domingo, 6 de diciembre de 2020

Unión Europea. La puesta en marcha del semestre europeo 2021. Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021, Propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro, Proyecto de informe conjunto sobre el empleo, e Informe sobre el mecanismo de alerta.

 

1. La Comisión Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 18 de noviembre los documentos  con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2021 de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021, publicada dos meses antes, el 17 de septiembre, en la que se afirma, según una nota de prensa,  que “inaugura el siguiente ciclo del Semestre Europeo y establece la orientación estratégica para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Confirma el objetivo de la UE de seguir una nueva estrategia de crecimiento basada en el Pacto Verde Europeo y en el concepto de sostenibilidad competitiva. Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva, a saber, la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica, identificadas en la EACS del año pasado deben seguir siendo los principios rectores para la aplicación del Mecanismo”. Se añade que “Para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben presentar proyectos de planes de recuperación y resiliencia en los que se expongan los programas nacionales de inversión y reforma adoptados en consonancia con los criterios estratégicos de la UE mencionados anteriormente. Los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros también deben abordar los retos de política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países de los últimos años y, en particular, en los ciclos de 2019 y 2020. Dichos planes deben permitir asimismo a los Estados miembros intensificar su potencial de crecimiento económico, creación de empleo y resiliencia económica y social, así como hacer frente a las transiciones ecológica y digital”.

Tomando en consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión explica que presenta “su paquete de otoño relativo a la política económica, que abarca los dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro (PPP) para 2021 y las recomendaciones políticas para la zona del euro. Se trata de la última etapa del ciclo del Semestre Europeo de 2021, que se inició en septiembre con la publicación de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible centrada en el concepto de sostenibilidad competitiva. La Estrategia también proporcionó a los Estados miembros orientaciones estratégicas para la elaboración de sus planes de recuperación y resiliencia y determinó la relación existente entre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Semestre. El paquete de medidas presentado hoy se basa en las previsiones económicas de otoño de 2020, elaboradas en un contexto de gran incertidumbre, que preveían que, debido a la perturbación económica provocada por la pandemia de coronavirus, la producción en la zona del euro y en la UE en 2022 se situaría por debajo del nivel alcanzado antes de que se declarara la enfermedad”.

La CE ha presentado varios documentos. Además del anteriormente publicado dedicado a la estrategia sostenible, cabe destacar que se han publicado la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE, el Informe sobre el mecanismo de alerta, y la Propuesta deinforme conjunto sobre el empleo (PICE). El acceso a todos los documentos se encuentra disponible en este enlace  

Respecto al PICE, se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.

En la presentación de los documentos del semestre europeo, se manifestó lo siguiente por el Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de una economía al servicio de las personas, “Ahora que Europa se encuentra sumergida en la segunda ola de la pandemia, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para ayudarnos mutuamente a capear el temporal. El presente paquete de otoño tiene por objeto pilotar las economías de la UE conduciéndolas hacia aguas más serenas y proporcionar orientaciones políticas que permitan nuestra recuperación colectiva. Para que Europa se recupere y reafirme como una fuerza competitiva en la escena mundial, necesitamos medidas de apoyo presupuestario específicas y temporales, así como reformas e inversiones cuidadosamente elegidas que impulsen una recuperación justa, integradora y sostenible. Ahora, es preciso lograr un rápido acuerdo político sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de modo que este instrumento nos brinde el ancla financiera necesaria para resistir ante la tormenta. Aliento a todos los Estados miembros a que establezcan agendas políticas ambiciosas en sus planes de recuperación y resiliencia, en beneficio de todos”». Por su parte, el comisario de Economía, Paulo Gentiloni, subrayó que “La mayoría de las medidas incluidas en los presupuestos de 2021 de los países de la zona del euro apoyan adecuadamente la actividad económica. Pero para lograr una recuperación fuerte y equilibrada se requiere la rápida entrada en vigor de Next Generation EU a fin de restablecer la confianza, relanzar la inversión e impulsar reformas transformadoras con objeto de preservar nuestro planeta, construir sociedades más justas y lograr el éxito de la digitalización”

 

Desde la perspectiva más estrictamente social, el comisario de empleo y derechos sociales, Nicolas Schmit, destacó lo siguiente: “La crisis de la COVID-19 ha puesto fin a la tendencia positiva que se venía observando desde hace seis años en el mercado laboral, lo que ha afectado a todos los europeos, en particular a los jóvenes, y a las personas con contratos temporales o atípicos. La UE seguirá movilizando todos los recursos a su alcance y apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos por atenuar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, proteger a los trabajadores, mantener el empleo y facilitar la transición laboral hacia la economía verde y digital. Debemos centrar nuestros esfuerzos en la capacitación y la formación a fin de lograr la adaptación al mercado laboral que surgirá tras la COVID-19. Es fundamental que, en este periodo de crisis, lleguemos a las personas más vulnerables de la sociedad y hagamos más hincapié en la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades”.

 

Reproduzco a continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y protección social. Para el estudio y análisis de los documentos presentados en 2020 remito a esta entrada, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/12/union-europea-la-puesta-en-marcha-del.html  

 

2. El texto de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada a la Estrategia anualde crecimiento sostenible 2021. 

“I. Introducción

La pandemia de COVID-19 ha provocado una recesión repentina y profunda en el mundo. A pesar de la respuesta firme, coordinada e innovadora a escala nacional y de la UE, sigue habiendo muchas incertidumbres; en particular, se desconoce cuánto durará esta crisis y cómo afectará exactamente a nuestras vidas y economías. Tenemos que proteger a los ciudadanos europeos, su salud y sus empleos, garantizando al mismo tiempo la equidad, la resiliencia y la estabilidad macroeconómica en toda nuestra Unión. Si bien la pandemia ha afectado a todos los Estados miembros, la magnitud del impacto, así como el ritmo y la fortaleza de la recuperación variarán considerablemente de unas regiones a otras.

