1. El 20 de mayo,
de acuerdo al calendario previsto, la Comisión Europea presentó el llamado “Paquetede primavera del Semestre Europeo 2019”.
Obvia y
tristemente, la diferencia fundamental con respecto a los años anteriores es la
existencia de la crisis sanitaria y sus graves consecuencias económicas y
sociales. De ahí que las propuestas de la Comisión deban centrar su atención en
la búsqueda de soluciones y respuestas a corto plazo para los problemas actualmente
existentes, si bien sin olvidar que sigue habiendo una perspectiva de futuro,
que además va estrechamente unida a los objetivos de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas, que ni se puede ni debe olvidar.
Ambas líneas de
actuación quedan bien recogidas en los documentos publicados en aquella fecha,
y también en la nota de prensa mediante la que se procedió a su presentación;
en esta, se expone que “La Comisión ha propuesto hoy una serie de
Recomendaciones específicas por país en las que proporciona orientaciones de
política económica a todos los Estados miembros de la UE en el contexto de la
pandemia de COVID-19, centradas en los problemas más urgentes causados por la
pandemia y en el relanzamiento de un crecimiento sostenible”, así como también
que “las Recomendaciones se estructuran en torno a dos objetivos: a corto
plazo, mitigar los graves efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y, a
corto o medio plazo, alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo que
facilite la transición ecológica y la transformación digital”.
El análisis de la Recomendación
con orientaciones generales para todos los Estados miembros, y la propuesta
presentada al Consejo sobre las Recomendaciones a dirigir a España, que no creo
que se modifiquen en sus contenidos más importantes, centrará mi atención más
adelante, de una forma diferente a los análisis efectuados en años anteriores,
en los que podía vincular muy estrechamente los documentos presentados desde el
inicio de la puesta en marcha del semestre europeo (mediados de noviembre o
principios de diciembre) y los informes hechos públicos a finales de febrero.
Ciertamente, en
anteriores entradas presté especial atención a dichos documentos, pero
repárese, como en seguida se comprobará, a que todos están redactados antes de
que se pusiera de manifiesto la gravedad de la crisis que estamos padeciendo.
En cualquier caso,
y por su indudable interés y relación con la probemática actual, siquiera sea
para contrastar las diferencias, recupero algunos contenidos de entradas anteriores
que siguen siendo validos a mi parecer en el momento presente y con mirada de
futuro, para pasar a continuación al examen de aquellos referenciados en el
título de la entrada.
2. El 26 de diciembre
publiqué la entrada “Unión Europea. La puesta en marchadel semestre europeo 2020. Notas sobre la estrategia anual de crecimientosostenible 2020, la propuesta de Recomendación sobre la política económica dela zona euro, y el proyecto de informe conjunto sobre el empleo”. Estas son algunas de las manifestaciones
efectuadas entonces:
“Tomando en
consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión
constata que “El Semestre Europeo hará mayor hincapié en la sostenibilidad
medioambiental al facilitar orientaciones específicas a los Estados miembros
sobre los ámbitos en que resultan más necesarias las reformas estructurales y
las inversiones en pro de un modelo económico sostenible. Las orientaciones
políticas en el marco del Semestre Europeo contribuirán también a aumentar la productividad,
ya que fomentarán las inversiones y las reformas estructurales a fin de
estimular la investigación y la innovación, mejorar el acceso a la financiación
y el funcionamiento de los mercados de productos y servicios, y eliminar los
cuellos de botella en el entorno empresarial. La equidad debe salvaguardarse
mediante la aplicación de políticas sociales que garanticen unas condiciones de
trabajo justas para todos y permitan a las personas adaptarse a circunstancias
cambiantes en un período de grandes transformaciones. La estabilidad
macroeconómica debe preservarse mediante el respeto de las normas
presupuestarias, aprovechando al mismo tiempo toda la flexibilidad de que están
dotadas, haciendo frente a los desequilibrios y completando la Unión Económica
y Monetaria europea (UEM)”.
Respecto a
la propuesta de Informe conjunto sobre el empleo, se presenta de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), y se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en
materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los
Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de
empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la
estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra
(orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las
competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de
trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza
y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el
Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el
cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de
derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo
celebrado el 17 de noviembre de 2017.
El texto de
referencia obligada es la Comunicación
de la CE dedicada a la Estrategiaanual de crecimiento sostenible 2020, cuya
primera frase marca todo el documento y sus objetivos y finalidades: “El
crecimiento económico no es un fin en sí mismo. La economía debe estar al
servicio de las personas y el planeta”, y expone que la nueva estrategia de
crecimiento, articulada a través de Pacto Verde Europeo anunciado por la
presidente de la CE en su declaración de intenciones para su mandato, deberá
conciliar cuatro dimensiones, que son “el medio ambiente, la productividad, la
estabilidad y la equidad”, vinculándolos con la especial atención a los
aspectos económicos y los relacionados con el empleo.
Desde la
perspectiva más social, me interesa destacar que el objetivo de la nueva CE es
garantizar que la agenda económica que se instrumente durante su mandato
“preste especial atención a las regiones, las industrias y los trabajadores
para los que la transición suponga un mayor esfuerzo”, por cuanto que las
disparidades dentro de la Unión han ido aumentando y más concretamente “el 10 %
de las regiones mejor clasificadas en términos de productividad son seis veces
más productivas que el 10 % de las regiones mejor clasificadas”.
