martes, 26 de mayo de 2020

UE El semestre europeo tras la pandemia del Covid-19, muy diferente del de años anteriores. Notas sobre la Recomendación general y la propuesta al Consejo de Recomendación sobre España, y recordatorio de los documentos anteriores.



Obvia y tristemente, la diferencia fundamental con respecto a los años anteriores es la existencia de la crisis sanitaria y sus graves consecuencias económicas y sociales. De ahí que las propuestas de la Comisión deban centrar su atención en la búsqueda de soluciones y respuestas a corto plazo para los problemas actualmente existentes, si bien sin olvidar que sigue habiendo una perspectiva de futuro, que además va estrechamente unida a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que ni se puede ni debe olvidar.


Ambas líneas de actuación quedan bien recogidas en los documentos publicados en aquella fecha, y también en la nota de prensa mediante la que se procedió a su presentación; en esta, se expone que “La Comisión ha propuesto hoy una serie de Recomendaciones específicas por país en las que proporciona orientaciones de política económica a todos los Estados miembros de la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19, centradas en los problemas más urgentes causados por la pandemia y en el relanzamiento de un crecimiento sostenible”, así como también que “las Recomendaciones se estructuran en torno a dos objetivos: a corto plazo, mitigar los graves efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y, a corto o medio plazo, alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo que facilite la transición ecológica y la transformación digital”.

El análisis de la Recomendación con orientaciones generales para todos los Estados miembros, y la propuesta presentada al Consejo sobre las Recomendaciones a dirigir a España, que no creo que se modifiquen en sus contenidos más importantes, centrará mi atención más adelante, de una forma diferente a los análisis efectuados en años anteriores, en los que podía vincular muy estrechamente los documentos presentados desde el inicio de la puesta en marcha del semestre europeo (mediados de noviembre o principios de diciembre) y los informes hechos públicos a finales de febrero.

Ciertamente, en anteriores entradas presté especial atención a dichos documentos, pero repárese, como en seguida se comprobará, a que todos están redactados antes de que se pusiera de manifiesto la gravedad de la crisis que estamos padeciendo.

En cualquier caso, y por su indudable interés y relación con la probemática actual, siquiera sea para contrastar las diferencias, recupero algunos contenidos de entradas anteriores que siguen siendo validos a mi parecer en el momento presente y con mirada de futuro, para pasar a continuación al examen de aquellos referenciados en el título de la entrada.


“Tomando en consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión constata que “El Semestre Europeo hará mayor hincapié en la sostenibilidad medioambiental al facilitar orientaciones específicas a los Estados miembros sobre los ámbitos en que resultan más necesarias las reformas estructurales y las inversiones en pro de un modelo económico sostenible. Las orientaciones políticas en el marco del Semestre Europeo contribuirán también a aumentar la productividad, ya que fomentarán las inversiones y las reformas estructurales a fin de estimular la investigación y la innovación, mejorar el acceso a la financiación y el funcionamiento de los mercados de productos y servicios, y eliminar los cuellos de botella en el entorno empresarial. La equidad debe salvaguardarse mediante la aplicación de políticas sociales que garanticen unas condiciones de trabajo justas para todos y permitan a las personas adaptarse a circunstancias cambiantes en un período de grandes transformaciones. La estabilidad macroeconómica debe preservarse mediante el respeto de las normas presupuestarias, aprovechando al mismo tiempo toda la flexibilidad de que están dotadas, haciendo frente a los desequilibrios y completando la Unión Económica y Monetaria europea (UEM)”.


Respecto a la propuesta de Informe conjunto sobre el empleo, se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.

El texto de referencia obligada es la  Comunicación de la CE dedicada a la Estrategiaanual de crecimiento sostenible 2020, cuya primera frase marca todo el documento y sus objetivos y finalidades: “El crecimiento económico no es un fin en sí mismo. La economía debe estar al servicio de las personas y el planeta”, y expone que la nueva estrategia de crecimiento, articulada a través de Pacto Verde Europeo anunciado por la presidente de la CE en su declaración de intenciones para su mandato, deberá conciliar cuatro dimensiones, que son “el medio ambiente, la productividad, la estabilidad y la equidad”, vinculándolos con la especial atención a los aspectos económicos y los relacionados con el empleo. 


Desde la perspectiva más social, me interesa destacar que el objetivo de la nueva CE es garantizar que la agenda económica que se instrumente durante su mandato “preste especial atención a las regiones, las industrias y los trabajadores para los que la transición suponga un mayor esfuerzo”, por cuanto que las disparidades dentro de la Unión han ido aumentando y más concretamente “el 10 % de las regiones mejor clasificadas en términos de productividad son seis veces más productivas que el 10 % de las regiones mejor clasificadas”.

