sábado, 6 de junio de 2009

Acciones de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación en Andalucía.

La Orden de 15 de mayo de 2009 establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación. Fue publicada en el Boletín Oficial autonómico del día 28 y entró en vigor ese mismo día.

La norma tiene por finalidad regular el marco general de la concesión de subvenciones para fomentar la realización de acciones formativas que incluyan el compromiso expreso de la contratación posterior de un determinado porcentaje de las personas formadas, fijándose con carácter general que será como mínimo del 60 % y entendiendo por persona formada toda aquella que haya finalizado la acción formativa y que haya asistido como mínimo al 75 % de la duración de la actividad, si bien se establecen algunas particularidades por lo que respecta a las ocupaciones que requieran de tarjeta o carné profesional expedido por otra Administración, calculándose el porcentaje de contratación “sobre los alumnos que obtengan el citado carné o tarjeta profesional en la primera convocatoria una vez terminado el curso”. La contratación laboral será preferentemente indefinida, o como mínimo de 6 meses de duración, y las condiciones contractuales se ajustaran tanto a la normativa laboral como al convenio de sector que sea de aplicación.

La norma nace con vocación de permanencia, o dicho en sus propios términos se regula “la apertura indefinida del programa de acciones de formación para el empleo”, pretendiéndose con el mismo que la ciudadanía andaluza consiga un puesto de trabajo de calidad, tras recibir una formación adecuada. Va dirigida a entidades locales, empresas públicas y privadas, y entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la formación o inserción laboral. Si las acciones formativas se efectúan por entidades que no serán las que contraten a las personas participantes, se deberá indicar en la solicitud qué empresas serán las que procedan a las contrataciones. Quienes lleven a cabo la formación percibirán una subvención a fijar según el número de horas del curso, el número de alumnos y el importe del módulo formativo correspondiente.

Por lo que respecta al público beneficiario de las acciones formativas, entre las personas desempleadas tendrán trato preferente aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos listados en el artículo 5.2: desempleados inscritos como demandantes de empleo desde hace más de 6 meses y con cargas familiares; mujeres, en especial las afectadas por violencia de género; demandantes de empleo menores de 25 y mayores de 40 años que no hayan participado con anterioridad en programas de políticas activas de empleo del SAE; personas desempleadas con un itinerario personalizado de inserción; personas con discapacidad; en fin, los trabajadores de baja cualificación. Todas las personas que asistan a las actividades formativas podrán recibir, si cumplen los requisitos para ello, las becas y ayudas al estudio establecidas en la normativa vigente.

La tramitación de las solicitudes se efectuará en régimen de concesión directa, y el plazo para presentarlas estará abierto durante todo el año. La resolución de la autoridad administrativa laboral debe dictarse en el plazo máximo de 6 meses desde que se presentó la solicitud, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. A efectos de valoración de las solicitudes presentadas, se tendrán en consideración la empleabilidad de los alumnos, la capacidad de la entidad para desarrollar la formación y la disponibilidad de medios adecuados para su desarrollo.

jueves, 4 de junio de 2009

Qué espero de Europa.

Soy un europeísta ferviente y he defendido siempre, tanto en actos públicos como en mis escritos, el valor del modelo social europeo. Acogí con gran satisfacción la entrada de España en la entonces Comunidad Europea el año 1986, y recuerdo con satisfacción que el primer curso que impartí para delegados de Comisiones Obreras en la Universidad de Barcelona se dedicó al estudio de la política social comunitaria.

Por ello creo que estoy en condiciones de afirmar ahora que me preocupa Europa, o más exactamente la deriva que está tomando la política comunitaria. Las últimas sentencias del Tribunal de Justicia en materia de derechos colectivos de los trabajadores han relegado a estos a un segundo plano y situado claramente por delante el derecho a la libre prestación de servicios. Algunas recientes normas comunitarias, y el ejemplo más claro sería el de la Directiva sobre retorno de los inmigrantes en situación irregular, no contribuyen precisamente a mi parecer a reforzar el lado humano y solidario que caracterizó a la ahora Unión Europea desde que sus fundadores la pusieran en marcha en 1957 en Roma. La ampliación, primero a 25 y después a 27 Estados, a partir de mayo de 2004, ha incorporado a países que ven más la UE como un mercado donde colocar sus productos (y también a sus trabajadores) y no como un proyecto de espacio común y compartido de valores que giran alrededor de la justicia social, el humanismo y la solidaridad con los restantes países del planeta, en especial con los más necesitados.

Y como sigo europeísta, a pesar de todo, voy a seguir defendiendo, en las urnas el próximo 7 de junio y en todas mis actividades el valor del modelo social europeo, tan criticado por algunos – y del que nadie duda que debe adaptarse permanentemente para adecuarse a los cambios económicos y sociales – pero que ha servido desde la década de los sesenta del pasado siglo XX para mejorar las condiciones de vida (y de trabajo) de muchísimas personas. Por cierto, y termino, háganse una pregunta, y traten de responderla objetivamente, antes de responder si desean o no la Europa social: ¿cómo era España en 1986 y como es ahora?

Políticas pasivas de empleo y adaptación al nuevo escenario de la crisis.

Reproduzco en esta entrada del blog el esquema de la presentación de mi intervención en el seminario organizado hoy eN Barcelona por el Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya y la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con el título de “El Derecho Social ante la crisis económica”.

I. Propuesta de la OIT (Conferencia Internacional del Trabajo. Junio 2009).

Un pacto mundial para el empleo como respuesta a la crisis.

“El objetivo estratégico del Pacto Mundial para el Empleo consiste en lograr que las cuestiones del empleo y el mercado de trabajo, así como la protección social y el respeto de los derechos de los trabajadores, ocupen un lugar central en las medidas de estímulo y otras políticas nacionales pertinentes destinadas a hacer frente a la crisis. El recurso al diálogo social para definir y poner en práctica políticas se considera un instrumento fundamental de consenso”.

“Hay que proteger a las personas más expuestas. Las medidas que se apliquen con tal finalidad deberían comprender lo siguiente: extender la protección social y las prestaciones de desempleo, facilitar oportunidades adicionales de formación y readaptación profesional, reforzar los servicios de colocación, y ampliar o poner en marcha programas de empleo de urgencia y redes de seguridad específicas”.

II. Propuestas de la Unión Europea. Gestionar la recuperación económica (4 de marzo de 2009).

La Comisión apuesta por mantener al mayor número posible de la población ocupada en activo, o dicho en otros términos a evitar las medidas empresariales de extinción de contratos de trabajo, y para ello propugna acuerdos de reorganización de los tiempos de trabajo en sede empresarial, combinados con políticas formativas que permitan orientar a los trabajadores hacia nuevos empleos.

En segundo lugar, se propugna una mejora de la protección social para las personas desempleadas, tanto en términos estrictamente económicos como de inversión pública en políticas formativas que orienten a dichas personas hacia los empleos del futuro, y todo ello combinado con una reforma de los servicios públicos de empleo.

Con atención especial a algunos colectivos, se apuesta por prestar la debida atención a la reducción de costes no salariales de los trabajadores no cualificados, así como a las medidas para atenuar el desempleo juvenil y evitar el abandono escolar prematuro.

Hay una llamada al refuerzo de las políticas de educación y formación para permitir ampliar el bagaje intelectual de los jóvenes y para acoger a todas aquellas personas que deseen ampliar su formación durante la vida laboral, así como a la puesta en marcha de las políticas de flexiseguridad que tiendan a reducir la segmentación y a mejorar el funcionamiento de los mercados laborales.
La Comisión enfatiza su apoyo y defensa de la libre circulación de trabajadores, no ya como uno de los pilares básicos del modelo comunitario, sino como mecanismo que puede, incluso durante las etapas de ralentización económica, “ayudar a resolver la persistencia de desajustes entre las cualificaciones y las necesidades del mercado laboral”.

III. Unión Europea. Diez propuestas ante la crisis (Reunión sobre empleo. 7 de mayo de 2009).

1. Mantener a tantas personas como sea posible en situación de empleo, mediante el ajuste temporal de las horas de trabajo en combinación con la formación de reciclaje con apoyo de fondos públicos (entre ellos el Fondo Social Europeo).

2. Fomentar el espíritu empresarial y la creación de empleo, por ejemplo bajando los costes no salariales de la mano de obra y la flexiguridad.

3. Mejorar la eficiencia de los servicios nacionales de empleo ofreciendo asesoramiento, formación y búsqueda de trabajo de manera intensiva en las primeras semanas de desempleo, especialmente para los jóvenes desempleados.

4. Aumentar perceptiblemente el número de cursos de formación de alta calidad para finales de 2009.

5. Promover unos mercados laborales más inclusivos garantizando incentivos laborales, unas políticas activas y efectivas para el mercado laboral y la modernización de los sistemas de protección social, lo cual conduce también a una mejor integración de los grupos desfavorecidos, entre ellos los discapacitados, los trabajadores poco cualificados y los migrantes.

6. Aumentar las cualificaciones a todos los niveles mediante la formación continua, en especial proporcionando las cualificaciones necesarias para encontrar trabajo a todos los que abandonan prematuramente los estudios.

7. Utilizar la movilidad laboral para que casen la oferta y la demanda de mano de obra produciendo los mejores resultados.

8. Identificar las oportunidades de trabajo y las cualificaciones requeridas, y mejorar la previsión de las cualificaciones para tener derecho a las ofertas de formación.

9. Ayudar a los desempleados y a los jóvenes a crear sus propios negocios, por ejemplo ofreciendo formación de apoyo empresarial y capital inicial, o disminuyendo o suprimiendo a las empresas de nueva creación el pago de impuestos.

10. Anticipar y gestionar la reestructuración a través del aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas.

IV. Unión Europea: “Compromiso compartido a favor del empleo” (3 de junio de 2009).

Tres prioridades clave:

Mantener el empleo, crear puestos de trabajo y promover la movilidad.

Mejorar las competencias y adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo.

Incrementar el acceso al empleo.

Propuestas:

1. Acelerar el pago de 19.000 millones EUR de la financiación prevista para ayudar a que las personas permanezcan en su puesto de trabajo o que encuentren uno nuevo, mediante la mejora de las competencias, el fomento del espíritu de empresa y la mejora de los servicios públicos de empleo en el marco del Fondo Social Europeo.

2. Para el período 2009-2010, la Comisión podrá reembolsar los gastos declarados de los Estados miembros a una tasa del 100 %. Esto significa que no será necesaria la cofinanciación nacional a fin de que puedan ponerse en práctica más rápidamente los proyectos que ayudan a las personas.

3. Reasignar 100 millones EUR del presupuesto actual de la UE que, cuando se combinen con financiación procedente de instituciones financieras internacionales y, en particular, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, proporcionarán más de 500 millones EUR para la creación de un nuevo instrumento de microcrédito de la UE . Estos microcréditos apoyarán a las personas en riesgo de no obtener fondos para la creación de una empresa, tales como las personas que han perdido recientemente su trabajo, y reforzarán el empleo en las microempresas que deben hacer frente a la crisis crediticia.

4. El compromiso de proporcionar como mínimo cinco millones de plazas de aprendizaje en toda la UE para los jóvenes que se enfrentan al desempleo; y el establecimiento de objetivos para proporcionar rápidamente a los jóvenes en paro oportunidades de formación o trabajo.

5. El apoyo a programas, incluido a través del FSE, para mantener empleos viables mediante la formación y la reducción del tiempo de trabajo.

6. Una ayuda inmediata a los desempleados para evitar el riesgo de desempleo de larga duración y de pérdida de competencias importantes, lo que incluirá propuestas para ofrecer rápidamente una oportunidad de formación o trabajo a cada persona en paro: en el plazo de un mes para los jóvenes menores de 20 años, de dos meses para los menores de 25 años y de tres meses para los mayores de 25 años. El FSE debería apoyar la consecución de estos objetivos de «un nuevo comienzo».

7. Asistencia a fin de conseguir que las personas más desfavorecidas vuelvan a tener trabajo , por ejemplo, mediante la reducción de los costes laborales no salariales, incentivos a la contratación y la promoción de oportunidades de trabajo para las personas con bajo nivel de cualificación en servicios de cuidados y a domicilio.

8. Un nuevo servicio en línea denominado «Match and Map» para ayudar a quienes buscan empleo a encontrar ofertas de trabajo que se correspondan con sus competencias en toda Europa a través del portal europeo de empleo EURES, y un compromiso a fin de que los desempleados que busquen trabajo en otro Estado miembro puedan recibir durante un mínimo de seis meses las prestaciones de desempleo a que tienen derecho en su país de residencia.

9. Prestar más atención a la mejora de las competencias y a una mejor adecuación de estas a las necesidades del mercado de trabajo; asimismo, la realización por parte de la Comisión de un análisis sectorial de las necesidades actuales y futuras de los mercados de trabajo de la UE, incluidas las competencias ecológicas.

10. Un juego de herramientas prácticas para ayudar a las empresas, los trabajadores y sus representantes a gestionar mejor y prever las reestructuraciones de empresas.

11. Una guía de la formación en pequeñas empresas a fin de ayudar a las PYME a mantener y conseguir el personal cualificado que necesitan.

V. Propuestas sindicales. Declaración de la Confederación Europea de Sindicatos (28 de mayo de 2009).

Reivindicación de un nuevo pacto social en la UE “que actúe como motor de la justicia social y a favor de más empleos y de mejor calidad”.

Sistemas de protección social más fuertes para ofrecer más seguridad e igualdad y evitar la exclusión social. La CES reclama una agenda social europea significativa y fuerte para permitir a las personas conservar un empleo bien remunerado y garantizar la protección a todos los trabajadores, así como una formación adecuada, teniendo en cuenta la diversidad y la necesidad de mantener la cohesión social y el acceso a los servicios públicos para todos.

La solidaridad europea como protección frente a los excesos del capitalismo financiero: es esencial poner en práctica una reglamentación efectiva de los mercados financieros y una distribución equitativa de la riqueza, y evitar un retorno al capitalismo de casino o al ‘estatus quo’ de los últimos 20 años en los mercados financieros. La CES reclama un aumento importante de los gastos sociales europeos aumentando las actividades de los fondos estructurales europeos, sobre todo del Fondo social europeo y del Fondo europeo de ajuste a la globalización.

VI. España. Datos sobre prestaciones de desempleo. Mayo de 2009.

El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de abril de 2009 ascendió a 674.614, lo que representa un 51,6 % más que el mismo mes del año anterior.

Las altas tramitadas han sido 746.391 lo que supone un aumento del 68,6 % sobre el mes de abril de 2008.

El plazo medio de reconocimiento del mes abril de 2009 ha sido de 6 días, dos días menos que el mismo mes del año anterior.

Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 2.619.094 con un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 61,2%.

Los gastos totales de abril de 2009 ascendieron a 2.638 millones de euros, lo que supone un aumento del 72,2% respecto al mismo mes del año anterior.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de abril de 2009 ha sido de 1.043,2 de euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 40,7 euros (4,1%).

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de abril de 2009 ha sido de 834,0 euros, lo que supone un aumento de 38,1 euros sobre el mismo mes del año anterior (4,8%).

El número de beneficiarios extranjeros del mes de abril de 2009 fue de 358.043 lo que representa un 116,7% más que el año anterior. Este incremento es superior en los beneficiarios procedentes de países comunitarios (132,4%).

En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, los beneficiarios extranjeros representan el 13,67%.

Los beneficiarios extranjeros suponen, por otro lado, el 71,61% del total de demandantes de empleo extranjeros.

Por último, el gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha sido de 311,4 millones de euros (un 117,0% de incremento sobre mismo mes de 2008) que en relación con el gasto total de las prestaciones por desempleo supone el 11,8%.

VII. España. Resoluciones aprobadas con ocasión del debate sobre el Estado de la Nación. (mayo de 2009).

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

-- Plantear en el marco del diálogo social, la articulación de mecanismos que amplíen la cobertura de aquellos trabajadores que han agotado las prestaciones por desempleo, vinculando la percepción de estos ingresos con la búsqueda activa de empleo y la participación en actividades formativas.

-- Crear un fondo cofinanciado por las Comunidades Autónomas para que éstas, en el marco de sus competencias, puedan complementar y mejorar las rentas mínimas de inserción para la capacitación de personas paradas sin prestación por desempleo con la financiación necesaria.

-- Impulsar medidas que amplíen la cobertura al desempleo, al objeto de evitar situaciones de desprotección en parados de larga duración.


VIII. Cuestiones a debate:

1. ¿Puede ampliarse la protección económica de las personas que hayan agotado la prestación contributiva y/o el subsidio por desempleo?

2. ¿Quiénes serían los sujetos beneficiarios de la nueva medida?

3. ¿Debería vincularse el percibo de la prestación con la realización de actividades formativas?

4. ¿Cómo se efectuaría el seguimiento de la actividad formativa y de la orientación para el empleo de las personas perceptoras de la prestación?

5. ¿Cómo se articularían las relaciones entre las competencias estatales y las autonómicas?

-- Relación entre abono de prestaciones por desempleo y medidas formativas.

-- Relación entre medidas estatales de fomento de empleo y planes autonómicos de respuesta a la crisis.

-- ¿Reordenación/reorientación de las rentas mínimas de inserción?

6. ¿Cómo articular mecanismos preventivos que faciliten una gestión adecuada de la crisis, protegiendo a los trabajadores y permitiendo la adaptación de las empresas?

7. La importancia de garantizar una transición rápida y adecuada del empleo al desempleo y el retorno al empleo, para evitar situaciones de desprotección económica y riesgos de exclusión social.

8. ¿Cómo adaptar las políticas formativas a las transformaciones de los sistemas productivos, al objeto de potenciar el talento, el conocimiento y la experiencia de las personas trabajadoras?

martes, 2 de junio de 2009

La immigració i les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de maig.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 2 de juny.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de 1.917.223, amb un augment de 29.831 persones sobre el mes anterior i continuant amb l’augment d’afiliació que es produí els dos mesos anteriors i que trencà amb el descens d’afiliació que es produïa des del mes d’agost del 2008. Per règims cal destacar que s’ha produït un important increment d’afiliació en el general (16.619), que millora el que es va produir el mes d’abril i que contribueix a seguir canviant la tendència descendent que s’inicià el mes d’agost del 2.008, al mateix temps que convé destacar el creixement del regim agrari (13.486). També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 235.077 afiliats el mes d’agost del 2008 als actuals 207.074) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 167.666 a 174.877).

Durant el mes de maig el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.306.155, mentre que el d’estrangers es reduí en 256.231. Cal destacar que es tracta del vuitè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de maig i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 2 de juny.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 492.491 (13,6.% del total). 156.857 són comunitaris i 335.634 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 243.664.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 104.937 ( 20,7 % del total). 22.327 són comunitaris i 82.610 extracomunitaris, amb un increment interanual de 54.411. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (51.486), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 32.224 persones.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril de 2009: 358.043. Increment interanual del 116,7 %. 99.817 aturats són comunitaris i 258.226 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,67 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,18 % si es tracta de la prestació contributiva, del 13,81 % en cas de subsidi, 5,96 % en la renda activa d’inserció, i 1,26 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades d’abril amb les dels tres mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,01 al 15,18 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 6,16 al 13,81 %.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 71,61 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 311.395.000 euros, un 11,8 % de la despesa total (increment interanual del 25,5 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,30 %), seguida de Barcelona (16,01 %), València (5,49 %) Alacant (5,11), Múrcia (4,39 %), Illes Balears (3,90 %), Màlaga (3,46 %) Las Palmas (3,24 %), Tarragona (3,22 %) Girona (3,16 %), i Saragossa (3,01 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (74.796, 20,89 %) i els segueixen els equatorians (49.440, 13,81 %), els romanesos (43.059, 12,03 %), els colombians (26.436, 7,33 %) i els portuguesos (11.490, 3,21 %).

lunes, 1 de junio de 2009

Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de marzo de 2009.

El Observatorio permanente de la inmigración hizo públicos el pasado viernes, 29 de mayo, los datos más recientes de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor y los que disponen de autorización de estancia por estudios en vigor a 31 de marzo de 2009. Destaco a continuación los datos más significativos a mi parecer.

A) En la fecha indicada había 4.495.349 extranjeros con dicho certificado en vigor, un 0,40 % más que en el trimestre anterior y un 7,22 % de aumento con respecto a los últimos doce meses (21.850 y 302.514, respectivamente). Se trata de un incremento sensiblemente más limitado que en el trimestre anterior y que también tiene reflejo, lógicamente, en el crecimiento interanual, ya que los datos de diciembre de 2008 eran de un 4,65 % y 12,43 % (198.678 y 494.485, respectivamente).

B) Los marroquíes vuelven a situarse el colectivo extranjero mayoritario (729.672), por delante de los rumanos (675.481) y muy por delante de los ecuatorianos (438.388) y colombianos (282.635). Porcentualmente, es la población boliviana la que experimenta un incremento mayor en serie interanual (32,54 %), si bien es la ecuatoriana la que experimenta un crecimiento cuantitativo mayor (16.861 personas). Es decir, los cuatro colectivos citados reúnen el 47,3 % de la población extranjera residente en España. Recuérdese que los datos de diciembre de 2008 colocaban a la población rumana en primer lugar, con un total de 718.44 personas.

C) Con referencia los informes de trimestres anteriores, el dato más destacable es que el incremento de personas acogidas al régimen general ha sido de 94.825, mientras que en el régimen comunitario se ha producido un descenso de 75.218; es decir, continua la tendencia puesta de manifiesto en el informe de diciembre de 2008 sobre la inversión de la tendencia que se venía observando desde junio de 2007 de mayor crecimiento del régimen comunitario.

D) Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia agrupan al 65,63 % de los extranjeros. Las provincias de Madrid y Barcelona reúnen cerca del 33 %, de ellos, (818.838 y 687.135, respectivamente).

E) El régimen general (permítaseme la simplificación, el de los "extranjeros de verdad") agrupa a 2.435.877 (54,19 % del total), y el régimen comunitario (permítaseme una nueva simplificación, el de los que tienen prácticamente los mismos derechos y obligaciones que los autóctonos) son 2.059.472 (45,81 %). Con respecto al trimestre anterior hay un incremento de casi dos puntos en el régimen general, que se corresponde con el correlativo descenso en el mismo porcentaje del régimen comunitario.

F) El 82,81 % de la población extranjera está en edad laboral de 16 a 64 años (3.719.012), y la media de edad es de 33 años. Otros datos de especial interés sobre la edad, a mi parecer, son que los ciudadanos marroquíes y chinos tienen una media de edad de 27,4 y 28,9 años, respectivamente, y que un 23,64 % del colectivo africano tiene menos de 16 años. Según la información oficial con la que estoy ahora trabajando, es en Barcelona y Madrid donde se concentra el mayor número de extranjeros en edad laboral (en Madrid 703.447 y en Barcelona 567.683), mientras que es en las provincias de Alicante y Málaga donde residen el mayor número de extranjeros (en su gran mayoría comunitarios) mayores de 64 años (40.569 y 22.060). En este trimestre aumenta ligeramente el peso relativo de los menores, que supera el 13 % del total.

G) De los extranjeros "de verdad" del régimen general, el 40,05 % (975.610 personas) disponen de autorización de residencia permanente, y el resto son temporales, si bien también quiero destacar que 684.313 han sido ya renovadas por segunda vez, mientras que sólo 258.720 son iniciales (es decir, aquellas en las que pueden concentrarse una mayor problemática laboral). Conviene destacar que hay cinco Comunidades Autónomas en las que el porcentaje de extranjeros con residencia permanente (o de larga duración si acogemos ya la terminología del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000) ya supera el 25 % (Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja).

H) Con respecto a los estudiantes, hay un total de 46.522 extranjeros, con un crecimiento en serie interanual del 8,50 %, y destaca que el 60,61 % son iberoamericanos (con México ocupando el primer lugar, con 5.633 estudiantes). Cataluña es la Comunidad Autónoma que acoge a un mayor número de estudiantes extranjeros (13.285).