Desde un
planteamiento inclusivo que me parece muy positivo, al menos desde la reflexión
teórica y a la espera de que se plasme en la realidad, la necesidad de búsqueda
de acuerdos se configura como necesaria, ya que se subraya que “a la hora
de trabajar por un
crecimiento más inclusivo, la integración al mercado laboral de trabajadores
menos cualificados puede reducir la productividad
media a corto
plazo. Sin embargo, ello no
cambia la ventaja que supone
a largo plazo la integración en el mercado laboral, que contribuye a
crear una sociedad más equilibrada y próspera en el tiempo”.
Apunta la
importancia del cambio tecnológico, algo cada vez más importante en nuestra
realidad económica y social, y apunta con plena corrección a mi parecer, que
“los datos y
la inteligencia artificial
son grandes motores
de la innovación que pueden
ayudarnos a encontrar soluciones para los retos sociales en ámbitos como el de
la salud o la agricultura y la producción de alimentos, la seguridad o la
industria”. Y se apuesta por una inversión “de gran alcance” en la educación y
el desarrollo de capacidades, subrayando que “Las estrategias globales en
materia de capacidades deben centrarse en las necesidades individuales para
actualizar y reciclar las capacidades, una
responsabilidad compartida entre
particulares, empresas y
gobiernos, teniendo en
cuenta las necesidades de los más
vulnerables”.
Una parte
destacada del documento está dedicada a cómo avanzar en la mejora de
condiciones de trabajo, con desarrollo de las líneas y principios marcadas en pilar
europeo de derechos sociales, debiendo ser leída esta parte del documento en
estrecha relación con el texto del Informe del PICE y también con el informe
económico de la zona euro.
Los datos
son claros y han sido ya puestos de manifiesto en numerosos informes
anteriores, con los que basta ahora realizar una breve recapitulación: cerca de
un 10 % de trabajadores en la Unión siguen teniendo la consideración de
“working poors”; la importancia de la contratación temporal (es curioso que
todavía se le sigue denominándola “atípica”), que es sinónimo es muchas
ocasiones de precariedad/inestabilidad, por lo que se trata de “promover las
transiciones hacia los contratos indefinidos”; las desventajas de la población
femenina en el mercado de trabajo (brecha salarial, brecha contractual…); la
atención especial a los colectivos más vulnerables y la lucha contra el dumping
social y la contratación irregular.
Y, entre
otros, la necesidad de una mejor protección social para todas las personas que
lo necesiten, de tal manera que “para
garantizar que los trabajadores
sigan recibiendo apoyo incluso en caso de fuerte perturbación económica, un
Régimen Europeo de Reaseguro de Prestaciones por Desempleo -SURE podría complementar
la acción nacional”.
En esta línea, y a la espera de conocer como se instrumentará, el
documento apunta una propuesta digna de merecer interés, en línea con las
orientaciones políticas de la nueva CE, cual es la puesta en marcha de un nuevo
mecanismo económico de transición justa, que “proporcionará apoyo específico
a los ciudadanos
y regiones más
afectados y velará
por que nadie
quede rezagado. Hará especial
hincapié en la reconversión de las regiones más afectadas por la progresiva
sustitución de los combustibles fósiles”.
.. El
estudio sobre el crecimiento es acompañado del PICE. El documento constata los
progresos puestos en práctica en nueve de los catorce indicadores sociales que
acompañan al pilar, y observa una estabilidad o tendencia negativa en los cinco
restantes, de los que destacaría el abandono prematuro de la educación o la
formación, y la brecha de género en el empleo, así como también que todos los
Estados miembros, a excepción de los Países Bajos, tienen un indicador bastante
por debajo de la medida o bien con una importante tendencia negativa.
En el caso
de España, se encuentra en situación crítica respecto a las personas que
abandonan prematuramente la educación y la formación, así como también por lo
que respecta a las tasas de empleo, y a la capacidad de sus transferencias
sociales para reducir el riesgo de pobreza, mientras que se encuentra entre los
Estados UE con mejores resultados en el indicado sobre inscripción de menores
en guarderías, y “mejor que la media” en las necesidades de cuidados médicos no
satisfechas declaradas.
Las tesis
centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo,
mucha sintonía con el estudio sobre la estrategia sostenible. En los aspectos
positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el
segundo trimestre de 2018, “241,5 millones de personas estaban en situación de
empleo en la UE”, es decir 17 millones más que el nivel más bajo alcanzado a
mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis, con una tasa de empleo del
73,9 % que permite razonablemente pensar que se está cerca de lograr el
objetivo del 75 % fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial
incremento de la población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir
de 55 a 64 años, y de las mujeres, con especial impacto entre aquellos
altamente cualificados. Por el contrario, la tasas de participación de los
trabajadores con niveles bajos de cualificación siguen estando por debajo de la
existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja la presencia de las
personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes sufre las consecuencias
de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan su incorporación
regular y estable al mercado laboral.
