1. En efecto, la doctrina laboralista española tiene anualmente una cita reservada en el calendario, la celebración del Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS) .
Entre las, muchas,
consecuencias negativas de la grave crisis sanitaria desencadenada por la
Covid-19 estuvo la suspensión de la presencialidad de los Congresos de 2020 y
2021, celebrados vía telemática, que no disminuyeron ni un ápice la calidad de
las ponencias y comunicaciones pero que nos impidió la celebración de las
reuniones en ciudades tan atractivas como Granada y A Coruña. Afortunadamente,
pudimos recuperar el carácter presencial, las reuniones “en vivo y en directo”
el pasado año, en el que el XXXII Congreso se
celebró en una ciudad muy turística y mirando al mar, Alicante, con un
indudable éxito de asistencia y con debates de innegable interés.
Este año, los días
25 y 26 de mayo, nos acoge una ciudad con encanto, Cuenca, cuyo casco antiguo fue declarado
patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1996. El Congreso se organiza en colaboración
con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Facultad de Ciencias Sociales de
Cuenca, desarrollándose la actividad docente en el paraninfo universitario del
campus de dicha ciudad.
Basta leer con la
debida atención el programa del XXXIII Congreso, cuyo título genérico es
“Empleo y Protección Social” , y la
presentación que efectúa nuestra Presidente, la profesora María Emilia Casas Baaamonde,
para comprobar la importancia que tienen todas las ponencias que serán objeto
de exposición, y me atrevo a decir que también las tendrán todas las,
numerosas, comunicaciones presentadas y que demuestran una vez más la vitalidad
de la joven y postjoven doctrina laboralista española y que ya se puso de
manifiesto en el XXXII Congreso
No voy a negar,
además, que este Congreso tiene un especial interés personal, además
obviamente, del académico, para mí, ya que dos ponentes son personas con las
que he trabajado, o sigo trabajando, desde hace muchos años y puedo dejar
constancia de su indudable valía profesional (además de ser un muy buen amigo y
una muy buena amiga). Me estoy refiriendo al profesor Ferran Camas Roda, de la
Universidad de Girona, que inició su andadura académica conmigo en la UdG en el
año de los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), y a la profesora Carolina Gala
Durán, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la que he compartido
actividad docente e investigadora desde que me incorporé a dicha Universidad al
inicio del curso académico 2007-2008.
2. Permítanme
que haga un breve repaso del Programa,
no porque no sea ya conocido por quienes van a asistir al evento, sino porque creo que su difusión a
través de las redes sociales (como también lo hace, y muy bien, la propia
AEDTTS) es importante
para que se conozca la relevancia de debates como los que vamos a tener y que,
en años anteriores, han tenido sin duda alguna, influencia sobre normas de
contenido laboral y de protección social.
Con esta entrada
continuo con el comentario, con anterioridad o a posteriori, que he realizado
de varios Congreso presenciales de nuestra asociación, como han sido el XXVI , celebrado en Córdoba en 2016, el XXVII en Tarragona en 2017, el XXVIII en Santiago de Compostela en 2018, y el
XXIX en Salamanca (2019).
También tuve
oportunidad de analizar el XXX y el XXXI Congreso , celebrados de manera virtual y organizados por la AEDTSS conjuntamente con la
Universidad de Granada y A Coruña, respectivamente.
3. La ponencia
general siempre está cargo del catedrático o catedrática cuya Universidad (y en
este caso, uno de los Campus de la UCLM) acoge el Congreso. Conociendo el buen
hacer de la profesora Amparo Merino Segovia no hay duda de que su intervención,
que lleva por título “La vulnerabilidad social desde la perspectiva del empleo
y la protección social”, será un excelente punto de partida para las ponencias
presentadas en los cuatros paneles que se desarrollarán durante los dos días y
en los que se entrará en el análisis, debate y discusión de temáticas más
concretas aunque obviamente muy relacionadas con el título del Congreso, y sin
duda también muy relacionadas con los cambios normativos operados recientemente
en materia de empleo y protección social, como son la Ley 3/2023, de 28 de
febrero, de Empleo, y las numerosas modificaciones que, tanto a través de esta
ley como de otras normas dictadas en los últimos años, se han introducido en el
ámbito de la protección por desempleo. La presidencia de la sesión estará a
cargo del profesor Antonio Baylos.
Dicho sea incidentalmente, el Congreso de
este año enlaza perfectamente con las conclusiones generales del celebrado en
Alicante que he tenido oportunidad de leer nuevamente cuando preparaba esta
entrada y cuya exposición estuvo a cargo del profesor David Montoya. Al
sintetizar la ponencia marco, que estuvo a cargo de la profesora Carmen
Viqueira, se podrá comprobar, tras la lectura de los fragmentos que reproduzco
a continuación, su íntima relación con la reciente Ley de Empleo y con las ponencias
del primer y segundo panel:
“Del análisis
derivado de la ponencia general, puede deducirse una primera propuesta clara:
el previsible aumento del desempleo tecnológico exigirá explorar nuevas
actuaciones en materia de políticas activas de empleo, distintas de las hasta
ahora emprendidas. Entre ellas, la ponencia apunta interesantes medidas como
una mayor dotación presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal acorde
con nuestra elevada tasa de desempleo, reforzar la digitalización de sus
recursos para mejorar su función de intermediación y la articulación de una
dimensión local de las políticas activas de empleo.
También la
ponencia propone una mejora sustancial de la actual regulación del derecho a la
formación profesional con objeto de superar el escaso protagonismo con el que actualmente
cuenta en la legislación laboral. En este sentido, se plantea la necesidad de
transformar el permiso por razones formativas, contemplado el art. 23 Estatuto
de los Trabajadores, en un verdadero derecho del trabajador a la formación
profesional para el empleo.
Particular
protección habrá que dispensar, asimismo, al colectivo de trabajadores mayores
frente al riesgo del desempleo tecnológico. En este sentido se urge a una
reordenación global de la protección por desempleo desligada de su vinculación
laboral...”.
A) En el primer
panel, y bajo la presidencia del Director del Servicio Público de Empleo Estatal
Gerardo Gutiérrez, intervendrán el profesor Ferran Camas Roda y la profesora
Mercedes López Balaguer, abordándose la empleabilidad y la formación por el
primero, y la intermediación laboral por la segunda.
Al respecto,
recuérdese la importancia que la Ley de Empleo concede a la empleabilidad, a la
que dedica el capítulo II del título III dedicado a las políticas activas de
empleo, definiéndola como “el conjunto de competencias y cualificaciones
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las
oportunidades de educación y formación que se les presenten con miras a
encontrar y conservar un trabajo decente, progresar profesionalmente y
adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de
trabajo”, debiendo producir “un ajuste dinámico entre las competencias propias
y las demandadas por el mercado de trabajo”. También merece especial atención
la formación en el trabajo, a la que se dedica todo el art. 33, ubicado dentro
del capítulo I del título III, dedicado a las disposiciones generales de las
PAE.
Con relación a la
intermediación, conceptuada como “el conjunto de acciones destinadas a
proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus
características y facilitar a las entidades empleadoras las personas
trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades”, esta ocupa
todo el capítulo III del Título III.
B) El segundo
panel, cuya presidencia ostentará la Directora de la Escuela de la ITSS Mª
Sonsoles Gutiérrez de la Peña, estará dedicado a la protección por desempleo, distribuyéndose
la temática entre la profesora Carolina Gala, que tratará de la prestación
contributiva, y el profesor José Luis Tortuero, que asumirá la ponencia relativa
a la protección asistencial (supongo que el subsidio de desempleo) “y otras
políticas de protección por desempleo”, entre las que imagino que incluirá a la
renta mínima de inserción y la protección por desempleo agrario. Repárese al
respecto el interés que tiene este panel por las recientes modificaciones
operadas en el ámbito subjetivo de la protección contributiva y también del
asistencial (valga citar al personal doméstico al servicio del hogar familiar y
a quienes llevan a cabo actividades artísticas)
C) El tercer panel
no se centra ya en cuestiones concretas, sino que eleva el tono de los debates
para abordar el gobierno del empleo, con la ponencia a cargo del profesor Jesús
Cruz Villalón, y la interlocución, incluyendo el gobierno del desempleo, de la
profesora Cristina Aragón Gómez, bajo la presidencia de Maravillas Espín Sáez, Directora
General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las
Empresas, del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
D) Por último, se
abordarán las reformas de Seguridad Social (a mi parecer relacionadas en varios
de sus contenidos con las ponencias del segundo panel) previstas en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, estando la ponencia a cargo de la
profesora Belén García Romero y con la interlocución del profesor Juan Carlos
Álvarez Cortes. La presidencia estará a cargo de Daniel Aníbal García Diego, Presidente
de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de
Empleo.
4. El segundo día
del Congreso estará dedicada primeramente a la exposición de las Comunicaciones
presentadas a las distintas ponencias, de acuerdo a su aceptación por los cuatro
comités científicos encargados previamente de su evaluación. Como ya he dicho
antes, hay mucha calidad en la joven y postjoven doctrina laboralista, y de
ello dan buena prueba las doce del primer panel (empleabilidad y formación), las
siete del segundo (intermediación laboral), las diez del tercero (la protección
contributiva por desempleo ¿la reforma pendiente?), las dos del cuarto (La
protección por desempleo asistencial y otras políticas de protección del
desempleo), las siete del quinto (El
gobierno del empleo y el desempleo), y las cinco del sexto (Las reformas de la
Seguridad Social previstas en el plan de recuperación, transformación y
resiliencia).
A continuación, se
presentarán los dieciséis proyectos de investigación que están en marcha en diversas
Universidades españolas, Tras la intervención de la profesora galardonada con
el Premio de tesis de la AEDTSS y entrega de los premios Juan Rivero Lamas, se
llevará a cabo la presentación de las conclusiones generales del Congreso a cargo
del profesor Francisco Trillo Párraga,
El magno evento académico
contará con la conferencia del profesor Juan García Blasco, que versará sobre
¿Qué derecho para el oficio universitario?, presidiendo el acto el profesor
José Luís Monereo Pérez. Además, y antes de la clausura a cargo de autoridades
políticas y universitarias, habrá un acto de especial emotividad, cuál es el
homenaje al profesor Fernando Valdés Dal-Re, tristemente fallecido hace poco
tiempo, con la intervención del profesor Jesús Cruz, y con su presencia en la
mesa presidencial junto con la profesora María Emilia Casas Baamonde y el
profesor Luis Enrique de la Villa Gil.
5. La información sobre
el XXXIII Congreso es una buena ocasión para recordar la importancia que tiene
el empleo decente en la vida de la gran mayoría de la población, que es otra
que la trabajadora asalariada, el 53 % a escala mundial según los últimos datos
disponibles facilitados por la Organización Internacional del Trabajo. Sobre esta temática, abordada en varias entradas
del blog, me permito remitir a la lectura de tres de ella:
Expuse que “El
Informe parte de una noción, concepto e idea en la que viene trabajando la OIT
desde hace mucho tiempo y que cada vez adquirirá mucho mayor importancia, y más
ante la gravedad de la situación actual, y que ha ido siendo incorporada, al
menos en el plano teórico, en las políticas puestas en marcha por buena parte
de sus Estados miembros: se trata de promover y lograr “el pleno empleo,
productivo y libremente elegido por medio de la adopción de una política
nacional de empleo y trabajo decente integral e inclusiva que tenga en cuenta
los distintos grupos en la sociedad, así como los cambios profundos y radicales
en el mundo del trabajo”.
En el Informe se
presta especial atención, y se apunta por su importancia en la introducción, al
concepto o definición adecuada de aquello que debe ser conceptuado como una
relación de trabajo, cuáles son sus protagonistas y cuáles los derechos y
obligaciones que afectan a las partes, subrayando la conveniencia de dicha
atención especial “en el marco de nuevas formas de trabajo y nuevos acuerdos
contractuales que en algunas ocasiones tienden a trasladar las
responsabilidades relacionadas con el empleo sobre los hombros de los
trabajadores, desdibujando las líneas divisorias entre el trabajo dependiente y
el trabajo autónomo”.
B) “El objetivoestratégico del empleo a debate en la Conferencia anual de la OIT. ¿Qué hay quecorregir? ¿Qué políticas, y con qué perspectivas, son necesarias para elinmediato futuro?” . Reproduzco un breve fragmento:
“Especialmente
interesante a mi parecer es el análisis de como poner en marcha política para
que sean posibles transiciones a lo largo de la vida, y que se desarrollen de
manera “satisfactoria y equitativa”, teniendo en cuenta las necesidades,
intereses, y expectativas de las personas trabajadoras. Jugará un papel
importante en la transición, o transiciones (para entrar en el mercado de
trabajo, durante la vida laboral, y tras salir de dicho mercado) en primer
lugar la edad, “reconociendo que cada fase de la vida corresponde a retos
específicos del mercado de trabajo, y que las trayectorias individuales son en
parte irreversibles porque las transiciones, oportunidades y limitaciones
anteriores pueden tener consecuencias durante toda la vida laboral”, y en segundo
término varios factores que afectan de forma desigual a cada persona y a los
que hay que prestar atención, como son entre otros “las obligaciones laborales,
familiares y de cuidados, la ubicación (urbana/rural), la educación, la
condición migrante, etc.”).
Como es lógico, el
informe se centra más adelante en las llamadas “políticas específicas del
mercado de trabajo”, con planteamiento y propuestas ya mencionados algunos con
anterioridad en este texto y otros en diversas entradas anteriores en las que
he concentrado mi atención en las políticas de empleo.
Se parte de una
reflexión general que sigue siendo plenamente válida y que además destaca la
importancia que han tenido en la salida gradual de la crisis provocada por la
Covid-19, como lo han puesto de relieve los periódicos informes de la OIT sobre
el impacto de esta en el mundo del trabajo. Las políticas activas del mercado
de trabajo, se afirma, “desempeñan una función fundamental en el apoyo a la
reinserción laboral de las personas y en la mejora de la empleabilidad de los
colectivos vulnerables. En el contexto de la pandemia de COVID-19 y de los
esfuerzos de recuperación conexos, los servicios públicos de empleo deben
utilizar las políticas activas del mercado de trabajo para facilitar el retorno
al trabajo, ayudar a las personas desempleadas e inactivas a conseguir un
trabajo productivo y mejorar la empleabilidad de quienes están fuera del
mercado laboral, como los trabajadores poco calificados, los desempleados de
larga duración y los que se enfrentan a múltiples obstáculos para integrarse”,
llamando pues nuevamente a su plena integración y articulación con las
políticas de protección social.
Se valora la
importancia de los programas públicos de empleo para crear trabajo decente y
generar ingresos a corto plazo, fundamentalmente “para las personas que no
pueden encontrar empleo en el sector privado”, y se subraya una vez la
trascendencia de las políticas en materia de calificaciones y aprendizaje
permanente. Se sigue insistiendo, y mucho, en la importancia de políticas que
superen las diversas brechas de género (salariales, digitales, condiciones
laborales) y que contribuyan, pues, a que la igualdad no se quede solo en un
mero deseo”.
En mi análisis del
Informe presentado este año por la OIT sobre Tendencias mundiales del empleo,
expuse lo siguiente:
“... ..El déficit
mundial de empleo ascendió a 473 millones de personas en 2022, lo que
corresponde a una tasa de incidencia de déficit de empleo del 12,3 por ciento”.
La OIT acuña una nueva medida (déficit mundial de empleo), que califica como
“la necesidad insatisfecha de empleo en el mundo”, que comprende tanto a las
personas desempleadas (205 millones, tasa del 5,8 por ciento de desempleo) y de
otras personas que “aun teniendo una necesidad insatisfecha de empleo, no
forman parte de la población activa al no cumplir los criterios para
inscribirse en la categoría de desempleados” (268 millones) que tiene especial
impacto entre las mujeres, cuyo déficit de empleo es del 15,5 % frente al 10,5
% de los hombres, y ello “a pesar de que hombres y mujeres presentan tasas de
desempleo similares”, pudiendo relacionarse este dato con la diferencia
existente en la tasa mundial de actividad, negativa de casi 25 puntos para las
mujeres con respecto a los hombres (47,4 y 72,3 %, respectivamente).
La importancia del
trabajo informal sigue siendo muy elevada a escala mundial, ya que si bien se
había reducido en el período anterior a la pandemia, el crecimiento posterior
del empleo le ha dado un nuevo impulso, calculándose en el Informe que cerca de
2.000 millones de trabajadores tienen un empleo informal en el mundo, con la
evidente disminución de cobertura laboral y de protección social que ello
significa, que aún se pone más de manifiesto en el dato de que “solo el 47 % de
la población mundial está efectivamente cubierta por una prestación social, lo
que significa que más de 4.000 millones de personas siguen careciendo de esta
forma de protección”, que evidentemente impacta de forma negativa mucho más en
los países de ingresos medianos y bajos, algo que lleva al Informe a constatar
que muchas personas trabajadoras “no dejarán de trabajar, sino que se verán
obligadas a buscar empleo en le economía informal a medida que se desacelere la
actividad económica”, y nuevamente con especial afectación negativa a las
mujeres, en cuanto que “cuatro de cada cinco puestos de trabajo de mujeres
creados en 2022 eran informales, frente a solo dos de cada tres puestos de
hombres”.
Es justamente este
incremento de la informalidad el que va de la mano con salarios bajos y poco
interés empresarial en la formación de ese personal, algo que obviamente no
ocurre en aquellas empresas, sectores y países, en donde las relaciones
laborales tienen un adecuado marco normativo, unas organizaciones sindicales y
empresariales potentes, y unas autoridades que se encargan de velar
eficientemente por el respeto de la normativa, tanto de la legal como de la
convencional. Formación, cualificación y
preparación profesional que cada vez es más necesaria ante la rapidez del
cambio tecnológico y que lleva al Informe, como ya se ha hecho en los de años
anteriores, a resaltar la importancia de su potenciación, con la aportación de
un dato que es merecedor de atención, al mismo tiempo que de preocupación: “en
el mundo actual, dos tercios de los trabajadores jóvenes carecen de
competencias básicas, circunstancia que coarta sus oportunidades laborales y
los obliga a aceptar formas de empleo de menor calidad”.
6. También es muy
recomendable la lectura de la Memoria presentada por el Director General de la
OIT, Gilbert F. Houngbo, a la 111ª reunión anual de la Conferencia
Internacional del Trabajo que tendrá lugar del 5 al 16 de junio, publicado el
15 de mayo y que por dicho motivo no pudo ser objeto de mi atención en una
entrada anterior dedicada al contenido de dicha Reunión y muy en particular al
documento para debate sobre una protección adecuada para las personas trabajadoras
En dicha Memoria
se recoge, tal reconoce expresamente su autor, “mi visión para promover la
justicia social y el trabajo decente”, animando a los delegados y delegadas
asistentes a la CIT a que la estudien y debatan.
El capítulo 1 está
dedicado a “La búsqueda de la justicia social”, y la describe en cuatro
dimensiones, interrelacionadas e interdependientes: “La primera dimensión son
los derechos humanos universales y las capacidades. Los derechos humanos universales
incluyen, entre otros, el acceso a un nivel de vida adecuado y a educación,
atención de salud y seguridad social. También abarcan la libertad de asociación
y la libertad sindical, que asientan los cimientos para la participación
democrática y el diálogo social....”. “La segunda dimensión se refiere a la
igualdad de acceso a las oportunidades de empleo y la actividad productiva que
permiten a las personas procurar su bienestar material en condiciones de seguridad
económica. Se centra en las oportunidades sustantivas de participar en la
actividad económica y recibir una recompensa por ese esfuerzo, incluida la
oportunidad de lograr un trabajo provechoso y contribuir a la sociedad. Se basa en los principios de «justa igualdad
de oportunidades» 8 e igualdad de trato. Atañe principalmente a las políticas y
las medidas que brindan acceso a oportunidades de desempeñar un empleo
productivo y libremente elegido...”. “La tercera dimensión engloba la noción
más amplia de la distribución equitativa. Se refiere a la equidad en los
resultados distributivos, incluido un reparto justo de los beneficios del
crecimiento económico, prestando atención a los más desfavorecidos o
vulnerables de la sociedad...”. “La cuarta dimensión se refiere a las
transiciones justas. Esta dimensión refleja la manera en que las
transformaciones trascendentales afectan al bienestar de las personas con el
tiempo. Incluye las transformaciones asociadas a la globalización, las
transformaciones tecnológicas, demográficas, ambientales y de otra índole, y la
conjunción de múltiples crisis. Aborda las capacidades necesarias para
construir sociedades y economías resilientes”.
La relación entre
la justicia social y el trabajo decente se pone claramente de manifiesto en la
Memoria en estos términos: “La disponibilidad de trabajo decente y el acceso al
mismo desempeñan un papel central en la promoción de la justicia social en
torno a estas cuatro dimensiones. Los ingresos del trabajo constituyen la
principal fuente de ingresos de la mayoría de los hogares. El acceso al empleo pleno,
productivo y libremente elegido y a la protección social sienta las bases para
mejorar el nivel de vida y permite a las personas desarrollar y aprovechar
plenamente su potencial. Los incrementos de los ingresos del trabajo y las
transferencias sociales reducen la desigualdad y aumentan la inclusión. Además,
si está regulado y bien organizado, el trabajo puede constituir una fuente de
bienestar personal e integración social. Las empresas sostenibles tienen un importante
papel que desempeñar en la oferta de oportunidades de participación equitativa
en la generación y el reparto de beneficios de la actividad económica y las
transiciones justas”.
El impulso de la
justicia social y la promoción del trabajo decente pasan por la adopción de
medidas que mejoren las condiciones de vidas y de trabajo de las personas
trabajadoras, analizadas con mucho más detalle en otros documentos a debate en
la 111ª reunión, y que se sintetizan en la Memoria en unos términos que guardan
mucha relación con la temática de nuestro XXXIII Congreso: mejorar la
gobernanza inclusiva y eficaz del trabajo; garantizar el acceso al empleo
pleno, productivo y libremente elegido y el aprendizaje permanente; revitalizar
las instituciones del mercado de trabajo para lograr resultados equitativos;
proteger a las personas a lo largo de su
ciclo vital y hacer transiciones equitativas.
En fin, la Memoria
apuesta por la creación de una “Coalición Mundial para la Justicia Social”, integrada
por las diversas organizaciones internacionales que tratan sobre asuntos económicos
y sociales, de tal manera que “podría ser un vehículo para el diálogo y la
colaboración de alto nivel entre el Banco Mundial, el FMI, los bancos
regionales de desarrollo y la OIT, de modo que cada institución pueda cumplir
mejor su mandato y, en última instancia, ayudar a sus beneficiarios, en
particular, a los Gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
las personas y las empresas de los países de que se trate. Podría servir para
mejorar la cooperación y la coordinación en aras de una mayor coherencia en
materia de políticas a escala internacional y nacional”.
7. Concluyo esta
entrada. Nos vemos en Cuenca. Mientras tanto, buena lectura.
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