
sentencia del TS de 20 de julio de 2016, (caso Panrico), con voto particular
discrepante de cuatro magistrados, y obligado recordatorio previo de la
sentencia dictada por la AN el 16 de mayo de 2014” , de la que
reproduzco los fragmentos que afectan directamente a la excepción procesal
alegada por la parte empresarial:
Audiencia Nacional
“... B) CGT carece
de legitimación activa para impugnar el despido colectivo por falta de
“implantación suficiente”. La Sala acepta la alegación procesal de la parte
demandada, a partir de las pruebas practicadas y la constatación de que dicho
sindicato tiene un 1,92 % de representatividad en el total de centros de
trabajo, más concretamente dos delegados del total de 104 existentes. Dado que
la impugnación se ha formulado por una representación sindical, posibilidad
expresamente permitida por el art. 124.1 de la LRJS y que la vincula a que esta
deberá tener “implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo”, la
Sala se plantea si el sindicato impugnante dispone de dicha implantación
suficiente, concepto jurídicamente diferente del recogido en el proceso de
conflicto colectivo de los arts. 153 y siguientes de la LRJS, que atribuye
legitimación para la interposición de conflicto colectivo a los sindicatos
“cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del
conflicto”.
La Sala, en
presunción que no considero descabellada, de que puedan plantearse nuevos
conflictos relativos a esta empresa (Nota a 9 de agosto de 2016: el tiempo ha
confirmado este presagio), fija aquello que considera “implantación suficiente”
para que un sindicato presente en la empresa pueda accionar al amparo del art.
124.1 de la LRJS, con la finalidad de “establecer unos criterios con voluntad
de permanencia y seguridad jurídica”. ¿En qué consiste la decisión de la Sala?:
que la implantación suficiente es, como mínimo, el 7,69 % del total de
representantes unitarios electos (si el despido afecta a toda la plantilla), ya
que ese “es el porcentaje necesario para poder ocupar uno de los 13 puestos de
la comisión negociadora”. En la medida que CGT no lo cumple no dispone de
legitimación para poder impugnar el acuerdo. Auguro, y no es nada difícil
hacerlo, la presentación de recurso de casación por la CGT y la defensa de su
legitimación por tener implantación, todo lo limitada que se quiera pero
implantación al fin y al cabo, en la empresa y por tratarse, en especial, de
uno organización cuyo ámbito de actuación (estatal) se corresponde con el del
conflicto...
Tribunal Supremo
La Sala procederá
en primer lugar a resolver la alegación de vulneración de la legitimación
activa de la CGT, posteriormente las revisiones fácticas solicitadas por el
mismo sindicato y por la empresa, más adelante las alegaciones sustantivas o de
fondo formuladas por las organizaciones sindicales, y finalmente las
alegaciones sustantivas o de fondo presentadas por la empresa.
... Iniciemos pues
el análisis de la sentencia del TS, cuyo fundamento de derecho segundo versa
sobre la alegada vulneración por parte cegetista de sus derechos fundamentales
a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical por no reconocerle la AN
legitimación activa para impugnar los despidos.
Entiende el
sindicato recurrente que ello conlleva la vulneración del art. 124.1 de la LRJS
y que la interpretación de la AN sobre los requisitos, más exactamente los
porcentajes, que un sindicato debe cumplir para estar legitimado activamente en
un conflicto como el que ahora nos ocupa (implantación suficiente y acreditar
interés directo en el caso) no es conforme a derecho.
La Sala aceptará
la tesis sindical citando el parecer, en primer lugar, de la “doctrina
científica”, y después de la propia jurisprudencia de la Sala, refiriéndose a
la legitimación de las secciones sindicales para interponer conflictos, por una
parte, y a la actitud “proactiva” de legislador, en un línea contraria a la de
la AN, para posibilitar la intervención procesal de los sindicatos cuando están
en juego intereses colectivos, acudiendo a la doctrina de la Sala contenida,
entre otras, en las sentencias de 28 de enero y 23 de febrero de 2015. Para la
Sala, aceptar la tesis de la AN no es posible con carácter general, ya que
supondría “una prohibición de que otros sindicatos no partícipes de las
consultas pero con implantación en el ámbito del conflicto colectivo pudieran
personarse, bien como demandantes bien como demandados, en los procesos de
despidos colectivos” (la negrita es mía)
Los datos que para
la AN reflejaban la falta de implantación suficiente en el ámbito del conflicto
son, al contrario, válidos para la Sala para justificar la existencia de
legitimación activa del sindicato cegetista y deben permitir aplicar el
principio pro actione para posibilitar la participación en el proceso. De
seguir este criterio, y lógicamente parece que así será, aquellas sentencias de
la AN y de TSJ que hayan utilizado el criterio de la AN son “favoritas” a su
anulación si se plantea una demanda en parecidos términos a la ahora examinada,
aun cuando en el caso concreto actual no tiene mayor relevancia que la de examinar el recurso interpuesto por
la parte, ya que, tal como se deduce de todas las actuaciones practicadas en
instancia y confirma el TS, “hasta la sentencia recurrida, el mencionado
sindicato actuó procesalmente sin traba
ni limitación alguna, habiendo formulado alegaciones, propuesto y practicada
prueba y formulado conclusiones que han sido valoradas por la Sala
sentenciadora dada su sustancial identidad con las formuladas por el otro
demandante”, así como también “porque nada pide el recurrente en relación a
posibles consecuencias retroactivas de la estimación de este motivo en el
recurso”.
6. En segundo
término, las empresas que promovieron el despido colectivo , es decir las
citadas en el título de este artículo, alegaron inadecuación de procedimiento,
por considerar, con apoyo en la sentencia del TS de 30 de noviembre de 2022, de la que
fue ponente el magistrado Ignacio García-Perrote (resumen oficial: “Universidad
de Madrid. Estudiantes de prácticas académicas extracurriculares y supuesto
despido colectivo de hecho. Se confirma la inadecuación de la modalidad
procesal de despido colectivo del artículo 124 LRJS apreciada por la sentencia
recurrida”), que la modalidad procesal de impugnación de despido colectivo “no resulta
idónea a fin de determinar si las relaciones que mantenía la empresa con los
trabajadores formalmente contratados como trabajadores autónomos tenían o no
carácter laboral, lo que deberá determinarse en las correspondientes demandas
individuales o plurales que los referidos trabajadores autónomos puedan interponer,
en su caso”.
Será este, como ya
he indicado, un punto central de todo el debate, tanto en instancia como muy
especialmente en casación, apreciando la AN la excepción alegada, partiendo de
los hechos probados 24 y ss, ya que a su parecer “no cabe efectuar un
pronunciamiento de carácter general con relación a la totalidad de los
trabajadores autónomos cuyos vínculos con la empresa se extinguieron el día 18
de junio de 2024 y ello por cuanto que la prueba practicada y que refieren los
citados ordinales no acredita que todos y cada uno de los trabajadores hubieran
suscrito con la empresa un mismo contrato de adhesión, ni que los mismos presten
servicios de forma homogénea. En este sentido, no cabe extender el contenido de
las sentencias dictadas a las que se hace referencia, no siendo ninguna de
conflicto colectivo, a terceras personas que no fueron parte en dichos
procedimientos. Por ello, apreciaremos la excepción de inadecuación de
procedimiento, sin perjuicio, del derecho de todos y cada uno de los
trabajadores autónomos cuya relación se extinguió en fecha 18 de junio de 2024
a defender el carácter laboral de su relación contractual con las demandas en
los procedimientos individuales o colectivos que tengan por conveniente”.
7. La AN apreciará
igualmente la falta de legitimación pasiva alegada por todas las empresas
codemandadas junto con las que procedieron al despido colectivo, al concluir
que no tenían la condición de empleadoras de las y los trabajadores afectados,
rechazando (véase fundamento de derecho quinto) las tesis de la parte actora de
ser necesaria su presencia en la litis y su eventual responsabilidad “por una
doble razón:
a.- respecto de
las empresas del Grupo Stuart, por cuanto que se considera que conforman un
grupo laboral de empresas con responsabilidad solidaria;
b.- respecto de
las intervinientes en la compraventa de dicho grupo entre Lapost y Mutares por
cuanto que se considera que la compraventa fue efectuada en fraude de ley”.
La AN llegará a
tal conclusión tras desestimar la existencia de grupo de empresas a efectos laborales, con amplia mención a la
sentencia del TS de 22 de marzo de 2022, de la que fue
ponente el magistrado Sebastián Moralo (resumen oficial: “ABENGOA. Grupo
patológico de empresas. No concurre. Falta de idoneidad a efectos de
contradicción de la sentencia de contraste, de esta Sala, propuesta para el
segundo motivo por ser desestimatoria por falta de contradicción”), y sostener
que “... con independencia de que puedan existir políticas comunes o servicios
comunes a todas las empresas del grupo no se atisba indicio alguno de
ocultación o fraude tendente a perjudicar los derechos de los trabajadores...”,
para más adelante, tras el examen de todas las circunstancia del caso, afirmar
que “... La aplicación de la anterior doctrina a los apartados de la
resultancia fáctica a los que hemos hecho arriba referencia nos ha de conducir
a afirmar que la denuncia de un fraude de ley que acarree la nulidad del
despido colectivo que se impugna resulta cuanto menos gratuita y de todo punto
carente de solvencia jurídica alguna”.
Un muy amplio estudio de esta temática se llevó a cabo en su momento en la tesis doctoral de Adriana Moscardó “El procedimiento de despido colectivo. su aplicación en el ámbito privado” , dirigida por el profesor Guillermo Rodríguez, cuyo tribunal de evaluación tuve la oportunidad de presidir. Por mi parte, me permito remitir a una de las primeras entradas en las que abordé esta temática, “Grupo de empresas a efectos laborales: no (TSJ), sí (AN), no (TS),… y al final los trabajadores pierden sus puestos de trabajo. Notas a la sentencia del TS de 21 de mayo de 2014”
8. Tras las
respuestas dadas a todas las excepciones procesales formales alegadas, la Sala
entra en el conocimiento de las alegaciones sustantivas o de fondo, dando a
todas ellas respuesta desestimatoria, y que examino con brevedad a
continuación.
Sobre la alegada
insuficiencia de la comunicación formal del despido, notificada la comisión
representativa (comisión híbrida) de las y los trabajadores, tras un nuevo
repaso de la normativa aplicable y de la jurisprudencia del TS al respecto,
concluye que de ambas “... no cabe inferir como se efectúa por parte de los
actores que la comunicación final deba reproducir aquellos extremos que de la
comunicación de inicio del periodo de consultas se predican en el art.3.1 que
no se hayan alterado, sino que simplemente debe hacer referencia a aquellos
extremos del mismo que tras el desarrollo del periodo de consultas se hayan
alterado, sentido este que debe darse a la expresión "actualizando"
que se contiene en el primero de los apartados del art. 12 del RD 1483/2012 -
en este sentido, la segunda de las acepciones que el diccionario de la RAE
señala para el verbo actualizar: "Poner al día datos, normas, precios,
rentas, salarios, etc.", indicando que son sinónimos del mismo:"
renovar, modernizar, rejuvenecer, revisar.", siendo pues la mera revisión
de los datos lo que ha de contener la comunicación final”, precisando además
que “... carece de cualquier consistencia la referencia contenida en la demanda
a que supuestamente las causas económicas, productivas y organizativas en las
que descansa la decisión extintiva patronal varíen respecto de la comunicación
inicial, en el informe técnico y en la memoria, pues, lo único que varía en
unos documentos y en otros es la extensión con que las mismas son descritas,
patentizándose con claridad cuáles son las referidas causas”.
9. Se aborda a
continuación la alegación por la parte actora de no haberse respetado el
período de seis meses al que se refiere la disposición adicional sexta del RD
1483/2012, introducida por el RD 608/2023 de 11 de julio, por el que se
desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Para
la Sala, al objeto de desestimar la petición de nulidad, la ausencia de la
notificación a la autoridad laboral en tiempo y forma a la que se refiere la citada
DA, “en modo alguno se contempla como causa de nulidad del despido colectivo,
pues no se contiene referencia alguna a dicha circunstancia en el art.124.11
como causa de nulidad del despido colectivo, y ello, sin perjuicio, de las
responsabilidades en las que pueda incurrir la empresa frente a la Autoridad
Laboral por la omisión de la misma”.
Cabe indicar que
contra este RD se interpuso recurso de casación por la CEOE, al que se referirá
la sentencia del TS, siendo la resolución del alto tribunal objeto de mi
atención en la entrada “Protección reforzada (seis meses de comunicación previa
en caso de cierre de centros de trabajo) contra posibles despidos colectivos.
El TS (C-A) desestima el recurso de la CEOE. Notas a la sentencia de 14 de
octubre de 2024 (y recordatorio de la dictada el 22 de abril)” , del que
reproduzco un fragmento:
“Ante la alegación
de la recurrente de estar ante una modificación del procedimiento de despido
regulado en el art. 51 de la LET y los arts. 1 a 6 del RD 1483/2012 que se ha
efectuado según la recurrente, “con vulneración del principio de jerarquía
normativa y sin tener cobertura legal”, la Sala rechaza que exista vicio de
nulidad. Se trata ciertamente de una obligación que se impone a las empresas en
determinados supuestos relacionados con un posible y futuro despido colectivo,
pero no modifica en modo alguno aquel procedimiento, y subrayando que cuando se
realiza una modificación se indica expresamente, poniendo como ejemplo el
apartado uno de la misma disposición final tercera, que añade un apartado 4 al
art. 10 del RD 1438/2012. No hay modificación, ya que en modo alguno se
introduce un trámite coercitivo, sino que “introduce una actuación previa para
supuestos especialmente graves a los que pueda verse abocada como consecuencia
de la coyuntura social y económica, referidos a la posibilidad de que la empresa
tenga que proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, y no cualquier
cierre, sino aquél que suponga el cese definitivo de la actividad y el despido
de cincuenta o más personas trabajadoras. Dando la vuelta al argumento
empresarial, y en la misma línea se manifestaron las organizaciones sindicales
recurridas en sus escritos de impugnación del recurso, el texto impugnado “es
claramente un mecanismo favorable para la empresa y no restrictivo de su
actividad”.
10. Sobre la
alegación ulterior de nulidad del despido colectivo por haber incumplido la
parte empresarial sus obligaciones de información sobre determinadas peticiones
efectuadas por la representación de la parte trabajadora, la desestimación se
basará nuevamente en la jurisprudencia del TS al respecto, que diferencia entre
la información que es necesaria para el correcto desarrollo del período de
consultas y aquella de la que no puede predicarse tal consideración , con una
amplia transcripción de la sentencia de 17 de julio de 2024, de la que fue ponente
el magistrado Sebastián Moralo (resumen oficial: “Suspensión colectiva de
contratos de trabajo: se reclama la nulidad de expediente presentado (ERTE) se
deje sin efecto alguno, o subsidiariamente, que se declare la medida
injustificada con las consecuencias legales que procedan”), para concluir que “las
múltiples peticiones de información y documentación que se efectuaron en el
periodo de consultas, lejos de tener objeto la consecución de un acuerdo que
resultase beneficioso para los trabajadores afectados se encontraba destinada a
justificar los distintos motivos de impugnación de una eventual demandada de
impugnación de despido colectivo”.
Para un examen detallado de tales obligaciones, y las consecuencias de su incumplimiento, remito a la entrada “Despidos colectivos. Nulidad por falta de información y documentación y por mala fe negocial. EL TS, en sentencia de 2 de noviembre de 2021 confirma la de la AN de 30 de noviembre de 2020 (caso Arcerlormittal)”
11. Es igualmente
rechazada por la AN la alegación de la parte actora de “mala fe patronal”
durante el período de consultas y que la fundamenta en “a.- la exclusión por
parte de la empresa del ámbito del despido colectivo de los repartidores
autónomos que extinguieron su contrato en fecha de 30 de junio de 2024, a la
par que intentó introducir en la negociación las condiciones de su salida; b.-
la ocultación de la existencia de 288 millones de euros a su disposición para
hacer frente al despido colectivo, aduciendo escasez de tesorería”.
Remitiéndose una vez a la jurisprudencia del TS, rechaza tales alegaciones,
haciendo expresa referencia en su fundamentación, y lo subrayo para enlazarlo
con la exposición anterior sobre si estamos en presencia o no de trabajadores
autónomos, a que “desarrollo
del periodo de consultas que aparece reflejado en los ordinales trigésimo
primero a trigésimo noveno del relato histórico de la presente resolución se
deduce con claridad es que a lo largo del mismo por parte de las empresas se
han efectuado sucesivas ofertas extintivas en las que se reconocen
indemnizaciones tanto en favor de los trabajadores afectados, como incluso de
los repartidores autónomos bastante superiores a las que corresponderían a un
despido improcedente, regularizando la situación de estos últimos con la
seguridad social, la respuesta por parte de la CRT siempre ha sido negativa
bien directamente, bien remitiéndose a lo acordado en asambleas de
trabajadores.
El hecho de que se
haya intentado por las empresas abordar la situación de los repartidores con
contrato mercantil con las promoventes del despido colectivo, resultando
controvertida la naturaleza jurídica del vínculo, no es signo de mala fe
contractual, sino que, antes al contrario, supone dar una solución pactada a un
conflicto subyacente en la empresa”.
Sobre esta temática, remito a la entrada “Despidos colectivos. Sobre la buena fe negocial. Posibles diferencias entre las alegaciones en el período de consultas y el contenido de la demanda. Notas a las sentencias de la AN de 23 de septiembre de 2016 y del TS de 8 de noviembre de 2017”
12. En cuanto a la
pretensión principal de declaración de nulidad, y subsidiaria de improcedencia,
de los despidos efectuados, y que se sustentan en argumentos ya expuestos con
anterioridad, la Sala las rechaza y se reitera en sus tesis anteriores.
13. Contra la
sentencia de instancia se interpuso recurso de casación por la Comisión híbrida
y por la CGT, cuyas pretensiones son literalmente reproducidas en el fundamento
de derecho segundo de la sentencia del TS y que sustancialmente las mismas que
se plantearon en la demanda ante la AN, si bien añadiendo aquellas pretensiones
que considera de necesario cumplimiento si se estimara la principal de nulidad
de la sentencia de instancia, siendo dos de ellas las siguientes:
“2) Con carácter
subsidiario, previa estimación del Motivo de Casación PRIMERO del presente
Recurso, case y anule la Sentencia recurrida, retrotrayendo las actuaciones al
momento inmediatamente anterior al del dictado de Sentencia para que la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional, con plena libertad de criterio pero
desestimando la excepción procesal de inadecuación de procedimiento deducida en
el plenario del acto de juicio por la parte demandada, resuelva la cuestión
prejudicial interna atinente a la determinación de la naturaleza laboral de los
contratos que vinculan a los 164 REPARTIDORES NO ASEGURADOS con las demandadas,
con la consecuente proyección que la resolución de dicha naturaleza laboral
deba significar sobre la calificación jurídica del despido colectivo impugnado
en autos.
3) Con carácter
más subsidiario, previa estimación del Motivo de Casación SEGUNDO del presente
Recurso, case y anule la Sentencia recurrida y, así, ordene la retroacción de
las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de Sentencia para
que la Sala, con plena libertad de criterio pero sin ponderar como pertinente
ningún medio de prueba tendente a acreditar concurrencia de causa extintiva
alguna a resultas dela ausencia de concreción de causa de que adolece la
comunicación de la decisión final de despido colectivo que se impugna, proceda
a calificar jurídicamente dicho despido colectivo”.
El TS entra a
conocer del litigio a partir del fundamento de derecho tercero, titulado “la
inadecuación del procedimiento respecto de los repartidores con contrato
mercantil (motivo primero), un “plato fuerte”, si me permiten la expresión
coloquial, del recurso y de la respuesta al mismo. Al efecto, efectúa
primeramente una síntesis de la fundamentación de la AN, a la que llegó,
recordemos, a partir de la sentencia del TS de 30 de noviembre de 2022,
añadiendo ahora el alto tribunal que dicha sentencia “se apoya en las
anteriores sentencias del Pleno de esta Sala IV 1108/2016, 22 de diciembre 2016
(rec. 10/2016) y 974/2018, 22 de diciembre de 2018 (rec. 67/2018), que remiten,
en efecto, a los procedimientos individuales ante los juzgados de lo social la
cuestión de si los contratos de duración determinada que se extinguían eran
fraudulentos a efectos de computarlos en el cómputo de los umbrales del
artículo 51 ET, rechazando expresamente que ello se pudiera canalizar por la
modalidad procesal del artículo 124 LRJS”.
El TS afirma,
refiriéndose al recurso, que la parte recurrente, que ha formulado el primer
motivo del recurso al amparo del art. 207 b) de la LRJS (incompetencia o
inadecuación de procedimiento) “reconoce honestamente la existencia de las SSTS
1108/2016, 974/2018 y 945/2022. Pero a ellas opone la ya citada STS 62/2020 y algunas
otras sentencias a las que se hará referencia a continuación”. Con carácter
previo a esta cita, el TS ya ha hecho mención a la citada sentencia, si bien no
en los términos que se defienden en el recurso, sino para afirmar que “... reafirma
la doctrina de las SSTS 1108/2016 y 974/2018, pero señala que la cuestión que
tiene que resolver es «distinta» a la examinada en aquellas sentencias, al no
tratarse de «contratos temporales que pudieran ser considerados fraudulentos o
que hubieran finalizado al margen de las previsiones normativas sobre este tipo
de contratos, frente a cuyas calificaciones las partes sostuvieran posturas
diferentes», sino de la extinción de unos contratos realizada al amparo de un
precepto de un determinado convenio colectivo”.
Sobre la sentencia
de 24 de enero de 2020, de la que fue ponente el
magistrado Ángel Blasco (resumen oficial: “Despido Colectivo de hecho. Umbrales
del art. 51 ET: se incluyen los contratos temporales concertados para la
ejecución de una contrata mercantil que finaliza antes de la fecha prevista por
reducción de su volumen (art. 17 CC Contac Center)”, remito a la entrada “AN,
sí, TS no, AN, sí, y al final el TS sentó jurisprudencia. No conformidad a
derecho del art. 17 del convenio colectivo de contact center. El convenio no
puede regular una causa de extinción distinta de las previstas en la normativa
legal. Notas a la sentencia de 24 de enero de 2020” de la que reproduzco un fragmento al que la
sentencia ahora analizada prestará especial atención para diferenciar dicho
caso del ahora examinado:
“La Sala procede a
diferenciar el litigio ahora examinado del que fue objeto de atención en la
polémica sentencia de 22 de diciembre de 2016, de la que fue ponente la
magistrada Lourdes Arastey y que mereció detallada atención por mi parte en la
entrada “Sobre los despidos colectivos de hecho y su protección vía art.
124LRJS. ¿Cambio de rumbo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y regreso
alas demandas individuales? Nota crítica a la sentencia de 22 de diciembre
de2016 (con voto particular discrepante de cinco magistrados y magistradas)” y
sobre la que ya no vuelvo en esta ocasión, acudiendo igualmente en defensa de
su tesis a la sentencia de 22 de noviembre de 2018, de la que fue ponente el
magistrado Sebastián Moralo
Esta
diferenciación queda claramente puesta de manifiesto en el primer párrafo del
fundamento de derecho cuarto, en el que la Sala expone que “Aquí no se trata de
contratos temporales que pudieran ser considerados fraudulentos o que hubieran
finalizado al margen de las previsiones normativas sobre este tipo de
contratos, frente a cuyas calificaciones las partes sostuvieran posturas
diferentes. En el caso aquí examinado los 27 contratos temporales se
extinguieron al amparo del artículo 17 del Convenio Colectivo del Sector de
Contact Center…”, e inmediatamente recuerda que en la sentencia de 4 de abril
de 2019, cuya doctrina reitera y por
tanto crea jurisprudencia, se examinó “un asunto muy similar al que aquí se
ventila., llegando a la conclusión de que las extinciones de contratos
producidas por disminución del volumen de la contrata al amparo del artículo 17
del Convenio Colectivo de Contact Center computan a efectos de establecer el
número de extinciones que determinarán si se sobrepasan o no los umbrales del
artículo 51 ET y, en consecuencia, si estamos en presencia de un despido
colectivo de hecho”.
Sobre la sentencia de 22 de diciembre de 2016, de capital importancia a mi parecer, remito a la entrada “Sobre los despidos colectivos de hecho y su protección vía art. 124 LRJS. ¿Cambio de rumbo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y regreso a las demandas individuales? Nota crítica a la sentencia de 22 de diciembre de 2016 (con voto particular discrepante de cinco magistrados y magistradas)” disponible aquí y aquí
A diferencia del
resto de la fundamentación jurídica de esta sentencia, que sigue en gran medida
a la de la AN, al partir de los hechos probados que permanecerán inalterados,
es en este apartado donde se encuentra un esfuerzo mayor del TS para
fundamentar su tesis contraria a la de la parte recurrente, y lo hace
analizando cada una de las sentencias citadas con anterioridad para poner de
manifiesto cómo se diferencian en las cuestiones tratadas con la ahora
examinada, y todo ello siempre con una finalidad muy clara y que no hace sino
reiterar la importancia que se otorga al contenido de la sentencia de la AN
sobre los trabajadores autónomos.
En efecto, si los
lectores y lectoras prestan su atención al apartado 3 del fundamento de derecho
tercero, comprobarán como en la síntesis de cada sentencia examinada se hace,
de manera directa o indirecta, hincapié en tal diferencia, es decir que ninguna
de ellas puede considerarse válida para sostener la tesis de la recurrente ya
que, además de tratarse en muchas de ellas de procedimientos de conflicto
colectivo y no de convenio colectivo, en la ahora analizada se da una circunstancia
plenamente diferencial con otras, cual es
que “los hechos probados no acreditan que todos y cada uno de los
trabajadores autónomos hubieran suscrito con la empresa un mismo contrato de
adhesión, ni que dichos trabajadores autónomos prestarán servicios de forma homogénea”.
Es por ello que la desestimación del recurso se acompaña de la misma tesis que
la AN respecto a que no puede sostenerse que el despido colectivo sea nulo “porque
no incluya a determinadas personas”, y que además estas tienen derecho, “que en
todo momento salvaguarda la sentencia recurrida” a “.... la reclamación correspondiente
por los procedimientos individual y colectivo que puedan interponer”.
14. El fundamento
de derecho cuarto está dedicado a examinar el motivo segundo del recurso, al
amparo del art. 207 c) LRJS (“Quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que
rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se
haya producido indefensión para la parte”), bajo el rótulo de “la comunicación
de la decisión empresarial de despido colectivo y la admisión de la prueba
propuesta por las partes demandadas”.
Con respecto a la
primera, poca diferencia, si alguna, hay en la tesis del TS con respecto a la de la AN, salvo que se expone con mayor
detenimiento y atención a la normativa aplicable (art. 51.2 LET y art. 12 del
RD 1483/2012).
De la argumentación
del TS destaco que considera la decisión empresarial final “... es más,
especialmente en ausencia de acuerdo en el periodo de consultas, una
comunicación de «condiciones» del despido, antes que de las «causas» de dicho
despido, que se han tenido que comunicar -y entregar la documentación
correspondiente- desde el primer momento del procedimiento”. Por ello, concluye
que fue plenamente correcta la forma como se comunicó la decisión empresarial a
la comisión híbrida, ya que “... consta que en la comunicación de la apertura
del periodo de consultas la empresa expresó las causas que alegaba para el
despido colectivo y que hizo entrega de la correspondiente documentación de
soporte (hecho probado 31). Y consta igualmente la comunicación final (hecho
probado39), que, como afirma la razonada sentencia recurrida, actualiza la
comunicación inicial en los términos del artículo 12.1 del Reglamento de
despido colectivo”.
15. Llegamos al fundamento
de derecho quinto, en el que, bajo el rótulo de “las revisiones del relato
fácticas solicitadas”, se analiza el tercer motivo del recurso, presentado al
amparo del apartado d) del art. 207 LRJS, es decir solicitando la modificación
de hechos probados, con un total de once modificaciones.
Que las tesis de
la recurrente no van a prosperar se intuye claramente desde el principio de la
exposición del TS, al hacer referencia al informe del Ministerio Fiscal y su
tesis, que comparte, de estar ante un recurso que “pretende cambiar
prácticamente la totalidad de la declaración de hechos probados de la sentencia
recurrida, sustituyendo así la valoración objetiva e imparcial del órgano
judicial por la subjetiva valoración de la parte”.
Tras efectuar un
breve recordatorio de su consolidada jurisprudencia sobre los requisitos que
deben darse para que pueda prosperar una modificación, señaladamente que tenga
trascendencia para modificar el fallo de la sentencia recurrida, va concluyendo,
al dar respuesta a cada una de las modificaciones solicitadas, que ninguna
cumple los requisitos requeridos para su estimación, que sintetiza primeramente
en la frase siguiente: “Lo que revelan aquellas modificaciones es la
discrepancia de las partes recurrentes con la valoración probatoria realizada
por la sala de instancia. Y ya hemos recordado que no puede prevalecer la valoración
subjetiva de la parte sobre la objetiva y más imparcial del órgano judicial”,
para añadir inmediatamente a continuación que “... En segundo término, aunque
se llegaran a aceptar algunas de las modificaciones del relato histórico propuestas,
ello no llevaría a alterar el sentido del fallo de la sentencia de aquella sala”.
Me interesa
destacar de la respuesta del TS una nueva referencia efectuada a la inadecuación
de procedimiento respecto de los trabajadores autónomos, cual es la siguiente: “... las
modificaciones propuestas por el recurso en, por ejemplo, las letras A, E), F y
H), además de que no consiguen acreditar que la sentencia errara, no hacen sino
manifestar ese intento de hacer prevalecerla valoración subjetiva e interesada
de la parte sobre la objetiva e imparcial del órgano judicial. Por lo demás, ya
sabemos que la sentencia recurrida estima la inadecuación de procedimiento
respecto de los trabajadores autónomos, sin perjuicio de que puedan defender el
carácter laboral de su relación contractual con las empresas demandadas en los
procedimientos individuales o colectivos que tengan por conveniente. En el
hecho probado 33 consta, por cierto, que los asesores de la comisión
representativa de trabajadores anunciaron una demanda plural respecto de los
trabajadores autónomos”.
16. Pasa a
continuación el alto tribunal a examinar el cuarto motivo del recurso, al
amparo del apartado e) del art. 207 LRJS, es decir la alegada infracción de
normativa y jurisprudencia aplicable, bajo el rótulo de “las infracciones de
normas denunciada”.
El rechazo de las
tesis de la recurrente se intuye, nuevamente, desde el principio de la exposición
de la Sala, al afirmar esta, al dar respuesta a una amplia parte del recurso,
que este “incurre aquí en una rechazable «petición de principio», toda vez que realiza
su razonamiento sobre premisas que no coinciden con la crónica judicial, por lo
que acaba haciendo supuesto de la cuestión...”
Y nuevamente,
vuelve a surgir cómo se abordó por la AN qué trato jurídico debía darse a los
trabajadores autónomos y como era inadecuado el procedimiento de despido colectivo
para entrar a conocer de cuál era realmente su relación contractual con la
empresa, si la citada o bien era la propia de un trabajo asalariado.
El TS hace
completamente suya la tesis de instancia y rechaza que hubiera “mala fe
procesal” por la parte empresarial por haberse negado a reconocer la relación
contractual laboral de los 164 trabajadores autónomos, precisando además que “...
al ser controvertida la naturaleza de la relación de estos repartidores se tuvo
en cuenta su situación en el periodo de consultas, habida cuenta de que su
contrato también se iba a extinguir, razón por la que se les incluyó igualmente
en la indemnización de 40 días por año de servicio (hecho probado 37), pero
precisando en todo momento la empresa que ello no podía interpretarse como un
reconocimiento «ni expreso ni implícito» de laboralidad (hecho probado 29). Y
siempre partiendo de los hechos probados, el TS llegará a la misma conclusión que
la AN de no proceder “... declarar la nulidad del despido colectivo, por mala
fe en el periodo de consultas, por el argumento de que la empresa no ha
reconocido la naturaleza laboral de los contratos de los repartidores con
contrato mercantil. Ni tampoco procede, como sin embargo se nos pide, que
declaremos la naturaleza laboral de la relación de estos repartidores”.
