1. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebra el Seminario anual que organiza la RedEuropea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado Español(EAPN-ES), que lleva por título “RE-Construyendo: La incidencia política para el cambio social y la mejora de las políticas sociales en España y en Europa en contexto Covid-19”. El primer día está dedicado, con dos ponencias y tres mesas de debate, a la reconstrucción de las políticas sociales y al sistema de inclusión y el Tercer Sector de Acción Social (TSAS), en los servicios públicos de interés general. El segundo, a las políticas pública en la lucha contra la pobreza, con seis talleres dedicados, en un bloque, a financiación, educación y garantía de ingresos, y en otro a sanidad, vivienda y empleo.
En la presentación del Seminario se explica que “está dedicado a la gobernanza multinivel, al papel que tiene el Tercer Sector en las políticas públicas y a la reformulación de las políticas sociales en un contexto de crisis provocada por la Covid-19. En primera instancia, el Seminario aborda aquellas políticas marco que sirven de orientación y guía para hacer efectivos los cambios sociales que permitan mejorar la vida de las personas. Para ello, las políticas y estrategias nacionales deben estar alineadas con instrumentos internacionales. Cómo engarza la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social con la Agenda 2030, el Pilar Europeo de Derechos Sociales o la Estrategia 2020 será un tema de análisis en el Seminario Anual de este año. Además, se profundizará en qué consisten estos instrumentos, cuál es su aplicación práctica o cómo se implementan en el ámbito local”.
Recordemos aquí que en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, una de las “Diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo” es la dedicada a “Nueva economía de los cuidados y política de empleo”, en la que tras un breve repaso de la situación de nuestro mercado de trabajo y del impacto negativo provocado por la Covid-19, se defiende que “es imprescindible articular un plan específico que vuelva a situar a las personas en el centro de la economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada generación al conjunto de la sociedad y asegurando que nadie queda atrás ni al margen de la sociedad, y valorando adecuadamente las tareas de cuidados y los servicios sociales, así como el potencial de generación de empleo que supone”. A dicha medida se dedicará el 5,7 % del presupuesto total del plan en los próximos tres años.
Hay tres medidas generales que se proponen, también necesitadas lógicamente de un concreto desarrollo posterior, que se conceptúan como “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares”, y que guardan directa relación con el programa de gobierno pactado por PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019 (a algunas de ellas se refirió la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su discurso de clausura del XXX Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado los días 26 y 27 de noviembre, enfatizando la importancia de un trabajo estable, digno y con derechos) y que son las siguientes:
“- Atajar problemas estructurales de nuestro mercado laboral: introducir de manera permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas ante shocks (ERTE), que se nutran de la experiencia acumulada durante el periodo de la pandemia, y que permitan preservar el empleo ante shocks adversos para la economía. Asimismo, se tomarán medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad laboral, y se simplificarán los tipos de contratos laborales disponibles.
- Reforma profunda de las políticas activas de empleo, desarrollando nuevos instrumentos para la integración y activación de trabajadores, adecuando las intervenciones a las realidades específicas del mercado de trabajo y de los demandantes de empleo, y mejorando la conexión con las necesidades empresariales mediante la creación de un Fondo para la generación de nuevo empleo, incorporando de manera permanente la evaluación de las estrategias de inserción y reinserción laboral de los servicios públicos de empleo;
- Impulso a las políticas de inserción laboral articuladas en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que servirá para lograr un mercado de trabajo más inclusivo, y ágil en todos sus segmentos. Con la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales, se pondrán en marcha “itinerarios de inclusión” adaptados a los diferentes perfiles de vulnerabilidad de los beneficiarios del IMV, y cuyo diseño permitirá su monitorización y evaluación permanente. Los resultados obtenidos sobre el éxito de estos itinerarios de inclusión servirán también para informar el rediseño de las políticas activas de empleo”.
2. La importancia de un trabajo estable, digno y con derechos ha sido un punto de referencia en todAs las normas y documentos elaborados por el máximo foro mundial en materia sociolaboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo de especial interés para su conocimiento el Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (Informe III, parte B) presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada(ya virtualmente) en junio de 2019, y que mereció mi atención detallada en la entrada “Las nuevas propuestas de la OIT(antes de la crisis) para la promoción del empleo y el trabajo decente. Notasal Informe presentado a la 109º reunión anual de la CIT”.
El Informe parte de una noción, concepto e idea en la que viene trabajando la OIT desde hace mucho tiempo y que cada vez adquirirá mucho mayor importancia, y más ante la gravedad de la situación actual, y que ha ido siendo incorporada, al menos en el plano teórico, en las políticas puestas en marcha por buena parte de sus Estados miembros: se trata de promover y lograr “el pleno empleo, productivo y libremente elegido por medio de la adopción de una política nacional de empleo y trabajo decente integral e inclusiva que tenga en cuenta los distintos grupos en la sociedad, así como los cambios profundos y radicales en el mundo del trabajo”.
El informe dedica un primer bloque a la adopción de la que denomina una política nacional de empleo “integral e inclusiva”; una política que debe combinar políticas económicas y sociales que a la par que promuevan la promoción del empleo sirvan y sean útiles también para enfrentarse a la pobreza y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía, tratándose pues de una política de empleo que al mismo tiempo que se integra en políticas económicas globales abarca y comprende todas las problemáticas específicas de los diversos colectivos (el mundo del trabajo, recordémoslo, es cada vez más diverso y diversificado, incluyendo tanto el trabajo formal como el informal, ya que este último es el predominante en muchos países), y que debe prestar especial atención, se insiste repetidamente y con pleno acierto, en la integración de la dimensión de género en todas las medidas que se adopten.
Me parece importante destacar, por su directa relación con el encuentro anual de EAPN-ES, que la referencia a “colectivos desfavorecidos” en el Informe deja bien clara y manifiesta la importancia cuantitativa y cualitativa de los mismos: “los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH o el sida, los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, las minorías raciales y étnicas, los pueblos indígenas y tribales, los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal”, así como también que los debates sobre el futuro del empleo y el trabajo decente (y mucho más, añado ahora por mi parte cuando salgamos de la grave crisis que estamos viviendo) seguirán siendo absolutamente necesarios ante los cambios tecnológicos, demográficos y medioambientales, integrándolos todos ellos con una clara e indubitada dimensión o perspectiva de género.
En esta misma perspectiva se sitúa la declaración final adoptada el 21 de noviembre tras la celebración de la denominada “Economía de Francisco”, de la que se explica en la página web del Vaticano que “Poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva y sostenible, sin dejar a nadie atrás: es el objetivo de la Economía de Francisco, evento internacional impulsado por el Papa, que tiene lugar del 19 al 21 de noviembre, centrado en temas como el trabajo, la finanza, la educación y la inteligencia artificial”, que ha reunido virtualmente a más de 3.000 jóvenes de 120 países de los cinco continentes, en cuyo carta de presentación el Papa instaba a jóvenes economistas y empresarios del mundo, a “estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda” con el objetivo de poner en marcha “un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad”.
