1. La Casa de S.
M. el Rey publicó una nota de prensa el 3 de octubre, una vez finalizada la
ronda de consultas con las distintas fuerzas políticas con representación
parlamentaria, en la que se dispuso que
“Segunda.- A la
vista de la previsión constitucional de tramitar sucesivas propuestas, del
resultado de la investidura anterior −a la que se refiere el párrafo primero de
este comunicado− y de la disposición a ser candidato en un nuevo proceso de
investidura del representante del Partido Socialista Obrero Español, Su
Majestad el Rey ha propuesto a Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón como candidato
a la Presidencia del Gobierno y ha dado traslado de dicha propuesta a la Señora
Presidenta del Congreso de los Diputados a los efectos correspondientes”.
Poco después de
dicha propuesta de candidato a la presidencia del gobierno , la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparecióante los medios de comunicación para informar de la misma Queda, en el momento de redactar esta entrada, pendiente de fijación la fecha
de celebración del (segundo) pleno de investidura.
Tres días antes de
la propuesta, el nuevo candidato ya había manifestado su claro interés, al
manifestar en un meeting celebrado en Sevilla, que “Tras el
candidato fallido, tengo más ganas, más fuerzas y más argumentos que nunca para
que haya 4 años más de Gobierno progresista”
En efecto, es
sobradamente conocido que en el primer pleno celebrado los días 26 y 27 de
septiembre, el candidato del Partido Popular Alberto Nuñez Feijóo, no obtuvo,
ni en primera ni en segunda votación, la mayoría parlamentaria requerida para
su nombramiento como presidente, siendo el resultado de 172 votos a favor y 178 en contra en la primera, y de 172 votos a favor, 177 en contra y 1 voto nulo en la segunda.
2. El 24 de septiembre,
es decir dos días antes del citado debate, publiqué una entrada titulada “Apropósito del debate de investidura (26 y 27 de septiembre). Repaso al programaelectoral en materia laboral y de protección social del Partido Popular” en el que anunciaba que “Si la investidura fracasa, y se abre la vía a la
presentación de un nuevo candidato a la presidencia, sin duda Pedro Sánchez
Pérez-Castejón, sí será el momento para el análisis de otros programas,
obviamente en primer lugar del PSOE y también de la coalición SUMAR, que
podrían repetir gobierno de coalición aun con la diferencia de ser la coalición
algo distinto, o muy distinto, de Unidas Podemos. Si bien, no deberíamos
olvidar algunas referencias a los de aquellas fuerzas políticas del País Vasco
(PNV y EHBildu) y Cataluña (ERC y Junts) cuyos votos son necesarios para que el
candidato socialista obtenga la mayoría necesaria para alcanzar (que en esta
ocasión sería también mantener) la presidencia del gobierno español”.
Cumplo con lo
prometido, y paso a continuación revista a los contenidos más destacados en materia
laboral y de protección social del programa presentado por el PSOE a las eleccionesgenerales del 23-J, titulado “Adelante”, con una foto de Pedro Sánchez en la
portada y con el lema “España avanza. VOTA PSOE”.
Al igual que hice
en la anterior entrada no me detengo, salvo en alguna ocasión, en las
manifestaciones o proclamaciones generales de las bondades de sus políticas
laborales y de protección social que, lógicamente, se recogen muy ampliamente
en el programa para exponer después cómo se irá avanzando en dichas políticas,
y centro mi atención en las propuestas concretas, en el bien entendido, y repito
lo mismo que dije anteriormente con ocasión de la explicación del programa del
PP, que buena parte de estas “también tienen un grado de generalidad que
permitirían después al gobierno afirmar que han sido cumplidas, en mayor o
menor grado, si hubiera cambios normativos”, y añadiendo ahora que gran parte
de las propuestas formuladas en otros ámbitos (ejemplos claros son la política
económica y la transformación digital) inciden muy directamente en el logro de
los objetivos perseguidos en materia laboral y de protección social.
En el programa
electoral de 272 páginas, hay contenidos relevantes al objeto de mi exposición,
principalmente en estos apartados: políticas de empleo y formación profesional
en el bloque I, “Crecimiento económico y pacto por el empleo, aprovechando el
proceso de innovación tecnológica en beneficio de la sociedad” (a partir de la
página 23); políticas de igualdad en el bloque IV, “La mejor España, la España
feminista” (a partir de la página 131); política de pensiones, en el bloque V, “la
España de la cohesión y del bienestar”, (a partir de la página 159).