Desde un planteamiento inclusivo que me parece muy positivo, al menos desde la reflexión teórica y a la espera de que se plasme en la realidad, la necesidad de búsqueda de acuerdos se configura como necesaria, ya que se subraya que “a la hora de  trabajar  por  un crecimiento más inclusivo, la integración al mercado laboral de trabajadores menos cualificados puede reducir  la  productividad  media  a  corto  plazo.  Sin embargo, ello no cambia la ventaja  que  supone  a largo plazo la integración en el mercado laboral, que contribuye a crear una sociedad más equilibrada y próspera en el tiempo”. 

Apunta la importancia del cambio tecnológico, algo cada vez más importante en nuestra realidad económica y social, y apunta con plena corrección a mi parecer, que “los  datos  y  la  inteligencia  artificial  son  grandes  motores  de  la innovación que pueden ayudarnos a encontrar soluciones para los retos sociales en ámbitos como el de la salud o la agricultura y la producción de alimentos, la seguridad o la industria”. Y se apuesta por una inversión “de gran alcance” en la educación y el desarrollo de capacidades, subrayando que “Las estrategias globales en materia de capacidades deben centrarse en las necesidades individuales para actualizar y reciclar las capacidades, una  responsabilidad  compartida  entre  particulares,  empresas  y  gobiernos,  teniendo  en  cuenta  las necesidades de los más vulnerables”.

Una parte destacada del documento está dedicada a cómo avanzar en la mejora de condiciones de trabajo, con desarrollo de las líneas y principios marcadas en pilar europeo de derechos sociales, debiendo ser leída esta parte del documento en estrecha relación con el texto del Informe del PICE y también con el informe económico de la zona euro.

Los datos son claros y han sido ya puestos de manifiesto en numerosos informes anteriores, con los que basta ahora realizar una breve recapitulación: cerca de un 10 % de trabajadores en la Unión siguen teniendo la consideración de “working poors”; la importancia de la contratación temporal (es curioso que todavía se le sigue denominándola “atípica”), que es sinónimo es muchas ocasiones de precariedad/inestabilidad, por lo que se trata de “promover las transiciones hacia los contratos indefinidos”; las desventajas de la población femenina en el mercado de trabajo (brecha salarial, brecha contractual…); la atención especial a los colectivos más vulnerables y la lucha contra el dumping social y la contratación irregular.

Y, entre otros, la necesidad de una mejor protección social para todas las personas que lo necesiten, de tal manera que “para  garantizar que los  trabajadores sigan  recibiendo apoyo incluso  en caso de fuerte perturbación económica, un Régimen Europeo de Reaseguro de Prestaciones por Desempleo -SURE podría  complementar  la  acción  nacional”.   En esta línea, y a la espera de conocer como se instrumentará, el documento apunta una propuesta digna de merecer interés, en línea con las orientaciones políticas de la nueva CE, cual es la puesta en marcha de un nuevo mecanismo económico de transición justa, que “proporcionará apoyo  específico  a  los  ciudadanos  y  regiones  más  afectados  y  velará  por  que  nadie  quede  rezagado. Hará especial hincapié en la reconversión de las regiones más afectadas por la progresiva sustitución de los combustibles fósiles”.
  

.. El estudio sobre el crecimiento es acompañado del PICE. El documento constata los progresos puestos en práctica en nueve de los catorce indicadores sociales que acompañan al pilar, y observa una estabilidad o tendencia negativa en los cinco restantes, de los que destacaría el abandono prematuro de la educación o la formación, y la brecha de género en el empleo, así como también que todos los Estados miembros, a excepción de los Países Bajos, tienen un indicador bastante por debajo de la medida o bien con una importante tendencia negativa.

En el caso de España, se encuentra en situación crítica respecto a las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, así como también por lo que respecta a las tasas de empleo, y a la capacidad de sus transferencias sociales para reducir el riesgo de pobreza, mientras que se encuentra entre los Estados UE con mejores resultados en el indicado sobre inscripción de menores en guarderías, y “mejor que la media” en las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas.


Las tesis centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha sintonía con el estudio sobre la estrategia sostenible. En los aspectos positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo trimestre de 2018, “241,5 millones de personas estaban en situación de empleo en la UE”, es decir 17 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis, con una tasa de empleo del 73,9 % que permite razonablemente pensar que se está cerca de lograr el objetivo del 75 % fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años, y de las mujeres, con especial impacto entre aquellos altamente cualificados. Por el contrario, la tasas de participación de los trabajadores con niveles bajos de cualificación siguen estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral.


