El miércoles 7 de
junio fue invitado por la directora de Europe Direct-Centre de DocumentaciónEuropea de la Universitat de Girona, la profesora, y buena amiga, Francina Esteve,
a impartir una conferencia sobre los aspectos sociales de la Presidencia española
del Consejo Europeo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, con ocasió de la celebración del décimo aniversario de su creación.
Pongo a
continuación a disposición de los lectores y lectoras del blog el texto (en versión
castellana) de mi intervención, debidamente revisada y ampliada en algunos de
sus contenidos.
“Permítanme que
manifieste, en primer lugar, mi profunda satisfacción por estar presente en el
día de hoy en la Universitat de Girona, mi Universidad, como saben todas y
todos aquellos que me conocen cuando hablo de la misma, invitado por una
profesora, Dra. Francina Esteve, con la que trabajamos codo con codo, y muy
fructíferamente, durante muchos años.
No menor
satisfacción es la de impartir esta conferencia en una Sala de Grados que lleva
el nombre de Pep Nadal, rector de la UdG desde 1991 a 2002, con el que mantuve
una relación muy cordial y directa durante la confluencia de parte de sus años
de mandato rectoral y los míos como decano de la Facultad de Derecho desde
finales de mayo de 1994 a principios de marzo del año 2000, una persona que,
sin duda, marcó mi vida universitaria durante muchos años. Recuerdo momentos
muy agradables, como la colocación de la primera piedra del edificio de la
Facultad de Derecho y la inauguración de la biblioteca del campus de Montilivi.
También es motivo
de satisfacción reencontrarme con amigos y amigas, profesorado, con los que compartí,
y sigo compartiendo, debates y discusiones sobre los asuntos de interés social
de cualquier ámbito territorial, como es el caso de la anterior directora de Europe
Direct/Centre de Documentació Europea de la UdG, y diputada en el Congreso de
los Diputados en la legislatura recién concluida, Dra. Mariona Illamola.
La Dra. Francina
Esteve, con su acostumbrada, y nunca perdida, habilidad para conseguir sus
objetivos, me pidió que participara en este importante acto de celebración del
décimo aniversario de Europe Direct/Centre de Documentació Europea. Dicho con
toda sinceridad, no me costó mucho tiempo darle una respuesta afirmativa,
primero por la amistad mantenida durante muchos años, y en segundo lugar por
ser el tema propuesto, la política social en la Unión Europea, y más concretamente
los retos que tiene ante sí la Presidencia Española de la Unión durante el
segundo semestre de este año, es decir desde dentro de muy pocos días, el 1 de
julio, hasta el 31 de diciembre, que siempre ha sido objeto de mucho interés
por mi parte y a la que he dedicado bastante atención en mi actividad
investigadora.
Inicié la preparación
de esta conferencia poco después de la invitación formulada, semanas, con la lectura detallada de todos los
documentos que he utilizado, y concluí la primera redacción del texto a media
mañana del lunes 29 de mayo. Casualidades de la vida, el Presidente del
Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, anunciaba la convocatoria de elecciones generales
para el domingo 23 de julio, poco después del inicio de la Presidencia Española
del Consejo UE, con lo que queda en el aire cómo se desarrollará la misma. No
obstante, y en atención a que se trata de una Presidencia institucional, es
decir del Estado y no de un grupo o partido político concreto, he mantenido el
texto sustancialmente tal como lo había redactado. Pueden cambiar las personas
que dirijan los diez Consejos previstos, pero no cambia el Estado que asume la
Presidencia.
Así pues, como digo
he incorporado algunos cambios en mi exposición oral respecto al texto que
entregué al Centro para su publicación y estaremos, en cualquier caso, muy
dispuestos a los próximos eventos. En cualquier caso, debo decir que la
preparación de la conferencia me ha permitido redescubrir la historia de España
y la UE desde la firma del Tratar de adhesión el 12 de junio de 1985, y su
entrada en vigor a partir de enero de 1986, a partir de la lectura del libro
“Una pica en Flandes”, del diplomático Javier Elorza, negociador de la adhesión
y persona que conoció de primera mano la vida europea durante muchos años.
2. Para preparar
mi intervención no he podido disponer de la documentación de presentación de
los objetivos marcados por la presidencia española y las posteriores belga y
húngara durante el período de 1 de julio de 2023 a 31 de diciembre de 2024, y
tampoco el que presentará la presidencia española para su período de mandato, debiendo
ambos documentos ser presentados a mediados del mes de junio. No obstante, en
modo alguno puedo decir que carezca de la información necesaria para llevar a
cabo esta conferencia, ya que la política social a llevar a cabo por la
Presidencia Española ha de continuar las tareas pendientes y no resueltas por
las Presidencias francesa, checa y sueca del período enero 2022-junio 2023, por
una parte, y disponemos además, por otra, de sus líneas maestras enunciadas
tanto por el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez
Rey como por la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, en reciente intervenciones públicas en el Comité Económico y
Social Europeo y en la Cumbre Social de Oporto, respectivamente.
Además, la
Presidencia española ha de seguir las grandes líneas de trabajo marcada por la Declaraciónconjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comunicación, el 15 dediciembre de 2022 sobre las prioridades legislativas para 2023 y 2024, en la
que se afirma, entre otros contenidos, que las tres instituciones “seguiremos dando
prioridad a la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de la
declaración de la Cumbre de Oporto (de 2021), y tomaremos nuevas medidas para
garantizar que la dimensión social se tenga en cuenta en todas nuestras
actuaciones, incluido el derecho a la desconexión y la eliminación de la brecha
salarial entre hombres y mujeres”, al mismo tiempo que declaraba su compromiso
para “en el contexto del Año Europeo de las Capacidades, promover Europa como
lugar atractivo para los trabajadores cualificados y facilitar la movilidad
intracomunitaria de la mano de obra cualificada y de las personas en formación”.
