martes, 30 de enero de 2018

Futuro del trabajo, economía de plataformas, inmigración laboral. Ante los cambios en las relaciones de trabajo. A propósito del I encuentro universitario de investigadoras, personas expertas y redes sobre el futuro del trabajo (y IV)



Quinta parte. Documentos recientes sobre inmigración en España, UE y ámbito internacional, que guardan directa relación con los debates sobre el futuro del trabajo.

I. España.


Según los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2017, hechos públicos el jueves 25 de enero, la población activa extranjera estaba integrada por 2.781.000 personas, con 2.126.600 ocupadas y 655.400 paradas, mientras que 1.018.600 personas estaban conceptuadas como inactivas. El número de personas extranjeras de 16 y más años es de 3.799.600, con un aumento trimestral de 34.100 y en serie interanual 94.300 personas.

Cabe destacar el hecho de que la EPA se calcula con la base de población que incorpora la información actualizada de los censos de población y vivienda de 2011. El Instituto Nacional de Estadística publicó el jueves 24 de abril de 2014 una nota metodológica sobre la nueva base poblacional y poniendo de relieve que según el censo de 2011 la población de 16 y más años supera en 373.700 personas la población que se tomaba anteriormente en consideración para la muestra, más concretamente "estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100 ".

Hecha esta matización, si comparamos con los datos del tercer trimestre de 2017, la población activa extranjera ha aumentado en 50.000 personas y en serie interanual el aumento es de 115.300. Si nos fijamos en los datos de la población autóctona, la población activa ha disminuido en 65.900 personas sobre el trimestre anterior y ha disminuido en 96.200 en serie interanual.

La tasa de actividad es del 73.19%, 15,96 puntos superior a la de la tasa de la población activa española (57,23%). En este trimestre, la tasa de actividad de los extranjeros ha crecido en un 0,66%, mientras que el descenso de la tasa de la población española ha sido del 0,22%. En serie interanual la tasa de actividad de la población autóctona experimenta un descenso del 0,34%, y la de la población extranjera un crecimiento del 1,25%.

La tasa de paro de la población extranjera es del 23,57%, es decir 8,0 puntos por encima de la española (15,57%). Durante el cuarto trimestre del 2017 el desempleo autóctono disminuyó en 400 personas, y la extranjera en 35.300.

Durante el cuarto trimestre de 2017 se debe mencionar el hecho de que el número de trabajadores autóctonos ocupados ha experimentado un descenso de 65.900, y el de extranjeros un crecimiento de 15.000. En serie interanual la población ocupada extranjera crece en 117.400 personas, la población parada merma en 2.000 y la inactiva merma en 21.100, mientras que la población ocupada española crece en 372.900 personas, la población parada disminuye en 469.100, y la inactiva crece en 133.600 personas.


1. El Observatorio permanente de la inmigración el 29 de septiembre los datos disponibles de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia a 30 de junio de 2017, diferenciando la explicación, como viene haciéndose desde 2010, por regímenes (general y comunitario).

Cabe recordar que con los datos a 31 de diciembre de 2013 se reanudó la serie trimestral interrumpida en junio del mismo año, ya que no se publicó la información correspondiente al tercer trimestre. La explicación de ello residió en los cambios metodológicos introducidos, que tal como se explicaba en el informe de diciembre de 2013 consistieron en llevar a cabo “una depuración con el objetivo de descontar a aquellos extranjeros que han accedido a la nacionalidad española y mantenían en vigor una autorización de residencia”. Igualmente, se procedió a descontar “aquellos extranjeros fallecidos en España, cuya autorización de residencia o certificado de registro se encontraba en vigor en el momento del fallecimiento”.

Por consiguiente, el cambio metodológico implicó la necesaria revisión de la serie histórica, habiendo sido recalculada la cifra de extranjeros con la nueva metodología “para que sea posible la comparabilidad de los datos. En otro caso, no se pueden hacer comparaciones sobre la evolución de las cifras de extranjeros”. El documento con los datos a 31 de diciembre de 2013 recordaba que en la página web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración pueden encontrarse “los datos correspondientes a trimestres anteriores obtenidos con la nueva metodología”. No obstante, ya se encuentran en el informe de diciembre de 2013 los datos recalculados del tercer trimestre de 2013 (comparación trimestral) y del cuarto trimestre de 2012 (comparación en serie interanual). El cambio metodológico citado no permite, pues, comparar los nuevos datos con los expuestos en los informes elaborados hasta el segundo semestre de 2013, inclusive, y que fueron objeto de comentario en entradas anteriores del blog.