En dicha declaración se pide, entre otras peticiones cuya lectura recomiendo encarecidamente, y “en nombre de los jóvenes y de los pobres de la tierra”, que “nunca se vuelvan a usar ideologías económicas para ofender y descartar a los pobres, a los enfermos, a las minorías y los desfavorecidos de todo tipo, porque la primera ayuda a su indigencia es el respeto y la estima de sus personas: la pobreza no es una maldición, es solo una desdicha, y no es responsabilidad de los pobres”; que “el derecho al trabajo digno para todos, los derechos de la familia y todos los derechos humanos sean respetados en la vida de cada empresa para cada trabajadora y cada trabajador, garantizados por las políticas sociales de cada país y reconocidos a nivel mundial con un estatuto compartido que desaliente las opciones empresariales orientadas solo al lucro a costa de la explotación de los menores y los más desfavorecidos”; y que “las organizaciones económicas y las instituciones civiles no estén tranquilas hasta que las trabajadoras no tengan las mismas oportunidades que los trabajadores, porque las empresas y los lugares de trabajo sin una adecuada presencia del talento femenino no son lugares plena y auténticamente humanos y felices”.
La declaración también pide que “se active una comunión mundial de las tecnologías más avanzadas para que también en países de bajos ingresos se puedan realizar producciones sostenibles; se supere la pobreza energética ‒fuente de disparidad económica, social y cultural‒ para lograr la justicia climática”. Una tecnología, que bien utilizada es sin duda un gran beneficio para toda la sociedad, pero que en manos de unas pocas corporaciones transnacionales puede llegar a devolver a gran parte de la ciudadanía a un modelo de sociedad que se diferencia poco del siglo XIX por lo que respecta a la condiciones de desigualdad, tal como explica de manera brillante y exhaustiva la profesora emérita de la Universidad de Harvard Shoshana Zuboff en su libro “La era del capitalismo de la vigilancia”,con el significativo título de “La lucha por un futuro humano frente a lasnuevas fronteras del poder” y del que podemos encontrar una excelente síntesis en el artículo del profesor Ignasi Beltrán de Heredia “La pandemia, monos aporreando teclados y reaccionesfrente a lo que no tiene precedentes” Me quedo ahora con una frase muy gráfica con la que profesora Zuboff explica las desigualdades existentes: “Ahora disponemos de las herramientas para captar bien la destructiva complejidad de la colisión a la que aquí me estoy refiriendo: lo que nos resulta insoportable es que las desigualdades económicas y sociales han vuelto a las antiguas pautas feudales preindustriales, pero nosotros, las personal, no”, y que “… nos sabemos merecedores de una dignidad y de la oportunidad de vivir una vida eficaz”.
La preocupación por un empleo estable, digno y con derechos también se encuentra presente en el Proyectode Informe Conjunto sobre el empleo 2021, presentado por la Comisión Europa el pasado 18 de noviembre con ocasión de la presentación de los documentos con los que se inicia el, este año excepcional, semestre europeo, y que debe ser aprobado en la reunión del Consejo de marzo de 2021. Destaco algunos de sus mensajes clave:
“La aplicación del pilar europeo de derechos sociales es fundamental para garantizar que la recuperación sea justa e inclusiva. Los principios del pilar, en las tres dimensiones de igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección social, salud e inclusión, deben guiar el diseño de medidas políticas en apoyo de los trabajadores y los hogares. La lucha contra los efectos de la pandemia, así como la preparación de la recuperación, requiere el fomento de la capacidad de recuperación social y la convergencia ascendente poniendo a las personas en el centro. Las Directrices para el empleo recientemente aprobadas integran orientaciones específicas destinadas a mitigar el empleo y el impacto social de COVID-19 y proporcionan a los Estados Miembros orientaciones concretas sobre la manera de modernizar las instituciones del mercado de trabajo, la educación y la formación, así como los sistemas de protección social y de salud, con miras a hacerlos más inclusivos y justos. También incorporan nuevos elementos que reflejan las prioridades de la Unión, en particular en lo que respecta a las transiciones digitales y ecológicas socialmente justas. Convertir los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades, y hacer que la transición sea justa e inclusiva para todos, es un objetivo clave del Acuerdo Verde Europeo”.
La adaptación de las condiciones de trabajo ha pasado a ser fundamental durante la pandemia y seguirá siéndolo después, lo que exigirá inversiones en el lugar de trabajo y reformas para aumentar la disponibilidad de acuerdos de trabajo flexibles. Muchos Estados Miembros han adaptado sus condiciones de trabajo, incluso ampliando el uso del teletrabajo, prestando especial atención a la protección de los trabajadores vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, el teletrabajo ha demostrado ser muy importante para garantizar la continuidad de las actividades, al tiempo que ofrece opciones más amplias para hacer frente a las necesidades de atención adicional. Sin embargo, también puede entrañar riesgos, incluidos los relacionados con el bienestar ocupacional, físico y mental de los teletrabajadores que trabajan desde el hogar. En perspectiva, la pandemia llevará a replantearse la organización de los lugares de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Existen diferencias en el contenido y la cobertura de las reglamentaciones nacionales relacionadas con el teletrabajo, incluso en lo que respecta a la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con ese fin. Sobre la base de las prácticas nacionales existentes en materia de negociación colectiva, los Estados Miembros deberían velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados, y por que se disponga ampliamente de modalidades de trabajo flexibles, a fin de equilibrar el trabajo, la familia y la vida privada. También es necesario prestar más atención a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en situaciones vulnerables y a la atracción de los que realizan trabajos no declarados al empleo estructurado. La pandemia también ha puesto de manifiesto la escasez de ciertas profesiones sanitarias y la necesidad de adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus aptitudes.
Las políticas activas del mercado de trabajo son fundamentales para apoyar los ajustes del mercado de trabajo tras la crisis de COVID-19. Los Estados miembros entraron en la crisis del empleo con diferentes tasas de cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT). Apoyar las transiciones fluidas del mercado laboral, al tiempo que se previenen los riesgos de una mayor polarización de las competencias es esencial para el crecimiento inclusivo. Esto es especialmente importante para los Estados miembros con tasas de desempleo de larga duración todavía elevadas, que probablemente se verán agravadas como consecuencia de la crisis de COVID-19. Los Estados miembros han modificado los marcos existentes o han introducido nuevos sistemas de PLA para responder mejor a las condiciones del mercado de trabajo, promover el empleo así como la mejora y la reconversión profesional, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo. Ahora podrían tener la posibilidad de combinar los fondos de la política de cohesión con la financiación del Servicio para la Recuperación y la Resistencia a fin de seguir promoviendo PLA específicas, incluidas las medidas de mejora de la capacitación y la readaptación profesional”.
3. La organización me ha invitado a ser ponente del taller dedicado a la política de empleo, y desde aquí, al igual que ya lo hecho por vías más directas, les agradezco su invitación, que al mismo tiempo me anima a seguir reflexionando sobre las políticas de empleo, con especial atención a las personas que tienen más necesidad de soporte por parte de los poderes públicos para entrar y permanecer en el mundo del trabajo, y también quienes necesitan de mayor cobertura en términos de protección social cuando no pueden permanecer en aquel. Conozco bien la actividad de las entidades del TSAS, en especial en Cataluña por mi condición de miembro del Consejo Asesor de la “Taula d’Entitats del Tercer Sector Socialde Catalunya y por ello puedo valorar el trabajo que desarrollan para fortalecer la cohesión social en nuestra sociedad, más especialmente en momentos de grave crisis social, consecuencia no sólo de la crisis sanitaria sino también de determinada opciones de política económica, que vivimos en la actualidad.
