1. El ConsejoEuropeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, se reúne en sesión
ordinaria el 14 de marzo en París, si bien se ha debido incorporar un primer punto
en el orden del día sobre la situación en Ucrania tras la invasión rusa y que
supongo, desgraciadamente, que afectará a todas las políticas que adopte la
Unión Europea, incluidas pues las de carácter social.
Sin duda, merecerá
especial atención la política de acogida de la población ucraniana que se ha
visto obligada por la guerra a salir de su país, y las medidas de carácter
económico y social que se están instrumentando tanto en el ámbito comunitario
como por los Estados miembros. Al respecto, y refiriéndome ahora a España, cabe citar la Orden
PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el
reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto
en dicho Estado, y la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía
la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE)
2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el
conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en Españas. Ambas normas han
sido publicadas en el BOE de 10 de marzo . La protección temporal se extenderá a:
“1) Nacionales
ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España antes del 24
de febrero de 2022 que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden
regresar a Ucrania. 2) Nacionales de terceros países o apátridas que residieran
legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido
(sea permanente u otro tipo como estudiantes) expedido de conformidad con el
derecho ucraniano y no pueden regresar a su país o región. 3) Nacionales de
Ucrania que se encontraban en situación irregular en España antes del 24 de
febrero y que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden regresar a
Ucrania.4) Miembros de las familias de las personas a que se refiere los
apartados 1 y 2 en los siguientes términos: a) al cónyuge o su pareja de hecho;
b) a sus hijos menores solteros o de su cónyuge, sin distinción en cuanto a si
nacieron dentro o fuera del matrimonio o fueran adoptados; c) a otros parientes
cercanos que vivieran juntos como parte de la unidad familiar en el momento de
las circunstancias relacionadas con la afluencia masiva de personas desplazadas
y que dependieran total o principalmente de ellos”.
Sin duda, también
estará entre las informaciones previas de la Presidencia del Consejo la
declaración adoptada por los Jefes de Estado y de
Gobierno en su reunión informal en Versalles los días 11 y 12, en la que,
además del núcleo central que es la adopción de medidas de política de defensa
ante la invasión rusa de Ucrania y sus efectos sobre el territorio comunitario,
hay un apartado dedicado a fomentar la inversión, en el que se apuesta por la
creación de un entorno que facilite y atraiga la inversión privada mediante las
siguientes medidas: “a) reformando, simplificando y agilizando drásticamente
los procedimientos administrativos de autorización de proyectos de inversión en
la UE;
b) creando un marco
regulador sencillo y previsible, especialmente para las pymes;
c) promoviendo
capacidades que respondan a la evolución de las necesidades del mercado de
trabajo y garantizando empleos de calidad;
d) prosiguiendo el
fomento de la cohesión social y preservando nuestro modelo social;
e) completando
nuestro mercado único en todas sus dimensiones, especialmente en lo tocante al
ámbito digital y los servicios;
f) creando
mercados financieros europeos más integrados, atractivos y competitivos, que
propicien la financiación de la innovación y protejan la estabilidad
financiera, mediante la profundización de la unión de los mercados de capitales
y la culminación de la unión bancaria.
2. En el orden del día del Consejo EPSCO se encuentra un debate sobre cómo avanzar en la propuestade Directiva relativa al equilibrio de género en los consejos de administración , algo que sigue pareciendo difícil de lograr después de más de nueve años sin haber obtenido avances significativos. Al respecto, “La representación femenina en los consejos de administración subió un punto porcentual en 2021, hasta el 35%, tras un aumento similar durante el año anterior, según el estudio de la asociación European Women onBoards (EWOB) , con sede en Bruselas, que analizó 668 empresas europeas de primer nivel que cotizan en el índice STOXX 600 y en bolsas nacionales”.
En el marco del semestre europeo 2022 el Consejo tiene previsto adoptar el Informe conjunto sobre el empleo , así como las conclusiones sobre elestudio prospectivo anual sobre el crecimiento . A dicho Informe me referiré con detalle más adelante.
También será objeto
de debate de orientación la discriminación en el trabajo y qué medidas pueden
adoptarse para seguir avanzando en su desaparición. A tal efecto, la
presidencia ha elaborado una nota para dicho debate , en la que se dejan abiertas para discusión estas tres cuestiones:
“¿Qué tipo de
herramientas concretas deberían promoverse a nivel nacional y europeo para
garantizar una diversidad en el mercado laboral que refleje mejor nuestra
sociedad (presentación de informes por parte de las empresas, etiquetas en
favor de la diversidad, cuotas, incentivos financieros…)? ¿Qué papel podrían
desempeñar los interlocutores sociales a este respecto?
