UE. Desplazamientos por motivos laborales desde un centro de trabajo fijo, y regreso al mismo tras la finalización. El TJUE confirma que deben considerarse tiempo de trabajo. Notas a la sentencia de 22 de octubre de 2026 (asunto C-420/24)

 

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia  dictada por la Sala sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 22 de octubre (asunto C-420/24), con ocasión de la petición de decisión prejudicial planteada, al amparo del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el Tribunal Superior de la ciudad de Iași, de Rumanía), mediante resolución de 14 de mayo de 2024.

El litigio versa sobre la interpretación de los arts. 2.1 y 6 b) de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y del art. 31.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Se suscita en el contexto de un conflicto entre Sindicato de Trabajadores del Sector de las Vías Públicas «Elie Radu», que actúa en nombre y por cuenta de uno de sus miembros, y la Empresa Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial SA — Dirección Regional de Puentes y Caminos de Iași, en relación con la calificación del tiempo de desplazamiento del trabajador afectado hacia su lugar de trabajo efectivo (la negrita es mía).

El meramente descriptivo resumen oficial de la sentencia, que fue dictada sin conclusiones del abogado general, es el siguiente: “Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 2, punto 1 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Artículo 6, letra b) — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — Lugar de trabajo efectivo distinto del lugar de trabajo fijo previsto en un contrato de trabajo — Tiempo de desplazamiento hacia ese lugar de trabajo efectivo — Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

2. Una nueva sentencia, y ya son muchas, en la que el TJUE debe dar respuesta a qué se entiende por tiempo de trabajo (art. 2.1 de la Directiva) y más concretamente, y este es el contenido más relevante de la sentencia a mi parecer, si lo es aquel tiempo que un trabajador que presta sus servicios en un centro de trabajo fijo debe desplazarse por motivos laborales siguiendo las órdenes e instrucciones empresariales. Dicho de otra forma, el debate se centra en si durante ese tiempo que se dedica a los desplazamientos, el trabajador “está trabajando”, o no, según la Directiva y, obviamente, la consolidada jurisprudencia del TJUE.

Ya adelanto, y comparto el parecer de la Sala, que la respuesta es afirmativa, despejando, por si pudiera haber alguna duda (en sede judicial española sí la ha habido) que no importa que el trabajador salga de, y regrese a, su centro de trabajo fijo (e incluso en alguna ocasión que deba pernoctar en el lugar al que ha debido desplazarse) para que pueda concluirse que se cumplen los tres requisitos del art. 2.1 de la Directiva para que pueda considerarse tiempo de trabajo. Baste ahora recordar que dicho precepto lo conceptúa como “todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales”.  Además, la sentencia es una excelente recopilación de la jurisprudencia anterior del TJUE sobre esta temática.

3. En los apartados 10 a 22 de la sentencia conocemos los datos fácticos del litigio, la respuesta en sede judicial, y las dudas del tribunal nacional remitente sobre la adecuación de la normativa estatal a la comunitaria, que le llevará a plantear dos cuestiones prejudiciales al TJUE, de las que, ya lo adelanto, sólo será declarada admisible la primera.  

De tales datos fácticos, interesa conocer en primer lugar que la empresa opera en el sector de las carreteras, con siete subunidades, denominadas «Direcciones Regionales de Carreteras y Puentes», así como un centro de estudios e investigación, y que el trabajador fue contratado como jefe del servicio de «Inversiones, grandes reparaciones y catástrofes, habiéndose regulado en su contrato de trabajo que prestaría sus servicios en “un lugar de destino fijo en Iași”.

Más adelanto, conocemos que del 8 al 15 de junio de 2021 y “siguiendo instrucciones del director regional de la subunidad de la Dirección Regional de Puentes y Caminos de Iași”, el trabajador “se desplazó en varias ocasiones”,  con un vehículo puesto a su disposición por la empresa, y en una ocasión con conductor, “para inspeccionar obras situadas en diferentes tramos de la red nacional de carreteras”, a ciudades que estaban situadas a más de 100 kilómetros de su centro de trabajo, e incluso en una ocasión a la capital Bucarest, que está situada a 421 kms. Durante esos días, los desplazamientos realizados sumaron más de 1.500 kms, y no está de más subrayar, así lo expone el apartado 13, que se llevaban a cabo “... en las condiciones viarias de Rumanía, que, en esta zona geográfica, disponía únicamente de carreteras nacionales o provinciales y no de autopistas”.

Muy importante a efectos laborales es que el trabajador regresaba a su centro de trabajo después de cada desplazamiento, salvo el efectuado a la capital, por lo que los mismos, según la petición de decisión perjudicial, “... tuvieron lugar fuera de las horas de trabajo habituales.

La posterior petición del trabajador para que fueran remuneradas tales horas de desplazamiento (en concreto 31,5) no mereció el visto bueno de la empresa, al considerar (apartado 14) que “... no había realizado ningún trabajo adicional durante sus desplazamientos de los días 8, 10, 12 y 14 de junio de 2021”, ya que para esta no podía considerarse que “... constituyeran un período durante el cual (el trabajador) estuviera en ejercicio de su actividad o de sus funciones, en el sentido del artículo 111 del Código de Trabajo”.

La demanda interpuesta ante el tribunal de distrito de Iasi fue desestimada por sentencia de 20 de julio de 2022. A los efectos de mi exposición interesa destacar que la desestimación se basó (apartado 16) en que “... que eran insuficientes las pruebas presentadas para demostrar que, en el momento de los desplazamientos de que se trata, BZ se encontraba a disposición de su empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones. Según ese órgano jurisdiccional, la mera inscripción de las horas de salida y de llegada en una orden de misión, a falta de un informe de actividad o de una hoja de ruta, no basta para acreditar la realización de horas de trabajo extraordinarias”

Contra la citada sentencia se interpuso recurso de apelación por el sindicato del que es miembro el trabajador afectado, pidiendo que se planteara cuestión prejudicial al TJUE para que interpretara qué debe entenderse por tiempo de trabajo, sosteniendo que debía serlo todo el tiempo dedicado a los desplazamientos.   De la impugnación por parte empresarial me interesa destacar que manifestó que “... la referencia a la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578), no era pertinente, ya que, contrariamente a la situación controvertida en el asunto que dio lugar a esa sentencia, (el trabajador) disponía de un lugar de trabajo fijo” (la negrita es mía).

El tribunal remitente, tras constatar que existían “divergencias jurisprudenciales en cuanto a la calificación del tiempo de desplazamiento de los trabajadores hacia su lugar de trabajo efectivo”, según se considerara, o no, que sólo sería de aplicación a los trabajadores que no dispusieran de un lugar de trabajo fijo o habitual, consideró necesario que el TJUE se pronunciara al respecto, y formuló estas dos cuestiones prejudiciales.

«1) ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 2, punto 1, de la Directiva [2003/88] en el sentido de que el período durante el cual un trabajador, fuera de la jornada laboral habitual, recorre el trayecto a otro lugar distinto de su centro de trabajo fijo o habitual, para ejercer allí su actividad o sus funciones conforme a lo dispuesto por su empresario, así como el viaje de regreso, constituyen “tiempo de trabajo”?

2)      ¿Deben interpretarse el artículo 31, apartado 2, de la [Carta] y el artículo 6, letra b), de la Directiva [2003/88] en el sentido de que se oponen a una disposición de la normativa nacional en virtud de la cual las horas correspondientes al período de traslado de un trabajador a otro lugar distinto de su centro de trabajo fijo o habitual, para ejercer allí su actividad o sus funciones conforme a lo dispuesto por su empresario, y las horas correspondientes al retorno, no se toman en consideración para determinar si se ha alcanzado el umbral del tiempo medio de trabajo semanal para el cálculo de las horas extraordinarias, habida cuenta de la definición nacional de horas extraordinarias exclusivamente como “las horas trabajadas fuera de la duración normal del tiempo de trabajo semanal?”