La definición y conceptualización de colectivos prioritarios o vulnerables debe lógicamente efectuarse a partir del marco normativo estatal y autonómico, teniendo presentes las diferencias existentes a los efectos de definición de cada uno de aquellos, que además están regulados en normas diferentes (Ley de Empleo y Ley de Empresas de Inserción, por poner los dos ejemplos más significativos), si bien es cierto que los primeros pueden tener muchos puntos de conexión con los segundos por las dificultades con las que también se encuentran al intentar incorporarse, o en su caso permanecer, al mercado laboral, pudiendo encontrarnos ante una realidad laboral en la que, a pesar de la presencia en el mundo del trabajo como personas trabajadoras ocupadas, no se salga de la pobreza; algo, que nos debe hacer pensar, y mucho, que en las políticas de empleo en general, e igualmente en las de integración socio-laboral de colectivos vulnerables, no basta sólo con tener presente dicha inserción, es decir, el número o la cantidad de personas, sino también la calidad del trabajo y las posibilidades reales de disfrutar de un trabajo decente y de una vida digna.
4. Deseo subrayar que he seguido con mucha atención, por su indudable interés, los informes anuales que elabora EAPN-ES, de los años 2017, 2018 y muy especialmente al de 2019. en las entradas “Sobre la pobreza y lasmedidas necesarias para su erradicación, con especial atención al ámbitolaboral. Del día internacional de las Naciones Unidas para la erradicación dela pobreza (17 de octubre) a la Resolución del Parlamento Europeo (24 deoctubre de 2017) sobre las rentas mínimas” , “Sí hay pobreza laboral , “¿Sigue siendo el trabajo un antídoto contra la pobreza y la exclusión? (II)” , y “Empleo y pobreza, o de como un mal trabajo no permite salir de la pobreza, ysobre la necesidad de políticas integrales de apoyo a los ingresos y activas demercado de trabajo. (Notas al 9º informe EAPN y al informe de la OIT sobre lapromoción del trabajo decente)”.
Recupero a continuación algunos fragmentos del texto dedicado al informe de 2019, es decir el elaborado con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria actual, en el que ya se ponían de manifiesto los problemas existentes en el mundo laboral para los colectivos desfavorecidos (“vulnerables” es otro de los términos que más frecuentemente es utilizado) y que se ha incrementado durante el año 2020.
“Su aportación de datos sobre la relación entre empleo, o mal empleo más exactamente, y pobreza pone de manifiesto, lo está haciendo desde hace varios años, que tener un trabajo, aun siendo importante, no es el antídoto contra una situación económica que no permite a la persona trabajadora subvenir adecuadamente a sus necesidades personales y, cuando la tuviera, a las de su familia.
El documento cuestiona seriamente, con datos estadístico, la tesis de que existe una relación directa entre más empleo y menos pobreza, y sigue manteniendo la tesis de que “no cualquier trabajo protege de la pobreza”. ¿Razón de esta argumentación? Pues que si el crecimiento económico experimentado desde 2014 ha permitido reducir sensiblemente la tasa de desempleo según la Encuesta de Población Activa (24,4 % en 2014, 15,2 % en 2018) la tasa de pobreza entre las personas con trabajo se ha mantenido “extraordinariamente estática”, alrededor del 14 %.
¿Algo tendrán que ver las condiciones de trabajo? Pues sí, y aunque no le corresponde al informe adentrarse en el estudio detallado de estas sí apunta, con acierto, tres elementos que influyen: el menor número de horas trabajadas, o dicho de otra forma el incremento de personas trabajando a tiempo parcial (TTP); la reducción del valor del trabajo, o dicho de otra forma la escasa remuneración salarial; y el tiempo de duración de los contratos, o dicho de otra forma su cada vez mayor reducción para un gran número de ellos ya que repárese en que un elevado número no supera los dos meses de duración según los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, siendo los datos disponibles con los que ha trabajado el Informe que la duración media de los contratos era de 55 días en junio de 2012 y se ha mantenido, o más exactamente se ha reducido ligeramente, en junio de 2018, fecha en la que era de 51 días.
¿Afectan a unos colectivos mucho más que a otros las situaciones de precariedad? Sí, en especial a los jóvenes (desde 16 hasta 29 años) y a las mujeres. Los datos del TTP ponen de manifiesto una mucha mayor presencia entre el colectivo juvenil (50,7, 35,2 y 19,4 % en las franjas de 16 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años) frente al total (14,6 % siempre con datos de 2018), y entre la población femenina (24,0 % frente al 6,8 % masculino). Un dato a destacar es el importante incremento experimentado por el TTP durante los años de la crisis (2008 a 2013), que no se compensó por una importante disminución de este (sólo fue muy limitada) a partir de la recuperación.
El número de horas trabajadas, y por supuesto la duración de la contratación, tiene importante repercusión en las rentas obtenidas por esas personas y supone una afectación negativa al cómputo de la ganancia media por trabajador (es conveniente aquí acudir a los informes anuales sobre estructura salarial en España que elabora el Instituto Nacional de Estadística, o para el ámbito europeo los datos de Eurostat), como se pone de manifiesto en el Informe 2019 cuando se procede a su comparación con el crecimiento del Índice de Precios al Consumo en el mismo período. Así, si la ganancia media pasó de 22.899 a 23.643 € entre 2011 y 2018, un 3,3 %, el IPC creció en un 8,1 %, es decir supuso “una pérdida del poder adquisitivo cerca a los cinco puntos porcentuales”. Si concretamos más los datos y distinguimos entre población pobre y no pobre, siendo la renta media de las primeras de 3.794 € y la de las segundas de 13.503 €, el incremento del IPC ha significado que “desde el año 2008 las personas pobres han perdido un 10,7 % de su capacidad adquisitiva y la de los no pobres se ha reducido en un 3,7 %”.
En suma, y tal como se concreta en el informe monográfico sobre la población pobre, “una de cada tres personas pobres, mayores de 15 años, trabajan, es decir disponen de un empleo remunerado, pero cuyo salario no les permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas”. Por tanto, siendo cierto que “si no se trabaja, las posibilidades de pobreza son altas”, no lo es menos que “si se trabaja, no siempre es posible evitar ser pobre”, algo que vuelve nuevamente al Informe a formular la necesidad de una reflexión sobre “la importancia del contexto normativo y las condiciones contractuales del trabajo que se dan en la actualidad”.