- ¿Qué nuevo
impulso puede darse a escala de la UE para luchar contra la discriminación en
la contratación, más allá de las medidas que pueden financiarse con cargo al
Fondo Social Europeo?
- ¿Qué papel y qué
medios podrían atribuirse a las autoridades de control y a los organismos de
promoción de la igualdad para garantizar el pleno respeto del marco jurídico de
la Unión en materia de igualdad de trato en el empleo y la ocupación?”.
No faltará otro
debate de orientación sobre un ámbito de reflexión cada vez más recurrente en
el ámbito comunitario, cuál es la promoción del envejecimiento activo en el
trabajo y la necesidad de adoptar políticas adecuadas, en especial en materia
de condiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, que lo faciliten,
prestando especial atención al marco europeo 2021-2027 en materia de seguridady salud laboral , que tiene estos tres objetivos transversales: “anticipar y gestionar el
cambio en el nuevo mundo del trabajo que han traído consigo las transiciones
ecológica, digital y demográfica; mejorar la prevención de los accidentes y las
enfermedades en el lugar de trabajo; aumentar la preparación frente a posibles
crisis sanitarias en el futuro” .
Igualmente, tal como se recoge en la nota de prensa de información del contenido del Consejo, y además de la aprobación de los programas de trabajo para el año en curso del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social , se facilitará información sobre el Plan de Acción de la UE Antirracismo, el informe anual sobre la igualdad entre hombres y mujeres, el plan de acción para impulsar la economía social, el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, y la Garantía Infantil Europea. Respecto al programa del Comité de Empleo cabe recordar que deberá avanzarse en el debate de la importante Propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitaleshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0762&from=EN . Dicha propuesta de Directiva fue objeto de detallada atención por mi parte en la entrada “El trabajo en plataformas digitales. Análisis de la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea el 9 de diciembre y de los textos conexos. La importancia de la “primacía de los hechos” y del control humano de la gestión algorítmica”.
3. He prestado atención
al semestre europeo de años anteriores en diversas entradas del blog. Para los
más recientes de 2020 y 2021 remito a esta y esta entrada .
Con relación al del año 2022 me referí en una entrada anterior, “La reforma delas políticas de empleo en España. Un paso adelante con el Anteproyecto de Leyde Empleo” al proyecto de informe conjunto sobre el empleo.
Vuelvo ahora, con
más detalle, al citado Informe, tras la última redacción adoptada el 7 de
febrero en reunión conjunta del Comité de Empleo y de Protección Social, en el
bien entendido que sus mensajes claves son muy semejantes a los contenidos en
el primer documento. Junto a dicho informe se aprobará, como ya he indicado,
las conclusiones sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
Sostenible y el Informe, en las que se acoge favorablemente la propuesta de la
Comisión sobre el mismo, por su mayor atención a los principios del pilar
europeo de derecho sociales, así como por “la integración de los objetivos
principales y los indicadores principales revisados del cuadro de indicadores
en la propuesta como parte del Semestre Europeo, de conformidad con la
Declaración de Oporto”.
Sobre el Pilar de derechos sociales remito a esta entrada y sobre la Declaración de Oporto a esta
En las citadas conclusiones, y entre otros puntos de interés, se enfatiza la importancia de reducir la segmentación del mercado laboral y el fomento del empleo de calidad, subrayando la importancia de una mayor participación de jóvenes, mujeres y “otros colectivos infrarrepresentados, incluidas las personas con discapacidad”, y la conveniencia de buscar fórmulas flexibles de trabajo, con adecuado equilibrio entre la vida laboral y la personal, incluyéndose “el derecho a desconectar”. Se pone de manifiesto la importancia del diálogo social, ya que se pide a los Estados miembros que “impliquen sistemáticamente a los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes de manera oportuna y significativa en todas las fases del ciclo del Semestre Europeo, ya que esto es clave para el éxito de la coordinación y la aplicación de las as económica, de empleo y social”.