¿Qué decir
sobre los salarios, los niveles salariales? Que la desigualdad de ingresos “ha
aumentado ligeramente, en general, y se mantiene en un nivel elevado en
comparación con el período anterior a la crisis, aunque relativamente favorable
en comparación con los niveles internacionales. De media en la UE, el 20 % más
rico de los hogares cuenta con una renta más de cinco veces superior a la del
20 % más pobre”. Para atajar las desigualdades de renta el proyecto de Informe
considera necesario que los Estados miembros adopten medidas en distintos
ámbitos, como “el diseño de sistemas fiscales y de prestaciones, la fijación de
salarios (mínimos), el fomento de la igualdad de oportunidades en la educación
y la formación desde una edad temprana, la garantía del acceso a servicios
asequibles y de calidad, la promoción de la igualdad de género y la resolución
de las disparidades regionales”.
¿Qué decir
sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable
que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de
actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de
la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico
de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en
España), y que más de la mitad de este porcentaje (53 %) es de trabajadores que
lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más
estable. A destacar que hay un 16 % de
trabajadores pobres, o working poors, entre quienes están presente en el
mercado de trabajo con contratos temporales. En cuanto al trabajo a tiempo
parcial involuntario, ha ido disminuyendo de forma gradual desde el inicio de
la recuperación en 2014, si bien todavía es un porcentaje bastante elevado, el
24,6 %.
El informe
dedica menciones especificas al trabajo en plataformas digitales como “una
forma de empleo emergente en los mercados laborales europeos”, y enfatiza tanto
los aspectos positivos como los especialmente problemáticos, en la misma línea
de otros documentos que han abordado casi monográficamente esta temática. Así,
se afirma que el auge experimentado de esta trabajo “abre nuevas oportunidades
de empleo y permite que se desarrollen modelos de negocio innovadores, pero
también pone en entredicho las prácticas y los marcos jurídicos del mercado
laboral (por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de las condiciones
laborales, el acceso a la negociación colectiva y a los sistemas de protección
social), que a menudo no están totalmente adaptados a las nuevas tendencias.
Además, plantea nuevas cuestiones en torno al uso de datos personales y de la
gestión algorítmica”.
3. El 3 de marzo de este año
publiqué la entrada “Semestre europeo.Prioridades económicas y sociales de los Estado de la UE, notas sobre loscontenidos laborales y de protección social del Informe sobre España 2020, yorientaciones actualizadas de las políticas de empleo”. Estas son algunas de
las manifestaciones efectuadas:
“.. La
Comisión Europea presentó el miércoles 26 de febrero, en el marco del
cumplimiento de las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento de
análisis anual de la situación económica y social de los Estados miembros,
acompañado de un informe específico para cada país y elaborado por sus
servicios técnicos. Es el paso previo,
junto con la publicación del informe de cada Estado y las observaciones
posteriores que reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las
Recomendaciones concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes
de mayo.
¿Qué
aspectos y contenidos dedicados a las políticas sociales y de empleo cabe
destacar a mi parecer? Se encuentran en
el apartado dedicado a la equidad y el punto de referencia es el cumplimiento
del pilar europeo de derechos sociales, a cuyo desarrollo efectivo se confiere
especial importancia ya que, si bien la situación social y de empleo ha
mejorado en términos globales, nos encontramos “ante la perspectiva de un
período prolongado de ralentización del crecimiento de la UE”. Pone el acento
en una política salarial que permita llevar una vida digna a toda la población
trabajadora, dando cumplimiento real a la justicia social y el progreso social,
que recuerda que son “dos cimientos de la economía social de mercado europea”,
recordando también la puesta en marcha de la primera fase de consulta con los
interlocutores sociales sobre la fijación de criterios para el establecimiento
de un salario mínimo justo y subrayando su importancia tanto para corregir
situaciones de desigualdad salarial como para reducir el número de trabajadores
pobres, cuyo porcentaje en la UE se incrementó de 8,1 al 9,6 % entre 2005 y
2018. Preocupación que va estrechamente relacionada con la problemática del aún
llamado empleo atípico y que en muchas ocasiones es precario, que afecta especialmente
a algunos colectivos especialmente vulnerables (jóvenes, personas con bajo
nivel de cualificación o con alguna discapacidad, migrantes), y que lleva a que
la posibilidad de que las personas trabajadores con uno o varios contratos de
duración determinada sufran riesgo de pobreza “mucho más elevado que la de los
trabajadores con un empleo fijo (16,2 frente al 6,1 % en 2018)”.
En la
Comunicación se sigue insistiendo sobre cuestiones que han merecido
sobradamente la atención en años anteriores y en las que se avanza lentamente.
Por ejemplo, las diferencias o brechas salariales por razón de género, tanto en
tasa de empleo como en número de horas de trabajo y de remuneración, subrayando
la importancia de seguir adoptando medidas para reducir las aún elevadas
diferencias. No está de más recordar incidentalmente, refiriéndonos a España,
que a partir del 7 de marzo será obligatorio la elaboración de planes de
igualdad en las empresas de más de 150 personas trabajadoras, en cumplimiento
de los dispuesto en el RDL 6/2019 que incorporó una nueva disposición
transitoria duodécima a la Ley Orgánica 3/2017 de 22 de marzo para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Pasemos ya
del marco general al examen de la realidad española. ¿Cuáles son los contenidos
del Informe 2020 que considero más importante destacar? En el amplio resumen
ejecutivo se sintetizan aquellos contenidos que serán desarrollados más
extensamente en el texto, siendo de especial interés a los efectos de mi
comentario el apartado 4.3, dedicado a “Políticas del mercado de trabajo,
políticas de educación y políticas sociales”.