La importancia de los datos radica en el exacto conocimiento de la extranjería e inmigración en España, y muy en especial en los últimos siete años en el conocimiento más concreto de cómo ha impactado la crisis económica y de empleo, y el posterior inicio de la recuperación, sobre la población extranjera, tanto de países no UE y que está incorporada al Régimen General, como de ciudadanos de Estados miembros UE que están incorporadas al régimen de libre circulación.

De forma muy didáctica, el informe explica que el régimen comunitario “es el régimen jurídico de extranjería que se aplica a los nacionales de países de la Unión Europea y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), así como a sus familiares y los familiares de españoles que sean nacionales de terceros países”, mientras que el régimen general “es el régimen jurídico que se aplica a los nacionales de terceros países, salvo que les sea de aplicación el régimen comunitario”.

2. A 30 de junio de 2017 había 5.131.591 extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, más exactamente 3.047.450 personas acogidas al régimen comunitario (59,4 %) y 2.084.141 al régimen general (40,6 %), con un incremento en serie interanual en el primer grupo de 122.031 (4,2 %) y un descenso de 7.846 (- 0,4 %), en el segundo. Buena parte del descenso de la población extracomunitaria, aunque en mucha menor escala que en los tres años anteriores, se debe principalmente al proceso de nacionalización llevado a cabo desde 2013.

Como he indicado, el porcentaje de ciudadanos extranjeros a los que se aplica el derecho de libre circulación y residencia, es decir, el Régimen Comunitario, es del 59,40 % sobre el total, frente al Régimen General que se sitúa en el 40,60 % % Las provincias de Madrid (829.879) y Barcelona (748.323) concentran el 30,8 % de los extranjeros residentes en España, y las de Alicante, Valencia, Málaga, Islas Baleares y Murcia, otro 25,2 % del total de extranjeros residentes en España. Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, concentran casi el 65,8 % del total de la población extranjera, 3.368.554 personas.

3. Paso a continuación al análisis de los datos más importantes de los extranjeros acogidos al régimen comunitario (incluye, tal como he indicado, ciudadanos de la UE, de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y sus familiares). A 30 de junio de 2017 hay un total de 3.047.450, con 122.031 (4,2 %) personas más acogidas en serie interanual.  Del total referenciado, 2.638.350 son ciudadanos comunitarios y de la AELC-EFTA (86,60 % del total), mientras que el resto son familiares de los anteriores y de españoles con nacionalidad de un tercer país, un total de 409.100 (13,40 %), con un peso muy importante de personas nacionales de Marruecos y de América central y del Sur. La población marroquí supera los 40.000 residentes.

A partir de los datos del cuarto trimestre de 2012 se proporciona información desagregada sobre las diferentes modalidades de certificados de residencia temporal, de tal manera que podemos saber que, a 30 de junio de 2017, 685.839 ciudadanos de la UE y AELC tiene residencia permanente (703.319 %), mientras que el resto (1.935.031, 73,50 %) tienen “motivo de residencia determinado” (523.989), o “motivo de residencia no determinado” (1.411.042). En aquellos cuyo motivo de residencia está determinado, destaca el de los extranjeros trabajadores por cuenta ajena (231.088, 44,1 %). Conviene recordar, tal como se hace en el documento ahora analizado, que aquellos certificados en los que no consta motivo de residencia se expidieron antes del 24 de abril de 2012, fecha de entrada en vigor del RDL16/2012, de 24 de abril, cuya disposición adicional quinta modificó el art. 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE. Tal reforma, sintetiza el documento ahora objeto de examen, “introduce modificaciones para acceder a la residencia por un período superior a tres meses, a diferencia de los regulado con anterioridad, donde el motivo de residencia no se diferenciaba”.  