4. En el primer documentodel Informe conjunto de empleo , publicado el 24 de noviembre de 2021 junto con los restantes documentos con los que se puso en marcha el
semestre europeo 2022 se formularon, entre otras, estas conclusiones:
“- Pasar gradualmente
de las medidas de emergencia a las de recuperación en los mercados laborales, y
adoptar medidas para promover una mayor participación en el mercado laboral y
la reactivación de los trabajadores más afectados por la pandemia;
- Desarrollar paquetes
políticos coherentes de incentivos a la contratación y a la transición, medidas
de mejora y recualificación y un mayor apoyo por parte de los servicios de
empleo para las transiciones laborales, en línea con la recomendación EASE;
- Reforzar la eficiencia
y la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y de los
servicios públicos de empleo, entre otras cosas invirtiendo en infraestructuras
y servicios digitales (garantizando al mismo tiempo la accesibilidad);
previsión e inteligencia de las capacidades (también relacionadas con las
transiciones verde y digital); sistemas de elaboración de perfiles; y formación
adecuada del personal;
- Mejorar las
perspectivas del mercado laboral de los jóvenes promoviendo una educación y
formación profesional y una educación terciaria inclusivas y de calidad;
ofreciendo apoyo de servicios de empleo específicos (incluyendo tutoría,
orientación y asesoramiento), así como apoyando los aprendizajes y los períodos
de prácticas de calidad (en particular en las PYME), en línea con la Garantía
Juvenil reforzada;
- Garantizar la
igualdad de género y reforzar la participación de las mujeres en el mercado
laboral, entre otras cosas, mediante políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar; el acceso a servicios asequibles y de calidad de cuidados
de larga duración y de educación y cuidados en la primera infancia; y la
garantía de que los padres y otras personas con responsabilidades de cuidados
tengan acceso a permisos familiares y a acuerdos de trabajo flexibles,
promoviendo al mismo tiempo un uso equilibrado de esos derechos entre mujeres y
hombres;
- Reformar la
normativa del mercado laboral y los sistemas fiscales de prestaciones, para
garantizar que se reduzca la segmentación del mercado laboral y se fomente la
creación de empleo de calidad; asegurarse de que los trabajadores con formas de
trabajo no estándar y los autónomos tengan acceso a una protección social
adecuada, de acuerdo con la Recomendación del Consejo sobre el acceso a la
protección social”.
5. El texto ahora
objeto de comentario, de 299 páginas, que
será adoptado en el Consejo EPSCO, para su aprobación definitiva por el Consejo
Europeo que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo, incluye primeramente los “mensaje
clave” que hay que extraer de su contenido, y a continuación dedica su primera
parte al panorama de las tendencias y los retos sociales y del mercado laboral
en la Unión Europea, para pasar a continuación al examen de las reformas
operadas, y de los resultados obtenidos, en los Estados miembros, para
finalizar con los siguientes anexos: “Indicadores principales del cuadro de
indicadores sociales, niveles”, “Indicadores principales del cuadro de
indicadores sociales, variaciones y diferencia con la UE”, “Desglose regional
de determinados indicadores principales del cuadro de indicadores sociales”, “Nota
metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el
cuadro de indicadores”, “Resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y
número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el
indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2021”, “Resumen de tendencias
sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora en el
período 2018-2019 identificados por la actualización de junio de 2021 del
indicador de rendimiento de la protección social (IRPS)”, e “Índice de
respuestas estratégicas agrupadas según los principios del pilar”.
En su introducción
se enfatiza que el Informe “refuerza el seguimiento del pilar social, en
particular a través de recuadros temáticos que tratan los principales retos en
los tres ámbitos de igualdad de oportunidades y de acceso al mercado laboral,
condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. El informe
también integra los tres nuevos objetivos principales de la UE para 2030 en
materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza del Plan de Acción del
Pilar, los cuales fueron acogidos con satisfacción por los dirigentes de la UE
en la Cumbre Social de Oporto y por el Consejo Europeo de junio”, y se recuerda
el compromiso adquirido en sede comunitaria por los Estados miembros de
alcanzar estos objetivos desde ahora a 2030: “al menos el 78 % de la población
con una edad comprendida entre los 20 y los 64 años debe tener empleo; • al
menos el 60 % de las personas con una edad comprendida entre los 25 y los 64
años debe participar en actividades de aprendizaje cada año; y • el número de
personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en, al menos,
15 millones en comparación con 2019”. Se subraya asimismo la relación del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el pilar europeo de derecho sociales y su contribución al logro de los
objetivos marcados en el mismo, ya que “cuatro de los seis pilares que definen
el ámbito de aplicación del Mecanismo son pertinentes a este respecto, a saber:
i) crecimiento inteligente, sostenible e integrador; ii) cohesión social y
territorial; iii) salud y resiliencia económica, social e institucional, y iv)
políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud”.