El documento
subraya con carácter positivo el crecimiento del empleo en un 14 % durante 2012
y 2019, “muy por encima de la media de la zona euro”, pero al mismo tiempo
sigue manifestando su preocupación por la segmentación del mercado laboral, la
carencia de capacidades profesionales, la baja tasa de empleo y el abandono
prematuro de los estudios, sin incorporarse al mercado de trabajo, por una
parte de jóvenes. Se valora positivamente que desde el inicio de la
recuperación, el primer trimestre de 2014, se hayan recuperado en España “2,5
millones de puestos de trabajo, es decir dos tercios del empleo destruido por
la crisis”, si bien no se hace referencia alguna a la disminución, que sigue
existiendo, del número de horas de trabajo, algo vinculado al incremento de la
contratación a tiempo parcial y a la escasa duración de los contratos de duración
determinada.
Se afirma en
el resumen que “Los esfuerzos por reducir el recurso a contratos temporales en
el sector privado están teniendo un éxito limitado. Las medidas se han centrado
en luchar contra los abusos, y no en las causas profundas de la generalización
de los contratos temporales. El actual estudio de la eficacia de los incentivos
a la contratación podría indicar posibles vías de reforma”, y que la
contratación temporal, y en efecto los datos estadísticos oficiales así lo
confirman, es cada vez de menor duración “incluso en sectores de escasa
estacionalidad”.
Los
servicios técnicos de la CE que han elaborado el Informe no están precisamente
satisfechos con las propuestas formuladas por el nuevo gobierno en materia de
política social, y sí parece que lo están con la reforma laboral de 2012. Es
bueno consultar las referencias bibliográficas contenidas al final del texto
para conocer las fuentes que les han servido de inspiración, aunque hay una que
no está en informes ni en documentos, y es la percepción de muchas personas
trabajadoras, corrijo, la realidad a mi parecer, de haberse encontrado en una
situación de manifiesta desigualdad frente a la parte empresarial para regular
sus condiciones de trabajo, ya de forma colectiva o de manera individual, como
consecuencia precisamente de esa reforma, pero ya ven que mis tesis no son las
del Informe.
Sí soy del
parecer que el informe acierta cuando destaca las dificultades de transición
del mundo educativo al laboral, con oportunidades de empleo limitadas “y a
menudo de baja calidad”, y también cuando manifiesta su preocupación por que la
economía “no crea suficientes empleos altamente cualificados, lo que refleja su
escasa dinámica de innovación” afirmándose con rotundidad que “el bajo nivel de
capacidades y el desajuste en materia de capacidades son los principales
factores de la diferencia entre la productividad de la economía española y la media de la UE”, así como también que la economía
española “sigue proporcionado empleos de
baja cualificación en mayor medida que en otros países”, a lo que hay que añadir
el déficit de conocimientos lingüísticos, ya que en 2016, según datos de
Eurostat, “un 45,8 % de los adultos declaraba no poder hablar ninguna lengua extranjera, lo que está muy
por encima de la media de la UE (35,4 %)”.
Destaca el informe que “El crecimiento de la productividad laboral ha
sido relativamente escaso en los últimos años. Entre el comienzo de la
recuperación económica, en 2014, y 2018, la productividad laboral aparente,
medida como la producción real por trabajador, fue aumentando a un ritmo
inferior a la media de la UE, esto es, en una tasa media anual del 0,5 %.
Incluso descendió ligeramente en 2018 y, según las previsiones, lo hará
nuevamente en 2019”, y que ello se debe en gran medida “a la mayor proporción de
puestos de trabajo en empresas y actividades de baja productividad”.
También es
digna de atención su crítica a la política de subvenciones a la contratación,
poniendo de manifiesto que no están resultado muy eficaces y que absorben
“alrededor del 40 % del presupuesto para políticas activas del mercado de
trabajo”. Sin duda, este es un ámbito de actuación al que el nuevo gobierno
debería prestar especial atención en las reformas que se lleven a cabo de las
políticas de empleo. También coincido con el informe, aun cuando la referencia
en el mismo es indirecta por cuanto que se cita al Banco Mundial en que la
legislación española “refleja la realización de esfuerzos para fomentar la
igualdad de género” situándose nuestro país “como uno de los países más avanzados
desde el punto de vista de la igualdad de derechos hombres y mujeres ante la
ley”.
4. Por fin,
el 3 de mayo publiqué la entrada “Análisis delPlan Nacional de Reformas. De abril 2019 a abril 2020: un año que parece muchomás que 365 días”, que en gran medida es tomado como referencia en el proyecto
de Recomendación para nuestro país. Estas
son algunas de las manifestaciones efectuadas.
“El PNR 2020
está dedicado en su mayor parte a explicar las respuestas adoptadas por el
gobierno español a la crisis, previa manifestación de que ello responde al
contexto extraordinario que esta ha provocado, y de acuerdo a los criterios
adoptados por la Comisión Europea el 1 de abril de sus orientaciones para la
elaboración de los programas nacionales de reforma, “permitiendo la
reorientación de su contenido de forma que se incorporen las medidas adoptadas
para afrontar los retos socioeconómicos derivados de la crisis del COVID‐19 y/o
los identificados en el Informe País”.