Por distribución de sexo, el 52,70 % de los ciudadanos UE-AELC son varones y el 47,30 % mujeres, mientras que entre los familiares predominan las mujeres (59,10 %) por delante de los varones (40,9 %)  

La población rumana, que había accedido en el segundo semestre de 2010 a la primera posición de todos los países con ciudadanos en España, se mantiene en el primer lugar de manera muy destacada con respecto a otras poblaciones, con 1.017.597 personas (incremento semestral de 2,30 y aumento interanual del 4,20 %). A bastante distancia le siguen la población nacional del Reino Unido (306.082 personas), la italiana (263.644 %) y la búlgara (190.981 %). Es la población italiana la que han experimentado un importante incremento relativo en serie interanual, un 8,20 %, seguida de la francesa con un 6,40 %. Cabe resaltar que más del 52 % de la población acogida al régimen comunitario son nacionales de tres países: Rumania, Reino Unido e Italia.

Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía agrupan el 64,0 % de los extranjeros de este régimen. La primera acoge a 534.392 extranjeros, y la segunda a 482.493, con 474.977 en la tercera y 459.058 en la cuarta. El 86,7 % de la población tiene edad laboral (entre 16 y 64 años), situándose la media de edad en los 40,3 años, es decir 6,3 años por encima de la media de los extranjeros en régimen general.

4. Analizo a continuación los datos de la población extranjera acogida al régimen general, es decir los nacionales de terceros países “salvo que les sea de aplicación el Régimen Comunitario”. A 30 de junio de 2017 hay un total de 2.084.141, con un descenso de 7.846 residentes en serie interanual. Por sexo, el 45,30 % son mujeres y el 54,70 % hombres. La edad media es de 34,0 años.

La población marroquí es la primera en este régimen y la segunda en el conjunto de todas las nacionalidades, con 715.879 personas, con un incremento del 0,1 % y un descenso del 0,60 % en serie semestral e interanual respectivamente, representando el 30,3 % del total de la población de este régimen. A bastante distancia siguen los chinos (202.479), ecuatorianos (141.960 %), bolivianos (81.355 %), colombianos (80.544 %), y ucranianos (79.030 %). Hay que destacar en serie interanual, el crecimiento de la población rusa, india, pakistaní, senegalesa y china. Por continentes, el peso porcentual de los ciudadanos de Iberoamérica ha disminuido considerablemente como consecuencia, como ya he explicado, de la adquisición de la nacionalidad española por un importante número de tales ciudadanos, de tal manera que queda en el 27,6 %, bastante por detrás del africano, (45,60 %), pero por delante del asiático (18,80 %), y del colectivo de países de la Europa no comunitaria (6,9 %). 

Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana agrupan a cerca del 68 % de los extranjeros del régimen general. Las provincias de Barcelona y Madrid reúnen el mayor número de población extranjera, 397.300 y 347.386, respectivamente, De las restantes provincias catalanas, Girona reúne a 84.812, Tarragona a 69.281, y Lleida a 38.713. Las provincias de Barcelona y Madrid, concentran a más del 36 % del total de residentes de este régimen, y con Murcia (147.605), Alicante (104.860) y Valencia (95.364) superan el 52 %.

Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral, ya que el 79,2 de la población se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 64 años (1.650.313) mientras que el resto se concentra mayoritariamente en la población menor de 16 años (384.296, 18,4 %), con una presencia residual (49.532, 2,4 %) de los mayores de 65 años, siendo los marroquíes los más jóvenes, con una media de 30,9 años, seguidos de los pakistaníes (31,6) y chinos (31,7).  

De los extranjeros del régimen general, el 84,0 %, es decir 1.748.637 personas, disponen de autorización de residencia de larga duración (con un elevado porcentaje, superior al 49 y 28 % de ciudadanos africanos y de América Central y del Sur, destacando que los colectivos más numerosos son los nacionales de Marruecos, Ecuador y China). Las autorizaciones temporales (335.504) suponen el 16,0 % del total, continuando su disminución.

De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, 156.001 (46,50 %) son por cuenta ajena, por cuenta propia, y las restantes otro tipo de autorizaciones (como tarjeta azul UE y para investigación). De las autorizaciones de residencia temporal, 99.729 son por reagrupación familiar (29,7 %), 45.073 por residencia no lucrativa (13,4), y 34.701 por circunstancias excepcionales (arraigo, razones humanitarias y otras). 