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II. Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia: cómo alcanzar el objetivo de la UE de sostenibilidad competitiva

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se fundamenta en el objetivo de la UE de lograr la sostenibilidad competitiva y la cohesión a través de una nueva estrategia de crecimiento, el Pacto Verde Europeo. La transición a un modelo económico sostenible e integrador, propiciado por una difusión y adopción más generalizadas de tecnologías digitales y limpias, puede convertir a Europa en un líder transformador. Lejos de suponer una desviación respecto de la agenda anterior a la COVID-19, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe acelerar la adopción de medidas destinadas a hacer frente a los problemas preexistentes, evitando al mismo tiempo cualquier nuevo retroceso vinculado a la crisis. Las cuatro dimensiones de sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica recogidas en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2020 deben seguir siendo los principios por los que se rijan los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros. Estas prioridades constituyen el núcleo del Semestre Europeo y garantizan que la nueva agenda de crecimiento logre unos resultados óptimos para las personas y el planeta.

…. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar cuestiones inveteradas que afectan a la equidad en la sociedad. Ello incluye la preparación y la resiliencia de los sistemas nacionales de salud y protección social, así como la igualdad de acceso a una asistencia sanitaria asequible y de calidad, los cuidados de larga duración y los sistemas de atención a la infancia, el cambio demográfico, la globalización o las transiciones digital y ecológica. Los retos que deben abordarse pueden abarcar ámbitos como el empleo, las capacidades, la salud y la educación, en particular para hacer frente al aumento de las desigualdades y apoyar a las personas más afectadas por la crisis, como las generaciones jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables. La pandemia de COVID-19 también ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un entorno empresarial más justo y sostenible y de reconsiderar las condiciones de trabajo en muchos sectores. El prolongado confinamiento ha impulsado los servicios en línea y el comercio electrónico, tendencia que probablemente continuará. Sin embargo, el entorno en línea está dominado actualmente por unos pocos grandes operadores, con un poder de mercado cada vez mayor y unas bases impositivas móviles, a veces en detrimento de la capacidad de muchas pequeñas empresas europeas de iniciar su actividad y expandirse en el mercado único. Debe prestarse especial atención a brindar apoyo a aquellos sectores que desempeñan un papel clave para nuestras democracias, especialmente el sector de los medios de comunicación, en el que la ayuda debe prestarse respetando y promoviendo la libertad y el pluralismo. También es necesario apoyar a las regiones, las industrias y los trabajadores más afectados por la transición ecológica y mitigar sus repercusiones socioeconómicas, de cara a garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y las empresas.

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III. Principios clave en los que se sustentan los planes de recuperación y resiliencia: establecer prioridades para los Estados miembros

El Semestre Europeo proporciona un marco consolidado para la coordinación de las políticas económicas y de empleo a fin de orientar a la Unión y a los Estados miembros en la superación de los obstáculos que plantean la recuperación y la doble transición. Los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros deben abordar eficazmente los retos políticos recogidos en las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo. Revertirá en nuestro interés común abordar las necesidades de reformas e inversión en paralelo, pues ambos aspectos deben ir de la mano para lograr un efecto en el que se refuercen recíprocamente.

Los planes de recuperación y resiliencia deberán reflejar los retos específicos pertinentes de cada país y ajustarse a las prioridades de la UE. Ello incluye las recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros en los últimos años y, en particular, en los ciclos del Semestre de 2019 y 2020. Al traducir esas recomendaciones en reformas e inversiones específicas, los Estados miembros deben centrarse en los retos y prioridades que generen el impacto más duradero y refuercen el potencial de crecimiento, la creación de empleo, los sistemas sanitarios, la resiliencia económica y social y la cohesión regional de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, las reformas y las inversiones tendrán que respetar el principio de «no causar ningún perjuicio», utilizando como referencia, en la medida de lo posible, el Reglamento de la UE relativo a la taxonomía.

Equidad

El proceso de recuperación y transición debe ser equitativo para evitar que crezcan las desigualdades entre los europeos, garantizar el apoyo de todos los sectores de la sociedad y contribuir a la cohesión social, económica y territorial. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los retos estructurales que se han detectado desde hace muchos años en el contexto del Semestre Europeo y que se han visto amplificados por la crisis de la COVID-19. Aunque los regímenes de reducción del tiempo de trabajo contribuyeron a contener el impacto de la crisis sobre el empleo, las condiciones del mercado laboral se están deteriorando, y se espera que el desempleo aumente considerablemente en varios sectores y partes de Europa. La situación de los jóvenes requiere una atención especial. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para evitar que arraiguen el desempleo y la exclusión social y facilitar la adaptación del mercado laboral, como exigen las transiciones ecológica y digital. También será importante fomentar la convergencia y mejorar la resiliencia de las regiones, en particular para reducir las disparidades territoriales.

A la luz del pilar europeo de derechos sociales, los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, la educación inclusiva, unas condiciones de trabajo justas y una protección social adecuada. Junto con el cambio demográfico, las transiciones ecológica y digital requieren replantearse los sistemas de protección social y los mercados laborales actuales. Además de a los jóvenes, la crisis ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos desfavorecidos, como las personas con escasas cualificaciones, los discapacitados y las personas de origen racial o étnico minoritario. Ello requerirá realizar esfuerzos sustanciales para facilitar su acceso al mercado laboral, por ejemplo, luchando contra la segmentación de este en muchos Estados miembros, reforzando las políticas activas del mercado de trabajo, pero también aumentando la inclusividad de los sistemas educativos. A este respecto, la igualdad de acceso a una educación y formación de alta calidad para los grupos desfavorecidos es especialmente importante de cara a compensar el hecho de que el entorno socioeconómico sea actualmente el factor determinante más importante de los resultados educativos de los niños y jóvenes.