¿Qué decir sobre los salarios, los niveles salariales? Que la desigualdad de ingresos “ha aumentado ligeramente, en general, y se mantiene en un nivel elevado en comparación con el período anterior a la crisis, aunque relativamente favorable en comparación con los niveles internacionales. De media en la UE, el 20 % más rico de los hogares cuenta con una renta más de cinco veces superior a la del 20 % más pobre”. Para atajar las desigualdades de renta el proyecto de Informe considera necesario que los Estados miembros adopten medidas en distintos ámbitos, como “el diseño de sistemas fiscales y de prestaciones, la fijación de salarios (mínimos), el fomento de la igualdad de oportunidades en la educación y la formación desde una edad temprana, la garantía del acceso a servicios asequibles y de calidad, la promoción de la igualdad de género y la resolución de las disparidades regionales”.

¿Qué decir sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que más de la mitad de este porcentaje (53 %) es de trabajadores que lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable.  A destacar que hay un 16 % de trabajadores pobres, o working poors, entre quienes están presente en el mercado de trabajo con contratos temporales. En cuanto al trabajo a tiempo parcial involuntario, ha ido disminuyendo de forma gradual desde el inicio de la recuperación en 2014, si bien todavía es un porcentaje bastante elevado, el 24,6 %.

El informe dedica menciones especificas al trabajo en plataformas digitales como “una forma de empleo emergente en los mercados laborales europeos”, y enfatiza tanto los aspectos positivos como los especialmente problemáticos, en la misma línea de otros documentos que han abordado casi monográficamente esta temática. Así, se afirma que el auge experimentado de esta trabajo “abre nuevas oportunidades de empleo y permite que se desarrollen modelos de negocio innovadores, pero también pone en entredicho las prácticas y los marcos jurídicos del mercado laboral (por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de las condiciones laborales, el acceso a la negociación colectiva y a los sistemas de protección social), que a menudo no están totalmente adaptados a las nuevas tendencias. Además, plantea nuevas cuestiones en torno al uso de datos personales y de la gestión algorítmica”.


“.. La Comisión Europea presentó el miércoles 26 de febrero, en el marco del cumplimiento de las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento de análisis anual de la situación económica y social de los Estados miembros, acompañado de un informe específico para cada país y elaborado por sus servicios técnicos.  Es el paso previo, junto con la publicación del informe de cada Estado y las observaciones posteriores que reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las Recomendaciones concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes de mayo.

¿Qué aspectos y contenidos dedicados a las políticas sociales y de empleo cabe destacar a mi parecer?  Se encuentran en el apartado dedicado a la equidad y el punto de referencia es el cumplimiento del pilar europeo de derechos sociales, a cuyo desarrollo efectivo se confiere especial importancia ya que, si bien la situación social y de empleo ha mejorado en términos globales, nos encontramos “ante la perspectiva de un período prolongado de ralentización del crecimiento de la UE”. Pone el acento en una política salarial que permita llevar una vida digna a toda la población trabajadora, dando cumplimiento real a la justicia social y el progreso social, que recuerda que son “dos cimientos de la economía social de mercado europea”, recordando también la puesta en marcha de la primera fase de consulta con los interlocutores sociales sobre la fijación de criterios para el establecimiento de un salario mínimo justo y subrayando su importancia tanto para corregir situaciones de desigualdad salarial como para reducir el número de trabajadores pobres, cuyo porcentaje en la UE se incrementó de 8,1 al 9,6 % entre 2005 y 2018. Preocupación que va estrechamente relacionada con la problemática del aún llamado empleo atípico y que en muchas ocasiones es precario, que afecta especialmente a algunos colectivos especialmente vulnerables (jóvenes, personas con bajo nivel de cualificación o con alguna discapacidad, migrantes), y que lleva a que la posibilidad de que las personas trabajadores con uno o varios contratos de duración determinada sufran riesgo de pobreza “mucho más elevado que la de los trabajadores con un empleo fijo (16,2 frente al 6,1 % en 2018)”.

  
En la Comunicación se sigue insistiendo sobre cuestiones que han merecido sobradamente la atención en años anteriores y en las que se avanza lentamente. Por ejemplo, las diferencias o brechas salariales por razón de género, tanto en tasa de empleo como en número de horas de trabajo y de remuneración, subrayando la importancia de seguir adoptando medidas para reducir las aún elevadas diferencias. No está de más recordar incidentalmente, refiriéndonos a España, que a partir del 7 de marzo será obligatorio la elaboración de planes de igualdad en las empresas de más de 150 personas trabajadoras, en cumplimiento de los dispuesto en el RDL 6/2019 que incorporó una nueva disposición transitoria duodécima a la Ley Orgánica 3/2017 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

  
Pasemos ya del marco general al examen de la realidad española. ¿Cuáles son los contenidos del Informe 2020 que considero más importante destacar? En el amplio resumen ejecutivo se sintetizan aquellos contenidos que serán desarrollados más extensamente en el texto, siendo de especial interés a los efectos de mi comentario el apartado 4.3, dedicado a “Políticas del mercado de trabajo, políticas de educación y políticas sociales”. 