A 30 de junio de 2017, 90.107 personas tienen autorización de residencia inicial, con un importante incremento del 8,1 % en serie interanual; se produjeron 210.696 modificaciones y renovaciones; y hubo un total de 34.701 autorizaciones por circunstancias excepcionales. Refiriéndonos a países concretos, más del 90 % de nacionales de Marruecos y Ecuador tiene autorización de residencia de larga duración.

4. Por último, cabe reseñar que el informe semestral recoge datos estadísticos sobre los extranjeros autorización de residencia y trabajo en vigor en virtud de las posibilidades ofrecidas por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Cabe destacar que 10.507 corresponden a autorizaciones por razones de interés económico. Los chinos (1.367), rusos (1.006) y estadounidenses (805) se sitúan en cabeza de las autorizaciones concedidas, y de todas ellas algo menos de la mitad corresponden a profesionales altamente cualificados.

II. Unión Europea.


La inmigración encabeza las preocupaciones de los europeos, seguida por el terrorismo

“La inmigración es el principal reto al que se enfrenta la UE en la actualidad (39 %, +1). El terrorismo está en segundo lugar (38 %, -6), muy por encima de la situación económica (17 %, -1), del estado de las cuentas públicas de los Estados miembros (16 %, -1) y del desempleo (13 %, -2). A escala nacional, las principales preocupaciones son el desempleo (25 %, -4) y la inmigración (22 %, sin cambios). La inmigración progresa por primera vez desde otoño de 2015, aunque en una proporción limitada ( + 1) después de haber retrocedido más de veinte puntos de porcentaje entre el otoño de 2015 y  la primavera de 2017.

... Principales preocupaciones a escala europea: resultados nacionales

Mencionada por el 39% de los encuestados, la inmigración se considera el problema más importante al que se enfrenta la UE en 14 Estados miembros (frente a siete en la primavera de 2017). Alcanzó las puntuaciones más altas en Estonia (62%), la República Checa y Hungría (58% en ambos países). La inmigración es la cuestión más importante en Eslovaquia (43 %) y es la segunda preocupación más importante en todos los demás Estados miembros.

Principales preocupaciones a nivel nacional: tendencia

La inmigración sigue siendo percibida como el segundo problema más importante a nivel nacional (22%, sin cambios).

Principales preocupaciones a nivel nacional: resultados nacionales

Citada por el 22% de los europeos, en segundo lugar, la inmigración ocupa el primer lugar entre las preocupaciones nacionales en Alemania (40%), Bélgica (29%) y Austria (28%). Ocupa el segundo lugar en otros cuatro Estados miembros (frente a cinco en la primavera de 2017)”.


La Comisión Europea y los interlocutores sociales y económicos de la UE suscribieron el 20 de diciembre una «Asociación Europea para la Integración», en la que se establecen los principios y compromisos clave destinados a apoyar y aumentar las oportunidades de los refugiados y los migrantes que residen legalmente en la UE para integrarse en el mercado de trabajo europeo.
Según se pone de manifiesto en la información oficial facilitada sobre esta asociación, “La integración solo puede ser eficaz si todos los actores pertinentes desempeñan sus papeles: las instituciones de la UE, las autoridades nacionales y locales, los interlocutores sociales y económicos y las organizaciones de la sociedad civil. La Asociación para la Integración establece principios clave para la integración de los refugiados en el mercado de trabajo, como, por ejemplo, prestar asistencia lo antes posible, velar por que la integración beneficie tanto a los refugiados como a la economía y la sociedad en general y garantizar un enfoque multilateral.

Entre los compromisos adquiridos por los interlocutores sociales y económicos se encuentra el de compartir buenas prácticas para la integración en el mercado de trabajo de los refugiados, por ejemplo, la organización de programas de tutoría para integrarlos en el lugar de trabajo o facilitar la identificación, la evaluación y la documentación de las capacidades y las cualificaciones. También se han comprometido a promover la Asociación entre sus miembros y a reforzar la cooperación con las autoridades públicas a todos los niveles adecuados. La Comisión Europea se esforzará, entre otras cosas, por promover sinergias con los fondos de la UE, garantizarlas con otras iniciativas relacionadas a nivel europeo y seguir trabajando con los organismos, grupos, comités y redes de la UE pertinentes, así como con los interlocutores sociales y económicos, para apoyar la integración en el mercado de trabajo de los refugiados”.