6. Algunos de los contenidos
más destacados del informe, en el bloque dedicado a la política comunitaria, y
remitiendo lógicamente a las personas interesadas a su lectura detallada, son a
mi parecer los siguientes:
- La amortiguación
de la crisis provocada por la Covid-19 en el mercado de trabajo por las medidas
adoptadas tanto a escala comunitaria como por cada Estado de tal manera que la
tasa de empleo de las personas de 20 a 64 años, ya ligeramente por encima de la
existente ante de la crisis, ha llegado en el tercer trimestre de 2021 al 73,5
%, 209,9 millones (73,3 % en el tercer trimestre de 2019), si bien el número de
horas trabajadas (84 200 millones es todavía inferior en 1,1 % 8 1 100
millones) sobre las del cuarto trimestre de 2019.
- Por otra parte,
la tasa de actividad de ese grupo se ha recuperado hasta el 78,8 %, 0,5 puntos
por encima de la existente antes de la crisis, cifra obtenida, se resalta en el
informe, por un incremento de la participación de las mujeres y del colectivo
comprendido entre los 55 y 64 años, aunque al mismo tiempo se constata la disminución
de la población en edad de trabajar durante la última década, lo que lleva a la
Comisión a seguir insistiendo en la necesidad de puesta en marcha de políticas
que incorporen a más personas al mercado de trabajo, que permitan una vida laboral
más larga y más saludable, y que contribuyan a mejorar la productividad a medio
y largo plazo, subrayando que “la mejora de las condiciones de trabajo y su
mejor adaptación a las cambiantes necesidades de los trabajadores a lo largo de
su vida tendrían un impacto positivo en la oferta de mano de obra y, por tanto,
podrían contribuir a unas tasas de empleo más elevadas”.
A fin y efecto de
corregir ese déficit de mano de obra, y de prestar especial atención a las
transiciones que deberán llevarse a cabo en el marco de un nuevo modelo económico
(véase la Comunicación presentada por la Comisión el 2 de marzo “Hacia unaeconomía ecológica, digital y resiliente: nuestro modelo europeo de crecimiento” , en cuya introducción se expone que “La
transformación de nuestra economía se basa en dos pilares igualmente
importantes: las inversiones y las reformas. La ejecución de inversiones y
reformas ambiciosas y que se refuercen mutuamente será fundamental para
culminar la transición. Por una parte, la inversión es fundamental para un
crecimiento sostenido y sostenible y un requisito previo para una transición
verde y digital acelerada. Por otra parte, nuestras estructuras económicas y el
marco regulador deben apoyar la transformación económica y propiciar la
inversión. Son necesarias reformas a todos los niveles para eliminar los
obstáculos específicos a la inversión, mejorar el funcionamiento del mercado
laboral y de productos, modificar los patrones de producción y consumo y
reforzar la resiliencia socioeconómica”), el Informe pide la puesta en marcha
de políticas activas de mercado de trabajo que sean eficaces, “con medidas de
mejora de las capacidades y de reciclaje profesional pueden brindar apoyo a una
rápida reasignación de la mano de obra, necesaria para hacer frente a la
escasez de mano de obra, ayudar a impulsar la productividad, los salarios y la
cohesión social, y facilitar las transiciones ecológica y digital”, apuntando
una tesis ciertamente digna de atención, cual es que “… unos regímenes de reducción del tiempo de
trabajo bien elaborados, con medidas de desarrollo de las capacidades, si
procede, y que no retrasen los ajustes estructurales, pueden facilitar y apoyar
los procesos de reestructuración y deben, cuando proceda, seguir formando parte
del conjunto de instrumentos políticos más allá de la crisis”.