El documento subraya con carácter positivo el crecimiento del empleo en un 14 % durante 2012 y 2019, “muy por encima de la media de la zona euro”, pero al mismo tiempo sigue manifestando su preocupación por la segmentación del mercado laboral, la carencia de capacidades profesionales, la baja tasa de empleo y el abandono prematuro de los estudios, sin incorporarse al mercado de trabajo, por una parte de jóvenes. Se valora positivamente que desde el inicio de la recuperación, el primer trimestre de 2014, se hayan recuperado en España “2,5 millones de puestos de trabajo, es decir dos tercios del empleo destruido por la crisis”, si bien no se hace referencia alguna a la disminución, que sigue existiendo, del número de horas de trabajo, algo vinculado al incremento de la contratación a tiempo parcial y a la escasa duración de los contratos de duración determinada.   

Se afirma en el resumen que “Los esfuerzos por reducir el recurso a contratos temporales en el sector privado están teniendo un éxito limitado. Las medidas se han centrado en luchar contra los abusos, y no en las causas profundas de la generalización de los contratos temporales. El actual estudio de la eficacia de los incentivos a la contratación podría indicar posibles vías de reforma”, y que la contratación temporal, y en efecto los datos estadísticos oficiales así lo confirman, es cada vez de menor duración “incluso en sectores de escasa estacionalidad”.

  
Los servicios técnicos de la CE que han elaborado el Informe no están precisamente satisfechos con las propuestas formuladas por el nuevo gobierno en materia de política social, y sí parece que lo están con la reforma laboral de 2012. Es bueno consultar las referencias bibliográficas contenidas al final del texto para conocer las fuentes que les han servido de inspiración, aunque hay una que no está en informes ni en documentos, y es la percepción de muchas personas trabajadoras, corrijo, la realidad a mi parecer, de haberse encontrado en una situación de manifiesta desigualdad frente a la parte empresarial para regular sus condiciones de trabajo, ya de forma colectiva o de manera individual, como consecuencia precisamente de esa reforma, pero ya ven que mis tesis no son las del Informe.


Sí soy del parecer que el informe acierta cuando destaca las dificultades de transición del mundo educativo al laboral, con oportunidades de empleo limitadas “y a menudo de baja calidad”, y también cuando manifiesta su preocupación por que la economía “no crea suficientes empleos altamente cualificados, lo que refleja su escasa dinámica de innovación” afirmándose con rotundidad que “el bajo nivel de capacidades y el desajuste en materia de capacidades son los principales factores de la diferencia entre la productividad de la economía española y  la media de la UE”,  así como también que la economía española  “sigue proporcionado empleos de baja cualificación en mayor medida que en otros países”, a lo que hay que añadir el déficit de conocimientos lingüísticos, ya que en 2016, según datos de Eurostat, “un 45,8 % de los adultos declaraba no poder hablar  ninguna lengua extranjera, lo que está muy por encima de la media de la UE (35,4 %)”.  Destaca el informe que “El crecimiento de la productividad laboral ha sido relativamente escaso en los últimos años. Entre el comienzo de la recuperación económica, en 2014, y 2018, la productividad laboral aparente, medida como la producción real por trabajador, fue aumentando a un ritmo inferior a la media de la UE, esto es, en una tasa media anual del 0,5 %. Incluso descendió ligeramente en 2018 y, según las previsiones, lo hará nuevamente en 2019”, y que ello se debe en gran medida “a la mayor proporción de puestos de trabajo en empresas y actividades de baja productividad”.

También es digna de atención su crítica a la política de subvenciones a la contratación, poniendo de manifiesto que no están resultado muy eficaces y que absorben “alrededor del 40 % del presupuesto para políticas activas del mercado de trabajo”. Sin duda, este es un ámbito de actuación al que el nuevo gobierno debería prestar especial atención en las reformas que se lleven a cabo de las políticas de empleo. También coincido con el informe, aun cuando la referencia en el mismo es indirecta por cuanto que se cita al Banco Mundial en que la legislación española “refleja la realización de esfuerzos para fomentar la igualdad de género” situándose nuestro país “como uno de los países más avanzados desde el punto de vista de la igualdad de derechos hombres y mujeres ante la ley”.

4. Por fin, el 3 de mayo publiqué la entrada “Análisis delPlan Nacional de Reformas. De abril 2019 a abril 2020: un año que parece muchomás que 365 días”, que en gran medida es tomado como referencia en el proyecto de Recomendación para nuestro país.  Estas son algunas de las manifestaciones efectuadas.


“El PNR 2020 está dedicado en su mayor parte a explicar las respuestas adoptadas por el gobierno español a la crisis, previa manifestación de que ello responde al contexto extraordinario que esta ha provocado, y de acuerdo a los criterios adoptados por la Comisión Europea el 1 de abril de sus orientaciones para la elaboración de los programas nacionales de reforma, “permitiendo la reorientación de su contenido de forma que se incorporen las medidas adoptadas para afrontar los retos socioeconómicos derivados de la crisis del COVID‐19 y/o los identificados en el Informe País”.