Diversas formas de desigualdad limitan el crecimiento y la cohesión social. Tendrá importancia creciente garantizar la igualdad de acceso a la educación y una asistencia sanitaria de calidad, así como reforzar los cuidados de larga duración, ya que el impacto global de la COVID-19 en la salud pública persistirá durante años. Garantizar la prestación de servicios sanitarios de alta calidad que sean fiscalmente sólidos, asequibles y accesibles contribuye a una sociedad sana y resiliente y a garantizar una mano de obra productiva. También es necesario luchar contra las elevadas y persistentes brechas laboral y salarial entre hombres y mujeres. A este respecto, es fundamental apoyar adecuadamente unas políticas eficaces de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, garantizar el acceso a guarderías de calidad, regímenes de apoyo a la renta, reformas de los sistemas fiscales y de prestaciones que contribuyan a la creación de empleo de calidad y reducir los desincentivos al trabajo. Reformar el sistema de protección social y el sistema tributario pueden reducir las desigualdades, desplazando, por ejemplo, la presión fiscal del factor trabajo hacia impuestos que produzcan efectos menos distorsionadores.

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V. Agrupar todas las partes del Semestre Europeo para centrarse en las reformas y las inversiones

El Semestre Europeo y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están intrínsecamente vinculados. La evaluación de los planes de recuperación y resiliencia se cotejará con las recomendaciones específicas por país. Dado que los plazos del Semestre Europeo y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se solaparán, es necesario adaptar temporalmente el Semestre Europeo a la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los planes de recuperación y resiliencia se convertirán en el principal documento de referencia de las iniciativas políticas de los Estados miembros orientadas al futuro. Habida cuenta de las complementariedades con el Semestre y con el fin de racionalizar el contenido y el número de documentos solicitados, se insta a los Estados miembros a presentar el Programa Nacional de Reformas y su plan de recuperación y resiliencia en un único documento integrado. En él se ofrecerá una visión general de las reformas e inversiones que el Estado miembro llevará a cabo en los próximos años, en consonancia con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para los Estados miembros que presenten su plan de recuperación y resiliencia en 2021, la Comisión adjuntará a las propuestas de actos de ejecución del Consejo documentos analíticos que evalúen el contenido de dichos planes. Estos documentos sustituirán a los informes por país del Semestre Europeo en 2021. El paquete de propuestas de actos de ejecución y evaluaciones por países reorientadas se publicarán en lotes escalonados, dependiendo de las respectivas entregas de los planes de recuperación y resiliencia y de la finalización de las evaluaciones de la Comisión.

Dada la naturaleza política global y prospectiva de los planes de recuperación y resiliencia, no será necesario que la Comisión proponga recomendaciones específicas por país en 2021 para los Estados miembros que hayan presentado dichos planes. No obstante, la Comisión propondrá recomendaciones sobre la situación presupuestaria de los Estados miembros en 2021, según lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La aplicación de las reformas seguirá siendo objeto de seguimiento sobre la base de las recomendaciones específicas por país de años anteriores.

La grave recesión económica provocada por la crisis de la COVID-19 generará riesgos de que se produzcan nuevos desequilibrios macroeconómicos, en particular debido al aumento del endeudamiento de las empresas y los hogares, lo que, a su vez, puede trasladarse al sector financiero. Por lo tanto, la supervisión en el marco de los procedimientos de desequilibrio macroeconómico del próximo ciclo deberá centrarse en estos riesgos emergentes. Este será un aspecto central del Informe sobre el Mecanismo de Alerta de noviembre de 2020. Junto con la evaluación de los programas de estabilidad y convergencia que los Estados miembros deberán presentar a finales de abril de 2021, la Comisión incluirá también exámenes exhaustivos en los que se evalúe la situación de los desequilibrios en los Estados miembros de que se trate.

3. Parecidas propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro.  

“… La recuperación en 2021 ahora se prevé que será más lenta de lo que se había esperado y una gran brecha de producción de alrededor del -7,0 % del PIB potencial en 2020 no se habrá cerrado para finales de 2021….  Las perspectivas del mercado laboral también han empeorado, interrumpiendo siete años de mejoras. Sin embargo, debido al éxito de la aplicación de medidas ambiciosas en todos los Estados miembros, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras políticas de apoyo para evitar despidos masivos y grandes pérdidas de ingresos, el aumento del desempleo se ha visto mitigado por un descenso de las tasas de actividad porque los trabajadores desisten y abandonan el mercado laboral, junto con un descenso del número total de horas trabajadas… 

La aplicación de políticas bien diseñadas en el contexto del Instrumento Next Generation EU y su principal instrumento, el MRR, ayudará a los Estados miembros a acometer reformas que propicien el crecimiento y aumentará el nivel y la calidad de las inversiones, en consonancia con los objetivos de resiliencia y la doble transición ecológica y digital. Ello deberá contribuir a la creación de capital humano y al éxito de la transición laboral de los trabajadores, factores que, junto con los fondos de la política de cohesión, serán esenciales para garantizar la cohesión, fomentar la productividad y mejorar la resiliencia económica y social. Son fundamentales los objetivos de crecimiento de la UE y los retos estructurales nacionales, incluidos los señalados en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 7 , que promueve estos objetivos, presenta siete iniciativas emblemáticas: 1) Activación, 2) Renovación, 3) Recarga y Repostaje, 4) Conexión, 5) Modernización, 6) Expansión y 7) Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional.

Unos sistemas sanitarios y de protección social adecuados, eficientes e integradores ofrecen una protección muy necesaria a quienes más lo necesitan, desempeñan un papel clave como estabilizadores automáticos y deben preservar la sostenibilidad presupuestaria.