En la misma línea
que la citada Comunicación, el Informe enfatiza que “Siempre que se establezcan
las políticas de acompañamiento adecuadas, la transición hacia la neutralidad
climática podría crear hasta un millón de puestos de trabajo adicionales de
aquí a 2030, aunque se espera que las repercusiones varíen entre profesiones,
sectores y regiones. Los puestos de trabajo se crearán principalmente en el
grupo con cualificaciones medias, lo que puede ayudar a mitigar las tendencias
de polarización del mercado laboral”, por lo que “la mejora de las capacidades,
el reciclaje profesional y el apoyo a las transiciones laborales serán fundamentales
para superar estos retos”, en especial para potenciar el aprendizaje de
adultos, que implica “combinar el apoyo financiero para costes directos, como
los derechos de formación individuales, con permisos de formación remunerados y
servicios de orientación profesional, así como una visión general de las
oportunidades de recibir una formación garantizada de calidad y la información
sobre la validación y certificación de las capacidades”.
Adaptación y transición
del todo punto necesaria, ya que en 2019 sólo el 56 % de ellos adultos tenía al
menos capacidades digitales básicas, y habiéndose constatado que “en más del 90
% de los puestos de trabajo actuales y en casi todos los sectores de la
economía se requieren capacidades digitales (al nivel adecuado)”.
- “Nada nuevo bajo
el sol” es la constatación de que las y los jóvenes han sido especialmente
afectados por la crisis, y más quienes desean incorporarse al mundo laboral,
por lo que es necesario seguir insistiendo en las medidas puestas en marcha con
la Garantía Juvenil reforzada, objeto de mi atención en la entrada “UE.Garantía juvenil. Análisis de la Recomendación de 30 de octubre de 2020. Textocomparado con la de 22 de abril de 2013”
, en la que me manifesté en estos términos:
“La aprobación de
una nueva Recomendación que pretende reforzar la garantía juvenil encuentra su
razón de ser tanto en los cambios económicos y sociales experimentados desde
2013, como también en los muy negativos efectos que la crisis sanitaria
desencadenada desde principio de 2020 está teniendo sobre el empleo juvenil y
las perspectivas de futuro de las y los jóvenes. Con una valoración positiva de
aquella, efectuada con carácter general y sin descender a los problemas
concretos que han sido bastantes que se han planteado en su aplicación (la
Recomendación de 2013 constituyó “… una importante respuesta coordinada, a
escala de la Unión, a los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes y se basa
en intervenciones educativas y de política activa del mercado de trabajo en los
Estados miembros”) se constata que los cambios acaecidos desde entonces, y
mucho más la crisis actual, afectan especialmente a las y los jóvenes, y no
sólo a quienes están menos cualificados y con menores conocimientos y aptitudes
profesionales, así como también a quienes desean incorporarse al mercado
laboral, y de ahí que se enfatice la necesidad de reforzar la garantía juvenil.
Acercándonos a la realidad del empleo juvenil me parece útil hacer una
referencia a la serie “Industry”en la plataforma HBO, que retrata un mundo laboral descarnado en
las altas finanzas y en la que jóvenes bien cualificados y preparado luchan, en
el sentido casi literal de la palabra, por sobrevivir (que guste o no ese
modelo, desde luego es algo bien distinto)”.
- Igualmente, no es
ningún descubrimiento que la crisis ha provocado una mayor pérdida de empleo
entre las personas nacidas fuera de la UE que entre la población autóctona, y
que sigue existiendo la necesidad de adopción de medidas que permitan cuando
menos reducir la muy amplia diferencia, 24,5 puntos en 2020, entre las personas
con discapacidad y las restantes. Con respecto a la población foránea, “la tasa
de empleo (20-64 años) de las personas nacidas fuera de la UE se situó en el
65,3 %, 2,4 puntos porcentuales por debajo del valor de 2019 y 8,2 puntos
porcentuales por debajo de la tasa de empleo de los autóctonos. La tasa de
desempleo (15-74 años) de las personas nacidas fuera de la UE se situó en el
12,3 % en 2020, frente al 10,8 % del año anterior”.
- ¿Qué decir del
empleo femenino? Ya ha apuntado antes una mayor participación en el mercado de
trabajo, si bien este dato se contrapone al de la reducción de las horas
trabajadas, en especial durante los períodos de confinamiento y durante los que
asumieron la mayor parte de las responsabilidades familiares, llamando la
atención sobre el impacto positivo que puede tener tanto sobre el empleo
femenino como sobre el reparto de las cargas familiares la Directiva (UE)2019/1158 de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiary la vida profesional de los progenitores y los cuidadores , que deberá estar transpuesta el 2 de agosto de este año.