Si es preocupante la tasa de pobreza entre la población ocupada, lo es mucho más entre la población desempleada, que alcanza el 46,8 % en 2018, dato que cuestiona la eficacia de los sistemas de protección social para dar cobertura adecuada a las personas que lo necesitan, aun y siendo positivo a mi parecer el incremento experimentado en los últimos dos años de las prestaciones contributivas y la consiguiente disminución de las asistenciales, aun cuando no debe olvidarse por supuesto el importante número de personas que, bien por no haber accedido a un empleo (en su gran mayoría jóvenes), bien por no cumplir los requisitos para poder acceder a alguna prestación, quedan fuera del circuito protector, sin perjuicio de su posible (y muy limitada cobertura, salvo en las Comunidades Autónoma del País Vasco y de Navarra) de las rentas autonómicas de ingresos mínimos.
Un dato relevante que se pone de manifiesto en el informe es que la disminución de la tasa de pobreza entre las personas desempleadas no significa necesariamente una mejora de sus condiciones de vida, ya que buena parte de esa reducción deriva del pase a la inactividad (por agotamiento de las prestaciones, por desesperanza de encontrar un empleo), con lo que el porcentaje o tasa de pobreza se incrementa entre las personas inactivas, desde el 23,4 % de 2013 hasta el 28,3 % de 2018. Otra posibilidad a considerar, y que desde luego ha encontrado respuesta positiva al menos hasta hace tres años, variando ligeramente a partir de entonces, es que la reducción de la tasa de pobreza de las personas desempleadas se haya debido al regreso a sus países de origen de población extranjera, y en su gran mayoría, para este supuesto, extracomunitaria, dato que el informe considera relevante porque “como se ha mostrado en informes anteriores, la enorme reducción de la población extranjera se ha producido casi en su totalidad entre el grupo de personas más pobres”.
Algo que por ser suficientemente conocido no deja de ser necesario recordar es que cuanto mayor es el nivel formativo de las personas menor es su tasa de pobreza, 9, 3 % frente al 20, 6 % del total de la población. En cualquier caso, y tal como destaca el informe, las tasas “con pequeños altibajos, se mantienen constantes desde el año 2014. Para ellas, la reducción de este año ha sido de cuatro décimas, con lo cual, su tasa se mantiene más de dos puntos por encima de la del principio de la década y, desde el inicio de la fase de crecimiento macroeconómico, en 2014, acumulan una reducción de nueve décimas”.
5. El X Informe se ha publicado muy recientemente, y sin duda merecerá especial atención durante el Seminario. Es lógico que, dada la situación de incertidumbre económica y social que vivimos, el Informe sea prudente en cuanto a reseñar los efectos que la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha tenido sobre la población más desfavorecida, si bien ya apunta que será muy relevante, y añado por mi parte que si el sistema de protección social no se hubiera visto reforzado tal como he hecho el actual gobierno, hubiera sido muy superior. Así, puede leerse que “… no es posible saber exactamente en cuánto ha aumentado la pobreza y vulnerabilidad por efecto de la crisis generada por la covid-19, cuya inmediatez, velocidad y dureza es, todavía, extrema. Sin embargo, la experiencia de atención directa a personas usuarias de las entidades que forman la EAPN, unida a la exploración de las consecuencias sobre la pobreza y exclusión que tuvo la intensa contracción económica registrada entre los años 2009 y 2013, obligan a considerar los últimos datos como un mínimo muy por debajo de la realidad. Con toda probabilidad, cuando se conozcan, los guarismos serán superiores; sin embargo, no serán más que una constatación estadística que vendrá a acentuar la percepción del escenario, ya grave, que dibujan los datos actuales”.
Desde una reflexión de alcance más general en el tiempo, desde el inicio de la crisis económica de 2008, y que se ha venido repitiendo en informes anuales anteriores, se pone de manifiesto que “se constata la desigualdad en el reparto de las consecuencias de la crisis económica, tanto en términos de personas como de territorios. Durante la época de crisis -primera mitad del periodo-, las personas más pobres sufrieron un desgaste acelerado de sus condiciones de vida que el período posterior de recuperación macroeconómica solo pudo compensar parcialmente y de forma mucho más lenta que para el resto de la población. Respecto al sexo, la tendencia al deterioro de la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres aparece en muchos indicadores. Son enormes las diferencias de género que se verifican en el mercado laboral mostrándose también, con diferente intensidad, en la medición de las condiciones de vida. Con respecto a los territorios, las diferencias en AROPE entre las regiones del norte de España y las del sur son muy elevadas y, entre los casos extremos, se triplican”.
El impacto social de la pandemia, que será objeto de especial atención en el Seminario, ha sido ya ampliamente analizado por un equipo de trabajo plurisdiciplinar de FUNCAS dirigido por el profesor Carlos Ocaña. Director general de la Fundación, en el informe “Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar”, en el que se pone de manifiesto el importante incremento de demandas de ayudas a las entidades del TSAS por colectivos que no quedan, o que sí lo están pero de manera insuficiente, protegidos por las medidas sociales instrumentadas desde el inicio de la crisis, apuntando la necesidad de programas específicos para algunos colectivos para tener mayor efectividad en los resultados que se obtengan, con especial atención a las y los jóvenes, población migrante y familias monoparentales; igualmente, se apunta la necesidad de una mejora de la gestión y coordinación de las políticas sociales por parte de todos los organismos encargados de la gestión de las políticas diseñadas y que se plasman en normas publicadas en los boletines oficiales (del Estado y de las Comunidades Autónomas) correspondientes.
Referidos al empleo y a las políticas instrumentadas para abordar la crisis, hay tres conclusiones, recogidas en el resumen ejecutivo del informe, que deben merecer nuestra atención: en primer lugar, que las medidas de política económica adoptadas para mitigar la caída de ingresos, como ERTES, ayudas a autónomos por cese de actividad, el IMV, etc., “compensan significativamente la caída de rentas que se habría producido en su ausencia.
En segundo lugar, que pese a tales medidas paliativas “algunos colectivos han sufrido un deterioro importante en sus ingresos. El estudio estima que en torno a 280.000 personas han perdido la totalidad de sus ingresos (adicionales a los aproximadamente 565.000 que ya estaban en esa situación antes de la llegada del COVID-19). Además, otro colectivo de considerable volumen, estimado en torno a 1,2 millones de personas, ha sufrido una reducción sustancial de sus ingresos (no inferior a un 30%). Este colectivo incluye a trabajadores afectados por los ERTE y sus familias, así como también a nuevos parados, entre otros”.
Por último, y con afectación directa al sistema de contratación laboral (objeto de atención por mi parte en la ponencia presentada esta semana en el XXX Congreso Nacional de la AEDTSS), “El empleo (asalariado o no) es la principal variable que explica el impacto de la pandemia. La caída de la actividad laboral está en línea con la caída de la economía, estimada en un 13% en 2020. Sin embargo, la tasa de paro, situada en el 16,3% en la EPA del tercer trimestre, no muestra la reducción de las horas trabajadas que realmente se ha producido porque buena parte del impacto ha quedado amortiguado por los ERTE, que en el segundo trimestre de 2020 llegaron al 25% de los ocupados, y por otras medidas anticrisis. La evolución de los asalariados muestra una importante pérdida de empleo entre los trabajadores temporales”.