4. El TJUE pasa revista primeramente a la normativa europea y estatal aplicable.

De la primera, son referenciados el art. 31.2 de la CDFUE, y los arts. 1 (objeto y ámbito de aplicación), 2 (definiciones), y 6 (duración máxima del tiempo de trabajo semanal) de la Directiva 2003/88/CE.  

Del derecho rumano, en primer lugar se cita la Ley n.º 53/2003, parte I, n.º 345, de 18 de mayo de 201, art. 111, que define como tiempo de trabajo aquel que comprende “todo período durante el cual el trabajador por cuenta ajena permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con lo previsto en su contrato de trabajo, en el convenio colectivo aplicable y/o en la normativa vigente. También, los arts. 112 (duración normal semanal y diaria) y 120 (concepto de horas extraordinarias).

5. El TJUE debe pronunciarse en primer lugar sobre la cuestión procesal formal planteada por la parte demandada, que alega dudas sobre su admisibilidad, siendo el eje central de su argumentación (apartado 24) que “el legislador rumano no ha transpuesto formalmente al Derecho nacional las disposiciones de la Directiva 2003/88 sobre cuya interpretación versa la petición de decisión prejudicial, a saber, los artículos 2, punto 1, y 6, letra b), de dicha Directiva, de modo que el Tribunal de Justicia no tiene competencia para pronunciarse sobre esta petición, «a menos que el texto en cuestión constituya una norma europea directamente aplicable en el Derecho de los Estados miembros”.  

La admisibilidad de la primera cuestión prejudicial será aceptada por el TJUE, en aplicación de su consolidada jurisprudencia, tanto sobre la distribución competencial con los tribunales de los Estados miembros, como sobre su obligación de pronunciarse cuando las cuestiones planteadas “se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión”. Y considera que así es, ya que de la resolución de remisión se desprende (apartado 30) que “...el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de dicha disposición para determinar el número de horas de trabajo extraordinarias que, en su caso, deberían ser remuneradas en el marco del litigio del que conoce. La resolución de ese litigio requiere, a su juicio, determinar si el tiempo dedicado a tales desplazamientos debe contabilizarse como «tiempo de trabajo», tal como se define en esa misma disposición”, y que (apartado 31) explica “qué la solución de ese litigio depende de si el tiempo dedicado a esos desplazamientos debe calificarse de «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88”, precisando que “... si bien la cuestión de la remuneración de un trabajador se rige por el Derecho nacional, la resolución de dicho litigio exige determinar previamente la naturaleza jurídica del tiempo dedicado a esos desplazamientos”.

Por el contrario, y como ya he indicado con anterioridad, se declarará inadmisible segunda cuestión prejudicial, tanto porque la resolución remitida (apartado 36) “no contiene la indicación de las razones que llevan al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 y del artículo 31, apartado 2, de la Carta ni de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal”, como también (apartado 38) porque “no precisa la relación que establece entre el artículo 31, apartado 2, de la Carta y la solución de ese litigio, en particular en lo que respecta a las repercusiones de la calificación del tiempo que (el trabajador) dedica a desplazamientos hacia y desde un lugar de trabajo distinto de su lugar de trabajo fijo o habitual en la duración media del tiempo de trabajo semanal (del trabajador) y el cálculo de las horas de trabajo extraordinarias de este último”.

6. Al entrar en la resolución de la primera, y única aceptada, cuestión prejudicial, el TJUE recuerda cómo se define “tiempo de trabajo” en el art. 2.1 de la Directiva, también que no existe una categoría intermedia entre este y el “tiempo de descanso”, y que ambos son conceptos del Derecho de la Unión con interpretación autónoma que pueda “garantizar la plena eficacia de dicha Directiva y una aplicación uniforme de los mencionados conceptos en la totalidad de los Estados miembros”.

Hay amplias referencias a la sentencia de 9 de octubre de 2025, asunto C-110/24, para cuyo estudio remito a la entrada “UE. Es tiempo de trabajo el invertido en los desplazamientos realizados a instancia del empleador. El TJUE reitera su jurisprudencia. Notas a la sentencia de 9 de octubre de 2025 (asunto C- 110/24) y amplio recordatorio de la petición de decisión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana” . En dicha sentencia el TJUE declaró que el art. 2.1 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que “el tiempo dedicado a los trayectos de ida y vuelta que los trabajadores tienen la obligación de realizar, juntos, a una hora fijada por su empresario y con un vehículo perteneciente a este, para desplazarse desde un lugar concreto, determinado por dicho empresario, hasta el lugar en el que se realiza la prestación característica prevista en el contrato de trabajo celebrado entre esos trabajadores y ese empresario debe considerarse «tiempo de trabajo», con arreglo a la citada disposición”.

7. De forma muy didáctica, el TJUE expone (apartado 45) que para responder a la cuestión prejudicial “si concurren los tres elementos constitutivos del concepto de «tiempo de trabajo», tal como se enuncian en el apartado 41 de la presente sentencia, en lo que respecta al tiempo de desplazamiento de un trabajador hacia y desde un lugar de trabajo distinto de su lugar de trabajo fijo, entendiéndose que el hecho de que ese tiempo de desplazamiento se desarrolle fuera de las horas de trabajo habituales del trabajador no influye en la calificación de tiempo de trabajo” (la negrita es mía). Llegará a una conclusión afirmativa, con amplio apoyo en la citada sentencia.

A) Primer elemento: el trabajador “debe estar en el ejercicio de su actividad y funciones”. Sí. La fundamentación de tal conclusión se encuentra en el apartado 47:

“Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en el presente asunto, (el trabajador), durante sus desplazamientos, debe atenerse a las instrucciones de su empresario. Este, fija las misiones que deben realizar los miembros de su personal. Dicho empresario está facultado para determinar o modificar, a su discreción, el destino y las modalidades del desplazamiento profesional de uno de sus empleados, aun cuando el contrato de trabajo de este prevea un lugar de trabajo fijo o habitual. En efecto, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente puede deducirse que el empresario decide (sus) desplazamientos a las obras de carretera que está encargado de controlar y las modalidades de tales desplazamientos. El empresario establece las órdenes de misión y controla las hojas de ruta. Así, en particular, el medio de transporte utilizado ... ara dichos desplazamientos, cuyo punto de partida y de regreso está situado en su lugar de trabajo habitual, a saber, Iași, es determinado por el mismo empresario”

B) Pasemos al segundo elemento constitutivo: el trabajador debe estar a disposición del empresario. Nueva respuesta afirmativa, con obligada mención previa, una vez más, a que ello sea así “sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente”, que se fundamenta debidamente en el apartado 53.

“... de la presente sentencia, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, durante los desplazamientos en cuestión, (el trabajador) está obligado a atenerse a las instrucciones de su empresario. No puede modificar la fecha ni el destino de dichos desplazamientos. Por lo tanto, debe respetar las decisiones adoptadas por el empresario, incluso cuando este pone a su disposición un vehículo conducido por un conductor. Además, de la motivación de la petición de decisión prejudicial se desprende que, durante tales desplazamientos, ... no tiene la posibilidad de disponer libremente de su tiempo y dedicarlo a sus asuntos personales, de modo que está a disposición de dicho empresario”.

Además, recuerda el TJUE (apartado 55) su jurisprudencia respecto a que “entre los elementos característicos del concepto de «tiempo de trabajo», en el sentido de la Directiva 2003/88, no figura la intensidad del trabajo realizado por el trabajador de que se trate o el rendimiento de este”, con apoyo en la sentencia de 30 de octubre de 2025, asunto C-373/24, para cuyo estudio remito a la entrada “UE. Sobre el régimen jurídico de la fiscalía, el concepto UE de trabajador y la aplicación la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo y remuneración de las guardias. Notas a la sentencia del TJUE de 30 de octubre de 2025 (asunto C-373/24)” 

C) Tercer elemento constitutivo: el trabajador “debe estar en el lugar del trabajo durante el período considerado”. Aquí está, reitero, el contenido más interesante de la sentencia. Tras recordar que en la sentencia de 10 de septiembre de 2015, asunto C-266/14, se planteaba el caso de un trabajador que no tenía un lugar de trabajo fijo (remito a la entrada “Centro de trabajo, trabajadores itinerantes y cómputo del tiempo de trabajo (que no es tiempo de descanso). Unas notas a la importante sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2015 (Asunto C-266/14)”, disponible aquí  y aquí , el TJUE analiza el caso enjuiciado subrayando, tras recordar que el trabajador afectado sí tiene un centro de trabajo fijo, que “... “...no obstante, de las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial se desprende que (el trabajador) está encargado regularmente de misiones y que la realización de controles o la celebración de reuniones fuera de ese lugar de trabajo fijo forman parte integrante de sus funciones habituales”, por lo que de ello se desprende asimismo “que (sus) desplazamientos constituyen un elemento inherente al cumplimiento de sus funciones, tal como se definen en su contrato de trabajo.  