El dato positivo, reducción
de la brecha de género, y el negativo, reducción de las horas de trabajo, se
recogen en el Informe en estos términos: “(la brecha) se situó en 10,8 puntos
porcentuales en el tercer trimestre de 2021, frente a 11,7 puntos porcentuales
en el cuarto trimestre de 2019 (en términos anuales, 11 puntos porcentuales en
2020 y 11,4 puntos porcentuales en 2020 y 2019). A pesar de estas cifras, la
crisis de la COVID-19 puede haber agravado las diferencias de género
existentes, ya que las mujeres han asumido la mayor parte de las
responsabilidades de cuidado y han sufrido un descenso más pronunciado de las
horas de trabajo que los hombres durante los períodos de confinamiento”.
- Respecto a los
trabajadores “de más edad”, los comprendidos entre 55 y 64 años, ya he apuntado
que se ha incrementado su presencia en el mercado de trabajo, con un incremento
del 1,1 % en el tercer trimestre de 2021 con respecto al mismo período de 2019,
y con un mu leve incremento de su tasa de desempleo (5,4 %) sobre la de dos
años anteriores (5 %).
- El informe
también pone de manifiesto cómo ha influido la crisis entre la población con
contratos de duración determinada y a tiempo parcial, en los que se constata un
elevado volumen de involuntariedad. El empleo temporal era un 13’3 % en 2020
para edades comprendidas entre 15 y 64 años, 1,5 puntos menos que en 2019, y el
empleo a tiempo parcial era el 17,2 %, 1,2 puntos menos que en 2019, con un 25
% de quienes trabajaban bajo esta organización del trabajo que lo hacían de
manera involuntaria al no haber encontrado empleo a tiempo completo.
- También, el
impacto del teletrabajo, pasando revista a aquellos que se consideran aspectos
positivos (“… reducir el tiempo de desplazamiento, aumentar la flexibilidad y
las oportunidades de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de
los empleados, así como mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas”)
y también los negativos (“puede a veces difuminar las líneas existentes entre
el trabajo y la vida privada, lo que implica una mayor intensidad laboral y
dificultades para garantizar, en ciertos casos, la representación colectiva y
la participación en la toma de decisiones y la formación en el lugar de trabajo…,
puede aumentar los riesgos de brechas digitales y de exclusión tanto social
como en el mercado laboral..). También se enfatiza la importancia que está adquiriendo
de forma gradual y paulatina el trabajo a través de plataformas y los retos que
plantea su adecuada regulación, llamando una vez más a la importancia de “aclarar
el estatuto jurídico y mejorar las condiciones de los trabajadores de
plataformas”.
7. En definitiva,
y tras el amplio y detallado estudio de la realidad laboral europea y de los
Estados miembros, el Informe invita a todos ellos a poner en marcha medidas tendentes
a lograr los objetivos marcados. Por su interés, las reproduzco a continuación,
para concluir esta entrada
“efectuar una
transición gradual de medidas de emergencia a medidas de recuperación en los
mercados laborales, y a adoptar medidas para promover una mayor participación
en el mercado laboral y la reactivación de los trabajadores más afectados por
la pandemia;
• elaborar
paquetes de medidas coherentes de incentivos a la contratación y a la
transición, medidas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional y
proporcionar un mayor apoyo desde los servicios de empleo a las transiciones
laborales, en consonancia con la Recomendación EASE;
• reforzar la
eficiencia y la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y de
los servicios públicos de empleo, en particular invirtiendo en infraestructuras
y servicios digitales (garantizando al mismo tiempo la accesibilidad),
información estratégica y previsiones sobre las capacidades (también en
relación con las transiciones ecológica y digital), sistemas de elaboración de
perfiles y formación adecuada del personal;
• mejorar las
perspectivas de los jóvenes en el mercado laboral fomentando una educación y
formación profesionales y una educación superior inclusivas y de calidad;
ofreciendo el apoyo específico de los servicios de empleo (por ejemplo,
tutoría, orientación y asesoramiento), promoviendo el trabajo autónomo, así
como apoyando la formación de aprendices y los períodos de prácticas de calidad
(especialmente en pymes), en consonancia con la Garantía Juvenil reforzada;
• garantizar la
igualdad de género y reforzar la participación de las mujeres en el mercado
laboral, por ejemplo mediante políticas de conciliación de la vida familiar y
la vida profesional, el acceso a servicios de cuidados de larga duración y a
servicios de educación infantil y atención a la infancia asequibles y de
calidad; y velando por que los progenitores y otras personas con
responsabilidades de cuidado tengan acceso a unos permisos parentales y unas
fórmulas de trabajo flexible, al tiempo que se fomenta un uso equilibrado de
tales derechos entre hombres y mujeres;
• mejorar los resultados
del aprendizaje y reducir las desigualdades en la educación y la formación;
ampliar el acceso a la educación superior (en particular para los grupos
desfavorecidos); prevenir el abandono escolar prematuro; seguir aumentando la
participación y la pertinencia de la educación superior para el mercado
laboral, prestando especial atención a sectores como el de las TIC y las CTIM;
• invertir en el
reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de los adultos,
especialmente las capacidades necesarias para las transiciones digital y
ecológica, reforzando las disposiciones sobre los derechos de formación
individuales, en particular, cuando proceda, a través de cuentas de aprendizaje
individuales y de permisos de educación y formación remunerados, apoyando las
asociaciones público-privadas a gran escala entre múltiples partes interesadas
en el marco del Pacto por las Capacidades y la Coalición por las Capacidades y
los Empleos Digitales, ofreciendo mayores incentivos a las empresas y los
trabajadores para que participen en la mejora de las capacidades y el reciclaje
profesional, invirtiendo en infraestructuras y equipos, incluidos los
digitales;
• impulsar las
competencias digitales de los alumnos y los adultos y aumentar la reserva de
talento digital en el mercado laboral mediante el desarrollo de ecosistemas
digitales de educación y formación apoyados por facilitadores clave, como la
conectividad de alta velocidad para las escuelas, los equipos y la formación
del profesorado; apoyar a las instituciones con conocimientos especializados
sobre digitalización, prestando especial atención a la inclusión y a la
reducción de la brecha digital;
• reformar las
regulaciones del mercado laboral y los sistemas fiscales y de prestaciones
sociales, a fin de garantizar que se reduzca la segmentación del mercado
laboral y que se fomente la creación de puestos de trabajo de calidad;
asegurarse de que los trabajadores con formas de trabajo atípicas y los
trabajadores autónomos tengan acceso a una protección social adecuada, de
conformidad con la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección
social;
• garantizar que
los entornos laborales sean seguros y saludables y estén bien adaptados a los
requisitos posteriores a la pandemia, y que las fórmulas de trabajo flexible
estén disponibles;
• garantizar un
proceso de transición socialmente justo;
• promover la
negociación colectiva, el diálogo social y la participación de los
interlocutores sociales, también en relación con la aplicación de los planes de
recuperación y resiliencia;
• proporcionar a
todos los niños en riesgo de pobreza o exclusión social un acceso libre y
efectivo a la asistencia sanitaria, la educación infantil y la atención a la
infancia, la educación y las actividades escolares, un acceso efectivo a una
alimentación saludable y una vivienda adecuada, en consonancia con la
Recomendación relativa al establecimiento de una Garantía Infantil;
• invertir en
sistemas de protección social sostenibles y adecuados para todos, incluidos los
regímenes de renta mínima, fomentando reformas destinadas a mantener y reforzar
los niveles de protección y mejorando la protección de las personas que no
están cubiertas o no lo están suficientemente; mejorar la adecuación de las prestaciones,
la transferibilidad de los derechos, el acceso a servicios de calidad y el
apoyo a la integración en el mercado laboral de quienes puedan trabajar;
reforzar la prestación de servicios de cuidados de larga duración asequibles,
sostenibles y de calidad; así como a evaluar el impacto distributivo de las
políticas;
• garantizar la
disponibilidad de sistemas de pensiones integradores y sostenibles, que
proporcionen un acceso adecuado tanto para hombres como para mujeres y para las
personas con diferentes tipos de contratos y actividades económicas, y
garanticen, al mismo tiempo, una renta adecuada en la vejez;
• abordar la
carencia de vivienda como la forma más extrema de pobreza; fomentar la
inversión en la renovación de viviendas residenciales y sociales, así como
servicios sociales integrados; facilitar el acceso a viviendas asequibles y de
calidad, a viviendas sociales o a ayudas a la vivienda, cuando proceda;
• invertir en la
capacidad de los sistemas sanitarios, en particular en la atención primaria, la
coordinación de la asistencia, el personal sanitario y la sanidad electrónica;
reducir los pagos directos, mejorar la cobertura sanitaria y promover la mejora
de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores sanitarios”.
Buena lectura.
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