Las reflexiones sobre las necesarias transformaciones del Sistema Nacional de Empleo para adecuarlo a los Objetivos 2030 deberán pasar, entre otras medidas, para un buen experto y conocedor de las políticas de empleo, Francesc Castellana i Aregall, director del Servicio Público de Empleo de Cataluña durante el período 2004- 2006, y con el que mantengo una estrecha colaboración en el estudio de las políticas de empleo por un alineamiento de las estrategias de empleo multinivel (estatal, autonómicas y locales), por una territorialización del diseño y planificación de las políticas activas de empleo (PAE), de su integración con otras políticas económicas y sociales, y con un enfoque de aquellas que se dirija a las necesidades específicas de las personas usuarias.
6. En el documento sobre “metodología talleres” preparado por la organización y que se ha enviado a todas las personas ponentes se nos pide que se haga una presentación inicial de la temática asignada, con diagnóstico de los problemas existentes y propuestas para abordarlos, así como sobre cual será el papel del TSAS, con un documento marco de apoyo en el que se recogen los trabajos realizados, y las distintas propuestas formuladas, por las distintas entidades territoriales, de tal manera que posteriormente pueda haber un debate con todas las personas virtualmente asistentes. Un documento, en el que se hace expresa mención a otro anterior referido a la situación en Europa anterior al inicio de la crisis actual y en el que se constataba que los sistemas sanitarios, de protección y servicios sociales “habían dejado a millones de personas con coberturas insuficientes o sin ellas, que muchas personas trabajadoras contaban con empleo precario o atípico, sin derechos, y que -junto las personas con trabajo autónomo- eran eslabones especialmente débiles”, con especial incidencia sobre quienes trabajan en la economía sumergida por la práctica carencia de derechos que puedan ejercer.
He leído con la atención que se merece, y sin duda también por la obligación de tener en cuenta las distintas aportaciones efectuadas por personas y entidades que conocen directamente de primera mano la realidad social, el citado Documento base. Hay algunas consideraciones de carácter general, y otras mucho más concretas, que son sin duda de indudable valor para situar los términos del debate y cómo avanzar en la adopción de medidas que tiendan a reducir la situación de desprotección laboral y social en la que vive una parte nada menospreciable de la población que vive en España (y obsérvese que digo “vive en España” y no “española”, ya que un número importante de personas en situación de vulnerabilidad social son extranjeras y en su gran mayoría extracomunitarias).
El documento base recoge, y es de indudable interés su atenta lectura, el análisis efectuado por el grupo de empleo de EAPN-ES sobre la incidencia de la Covid-19 en dicho ámbito. Respecto a la población extranjera resalto su importancia en el mercado de trabajo español antes de la pandemia, a la espera de tener una información más detallada sobre sus consecuencias durante todo el año 2020. En efecto, el informe 2019 sobre la presencia de aquella en elmercado de trabajo en España, realizado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal nos aportaba el dato significativo de que el número de contratos registrados en los servicios públicos de empleo “fue de 22.512.221, de los que 4.343.943 correspondieron a trabajadores extranjeros. El peso de este colectivo en el total de la contratación en 2019 fue del 19,30 %. Respecto a 2018, la contratación a extranjeros ha crecido un 7,47 %, porcentaje inferior en 2,4 puntos porcentuales al alcanzado en 2018”. También debe destacarse que “En relación el nivel formativo el 69,12 % de los contratados del colectivo tenían estudios primarios o no acreditados”, y que “entre las modalidades de contratación temporal “son los contratos por Obra o servicio los más utilizados para contratar a trabajadores extranjeros, representando el 50,36 % de los contratos temporales registrados por el colectivo en 2019. La segunda modalidad más empleada fue la de Eventual por circunstancias de la producción que supuso el 45,57 %. Las modalidades contractuales en las que son mayormente contratados los extranjeros corresponden a Obra o servicio, con 1.891.251 contratos (53,40 %) y Eventual por circunstancias de la producción, con 1.508.360 (42,59 %)”. Las ocupaciones en las que había un mayor número de contratados extranjeros “corresponden a Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines); Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines, Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, y Ayudantes de cocina”.
Según el documento base, “el empleo carece de calidad suficiente para garantizar que todas las personas trabajadoras gocen de un nivel de vida digno, mientras que casi la mitad de las personas menores de 25 años están en el paro, la tasa más elevada de la UE. La digitalización de la economía y la transición ecológica, así como los Fondos de Recuperación y Resiliencia y el nuevo marco plurianual de Fondos Estructurales, son oportunidades que se deben aprovechar, de lo contrario se producirá un incremento de la exclusión laboral y, consecuentemente, de la desigualdad”.
El informe menciona a algunos colectivos a los que difícilmente han podido llegar la medidas laborales y de protección social instrumentadas tanto por el gobierno español como por los autonómicos en sus ámbitos competenciales, o bien están llegando con retraso, si bien no es menos cierto que se hacen esfuerzos para que sea posible que les alcancen sus efectos, habiendo sido estudiadas y analizadas la gran parte de las medidas laborales y de protección social dictadas desde el Real Decreto 6/2020 y hasta el núm. 33/2020 en distintas entradas del blog y a las que ahora me permito remitir. Entre esos colectivos se cita a las personas inmigrantes en situación irregular inicial o sobrevenida por la crisis, y quienes han accedido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y al IMV, o a las ayudas para personas trabajadoras autónomas por cese de actividad, pero que por diversas circunstancia se ha demorado su pago, que deben unirse a las personas jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad que ya eran colectivos especialmente afectados con anterioridad.
Sobre la población trabajadora acogida a un ERTE cabe destacar que al fin se ha reconocido su estatus de colectivo preferente para acceder a las ofertas formativas o iniciativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, ya que el RDL 30/2020 de 29 de septiembre ha sido desarrollado por la Orden TES 1109/2020 de 25 de noviembre, que modifica la normativa vigente en aquel ámbito, tanto la oferta formativa de las Administraciones Públicas como la programada por las empresas para las personas que prestan sus servicios para ellas, para “permitir y fomentar” la participación de personas trabajadoras afectadas por un ERTE. Por ello, la nueva regulación, ya en vigor, permite la participación de aquellas en la formación programada por las empresas para su trabajadores y trabajadoras, en la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, y para personas trabajadoras en situación desempleo, teniendo las y los acogidos a un ERTE “la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”.
7. Para el debate en el taller dedicado a las políticas de empleo, del que soy el ponente, me parece necesario hacer mención a los problemas principales detectado en materia de empleo durante el XIV encuentro de participación, dedicado a “Derechos,gobernanza y participación que tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre cuya pretensión era “ofrecer oportunidades para la contribución social, pública y política de los ciudadanos en situación de exclusión social, a través de la generación espacios para realizar propuestas”, y ser un espacio que “consiga la adhesión a políticas y acciones de inclusión social por parte de diferentes actores del poder público y político en Europa, sus Estados Miembro y en los diferentes territorios y naciones”.
“Dificultad de acceso al mercado de trabajo, especialmente para las personas con desempleo de larga duración o en situación de vulnerabilidad:
• Problemas de acceso o reincorporación al mercado de trabajo de las personas que experimentan pobreza y/o en riesgo de inclusión y condiciones de este acceso.
• Condiciones de acceso excluyentes. Hay dificultades de acceso al mercado de trabajo y acceder a un trabajo digno, especialmente discriminación laboral entre los jóvenes y mayores de 45 años. Exigencia de experiencia (falta de oportunidades para los jóvenes, aunque estén formados)
. Las dificultades se aumentan en zonas rurales y afectan mayoritariamente a jóvenes y mujeres.
• El Estado que otorga la protección internacional a las personas solicitantes de asilo no les permite trabajar hasta los 6 meses de estancia en España. Si el Estado diera antes los permisos de trabajo, no obligaría a las personas a depender de ayudas sociales cuando están acostumbradas y a trabajar y vienen a España a trabajar”.
No podían falta en estos debates sobre las políticas de empleo las críticas al uso desviado de algunas modalidades contractuales, como la utilización del contrato a tiempo parcial que esconde trabajos a jornada completa, o la existencia de prestaciones laborales sin vinculación contractual y por tanto carente realmente de derechos, la precariedad laboral manifestada tanto en supuestos como los ya citados como en otros que pueden ser la muy corta duración de los contratos y el encadenamiento de muchos de ellos de muy corta duración, o las dificultades para acceder a las ofertas formativas, o en fin, las dificultades reales para la conciliación de las vidas personales, familiares y laborales, siendo en muchos casos especialmente afectados las personas jóvenes (en la normativa laboral española de fomento de empleo se incluye a las personas comprendidas entre 16 y 30 años de edad, inclusive) y las mujeres.
El documento base incluye entre sus propuestas para las actuaciones gubernamentales, y por supuesto también para que se pueda influir en las políticas europeas, la mejora de la calidad del empleo y la reducción de la desigualdad de género en el empleo, y entre las propuestas mas incisivas, y que sin duda deben merecer un amplio debate jurídico y social por su trascendencia (y cómo encajarlas, si fuera posible, en los marcos constitucional, legales y estatutarios existentes) la de aprobar una ley “que obligue a las empresas a contratar como mínimo a un 4 % de personas en situación de riesgo o exclusión social”.
El documento también incluye un apartado específico en el que se formulan propuestas de carácter general, sin duda necesitadas de mucha mayor concreción en su posible desarrollo, para potenciar las políticas activas de empleo en favor de las personas desempleadas y con mayor riesgo de exclusión social, que son las siguientes: “Crear más empleo para insertar a las personas con mayores dificultades • Facilitar ayudas de autoempleo y/o emprendimiento con la rebaja fiscal para personas con mayores dificultades • Políticas de fomento de la responsabilidad social corporativa • Fomento de la economía social-solidaria. • Facilitar y agilizar el proceso de homologación de titulaciones extranjeras. • Acompañamiento en la búsqueda de empleo una vez finalizada la formación. • Mejora de la orientación laboral de las oficinas públicas de empleo”.
8. En la elaboración y aportación de propuestas en donde tenga un importante papel a jugar el TSAS no podemos olvidar la importancia de la economía social, que se pone claramente de manifiesto en el Documento “Estrategia FSE+ 2021- 2017” , elaborado por el MITES y sometido a consulta pública, para recoger las observaciones que se formulen al mismo, justamente hasta el día de inicio del Seminario anual de la EAPN-ES. La finalidad del documento es “establecer los principales elementos del FSE+ para España, sin perjuicio de los cambios que puedan surgir a lo largo del proceso de programación devenidos por diferentes circunstancias económicas, sociales o políticas”, debiendo ir las inversiones realizadas con los fondos disponibles fundamentalmente a tres ámbitos: “Empleo, fundamentalmente, a través de la igualdad de acceso al empleo, condiciones de trabajo justas, fomento del emprendimiento y mejora de la empleabilidad; • Educación, formación y aprendizaje permanente; • Inclusión social y lucha contra la pobreza”.
Más concretamente, entre las prioridades identificadas se considera relevante contribuir con la inversión del FSE “al apoyo y fomento del emprendimiento en Economía Social, incluyendo el emprendimiento de base tecnológica, en economía verde, azul y circular; el apoyo a la creación, supervivencia, sostenibilidad y crecimiento de empresas de Economía Social, incluidas las que tienen por objeto favorecer la inclusión laboral y social de personas con discapacidad y otras en situación o riesgo de exclusión social, con medidas de asesoramiento y acompañamiento, entre otras”. Por lo que respecta a las medidas de inclusión social y lucha contra la pobreza y la exclusión social, cabe destacar que se establecen prioridades de inversión “destinadas a promover la accesibilidad para las personas con discapacidad, fomentar la igualdad de oportunidades y luchar contra todas las formas de discriminación, así como apoyar la integración de las personas migrantes. De igual forma, se deberá impulsar la mejora de la empleabilidad y la integración socioeconómica de los grupos marginados, incluidas las personas sin hogar”.
Digno de especial atención, por la importancia concedida a las Administraciones Locales, es la propuesta de garantizar la prestación y acceso a servicios básicos en condiciones de equidad adaptada a las características de cada territorio, por lo que se deberá trabajar en todos ellos, junto con las Administraciones de las Entidades Locales, “para propiciar un desarrollo local, una generación de oportunidades de empleo y también contribuir a la fijación de la población en el territorio, así como, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.
La importancia del rol que deben desempeñar un servicio público de empleo en donde las oficinas locales jueguen un papel de primera importancia ha sido bien destacado por un buen conocedor de las políticas de empleo ya mencionado con anterioridad, Francesc Castellana. En un artículo publicado en El diari del treball el 12 de diciembre de 2018, titulado “La dimensió local de l’ocupació: apropar les polítiques allloc de les persones” (“La dimensión local del empleo: acercar las política al lugar de las personas”) se manifestaba en estos términos (traduzco del original en catalán):
“El debate no puede ser entre descentralización de la gestión y prestación de servicios hacia los municipios desde las autonomías o centralización autonómica. El verdadero reto del sistema ocupacional es involucrar el liderazgo local, que los ciudadanos otorgan a los ayuntamientos, en una gestión de las políticas de empleo que toma como centro la oficina de los servicios públicos de empleo. Una oficina que debe ser referente de las políticas de empleo, con una prestación de servicios alineados a la demanda presente y futura del empleo en el espacio físico.
La nueva oficina de empleo debería tener autonomía operativa orientada a resultados e integrar efectivamente las políticas de protección de las personas ocupadas, llamadas pasivas, con las políticas de apoyo y acompañamiento a las personas desempleadas y las empresas que buscan profesionales, llamadas activas. El plan de trabajo de la nueva oficina debería estar alineado con el objetivo de la estrategia de los servicios de empleo en su doble vertiente estatal y autonómica y estar integrada de lleno en el sistema local, coliderando con la administración local la estrategia de desarrollo económico y social en el ámbito local de referencia.
Las oportunidades de empleo, en la clasificación de los requerimientos profesionales específicos del empleo que se ofrece para las empresas, las disponibilidades personales y niveles de calificación acreditable de las personas son el foco de la acción de la oficina local en la su gestión cotidiana. Para ser más eficientes pero, estas acciones deben estar alineadas en el medio y largo plazo a la estrategia de desarrollo del territorio de referencia”.
El documento del MITES fija once objetivos “específicos” para el período 2021 -2027, todos ellos de afectación directa o indirecta al mundo laboral por lo que respecto al acceso al empleo, las necesidades formativas tanto educativas como laborales y las condiciones de trabajo, con pleno respeto a la perspectiva de genero y el ejercicio de derechos que permitan facilitar la conciliación de vidas laborales, familiares y personales, así como una mayor implicación de las personas trabajadores en las decisiones que les afectan en sus empresas. Se trata, dicho sea en términos amplios, de “i) mejorar el acceso al empleo de todos los demandantes de empleo, y en particular de los jóvenes y los desempleados de larga duración, y de las personas inactivas, promoviendo el empleo por cuenta propia y la economía social”, y “ii) modernizar las instituciones y los servicios del mercado de trabajo para evaluar y prever las necesidades de capacidades y garantizar una asistencia oportuna y personalizada y el apoyo a la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, las transiciones y la movilidad”.
La mayor importancia del documento a los efectos de mi exposición radica en la identificación de los colectivos o grupos de destinatarios a quienes deben ir dirigidas las medidas y actuaciones del FSE +. Además de las personas desempleadas y en especial de las que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, y con atención preferente a los mayores de 45 años y a las personas jóvenes, también se apuesta claramente por que las medidas se dirijan a “personas en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social”, con un amplísimo listado de colectivos, por lo que creo necesario que las medidas que se adopten delimiten claramente los colectivos a las que van dirigidas, a los efectos de maximizar su eficacia. Son lo siguientes: “- Mujeres víctimas de la violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo. - Personas sin hogar. - Personas con discapacidad. - Personas migrantes, nacionales de terceros países, personas refugiadas y solicitantes o beneficiarios de Protección Internacional, con atención específica a colectivos más vulnerables como mujeres, menores, embarazadas, personas enfermas o discapacidad, así como víctimas de trata de seres humanos. - Población gitana y otras comunidades marginadas. o Personas reclusas y ex reclusas. Personas con problemas de adicción. - Personas mayores, especialmente, en situación de dependencia o discapacidad. - Colectivo LGTBI. - Personas incluidas en “pobreza energética”. - Personas víctimas de cualquier tipo de discriminación en el mercado laboral. -Víctimas de terrorismo y sus familias. - Personas con responsabilidades familiares pertenecientes a grupos vulnerables, sobre todo, las familias monoparentales y personas que aportan el segundo ingreso familiar. - Población en situación administrativa irregular, asentamientos y personas sin hogar, que no entran dentro del circuito de los servicios sociales. - Población infantil. - Personas con enfermedades crónicas. - Otras personas víctimas de cualquier forma de discriminación por razón de raza, sexo, etnia, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o creencias”.
Dicho sea incidentalmente, sobre un colectivo, el de los enfermos crónicos, que ha merecido muy poca atención por la doctrina jurídica laboralista, se acaba de publicar un libro de recomendable lectura, ya que aborda toda su problemática laboral, del profesor David Montoya, de la Universidad de Alicante, “Tutelalaboral y protección social de los enfermos crónicos”en que aborda su problemática desde los estadios precontractuales hasta laextinción de la relación laboral.
Bastante más lejano en el tiempo, pero sigue siendo de indudable interés por la calidad y rigurosidad de las reflexiones que realiza, es la obra publicada en 2008 por la profesora Sofía Olarte, de la Universidad de Granada “Políticas de empleo y colectivos con especiales dificultades. La subjetivación" de las políticas activas de empleo”. De especial interés son los dos últimos bloques de la publicación, y tal como puede leerse en el resumen de esta “… El cuarto analiza la configuración legal de los colectivos prioritarios y su papel en la Ley de Empleo, dimensión subjetiva que consideramos es un eje axial de la misma. Y, finalmente, en el capítulo 5º se realiza un análisis de la situación laboral de cada uno de los colectivos, así como un balance de las medidas que se han adoptado para cada uno de los colectivos objeto de tratamiento diferenciado (11): jóvenes, mayores, mujeres, discapacitados, inmigrantes y emigrantes retornados, parados de larga duración y perceptores de rentas y subsidios por desempleo, mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas, personas en situación de exclusión social, analfabetos funcionales, personas con necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar y medidas genéricas para todas las personas”.
9. Por último, es necesario detenerse ahora en el Plan anual de política de empleo (PAPE 2020) aprobado en la LXXVIII conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que tuvo lugar el 30 de septiembre y que fue publicado en el BOE del 2 de noviembre
Justamente en dicha reunión la Ministra Yolanda Díaz manifestó que “incorporamos una propuesta para la constitución de los Grupos de Trabajo para el inicio de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que serán los cimientos para pilar de Empleo del Plan Nacional para la Recuperación, Transformación y Resiliencia”, habiendo elaborado el SEPE un documento base para el impulso de las políticas activas de empleo que lleva por título “Enfoque estratégico y hoja de ruta para la reforma de las PAE y la elaboración de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024”, en el que puede leerse, por lo que respecta al objeto de la presente entrada, que “las políticas activas de empleo han de poder cumplir de forma efectiva los objetivos de la mejora de la empleabilidad y el fomento del empleo especialmente de los colectivos más desfavorecidos, que son, por otra parte, los más expuestos y vulnerables en situaciones de crisis económica. Las políticas activas han de centrar gran parte de sus esfuerzos en su atención, procurando su inclusión y tomando en consideración las distintas circunstancias personales (las franjas de edades, la perspectiva de género, exclusión y vulnerabilidad). Asimismo, es necesario el reforzamiento de las regulaciones, estrategias y programas de empleo existentes, además de, en su caso, su actualización y adaptación”, llamando la atención sobre la conveniencia de concentrar prioritariamente los incentivos económicos en el empleo indefinido de colectivos desfavorecidos, es decir de aquellos que tienen más dificultades de incorporarse al trabajo, y con especial atención a la puesta en marcha de políticas formativas que faciliten tanto directamente dicha contratación como la conversión de contratos temporales en indefinidos.
A la espera de la elaboración y aprobación de la EEAE 2021- 2024, y remitiendo a las personas interesadas en el conocimiento de las EEAE 2014- 2016 y 2017-2020 a las entradas “Análisis de la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 ydel Plan anual de política de empleo 2014. ¿Una nueva reforma o simpleadaptación del marco normativo vigente con cambio de palabras?” “Notas sobre la Estrategia española de activación para el empleo 2017 – 2020” me detengo en algunos de sus contenidos más destacados
En primer lugar, su obligada conexión con la EEAE 2017-2020, que recordemos que establece tres tipos de objetivos, complementarios entre sí: los claves, conceptuados como aquellos que “resumen la finalidad última de los servicios públicos de empleo”; los “estratégicos o prioritarios”, a los que se cataloga como los que “adquieren especial relevancia en un momento determinado, sobre los cuales se tiene que focalizar el esfuerzo durante un tiempo”; en fin, los “estructurales, de naturaleza estable”, que se apoyan en los seis ejes de activación para el empleo fijados en el art. 10 de la Ley de Empleo (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento, y mejora del marco institucional), objetivos que deben ser atendidos por los servicios públicos de empleo (SPE) “en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo”. Tanto los objetivos claves como los prioritarios o estratégicos son concretados anualmente en el PAPE, que recoge también los indicadores a utilizar para conocer el grado de consecución de aquellos, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos, enfatizándose en el de 2020 la confirmación de la simplificación y racionalización del número de indicadores, ya iniciada en el PAPE del año anterior.
En segundo término, cabe destacar su análisis de la situación actual del mercado de trabajo, totalmente condicionado por la crisis sanitaria, por lo que tiene menor importancia la comparación de los datos del cuarto trimestre de 2019 con respecto a los del mismo período de 2018, a cuya lectura remito a las personas interesadas. Respecto a los datos económicos y de empleo del primer semestre de este año, pueden sintetizarse así: caída acumulada del Producto Interior Bruto del 23,7% en los dos primeros trimestres de 2020; pérdida de 1.359.700 (-6,8%) puestos de trabajo, “sin tener en cuenta a los trabajadores en ERTES que siguen computando como ocupados”; disminución de la población activa en 1.183.600 (-5,1%), e incremento del número de personas desempleadas en 176.100 personas (5,5%) desempleadas; reducción del número de trabajadores con contratos indefinidos en 392.100, y de temporales en 927.200; en fin los datos de desempleo en julio eran de 3.773.034 personas desempleadas, y la contratación acumulada de los siete meses ha sido de 4.332.806, una disminución de 32,90 % sobre el mismo período del año anterior.
Los objetivos “claves” marcados para 2020, y que guardan relación directa con las políticas comunitarias plasmadas en las orientaciones generales de política de empleo para cada Estado miembros, son las siguientes: “reducir el desempleo; aumentar la activación y reducción de los períodos de desempleo; mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes; mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo”.
Los objetivos estratégicos son los siguientes: “Favorecer el mantenimiento del empleo y recuperar el nivel de ocupación. Promover y potenciar la activación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años, con especial atención a quienes presentan mayores necesidades de formación y riesgo de precariedad laboral, mediante instrumentos como el Plan de Choque por el Empleo Joven (2019-2021) y la Garantía Juvenil. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de los colectivos más vulnerables, con especial atención a las personas que hayan perdido su empleo como consecuencia del COVID-19, personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años, mediante instrumentos como el Plan Trienal para Prevenir y Reducir el Paro de Larga Duración 2019-2021 (Plan Reincorpora-T). Mejorar la cualificación y el reciclaje profesional de las personas trabajadoras a través de acciones de formación y adaptación profesional. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística, fortaleciendo la colaboración con terceros, para promover la atención de personas usuarias y la generación de oportunidades de empleo para las mismas. Adaptar los Servicios Públicos de Empleo al nuevo contexto y necesidades de atención de personas y empresas usuarias, a través de la optimización y refuerzo de su organización, procesos y tecnología”.
Los objetivos estructurales son los ya recogidos en la EEAE y en la Ley de Empleo. Una síntesis de todos ellos la realicé en mi comentario de la EEAE en estos términos: “Como digo, el primer eje es el de orientación, siendo uno de los objetivos instrumentales incorporados al mismo el de orientación y acompañamiento de itinerarios individualizados personalizados. El segundo es el de formación, al objeto de mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores, destacando a mi parecer el objetivo instrumental de “promover la formación vinculada a contratación y obtención de experiencia laboral”. Las oportunidades de empleo es el tercer objetivo estructural, con atención especial para los colectivos desfavorecidos, la dimensión local de la política de empleo y la promoción de la activación de quienes perciben prestaciones por desempleo, llamándose una vez más a “la vinculación de las políticas activas y pasivas”.
El eje cuarto está dedicado a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con especial énfasis en las medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral. El reto del emprendimiento está recogido como quinto objetivo (recordemos que el art. 10 de la LE dispone al respecto que comprende “las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local”), incluyéndose en el mismo como objetivo estructural, como especial novedad que demuestra la importancia que está adquiriendo en el mundo laboral, no sólo la promoción del empleo autónomo, sino también “las nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía digital y las distintas fórmulas de la economía social y de la economía colaborativa”.
Por fin, el eje sexto está dedicado a la mejora del marco institucional, de carácter transversal y por tanto de afectación a todos los cinco anteriores, destacando a mi parecer uno de sus objetivos instrumentales novedosos, cuál es el de “evaluación del desempeño y desarrollo de una Agenda de Cambio en base a sus resultados”.
El PAPE 2020 pone el acento, como novedad, en el eje 1 de orientación, en la dirigida a empresas y trabajadores, en colaboración con entidades locales y otros agentes del mercado de trabajo, “para impulsar la intervención temprana ante situación de riesgo de pérdidas de empleo”. En el eje 2 de formación, en el ajuste de la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del tejido productivo, y en el impulso de la formación en las empresas, “especialmente la que responde a las nuevas necesidades del contexto COVID-19”. En el eje 3, de orientaciones de empleo, se añade una precisión específica para “las cabezas de familia monoparentales” y se apuesta por fomentar y sostener la contratación y la promoción del empleo “en la dimensión local y/o en actividades de interés general o social”. En el apartado 4, de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, se resalta la importancia de facilitar la movilidad sectorial. En el eje 5, de emprendimiento, se hace una precisión de especial importancia a mi parecer, que marca la línea de tendencia de las políticas de empleo del actual gobierno: “Deba hacerse énfasis en la creación y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento viables y con perspectivas de crecimiento y consolidación estables, a cuyo fin el seguimiento y apoyo de las que están en marcha resulta fundamental. Debe evitarse impulsar a las personas a posiciones autónomas precarias y vulnerables”. Su concreción en los objetivos se plasma en estos términos: “5.1 Promover el emprendimiento, el empleo autónomo y las nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía social, digital y colaborativa, así como la intervención temprana para evitar la pérdida de empleo. 5.2 Intensificar la formación y asesoramiento a emprendedores, especialmente en los procesos de recuperación, reconversión o digitalización de la actividad”.
En total el SEPE y las CCAA han propuesto un total de 696 servicios y programas para los seis ejes, todos ellos referenciados en anexo. De manera desagregada, y remitiendo a las personas interesadas a dicho anexo, cabe decir que el eje 1, orientación, dispondrá de 110 servicios y programas (13 comunes y 97 propios autonómicos); el eje 2 , formación, un total de 164 (17 comunes y 147 propios); el eje 3, oportunidades de empleo, 186 (6 comunes y 180 propios); el eje 4, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, 35 (5 comunes y 30 propios), el eje 5, emprendimiento, 134 (11 comunes y 123 propios); en fin, el eje 6, mejora del marco institucional del SNE, 67 (8 comunes y 59 propios).
La prórroga presupuestaria, mantiene las partidas del año anterior, en total 5.793.704,91 miles de euros, de las que se pueden distribuir entre las Comunidades Autónomas, para la ejecución de sus políticas activas de empleo, un total de 2.126.109,73 miles de euros, cuantía equivalente a la asignada en 2018.
Buena lectura
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