En el PNR se explica primeramente, en idénticos términos que en la actualización del Programa de Estabilidad 2020, el contexto macroeconómico en el que se ha elaborado y cómo ha impactado la crisis desencadenada desde mediados de marzo y las consecuencias que ya ha tenido y las que se prevén a medio plazo.


En coherencia con los objetivos marcados por el gobierno español desde el inicio de la crisis, se pasa revista a tres grandes bloques de medidas adoptadas: las primeras, para dar respuesta a la emergencia sanitaria, tales como las de reducción del riesgo de contagio, el reforzamiento de la financiación del sistema sanitario y de la investigación, y la protección de los trabajadores aislados o infectados: las segundas, de apoyo a los ciudadanos, con distinción entre las dirigidas a los trabajadores, a las familias y a los consumidores; las terceras, las dedicadas al sostenimiento del tejido productivo y recuperación de la actividad económica, tendentes a asegura la viabilidad de la empresas, el mantenimiento del empleo, la mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas  y simplificación de procedimientos, y medidas de carácter sectorial.

Aquello que considero más relevante destacar del PNR, en el bien entendido que las medidas laborales y de protección social referenciadas han sido ya objeto de atención detallada por mi parte en anteriores entradas, es lo que expongo a continuación.

El obligado cambio de rumbo del documento, o más exactamente del escenario económico sobre el que se construye, ya que el existente hasta mediados de marzo se ha visto radicalmente alterado por “un evento exógeno, repentino y no previsible, la pandemia de COVID–19 …, con implicaciones negativas sobre la actividad a través de canales de oferta, demanda (doméstica e internacional) y afectando gravemente a las expectativas de los agentes”.

El énfasis puesto en el impacto protector de las medidas tanto laborales como de protección social, y especialmente en la regulación de los ERTES y de las prestaciones para personas trabajadoras autónomas, “que han permitido proteger al 30 % de la población ocupada”, al mismo tiempo que se destaca, y la concreción vendrá más adelante, en que estas medidas y otras de índole económica van a tener “impacto presupuestario significativo, que se suma al originado por los estabilizadores automáticos (mayor gasto por desempleo y menor recaudación impositiva)”.

Se enfatiza una vez más que la nueva regulación de los ERTES “de la crisis”, en sintonía con medidas adoptadas en otros países europeos y de otros continentes, tiene por finalidad apostar por el mantenimiento del empleo, primado todas las medidas posibles de flexibilidad interna en la adaptación y adecuación de las condiciones de trabajo, sosteniendo así el empleo “de las empresas cuyas actividades se ven reducidas o cerradas por causa de fuerza mayor, bien por decisiones administrativas, bien por una caída significativa de su demanda y actividad”.

 Y todo ello, desde la asunción de que el mayor impacto negativo de la crisis sobre la situación económica y social se producirá durante el segundo trimestre de este año, además obviamente del que ya ha tenido en el primer trimestre. La conclusión global de todo este puzzle de cifras, problemas e incertidumbres, lo cuantifican quienes han elaborado el PNR en un esfuerzo fiscal sin precedentes llevado a cabo por un gobierno para dar respuesta a una crisis, que se traduce “en una estimación del déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 10,3 % del PIB para 2020”.

En fin, y supongo que con el deseo de recordar que una vez que se supere esta crisis tocará ponerse nuevamente en serio a debatir y proponer medidas para enfrentarse a los retos que anteriormente eran prioritarios, y que desde luego  a mi parecer no pueden ni deben dejar de serlo, el gobierno anuncia que “en cuanto se consolide la fase de reactivación económica” se volverá a trabajar “para responder a los retos derivados del cambio climático, la digitalización, el refuerzo del capital humano o la eficiencia del sector público, en línea con las recomendaciones del Semestre Europeo, con las prioridades de la Comisión Europea y con la necesidad de articular un plan de recuperación económica para el conjunto de la UE que permita financiar las inversiones necesarias para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento…”.