Reproduzco a continuación algunos de los fragmentos más significativos a mi parecer del acuerdo de asociación.

“…  Subrayando que la integración del mercado de trabajo requiere un marco jurídico adecuado, inversiones incrementales, teniendo en cuenta los diferentes niveles de cualificación de los refugiados y el tiempo necesario para una integración efectiva, así como la acción de una multitud de partes interesadas, tanto públicas como privadas, y que sólo un esfuerzo coordinado, cada una en sus respectivas áreas de competencia, puede conducir a resultados impactantes y sostenibles.

…. Destacando que la igualdad de oportunidades y trato entre los trabajadores nacionales y refugiados -de acuerdo con todos los marcos o acuerdos pertinentes a nivel nacional, así como la situación objetiva de los refugiados y sus cualificaciones como parte de los instrumentos activos del mercado laboral a disposición de los solicitantes de empleo- es fundamental para construir la solidaridad y la cohesión social en nuestras sociedades...

…. Al unirnos a esta alianza, nos esforzamos por seguir promoviendo la integración en el mercado laboral de los refugiados en nuestros respectivos ámbitos de competencia.

Esta alianza debe basarse en los siguientes principios:

1.         La integración en el mercado laboral debe apoyarse lo antes posible, ya que la búsqueda de empleo es fundamental para formar parte de la vida económica y social del país de acogida;

2.         El éxito de los esfuerzos de integración debe beneficiar y aportar valor a los refugiados, así como a toda la mano de obra, las empresas, la economía y la sociedad en general, garantizando que no se desperdicie ninguna cualificación o competencia;

3.         El éxito de la integración en el mercado de trabajo requiere un enfoque de múltiples partes interesadas, en el que participen las autoridades públicas, los servicios de empleo, los interlocutores económicos y sociales, las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio e industria, las cámaras de artesanía cualificada, las empresas y los trabajadores, los empleadores de los servicios públicos, los proveedores de educación y formación y las organizaciones de la sociedad civil, respetando plenamente el papel y las competencias de cada uno de estos agentes”.


Según se explica en la documentación oficial de presentación, “La guía de herramientas define cinco ámbitos prioritarios para unas estrategias completas y eficientes de integración duradera: recepción, educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos. En ella se enumeran los desafíos más apremiantes en relación con estas cinco prioridades y se recomiendan medidas de apoyo adecuadas, cada una asociada al Fondo europeo correspondiente.

Por ejemplo, en el ámbito de la educación pueden utilizarse conjuntamente distintos Fondos de la UE para evitar la segregación y hacer que las escuelas sean más inclusivas: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede financiar la modernización y accesibilidad de las instalaciones; el Fondo Social Europeo (FSE) y el FAMI pueden apoyar una formación específica para los educadores, a fin de ayudarles a combatir el abandono escolar, mientras que el FEAD puede proporcionar asistencia material a los estudiantes que lo necesiten.

Los Estados miembros y las regiones disponen de una amplia oferta de instrumentos financieros de la UE con los que apoyar proyectos de diferentes tipos en el ámbito de la integración, ya sean cursos de lenguas y asistencia sanitaria desde la llegada o ayuda a los migrantes para encontrar empleo, vivienda y un lugar en la sociedad. Estos instrumentos incluyen la financiación por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) o el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)”.

Del contenido de la guía, extraigo estos fragmentos de especial interés:

"Para que los fondos de la UE respondan mejor a estos retos, deben seguirse una serie de pasos:

 En primer lugar, es esencial que existan marcos de políticas estratégicas nacionales y locales basados en la evidencia.

En segundo lugar, en caso de que los Estados miembros y/o las autoridades regionales decidan utilizar los fondos de la UE para las personas de origen inmigrante, las intervenciones deberían ajustarse a estos marcos políticos estratégicos.

En tercer lugar, los solapamientos entre los instrumentos de financiación de la UE exigen reforzar los mecanismos de coordinación y las sinergias entre los fondos de la UE".


El día 10 de enero se reunían en Roma los Jefes de Estado y de Gobierno de la República de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Grecia, Malta, Portugal y Portugal, a fin de celebrar la cuarta Cumbre de los países de la Unión Europea Meridional. En la reunión ocupó un papel importante, como era de esperar, la temática de la inmigración, que fue recogida en la declaración final en los términos siguientes:

“La gestión de los flujos migratorios será un reto fundamental para la Unión Europea en los próximos años. Los países del sur de la UE están especialmente preocupados y afectados, ya que se encuentran a la vanguardia de las fronteras exteriores de la UE. La UE debe reconocer y compartir nuestro papel fundamental y la carga de proteger esas fronteras. La UE tendrá que redoblar su lucha contra la trata de seres humanos y las nuevas formas de esclavitud, garantizar los derechos humanos de todas las personas y proteger a quienes necesitan protección internacional, en particular los grupos más vulnerables.

Estamos firmemente comprometidos con una política común europea de migración, para prevenir los flujos irregulares y abordar las causas profundas de la migración masiva en diálogo y cooperación con los países de origen y tránsito. Estamos decididos a fortalecer nuestras asociaciones con esos países, en particular en África. Es necesaria la plena aplicación de la Declaración UE-Turquía, en un mar Egeo donde se respete el Derecho internacional. Habida cuenta del éxito concreto alcanzado en los últimos meses en la dimensión exterior de la migración, debe continuar la financiación adecuada de los instrumentos financieros existentes, incluidos el Fondo Fiduciario de la UE para África y el mecanismo UE-Turquía, también con vistas al establecimiento de instrumentos financieros plenamente financiados en el próximo MFP.

Creemos firmemente que los resultados positivos sobre la dimensión exterior de la Agenda de Migración deben complementarse con un esfuerzo decidido para construir un nuevo y justo Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) basado en el respeto efectivo de los principios de responsabilidad y solidaridad, especialmente hacia los Estados miembros de primera línea”.

III. Internacional.



Con ocasión de la celebración del día internacional del migrante, el 18 de diciembre, la CSI presentó un documento que lleva por título “Demandaslaborales para el Pacto Mundial sobre Migración”. Con ocasión de su presentación, la Secretaria General de la CSI, Sra. Sara Burrow, manifestó que “La migración es una de las cuestiones clave en la agenda internacional actualmente, que adquiere aún más importancia en vista del creciente número de personas desplazadas por conflictos y cada vez más también por las consecuencias del cambio climático. Queremos un proceso de Naciones Unidas que proponga soluciones, que aporte justicia y que asista, en lugar de impedir, el desarrollo económico y social. La migración ha sido siempre un elemento central del desarrollo humano, y con la escalada de sentimientos racistas y xenófobos, fomentados por el discurso racista de cada vez más figuras políticas, encontrar soluciones globales resulta vital para poner fin a la discriminación y demonización que sufren tantos migrantes y refugiados hoy en día”.

Destaco a continuación aquellos contenidos del documento sindical que considero de mayor interés.

“… El aumento de la xenofobia y la magnitud sin precedentes del desplazamiento humano durante los últimos años ponen de relieve la necesidad urgente de un compromiso mundial con una migración justa y políticas coherentes y basadas en los derechos humanos. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración Segura, Regular y Ordenada representa una oportunidad histórica para abordar esta necesidad. El Pacto podría servir como un vehículo importante para reconocer las causas profundas que obligan a las personas a emigrar y para fomentar vías para salir de la irregularidad. Debe mejorar los canales de migración regular que promuevan la prosperidad compartida y promuevan los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en el desafiante clima político actual, también existe el riesgo de que el Pacto pueda eludir las obligaciones humanitarias, al no proporcionar protección contra los regímenes de deportación y los abusivos programas de visados de trabajo temporales o circulares. El movimiento obrero mundial afirma que el Pacto sólo tendrá éxito si se adhiere a las normas de derechos humanos y laborales y no criminaliza más a los migrantes ni faculta al sector privado para dictar los términos de la gobernanza migratoria. Es hora de que los Estados vayan más allá de los programas de migración temporal o circular y se centren en la regularización, el reasentamiento humanitario y las políticas que promueven el desarrollo sostenible y el trabajo decente para todos en los países de origen, tránsito y destino….

…. Modelos justos para la migración laboral. Exigimos un nuevo enfoque de la migración laboral que potencie a los migrantes y reduzca el control de los empleadores sobre el proceso. Este marco debe guiarse por principios que garanticen la equidad y salvaguarden los derechos y las normas para todos.

… Control obrero del status. Los trabajadores migrantes no deben estar vinculados a un solo empleador ni verse forzados a una migración temporal o circular indefinida por motivos de trabajo. Las políticas de visados deben tener plenamente en cuenta las necesidades de los trabajadores, garantizando la transferibilidad de los visados de trabajo para facilitar la movilidad y una mayor presencia en el mercado laboral. Los trabajadores deben poder ejercer la opción de unidad familiar, residencia permanente y eventual ciudadanía si lo desean.

… Empleo seguro y directo. Los programas de migración laboral no deben ser utilizados para expandir el trabajo precario al hacer deliberadamente inseguros, temporales o contingentes los trabajos que antes eran permanentes, o al facilitar modelos de subcontratación, privatización o empleo de terceros.

Reglamento para reclutadores. El sector de la contratación de personal debería regularse mediante mecanismos obligatorios y aplicables en lugar de programas voluntarios, con miras a eliminar las prácticas destructivas y de explotación. Los "Principios Generales y Directrices Operativas de la OIT sobre Contratación Justa" deben incorporarse en el marco del Pacto Mundial sobre la gobernanza de la migración, y los Estados deben adherirse a estos principios, incluido el compromiso de prohibir las tasas de contratación que, ya sean pagadas por adelantado o mediante deducciones, pueden conducir a la servidumbre por deudas y al trabajo forzoso.



El informe "De qué manera los migrantes contribuyen a las economías de los países en desarrollo" analiza empíricamente el impacto de la presencia de los migrantes en diez economías: Argentina, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ghana, Kirguistán, Nepal, Ruanda, Sudáfrica y Tailandia. Según se afirma en el mismo, “La percepción de que los migrantes generan más gastos que beneficios está muy difundida, pero raramente se basa en evidencias empíricas”, y muestra que las percepciones negativas con frecuencia son injustificadas. Además, el informe señala “que los migrantes no constituyen una carga para las economías de los países de destino.  Su impacto sobre los mercados laborales, el crecimiento económico y las finanzas públicas con frecuencia es positivo, aunque relativamente limitado”.

Según las conclusiones, en la mayoría de los países estudiados los migrantes ostentan tasas de empleo y de participación en la fuerza de trabajo superiores a las de los trabajadores nativos. Sin embargo, la calidad de los empleos que los migrantes ocupan sigue siendo motivo de preocupación, ya que con frecuencia ellos experimentan déficits de trabajo decente. El estudio también evalúa si la presencia de los trabajadores de origen extranjero beneficia o perjudica las oportunidades de empleo para los trabajadores nacidos en el país: si bien los resultados son variables y están íntimamente relacionados con el contexto, el informe muestra que el impacto económico general de la migración es mínimo.

El informe describe cinco prioridades políticas para los países de migración a fin de mejorar aún más la contribución de los migrantes a sus economías, de las que destaco dos de ellas:

Adaptar las políticas de migración a las necesidades del mercado laboral, al facilitar el ingreso y ofrecer un número mayor de caminos legales a los migrantes laborales para acceder al empleo, de manera de incrementar el porcentaje de migrantes en situación regular y empleo formal. Vigilar atentamente los indicadores del mercado de trabajo además de desarrollar mecanismos de consulta, en particular con el sector privado, puede apoyar aún más los sistemas de gestión de la migración.

… Invertir en la integración de los migrantes. Las medidas políticas deberían ser puestas en práctica desde el momento en que los migrantes llegan, en particular con el apoyo activo de las autoridades locales a fin de favorecer la cohesión social.



Se preparó con arreglo a la resolución 71/280 de la Asamblea General, en la que esta solicitó al Secretario General que presentara un informe “como aportación al borrador preliminar del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular y las negociaciones intergubernamentales conexas”. Según el resumen del documento, “se centra en el objetivo de conseguir que la migración funcione para todos, en relación con lo cual hace hincapié en los vínculos de la migración con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el informe se destacan: a) las opciones de que disponen los Estados Miembros para ayudar a los migrantes a hacer realidad su potencial económico y social; b) las medidas dirigidas a promover una migración regular; y c) políticas que atiendan las legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados Miembros en relación con la migración irregular. También se estudian los problemas concretos derivados de los grandes desplazamientos mixtos de migrantes y refugiados”.