Dado que la cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro, algunas de las reformas consistirían en desplazar la presión fiscal hacia bases impositivas menos perjudiciales para la oferta de trabajo, la productividad, la inversión y el crecimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo el correspondiente impacto distributivo. Hacer más uso de la fiscalidad medioambiental u otras formas de determinación de precios de las externalidades puede contribuir al crecimiento sostenible, incentivando comportamientos «más ecológicos».

13. Unas reformas e inversiones que mejoren la integración y las transiciones en el mercado laboral, con especial atención a los empleos digitales y ecológicos, son esenciales para aumentar la resiliencia económica y social y apoyar la recuperación. Las medidas de crisis adoptadas inmediatamente a nivel nacional y de la Unión han limitado el impacto económico y social negativo para los trabajadores. Al mismo tiempo, una serie de reformas iniciadas hace tiempo son ahora aún más urgentes: políticas del mercado de trabajo activas y eficaces, incluido el apoyo individualizado, la mejora de la calidad y la inclusión de los sistemas de educación y formación para reforzar los resultados educativos desde una edad temprana, medidas sólidas de reciclaje y mejora de las capacidades e inversión en educación y formación para adultos y en plataformas de aprendizaje en línea, lucha contra la falta de cualificaciones, mejora de las perspectivas de empleo de los segmentos más vulnerables de la población activa, incluidos los jóvenes y los desempleados de larga duración, y eliminación de la brecha de género. Para apoyar una recuperación sostenible e integradora, es fundamental fomentar la creación de empleo de calidad y mejorar las condiciones de trabajo, en particular garantizando unos salarios mínimos adecuados y abordando la segmentación del mercado laboral. El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel importante en el éxito del diseño y la aplicación de las políticas.

14…. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales 15 es fundamental para orientar las políticas. Ante la crisis, es aún más acuciante garantizar una cobertura adecuada de protección social para todos, tanto en términos de asistencia sanitaria de calidad y de larga duración como en términos de ingresos de sustitución para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos atípicos y los trabajadores por cuenta propia. Muchos Estados miembros han adoptado medidas temporales de apoyo a la renta y de asistencia social en favor de los grupos vulnerables con rentas muy bajas y de los trabajadores que no tienen derecho a prestaciones por desempleo. Se han tomado medidas en relación con las prestaciones, las condiciones de admisibilidad y los servicios adicionales en especie. Debe reforzarse la adecuación y la cobertura de los sistemas de protección social de modo que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la equidad intergeneracional.

RECOMIENDA que, durante el período 2021-2022, los Estados miembros de la zona del euro adopten individualmente medidas mediante sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de: 

Seguir mejorando la convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador

Garantizar unas políticas activas eficaces en el mercado laboral y apoyar las transiciones laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital. Fomentar unas condiciones de trabajo justas y abordar la segmentación del mercado laboral. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. Reforzar unos sistemas de educación y formación integradores y la inversión en la adquisición de cualificaciones, abordando la escasez de las mismas.

4. El estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del Proyecto de Informe conjuntosobre el empleo presentado por la Comisión al Consejo, que será definitivamente aprobado, como en años anteriores, en el Consejo Europeo de marzo de 2021 Se trata de un extenso documento de 145 páginas, que dedica su capítulo I a las principales tendencias sociales y de mercado laboral en la Unión; más adelante, son objeto de presentación “los principales resultados del análisis del cuadro de indicadores sociales asociado al pilar europeo de derechos sociales”, mientras que en el capítulo 3 se ofrece una descripción detallada de las acciones emprendidas por cada Estado.

Los principales mensajes clave son los siguientes:

“… El Informe conjunto sobre el empleo tiene por objeto ayudar a los Estados Miembros a determinar las esferas prioritarias para las reformas y la inversión. En cumplimiento del mandato del artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Informe conjunto sobre el empleo ofrece una visión general de los principales acontecimientos sociales y en materia de empleo en Europa y de la aplicación de las Directrices para el empleo. Ha sido parte integrante del Semestre Europeo desde el principio, destacando los principales desafíos sociales y de empleo que deben abordarse en el ciclo anual, como parte del Paquete de Otoño. En el excepcional Semestre Europeo de 2021, el Informe Conjunto sobre el Empleo ayudará además a los Estados Miembros a determinar las esferas prioritarias de reforma e inversión que han de incluir en sus planes de recuperación y resistencia, en el marco de las Directrices para el Empleo. Los resultados del Cuadro de indicadores sociales que acompañan al pilar europeo de los derechos sociales se presentan en el Informe conjunto sobre el empleo y pueden servir para desarrollar los planes nacionales. Además, también en el contexto del Informe Conjunto sobre el Empleo, la Comisión evaluará el contenido de los planes en los documentos analíticos que acompañan a las propuestas de actos de aplicación del Consejo. En cooperación con el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, la Comisión también seguirá de cerca todos los acontecimientos sociales y del mercado de trabajo con la actualización periódica del correspondiente Monitor de Desempeño del Empleo y el Monitor de Desempeño de la Protección Social.

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La crisis de COVID-19 ha afectado fuertemente los resultados del mercado laboral en la UE. Aunque los signos de desaceleración de las cifras de empleo ya eran evidentes en el segundo semestre de 2019, la mayoría de los indicadores del mercado de trabajo han interrumpido su tendencia positiva al estallar la pandemia. El empleo total (que había aumentado en 15 millones desde mediados de 2013) se redujo en 6,1 millones de personas entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, lo que supone el descenso más acusado observado en dos trimestres sucesivos. Tras seis años de evolución positiva hacia el objetivo de empleo de Europa 2020, la tasa de empleo se alejó de él en 2020. La rápida adopción de planes de trabajo de corta duración y otras medidas de retención en el mercado de trabajo, junto con la disminución de las tasas de actividad, dieron lugar hasta ahora a un aumento sólo moderado de la tasa de desempleo, de un punto porcentual (pp) para septiembre de 2020. No obstante, el desempleo juvenil (15 a 24 años) aumentó de manera más marcada que el desempleo de otras cohortes de edad, y se disparó la proporción de jóvenes que no tienen empleo ni educación o formación (NEET). Los trabajadores no nacidos en la UE también se han visto gravemente afectados. Estos resultados varían considerablemente entre los países, las regiones y los sectores y requieren una estrecha vigilancia y esfuerzos de política para evitar un impacto más negativo a corto plazo.

 

 

El uso masivo de esquemas de trabajo de corta duración ayudó a mitigar las consecuencias de la conmoción en el mercado laboral. Las horas trabajadas por trabajador disminuyeron abruptamente, en un 11,3% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el último trimestre de 2019; al mismo tiempo, las ausencias del trabajo se incrementaron, pasando del 9,7% en el cuarto trimestre de 2019 al 21,8% en el segundo trimestre de 2020 (alrededor de la mitad de este aumento se debe a los despidos temporales). Desde el comienzo de la crisis, los Estados Miembros han ampliado (o introducido, cuando no se disponía de ellos anteriormente) los planes de trabajo a jornada reducida y/u otros planes de conservación del empleo, con el fin de limitar la pérdida de puestos de trabajo, evitar la dispersión del capital humano y sostener la demanda agregada. La Unión Europea está apoyando este esfuerzo con el instrumento temporal Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE). El uso extraordinario y sincronizado de los planes de trabajo de corta duración ayudó a hacer frente a las consecuencias inmediatas de la crisis y evitó un aumento del desempleo. Sin embargo, cuanto más dure la crisis, mayor será el riesgo de subvencionar puestos de trabajo en empresas que ya no son viables. Por lo tanto, al considerar la eliminación gradual de los planes de trabajo a jornada reducida, es importante sopesar cuidadosamente, por un lado, la necesidad de proteger a las empresas y a los empleados mientras las condiciones económicas lo requieran y, por otro lado, la introducción de políticas para promover el cambio estructural y la reasignación de los trabajadores (por ejemplo, mediante incentivos de contratación y medidas de readaptación profesional bien diseñadas).

 

La conmoción económica se experimenta de forma diferente en los distintos sectores y categorías de trabajadores. Todas las actividades económicas, excepto la construcción, redujeron su número de empleados en el año hasta el segundo trimestre de 2020, pero las disminuciones más pronunciadas se observaron en el sector de la hostelería, en el sector cultural y del espectáculo, así como en las actividades profesionales. La caída del empleo ha afectado en mayor medida a los trabajadores en formas de empleo no estándar, aunque con fuertes diferencias entre los países. Los empleados temporales se han visto gravemente afectados, con una disminución interanual del 16,7% en el segundo trimestre de 2020, mientras que el empleo permanente se ha mantenido estable, gracias también a la respuesta de las políticas. Esto se ha traducido en una disminución significativa de la proporción de empleados temporales sobre el total de empleados, una vez más con grandes diferencias entre los países.

Debido a COVID-19, los Estados Miembros corren el riesgo de enfrentarse a un fuerte aumento del desempleo juvenil, lo que exige reformas y un apoyo reforzado. Tras una disminución continua en 2019, el desempleo juvenil en toda la Unión Europea pasó de un mínimo del 14,9% en marzo de 2020 al 17,1% en septiembre, aumentando a un ritmo más rápido que el desempleo general. La crisis también provocó el mayor aumento entre dos trimestres consecutivos de las tasas de jóvenes de 15 a 24 años que no tienen empleo, educación o formación desde el comienzo de la serie de Eurostat en 2006 (del 10,4% al 11,6% entre el primer y el segundo trimestre de 2020). En 2019, uno de cada diez jóvenes de 18 a 24 años abandonó la educación o la formación con una cualificación inferior a la de la enseñanza secundaria superior, y más de una cuarta parte de las personas de 30 a 34 años no tenía una cualificación con acceso directo al mercado de trabajo (formación profesional secundaria o cualificación de enseñanza superior). En las propuestas de la Comisión para la Recomendación sobre la educación y formación profesional y el Espacio Europeo de Educación se proponen objetivos para mejorar los logros tanto en la educación y formación profesional como en la educación terciaria. Dado que los aumentos de las tasas de ENF proceden en gran medida de la disminución de la demanda de mano de obra, serán esenciales las reformas para apoyar la creación de empleo, la educación y las aptitudes. Será fundamental que se aplique con éxito la Garantía de Juventud reforzada, que se basa en unos servicios públicos de empleo y unos sistemas de educación y capacitación que funcionen bien. En el caso de las mujeres jóvenes de la ENF, entre las que la inactividad desempeña un papel más importante que en el caso de los hombres, las reformas también deberían incluir medidas para eliminar los desincentivos fiscales al trabajo y ayudar a conciliar las responsabilidades laborales y de cuidado (véase también más adelante).

Es probable que la crisis tenga un efecto desproporcionado en los migrantes no comunitarios, por lo que se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar su integración en el mercado laboral. Los migrantes no pertenecientes a la UE han visto mejorar su tasa media de empleo entre 2017 y 2019 (del 61,5% al 64,2%). Sin embargo, desde el inicio de la crisis la tasa de empleo había disminuido considerablemente (hasta el 60,8% en el segundo trimestre de 2020), debido a su excesiva representación entre los trabajadores temporales y en los sectores fuertemente afectados por la crisis, aunque desempeñaban un papel crucial en las ocupaciones clave de primera línea durante la pandemia. Además, es más probable que los trabajadores migrantes de primera generación se encuentren en ocupaciones menos calificadas, incluso cuando tienen educación terciaria. Las respuestas de los Estados Miembros en materia de políticas relacionadas con la oferta de cursos de idiomas, el acceso a la educación y la capacitación, la orientación sobre el mercado laboral y el reconocimiento de las aptitudes y las cualificaciones contribuyeron a mejorar su integración en el mercado laboral. El mantenimiento y fortalecimiento de esas políticas contribuiría a que la recuperación fuera más inclusiva y a aprovechar las aptitudes y el potencial de los migrantes, incluidos los refugiados.

Abordar las causas de la segmentación del mercado de trabajo, incluso mediante la adaptación de la legislación y la garantía de que existan los incentivos adecuados para la contratación con contratos estables, es fundamental para mejorar la capacidad de recuperación social. La incidencia del empleo temporal difiere considerablemente entre los países, y los jóvenes y las mujeres están relativamente más representados en esta categoría. Los Estados Miembros con una proporción considerable de trabajadores con contratos de duración determinada han experimentado las mayores fluctuaciones en el empleo durante la crisis. Desde esta perspectiva, garantizar que los contratos de plazo fijo apoyen la entrada en el mercado de trabajo, al tiempo que sirven de "peldaño" para el empleo regular es fundamental para aumentar la resistencia social y apoyar una recuperación justa e inclusiva. Las reformas para modernizar la legislación de protección del empleo son importantes en este contexto, entre otras cosas, estableciendo condiciones claras para la utilización de los contratos temporales, evitando las relaciones laborales que conducen a condiciones de trabajo precarias y proporcionando los incentivos adecuados para la contratación con contratos permanentes. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben garantizar que los solicitantes de empleo con antecedentes laborales precarios tengan un acceso adecuado a la protección social y, en particular, a las prestaciones de desempleo mediante requisitos de elegibilidad adaptables y disfruten de oportunidades de formación y reciclaje.

Muchos trabajadores todavía no están protegidos por un salario mínimo adecuado. A menudo los salarios mínimos legales son bajos en comparación con otros salarios de la economía, a pesar de los recientes aumentos en muchos Estados Miembros. Por lo general, el salario mínimo no es suficiente para proteger a los trabajadores contra el riesgo de la pobreza. Además, las brechas en la cobertura ocurren tanto en países con un salario mínimo legal (debido a las exenciones para categorías específicas) como en países donde los salarios se establecen exclusivamente a través de la negociación colectiva (para trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos). Tras una consulta con los interlocutores sociales, la Comisión propuso una directiva para garantizar que los trabajadores de la Unión estén protegidos por salarios mínimos adecuados. La propuesta tiene por objeto promover la negociación colectiva de los salarios en todos los Estados Miembros. A este respecto, los países que tienen salarios mínimos establecidos por ley deben establecer las condiciones para que los salarios mínimos se fijen a niveles adecuados, incluidos criterios claros y estables para la fijación de los salarios mínimos, valores de referencia indicativos para orientar la evaluación de la adecuación y actualizaciones periódicas y oportunas. También se pide a esos países que garanticen la utilización proporcionada y justificada de las variaciones y deducciones de los salarios mínimos legales, y la participación efectiva de los interlocutores sociales en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales. Por último, la propuesta prevé una mejor aplicación y vigilancia de la protección del salario mínimo establecido en cada país.

La adaptación de las condiciones de trabajo ha pasado a ser fundamental durante la pandemia y seguirá siéndolo después, lo que exigirá inversiones en el lugar de trabajo y reformas para aumentar la disponibilidad de acuerdos de trabajo flexibles. Muchos Estados Miembros han adaptado sus condiciones de trabajo, incluso ampliando el uso del teletrabajo, prestando especial atención a la protección de los trabajadores vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, el teletrabajo ha demostrado ser muy importante para garantizar la continuidad de las actividades, al tiempo que ofrece opciones más amplias para hacer frente a las necesidades de atención adicional. Sin embargo, también puede entrañar riesgos, incluidos los relacionados con el bienestar ocupacional, físico y mental de los teletrabajadores que trabajan desde el hogar. En perspectiva, la pandemia llevará a replantearse la organización de los lugares de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Existen diferencias en el contenido y la cobertura de las reglamentaciones nacionales relacionadas con el teletrabajo, incluso en lo que respecta a la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con ese fin. Sobre la base de las prácticas nacionales existentes en materia de negociación colectiva, los Estados Miembros deberían velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados, y por que se disponga ampliamente de modalidades de trabajo flexibles, a fin de equilibrar el trabajo, la familia y la vida privada. También es necesario prestar más atención a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en situaciones vulnerables y a la atracción de los que realizan trabajos no declarados al empleo estructurado. La pandemia también ha puesto de manifiesto la escasez de ciertas profesiones sanitarias y la necesidad de adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus aptitudes.

Las políticas activas del mercado de trabajo son fundamentales para apoyar los ajustes del mercado de trabajo tras la crisis de COVID-19. Los Estados miembros entraron en la crisis del empleo con diferentes tasas de cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT). Apoyar las transiciones fluidas del mercado laboral, al tiempo que se previenen los riesgos de una mayor polarización de las competencias es esencial para el crecimiento inclusivo. Esto es especialmente importante para los Estados miembros con tasas de desempleo de larga duración todavía elevadas, que probablemente se verán agravadas como consecuencia de la crisis de COVID-19. Los Estados miembros han modificado los marcos existentes o han introducido nuevos sistemas de PLA para responder mejor a las condiciones del mercado de trabajo, promover el empleo así como la mejora y la reconversión profesional, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo. Ahora podrían tener la posibilidad de combinar los fondos de la política de cohesión con la financiación del Servicio para la Recuperación y la Resistencia a fin de seguir promoviendo PLA específicas, incluidas las medidas de mejora de la capacitación y la readaptación profesional.

El acceso a los planes de prestaciones de desempleo con niveles y duración adecuados es fundamental para mitigar los efectos negativos de la crisis y apoyar la transición de los desempleados hacia nuevos puestos de trabajo. El suministro de prestaciones de desempleo adecuadas de duración razonable accesibles a todos los trabajadores, incluidos los que tienen contratos atípicos, es fundamental para apoyar a los solicitantes de empleo durante las transiciones. Se debe prestar especial atención a las personas con historiales laborales breves o discontinuos, ya que a menudo están menos cubiertas por esos planes. En respuesta a la pandemia, varios Estados Miembros han reforzado sus planes de protección contra el desempleo. Tal vez sea necesario seguir revisando esos planes tras los cambios en las condiciones económicas a fin de mantener unos ingresos adecuados y apoyar la activación efectiva del mercado de trabajo de los afectados.

Los servicios públicos de empleo tendrán que ir más allá de las formas tradicionales de trabajo para hacer frente al aumento del número de personas que buscan empleo y apoyar su reasignación entre ocupaciones o sectores. La proporción de desempleados que utilizan los servicios públicos de empleo (SPE) para buscar trabajo ha seguido una tendencia decreciente en los últimos años, aunque con fuertes diferencias entre los Estados miembros. Los jóvenes, las personas poco calificadas y las personas mayores que buscan empleo siguen estando sobrerrepresentados entre quienes buscan asistencia de los SPE. En el contexto actual, para garantizar una respuesta adecuada y eficaz a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empleadores puede ser necesario aumentar la capacidad en relación con el fortalecimiento de los sistemas de elaboración de perfiles, fomentando la capacidad de orientación y tutoría de los solicitantes de empleo. La inversión en soluciones actualizadas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y la readaptación del personal de los SPE será importante para reforzar su capacidad. Un apoyo más firme basado en planes de acción individuales podría ayudar a los afectados por la crisis a conseguir empleo en el contexto de una futura recuperación.

El diálogo social y la participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas son fundamentales para fomentar una recuperación justa y sostenible y apoyar el crecimiento inclusivo. En varios Estados Miembros, los convenios colectivos y el diálogo social han contribuido a diseñar y aplicar la respuesta socioeconómica inmediata a la crisis de COVID-19, incluidas las medidas para adaptar rápidamente las pautas de trabajo, como la promoción del teletrabajo, y para proteger la salud, los ingresos y los empleos de los trabajadores de primera línea y esenciales. Las consultas con los interlocutores sociales en la respuesta a la crisis siguieron siendo intensas en los Estados Miembros que ya contaban con estructuras de diálogo social bien desarrolladas. En otros Estados Miembros, la crisis ha agravado la ya limitada participación de los interlocutores sociales antes de la emergencia sanitaria. A fin de asegurar la elaboración y aplicación eficaces y sin tropiezos de sus programas de reforma e inversión en el marco del nuevo Servicio para la Recuperación y la Capacidad de Recuperación durante el período 2021-23, es fundamental que los Estados Miembros colaboren con los interlocutores sociales en la preparación de sus planes nacionales de recuperación y capacidad de recuperación.

…. La desigualdad general de ingresos disminuyó ligeramente en los últimos años antes de la pandemia de COVID-19, pero aumentó en el extremo inferior de la distribución de los ingresos en el último decenio, lo que suscitó preocupación por el carácter inclusivo del crecimiento económico. En promedio, en toda la UE, el 20% más rico de los hogares tiene una renta que supera en unas cinco veces la del 20% más pobre. En los últimos años, la desigualdad de ingresos aumentó más en la parte inferior de la distribución de los ingresos (S50/S20) que en la parte superior (S80/S50). Según estimaciones preliminares, los estabilizadores automáticos y las medidas de política adoptadas para hacer frente a la emergencia han silenciado hasta ahora el efecto de COVID-19 sobre la desigualdad. Para hacer frente a las desigualdades de ingresos es necesario que los Estados Miembros introduzcan reformas en diferentes ámbitos políticos, como el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones, los mecanismos de fijación de salarios, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la educación y la formación (desde una edad temprana) y el acceso a servicios asequibles y de calidad para todos. Debe garantizarse la evaluación de los efectos distributivos de las políticas, en particular en lo que respecta a las políticas que apoyan la doble transición verde y digital.

…La crisis de COVID-19 es un poderoso recordatorio de la importancia de los sistemas de protección social y su papel en la mitigación de los efectos económicos y sociales de la reducción de la actividad económica. Es probable que la crisis de COVID-19 aumente el número de personas que reciben subsidios de desempleo y otras ayudas a los ingresos, lo que pone a prueba la capacidad de nuestros sistemas de protección social. Los países han ampliado y expandido los planes existentes y han ampliado sus condiciones de elegibilidad de manera temporal. En una fase de recuperación, se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener y reforzar la protección social para todos de manera sostenible. Sobre la base de la respuesta a la crisis, se debe seguir mejorando la protección de los trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores atípicos sobre una base estructural, de conformidad con la Recomendación sobre el acceso a la protección social. Las reformas deberían abordar, entre otras cosas, la cobertura, la adecuación, la transferibilidad de los derechos de protección social y el apoyo a la integración en el mercado de trabajo de quienes están en condiciones de trabajar.

…El cambio demográfico sigue planteando problemas a largo plazo a los sistemas de pensiones. La adecuación de las pensiones se mantuvo generalmente estable en 2019. Los ingresos de las pensiones se deterioraron ligeramente en relación con los ingresos laborales, mientras que la proporción de personas mayores que sufren graves privaciones materiales siguió disminuyendo. La brecha entre los géneros en materia de pensiones sigue siendo grande, a pesar de una disminución gradual en los últimos diez años. Los efectos de la crisis en el empleo y los ingresos laborales, en particular en el caso de los trabajadores atípicos y los trabajadores por cuenta propia, se suman a los riesgos para la adecuación de las pensiones a largo plazo. Las reformas deben tener por objeto crear sistemas de pensiones inclusivos y sostenibles, que ofrezcan un acceso adecuado y oportunidades de ahorro a hombres y mujeres por igual y a personas con diferentes tipos de contratos y actividades económicas, garantizando al mismo tiempo unos ingresos mínimos adecuados en la vejez.

Los Estados Miembros deberían adoptar medidas para hacer frente a los desafíos en materia de empleo, competencias y política social que se señalan en el presente Informe conjunto sobre el empleo. En el análisis presentado en el informe se destacan varias esferas prioritarias para las reformas y las inversiones. Éstas deberían tener por objeto fomentar la creación de empleo, facilitar las transiciones del desempleo al empleo y entre sectores, mejorar la capacidad de recuperación económica y social y mitigar el impacto de la crisis en el empleo y la sociedad. La financiación de la UE, incluso a través del Fondo Social Europeo Plus (con los recursos adicionales puestos a disposición por REACT-EU) y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resistencia, proporciona apoyo a los Estados miembros para acelerar la aplicación de medidas políticas en estos ámbitos. De conformidad con las Directrices para el empleo, se invita a los Estados Miembros a que

- Mantener los planes de trabajo a jornada reducida durante todo el tiempo que sea necesario y combinarlos con planes de mejora de las competencias y la capacitación; tan pronto como las condiciones lo permitan, introducir ayudas para la reasignación de la mano de obra (por ejemplo, mediante incentivos a la contratación bien diseñados), en particular hacia la economía ecológica y digital, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores durante la transición;

- Velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados a los nuevos requisitos de distanciamiento social, y por que se disponga ampliamente de modalidades de trabajo flexibles;

- Aumentar el apoyo al mercado laboral y las oportunidades de perfeccionamiento para hacer frente al aumento del desempleo juvenil, en particular mediante el apoyo al aprendizaje (en particular en las PYMES), las subvenciones a la contratación, la infraestructura de aprendizaje, la tecnología y el equipo;

- Invertir en los servicios públicos de empleo, en particular para aumentar su capacidad, modernizar su infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones, fortalecer los sistemas de elaboración de perfiles y proporcionar al personal las aptitudes adecuadas;

- Promover la negociación colectiva y el diálogo social; si existen salarios mínimos legales, garantizar las condiciones para que se fijen a niveles adecuados, mediante criterios claros y estables, y actualizaciones periódicas y oportunas, y con la participación efectiva de los interlocutores sociales;

- Reformar la reglamentación del mercado laboral, así como los sistemas fiscales y de prestaciones, para garantizar que se reduzca la segmentación del mercado laboral y que la recuperación impulse los empleos de calidad; asegurarse de que los trabajadores con formas de trabajo atípicas y los trabajadores por cuenta propia tengan acceso a la protección social;

- Invertir en la readaptación y la mejora de las aptitudes, en particular en el ámbito digital, reforzando los sistemas de educación y formación profesional, apoyando las asociaciones en gran escala entre el sector público y el privado y entre múltiples interesados en el marco del Pacto por las aptitudes, ofreciendo mayores incentivos a las empresas y los trabajadores para que se dediquen a la readaptación y la mejora de las aptitudes, invirtiendo en infraestructura y equipo, incluido el digital, apoyando a los maestros y los instructores; garantizar la igualdad de acceso a la educación y la formación;

- Invertir en una protección social sostenible para todos, apoyando reformas para mantener y reforzar los niveles de protección y mejorando la protección de los que no están cubiertos; garantizar prestaciones adecuadas, la transferibilidad de los derechos, el acceso a los servicios y el apoyo a la integración en el mercado laboral de los que pueden trabajar; invertir en la calidad y la accesibilidad de los servicios de educación y atención en la primera infancia y los servicios de atención a largo plazo; evaluar los efectos distributivos de las políticas;

- Invertir en la renovación de viviendas residenciales y sociales; facilitar el acceso a viviendas sociales y asequibles cuando proceda;

- Invertir en la capacidad del sistema de atención de la salud, incluida la capacidad de reacción, la atención primaria, la coordinación de la atención, el personal de atención de la salud y la cibersalud. Reducir los pagos de bolsillo, mejorar la cobertura de la atención de la salud y promover la mejora de las aptitudes y la readaptación profesional de los trabajadores de la salud

5. Por último, cabe hacer una breve referencia al Informe presentado por la Comisión sobre elmecanismo de alerta 2021 (elaborado de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos) 

“… El análisis horizontal presentado en el IMA conduce a una serie de conclusiones:

La incidencia de la crisis de la COVID-19 en el mercado de trabajo ha sido, por ahora, relativamente baja en comparación con la escala de la recesión, gracias, entre otras cosas, a medidas políticas como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, pero se espera que aumente el desempleo. La crisis ha puesto fin a años de mejora en los mercados de trabajo de toda la UE. Hasta la fecha, lo que ha causado ha sido, sobre todo, una reducción en el promedio de horas trabajadas por persona empleada, pero el desempleo solo ha aumentado ligeramente. Este fenómeno, consistente en el mantenimiento preventivo del personal, que ha caracterizado a muchas economías de la UE en 2020, se debe en gran medida a las iniciativas de financiación pública para preservar el empleo, en particular los regímenes temporales de reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo, se espera que el desempleo aumente con cierto desfase, tal como suele ocurrir tras las recesiones. En particular, existen riesgos de pérdidas importantes de empleo en los sectores fuertemente afectados por la pandemia, que dependerán de la duración de sus efectos y del vigor de la respuesta política.

Los costes laborales unitarios (CLU) han ido aumentando en varios países de la UE durante los últimos años debido a los incrementos salariales y a un débil crecimiento de la productividad, pero se espera que, a partir de ahora, empiecen a moderarse, tras experimentar un fuerte incremento en 2020…”

Buena lectura.

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