¿Pudiera pensarse que durante los desplazamientos el trabajador pudiera “dedicarse a sus asuntos personales? Rechazo tajante del TJUE, nuevamente con mención a la sentencia anterior, ya que “... nada permite pensar, a la vista de los elementos aportados al Tribunal de Justicia, que (el) trabajador podría dedicarse a sus asuntos personales durante su tiempo de desplazamiento, puesto que debe permanecer alejado de su entorno social y familiar y dispone de un escaso margen de maniobra para gestionar el tiempo durante el cual no se solicitan sus servicios profesionales.

En definitiva, parece (prudencia del TJUE a la espera de las comprobaciones del tribunal nacional remitente) que “también se cumple este elemento del concepto de «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88”.

8. Por todo lo anteriormente expuesto, el TJUE declara que el art. 2.1 de la Directiva 2003/88/CE debe interpretarse en el sentido de que

“el tiempo que un trabajador dedica a desplazarse, incluso fuera de sus horarios de trabajo habituales, hacia y desde un lugar de trabajo establecido por su empresario, distinto de su lugar de trabajo fijo o habitual, para ejercer en él su actividad o sus funciones de conformidad con las instrucciones de su empresario, debe considerarse «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición”.

Buena lectura.      

UE. Tiempo de trabajo. Sobre el derecho a indemnización (daños morales) por superación de la jornada máxima semanal. Notas a la sentencia del TJUE de 8 de octubre de 2026 (asunto C- 808/24)

 

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala primera del Tribunal de Justicia el 8 de octubre (asunto C- 808/24), con ocasión de la petición de decisión prejudicial presentada, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la UE, por el Tribunal Comarcal de la ciudad eslovaca de Lučenec  , mediante resolución de 23 de noviembre de 2024.

El litigio versa sobre la interpretación de los arts.  2.1, y 6 b) de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.  El conflicto tuvo su origen en sede judicial nacional con la presentación de una demanda por parte de un trabajador, con la condición de bombero y socorrista, y el Ministerio del interior, en relación con la indemnización que el demandante consideraba que tenía derecho por los daños morales que le había provocado “la transposición incorrecta por la República Eslovaca de la Directiva 2003/88 al ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro”, y más concretamente sobre la superación de la jornada de tiempo de trabajo semanal.

Se trata de una nueva, y de indudable interés, sentencia en la que el TJUE aborda la problemática del tiempo de trabajo y como deben ser interpretados, en esta ocasión, dos preceptos de la misma, para dar respuesta a qué posibles derechos se derivan de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, la resolución judicial efectúa un amplio y detallado repaso de su jurisprudencia sobre dicha Directiva, que tuve ocasión de examinar en la entrada “El tiempo de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Importante Comunicación de la Comisión Europea de 24 de marzo de 2023, y un apunte a las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales”   , con posteriores actualizaciones al analizar sentencias dictadas con posterioridad, de las que permito destacar  “UE. Es tiempo de trabajo el invertido en los desplazamientos realizados a instancia del empleador. El TJUE reitera su jurisprudencia. Notas a la sentencia de 9 de octubre de 2025 (asunto C- 110/24) y amplio recordatorio de la petición de decisión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana” 

A buen seguro que esta nueva sentencia será objeto de atención detallada en el marco de la  XIII Jornada de Derecho del Trabajo y de laSeguridad Social de la UOC    , dedicada este año, el 3 de noviembre, a “La protección multinivel de los derechos sociales y la jurisprudencia europea sobre el tiempo de trabajo”  , dirigida por la profesora Eugenia Revilla, cuyo blog es de muy recomendable seguimiento , y que contará con dos ponencias sobre “La jurisprudencia europea sobre tiempo de trabajo y su recepción en España”, a cargo del magistrado, y profesor,  Miguel Ángel Purcalla, y de la abogada Judit Güell, con la moderación del profesor Antonio Fernández, explicándose en el programa que la sesión “se centrará en cuestiones como el tiempo de trabajo efectivo, los periodos de disponibilidad y de guardia, los descansos, las vacaciones y el registro de jornada, así como en el impacto de la jurisprudencia europea sobre el ordenamiento español”.

El resumen oficial de la sentencia, que permite tener un buen conocimiento de las cuestiones litigiosas, es el siguiente:

“Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Artículo 2, punto 1 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Artículo 6, letra b) — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Tiempo de trabajo de los bomberos — Tiempo de guardia en el lugar de trabajo que no se computa como tiempo de trabajo — Derecho a indemnización de un daño moral invocado contra un Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la Unión — Requisitos — Método de cálculo de la indemnización del perjuicio sufrido por la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 — Principio de equivalencia — Principio de efectividad”.

2. El litigio fue juzgado por el TJUE tras haber presentado sus conclusiones el abogado general Jean Richard de la Tour, el 19 de marzo. En la introducción, delimitaba los términos del conflicto en estos términos:

“1.        Un miembro de un cuerpo municipal de extinción de incendios y salvamento de Eslovaquia presentó una demanda contra el Estado ante el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec, Eslovaquia) mediante la que reclamaba la indemnización del daño moral que consideraba haber sufrido por la transposición incorrecta al ordenamiento jurídico eslovaco de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

2.        La petición de decisión prejudicial planteada por este órgano jurisdiccional versa sobre la interpretación del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva, en relación con su artículo 6, letra b), y sobre las modalidades de reparación del daño alegado. Así pues, se pregunta de nuevo al Tribunal de Justicia acerca de los requisitos para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro en relación con el tiempo de trabajo de un bombero al servicio del sector público.

3.        Por consiguiente, propondré al Tribunal de Justicia que se base en los principios recordados, en particular, en la sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, (3) para declarar lo siguiente:

–        De las dos disposiciones citadas de la Directiva 2003/88, solo el artículo 6, letra b), puede conferir a los particulares derechos individuales que les faculten para reclamar una indemnización por la vulneración de dicho artículo por el Estado miembro de que se trate;

–        Únicamente el daño moral causado por la superación de la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en el artículo 6, letra b), de la referida Directiva puede dar lugar a indemnización en caso de vulneración por un Estado miembro del artículo 2, punto 1, de la misma Directiva, y

–        Corresponde al Derecho nacional determinar, dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, la cuantía de la indemnización que se adeude por esa superación”.  

Las tesis avanzadas en esta introducción se plasmaban en su propuesta de fallo del TJUE, y que serán seguidas por este, proponiéndole que declarara que  

1. El art- 2.1 de la Directiva 2003/88/CE debe interpretarse en el sentido de que “no tiene por objeto conferir a los particulares derechos individuales que les faculten para reclamar una indemnización a un Estado miembro en virtud del principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión que le sea imputable”.

2.   Cuando la infracción del art.2.1 de dicha Directiva ha conllevado una infracción del artículo 6 b) de la misma, “la reparación, a cargo de las autoridades de los Estados miembros, de los daños que estos han causado a los particulares por esas infracciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido. A falta de disposiciones del Derecho de la Unión en la materia, corresponde al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate determinar, dentro del respeto de los principios de equivalencia y efectividad, el procedimiento de cálculo de la cuantía de la indemnización del daño moral alegado”.  