En el PNR se
explica primeramente, en idénticos términos que en la actualización del
Programa de Estabilidad 2020, el contexto macroeconómico en el que se ha
elaborado y cómo ha impactado la crisis desencadenada desde mediados de marzo y
las consecuencias que ya ha tenido y las que se prevén a medio plazo.
En
coherencia con los objetivos marcados por el gobierno español desde el inicio
de la crisis, se pasa revista a tres grandes bloques de medidas adoptadas: las
primeras, para dar respuesta a la emergencia sanitaria, tales como las de
reducción del riesgo de contagio, el reforzamiento de la financiación del
sistema sanitario y de la investigación, y la protección de los trabajadores
aislados o infectados: las segundas, de apoyo a los ciudadanos, con distinción
entre las dirigidas a los trabajadores, a las familias y a los consumidores;
las terceras, las dedicadas al sostenimiento del tejido productivo y
recuperación de la actividad económica, tendentes a asegura la viabilidad de la
empresas, el mantenimiento del empleo, la mejora de la eficiencia de las
Administraciones Públicas y
simplificación de procedimientos, y medidas de carácter sectorial.
Aquello que
considero más relevante destacar del PNR, en el bien entendido que las medidas
laborales y de protección social referenciadas han sido ya objeto de atención
detallada por mi parte en anteriores entradas, es lo que expongo a
continuación.
El obligado
cambio de rumbo del documento, o más exactamente del escenario económico sobre
el que se construye, ya que el existente hasta mediados de marzo se ha visto
radicalmente alterado por “un evento exógeno, repentino y no previsible, la
pandemia de COVID–19 …, con implicaciones negativas sobre la actividad a través
de canales de oferta, demanda (doméstica e internacional) y afectando
gravemente a las expectativas de los agentes”.
El énfasis
puesto en el impacto protector de las medidas tanto laborales como de
protección social, y especialmente en la regulación de los ERTES y de las
prestaciones para personas trabajadoras autónomas, “que han permitido proteger
al 30 % de la población ocupada”, al mismo tiempo que se destaca, y la
concreción vendrá más adelante, en que estas medidas y otras de índole
económica van a tener “impacto presupuestario significativo, que se suma al
originado por los estabilizadores automáticos (mayor gasto por desempleo y
menor recaudación impositiva)”.
Se enfatiza
una vez más que la nueva regulación de los ERTES “de la crisis”, en sintonía
con medidas adoptadas en otros países europeos y de otros continentes, tiene
por finalidad apostar por el mantenimiento del empleo, primado todas las medidas
posibles de flexibilidad interna en la adaptación y adecuación de las
condiciones de trabajo, sosteniendo así el empleo “de las empresas cuyas
actividades se ven reducidas o cerradas por causa de fuerza mayor, bien por
decisiones administrativas, bien por una caída significativa de su demanda y
actividad”.
Y todo ello, desde la asunción de que el mayor
impacto negativo de la crisis sobre la situación económica y social se
producirá durante el segundo trimestre de este año, además obviamente del que
ya ha tenido en el primer trimestre. La conclusión global de todo este puzzle de
cifras, problemas e incertidumbres, lo cuantifican quienes han elaborado el PNR
en un esfuerzo fiscal sin precedentes llevado a cabo por un gobierno para dar
respuesta a una crisis, que se traduce “en una estimación del déficit para el
conjunto de las Administraciones Públicas del 10,3 % del PIB para 2020”.
En fin, y
supongo que con el deseo de recordar que una vez que se supere esta crisis
tocará ponerse nuevamente en serio a debatir y proponer medidas para enfrentarse
a los retos que anteriormente eran prioritarios, y que desde luego a mi parecer no pueden ni deben dejar de
serlo, el gobierno anuncia que “en cuanto se consolide la fase de reactivación
económica” se volverá a trabajar “para responder a los retos derivados del
cambio climático, la digitalización, el refuerzo del capital humano o la
eficiencia del sector público, en línea con las recomendaciones del Semestre
Europeo, con las prioridades de la Comisión Europea y con la necesidad de
articular un plan de recuperación económica para el conjunto de la UE que
permita financiar las inversiones necesarias para avanzar hacia un nuevo modelo
de crecimiento…”.
5. Procedo a
continuación a examinar y señalar los contenidos más relevantes, desde la
perspectiva laboral, de la Comunicación presentada por la Comisión Europea el20 de mayo en la que se proponen recomendaciones de general aplicación para todoslos Estados miembros y siempre teniendo en consideración las circunstancias
particulares de cada uno de ellos
En su
introducción se parte del reconocimiento de la importancia del semestre
europeo, y más ante la crisis actual que afecta a todos los Estados miembros,
aunque sea de forma distinta, y se enfatiza la necesidad de asegurar la
coordinación efectiva de las políticas económicas de acuerdo con las nuevas
orientaciones de la UE a partir de la Comunicación de 13 de marzo y la hoja de
ruta para la recuperación europea de 24 . La Comisión pide que los Estados
aborden los problemas más graves derivados de la crisis para mitigar sus
consecuencias económicas y sociales, que sintetiza en estos cuatro: “las inversiones
en el sector de la salud, el apoyo a los ingresos de los trabajadores
afectados, el apoyo a la liquidez de las empresas (en particular las pequeñas y
medianas empresas) y las medidas para fomentar una recuperación simétrica y
preservar la integridad del mercado único”.
Al mismo tiempo, se subraya la necesidad de seguir teniendo perspectiva
a medio plazo, y por ello se pide a los Estados la adopción de medidas que
permitan “reanudar la actividad económica y volver a encarrilar el crecimiento
mediante la promoción de la transición ecológica y la transformación digital (a
corto y mediano plazo). Será importante centrarse en la forma de
"revitalizar" la economía una vez que se haya contenido el impacto
agudo inmediato de la pandemia”.
La CE
destaca la importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, de las medidas
adoptadas por los Estados, tales como reducción de la jornada laboral y apoyo a
las empresas y los subsidios salariales, destacando que contribuyen a limitar
la pérdida de puestos de trabajo, pero no puede ocultar las graves
consecuencias de la pandemia sobre el mercado de trabajo, de tal forma que “se
espera que la tasa de desempleo en la UE aumente del 6,7% en 2019 al 9% en
2020, antes de caer a alrededor del 8% en 2021”, y especificando ya que “el
desempleo aumentará mucho más en algunos Estados Miembros que en otros, ya que
una gran proporción de la fuerza de trabajo que depende de sectores como el
turismo es particularmente vulnerable”. Igualmente alerta de que la crisis
tendrá un gran impacto en las condiciones sociales, especialmente para los
grupos vulnerables, y efectúa estas propuestas: “La prioridad es mitigar el
impacto social y evitar un aumento permanente de la pobreza y la desigualdad.
Las medidas actuales y futuras deben proteger a todos los trabajadores. Es
probable que los que ya eran vulnerables antes de la crisis (como los
trabajadores con contratos temporales, los poco cualificados o los que trabajan
a tiempo parcial sin haber optado por ello, los trabajadores por cuenta propia
o los trabajadores migrantes) sean los más afectados, también debido a su
acceso desigual a la infraestructura y las competencias digitales. Es
importante, a fin de atender sus necesidades particulares, reconocer que muchas
personas que trabajan en primera línea en posiciones críticas en la respuesta a
la pandemia de la Covid-19 se encuentran entre esas categorías vulnerables”.
La Comisión
destaca la importancia del nuevo
Instrumento de Apoyo Temporal para la Reducción del Riesgo de Desempleo en
Situaciones de Emergencia (SURE), de 100.000 millones de euros, ya aprobado por
el Consejo y habiendo sido publicada la norma de su creación el 20 de mayo (Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo a la
creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los
riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de
COVID‐19)
Se
destaca que este nuevo instrumento “proporcionará asistencia financiera a los
Estados Miembros para ayudarles a sufragar los costos de los planes nacionales
de trabajo a jornada reducida y otras medidas similares para los trabajadores
por cuenta propia”. Una amplia explicación
de los orígenes del SURE y de la norma ya aprobada se encuentra disponible en
dos artículos de la doctrina laboralista: el primero, a cargo del profesor JoséMaría Miranda Boto en el número 4 de 2020, monográfico (y añado yo que
extraordinario por su calidad) sobre “El Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social ante la pandemia del Covid-19”, de la revista Derecho de las Relaciones
Laborales, titulado ¿Esperando a Grouchy? El papel de la Unión Europea en la
crisis del COVID-19”; el seguNdo, del profesor Francisco José Calvo Gallego, titulado “Entra en vigor el Instrumento SURE:liquidez para el pago de los ERTE", publicado el mismo día de su publicación
El SURE se
trata de un instrumento complementario de las actuaciones puestas e n marcha
por los Estados; es decir, “complementará las medidas nacionales adoptadas por
los Estados miembros afectados, proporcionando asistencia financiera para
ayudar a dichos Estados miembros a hacer frente al aumento repentino y grave
del gasto público real, y posiblemente también del gasto previsto, destinado a
atenuar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias directas del
acontecimiento excepcional causado por el brote de COVID‐19”. Su finalidad
principal es apoyar a los regímenes nacionales de reducción del tiempo de
trabajo o a medidas similares y, en su caso, para apoyar a las correspondientes
medidas relacionadas con la salud, adoptando la asistencia financiera la forma
de un préstamo concedido por la Unión al Estado miembro de que se trate. En
cualquier caso, es importante subrayar que el nuevo instrumento, cuya vigencia
está prevista en principio hasta el 31 de diciembre de 2022, “solo estará
disponible una vez que todos los Estados miembros hayan contribuido al
Instrumento conforme al artículo 11 por un importe que represente al menos el
25 por cien del importe máximo mencionado en el artículo 5, siempre que la
contribución relativa de cada Estado miembro al total aportado por los Estados
miembros corresponda a su contribución relativa a la renta nacional bruta total
de la Unión, como resulta de la columna 1 del cuadro 3 de la parte A
(«Financiación del presupuesto general: Introducción») del estado general de
ingresos del presupuesto para 2020 establecido en el presupuesto general de la
Unión para el ejercicio 2020, adoptado el 27 de noviembre de 2019”.
En fin, para
la CE es esencial que los sistemas de protección social se adapten rápidamente
mejorando su cobertura y adecuación, cuando sea necesario, y ello puede
incluir, “en la medida de lo posible, la ampliación de la duración de las
prestaciones y la flexibilización de las condiciones de elegibilidad. Los
Estados Miembros también tendrán que aumentar la eficiencia del gasto social
asegurándose de que beneficie a quienes más lo necesitan mediante la
comprobación de los medios de vida”. Igualmente se vuelve a reivindicar la
importancia del diálogo social para una salida con éxito, e inclusiva, de las
crisis, llamando a todos los Estados, y en especial a los que aún tienen déficits
en este terreno, a “mejorar el funcionamiento del diálogo social y hacer
participar en mayor medida a los interlocutores sociales en la elaboración y
aplicación de las políticas”.
6. Paso a
continuación al examen de la propuesta de Recomendación sobre España, con unas
características bien diferenciadas de las de años anteriores por la crisis
provocada por la Pandemia del Covid-19. Se redacta tras la presentación por el
gobierno del PNR 2020.
Hasta el
número 8, inclusive, son consideraciones generales y globales sobre el impacto
de la crisis en la economía europea. El apartado 6 es un claro ejemplo de la
necesidad de dar respuestas al inmediato presente pero sin olvidar que hay que
seguir avanzando de cara al futuro (incierto): “Es necesario seguir actuando
para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia
de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas
mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar
unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con
vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar
plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos
de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y
la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a
un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento
sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la
transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis”. Y también
se pone claramente de manifiesto en el apartado 27, en la que tras recordar que
las actuales propuestas “se centran en hacer frente a los efectos
socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica”, siguen
siendo pertinentes, y continuarán siendo objeto de seguimiento “las
recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de
julio de 2019”, que incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos
estructurales a medio y largo plazo. En el anexo procedo a la comparación de
las citadas recomendaciones aprobadas en 2019 y las propuestas formuladas para
este año
Ya entrando en
consideraciones concretas para España, se la anima a hacer uso de todas las
posibilidades ofrecidas por la utilización flexible de los fondos estructurales
comunitarios y de inversión europeos, que ahora permiten una tasa de cofinanciación
de las políticas de los Estados miembros de hasta el 100 %, al objeto de “ayudar
a las personas y sectores más afectados por la crisis”, a la par que se alerta
sobre el impacto desigual de la crisis en las distintas Comunidades Autónomas
según los diferentes modelos de especialización, subrayando la gravedad de la
crisis para quienes dependen en gran medida del turismo, y los datos recientes
sobre número de ERTES por autonomías y personas afectadas así lo confirman, talcomo explicó la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su comparecenciaen el Senado el 25 de mayo. En las Islas Baleares y en las Islas Canarias, el
porcentaje de trabajadores afectados por ERTEs en relación con la población asalariada,
ha sido del 39,90 y 36,45 %, respectivamente
Se subraya por
la CE que nuestras perspectivas macroeconómicas y presupuestarias “están muy afectadas
por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de Covid19” y se
valora, creo que de forma positiva, que globalmente las medidas que se han adoptado
en nuestro país “están en consonancia con las orientaciones establecidas en la
Comunicación de la Comisión sobre una respuesta coordinada al brote de Covid19”,
del pasado 13 de marzo.
En dicho
texto se exponía que “A la vista de las repercusiones macroeconómicas y financieras
de la COVID-19, la respuesta en materia de política económica debe tomarse de
forma audaz y coordinada con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
·Contribuir a salvar vidas. Garantizar el gasto destinado a la adquisición de
los suministros necesarios y las inversiones en la contención y el tratamiento
de la pandemia.Garantizar que los trabajadores de Europa (incluidos los
trabajadores por cuenta propia) estén protegidos contra las pérdidas de
ingresos y que las empresas (especialmente las pymes) y los sectores más
afectados cuenten con el apoyo y la liquidez financiera necesarios.Mitigar el
impacto sobre la economía global con todos los instrumentos de que dispone la
UE y un marco flexible para que la intervención de los Estados miembros pueda
ser de la máxima utilidad".
Un apartado
del documento estaba dedicado específicamente a las cuestiones laborales, con
el significativo título de “Aliviar las repercusiones sobre el empleo”. Su
contenido es el siguiente:
“Hacen falta
medidas específicas para aliviar las repercusiones sobre el empleo, tanto a
nivel individual como para los sectores más duramente afectados, cuando se
interrumpa la producción o caigan las ventas. Tenemos que proteger a los
trabajadores del desempleo y de la pérdida de ingresos siempre que sea posible,
pues ellos no deben convertirse en víctimas de este brote. Los regímenes de
reducción de jornada han demostrado su eficacia en algunos Estados miembros, al
permitir una reducción temporal de los horarios de trabajo manteniendo al mismo
tiempo los ingresos de los trabajadores. Diecisiete Estados miembros aplican
actualmente alguna forma de regímenes de este tipo. Podría ser útil extenderlos
a toda la UE. Además, se pueden adoptar prórrogas temporales de las
prestaciones por enfermedad o modificaciones de los sistemas de prestaciones
por desempleo como apoyo a la renta de los hogares. La promoción del
teletrabajo también podría amortiguar el impacto.
La UE está
preparada para apoyar a los Estados miembros en todo lo que sea posible con el
fin de aliviar las repercusiones para los trabajadores. Ya les ayuda a prevenir
el desempleo y a hacerle frente, por ejemplo a través de los Fondos
Estructurales de la UE, incluido el Fondo Social Europeo, y de la nueva
Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, como se expone más abajo.
Además, la
Comisión acelerará la preparación de su propuesta legislativa relativa a un
régimen europeo de reaseguro de desempleo. Esta iniciativa tratará de apoyar a
las personas que trabajan y de proteger a quienes hayan perdido su empleo en
caso de grandes perturbaciones, así como de reducir la presión sobre las
financias públicas nacionales, fortaleciendo así la dimensión social de Europa
e incrementando su cohesión. El régimen estaría orientado, en particular, a
apoyar las políticas nacionales encaminadas a preservar los empleos y las
capacidades, por ejemplo mediante regímenes de reducción de jornada o
facilitando la transición de las personas desempleadas de un empleo a otro”.
En la
Comunicación de 20 de mayo se destaca la gravedad de la crisis sobre la caída del
empleo en España que será “considerable” aunque la propuesta de Recomendación no
lo cuantifica, algo que muy probablemente sí se hará en el texto que finalmente
aprueba el Consejo, si bien se destaca la importancia de los ERTES que ha
afectado a cerca de 3,5 millones de personas trabajadoras, “lo que ha impedido
hasta la fecha más pérdidas inmediatas de empleo”.
Se destaca
en especial, no deja ser muy significativo a mi parecer, que “El sistema
sanitario español presenta buenos resultados a pesar de un nivel de inversión
relativamente bajo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sometido el sistema
a una tensión sin precedentes y ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad
frente a las perturbaciones”. Se alerta de que la pandemia “ha revelado
problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas
deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y en la contratación y
las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios”, y también de que
una política sanitaria a medio plazo deberá
garantizar que “que la probable disminución de los recursos como consecuencia
de la recesión económica no afecte a la cobertura sanitaria de las personas y
no se traduzca en desigualdades de acceso”.
De forma un
tanto críptica, o si se quiere decir de otra forma siendo deliberadamente
abierta en sus planteamientos, la CE propone que el camino que debe
emprenderse una vez se supere la fase
más crítica de la crisis, debe pasar por medidas de apoyo al empleo, que
incluye la eliminación gradual de los ERTES, la concentración de las medidas de
fomento de empleo por lo que respecta a incentivos para la contratación en los
colectivos más necesitados y en especial en los jóvenes, utilizando una
terminología diferente de la de años anteriores (“formas de empleo sostenibles”),
que al mismo tiempo va acompañado de una mención muy abierta (y adecuada a mi
parecer si se produce de acuerdo entre los agentes sociales a escala general o
sectorial, y entre la dirección empresarial y las representaciones unitaria o
sindicales en dicho ámbito funcional) a la “flexibilización de las condiciones
laborales”.
En una línea
claramente coincidente con algunas medidas, y otras en fase de propuestas,
adoptadas por el gobierno español la Comisión señala la necesidad de que la
protección por desempleo llegue a colectivos a los que el marco legal no
proporciona cobertura, y por ello tanto jóvenes que tratan de acceder a su
primer empleo, trabajadores temporales (con cortas carreras de empleo, añado
por mi parte) y trabajadores autónomos (recordemos que ya se ha puesto en pleno
funcionamiento la prestación por cese de actividad) deberían “tener acceso a una protección
social adecuada y a las políticas activas del mercado de trabajo”. En un mensaje que puede leerse de muchas
formas, y que desde luego no parece que apueste por un fortalecimiento de los
sistemas de jubilación (tanto público como privados) ya que el gasto va a aumentar
(parece que a la Comisión le sigue gustando
la reforma de 2013, tan criticada en España y que fue congelada por el primer
gobierno socialista), se llama a una política de “solidaridad intergeneracional
en favor de las generaciones más jóvenes”
En definitiva,
y con una reflexión que más bien es una “cláusula de estilo” para todas las
propuestas formuladas por la Comisión a los distintos Estados miembros, se
cierra el documento con la manifestación de que las recomendaciones propuestas “toman
en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y facilitar la
recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los
desequilibrios”, y de forma más concreta y específica para España que “las
recomendaciones que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos
detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º
1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2 y 4”. Recuerdo que el citado
Reglamento versa sobre la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos.
Anexo Texto
comparado de Recomendaciones 2019 y propuestas 2020.
|
Recomendaciones
2019.
|
Propuestas
para 2020 y 2021.
|
|
1. Garantizar
que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda
del 0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65
% del PIB. Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y
de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los ingresos
extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.
2.
Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de
proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos
indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de
incentivos a la contratación. Mejorar el apoyo a las familias, reducir la
fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y subsanar las
carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima.
Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos,
teniendo en cuenta las disparidades regionales. Incrementar la cooperación
entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las
capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente
en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.
3. Centrar
la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la
eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las
infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la
ampliación de las interconexiones eléctricas con el resto de la Unión,
teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las
políticas de apoyo a la investigación y la innovación.
4. Avanzar
en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por
que, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el
acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en el caso
de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y
mejorando la cooperación entre las Administraciones”.
|
1. En
consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la
pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma
eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas
fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y
garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la
inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo
relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras
esenciales.
2.
Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de
trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las
cualificaciones. Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los
trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes
de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje
digital.
3.
Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar
liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos,
particularmente evitando retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de
inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y
promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica.
Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente
en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y
utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura
energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el
transporte sostenible.
4. Mejorar
la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco
de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente
|
Buena
lectura.
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