5. Procedo a continuación a examinar y señalar los contenidos más relevantes, desde la perspectiva laboral, de la Comunicación presentada por la Comisión Europea el20 de mayo en la que se proponen recomendaciones de general aplicación para todoslos Estados miembros y siempre teniendo en consideración las circunstancias particulares de cada uno de ellos

En su introducción se parte del reconocimiento de la importancia del semestre europeo, y más ante la crisis actual que afecta a todos los Estados miembros, aunque sea de forma distinta, y se enfatiza la necesidad de asegurar la coordinación efectiva de las políticas económicas de acuerdo con las nuevas orientaciones de la UE a partir de la Comunicación de 13 de marzo y la hoja de ruta para la recuperación europea de 24 . La Comisión pide que los Estados aborden los problemas más graves derivados de la crisis para mitigar sus consecuencias económicas y sociales, que sintetiza en estos cuatro: “las inversiones en el sector de la salud, el apoyo a los ingresos de los trabajadores afectados, el apoyo a la liquidez de las empresas (en particular las pequeñas y medianas empresas) y las medidas para fomentar una recuperación simétrica y preservar la integridad del mercado único”.  Al mismo tiempo, se subraya la necesidad de seguir teniendo perspectiva a medio plazo, y por ello se pide a los Estados la adopción de medidas que permitan “reanudar la actividad económica y volver a encarrilar el crecimiento mediante la promoción de la transición ecológica y la transformación digital (a corto y mediano plazo). Será importante centrarse en la forma de "revitalizar" la economía una vez que se haya contenido el impacto agudo inmediato de la pandemia”.


La CE destaca la importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, de las medidas adoptadas por los Estados, tales como reducción de la jornada laboral y apoyo a las empresas y los subsidios salariales, destacando que contribuyen a limitar la pérdida de puestos de trabajo, pero no puede ocultar las graves consecuencias de la pandemia sobre el mercado de trabajo, de tal forma que “se espera que la tasa de desempleo en la UE aumente del 6,7% en 2019 al 9% en 2020, antes de caer a alrededor del 8% en 2021”, y especificando ya que “el desempleo aumentará mucho más en algunos Estados Miembros que en otros, ya que una gran proporción de la fuerza de trabajo que depende de sectores como el turismo es particularmente vulnerable”. Igualmente alerta de que la crisis tendrá un gran impacto en las condiciones sociales, especialmente para los grupos vulnerables, y efectúa estas propuestas: “La prioridad es mitigar el impacto social y evitar un aumento permanente de la pobreza y la desigualdad. Las medidas actuales y futuras deben proteger a todos los trabajadores. Es probable que los que ya eran vulnerables antes de la crisis (como los trabajadores con contratos temporales, los poco cualificados o los que trabajan a tiempo parcial sin haber optado por ello, los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores migrantes) sean los más afectados, también debido a su acceso desigual a la infraestructura y las competencias digitales. Es importante, a fin de atender sus necesidades particulares, reconocer que muchas personas que trabajan en primera línea en posiciones críticas en la respuesta a la pandemia de la Covid-19 se encuentran entre esas categorías vulnerables”. 

La Comisión destaca la importancia del  nuevo Instrumento de Apoyo Temporal para la Reducción del Riesgo de Desempleo en Situaciones de Emergencia (SURE), de 100.000 millones de euros, ya aprobado por el Consejo y habiendo sido publicada la norma de su creación el 20 de mayo (Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19)

Se destaca que este nuevo instrumento “proporcionará asistencia financiera a los Estados Miembros para ayudarles a sufragar los costos de los planes nacionales de trabajo a jornada reducida y otras medidas similares para los trabajadores por cuenta propia”. Una amplia  explicación de los orígenes del SURE y de la norma ya aprobada se encuentra disponible en dos artículos de la doctrina laboralista: el primero, a cargo del profesor JoséMaría Miranda Boto en el número 4 de 2020, monográfico (y añado yo que extraordinario por su calidad) sobre “El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia del Covid-19”, de la revista Derecho de las Relaciones Laborales, titulado ¿Esperando a Grouchy? El papel de la Unión Europea en la crisis del COVID-19”; el seguNdo, del profesor Francisco José Calvo Gallego,  titulado “Entra en vigor el Instrumento SURE:liquidez para el pago de los ERTE", publicado el mismo día de su publicación

El SURE se trata de un instrumento complementario de las actuaciones puestas e n marcha por los Estados; es decir, “complementará las medidas nacionales adoptadas por los Estados miembros afectados, proporcionando asistencia financiera para ayudar a dichos Estados miembros a hacer frente al aumento repentino y grave del gasto público real, y posiblemente también del gasto previsto, destinado a atenuar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias directas del acontecimiento excepcional causado por el brote de COVID‐19”. Su finalidad principal es apoyar a los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o a medidas similares y, en su caso, para apoyar a las correspondientes medidas relacionadas con la salud, adoptando la asistencia financiera la forma de un préstamo concedido por la Unión al Estado miembro de que se trate. En cualquier caso, es importante subrayar que el nuevo instrumento, cuya vigencia está prevista en principio hasta el 31 de diciembre de 2022, “solo estará disponible una vez que todos los Estados miembros hayan contribuido al Instrumento conforme al artículo 11 por un importe que represente al menos el 25 por cien del importe máximo mencionado en el artículo 5, siempre que la contribución relativa de cada Estado miembro al total aportado por los Estados miembros corresponda a su contribución relativa a la renta nacional bruta total de la Unión, como resulta de la columna 1 del cuadro 3 de la parte A («Financiación del presupuesto general: Introducción») del estado general de ingresos del presupuesto para 2020 establecido en el presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2020, adoptado el 27 de noviembre de 2019”.  


En fin, para la CE es esencial que los sistemas de protección social se adapten rápidamente mejorando su cobertura y adecuación, cuando sea necesario, y ello puede incluir, “en la medida de lo posible, la ampliación de la duración de las prestaciones y la flexibilización de las condiciones de elegibilidad. Los Estados Miembros también tendrán que aumentar la eficiencia del gasto social asegurándose de que beneficie a quienes más lo necesitan mediante la comprobación de los medios de vida”. Igualmente se vuelve a reivindicar la importancia del diálogo social para una salida con éxito, e inclusiva, de las crisis, llamando a todos los Estados, y en especial a los que aún tienen déficits en este terreno, a “mejorar el funcionamiento del diálogo social y hacer participar en mayor medida a los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de las políticas”.


6. Paso a continuación al examen de la propuesta de Recomendación sobre España, con unas características bien diferenciadas de las de años anteriores por la crisis provocada por la Pandemia del Covid-19. Se redacta tras la presentación por el gobierno del PNR 2020.  

Hasta el número 8, inclusive, son consideraciones generales y globales sobre el impacto de la crisis en la economía europea. El apartado 6 es un claro ejemplo de la necesidad de dar respuestas al inmediato presente pero sin olvidar que hay que seguir avanzando de cara al futuro (incierto): “Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis”. Y también se pone claramente de manifiesto en el apartado 27, en la que tras recordar que las actuales propuestas “se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica”, siguen siendo pertinentes, y continuarán siendo objeto de seguimiento “las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019”, que incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. En el anexo procedo a la comparación de las citadas recomendaciones aprobadas en 2019 y las propuestas formuladas para este año

  
Ya entrando en consideraciones concretas para España, se la anima a hacer uso de todas las posibilidades ofrecidas por la utilización flexible de los fondos estructurales comunitarios y de inversión europeos, que ahora permiten una tasa de cofinanciación de las políticas de los Estados miembros de hasta el 100 %, al objeto de “ayudar a las personas y sectores más afectados por la crisis”, a la par que se alerta sobre el impacto desigual de la crisis en las distintas Comunidades Autónomas según los diferentes modelos de especialización, subrayando la gravedad de la crisis para quienes dependen en gran medida del turismo, y los datos recientes sobre número de ERTES por autonomías y personas afectadas así lo confirman, talcomo explicó la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su comparecenciaen el Senado el 25 de mayo. En las Islas Baleares y en las Islas Canarias, el porcentaje de trabajadores afectados por ERTEs en relación con la población asalariada, ha sido del 39,90 y 36,45 %, respectivamente 


Se subraya por la CE que nuestras perspectivas macroeconómicas y presupuestarias “están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de Covid19” y se valora, creo que de forma positiva, que globalmente las medidas que se han adoptado en nuestro país “están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta coordinada al brote de Covid19”, del pasado 13 de marzo.


En dicho texto se exponía que “A la vista de las repercusiones macroeconómicas y financieras de la COVID-19, la respuesta en materia de política económica debe tomarse de forma audaz y coordinada con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: ·Contribuir a salvar vidas. Garantizar el gasto destinado a la adquisición de los suministros necesarios y las inversiones en la contención y el tratamiento de la pandemia.Garantizar que los trabajadores de Europa (incluidos los trabajadores por cuenta propia) estén protegidos contra las pérdidas de ingresos y que las empresas (especialmente las pymes) y los sectores más afectados cuenten con el apoyo y la liquidez financiera necesarios.Mitigar el impacto sobre la economía global con todos los instrumentos de que dispone la UE y un marco flexible para que la intervención de los Estados miembros pueda ser de la máxima utilidad".


Un apartado del documento estaba dedicado específicamente a las cuestiones laborales, con el significativo título de “Aliviar las repercusiones sobre el empleo”. Su contenido es el siguiente: 


“Hacen falta medidas específicas para aliviar las repercusiones sobre el empleo, tanto a nivel individual como para los sectores más duramente afectados, cuando se interrumpa la producción o caigan las ventas. Tenemos que proteger a los trabajadores del desempleo y de la pérdida de ingresos siempre que sea posible, pues ellos no deben convertirse en víctimas de este brote. Los regímenes de reducción de jornada han demostrado su eficacia en algunos Estados miembros, al permitir una reducción temporal de los horarios de trabajo manteniendo al mismo tiempo los ingresos de los trabajadores. Diecisiete Estados miembros aplican actualmente alguna forma de regímenes de este tipo. Podría ser útil extenderlos a toda la UE. Además, se pueden adoptar prórrogas temporales de las prestaciones por enfermedad o modificaciones de los sistemas de prestaciones por desempleo como apoyo a la renta de los hogares. La promoción del teletrabajo también podría amortiguar el impacto.

La UE está preparada para apoyar a los Estados miembros en todo lo que sea posible con el fin de aliviar las repercusiones para los trabajadores. Ya les ayuda a prevenir el desempleo y a hacerle frente, por ejemplo a través de los Fondos Estructurales de la UE, incluido el Fondo Social Europeo, y de la nueva Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, como se expone más abajo.

Además, la Comisión acelerará la preparación de su propuesta legislativa relativa a un régimen europeo de reaseguro de desempleo. Esta iniciativa tratará de apoyar a las personas que trabajan y de proteger a quienes hayan perdido su empleo en caso de grandes perturbaciones, así como de reducir la presión sobre las financias públicas nacionales, fortaleciendo así la dimensión social de Europa e incrementando su cohesión. El régimen estaría orientado, en particular, a apoyar las políticas nacionales encaminadas a preservar los empleos y las capacidades, por ejemplo mediante regímenes de reducción de jornada o facilitando la transición de las personas desempleadas de un empleo a otro”.


En la Comunicación de 20 de mayo se destaca la gravedad de la crisis sobre la caída del empleo en España que será “considerable” aunque la propuesta de Recomendación no lo cuantifica, algo que muy probablemente sí se hará en el texto que finalmente aprueba el Consejo, si bien se destaca la importancia de los ERTES que ha afectado a cerca de 3,5 millones de personas trabajadoras, “lo que ha impedido hasta la fecha más pérdidas inmediatas de empleo”.

Se destaca en especial, no deja ser muy significativo a mi parecer, que “El sistema sanitario español presenta buenos resultados a pesar de un nivel de inversión relativamente bajo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sometido el sistema a una tensión sin precedentes y ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad frente a las perturbaciones”. Se alerta de que la pandemia “ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y en la contratación y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios”, y también de que una política sanitaria a medio plazo  deberá garantizar que “que la probable disminución de los recursos como consecuencia de la recesión económica no afecte a la cobertura sanitaria de las personas y no se traduzca en desigualdades de acceso”.

De forma un tanto críptica, o si se quiere decir de otra forma siendo deliberadamente abierta en sus planteamientos, la CE propone que el camino que debe emprenderse  una vez se supere la fase más crítica de la crisis, debe pasar por medidas de apoyo al empleo, que incluye la eliminación gradual de los ERTES, la concentración de las medidas de fomento de empleo por lo que respecta a incentivos para la contratación en los colectivos más necesitados y en especial en los jóvenes, utilizando una terminología diferente de la de años anteriores (“formas de empleo sostenibles”), que al mismo tiempo va acompañado de una mención muy abierta (y adecuada a mi parecer si se produce de acuerdo entre los agentes sociales a escala general o sectorial, y entre la dirección empresarial y las representaciones unitaria o sindicales en dicho ámbito funcional) a la “flexibilización de las condiciones laborales”.

En una línea claramente coincidente con algunas medidas, y otras en fase de propuestas, adoptadas por el gobierno español la Comisión señala la necesidad de que la protección por desempleo llegue a colectivos a los que el marco legal no proporciona cobertura, y por ello tanto jóvenes que tratan de acceder a su primer empleo, trabajadores temporales (con cortas carreras de empleo, añado por mi parte) y trabajadores autónomos (recordemos que ya se ha puesto en pleno funcionamiento la prestación por cese de actividad)  deberían “tener acceso a una protección social adecuada y a las políticas activas del mercado de trabajo”.  En un mensaje que puede leerse de muchas formas, y que desde luego no parece que apueste por un fortalecimiento de los sistemas de jubilación (tanto público como privados) ya que el gasto va a aumentar  (parece que a la Comisión le sigue gustando la reforma de 2013, tan criticada en España y que fue congelada por el primer gobierno socialista), se llama a una política de “solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes”

En definitiva, y con una reflexión que más bien es una “cláusula de estilo” para todas las propuestas formuladas por la Comisión a los distintos Estados miembros, se cierra el documento con la manifestación de que las recomendaciones propuestas “toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios”, y de forma más concreta y específica para España que “las recomendaciones que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2 y 4”. Recuerdo que el citado Reglamento versa sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos.


Anexo Texto comparado de Recomendaciones 2019 y propuestas 2020.

Recomendaciones 2019.
Propuestas para 2020 y 2021.

1. Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.




2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. Mejorar el apoyo a las familias, reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.


3. Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones eléctricas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación.







4. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en el caso de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y mejorando la cooperación entre las Administraciones”.


1. En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.

2. Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones. Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital.













3. Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible.

4. Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente



Buena lectura.

No hay comentarios: