1. El jueves 11 de
noviembre se reunió la ponencia nombrada por la Comisión de Hacienda y Función
Pública del Congreso de los Diputados para emitir dictamen sobre el Proyecto deLey de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleopúblico , procedente del Real Decreto-Ley 14/2021 de
6 de julio.
Con anterioridad, las y los integrantes de la ponencia habían
tenido sin duda mucho trabajo para ordenar, primero, y examinar después las 182 enmiendas
presentadas por
los distintos grupos parlamentarios (a excepción de VOX, que no presentó
ninguna) e intentar llegar a acuerdos que permitieran que el texto que
finalmente fuera debatido por dicha Comisión fuera aprobado e inmediatamente
remitido al Pleno del Congreso para su aprobación, para después seguir la misma
tramitación en el Senado y antes de ver definitivamente la luz pública como
norma en el Boletín Oficial del Estado, que si no hay modificación en la
disposición final tercera, que con casi toda seguridad no la habrá, entraría en
vigor al día siguiente de su publicación.
Y en efecto, la
ponencia alcanzó acuerdo para la incorporación de diversas enmiendas
transaccionales pactadas con los actuales socios (coyunturales, según los
distintos asuntos en juego), es decir con los grupos parlamentarios republicano
y vasco, y que parecen tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
Las enmiendas incorporadas al texto articulado del Proyecto de Ley se plasman obviamente en las modificaciones propuestas para introducción en la Exposición de Motivos de la norma. Además, en el texto que he podido consultar, se lleva a cabo un amplio esfuerzo jurídico para demostrar que la norma se adecúa a la normativa vigente en materia de empleo público tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De las enmiendas de los citados grupos, y también de las presentadas por los que sustentan al gobierno, me ocupé con detalle en esta entrada
Desde que se
conoció el texto del acuerdo a última hora de la tarde del jueves, las
valoraciones del mismo han sido muchas y muy variadas, y de todas ellas se
encuentra amplia información en los medios de comunicación y las redes
sociales, con mención especial para una nueva disposición adicional, sexta, incorporada
al Proyecto de Ley y cuyo título es claramente ilustrativo de aquellos que se
pretende lograr: “Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal
de larga duración”. Será sin duda muy interesante escuchar a la Ministra María
Jesús Montoro, que comparecerá el jueves 18 de noviembre en la Cámara Baja para
informar “de las líneas generales de la política de su Departamento en materia
de función Pública”.
Una función
pública, en la que trabajan, según los datos de la Encuesta de Población Activa
del tercer trimestre de este año y que han sido analizados por un muy reciente
informe de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras , “3,48 millones de personas, 44.000 empleos
(1.3 %) más que en el trimestre anterior”. Siempre según los datos de ese
detallado informe, la tasa de temporalidad en la Administración es del 31,6 %,
bastante superior en el caso de las mujeres (36,8 %) que en el de los hombres
(24,4 %), superando aquel porcentaje varias Comunidades Autónomas, siendo la
que tiene una tasa mas elevada la de las Islas Canarias 42,5 %), seguida muy de
cerca por el País Vasco (42,3 %) y Navarra (39,8 %). En datos cuantitativos, la
primera es la de Andalucía con 607.500 empleos públicos, seguida por la
Comunidad de Madrid, con más de 494.000, y Cataluña con algo más de 490.000.
2. Dicho sea
incidentalmente, aun cuando debe subrayarse la relevancia que tiene en su ámbito
territorial de aplicación, el Pleno del Parlamento Vasco aprobó en sesión celebrada
el día 11 la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los Cuerpos y de las Escalas dela Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi La disposición adicional primera regula un “proceso especial de consolidación
de empleo en las administraciones públicas vascas”, cuyo apartado 1 dispone que
las administraciones públicas vascas podrán convocar, tras la entrada en vigor
de la ley, “por una sola vez y con carácter excepcional, previa aprobación de
las correspondientes ofertas de empleo público, diversos procesos selectivos
para el acceso al empleo público para la provisión de puestos o plazas correspondientes
a sus distintos cuerpos, escalas, especialidades o categorías que estén dotados
presupuestariamente, como medida necesaria para la consolidación del empleo temporal
en plazas de naturaleza estructural”, y con mayor importancia a mi parecer, y
en la misma línea que la disposición adicional sexta del proyecto de ley
estatal, la norma autonómica vasca prevé en su disposición adicional segunda “procesos
excepcionales de consolidación”, es decir “procesos especiales de consolidación
de empleo para el acceso a la función pública vasca a través del sistema de concurso,
en el marco de lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre el empleo
público”. (la negrita es mía). Se justifican ambos preceptos en la
Exposición de Motivos porque “las altas tasas de interinidad y la experiencia acumulada
por el personal interino aconsejan valorar las capacidades, los conocimientos y
la experiencia adquirida por este personal tras años de trabajo en las
administraciones públicas”.
Recordemos que el
TC, en sentencia núm. 38/2021 de 18 de febrero
, de la que fue ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, estimó el
recurso de inconstitucional interpuesto por el gobierno español contra el
apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley7/2019, de 27 de
junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, cuya
redacción era la siguiente: “De existir en la categoría correspondiente del
Cuerpo de Policía local un porcentaje de interinidad superior al 40 % podrá
incorporarse al proceso especial de consolidación de empleo, un turno
diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de ocho años de
antigüedad en la administración convocante en la categoría de la policía local
a la que pertenecen las plazas convocadas, reservando para dicho turno
diferenciado de acceso hasta el 60 % de las plazas ofertadas”.
En la entrada en que analicé dicha sentencia puse de manifiesto que “… el TC procede a examinar el contenido del art.
61 EBEP y se pregunta si en el supuesto del que está conociendo se está en
presencia de “unas pruebas de las llamadas restringidas contrarias al principio
de libre concurrencia”, y concluye que efectivamente es así ya que “la
configuración de un proceso selectivo de acceso a la función pública reservado
a quienes tengan una previa experiencia en puestos de Policía local, ha de
calificarse de restringido y cerrado, pues reserva las plazas convocadas a
quienes acrediten un mínimo de antigüedad en la administración convocante, en
la categoría de la policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, y
excluye de las pruebas selectivas a quienes no tengan dicha antigüedad o
carezcan de vinculo temporal con la administración”, infringiendo pues el orden
constitucional de competencias “al no haber respetado los límites de la
legislación estatal”.
3. No he
encontrado hasta el momento de redactar este artículo, al menos hasta donde mi
conocimiento alcanza, ningún texto comparado del marco normativo previsto en el
Proyecto de Ley originario, procedente del RDL 14/2021 que, por tanto, sigue
estando en vigor mientras no se apruebe la nueva ley y se proceda, total o
parcialmente, a su derogación, y de las enmiendas incorporadas en el Dictamen
de la Ponencia.
Por ello, me ha
parecido conveniente realizar dicha comparación y ponerla a disposición de
todas las personas interesadas, que sin duda son muchas, para que puedan
formarse una mejor opinión de los cambios introducidos; en el bien entendido,
reitero, que aún quedan dos trámites parlamentarios en el Congreso y toda la
tramitación en el Senado, por lo que sería descartable alguna modificación, o
modificaciones, en alguno de ellos, aún cuando creo que el núcleo duro de los
cambios, es decir las enmiendas incorporadas, se mantendrán.
Sí hay una transcripción de los artículos modificados, con los cambios introducidos, en el blog “El sextante. Observatorio de Empleo Público Temporal”, en cuya introducción se expone que “compartimos, como otros muchos colegas de la vida profesional y académica, que Internet nos permite hoy poner en común ideas, conocimientos y experiencias, específicamente en este caso sobre el empleo temporal en la Administración y en el sector público, aunque en ocasiones también reflexionemos sobre otras cuestiones del mundo del empleo público y de las relaciones laborales”.
3. En fin, como decía con anterioridad, hay ya muchas valoraciones del acuerdo, jurídicas y sociales.
Un artículo de particular interés, y que supongo que no concitará precisamente, al menos de una parte del mismo, la simpatía de las personas que pueden verse beneficiadas por el texto pactado, es el del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José R. Chaves, titulado “Doceconsideraciones de urgencia sobre la estabilización de interinos con cinco añosde servicios” , publicado en su blog el día 12, en el que manifiesta primeramente que “se dan las condiciones de situación extraordinaria para aprobar una ley que fije condiciones de acceso a la fijeza por concurso de méritos”, considera que el plazo inicialmente acordado de diez años “es un plazo temporal razonable que permite, por un lado, que el interino haya demostrado sobradamente la idoneidad para la plaza, y por otro lado, que la Administración haya podido convocar plazas, rectificar y sin embargo, no lo ha hecho en tan dilatado plazo”, y por el contrario es del parecer que “cinco años -cumplir un simple quinquenio- no deja de ser un período demasiado corto, que no puede justificar el salto con pértiga de los principios de mérito y capacidad demostrada”.
Otras valoraciones jurídicas, bastante críticas, con diferentes y muy variados argumentos, sobre las enmiendas pactadas, pueden encontrarse en el artículo de Luis Javier Sánchez, redactor de Confilegal, publicado el día 13 y que lleva por título “Sindicatos,interinos y juristas recuerdan a Montero que los jueces y el TJUE hablan defraude a los tres años” Destaco las declaraciones del letrado Fabián Valero , para quien “no es una norma clara, hay varias cuestiones pendientes; no sabemos si se benefician los interinos personal laboral o no, no está claro si hay que estar en la misma plaza con un nombramiento o puede ser con varios, tampoco está claro si irán a concurso los que su plaza no está convocada o también aquellos con plaza convocada, entre otras cuestiones”.
Una amplia información de pareceres jurídicos, políticos y sindicales, puede leerse en el blog de la Blog de la Asociación de Profesionales de Informática de Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM)
Por parte sindical, para CCOO el texto que finalmente se apruebe “no puede generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación, y … además, debe contar con seguridad jurídica”, afirmando que “seremos respetuosos con los cambios que se puedan introducir, siempre y cuando sirvan para dar una solución definitiva y que no acabe en un largo proceso judicial”. En cuanto al parecer de la CSIF , el nuevo texto deberá gozar de la seguridad jurídica necesaria “para evitar que los tribunales tumben los procesos selectivos”, reclamando a los grupos políticos “responsabilidad y sentido de Estado para que el futuro proyecto de Ley salga adelante con el máximo consenso posible, evitando que los tribunales la declaren inconstitucional y con ello, lejos de lograr el objetivo de acabar con la temporalidad, se genere mayor incertidumbre a los opositores”
4. Antes de publicar la comparación del Proyecto de Ley con el del texto que constituye el dictamen de la ponencia, destaco las modificaciones pactadas, remitiendo para mi análisis del texto del RDL 14/2021, o lo que es lo mismo del Proyecto de ley tramitado tras la convalidación de aquel por el Pleno del Congreso, a la entrada “Sigue (y seguirá) el debate jurídico, y social, sobreel empleo público y el personal interino (funcionarial y laboral). Algunosapuntes a propósito del RDL 14/2021 y de recientes autos del TS (C-A)” Y subrayo, también, con anterioridad, que la norma se refiere casi exclusivamente al personal funcionario interino, lo que sin duda generará nuevos debates y discusiones sobre su aplicación, y en qué términos, al personal laboral temporal (las negritas son mías).
A) Encontramos la
primera modificación en el art. 1, y en concreto en la nueva regulación del
art. 10 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre los funcionarios
interinos. El apartado 5 del citado precepto, permite la permanencia del
personal funcionario interino con carácter excepcional en la plaza que ocupa
temporalmente si la correspondiente convocatoria se ha efectuado dentro del
plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del
funcionario interino y siempre que “sea resuelta conforme a los plazos
establecidos en el artículo 70 del TREBEP. La permanencia se mantendrá
hasta la resolución de aquella, sin generar derecho a compensación económica.
B) La segunda
modificación aparece en el art. 2, que regula los procesos de estabilización
del empleo temporal, tanto a los que se refiere el art. 1 como al nuevo
regulado en aquel, disponiendo que las ofertas de empleo deberán aprobarse y
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022
y serán coordinadas por las Administraciones Públicas competentes. En el
proyecto de ley se contemplaba la fecha del 31 de diciembre de este año, con lo
que lógicamente hubiera sido prácticamente imposible de cumplirla dada la
marcha de la tramitación parlamentaria de la norma.
C) La tercera también
se recoge en art. 2 y ya se preveía después del acuerdo alcanzado poco antes de
inicio del tramite de convalidación del RDL para su aprobación. Se mantiene,
como no puede ser de otra forma debido al marco constitucional y legal, y la
jurisprudencia del TC, el de concurso-oposición, ampliando al máximo, de
acuerdo a dicha jurisprudencia, el posible porcentaje de valoración, en la fase
de concurso, hasta el cuarenta por ciento de la puntuación total y teniendo en
cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o
equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en
fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en
el art.37.1.c) del EBEP.
D) Llegamos a la
cuarta modificación, plasmada en la disposición adicional tercera, sobre medidas
de seguimiento presupuestario. A diferencia del Proyecto de Ley, en el que sólo
se preveía que las Administraciones Públicas podrán nombrar personal interino
en las plazas vacantes que se produzcan en el ejercicio presupuestario por
jubilación, el texto pactado amplía tal posibilidad, y siempre “con la
finalidad de mantener una adecuada prestación de los servicios públicos”,
a las plazas de necesaria y urgente
cobertura que, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, no computen en la tasa de reposición de
efectivos.
E) Estamos ya en
la quinta modificación, la que ha merecido total atención desde que fuera
conocida, que es la nueva disposición adicional sexta y que es también, como se
comprueba por un buen número de declaraciones de responsables políticos y
sindicales, y por las primeras valoraciones jurídicas efectuadas a las que me
he referido con anterioridad, la más polémica; para unos, por la posible
inseguridad jurídica que genera y que pudiera provocar recursos en sede
judicial, y para otros por no respetar la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y no prestar auténtica atención a las personas
interinas sino a las plazas.
Las incertidumbres
jurídicas que se suscitan por los primeros son intentadas salvar por las
modificaciones operadas en la Exposición de Motivos para justificar su perfecto
encaje con el marco normativo y jurisprudencial. En cuanto a las tesis de los
segundos, la crítica deriva sustancialmente de que no cierra completamente que
las personas que se encuentran en situación de interinidad puedan pasar a
convertirse en personal funcionario de carrera, al mismo tiempo que deja
abiertas muchas dudas sobre como afectará, si es que afecta, al personal
laboral temporal, y la posible adquisición de la condición de personal laboral
fijo. El texto es el siguiente
“Disposición
adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal
de larga duración
Las
Administraciones publicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso,
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1,
hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con
anterioridad a 1 de enero de 2016.
Estos procesos,
que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada
uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos
establecidos en esta norma”.
Repárese, por
consiguiente, en el importante papel que asumen las distintas Administraciones,
algo que no es, ni mucho menos, de poca importancia, por cuanto que el grueso
de personal funcionario interino se concentra en los sectores de enseñanza y
sanidad, con competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, y que en
las Administraciones Locales hay un volumen elevado de personal laboral
temporal.
Traigamos aquí a
colación los últimos datos oficiales disponibles, que provienen del Boletín
Estadístico del Personal al Servicio de las AA.PP A 1 de enero de este año había 2.710.405
personas al servicio de las Administraciones Públicas, de las que 1.444.804 eran
personal funcionario, 605.901 personal laboral y 659.700 “otro personal”, con
especial impacto del segundo y tercer colectivo en las Administraciones
autonómicas y locales (210.251 y 568.13 las primeras, y 314.301 y 75.752 las segundas), y mucho menor en la
Administración del Estado (81.349 y 15.735).
La tipología de personal utilizada, y que toma evidentemente como punto
de referencia la que consta en el EBEP incluye, además del personal funcionario de
carrera, el personal estatutario de los servicios de salud y el personal
laboral (“el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la
legislación laboral, presta sus servicios retribuidos por las Administraciones
Públicas”), el ya citado “otro personal”, en el que se incluye, en su gran
mayoría el personal funcionario interino, es decir “el que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el
desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera, cuando se dé
alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 10 del Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Con datos
porcentuales, en el total de las Administraciones Públicas el 53,31 % es
personal funcionario de carrera, el 24,34 % “otro personal” y el 22,35 %
personal laboral, si bien los porcentajes cambian considerablemente cuando nos
referimos a las tres Administraciones de forma separada: en efecto, en la AGE
son 81,13, 3,06 y 15,81 % respectivamente; en las Administraciones autonómicas,
51,83, 13,01 y 35,16, y en las locales 32,71, 13,07 y 54,22 % respectivamente.
Obsérvese, en definitiva, que es en las Administraciones Locales donde se
concentra en mayor medida la problemática del personal interino laboral, que
está por encima de la media del personal que presta servicios para las mismas.
Repárese,
igualmente, y sin duda en ello habrán parado su atención las personas
interesadas, que la norma se refiere, obviamente, a plazas ocupadas con carácter
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, y no a
personas que las hayan ocupado. Por otra parte, el plazo de cinco años, que muy
probablemente acabe siendo de seis en función de la fecha en que se convoque la
correspondiente oferta de empleo, parece identificarse, así lo contempla la
exposición de motivos, con el de “duración inusualmente larga” al que se
refiere el TJUE en su sentencia de 5 de junio de 2018 (asunto C- 677/16, caso
Lucía Montero Mateos), y que mereció una detallada y muy rigurosa atención por el
profesor Ignasi Beltrán de Heredia en su artículo “El apartado 64 del caso
Montero Mateos: impacto en las relaciones laborales”.
Se abre aquí sin
duda un debate jurídico de indudable interés, y que ya ha empezado a provocar
polémica, ya que por lo que respecta al personal laboral temporal la Sala
Social del Tribunal Supremo, de acuerdo a la sentencia del TJUE de 3 de juniode este año (asunto C-726/19, caso IMIDRA ) considera, a partir de su sentencia de 28de junio , de la que fue ponente el magistrado Ángel Blasco, que es el de tres años en
aplicación, reinterpretada a partir de la jurisprudencia del TJUE, del art.
70.1 del EBEP. Sobre la sentencia del TS
remito a esta entrada
F) Mucho menos publicitada, pero no menos importante por el importante número de personas trabajadoras a las que afecta, es la sexta modificación, que no por casualidad lleva el título de “Extensión del ámbito de aplicación de los procesos de estabilización”, y que contempla la aplicación de los preceptos recogidos en el texto “a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa específica”. Abordé en buena medida esta cuestión en la entrada “Sobre la subrogación de personal en procesos de reversión en lasAdministraciones Públicas y sus efectos laborales. Notas a la importantesentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2018 (previorecordatorio de los orígenes del conflicto y del parecer doctrinal)”
G) Sigue la octava
modificación, una nueva disposición adicional, octava, que no recuerdo que
fuera propuesta como enmienda por los grupos parlamentarios, y que muy
probablemente haya sido incorporada por iniciativa del Ministerio competente.
Lleva por título “Identificación de las plazas a incluir en las
convocatorias de concurso”, y dispone que “Adicionalmente, los procesos
de estabilización contenidos en la Disposición Adicional Sexta incluirán en sus
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de
enero de 2016”.
H) Una modificación
que puede ser igualmente de mucha importancia es la introducida en la disposición
transitoria primera, que regula el plazo de resolución de los procesos de
estabilización de empleo temporal ya convocados con anterioridad a la entrada
en vigor del RDL 14/2021.
Mientras que en el
texto del RDL, tramitándose ya como Proyecto de Ley, disponía que los procesos
selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de empleo
público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de empleo
temporal previstos en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 y 2018, cuya convocatoria hubiere sido publicada
en los respectivos diarios oficiales con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del RDL, “seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las
respectivas convocatorias”, en el texto del Dictamen de la ponencia es
modificado para suprimir dicha mención y únicamente mantener que “deberán
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024”. Cabe pensar razonablemente que
ello provocará cambios sustanciales en las correspondientes convocatorias, hipótesis
que dejo aquí apuntada y a la espera de conocer si ello realmente será así.
I) Por último,
deseo hacer mención a una modificación… que no lo es. Me explico: en la disposición
final segunda del RDL se difería la regulación concreta que afecta al personal
docente y de salud, que debería llevarse a cabo en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de aquel, es decir desde el 8 de julio, y siempre “de acuerdo
con las peculiaridades propias de su régimen jurídico”, previendo que si no
se produjera tal regulación en el plazo citado, sería de aplicación la
normativa contenida en los artículos del EBEP modificados por la citada norma,
es decir los arts. 10 y 11 y la nueva disposición adicional decimo séptima.
Pues bien, la
norma pactada no dice nada al respecto…. ¿o sí? Pues la respuesta es que sí lo
dice sin decirlo. Sé que parece un contrasentido, pero creo que es la conclusión
a la que debe llegarse al leer el nuevo texto, de idéntico contenido pero con diferente
redacción: “Permanece en vigor la Disposición final segunda del Real
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, relativa a la adaptación de la normativa del
personal docente y del personal estatutario y equivalente de los servicios de
salud”.
6. Y ahora, aquí está
la comparación de los textos articulados, a la que acompaño los fragmentos de
la Exposición de Motivos que introducen modificaciones, o son novedad, en el texto
del que está conociendo el Parlamento. Sin duda, habrá que volver más adelante sobre
la misma temática, una ve que vaya avanzando la tramitación parlamentaria.
Mientras tanto, buena lectura.
Texto comparado
del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y
de las enmiendas incorporadas por la Ponencia de la Comisión de Hacienda y
Función Pública del Congreso de los Diputados.
|
Proyecto
de Ley |
Texto
de las enmiendas incorporadas. |
|
Artículo
1. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre. Se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
de la siguiente forma: Uno. Se
da una nueva redacción al artículo 10, que queda redactado como sigue: «Artículo
10. Funcionarios interinos. 1. Son
funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé
alguna de las siguientes circunstancias: a) La
existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos
previstos en el apartado 4. b) La
sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente
necesario. c) La
ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El
exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses. 2. Los
procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos,
rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y
celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El
nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso
dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. 3. En
todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la
relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de
por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: a) Por
la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través
de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. b) Por
razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados. c) Por
la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su
nombramiento. d) Por
la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 4. En
el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas
por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante
cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la
normativa de cada Administración Pública. No
obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la
vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que
el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá
efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente,
el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la
resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación
económica. 5. Al
personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su
condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento,
salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.» Dos. Se
añade un nuevo apartado 3 al artículo 11, que queda redactado como sigue: «3. Los
procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose
en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso
del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de
celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas
de necesidad y urgencia.» Tres. Se
introduce una nueva disposición adicional decimoséptima, que queda redactada
en los siguientes términos: «Disposición
adicional decimoséptima. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en
el empleo público. 1. Las
Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las
previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por
evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y
los nombramientos de personal funcionario interino. Asimismo,
las Administraciones Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el
desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de
esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos
con competencia en materia de personal. 2. Las
actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de
las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en
cada una de las Administraciones Públicas. 3. Todo
acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se
adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o
indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de
los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno
derecho. 4. El
incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación
económica para el personal funcionario interino afectado, que será
equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un
máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir
de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al
nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a
compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea
por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. 5. En
el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos
máximos de permanencia dará derecho a percibir la compensación económica
prevista en este apartado, sin perjuicio de la indemnización que pudiera
corresponder por vulneración de la normativa laboral específica. Dicha
compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de
veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce
mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la
extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la
fecha del cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al
contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la citada
indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la
compensación de cantidades. No
habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la
relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por
renuncia voluntaria.» Artículo
2. Procesos de estabilización de empleo temporal. 1. Adicionalmente
a lo establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que
incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las
relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas
y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2020. 2. Las
ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados
en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán
aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes de 31 de
diciembre de 2021 y serán coordinados por las Administraciones Públicas
competentes. La
publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura
de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse
antes de 31 de diciembre de 2022. La
resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de
diciembre de 2024. 3. La
tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de
las plazas estructurales. 4. La
articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los
ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades
autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten
una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas en el
desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo
Público. Sin
perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función
pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de
selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de
concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría
o equivalente de que se trate en el marco de la negociación colectiva
establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. En
el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración
así se hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción interna
previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de
estabilización. 5. De
la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento
de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos,
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal. 6. Corresponderá
una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo
inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal
funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo
como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no
superación del proceso selectivo de estabilización. En
el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la
diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de
servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le
correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que la citada
indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la
compensación de cantidades. La
no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de
estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso. 7. Con
el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas
deberán certificar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma
temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados. Disposición
adicional primera. Medidas para el ámbito local. 1. Los
municipios, excepto los de gran población previstos en el título X de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán encomendar
la gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o
laboral fijo a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares,
entes supramunicipales u órganos equivalentes en las comunidades autónomas
uniprovinciales. Los
municipios podrán, también, encomendar en los mismos términos la selección
del personal funcionario interino y personal laboral temporal. 2. Finalizado
el proceso selectivo, la autoridad competente de la entidad local nombrará o
contratará, según proceda, a los candidatos que hayan superado el proceso
selectivo. 3. Los
procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán
por lo dispuesto en el artículo 2. No serán de aplicación a estos procesos lo
dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local. Disposición
adicional segunda. Medidas de seguimiento de la temporalidad. El
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el marco de la
cooperación en materia de administración pública, elaborará un informe anual
de seguimiento de la situación de la temporalidad en el empleo público. Disposición
adicional tercera. Medidas de seguimiento presupuestario. Con
la finalidad de mantener una adecuada prestación de los servicios públicos,
las Administraciones públicas podrán nombrar personal interino en las plazas
vacantes por jubilación que se produzcan en el ejercicio presupuestario. Esas
vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la
oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal
y si ello no fuera posible, en la oferta del año siguiente. Todo ello, en los
términos previstos en la normativa presupuestaria. Disposición
adicional cuarta. Medidas de agilización de los procesos selectivos. Las
Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo
establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la
adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos
selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos
o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras. Las
convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas
personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de
interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas
bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el
proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan
obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente. Disposición
adicional quinta. Procesos de estabilización de empleo temporal de personal
investigador. 1. Sin
perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, el sistema de
concurso previsto en el artículo 26.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, será de aplicación a las plazas de
los procesos de estabilización de empleo temporal previstos por el artículo
2. 2. El
sistema de concurso podrá ser también de aplicación a las plazas mencionadas
en el apartado anterior si se encuentran afectadas por los procesos de
estabilización previstos en el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre que las
mismas estén incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de
estabilización y no hubieran sido convocadas o, habiendo sido convocadas y
resueltas, hayan quedado sin cubrir y deban volver a convocarse. Disposición
transitoria primera. Régimen jurídico de los procesos de estabilización de
empleo temporal ya convocados. Los
procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de
empleo público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de
empleo temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, cuya convocatoria hubiere sido publicada en los respectivos
diarios oficiales con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
presente real decreto-ley, seguirán ejecutándose con arreglo a las
previsiones de las respectivas convocatorias. La
resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de
diciembre de 2024. Disposición
transitoria segunda. Efectos. Las
previsiones contenidas en el artículo 1 de esta ley serán de aplicación
únicamente respecto del personal temporal nombrado o contratado con
posterioridad a su entrada en vigor. Disposición
final primera. Títulos competenciales. Esta
ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución
Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
comunidades autónomas; y bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Asimismo, se dicta al
amparo del artículo 149.1.13.ª que establece la competencia del Estado en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica. Disposición
final segunda. Adaptación de la normativa del personal docente y del personal
estatutario y equivalente de los servicios de salud. En
el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley se procederá a la
adaptación de la normativa del personal docente y del personal estatutario y
equivalente de los servicios de salud a lo dispuesto en el artículo 10, 11 y
en la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con las peculiaridades
propias de su régimen jurídico. Transcurrido
dicho plazo sin que se produzca la citada adaptación de la legislación
específica serán de plena aplicación a este personal las previsiones
contenidas en los citados preceptos del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición
final tercera. Entrada en vigor. Esta
Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». |
Artículo
1. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre. Se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la
siguiente forma: Uno.
Se da una nueva redacción al artículo 10, que queda redactado como sigue: 1.
Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé
alguna de las siguientes circunstancias: a)
La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos
previstos en el apartado 4. b)
La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente
necesario. c)
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes
de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d)
El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de
un periodo de dieciocho meses. 2.
Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán
públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito,
capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del
puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en
ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de
carrera. 3.
En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la
relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de
por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: a)
Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a
través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. b)
Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de
los puestos asignados. c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. d)
Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 4.
En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas
por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante
cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la
normativa de cada Administración Pública. No
obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la
vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que
el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá
efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente,
el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos
en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la
resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación
económica. 5.
Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su
condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento,
salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.» Dos.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11, que queda redactado como sigue: «3.
Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos,
rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio
de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia.» Tres.
Se introduce una nueva disposición adicional decimoséptima, que queda
redactada en los siguientes términos: «Disposición
adicional decimoséptima. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en
el empleo público. 1.
Las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las
previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por
evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y
los nombramientos de personal funcionario interino. Asimismo,
las Administraciones Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el
desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de
esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos
con competencia en materia de personal. 2.
Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia
de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente
en cada una de las Administraciones Públicas, 3.
Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas
que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o
indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de
los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno
derecho. 4.
El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una
compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que
será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un
año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá
a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida
exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No
habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de
servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. 5.
En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos
máximos de permanencia dará derecho a percibir la compensación económica
prevista en este apartado, sin perjuicio de la indemnización que pudiera
corresponder por vulneración de la normativa laboral específica. Dicha
compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de
veinte días de su salario fijo por año de servicio con un máximo de doce
mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la
extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la
fecha del cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al
contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la citada
indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la
compensación de cantidades. No
habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la
relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por
renuncia voluntaria.» Artículo
2. Procesos de estabilización de empleo temporal. 1.
Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y
19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo,
plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén
contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2020. 2.
Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización
contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización,
deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del
1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas
competentes. La
publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura
de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse
antes de 31 de diciembre de 2022. La
resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de
diciembre de 2024. 3.
La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento
de las plazas estructurales. 4.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará
el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los
ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades
autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten
una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas en el
desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo
Público. Sin
perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función
pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de
selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de
concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los
ejercicios en fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva
establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. En
el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada
Administración así se hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de
promoción interna previos de cobertura de plazas serán compatibles con los
procesos de estabilización. 5.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso,
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos,
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal. 6.
Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce
mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral
temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la
Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización. En
el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la
diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de
servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le
correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización
fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de
cantidades. La
no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de
estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso. 7.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones
Públicas deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a
través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de
plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados. Disposición
adicional primera. Medidas para el ámbito local. 1.
Los municipios, excepto los de gran población previstos en el título X de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán
encomendar la gestión material de la selección de su personal funcionario de
carrera o laboral fijo a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos
insulares, entes supramunicipales u órganos equivalentes en las comunidades
autónomas uniprovinciales. Los
municipios podrán, también, encomendar en los mismos términos la selección
del personal funcionario interino y personal laboral temporal. 2.
Finalizado el proceso selectivo, la autoridad competente de la entidad local
nombrará o contratará, según proceda, a los candidatos que hayan superado el
proceso selectivo. 3.
Los procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se
regirán por lo dispuesto en el artículo 2. No serán de aplicación a estos
procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local. Disposición
adicional segunda. Medidas de seguimiento de la temporalidad. El
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el marco de la cooperación en
materia de administración pública, elaborará un informe anual de seguimiento
de la situación de la temporalidad en el empleo público. Disposición
adicional tercera. Medidas de seguimiento presupuestario. Con
la finalidad de mantener una adecuada prestación de los servicios públicos,
las Administraciones públicas podrán nombrar personal interino en las plazas
vacantes que se produzcan en el ejercicio presupuestario por jubilación, así
como las plazas de necesaria y urgente cobertura que, de acuerdo con lo
establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado,
no computen en la tasa de reposición de efectivos. Esas
vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la
oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal
y si ello no fuera posible, en la oferta del año siguiente. Todo ello, en los
términos previstos en la normativa presupuestaria. Disposición
adicional cuarta. Medidas de agilización de los procesos selectivos. Las
Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo
establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la
adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos
selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos
o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras. Las
convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas
personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de
interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas
bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el
proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan
obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente. Disposición
adicional quinta. Procesos de estabilización de empleo temporal de personal
investigador. 1.
Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, el
sistema de concurso previsto en el artículo 26.4 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, será de aplicación a las
plazas de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos por el
artículo 2. 2.
El sistema de concurso podrá ser también de aplicación a las plazas
mencionadas en el apartado anterior si se encuentran afectadas por los
procesos de estabilización previstos en el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre
que las mismas estén incluidas en las correspondientes ofertas de empleo
público de estabilización y no hubieran sido convocadas o, habiendo sido
convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir y deban volver a convocarse. Disposición
adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo
temporal de larga duración Las
Administraciones publicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso,
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo
2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida
con anterioridad a 1 de enero de 2016. Estos
procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso,
los plazos establecidos en esta norma. Disposición
adicional séptima. Extensión del ámbito de aplicación de los procesos de
estabilización Los
preceptos contenidos en esta norma relativos a los procesos de estabilización
serán de aplicación a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas
empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector
público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa
específica. Disposición
adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias
de concurso Adicionalmente,
los procesos de estabilización contenidos en la Disposición Adicional Sexta
incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural
ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza,
anterior a 1 de enero de 2016. Disposición
transitoria primera. Plazo de resolución de los procesos de estabilización de
empleo temporal ya convocados. Los
procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de
empleo público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de
empleo temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Disposición
transitoria segunda. Efectos. Las
previsiones contenidas en el artículo 1 de esta ley serán de aplicación únicamente
respecto del personal temporal nombrado o contratado con posterioridad a su
entrada en vigor. Disposición
final primera. Títulos competenciales. Esta
ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 7.ª y 18.ª de la Constitución
Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
comunidades autónomas; y bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Asimismo, se dicta al
amparo del artículo 149.1. 13.ª que establece la competencia del Estado en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica. Disposición
final segunda. Adaptación de la normativa del personal docente y del personal
estatutario y equivalente de los servicios de salud. Permanece
en vigor la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público, relativa a la adaptación de la normativa del personal docente y del
personal estatutario y equivalente de los servicios de salud. Esta
ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». |
Texto comparado de la Exposición de Motivos
del Proyecto de Ley y de las enmiendas incorporadas.
|
Proyecto
de Ley |
Texto
con las enmiendas incorporadas. |
|
III Excepcionalmente,
el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo de los tres años a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la
resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación
económica. ………………………. Sin
perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función
pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de
selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de
concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación
colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. ………………………….. La
disposición adicional tercera se refiere a las medidas de seguimiento
presupuestario y establece, con la finalidad de mantener una adecuada
prestación de los servicios públicos, que las Administraciones Públicas
podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes por jubilación que se
produzcan en el ejercicio presupuestario. …………………………. Dentro
de la anunciada pretensión de agilizar los procesos de estabilización en
marcha, se establece en la disposición transitoria primera el régimen
jurídico de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos en el
artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. La
norma incluye tres disposiciones finales. La primera se refiere al título
competencial. La segunda prevé que la adecuación de la legislación
específica del personal docente y del personal estatutario de los servicios
de salud a lo dispuesto en la nueva redacción dada a los artículos 10 y 11,
así como la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público se lleve a cabo en un año.
Efectivamente, y dada la especial complejidad de la temporalidad en los
sectores educativo y sanitario, se estima oportuno establecer un marco
temporal mayor que permita una correcta planificación de las medidas
adoptadas. |
III Excepcionalmente,
el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos
en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la
resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación
económica. ………………….. Sin
perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función
pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de
selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de
concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los
ejercicios en fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva
establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. …………………………… La
disposición adicional tercera se refiere a las medidas de seguimiento
presupuestario y establece, con la finalidad de mantener una adecuada
prestación de los servicios públicos, que las Administraciones Públicas
podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes por jubilación que se
produzcan en el ejercicio presupuestario, así como las plazas de necesaria
y urgente cobertura que, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado, no computen en la tasa de
reposición de efectivos. ………………………… La
disposición adicional sexta prevé que las administraciones públicas
convoquen, con carácter excepcional, conforme a lo previsto en el artículo
61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, por el
sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Estos
procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Sobre
este concurso como proceso excepcional, cabe traer a colación la doctrina
fijada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad en el
acceso a los cargos y empleos públicos (artículo 23.2 CE), que únicamente
puede ser exceptuada por razones excepcionales y objetivas. Además, este
acceso ha de ordenarse de manera igualitaria en la convocatoria mediante
normas abstractas y generales con el fin de preservar la igualdad ante la ley
de la ciudadanía, lo que obliga al legislador y a la Administración a elegir
reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito
y capacidad que el artículo 103.3 CE dispone (SSTC 67/1989, 27/1991 y
60/1994). Entre
las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, han de
darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad
de acceso a cargos y empleos públicos del artículo 23.2 de la Constitución se
encuentran, en primer lugar, que se trate de una situación excepcional;
segunda, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez,
pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional y tercero,
que dicha posibilidad esté prevista en una norma con rango legal (STC
12/1999, de 11 de febrero de 1999). Con
esta disposición adicional se da amparo normativo al concepto jurisprudencial
de interinidad de larga duración superior a cinco años, que por su carácter
de normativa básica, resulta de aplicación al conjunto de las
Administraciones Públicas y garantiza la igualdad en todo el territorio. La
previsión contenida en esta ley para que las administraciones públicas puedan
convocar el concurso extraordinario y excepcional para aquellas plazas
ocupadas temporalmente durante cinco años o más, cumple con los antedichos
requisitos jurisprudenciales que además, en todo caso, es razonable,
proporcionada y no arbitraria, afectando a todas las plazas de carácter
estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1
de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición cero de los
ejercicios 2012 al 2015, que provocaron la imposibilidad de incorporar, a las
correspondientes ofertas de empleo público, las plazas que en esos momentos
se estaban ocupando en régimen de interinidad. La
disposición adicional séptima prevé una extensión del ámbito de aplicación de
los procesos de estabilización a las sociedades mercantiles públicas, a las
entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios
del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su
normativa específica. Conforme
a la disposición adicional octava, adicionalmente, los procesos de
estabilización contenidos en la Disposición Adicional Sexta incluirán en sus
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de
enero de 2016. …………………….. Dentro
de la anunciada pretensión de agilizar los procesos de estabilización de empleo
temporal ya convocados, la disposición transitoria primera prevé que los
procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de
empleo público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de
empleo temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. La
norma incluye tres disposiciones finales. La primera se refiere al título
competencial. La segunda mantiene en vigor la Disposición final segunda
del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, relativa a la adaptación
de la normativa del personal docente y del personal estatutario y equivalente
de los servicios de salud. |