En este bloque de
respuestas a las alegaciones sustantivas o de fondo de la parte recurrente, la
Sala se manifiesta en términos semejantes a la AN cuando da respuesta a “La
denunciada mala fe en el periodo de consultas por ocultar determinada
información (letra B); la rescisión del contrato de Just Eat con Stuart UK
(letra C); el denunciado fraude de ley (letra F); y la alegada falta de
entregade documentación y la negativa a contestar determinadas cuestiones
(letra G)”. Si acaso, creo que interesa resaltar dos contenidos:
En primer lugar,
que “... La
realidad es que resulta verdaderamente difícil calificar de simulación de venta
y de fraudulenta una operación que fue autorizada por el Ministerio de Economía
de Francia (hecho probado 20); que se refiere a una empresa vendedora cuya
matriz es propiedad del Estado francés y a una empresa compradora que cotiza en
la Bolsa de Frankfurt (hechos probados 17 y 20); que contó con el dictamen
favorable de los representantes de los trabajadores de las empresas francesas y
que se puso de manifiesto también al comité de empresa de Barcelona (hecho
probado 18); y que se realizó, en fin, bajo la tutela del Tribunal Mercantil de
París (hecho probado 19)”.
Y en segundo
término, que “... la
calificación jurídica del despido colectivo no depende de aquella compraventa,
sino de si concurren o no las causas esgrimidas para llevarla a cabo y de si no
concurren otras posibles causas de nulidad, distintas de la alegadas en esta
letra B)”.
Poco más hay que
decir sobre aquello que expuso la AN, cuando la Sala debe dar repuesta a la
alegación de la existencia de un grupo laboral de empresas patológico, ya que
esta se remite también a su anterior sentencia de 22 de marzo de 2022 para
rechazar la tesis de la recurrente.
Y tampoco, salvo
la mención más detallada a la sentencia del TS (C-A) de 14 de octubre de 2024, ya
referenciada con anterioridad, a no haber respetado el período previo de seis
meses, subrayando que las empresas demandadas justificaron el retraso en haber
notificado su decisión a la autoridad laboral, y que las sentencias que se citan
en el recurso, del propio TS de 19 de octubre de 2022 , de la que fue ponente el magistrado
Antonio V. Sempere (resumen oficial: “RCUD. Pleno. Despido Objetivo época
pandemia COVID sin causa acreditada; improcedente, no nulo. Inexistencia de
prohibición de despedir y alcance del art. 2º del RDL 9/2020. Las normas de
emergencia aplicables no inciden en la calificación del despido”. y del TJUE de
22 de febrero de 2024 (asunto C-589/22) tengan algo que ver con la cuestión
debatida en el litigio ahora examinado, ya que, en este, lo que se denuncia por
la recurrente “es que la notificación a la autoridad laboral que prevé la
disposición adicional sexta del Reglamento de despido colectivo no se hizo en plazo
y que son falsas las razones que se esgrimieron para no respetarlo dicho plazo,
argumento este último que ya hemos dicho que no puede prosperar”.
Sobre la citada
sentencia del TS remito a la entrada “Un apunte sobre la sentencia del TS de 19
de octubre de 2022 (“Despido objetivo asociado a la pandemia y sin causa
acreditada: improcedente y no nulo”)” , y sobre la del TJUE a la entrada “TJUE. Despido colectivo. Obligatoriedad de
la consulta a la representación del personal antes de la adopción de la
decisión. Las bajas voluntarias incentivadas computan a efectos numéricos para
un despido colectivo. Notas a la sentencia de 22 de febrero de 2024 (asunto
C-589/22”)
17. Parece, si me
permiten la expresión, que el TS llega “cansado” a la última parte de su
sentencia, ya que se refiere, en el apartado 6) a la letra H) del recurso, que
hay “reiteración de anteriores argumentos”, y concluyendo con una frase contundente
que enlaza con la efectuada con anterioridad al manifestar su conformidad con
las tesis sostenidas por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe:
“La verdad es que
la letra H) es un sobresaliente ejemplo de la tantas veces calificada de
rechazable petición de principio, y de hacer supuesto de la cuestión. En
definitiva, bajo la invocación de las numerosas infracciones normativas
denunciadas, no subyace sino la legítima discrepancia de las partes recurrentes
con la sentencia recurrida. Pero el caso es que la ampliamente razonada
resolución de la Audiencia Nacional no ha incurrido en ninguna de las
infracciones que el motivo cuarto denuncia”.
18. En definitiva,
y por todo lo anteriormente expuesto, el TS desestima el recurso de casación y
declara y confirma la firmeza de la sentencia dictada por la AN.
Buena lectura.