3. Las propuestas
en materia de empleo se basan, lógicamente, en el desarrollo (paralizado por la
disolución del Parlamento tras las elecciones autonómicas y locales del 28-M)
de la Ley 3/202 de 28 de febrero, de Empleo (para su estudio, remito a “Lanueva Ley de Empleo Seguimiento y análisis de su tramitación desde elAnteproyecto a la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados(recopilación)” ).
Se plantea lograr
un “Pacto por el pleno empleo” que consiga, mediante las adecuadas políticas de
formación y colocación por una parte, utilizando al máximo el potencial de los
fondos europeos Next Generation, reducir la tasa de desempleo estructural al 8
% “en línea con la media europea”, y las propuestas concretas que se formulan, algunas
con clara influencia de la normativa y documentos de la Unión Europea, en el
bien entendido que todas ellas tienen también un grado de generalidad – a excepción
de la relativa al Salario Mínimo Interprofesional – que permite su modulación y
aplicación gradual según las circunstancias económicas y sociales de cada momento, poniendo especialmente el acento en
las políticas de formación y su vinculación con la prestación de una actividad
laboral, potenciándose tanto de las
personas trabajadoras asalariadas o en situación de desempleo o inactividad,
como las de quienes trabajan por cuenta propia o se encuentran afectados por un
cese de actividad, siendo la vinculación especialmente reforzada para poder
acceder todas las personas formadas, inicialmente o durante su vida
profesional, “a los empleos de la nueva economía circular y verde”.
Son las siguientes:
“(i) Mejora de
ajuste oferta-demanda de trabajo mediante un sistema integrado de información
de los sistemas de gestión del SEPE y de la Seguridad Social. De esta forma,
mejoraremos el mecanismo de ajuste de oferta y demanda de trabajo (matching), con
la integración de los sistemas de gestión de los Servicios Públicos de Empleo y
la Tesorería General de la Seguridad Social, la creación de un sistema
integrado de información sobre vacantes, demandantes de empleo y perfiles
formativos y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para
alinear las vacantes con los perfiles de las personas desempleadas.
(ii) Impulso de un
programa de planes cortos de formación y recualificación (microacreditaciones)
para la nueva economía verde y digital.
(iii) Con el fin
de impulsar la formación en el empleo para los jóvenes, garantizándoles una
protección adecuada con un Plan de Choque contra el desempleo juvenil con el
mecanismo Pack “formación + empleo” en 12 meses.
(IV) Aumento de
las opciones y de la oferta de Formación Profesional, con atención especial al
impulso en las pymes. Esta oferta estará alineada con los PERTES para promover
los perfiles para la nueva economía verde, de los cuidados, sanitaria y
digital.
(v) Pondremos en
marcha el programa de prácticas de empresa, con el SMI y la SS cubiertos, con
mentores en el sistema público de empleo y tutores en las empresas, como el mejor
modo de entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes que hayan estado un año
en paro.
(vi)
Desarrollaremos los servicios garantizados de la Ley de Empleo 3/2023, tanto de
las personas demandantes de empleo como de la pequeña y mediana empresa.
(vii) Mantendremos
la centralidad del diálogo social para la gobernanza de las relaciones
laborales.
(viii)
Garantizaremos en el Estatuto de los trabajadores que el SMI se acompase al 60%
del salario medio; medida también eficaz para lograr la igualdad salarial entre
hombres y mujeres.
ix) Reforma de los
sistemas de protección activa para los parados de larga duración y refuerzo de
los incentivos al empleo de beneficiarios de subsidios y del Ingreso Mínimo
Vital”.
De todas estas propuestas, reitero, creo que la más concreta es la relativa al SMI, ya que para garantizar su acompasamiento al 60 % del salario medio debería modificarse el art. 27 de la Ley del Estatuto de los trabajadores para que quedara constancia expresa de tal obligación; medida, que además se contempla no sólo como una vía de la mejora adquisitiva directa de una parte de la población trabajadora (la que vincula sus salarios al SMI, y también algunas prestaciones sociales), e indirecta de buena parte del resto (en cuanto que el incremento del SMI puede tener un efecto reflejo sobre las mejoras salariales pactadas en los convenios colectivos), sino también como un mecanismo tendentes a seguir avanzando en la senda de la igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras, por cuando es bien sabido que una parte importante de la población femenina se encuentra en sectores y actividades en las que los salarios se sitúan, con datos del INE, en la parte baja de la escala salarial (remito a “Salarios. Un apunte sobre laEncuesta de Estructura Salarial de 2021”
Obsérvese igualmente que, con dicha excepción, no hay más menciones a posibles reformas de la normativa laboral (si las hay en el bloque de igualdad) tanto sustantiva como procesal, pareciendo que se quiere dejar en manos de las organizaciones sindicales y empresariales su regulación, por la vía del diálogo social, para su posterior acogida en la normativa legal. No de otra forma creo que pueda entenderse la escueta mención a que “mantendremos la centralidad del diálogo social en la gobernanza de las relaciones laborales”. Como comprobaremos en una entrada posterior, en el examen del programa electoral de SUMAR, sus propuestas en este ámbito son mucho más amplias y mucho más concretas, y quizá tenga que ver mucho en ello haber ocupado el Ministerio de Trabajo y Economía Social durante la anterior legislatura, además de haber manifestado su interés en mantenerlo en caso de formarse un nuevo gobierno de coalición.
En este bloque de propuestas, y de forma un tanto separada de las anteriores, encontramos la mención al refuerzo de la perspectiva social del semestre europeo “para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible desde el punto de vista social”, algo en lo que el gobierno español, y muy especialmente el MITES, por una parte, y el de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, por otra están trabajando activamente durante el presente semestre en que España ocupa la presidencia de la UE (véanse al respecto los programas sociales presentados por la Vicepresidenta Segunda y titular del MITES Yolanda Diaz , y por el titular del MISSMI, José LuísEscrivá ) Remito por mi parte a “X Aniversario de Europe Direct-Centre de Documentació Europea de la Universitat de Girona “Aspectos sociales de la presidencia española del Consejo Europeo de la Unión Europea, segundo semestre de 2023” (Conferencia)”
Un amplio apartado dentro de este bloque está dedicado específicamente a la economía social, de la que se destaca su importancia por tratarse de más de 43.100 empresas y entidades que generan “alrededor de 2,2 millones de empleos directos e indirectos”. Entre el conjunto de propuestas recogidas en el programa, hay dos de ellas algo más concretas que las restantes, si bien sin fijación de fechas concretas para su desarrollo, por lo que cabe suponer que podrían llevarse a cabo durante toda la legislatura, y además a mi parecer supondrían no tanto una nueva normativa en sentido estricto sino una mejora del marco normativo ya existente. Son las siguientes:
“Aprobaremos la
Ley Integral de Impulso de la Economía Social, a través del dialogo con las
entidades representativas de las familias de la economía social, para la
modernización y adecuación de las leyes 5/2011 de economía social, 27/1999 de
cooperativas, 44/2007 de empresas de inserción y 44/2015, de Sociedades
Laborales y Participadas
Impulsaremos una
nueva Ley de Sociedades Laborales con el objetivo de facilitar el
emprendimiento colectivo a las nuevas situaciones del tejido productivo y
posibilitar así que este modelo empresarial refuerce su atractivo económico y
sea un instrumento eficaz para la transmisión de empresas mercantiles a las
personas trabajadoras de las mismas, tanto en caso de relevo generacional como
en otras circunstancias”
Como ya indicado
con anterioridad, la apuesta por la formación es una pieza central del programa
electoral en el ámbito social, y dentro de esta juega un papel relevante el
desarrollo de una política de formación profesional que, desarrollando el marco
normativo existente, es decir la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la Formación Profesional, la convierta en “un
camino normalizado éxito”, con un itinerario “lleno de paradas que
permite a cada cual detenerse en su formación allá donde considere y retomarla en
cualquier momento de su vida laboral”, que permita reducir el abandono escolar
temprano y que sirva para facilitar la adaptación y el tránsito laboral hacia
los empleos de la economía digital y verde, con una clara apuesta por la formación
profesional dual que combine adecuadamente la actividad formativa y la práctica
en el mundo laboral.
Las propuestas que
enumero a continuación tienen, ciertamente, un grado de generalidad, salvo la
mención concreta al número de personas trabajadoras formadas cada año, que
permitiría también su puesta en marcha de forma gradual durante toda la
legislatura:
“Formación para 3
millones de personas en formación profesional cada año, de los cuales 1.400.000
serán jóvenes matriculados en formación profesional del sistema educativo, y
1.600.000 trabajadoras y trabajadores ocupados o desempleados.