3.  Conocemos todos los datos fácticos del litigio en los apartados 9 a 16 de la sentencia, así como también las dudas del tribunal nacional sobre la adecuación de la normativa interna a la europea, que le llevarán a formular tres cuestiones prejudiciales al TJUE, de las que sólo serán respondidas dos, ya que la segunda carecerá de sentido tras la respuesta dada a la primera.

En apretada síntesis, se explica que el trabajador demandante, miembro del cuerpo de extinción de incendios y salvamento de Lučenec, consideraba que el tiempo de guardia que efectuó en su lugar de trabajo no se asimilaba a tiempo de trabajo, lo que infringía los arts. 2.1. y 6 b) de la Directiva, y alegaba que había sufrido “un perjuicio moral debido a la transposición incorrecta de dicho artículo 2, punto 1, al ordenamiento jurídico eslovaco, que tuvo como consecuencia que se incumpliera en su caso la duración máxima del tiempo de trabajo semanal tal como se determina en el citado artículo 6, letra b)”, y que tales infracciones “vulneraron, en particular, su derecho al respeto de su vida privada y familiar.

Por ello, interpuso recurso ante el Tribunal Comarcal solicitando “una indemnización por el perjuicio moral sufrido debido a la vulneración de su derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su derecho a un descanso adecuado después del trabajo y a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo”. Por otra parte, “... no solicitó indemnización por las horas de guardia no computadas en su tiempo de trabajo, que en su caso dieron lugar a que superara el límite de 48 horas establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 por lo que respecta a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal”-

El tribunal eslovaco dictó sentencia el 20 de diciembre de 2023, declarando que la normativa interna “recogía la posibilidad de no computar, como tiempo de trabajo, el tiempo de guardia efectuado por un bombero tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio”, por lo que infringía el art. 2.1. de la Directiva en la interpretación efectuada por el TJUE en su sentencia de 21 de febrero de 2018 (asunto C-518/15).

Para el examen de dicha sentencia remito a la entrada“La guardia domiciliaria y su posible consideración como tiempo de trabajo. Notas a la sentencia del TJUE de 21 de febrero de 2018 (asunto C-518/15)”  , en la que el TJUE declaró que

“1)      El artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no pueden establecer excepciones, con respecto a determinadas categorías de bomberos contratados por los servicios públicos de protección contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de esta Directiva, incluido su artículo 2, que define, en particular, los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso. 2)      El artículo 15 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros mantener o adoptar una definición del concepto de «tiempo de trabajo» menos restrictiva que la que contiene el artículo 2 de esta Directiva. 3)      El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no obliga a los Estados miembros a determinar la retribución de períodos de guardia domiciliaria como los controvertidos en el litigio principal en función de la calificación de estos períodos como «tiempo de trabajo» y «períodos de descanso». 4)      El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos, plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe considerarse «tiempo de trabajo”.  

El tribunal eslovaco era del parecer que el derecho a obtener una indemnización requería, no sólo que el tiempo de guardia se computara como de trabajo, sino también que superara la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, algo que sí ocurría en el litigio en cuestión según los datos fácticos disponibles, por los que se había infringido el art. 6 b) y que ello “… había debido repercutir objetivamente en la vida privada y familiar (del demandante)”. En su sentencia, el tribunal ordenó que se abonara al demandante “una indemnización como reparación de su daño moral, calculada teniendo en cuenta, por un lado, la magnitud de dicho exceso y, por otro, la pérdida de la esperanza de que se modificara la normativa nacional, dado que no se había producido tal modificación a pesar de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia...”.

Dicha sentencia fue anulada por el Tribunal Regional de Baská Bystrica, tras el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio del Interior, mediante auto de 30 de mayo de 2024 (véase apartado 14). A los efectos de mi exposición interesa destacar que el tribunal estimó que el daño moral causado por la incompatibilidad del Derecho nacional con el art.2.1 de la Directiva “debía dar lugar a indemnización sin necesidad de constatar una infracción del art. 6 b) ...”, y devolvió el asunto al tribunal comarcal.

Las dudas de este último sobre la adecuación de la normativa nacional a la europea (véanse apartados 15 y 16), se concretan en las tres cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE, que fueron las siguientes:

«1)      El hecho de que, con arreglo a la legislación nacional, el tiempo de guardia de un empleado no se compute como tiempo de trabajo, en contra de lo dispuesto en el artículo 2, punto 1, de la Directiva [2003/88], ¿sirve de base para una reclamación de daños y perjuicios contra un Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión sin que sea necesario demostrar que, en relación con el empleado, se ha infringido simultáneamente el artículo 6, letra b), de dicha Directiva?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, al determinar la cuantía de la indemnización adecuada, tener en cuenta el número de horas de guardia que, como consecuencia de la legislación nacional, no se incluyeron en el tiempo de trabajo del trabajador, o debe determinarse la cuantía de la indemnización a cargo del Estado miembro con respecto a la duración de la situación ilegal resultante de la legislación nacional que permite no computar el tiempo de guardia como tiempo de trabajo del trabajador, en contra de lo dispuesto en la Directiva mencionada?

3)      En caso de respuesta negativa a la [primera cuestión], ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, para determinar la cuantía de la indemnización adecuada, tener en cuenta el número de horas durante el cual se ha infringido el artículo 6, letra b), de la Directiva, o debe determinarse la cuantía de la indemnización a cargo del Estado miembro en función de la duración de la situación ilícita resultante de una normativa nacional que permite que el servicio de guardia no se compute como parte del tiempo de trabajo del trabajador, en contra de lo dispuesto en la Directiva 2003/88?”.

3. El TJUE pasa revista a la normativa europea y estatal aplicable.

De la primera, de la Directiva 2003/88 son referenciados el art. 2, apartados 1 y 2 (definiciones), y el art. 6 (duración máxima del tiempo de trabajo semanal).

Del derecho eslovaco, los art. 85.1, 86.2, 92.1, y 122.3, de la Ley n.º 315/2001 relativa al cuerpo de extinción de incendios y salvamento, de 2 de julio de 2001. El art. 86.2 dispone que “En caso de distribución desigual del tiempo de trabajo, la duración del tiempo de servicio no podrá exceder de 18 horas por día de servicio. La duración total de la ejecución de la actividad de servicio público y del tiempo de guardia obligatorio inmediatamente posterior en el lugar de ejecución de la actividad de servicio público no podrá superar las 24 horas por día de servicio”, y el art. 122.3 que “La remuneración del tiempo de guardia […] no se abonará por los períodos en los que se haya realizado una actividad de servicio público; la actividad de servicio público efectuada en estas circunstancias dará lugar a horas extraordinarias”.  

4. Al entrar en la resolución del conflicto, el TJUE efectúa las que califica de “observaciones preliminares”, y que son realidad a mi parecer un buen  recordatorio de cómo debe entenderse, y aplicarse, “el principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión que le son imputables” considerado “inherente al sistema de los Tratados en los que esta se funda”, con cita de la conocida sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, (asunto C‑6/90 y C‑9/90), y la mucho más reciente de 8 de septiembre de 2026, Ferreira da Silva e Brito y otros (asunto C-293/24), enfatizando, con más apoyo jurisprudencial, que “este principio es válido para cualquier supuesto de infracción del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba la infracción, incluido el legislador nacional, y de cuál sea la autoridad pública que deba, en principio, asumir la carga de la reparación de tales daños con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate”.

Sintetiza a continuación los requisitos que deben darse para que un particular perjudicado puede tener derecho a indemnización: “que la norma infringida del Derecho de la Unión tenga por objeto conferirles derechos, que la infracción de esta norma esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal infracción y el perjuicio sufrido por esos particulares”. Ello no obsta, recuerda el TJUE, que “con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos”, con apoyo en su sentencia de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador) (asunto C-278/20)  , en la que el TJUE declaró que

“(el) Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 67, apartado 1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que dichas disposiciones someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión:

–        al requisito de que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada; –        al requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, sin establecer ninguna excepción para los supuestos en los que el daño deriva directamente de un acto u omisión del legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista una actuación administrativa impugnable; –        a un plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos supuestos en los que no exista tal sentencia, y  –        al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa”.

Por último, y con nueva referencia a la última sentencia referenciada, el TJUE subraya que los requisitos establecidos, en su caso, por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños “no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad)”.

5. Delimitado el marco jurídico en el que debe desenvolverse la respuesta al conflicto examinado, la Sala entra a responder la primera cuestión prejudicial, y antes de hacerlo, efectuará un amplio y detallado repaso de su jurisprudencia sobre el art. 2, apartados 1 y 2, es decir sobre el concepto de tiempo de trabajo y el de período de descanso, remitiéndose a la sentencia de 9 de octubre de octubre de 2025, STAS IV (asunto C-110/24), para cuyo análisis remito a la entrada disponible en este enlace  , en la que el TJUE declaró que “el tiempo dedicado a los trayectos de ida y vuelta que los trabajadores tienen la obligación de realizar, juntos, a una hora fijada por su empresario y con un vehículo perteneciente a este, para desplazarse desde un lugar concreto, determinado por dicho empresario, hasta el lugar en el que se realiza la prestación característica prevista en el contrato de trabajo celebrado entre esos trabajadores y ese empresario debe considerarse «tiempo de trabajo», con arreglo a la citada disposición”.  Llegará después a la conclusión de que este concepto comunitario de “tiempo de trabajo” (art. 2.1)  no permite deducir (véase apartado 29) que “... ... esta disposición, per se, tenga por objeto conferir derechos a los particulares, de modo que su infracción por un Estado miembro pueda otorgar a los particulares un derecho a indemnización por parte de dicho Estado miembro por tal infracción”, ya que solo se limita a la definición de aquel y no implica “una atribución de derechos a favor de los particulares ni obligaciones positivas o negativas a cargo de los particulares, los Estados miembros o las instituciones de la Unión”, con apoyo en la sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol (asunto C‑755/21) 

6. Tras manifestar que no procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada, dado los términos en que fue planteada, la Sala entra en el examen de la tercera.

Y para responder va, paso por paso, analizando si se cumplen los tres requisitos anteriormente expuestos. 

Sobre el primero, la respuesta es afirmativa. Una vez más con apoyo en su consolidada jurisprudencia al respecto, el TJUE recuerda que el art. 6 b) de la Directiva “constituye una regla de Derecho social de la Unión que confiere a los particulares derechos que pueden invocar directamente ante los tribunales nacionales, debido a que impone a los Estados miembros un límite máximo a la duración media del tiempo de trabajo semanal del que debe disfrutar todo trabajador como disposición mínima”, y aplicándola a este caso concreto, concluye que “... siempre que el demandante haya basado su recurso no solo en la infracción del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, sino también en la infracción de su artículo 6, letra b), extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente, resulta cumplido el primer requisito para que se genere la responsabilidad de la República Eslovaca”.

Misma respuesta afirmativa sobre el cumplimiento del segundo requisito. Tras subrayar que la apreciación de la infracción requiere “... tomar en consideración el ámbito, las circunstancias y el contexto en los que la obligación de que se trate se impone a la autoridad sujeta a ella”, y que también “... procede tener en cuenta, entre otros factores, el grado de claridad y de precisión de la norma infringida y la amplitud del margen de apreciación que dicha norma deja a la autoridad de que se trate, la complejidad de la situación que debe ser regulada y las dificultades de aplicación o de interpretación de los textos”, y que, obviamente a mi parecer, “en cualquier caso, una violación del Derecho de la Unión debe considerarse suficientemente caracterizada cuando se ha producido con inobservancia manifiesta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia”, pasa el examen de los datos fácticos disponibles, en los que se constata que

“... el tiempo de guardia efectuado por M. R. durante el período en cuestión, comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2023, no se consideraba «tiempo de servicio», en el sentido del Derecho eslovaco”,

Y también que

“de dicha resolución se desprende asimismo que, durante el período de referencia de seis meses de que se trata, la duración del tiempo de trabajo de M. R. había superado el límite máximo de 48 horas por cada período de siete días, establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, infringiendo dicha disposición”.  

Importante es la referencia a la sentencia de 25 de noviembre de 2010, FuB 8asunto C-429/09)  , en la que el TJUE falló que

“El Derecho de la Unión se opone a una norma nacional, como la analizada en el litigio principal:

que supedita -extremo este que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente- el derecho de un trabajador perteneciente al sector público a obtener una reparación del daño sufrido como consecuencia de la violación, por parte de las autoridades del Estado miembro de que se trate, de una norma del Derecho de la Unión, concretamente el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, a un requisito basado en el concepto de culpa que va más allá de la violación suficientemente caracterizada de dicho Derecho, y que supedita el derecho de un trabajador perteneciente al sector público a obtener la reparación del daño sufrido como consecuencia de la violación, por parte de las autoridades del Estado miembro de que se trate, del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 al requisito de que interponga un recurso administrativo ante su empleador solicitando el cumplimiento de esta disposición. La reparación, a cargo de las autoridades de los Estados miembros, de los daños que estos han causado a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido. A falta de disposiciones del Derecho de la Unión en la materia, corresponde al Derecho interno del correspondiente Estado miembro determinar, siempre dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, por una parte, si el daño sufrido por un trabajador, como el del Sr. Fuß en el litigio principal, como consecuencia de la violación de una norma del Derecho de la Unión debe repararse mediante la concesión a este de un tiempo de descanso adicional o el reconocimiento de una indemnización económica, y, por otra parte, las reglas relativas al procedimiento de cálculo de esta reparación. Los períodos de referencia establecidos en los artículos 16 a 19 de la Directiva 2003/88 carecen de relevancia a este respecto. Las respuestas a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente son idénticas con independencia de que se apliquen a los hechos que dieron lugar al litigio principal las disposiciones de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en su versión modificada por la Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, o las de la Directiva 2003/88”.

Digo que es especialmente importante ya que la Sala se encarga de recordar que “... cabe recordar que, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2023, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «tiempo de trabajo», en particular por lo que se refiere a los bomberos, ya estaba consolidada. En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que «las actividades desarrolladas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos […] están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88, de modo que, en principio, el artículo 6, letra b), de esta se opone a que se supere el tope de 48 horas previsto para la duración máxima de trabajo semanal, incluyendo los servicios de guardia”.

Por todo ello, si resulta acreditado que se incumplió la jurisprudencia del TJUE sobre cómo debe interpretarse el art. 6 b), “... extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente, quedaría acreditada la existencia de una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión”.

Tercer y último requisito. ¿Existe una relación de causalidad entre la superación del tiempo de trabajo establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 y el daño moral cuya reparación solicita M. R”. Para el TJUE parece que así se desprende de la resolución de remisión.

 Respuesta del TJUE. En primer lugar, y nuevamente con apoyo de jurisprudencia anterior, recuerda que la Directiva en cuestión “… no establece ninguna regla específica relativa a la reparación del daño que puedan sufrir los trabajadores como consecuencia de una infracción de las disposiciones mínimas que contiene, concretamente en cuanto a la duración del tiempo de trabajo”

Por consiguiente, y es la segunda consideración, “… incumbe al Estado, con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños ni pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad)”. Y estrechamente relacionado con lo que se acaba de exponer, hay que referirse a la tercera manifestación de la Sala, cual es que ya hay jurisprudencia en la que el TJUE “ha declarado que la reparación de los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada en relación con el perjuicio sufrido, de forma que permita garantizar una tutela efectiva de sus derechos”.

Será en definitiva cada Estado, siempre y cuando respete los tres principios indicados, el que podrá “… por un lado, determinar si la reparación del daño causado a un particular por la infracción de lo dispuesto en la Directiva 2003/88 debe adoptar la forma de una indemnización económica y, por otro lado, definir las reglas relativas al procedimiento de cálculo de dicha reparación.

¿Y cómo se determinará? La respuesta de la Sala se efectúa primero en términos negativos, o dicho más exactamente aquellos que los Estados no deben hacer. Es decir, “… no en función de la duración del incumplimiento del Derecho de la Unión resultante del hecho de que la normativa nacional de que se trate no prevea el cómputo del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de esa Directiva”, para pasar después a la respuesta positiva, es decir aquella determinación “… en función del perjuicio efectivo y concreto sufrido por los particulares afectados que guarde una relación de causalidad directa con la infracción del artículo 6, letra b), de dicha Directiva y respetando los principios de equivalencia y de efectividad”.

Para llegar, finalmente, a aquello que sin duda será el punto de referencia del tribunal nacional para poder cuantificar el importe de la indemnización, cuál es, y obsérvese la prudencia con la que formula su tesis el TJUE, dado que estamos en un ámbito competencial don de la decisión corresponde al tribunal nacional, aun cuando es bien sabido que el TJUE puede efectuar “orientaciones”, “… en particular, el número de horas efectuadas por encima del límite establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, que puede repercutir en la vida privada y familiar de M. R., como se desprende de la resolución de remisión”.

7. Por todo lo anteriormente expuesto, el TJUE declara que

1.  El art. 2.1 de la Directiva 2003/88/CE debe interpretarse en el sentido de que

“no tiene por objeto conferir derechos a los particulares, de modo que su infracción por un Estado miembro no puede otorgarles un derecho a indemnización sobre la base del Derecho de la Unión”.

2)      El art. 6, b), de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que

“la reparación, a cargo de los Estados miembros, de los daños morales que hayan causado a los particulares por la infracción de esta disposición debe determinarse conforme al Derecho nacional no en función de la duración del incumplimiento del Derecho de la Unión resultante del hecho de que la normativa nacional de que se trate no prevea el cómputo del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de esa Directiva, sino en función del perjuicio efectivo y concreto sufrido por los particulares afectados que guarde una relación de causalidad directa con la infracción del artículo 6, letra b), de dicha Directiva y respetando los principios de equivalencia y de efectividad”.

Buena lectura.  

Jornada de trabajo. Los tiempos de descanso semanal y diario deben computarse separadamente, por horas efectiva de descanso. Nota a la sentencia del TS de 12 de marzo de 2026, y breve recordatorio de la del TJUE de 2 de marzo de 2023 (asunto C-477/21)

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia   dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo el 12 de marzo, de la que fue ponente el magistrado Rafael López, también integrada por la magistrada María Luisa Gómez y los magistrados Sebastián Moralo e Ignacio García-Perrote. O más exactamente, una parte de esta, la que versa sobre el título de la presente.

La resolución judicial estima parcialmente, en contra del criterio propugnado por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe y en el que abogaba por la declaración de improcedencia, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte empresarial, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma el 6 de junio de 2024, de la que fue ponente el magistrado José Montiel  .

La Sala autonómica había estimado parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte empresarial contra la sentencia dictada por el Juzgado lo Social (ahora sección social del Tribunal de Instancia) núm. 2-bis de Ciudad Real el 5 de noviembre de 2021, que había estimado parcialmente la demanda interpuesta por un trabajador de la Consejería, en reclamación de cantidad, condenando a la empresa al abono de 3.208,8 euros. Dicha cuantía fue reducida por el TSJ a 1.360,80 euros.    

El interés especial de la sentencia, por lo que respecta al objeto de este artículo, es la confirmación en sede nacional de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el cómputo separado de los tiempos de descanso diario y semanal en la prestación de trabajo a los que tienen derecho las personas trabajadoras, y más concretamente la sentencia del TJUE de 2 de marzo de 2023, a la que dediqué atención en su momento en el blog, y de la que más adelante recuperaré parte de su contenido.

El resumen oficial de la sentencia del alto tribunal es el siguiente: “La prescripción para una acción de indemnización por no respetar el descanso mínimo entre jornadas y el semanal comienza a partir de la constatación de su ilicitud. El cómputo del descanso diario y el semanal debe hacerse de forma autónoma y por horas” (la negrita es mía).

2. El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de la citada demanda, siendo la pretensión de la parte demandante  que se declarara su derecho (véase fundamento de derecho primero de la sentencia del TSJ) a “no realizar una jornada superior a los límites legales, así como a no trabajar más de dos fines de semana seguidos, y a no ver minorado el descanso semanal de dos días por la yuxtaposición con el descanso diario, y a que se respete el descanso mínimo entre jornadas de 12 horas, así como que se condene a la demandada a abonar al actor las cuantías que por daños y perjuicios causados se solicitan a consecuencia del calendario correspondiente al año 2018, más los intereses de demora correspondientes” (la negrita es mía).

De los hechos probados de la sentencia de instancia interesa destacar, a los efectos de mi exposición, este contenido:

“SEGUNDO.- Según calendario laboral del año 2018 la jornada comprende 7,5 horas y los servicios se prestan en turnos rotatorios de mañana y tarde en ciclos de dos semanas (14 días).

La primera semana del ciclo se prestan servicios 7 días consecutivos en turno de mañana (M) y la segunda semana 3 días en turno de mañana y se descansan 4 (DS).

En el siguiente ciclo se prestan servicios 7 días consecutivos la primera semana en turno de tarde (T) y 3 días en turno de tarde, descansando 4, en la segunda semana.

La primera semana del ciclo se realizan un total de 49 horas y la segunda semana un total de 21 horas.

La jornada de mañana es de 8:00 a 15:00 horas y la de tarde de 15:00 a 22:00 horas, es decir, de siete horas cada una.

TERCERO.-Tras los 7 días consecutivos de trabajo de la primera semana del primer ciclo, descansa el lunes, viernes, sábado y domingo de la segunda semana del ciclo.

Tras los 7 días consecutivos de trabajo la primera semana del segundo ciclo, descansa el lunes, martes, sábado y domingo”.

A las relaciones laborales en la empresa era de aplicación el VIII convenio colectivo para el personallaboral al servicio de la Administración autonómica 

3. Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de suplicación por la parte empresarial, siendo el primer motivo del recurso, al amparo del art 193 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la infracción del art. 56 del convenio colectivo, que regulaba el calendario laboral; el segundo, también con idéntico amparo, el art. 59 de la Ley del Estatuto de los trabajadores por ser el parecer de la recurrente que había prescrito la posibilidad de ejercer la acción, “... pues si el cómputo del plazo de prescripción se inicia desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, entonces debió presentarse reclamación desde el momento en que se produjeron las infracciones denunciadas, sin esperar a la finalización del año natural, como se ha determinado en la sentencia de instancia”; el tercero, con el mismo amparo, por indebida aplicación del art. 34.1 LET en relación con el art. 55 del convenio colectivo, que regulaba la jornada de trabajo.

Por la parte demandante en instancia, también se alegó, en su recurso, infracción del convenio (art. 18) por no haberse remunerado las horas que consideraba de exceso de la jornada laboral ordinaria como extraordinarias.

Los dos primeros motivos del recurso empresarial y el de la parte trabajadora serán desestimados, siendo estimado el tercero de aquella.

También se rechaza el segundo motivo del recurso de la parte actora, con alegación del art. 59.2 del convenio, acudiendo igualmente a doctrina anteriormente sentada por la Sala, rechazando que se infringiera dicho precepto que así consideraba la recurrente “... que tendría derecho a sr indemnizado con la cantidad de 122,30 €, por el cambio de un día de descanso semanal, que en lugar de disfrutarlo de forma ininterrumpida en sábado y domingo, se disfrutó en viernes y domingo, dado que tuvo que trabajar el sábado 8 de diciembre de 2018 que además era festivo”.

4. Centro mi atención en el cuarto motivo del recurso empresarial (véase fundamento de derecho quinto), en el que se alega infracción del art. 59 del convenio, regulador del descanso semanal, y en el segundo de la parte trabajadora.

La Sala recuerda que la pretensión de la parte demandante era “la solicitud de una indemnización debido al perjuicio que se le ha causado como consecuencia del solapamiento del descanso semanal de dos días que le corresponde, con el descanso diario de doce horas, teniendo en cuenta que la jornada se presta en turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a domingo, incluidos los festivos”. Además, la parte trabajadora, en un tercer motivo del recurso, solicitó que se incrementara la cuantía económica por el solapamiento del descanso diario con el semanal.

El TSJ acude a su doctrina, confirmada por el TS al no admitirse el RCUD, por auto   de 23 de marzo de 2021, del que fue ponente la magistrada Concepción Rosario Ureste (resumen oficial: “Derecho y cantidad. Derecho al descanso mínimo entre jornadas y reclamación de cantidad para la compensación de los incumplimientos de la demandada. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Falta de contradicción”), que se mantiene en la ahora examinada “por razones de seguridad jurídica”, transcribiendo ampliamente sus resoluciones judiciales.  

5. Contra la sentencia del TSJ se interpuso RCUD por la parte empresarial, aportando como sentencia de contraste, para cumplir con el requisito fijado en el art. 219.1 LRJS, las dictadas por la misma Sala autonómica el 8 de marzo de 2024  , de la que fue ponente el magistrado Ramón Gallo  (primer motivo),  y la del TSJ de Canarias de 27 de marzo de2015  , de la que fue ponente el magistrado Ángel Miguel Martín (segundo motivo)

El TS centra con prontitud las cuestiones a las que debe dar respuesta, concretamente dos. La primera, explica, “consiste en determinar el dies a quo del plazo de prescripción de las acciones derivadas de las eventuales irregularidades en el calendario laboral de 2018 aplicado al trabajador recurrido”, y la segunda “... en establecer el método correcto para el cómputo del solapamiento entre el descanso semanal y el descanso mínimo entre jornadas, a los efectos de determinar si no se han respetado los tiempos de descanso legalmente establecidos” (la negrita es mía).      

Recuerda la Sala que en la demanda de la parte trabajadora se pedía la declaración de su derecho a “no realizar una jornada superior a los límites legales y convencionales, a no trabajar más de dos fines de semana consecutivos, a no ver minorado el descanso semanal de dos días por la yuxtaposición con el descanso diario y a que se respetase el descanso mínimo de 12horas entre jornadas”, con consecuencias económicas. A continuación, pasa revista a la sentencia del JS, recordando que esta “... apreció un solapamiento del descanso semanal con el descanso entre jornadas de 243 horas (1.360,8 euros de indemnización, resultado de multiplicar 243 horas por 5,6 euros por hora)”. El citado solapamiento fue confirmado por el TSJ “... sin bien revocó la indemnización por exceso de jornada semanal por entender que el exceso quedó compensado con los descansos posteriores, no existiendo por ello perjuicio económico indemnizable”.

El Ministerio Fiscal concluyó en su informe que el recurso debía ser desestimado, por no existir prescripción de la acción y por no concurrir, en el segundo punto, contradicción con la sentencia de contraste.

La Sala apreciará la existencia de contradicción sobre las dos cuestiones referenciadas, y dedicará una amplia parte de su fundamentación jurídica a confirmar que no había transcurrido el plazo de prescripción para poder ejercitar la acción en reclamación de derecho y cantidad, concluyendo, tras haber tenido en consideración lo dispuesto en el art. 6 b) de la Directiva 2003/88, que

“...  será preciso en primer lugar que transcurra como mínimo el periodo de cuatro meses desde la realización de las horas extraordinarias para que se compruebe si las mismas resultantes se han compensado en descanso o han de abonarse en metálico y por ello computarse a efectos del límite anual del número de horas extraordinarias. Y, una vez producida tal circunstancia, la situación de ilicitud que puede dar lugar a un derecho indemnizatorio solamente aparecerá si se excede el máximo de ochenta horas extraordinarias abonadas en metálico durante el año natural, lo que en este caso no consta cuándo pueda haber sucedido. Por otra parte, aunque conste superado el límite, la valoración de la gravedad del daño no podrá precisarse hasta que el año natural haya finalizado y se pueda comprobar cuál ha sido el número de horas extraordinarias computables realizado en exceso sobre el máximo anual. Es más, ese momento no llegará hasta que hayan finalizado los primeros cuatro meses del año natural siguiente, dado que hasta ese momento las horas extraordinarias del último periodo cuatrienal se podrán compensar en descanso, salvo que el convenio colectivo prevea otra cosa.

Por tanto, si hasta ese momento final del año no puede precisarse si ha existido ilicitud y la gravedad de la misma, no cabe considerar que la reclamación haya de ejercitarse inmediatamente tras aquel periodo de catorce días (puesto que el descanso semanal se computa por periodos de catorce días, según el artículo 37.1ET y el artículo 59 del convenio colectivo de aplicación). Debemos por ello desestimar este motivo de recurso”.

6. El fundamento de derecho cuarto es el que merece con mayor atención mi examen, ya que versa justamente sobre el solapamiento de los descansos diarios y semanal.  

Tras referirse a los datos fácticos del litigio, la Sala ya pone de manifiesto la existencia de jurisprudencia del TJUE sobre esta materia, su sentencia de 2 de marzo de 2023 (asunto C-477/21), no pudiendo solaparse el descanso semanal con el diario, y de la que transcribe  los apartados 38 a 44, para inmediatamente subrayar que ese “cómputo diferenciado” es también el seguido por la Sala, con cita de varias sentencias, todas ellas anteriores a la del TJUE, es decir que “para computar el descanso semanal disfrutado por el trabajador en este régimen de jornada hay que descontar previamente el tiempo de descanso diario posterior a la finalización de cada día de trabajo, que es de un mínimo 12 horas ( artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores)”. Y para responder al recurso habrá que partir de los datos fácticos sobre la jornada de trabajo, y su distribución, de la parte demandante.

La sentencia del TJUE mereció mi atención en la entrada “Claro, muy claro: el descanso diario y el descanso semanal son dos conceptos (y por tanto dos períodos de tiempo) claramente diferenciados. Notas a la sentencia del TJUE de 2 de marzo (asunto C-477/21), y un breve apunte a la dictada en los asuntos acumulados C_410/21 y C-661/21”  , de la que reproduzco unos fragmentos:

“... EL TJUE subraya nuevamente los siguientes planteamientos:

La interpretación de la Directiva debe hacerse “teniendo en cuenta la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a períodos de descanso diario y semanal”. A fin de velar por su seguridad y salud los trabajadores deben disfrutar “de períodos mínimos de descanso diario y semanal”, debiendo los Estados miembros adoptar las medidas oportunas para regular ese derecho, entendiendo por tal que el descanso diario debe añadirse al semanal (la negrita es mía), no pudiendo en consecuencia adoptar medidas que vacíen de contenido “los derechos consagrados en el artículo 31, apartado 2, de la Carta y en los artículos 3 y 5 de esta Directiva”.

Trasladadas estas consideraciones generales al litigio concreto enjuiciado, la Sala hace suya la tesis del abogado general de estar en presencia de dos derechos (al descanso diario y al semanal) plenamente autónomos e independientes y que persiguen “objetivos distintos”, por lo que hay que garantizar el disfrute efectivo de “cada uno de estos derechos”.   No lo garantizaría en modo alguno la tesis de la “suma” de ambos, o dicho de otra forma la subsunción del primer en el segundo, y además ello se deduce claramente de la dicción del art. 5 cuando dispone que el descanso semanal “se añadirá” al período de descanso semanal.

Conclusión clara y definitiva es la que se plasma en el apartado 43, y por supuesto en el fallo: “el período de descanso diario, previsto en el artículo 3 de la Directiva 2003/88, no se añade a las 24 horas de descanso previstas en el artículo 5 de esta Directiva para formar un período total de descanso semanal de al menos 35 horas, sino al período de descanso semanal, autónomo y distinto, de al menos 24 horas previsto en dicha disposición”.

... Pasa a continuación el TJUE a responder a la tercera cuestión prejudicial, que tiene especial interés, por cuanto ahora se pregunta qué ocurre cuando la normativa nacional, como en el presente caso, regula un período de descanso semanal más amplio (mínimo de 42 horas) que la “suma” de los descansos mínimos diario y semanal fijados en la Directiva (11+ 24 =35), habiendo tratado de sustentar su tesis el tribunal húngaro, como ya he explicado con anterioridad, en que la normativa nacional utiliza la expresión ·período de descanso semanal” y no contiene referencia alguna al descanso diario ni a su duración.

Dada la respuesta formulada a las dos primeras cuestiones prejudiciales, no es de extrañar en absoluto, y con pleno acierto a mi parecer, que el TJUE desactive o rechace dicha argumentación.

En primer lugar, al constatar que la normativa comunitaria, en concreto ahora el art. 5, no se remite a su concreción por parte de los Estados miembros, y de ahí que el concepto nacional de periodo de descanso semanal no influya en absoluto en la interpretación del art. 5 de la Directiva, por cuanto los conceptos que se contienen en este “deben entenderse como conceptos autónomos del Derecho de la Unión y deben interpretarse de manera uniforme en el territorio de esta, con independencia de las calificaciones utilizadas en los Estados miembros”.

En segundo término, porque aun cuando la normativa húngara sea más favorable al trabajador que la comunitaria por lo que respecta a la duración mínima de descanso semanal, ello no puede implicar de ninguna manera “privar al trabajador de otros derechos que le concede esta Directiva, y más en concreto el derecho al descanso diario”, dado que se trata de un nivel mínimo de protección que no puede menoscabarse.

Por todo ello concluye en el apartado 53, y en el fallo, que los arts. 3 y 5 de la Directiva, en relación con el art. 31.2 de la CDFUE deben interpretarse “ en el sentido de que, cuando una normativa nacional establece un período de descanso semanal que excede de 35 horas consecutivas, debe concederse al trabajador, además de ese período, el descanso diario garantizado por el artículo 3 de dicha Directiva”.

7. Regreso a la sentencia del TS. Al repasar la dictada por el TSJ, subraya que “El artículo 59.1 del convenio colectivo garantiza un descanso semanal ininterrumpido de 48 horas. El trabajador sostenía que ese descanso semanal ininterrumpido de 48 horas no se cumplía y la Sala de lo Social de Castilla-La Mancha así lo entendió, considerando que el descanso semanal debe comprender días naturales completos (de 00:00 a 24:00 horas), de forma diferenciada al descanso diario”.

No fue esta la tesis de la sentencia de contraste, por lo que existe la contradicción requerida por el art. 219.1 LRJS, ya que el TSJ canario “... aplicó un método de cómputo basado en las horas reales transcurridas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente, determinando si en ese período se habían respetado tanto el descanso diario (12 horas) como el semanal (36 horas), totalizando 48 horas y determinó que faltaban 5 horas”.

Existe la contradicción, sigue diciendo el TS, ya que hay divergencia sobre “el método de cálculo de las horas realizadas en caso de solapamiento”, afirmando la Sala que “...  El modo de cómputo del descanso semanal debiera ser idéntico en cuanto en todo caso se trata de horas ininterrumpidas (36 en el caso de la sentencia de contraste, 48 horas en este supuesto, lo que no constituye una diferencia sustancial), existe una prohibición de solapamiento con el descanso diario de doce horas y además se permite el cómputo del descanso semanal por periodos de catorce días. La dificultad de conciliar el concepto de "ininterrumpido" con la acumulación por periodos de catorce días se plantea en los mismos términos”.

¿Cuál era la tesis de la parte recurrente? (véase fundamento de derecho quinto) Concretamente, la infracción de los art. 34 y 37 LET, en relación con el art. 59 del convenio colectivo, por entender que “...  el descanso semanal debe computarse por horas consecutivas (48 horas) acumuladas a las 12 horas de descanso diario entre jornadas, sin que sea jurídicamente procedente el método de cómputo por días naturales completos adoptado por la sentencia recurrida”.    

Tras repasar toda la normativa europea y española, legal y convencional, aplicable, la Sala concluirá que la respuesta es que “el descanso semanal garantizado por el artículo 37.1 ET y el artículo 59.1 del Convenio Colectivo aplicable debe computarse por horas efectivas de descanso consecutivas, de forma que el período de descanso entre el fin de la última jornada de una semana y el inicio de la primera jornada de la semana siguiente debe ser suficiente para cubrir tanto el descanso diario mínimo (12 horas en el Convenio aplicable) como el descanso semanal mínimo (48 horas en dicho Convenio), siendo el total requerido de 60 horas. Procede por ello estimar este motivo y fijar la indemnización conforme al método de cómputo por horas efectivas de descanso”.  Llega a esta conclusión tras una fundamentación que por su indudable interés me permito reproducir:

“... Como hemos visto el descanso semanal y el descanso diario entre jornadas son mínimos de derecho necesario independientes entre sí. Ello implica que ambos deben respetarse de forma autónoma, sin que sea posible que el disfrute de uno absorba o minore el del otro. No cabe duda de que el descanso entre jornadas se computa por horas desde el final de una jornada hasta el comienzo de la siguiente, puesto que así lo establece literalmente el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 3 de la Directiva 2003/88/CE (aunque ésta lo cifre en un mínimo de 11 horas). Por su parte el descanso semanal también se computa en horas según el artículo 5 de la Directiva (24 horas) y según el artículo 49 del convenio colectivo (48 horas), teniendo en cuenta además que el periodo de cómputo es de catorce días (artículos 16.a de la Directiva, 37 del Estatuto de los Trabajadores y 59 del convenio colectivo). Esa lógica debe llevar a interpretar que también en el ámbito del artículo 37.1del Estatuto de los Trabajadores el día y medio de descanso semanal equivale a 36 horas consecutivas. La Directiva 2003/88 se remite a un cómputo por horas y lo mismo hace el convenio colectivo aplicable. Aunque el artículo 37.1 ET, recogiendo una dicción tradicional se refiera a "día y medio ininterrumpido", esa referencia legal la podemos entender hecha a un periodo consecutivo de 36 horas, a las que ha de sumarse el descanso entre jornadas de 12 horas. En las sentencias de esta Sala Cuarta citadas en las que se aplica la prohibición del solapamiento del descanso diario y semanal el cómputo lo hemos hecho siempre en horas. En definitiva lo que ocurre es que el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores recoge la literalidad de la norma tradicional, pero que hoy en día ha de interpretarse como referida a horas y no a días naturales” (la negrita es mía).

8. La tesis del TS no llevará a la desestimación de la demanda, siempre partiendo de los datos fácticos disponibles sobre la jorna del trabajador. Para la Sala, “... Lo que resulta por tanto es la necesidad de un nuevo cálculo de la indemnización en base al número de horas de déficit de descanso semanal así calculadas. No se cuestiona el concreto cálculo (que ni se expresa en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ni en el recurso), ni la forma de compensación, pese a la regulación específica que el artículo 60 del convenio colectivo contiene para las horas extraordinarias, ni que la organización del trabajo no permita el disfrute de los descansos semanales ininterrumpidos de 48 horas a efectos del artículo 59.1 del convenio. La corrección del cálculo con los datos concretos y la nueva fijación de la indemnización en base a los parámetros no cuestionados que se han aplicado en la sentencia recurrida deberá llevarse a cabo por tanto en fase de ejecución de sentencia”.

9. Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala estima parcialmente el recurso. Casando y anulando parcialmente la sentencia del TSJ , y resuelve el debate planteado en suplicación “en el exclusivo extremo relativo al método de cómputo delas horas de solapamiento del descanso semanal y del descanso diario entre jornadas, de manera que se computen las horas de descanso consecutivas entre el concreto momento de finalización de la última jornada de una semana y el momento concreto de inicio de la primera jornada de la semana siguiente, con los efectos indemnizatorios que de ella se deriven conforme al cálculo que resulte de aplicar el método de horas efectivas de descanso a los hechos probados” (la negrita es mía).

Buena lectura.