3. Sin duda, así
lo creo, el documento de la Presidencia española debería acoger bastantes de
las propuestas y recomendaciones formuladas por la Ponencia creada en el senode la Comisión Mixta Congreso-Senado para Unión Europea encargada de elaborar
un informe sobre aquella, o más exactamente “para participar en la preparación
de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo
semestre de 2023”.
El informe de la ponencia
estaba pendiente de ser debatido en la Comisión, a la espera de conocer si habría
votos particulares presentados por algunos grupos parlamentarios. La disolución
de las Cámaras Parlamentarias no ha permitido dicho debate y, en su caso, aprobación.
De su contenido propiamente social destaco las siguientes propuestas:
“Contribuir a la
aprobación de la propuesta de la Directiva sobre diligencia debida de las
empresas en materia de sostenibilidad para la protección del medio ambiente y
de los derechos humanos en la Unión Europea y fuera de ella, al objeto de que
la Unión Europea alcance sus objetivos en materia de clima y sostenibilidad y
garantice la protección de los derechos humanos, para lo que es importante que
las empresas identifiquen y prevengan, y pongan fin o mitiguen, los efectos de
sus actividades para los derechos humanos y el medio ambiente”.
“Desea que la
presidencia española sea una presidencia social, fortaleciendo el Pilar de los
Derechos Sociales, enmarcada en el XXX aniversario de la entrada en vigor del
Tratado de Maastricht por el que se introdujo la ciudadanía europea. No podemos
aspirar a hablar de una Europa geopolítica, de una Europa integrada en el
mundo, de una Europa que está llevando a cabo una doble transición, si antes no
hacemos frente a la desigualdad y las brechas sociales y de género que existen
dentro de la Unión Europea. La lucha por esa reducción de la brecha de género
debe de ser una de las prioridades de la presidencia.
Por ello, es
necesario:
7.1 Insistir en
que España trabaje por hacer efectivo el Pilar Europeo de Derechos Sociales y
por impulsar expedientes en ámbitos de tanta importancia como la política de
empleo, la igualdad, la formación profesional, la lucha contra la violencia de
género, la mejora de las oportunidades de los jóvenes y la protección de la
infancia y la discapacidad...
... 7.4 Impulsar
los trabajos necesarios para consolidar el Estado del Bienestar europeo,
estableciendo el nivel de gasto sostenible de acuerdo con el PIB de la Unión
Europea.
7.5 Adoptar
medidas, en colaboración con el sector privado, para facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado laboral....
7.10 El semestre
de presidencia española debe servir para impulsar políticas de protección del
trabajo y mejora de las condiciones laborales en todo el territorio
comunitario, para la promoción del diálogo social a nivel europeo con la
participación de los y las trabajadoras y democratización de los centros de
trabajo, para el impulso de políticas para el teletrabajo y para la protección
del derecho a la desconexión, y para consolidar propuestas como la del
Mecanismo de convergencia social (SIP).
7.11 Luchar
decididamente contra todas las violencias ejercidas contra todas las mujeres,
personas LGTBI y personas racializadas en todo el territorio comunitario;
reducir la desigualdad con políticas de redistribución de la riqueza y
reconocimiento de los trabajos de cuidados (promoción de la economía de
cuidados) y conseguir igualdad en el empleo y el fin de la brecha salarial.
... 7.14 Promover
un pacto o foro sobre el desarrollo de políticas activas de empleo en áreas
rurales e intermedias...
7.15 Considerar la
Europa Social como un pilar fundamental de la Unión Europea y, en consecuencia,
reforzar el compromiso con la aplicación y desarrollo de las Conclusiones de la
Cumbre Social de Oporto donde se establecieron veinte principios clave para
guiarnos hacia una Europa social fuerte que sea justa, integradora y plena de
oportunidades en el siglo XXI, en ámbitos como el trabajo y el empleo, las
capacidades y la innovación y el estado de bienestar y la protección social.
7.16 Apoyar la
culminación con éxito del Año Europeo de las Capacidades promoviendo el
desarrollo de las capacidades adecuadas de las personas, incluidas las personas
inmigrantes, que les permita adaptarse a los cambios en el mercado laboral y
participar plenamente en la sociedad y la democracia, con especial referencia a
la Formación Profesional.
8. Señala la
importancia de que se avance en la aplicación del Pacto de Migración y Asilo,
con el objetivo de lograr el equilibrio entre los principios de responsabilidad
y de solidaridad, preservando la protección de los derechos humanos y los
principios de la protección internacional y, a su vez, estableciendo vías que
garanticen una migración regular y que atienda a las necesidades laborales de
los Estados miembros.
Considera que es
necesario:
8.1 Finalizar los
trabajos sobre el nuevo Pacto de Migración y Asilo y garantizar que responda a
los principios de solidaridad y responsabilidad.
8.2 Exigir el
compromiso con los derechos humanos y con una migración ordenada y legal...”.
Sobre el citado
Pacto, hay que referirse a la aprobación por el Pleno del Congreso de losDiputados el día 11 de mayo de una moción presentada por el Grupo Vasco
(EAJ-PNV), con enmienda transaccional del grupo socialista , en la que se insta
al gobierno a “Trabajar durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión
por la culminación de un Nuevo pacto de migración y asilo basado en los
principios de solidaridad, responsabilidad y reparto equitativo y el desarrollo
del reglamento de procedimientos que hace referencia al conjunto de
procedimientos en materia de protección internacional”. Hay que decir al
respecto que según datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat, en 2022
se detectó la presencia de más de un millón de personas extranjeras
extracomunitarias en situación irregular, mayoritariamente de Siria (175.960),
Afganistán ( 220.520) y Marruecos (60.215)
Sobre dicho Pacto
se pronunció la ex directora de Europe Direct-CDE, la profesora y, entonces, diputada
Mariona Illamola, en la sesión de la Comisión de Trabajo, Inclusión, SeguridadSocial y Migraciones del día 10 de mayo, en la que se presentó, y debatió, la
proposición de ley para una regularización extraordinaria para las personas
extranjeras en España, y lo hizo en los términos que reproduzco a continuación:
“Ustedes han
hablado del pacto sobre migraciones y asilo y han hablado de la próxima
Presidencia española del Consejo de la Unión. Es cierto que el pacto no prohíbe
las regularizaciones, la legislación europea no las prohíbe de ninguna forma,
eso lo sabemos todos los que queremos estar informados al respecto. Pero
nosotros, Junts, somos muy críticos con este pacto, porque, tal como está a día
de hoy, nos parece que no va a dar una respuesta adecuada a unos cauces de
migración regular. Creemos que tiene un enfoque demasiado seguritario — en esto
creo que coincidiremos— y no estamos muy convencidos — y lo hemos dicho justo
ayer por la mañana— de que realmente bajo la Presidencia española puede
lograrse un pacto que vaya a ser adecuado y vaya a ser al cien por cien
respetuoso con los derechos humanos y con los derechos esenciales de las
personas debido, precisamente, a ese enfoque seguritario. Esto lo planteamos
cada vez que hemos tenido oportunidad de tener reuniones con parlamentarios de
distintos países que mantienen esa postura. Por tanto, veremos qué va a pasar
con los Veintisiete. Nosotros creemos que sí se debe dar una solución a la
situación de irregularidad, que se debe visibilizar a todas las personas que
sufren esa situación antes de — y lo han dicho también alguno de ustedes, pero
disculpen que no diga exactamente quién lo ha dicho— hacer estas llamadas a que
vengan personas de terceros países para ocupar puestos de trabajo. Si ya
tenemos aquí personas que pueden ocupar estos puestos de trabajo porque están
aquí y porque tienen la formación, qué mejor que solucionar estas situaciones”.
Sobre las reformas
del Pacto ya se ha pronunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), formulando 20 propuestas al respecto, siendo una de ellas la de “impulsar
la aprobación de un mecanismo ambicioso de reasentamiento con cuotas
obligatorias para todos los Estados Miembros. Asumir un mayor compromiso en
relación a la adopción de vías legales y seguras: promover la posibilidad de solicitar
asilo en embajadas y consulados en exterior, la expedición de visados
humanitarios, flexibilizar los requisitos para la reagrupación familiar, así como
facilitar el acceso a programas de movilidad laboral o formativa en la Unión”.
4. Igualmente, he
podido preparar esta intervención con otros documentos de indudable importancia,
como son los siguientes:
A) La
comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europa, Sr. Navarro Ríos,
en dicha Comisión Mixta, el 20 de diciembre de 2022, para explicar las
previsiones legislativas de los distintos Consejos que se celebrarán durante la
presidencia española.
En su
intervención, el Secretario de Estado repasó los principales expedientes que
estarán en la agenda, de los que conocerán diez Consejos. Siendo todos ellos
muy importantes, (piénsese en la relevancia de los debates sobre la reforma de
los Tratados, la ampliación de las decisiones cuya aprobación no requiera la
unanimidad de todos los Estados miembros, la reforma del Pacto de estabilidad y
crecimiento, el refuerzo de las relaciones con América Latina y el Caribe, el
estrecha relaciones con la Vecindad Sur, “en especial con todo el Magreb, el
Sahel y la Unión Africana”, o la aprobación de una estrategia, y normativa
sobre la inteligencia artificial que sea respetuosa y protectora de los
derechos de todas las personas, incluidas por supuesto las trabajadoras), para
cumplir con la petición formulada por la Dr. Francina Esteve, solo me detengo
en aquellos de contenido más directamente social, siendo uno de los que se
trataran en el Consejo JAI, es decir de Justicia e Interior, de innegable
relevancia, el Pacto de Europeo de Migración y Asilo, anunciando el Sr. Navarro
que “En su dimensión interior se trabajará en los expedientes abiertos; el
principal y más importante ya saben que es el nuevo Reglamento sobre la gestión
del asilo y la migración, siguiendo — así lo esperamos— una visión fundamentada
en los principios de responsabilidad y solidaridad. La Comisión prevé concluir
las negociaciones en 2023, por lo que será uno de los expedientes más
relevantes de la agenda de la Unión. En su dimensión exterior se continuará
trabajando en la cooperación migratoria con países terceros y se profundizará
en el consenso ya existente en este aspecto del pacto”.
Respecto a la
política social propiamente dicha, la que se debate y discute en el Consejo
EPSCO (Empleo, Política Social, Salud y Consumidores), destacó que serán objeto
de atención “las acciones para reforzar el trabajo decente, con el objetivo de
la Unión de profundizar en los siguientes temas: el trabajo en plataformas, la
Estrategia de seguridad y salud en el trabajo, el empleo de jóvenes, la
igualdad y no discriminación en el trabajo por razón de género y la dimensión
laboral de la Estrategia europea de cuidados, que será una cuestión relevante
el próximo año, y también España apoyará el debate de la Unión que se va abrir
sobre el diálogo social”, y que se fomentarán, entre otras “iniciativas
pendientes del Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, y en lo
que respecta al semestre europeo, se dará seguimiento del estado de
cumplimiento de indicadores de las metas del Plan de acción del pilar europeo
de derechos sociales, que saben que es una propuesta de España y de Bélgica, y
se buscará favorecer la participación social en la definición de las cuestiones
de empleo y sociales del semestre europeo. En 2023 tendrá lugar la evaluación
del SURE, y en función de dicha evaluación se podría apoyar la creación de un
sistema europeo de reaseguro de desempleo. Se potenciará el desarrollo del
informe del grupo de expertos de alto nivel para estudiar el futuro del Estado
del bienestar y su financiación y conexiones con el mundo del trabajo, así como
una iniciativa sobre cuidados de larga duración”.
Pues bien, el 2 dejunio la Comisión Europea presentó su informe semestral final que confirma la
estimación hecha con anterioridad de que el SURE cubría a unos 31½ millones de
personas y más de 2½ millones de empresas en 2020, cuando la pandemia se hizo sentir
por primera vez, exponiendo que “esto representa casi un tercio del trabajo
total y más de una cuarta parte del total de empresas de los Estados miembros
beneficiarios. Se ha confirmado la alta fiabilidad de estas cifras de
cobertura, que se basan principalmente en los datos administrativos de los
Estados miembros siguiendo las orientaciones de la Comisión. Las PYME fueron
las principales beneficiarias de la ayuda financiera de SURE. Los sectores que
tuvieron más apoyo fueron los servicios intensivos en contactos (servicios de
alojamiento y alimentación, comercio mayorista y minorista) y la industria manufacturera”
B) El Informesobre la gobernanza de la UE durante la Presidencia Española, aprobado por el
Consejo Económico y Social de España en sesión plenaria celebrada el 3 de mayo.
En las
conclusiones del muy detallado Informe (181 páginas) se enfatiza la importancia
de avanzar en el fortalecimiento del pilar social en la gobernanza económica,
formulando propuestas y recomendaciones de mucho interés y de las que destaco
aquellas que considero más relevantes:
“.... Sería, pues,
interesante seguir avanzando hacia la consolidación de mecanismos de
estabilización automática estables. El SURE fue una medida de urgencia que
demostró ser eficaz para combatir el impacto social de la pandemia en las
rentas de los hogares y que podría servir de base para consolidar mecanismos
estables de estabilización supranacional, como la protección por desempleo
mutualizada que, bajo el cumplimiento de determinados requisitos o
condicionalidad en el mercado laboral, permitan hacer frente a futuras crisis
sin tener que pasar por la incertidumbre de acuerdos políticos....
“... Por todo
ello, sería interesante dotar de mayor peso al Pilar europeo en el Semestre Europeo
estableciendo objetivos más concretos y ambiciosos que, bajo el principio de subsidiariedad,
permitan garantizar unos niveles mínimos de bienestar a nivel europeo. A este
respecto, sería deseable que se estableciera una selección de objetivos e
indicadores del Social Scoreboard del Pilar, que incorpore con carácter
transversal la perspectiva social (p. ej., niveles de empleo y calidad de este,
desigualdad, pobreza, en especial la pobreza infantil), así como la perspectiva
medioambiental y digital, con el ánimo de avanzar hacia transiciones justas que
no dejen a nadie atrás.
En paralelo, y en
aras de avanzar hacia la convergencia social, podrían establecerse mecanismos de
supervisión de dichos objetivos e indicadores sociales (parejos a otros ya
existentes como el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico), habida
cuenta de su influencia en las finanzas públicas y, por ende, en la estabilidad
macroeconómica de los Estados miembros. Igualmente, los mecanismos de
supervisión podrían incentivar la incorporación de las evaluaciones de impacto
redistributivo de algunas políticas, para de este modo fomentar la implementación
voluntaria de dichas evaluaciones.
Asimismo, si bien
la implicación de los interlocutores sociales en el proceso de gobernanza ha
ido aumentando progresivamente en el marco del Semestre Europeo, sigue siendo
necesario avanzar para lograr una participación plena, tanto a nivel
comunitario como nacional. El diálogo social con los interlocutores sociales
más representativos a nivel comunitario y nacional constituye una pieza clave
en este proceso de mejora de la dimensión social en la gobernanza económica
para lograr una convergencia social al alza que encamine a la Unión Europea
hacia economías inclusivas y socialmente integradas...
“... se debería
realizar un esfuerzo mayor para avanzar, sin demora, en todas las medidas
recogidas en la hoja de ruta del Pacto sobre Migración y Asilo... Una política
exterior favorable a la migración serviría a la Unión Europea para alcanzar sus
objetivos geopolíticos, reduciría las vulnerabilidades señaladas anteriormente
y, además, resolvería problemas reconocidos en el propio Pacto sobre Migración
y Asilo, como la carencia de mano de obra que tiene la Unión Europea, en un
contexto de envejecimiento demográfico”
“... Con todo
sigue siendo de vital importancia para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres
que se sigan dando pasos para favorecer la conciliación corresponsable, por una
parte, así como el desarrollo de políticas de impulso y refuerzo de la
ciudadanía, por otro.
La prosperidad
económica y social de la Unión Europea depende, en buena medida, de que sigan
produciéndose avances en igualdad de género, habida cuenta de los lentos e
insuficientes progresos que se han producido en la última década, y de la
fragilidad de estos, tal y como ha puesto de manifiesto la pandemia.
Además, los
avances en materia de igualdad de género deben ser generalizados en el conjunto
de la región, mediante una mayor convergencia al alza entre los Estados
miembros, con el fin de avanzar de manera conjunta hacia sociedades europeas
más justas, cohesionadas e igualitarias”.
C) La Resolucióndel Parlamento Europeo de 11 de mayo “sobre una hoja de ruta hacia una Europa
Social: dos años después de la Cumbre Social de Oporto”, de la que reproduzco
dos propuestas directamente relacionadas con la política social.
“Reitera la
importancia de la adopción de las conclusiones de la Cumbre Social de de 2021,
que subrayan que aún vivimos tiempos sin precedentes; señala que la Oporto
COVID-19 y la guerra rusa de agresión contra Ucrania en curso a nuestras
puertas han tenido como resultado crisis asociadas al coste de la vida y la
energía, que están golpeando con mayor dureza a los grupos más vulnerables de
nuestra sociedad, dando lugar a un aumento de las desigualdades; recalca la
importancia del pilar europeo de derechos sociales como brújula de orientación
para una Europa más social y acoge con satisfacción su plan de acción en este
sentido; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen la innovación
social como motor clave para hacer frente a los retos socioeconómicos y les
insta a tener en cuenta la recomendación expresada por el Parlamento en su
Resolución sobre el plan de acción de la Unión para la economía social;
subraya, no obstante, que los objetivos principales resultantes de aquí a 2030
establecidos por la Comisión y aprobados por el Consejo en materia de empleo,
competencias y pobreza son insuficientes para garantizar su plena aplicación;
subraya que el pilar europeo de derechos sociales constituye una poderosa
herramienta para garantizar que el proyecto europeo pueda actuar como un sólido
escudo para proteger la salud, la seguridad y las condiciones de vida de sus
ciudadanos; recalca que el diálogo social, la democracia en el lugar de trabajo
y el derecho a la negociación colectiva son fundamentales para la aplicación
del pilar europeo de derechos sociales y la consecución de una convergencia al
alza de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa;
... Cree que, para hacer realidad una Europa justa
y social y garantizar los niveles más elevados de protección social en las
transiciones ecológica y digital, es necesario garantizar una Europa
sostenible, justa e integradora en la que los derechos sociales estén
plenamente protegidos y salvaguardados como mínimo al mismo nivel que las
normas económicas y medioambientales; subraya la necesidad de adoptar medidas
para reforzar el papel del pilar europeo de derechos sociales, para que los
aspectos sociales se consideren en pie de igualdad con los económicos y
medioambientales, así como para garantizar que los derechos sociales en Europa
ocupen un lugar central en las próximas políticas de la Unión y que la
convergencia social sea una de las principales prioridades políticas de la
Unión; señala que, en consecuencia, será necesaria una inversión social para la
aplicación del pilar europeo de derechos sociales en las próximas iniciativas
de financiación y la revisión del marco financiero plurianual...”;
Hay que indicar en
este punto que la segunda Cumbre Social se celebró los días 27 y 28 de mayo, y
que 37 lideres europeos presentes aprobaron una declaración en la que
ratificaron los objetivos fijados en la de
2021, y confirmaron, según puede leerse en la nota de prensa oficial, el
modelo social europeo, y “como unas políticas sólidas en materia de
capacidades, educación y formación, pueden crear mejores empleos y una
integración más rápida en el mercado laboral, promover la inclusión social y,
en consecuencia, aumentar la resiliencia y la competitividad de la economía y
de la sociedad de la UE”.
D) La presentación
de las prioridades del grupo de personas trabajadoras del Comité Económico y
Social Europeo, para el período 2023-2025, durante el Congreso de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebrado del 23 al 26 mayo, entre
las que se encuentran “una aplicación clara y efectiva del Pilar Europeo de
Derechos Sociales a través de un sólido Plan de acción, haciendo que la
gobernanza económica sea plenamente social y sostenible”, la participación de
los interlocutores sociales, a través de los mecanismos de negociación colectiva,
información, consulta y participación del personal, “en el proceso de
recuperación y reconstrucción”; un plan integral de lucha contra la pobreza; la
reforma del pacto de estabilidad y crecimiento; la garantía de trabajo de
calidad para todas las personas; financiación suficiente para llevar a cabo la
transición hacia las medidas propuesta en el Pacto Verde.
E) Los documentos
aprobados en el Congreso de la CES. De su plan de acción para el período
2023-2027 destaco que el Pilar Europeo de Derechos Sociales “ ha sido un marco
político valioso para hacer frente a las urgencias sociales de la pandemia, y
su Plan de Acción seguirá siendo una valiosa herramienta para construir el
modelo social”, y que defenderá “los derechos sociales, laborales y sindicales
fundamentales pidiendo que se añada a los tratados un Protocolo de Progreso
Social a los Tratados y que se incluya una “cláusula Monti” en todas las nuevas
iniciativas legislativas pertinentes sobre el mercado interior. Estos derechos
fundamentales, incluido el derecho a la colectiva, deben salvaguardarse y tener
prioridad en caso de conflicto con las libertades económicas”.
5. El 1 de julio
se inicia la presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023.
Desde la proclamación del Pilar europeo de los derechos sociales en la cumbre
interinstitucional celebrada en la ciudad sueca de Gotemburgo el 17 de
diciembre de 2017, hemos pasado por una larga y dolorosa crisis sanitaria que
ha tenido graves consecuencias económicas y sociales, y a la que ha seguido una
mejora de la economía que sin embargo ha tenido muy poco impacto, o más bien
negativo, en la disminución de las desigualdades sociales.
Conviene referirse
a los objetivos que se ha marcado la futura presidencia española en materia de
política laboral y de protección social, que enlazan en algunos de sus
contenidos con los que han sido objeto de debate durante la presidencia sueca
del primer semestre de este año.
En efecto, basta
con decir que en la reunión informal del Consejo EPSCO, y en concreto de los
Ministros y Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de los Estados miembros,
celebrada los días 3 y 4 de mayo, se debatieron dos asuntos de indudable
importancia y que también se integran en el “paquete” de actuaciones a llevar a
cabo por la Presidencia española: en primer lugar, cómo las transiciones están
influyendo en el mercado laboral y, más concretamente, sobre cómo evitar el
desajuste entre calificaciones y puestos de trabajo en tiempo de transición, a
partir de un documento de trabajo elaborado por Eurofound que apunta algunos
factores para mejorar la adecuación entre las calificaciones y los puestos de
trabajo, tanto a corto como a largo plazo. En segundo término, cómo hacer
posible una protección social adecuada y sostenible a la luz de la transición
demográfica, en la que se debatió a partir del informe presentado por el Grupo
de Alto Nivel sobre el futuro de la protección social y el Estado del bienestar
en la UE
¿Cuáles son las
prioridades marcadas por la presidencia española en materia laboral y de
protección social, y que tienen que ver con los principios del PEDS, es decir
sobre su desarrollo? En primer lugar, las conocemos por el discurso pronunciado
por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el pasado 27 de
abril, en el acto de inauguración del nuevo Comité Económico y Social Europeo.
En este discurso , el Secretario de Estado manifestó que avanzar en
derechos para las personas trabajadoras y mejorar la vida de las ciudadanas y
ciudadanos de la UE es una tarea en la que el MITES redoblará esfuerzos a
través de tres grandes prioridades: el diálogo social, el trabajo decente y la
economía social, anunciando que se vertebrarán en “expedientes legislativos y
debates políticos concretos”, y siguiendo el desarrollo del Pilar Europeo de
Derechos Sociales. También expuso que España quiere situar en la agenda europea
“temas de vital importancia como la democracia en el trabajo, la negociación
colectiva verde, convergencia social y los efectos de la precariedad laboral en
la salud mental”. Enfatizó además la importancia de los dictámenes del CESE,
comprometiéndose a seguirlos, e impulsando “unas recomendaciones del Consejo
que hagan de Europa un ejemplo democrático también en el ámbito de la economía
y de la empresa”, además de prestar especial atención a la precariedad y salud
mental, y el mecanismo de desequilibrios sociales preparado conjuntamente por
España y Bélgica. Sobre este último, y según la explicación de la
vicepresidenta segunda del Gobierno, y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda
Díaz, “El mecanismo propuesto contribuye a reforzar la efectividad en la
formulación de los derechos sociales en Europa. El Social Imbalance Procedure
(SIP), como se llama en inglés, comporta que los países miembros rindan cuentas
sobre sus políticas sociales, unas políticas que pasan a formar parte del
funcionamiento y la gobernanza de la Unión Europea”
Por supuesto, la
presidencia española tiene un excelente material de trabajo en dictámenes muy
recientes del CESE para avanzar en el desarrollo del Pilar. Justamente en la
sesión plenaria celebrada los días 26 y 27 de abril se aprobaron varios de
indudable importancia social, ya publicados en la página web del CESE:
“Refuerzo del diálogo social”, “Trabajo precario y salud mental”,
"Democracia en el trabajo", y "Procedimiento de desequilibrio
social". Cabe destacar que los relativos a la vinculación de la salud
mental con el trabajo precario y el relativo a los desequilibrios sociales
fueron solicitados por la (futura) presidencia española de la UE.
A) Trabajo
precario y salud mental
En ese dictamen,
solicitado por la próxima Presidencia española de la UE, el CESE analiza las
consecuencias de las condiciones laborales precarias en la salud mental de los
trabajadores.
El CESSE “apoya
firmemente las pruebas que demuestran que el trabajo precario aumenta las
posibilidades de deterioro de la salud mental de los trabajadores y es
incompatible con la consecución de los ODS en la UE: es un problema de salud
pública que debe erradicar
- subraya que la
lucha contra los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo en su
origen, mediante intervenciones organizativas para remodelar las condiciones de
trabajo, es un primer paso esencial para promover la salud mental en el puesto
de trabajo, como han destacado la OMS y la OIT.
- propone adoptar
una legislación comunitaria específica sobre la prevención de los riesgos
psicosociales, así como desarrollar y modernizar la actual directiva sobre
seguridad y salud en el trabajo”.
Dos conclusiones
relevantes son las siguientes: “1.8 Para reducir el trabajo precario y la
prevalencia de los problemas de salud mental asociados, el CESE entiende como
necesario garantizar la aplicación de la legislación europea y nacional que
establece unas condiciones de trabajo y de calidad, saludables y que permitan
llevar una vida digna. 1.9 Por eso el CESE considera imprescindible multiplicar
las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de dicha normativa,
previa dotación de recursos suficientes a la autoridad pública competente
(ratios de la OIT), además de garantizar las sanciones económicas adecuadas en
caso incumplimiento”.
B) Procedimiento
de desequilibrios sociales.
Este dictamen
subraya que el Procedimiento de Desequilibrio Social (SIP) ofrecería la
oportunidad de mejorar la coordinación de los esfuerzos nacionales para
conseguir una convergencia social ascendente. Recomienda que el PSI se integre
en el Semestre Europeo, a lo largo de las diferentes fases. El dictamen propone
que los desequilibrios sociales se definan como las situaciones críticas
identificadas por el cuadro de indicadores sociales y las claras desviaciones
del camino hacia la consecución de los objetivos del Plan de Acción del Pilar
Europeo de Derechos Sociales. También sugiere que la Comisión y los Estados
miembros consideren la posibilidad de flexibilizar las normas existentes para
la asignación de fondos, de modo que puedan adaptarse rápidamente a los retos
sociales actuales ya las situaciones críticas identificadas en la aplicación
del PIE”.
Una de sus
conclusiones más importantes en mi opinión es la recogida en el punto 1.7: “El
CESE recomienda que el PSI se integre en el Semestre Europeo, a lo largo de las
diferentes fases. La Comisión y el Consejo deberían utilizar el informe
conjunto sobre el empleo, los informes por país y los exámenes ad hoc en
profundidad para identificar y abordar los desequilibrios sociales. Las
recomendaciones específicas por país, en un punto aparte del preámbulo y en las
recomendaciones propias, deberían abordar los desequilibrios sociales descritos
en el informe por país. Las recomendaciones deben animar a los Estados miembros
a aplicar las reformas específicas que, según el análisis de la Comisión y las
evaluaciones de los Estados miembros, los interlocutores sociales nacionales y
las organizaciones de la sociedad civil, tengan más probabilidades de mejorar
la situación en ámbitos identificados como críticos. En respuesta, previa
consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad
civil, el Estado miembro en cuestión debería proponer las iniciativas y
reformas a aplicar para mejorar las situaciones críticas identificadas. Este
plan también podría incluir una evaluación de la coherencia entre las
iniciativas incluidas y las políticas macroeconómicas y presupuestarias
seguidas por el Estado miembro en cuestión, a fin de garantizar un equilibrio
adecuado entre las dimensiones económica, social y presupuestaria”.
C) Democracia en
el trabajo
“La democracia en
el trabajo debe abarcar todos los trabajadores, tipos de trabajo, así como
todos los puestos de trabajo, incluidos los trabajadores de plataformas. Hace
que las empresas sean más resistentes, tengan mayor éxito económico y sean más
capaces de ofrecer trabajo y trabajo decente. La economía social y las
cooperativas son otras formas de exitosa participación democrática. Los Comités
de Empresa Europeos (CEE) podrían mejorarse mejorando los derechos de
participación y sancionando las infracciones. Una mayor democracia en el mundo
laboral depende de la cooperación de todas las partes interesadas, y puede
contribuir a facilitar las transiciones ecológica y digital. Es crucial educar
a los jóvenes a favor de la democracia en el trabajo”.
D) Reforzar el
diálogo social
“El CESE acoge
favorablemente a la Comunicación de la Comisión y la propuesta de Recomendación
de la Comisión sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea. El
Comité comparte plenamente la opinión de que el diálogo social puede ser un
instrumento beneficioso para impulsar la resiliencia económica y social, la
competitividad y un crecimiento sostenible e integrador. El establecimiento de
un marco común eficaz, que se aplique a nivel nacional para la participación de
los interlocutores sociales, podría contribuir a garantizar que se lleven a
cabo consultas eficaces y de calidad con los interlocutores sociales
nacionales”.
Dos conclusiones
especialmente relevantes en mi opinión son las siguientes: “1.5 El CESE acoge
con satisfacción el hecho de que la Recomendación pretenda mejorar el diálogo
social tripartito tanto a nivel europeo como nacional, si bien observa que en
algunos Estados miembros la dimensión tripartita del diálogo social es más
formalista que significativa. El CESE considera que el establecimiento de un
marco común eficaz, que deberá aplicarse a nivel nacional para la participación
de los interlocutores sociales, podría contribuir a garantizar la celebración
de consultas eficaces y de calidad con los interlocutores sociales nacionales.
Los Estados miembros también deberían tener la obligación de adjuntar el
resultado de las consultas con los interlocutores sociales a los planes
nacionales de reformas e inversiones. Si no se realiza una participación significativa,
la Comisión debería tomar medidas.
1.6 El CESE
expresa su preocupación por la situación poco clara en lo que respecta a la
aplicación de los acuerdos con los interlocutores sociales mediante directivas
del Consejo. Sin claridad, transparencia y previsibilidad, es probable que la
amplia discrecionalidad de la Comisión Europea en esta materia tenga la
consecuencia no deseada de disuadir a los interlocutores sociales de negociar
este tipo de acuerdos. El CESE reitera su llamamiento a la Comisión para que
debata esta cuestión con los interlocutores sociales”.
Sobre la
potenciación del diálogo social cabe mencionar la reciente aprobación, el 1 de
junio, por el Parlamento Europeo de una Resolución en la que se enfatiza que
“el diálogo social, incluida la negociación colectiva, es un instrumento
fundamental y beneficioso para el buen funcionamiento de la economía social de
mercado, que es uno de los objetivos del TUE, contribuyendo a la resiliencia
económica y social, competitividad, estabilidad y un crecimiento y desarrollo
sostenibles e integradores; pone de relieve que el diálogo social es, además,
un aspecto fundamental de la democracia en el diseño y la aplicación de
políticas y leyes que afectan a quienes representan, es decir, a los
trabajadores y empleadores”. También, el acuerdo entre España y Bélgica, de
cara a las próximas presidencias UE, de otorgar prioridad al diálogo social,
con la adopción de una “Carta de derechos laborales de las personas
trabajadoras”, con mayor participación democrática en el trabajo .
6. El debate en
sede europea no se polariza solo sobre el desarrollo efectivo del Pilar Europeo
de Derechos Sociales, sino también sobre las propuestas reiteradas desde 2008
por la Confederación Europea de Sindicatos de la incorporación de un “Protocolo
de progreso social” a los Tratados. En una audiencia pública del Comité
Económico y Social celebrada el 14 de abril, en la que tuve la oportunidad de
participar, se planteó cuáles serían las implicaciones de la aprobación del
Protocolo de progresos social y si ello supondría una diferencia, entiendo que
con respecto al marco normativo existente. Mi respuesta es sí, con matices, y
me explico a continuación.
Sin duda, una
mención tan concreta y expresa a la primacía de los derechos sociales sobre las
libertades económicas debería tener un impacto relevante en la jurisprudencia
del TJUE cuando aborde, en su caso, conflictos como los que conoció en las
cuatro sentencias de la primera década del presente siglo (Viking, Laval,
Rüffert y Luxemburgo), debiendo ser las sentencias de diferente tenor, aunque
esta manifestación no obsta a que el TJUE pueda seguir siendo del parecer que
debe guardarse un equilibrio, aquel al que se refería el art. 2 del Proyecto de
Reglamento “Monti” de 2012 entre los derechos sociales y las libertades
económicas. Pero, desde luego, la
“jerarquía de valores” sería bien distinta.
Ahora bien, creo
que debería aprovecharse la renovación que ha experimentado la política social
europea en los últimos años para reivindicar la interpretación de las
Directivas más recientes en la línea defendida por la CES en su propuesta de
Protocolo de Progreso Social y que también defiende el Parlamento Europeo, o lo
que es lo mismo de fortalecimiento de los derechos sociales, y ello puede ser
posible incluso sin cambios normativos, más allá de que estos sean obviamente
aconsejables.
Me refiero a cinco
Directivas recientemente aprobadas y a una que se encuentra en plena fase de
negociación entre los Estados miembros y que marcará muy probablemente el
futuro de dicha política social por lo que respecta a la existencia de una
relación de trabajo asalariada y con derechos, un trabajo formal y decente, por
utilizar la terminología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(sobre ello remito a mi artículo “Empleo decente: un reto presente y de
futuro”
Debería, a tal
efecto, reforzarse la importancia de una interpretación favorable al pleno
ejercicio de los derechos sociales reconocidos en dichas Directivas, y seguir
insistiendo en que el personal que presta sus servicios para las empresas de la
economía de plataformas, en especial en trabajo off line, sean considerados
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena.
A) Directiva (UE)
2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión
Europea. Cabe decir que la Comisión Europea envió el 1 de junio un dictamen
motivado por no haber aún incorporado esta norma al ordenamiento jurídico
interno, y si después de un período de dos meses no recibe una respuesta
satisfactoria puede decidir enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
B) Directiva UE
2019/1158del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa
a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores
y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo. Buena
parte de las medidas recogidas en la norma guardan estrecha relación con la
Estrategia europea para la igualdad de género entre mujeres y hombres 2020-2025.
C) Directiva (UE)
2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 sobre
unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, de aplicación “a los
trabajadores de la Unión que tengan un contrato de trabajo o una relación
laboral “conforme a lo definido en el Derecho, los convenios colectivos o los
usos vigentes en cada Estado miembro, teniendo en cuenta la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia” (art. 2).
D) Directiva
(UE)2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022
relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las
sociedades cotizadas y a medidas conexas
Repárese, por su estrecha relación con esta Directiva, la aprobación por
el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 7 de marzo del “Anteproyecto
de Ley Orgánica para garantizar la representación paritaria en los órganos de
dirección”, y del “Proyecto de Ley orgánica de representación paritaria de
mujeres y hombres en los órganos de decisión”, para garantizar la paridad en la
política, la administración y las empresas, ampliando su alcance a los órganos
constitucionales y de relevancia constitucional, aprobado en la reunión de 23
de mayo. Obviamente, la disolución del Parlamento español ha dejado sin valor,
de momento, el anteproyecto y el proyecto de ley.
E) Directiva 2023/970
del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 “por la que se refuerza la aplicación del
principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo
trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia
retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento”
Por último, la
Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la mejora de
las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, presentada el
9 de diciembre de 2021, donde se plantea una cuestión jurídica de indudable
importancia, si debemos partir de la presunción de laboralidad o de autonomía
de las personas trabajadoras.
7. Un avance de
las políticas sociales de la Presidencia Española se encuentra también en las
declaraciones de la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y
Economía Social efectuadas durante la celebración del Foro Social, celebrado en
Oporto los días 26 y 27 de mayo. Según la nota de prensa del MITES, el enfoque
social y solidario une a la presidencia española y a la que seguirá, la belga,
habiendo presentado ambas una declaración política “para avanzar en una agenda
social robusta con vistas no sólo a la próxima presidencia del Consejo de la
Unión por parte de España durante la segunda mitad de este año, sino también
para marcar el camino de la nueva etapa que se abrirá en 2024 tras las
elecciones europeas en mayo, que arrojarán un nuevo Parlamento europeo y una
nueva Comisión. El documento apuesta por reformar los Tratados para renovar y
blindar la agenda social europea, así como seguir concretando los principios
del Pilar Europeo de Derechos Sociales y que éste sirva de base para una nueva
“Carta de Derechos Laborales de las Personas Trabajadoras”, que sería
consensuada con diálogo social. ...”, sin olvidar que el Foro Social “otro de
los temas abordados es el avance del Marco de Convergencia Social, el mecanismo
impulsado por ambos países para detectar posibles desequilibrios sociales y que
está siendo objeto de estudio en la UE para su implantación”.
8. ¿Qué otros
asuntos, o proyectos normativos, de política social, deben estar en la agenda
de la presidencia española?
A) En el
desarrollo efectivo del Pacto Europeo de Migración y Asilo, modificada ya la
Directiva “blue card”, quedan pendientes las relativas a los residentes de
larga duración y la del permiso único.
B) Avanzar en la
tramitación de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de febrero de 2022, sobre diligencia debida de las empresas en materia de
sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, de acuerdo
con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 1 de junio.
C) Avanzar en la
tramitación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de
14 de septiembre de 2022, por el que se prohíben en el mercado de la Unión los
productos realizados con trabajo forzoso.
D) Avanzar en la tramitación de la Propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de diciembre de 2022, sobre
las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad
de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en asuntos de
empleo y ocupación, y por la que se suprimen el artículo 20 de la Directiva
2006/54/CE y el artículo 11 de la Directiva 2010/41/UE, así como también en la Propuesta
de Directiva del Consejo, de la misma fecha que la anterior, sobre las normas
relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato
entre las personas con independencia de su origen racial o étnico, la igualdad
de trato entre las personas en asuntos de empleo y ocupación con independencia
de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y la
igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en
el acceso a bienes y servicios y su suministro, y por la que se suprimen el
artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE y el artículo 12 de la Directiva
2004/113/CE”.
9. Toca ir
concluyendo mi intervención. Y para terminar, permítanme que recupere unas
frases con las que finalizaba un artículo publicado a mediados de 2017 sobre el
Pilar Europeo de Derechos Sociales y con las que me sigo identificando
plenamente:
“Soy un europeísta
ferviente y he defendido siempre, tanto en actos públicos como en mis escritos,
el valor del modelo social europeo. Acogí con gran satisfacción la entrada de
España en la entonces CEE el año 1986, y recuerdo con satisfacción que el
primer curso que impartí para delegados de Comisiones Obreras en la Universidad
de Barcelona se dedicó al estudio de la política social comunitaria.... (y) “como sigo siendo europeísta a pesar de todo,
apuesto plenamente por seguir defendiendo el modelo social europeo, tan
criticado por algunos – y del que nadie duda que debe adaptarse permanentemente
para adecuarse a los cambios económicos y sociales – pero que ha servido desde
la década de los sesenta del pasado siglo XX para mejorar las condiciones de
vida (y de trabajo) de muchísimas personas. Por cierto, y termino, háganse una
pregunta, y traten de responderla objetivamente, antes de responder: ¿cómo era
España en 1986 y como es ahora?”
Muchas gracias.
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