- Aumento de
plazas públicas para estudiantes de Formación Profesional, garantizando la diversificación
de la oferta pública y el ajuste con las demandas del mercado laboral.
- Refuerzo de los
planes de Formación Profesional de trabajadoras y trabajadores, ocupados y
desempleados, ofreciendo itinerarios que faciliten el mantenimiento del empleo,
la mejora en el mismo, o el tránsito entre sectores productivos.
- Formación gratuita y permanente en
digitalización a todos los niveles y para todas las personas.
- Refuerzo de la
oferta de formación profesional en entornos rurales e insulares, implantando
ciclos formativos y certificados profesionales, certificados de competencia y
acreditaciones parciales.
- Creación de
programas específicos de formación profesional para dar respuesta a personas
con necesidades educativas especiales o con dificultades de inserción laboral
por cualquier razón.
- Planes contra la
brecha de género y los estereotipos asociados a los sectores industriales,
tecnológicos y digitales, para incrementar el talento femenino en estos
ámbitos.
- Acreditación a
todos los trabajadores y trabajadoras de las competencias profesionales que
cada persona haya adquirido en el desempeño de su puesto de trabajo.
- Despliegue
masivo con un mecanismo sencillo, público, gratuito y permanente, con presencia
y colaboración de los interlocutores sociales, los agentes económicos y los
gobiernos municipales.
- Un nuevo derecho
de la ciudadanía: la orientación profesional de jóvenes y trabajadores y trabajadoras,
para diseñar sus itinerarios formativos y profesionales.
-Orientación hacia
la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores y trabajadoras
provenientes de empleos en transformación de cualquier sector, en particular
desde los sectores en transición a la economía sostenible, incluyendo su
formación y recualificación.
- Unidades de
orientación profesional dependientes de ayuntamientos, que aproximen el
servicio de orientación profesional a toda la ciudadanía”.
No conviene
olvidar en este bloque, en el apartado dedicado específicamente a la juventud
que el programa recoge que “impulsaremos la aprobación definitiva del Estatuto
del Becario mediante el diálogo, el acuerdo y el pacto con los agentes sociales”,
una formula abierta que, sin volver a la casilla de salida, sí deja claro, o al
menos así me lo parece, que el texto no saldrá adelante sin el visto bueno tanto
de las organizaciones sindicales (ya lo tenía) como de las empresariales (que
no habían dado su apoyo al texto aprobado por el MITES). Mi análisis de dicho
texto se encuentra en “Empleo y jóvenes”, publicado en el número monográfico dela Revista Justicia y Trabajo (septiembre 2023) dedicado monográficamente
a la Ley de Empleo.
4. El bloque IV incluye
propuestas de indudable interés que inciden directamente en las políticas de
igualdad, con un previo, y obviamente muy amplio recordatorio de todas las aprobadas
y puestas en marcha con el primer gobierno socialista y posteriormente con el
gobierno de coalición con Unidas Podemos. Todas ellas son, o bien desarrollo de
la normativa vigente, o modificaciones tendentes a incorporar la perspectiva de
género, en especial en materia salarial y de prevención de riesgos laborales
que recogen las reivindicaciones de algunos colectivos.
Son las
siguientes:
“- Seguiremos
avanzando en políticas que permitan eliminar la brecha salarial, profundizando
en materia de transparencia salarial, potenciando las inspecciones de trabajo y
e incrementando el régimen sancionador, de acuerdo con la Directiva Europea de
Transparencia Salarial.
- Pondremos en
marcha la Oficina Estatal de lucha contra discriminación en la Inspección de
Trabajo.
- Actualizaremos la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales incorporando la perspectiva de género.
- Estableceremos
una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar,
entre otras, aquellas propias de muchas actividades realizadas principalmente
por mujeres, como ocurre con las camareras de pisos, o las profesiones
vinculadas a la atención dependencia o la limpieza, que tendrán la
consideración de enfermedad profesional”.
Existen algunas
propuestas ya concretas en el apartado dedicado a “Servicios público de
cuidados y políticas de tiempos”, además de otras de carácter más general y necesitadas
por ello de una concreción posterior, y que requerirán la modificación tanto de
la normativa sustantiva laboral como la de protección social.
Entre las
primeras:
“- Extenderemos la
prestación por nacimiento y cuidado (antes paternidad y maternidad) hasta las
20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial
de los padres y madres a partir de la semana 16”
- Se reconoce a
cada uno de los progenitores un periodo de año cotizado por cada hija o hijo”.
Entre las segundas:
“- Fortaleceremos
la red pública de servicios de cuidados potenciando un nuevo modelo de
organización social de los cuidados para avanzar en la igualdad entre mujeres y
hombres y la corresponsabilidad.
- Avanzaremos en
la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, considerando la
perspectiva del ciclo de la vida, siempre en el marco del diálogo social, y
desde la perspectiva de género.
- Fomentaremos la
corresponsabilidad en las primeras etapas de la crianza incentivando prácticas
beneficiosas como la adopción consecutiva de los permisos de nacimiento.
- Pondremos en
marcha un Plan Nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas
legales y de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una
mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas
híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y
la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral”.
Igualmente, y como
medidas generales que necesitan de una mayor concreción, se efectúan propuestas
que deberían enmarcarse en el logro de un pacto “por la racionalización de los
horarios y ley de usos del tiempo”, y que, ya adelanto en un planteamiento algo
distinto al de su posible socio de coalición, articule “políticas de tiempos
que vayan más allá de propuestas sobre días u horas máximas de trabajo
remunerado y que aborden una racionalización de nuestros horarios que tenga
como referencia una propuesta centrada en la igualdad entre mujeres y hombres,
la salud integral de la sociedad, la eficiencia y la sostenibilidad”.
Son las
siguientes:
“- Promoveremos un
gran Pacto Social por la Racionalización de los horarios que pueda reflejarse
en iniciativas legislativas y con la implicación de todos los agentes
implicados de todos los ámbitos: político, de la Administración y de la sociedad
civil, sindicatos y organizaciones empresariales, comunidad educativa, comercios,
medios de comunicación para que adapten los horarios de máxima audiencia,
promoción a través de la FEMP de pactos locales para la gestión del tiempo,
etc. Entre otras medidas, puede incluir la creación de una Mesa de Concertación
Social para los Usos del Tiempo y Racionalización Horaria”.
- Seguiremos trabajando en la Ley de usos del
tiempo y racionalización de los horarios, una ley que debe permitir avanzar
hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres, y fomentar
el bienestar de las personas y la eficiencia del tejido empresarial y asociativo.
- Pondremos en marcha un Plan Nacional para el
trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos a empresas
para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal
y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo
remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días
su semana laboral”
Para una visión
general del tiempo de trabajo, con inclusión del examen del “Estudio de
fundamentación para la Ley de usos de tiempo y racionalización horaria”,
coordinado por la Time Use Initiative, remito a “El tiempo de trabajo y losusos del tiempo. Las propuestas de contenido laboral y los programaselectorales”
5. Por último, las
propuestas en materia de protección social aparecen en el bloque dedicado a la
España de la cohesión social y del bienestar, si bien una bien concreta y otra
general se encuentran en el bloque anterior, y vinculadas a políticas de protección
de las mujeres, repitiéndose después De
tal manera, con concreción se expone que “El incremento del 10% de la cuantía
del complemento para la reducción de la brecha de género previsto para 2024-5
se completará con otro 10% adicional durante el bienio 2026-7”, y con carácter
general que “Defendemos el derecho a una pensión digna y seguiremos aumentando
el montante de la pensión mínima durante esta legislatura, como se ha hecho en la
presente, hasta conseguir la media europea”.
Tras el obligado
recordatorio de todo lo hecho en materia de protección social, y especialmente
en pensiones, durante la anterior legislatura, y sin faltar en modo alguno las
críticas a las políticas del Partido Popular durante los seis años y medio de
mandato (2012-junio 2017), se efectúa una propuesta que tendría especial
relevancia si llegara a aprobarse, ya que se apuesta por blindar el poder adquisitivo
de las pensiones “con un cambio constitucional”, garantizando “ante cualquier
circunstancia” el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC,
además de otras de carácter más general y de las que efectúo una síntesis que expongo a continuación:
- Seguiremos
revalorizando las pensiones mínimas y no contributivas durante la próxima
legislatura, para reforzar su efectividad en la reducción de la pobreza.