¿Cuáles son los contenidos más relevantes del documento a mi parecer? Son los que referencio a continuación.

“…Ya ha pasado el momento de deliberar sobre la necesidad de cooperar en este ámbito. La migración es una realidad mundial que va en aumento. El número de migrantes internacionales se estima en 258 millones2. La mayoría de ellos pasan de un país a otro de manera segura, ordenada y regular. Las Naciones Unidas calculan que el número total de migrantes internacionales ha aumentado un 49% desde 2000, proporción que supera la del crecimiento demográfico mundial, cifrada en el 23%. Como consecuencia de ello, la proporción de migrantes en la población mundial ha pasado del 2,8% al 3,4%3. Es probable que las tendencias demográficas, combinadas con otros factores como las repercusiones del cambio climático, contribuyan a que la migración siga aumentando.

… Los Estados miembros deberían tener presentes las cuatro consideraciones generales siguientes:

a) El reto básico al que nos enfrentamos radica en potenciar al máximo los beneficios de la migración en lugar de obsesionarnos con reducir los riesgos al mínimo…

b) Debemos fortalecer el estado de derecho en todos los ámbitos: los migrantes deben respetar la necesidad de ajustarse a las vías legales y pasar de un país a otro de manera ordenada, pero para que ello sea posible los Gobiernos han de abrir a la migración regular rutas consonantes con la realidad de la oferta y la demanda de mano de obra; a la vez, siempre debemos mantener nuestro compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos…

 c) Asuntos de seguridad: los Estados y el público tienen motivos legítimos para exigir seguridad en las fronteras y capacidad para determinar quién entra y permanece en su territorio, pero las políticas contraproducentes dirigidas a restringir la migración merman el poder de los Estados de atender estas prioridades y elevan la vulnerabilidad de los migrantes…

d) La migración nunca debería ser un acto desesperado: funciona para todos cuando quienes se desplazan adoptan de forma fundamentada y voluntaria la decisión de viajar al extranjero por medios legales, pero los últimos años hemos asistido a demasiados desplazamientos de un gran número de migrantes en reacción a presiones insostenibles sufridas en sus países de origen”.

Una idea fundamental a mi parecer es la necesidad de mantener un debate “respetuoso y realista” sobre la migración, con mejores datos, evitando usar “un lenguaje deshumanizador”, ya que hay que hablar de los inmigrantes “con expresiones que respeten su dignidad y sus derechos”…

Desde la perspectiva laboral, me interesa destacar del Informe la tesis de que “En un plano estratégico y a largo plazo, los Estados Miembros deben esforzarse colectivamente por ampliar y consolidar las vías de la migración regular en función de las necesidades reales de los mercados de trabajo, lo cual comprende prever las futuras tendencias demográficas y la futura demanda de mano de obra. De forma más inmediata y en un plano local, los Estados Miembros y las autoridades subnacionales han de adoptar medidas pragmáticas, como iniciativas de regularización, ante la presencia de migrantes irregulares en sus sociedades”.

La justificación general para promover la migración regular es sencilla a juicio del Secretario General de las UN: “Si los Estados Miembros abren vías más diversas y accesibles a la migración regular en todos los niveles de cualificación que atiendan la demanda de unos mercados de trabajo gestionados debidamente, en combinación con la cooperación entre Estados orientada a poner en relación la oferta y la demanda de trabajadores extranjeros, disminuirá el número de cruces irregulares de las fronteras, de migrantes que trabajan al margen de la ley y de malos tratos sufridos por migrantes irregulares. Este proceso permitiría a los migrantes hacer realidad su potencial, ayudaría a los Estados Miembros a controlar las actividades de la economía informal en las que toman parte inmigrantes y permitiría a los Gobiernos ganarse la confianza del público en su capacidad de gestionar las fronteras. En el plano interestatal la cooperación mejorará si: a) los países de destino de migrantes armonizan los requisitos para su entrada legal; y b) los países de origen facilitan recíprocamente las devoluciones”.

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