- Aprobaremos una
nueva fórmula de jubilación parcial anticipada que preserve la calidad del
empleo de los relevistas a través de contratos indefinidos; y se tendrá en
cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos
casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad.
- En cumplimiento
del acuerdo en el ámbito del diálogo social, se establecerá un nuevo
procedimiento para hacer efectivo, en supuestos objetivamente justificados, el
adelanto de la jubilación
- Continuando con
la implementación plena de las recomendaciones del Pacto de Toledo, vamos a
reformar las pensiones de muerte y supervivencia con el objeto dignificar las
pensiones de orfandad y mejorar las pensiones de viudedad de aquellas viudas en
situación de vulnerabilidad.
- Reconoceremos un periodo de cotización de un
año por el nacimiento o adopción de cada hijo a cada uno de los progenitores
para su futura pensión”.
Particular
atención dedica el programa al Ingreso Mínimo Vital, propugnando tanto su
consolidación como el Complemento de Ayuda a la Infancia, hasta llegar a al
menos un millón de niños, niñas y adolescentes- “como principales herramientas
para reducir la pobreza infantil en nuestro país”. Desde la perspectiva de estrecha
relación entre las políticas de empleo y de protección social, el programa hace
una afirmación tajante, que para su concreción deberá tener muy en cuenta a mi
parecer el marco competencial de las Comunidades Autónomas y la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, cual es que
se culminará en la legislatura “la integración de prestaciones no contributivas
en torno al IMV”, y especificando que se actuará “en coherencia con el resto de
los esquemas de protección del estado del bienestar, de tal manera que no se
generen desincentivos en los ámbitos de la cotización y activación laboral,
combinando así la eficacia y eficiencia de los sistemas de protección”
Dicho sea
incidentalmente, los últimos datos publicados por el MISSMI el 29 de septiembre
indican que el IMV ha llegado a 2.013.439 personas, de los que el 43% son
menores; que el número de hogares perceptores ha alcanzado los 690.214 y en dos
de cada tres familias la titular es una mujer; y que las prestaciones con
Complemento de Ayuda para la Infancia han rebasado ya las 417.000.
En cuanto al
empleo y protección social de las personas con discapacidad, hay una remisión
en bloque a las propuestas contenidas en el recientemente publicado Libro Blanco
sobre la Discapacidad, llamando a la reforma del marco normativo vigente por
considerar que ha quedado obsoleto, de tal manera que se propone llevar a cabo “un
nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad basado en
la activación, los apoyos, la acción positiva para las discapacidades más
excluidas y con más dificultades de inserción laboral, teniendo siempre presente
la perspectiva de género”
Más adelante, y
llamando al desarrollo tanto de la Ley de empleo como de su normativa específica,
la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, encontramos una
mención de carácter general a la implementación de las medidas para la
reducción de su discriminación en el entorno laboral, “y especialmente en el acceso...,
impulsando y evaluando el impacto de las medidas dispuestas en la ley a tal
efecto”.
No puede acabarse
el examen de las propuestas socialistas sin referirnos a las dedicadas a
migración y asilo. No hay ninguna propuesta concreta, sino que se trata del
recordatorio de otras anteriores, ya incluidas en la reforma del Reglamento de
Extranjería y en las Instrucciones dictadas para su aplicación, además de
valorarse positivamente, como es lógico por su parte, los avances realizados en
los proceso de regularización por las diferentes vías de arraigo y con la relevancia
del arraigo por formación introducido por aquella reforma de julio del pasado
año (remito a “Reforma de la normativa de extranjería. Historia de dos años de
cambios. De las medidas “anti-Covid” al Real Decreto 629/2022 de 26 de julio”
Estas son las
propuestas, generales, recogidas en el programa:
“- Avanzaremos en
la implementación de las reformas emprendidas esta legislatura.
- Habilitaremos mejores vías para la migración
regular y ordenada que permitan una mejor inserción social y laboral de las
personas migrantes, fomentando convenios de migración circular exitosos como
los que ya funcionan.
- Mejoraremos el
sistema de gestión de la política migratoria, simplificando los procedimientos
y acelerando el cambio de modelo de las oficinas de extranjería.
- Seguiremos
trabajando en la facilitación de la incorporación al mercado laboral de las
personas que ya se encuentran en España, fomentando la compatibilidad de
formación y trabajo para favorecer el acceso al trabajo de los y las estudiantes”.
Buena lectura.
Continuará... seguro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario