V. 2008 - 2018. El mundo laboral ante
los riesgos de una sociedad (des) integrada y (des)ligada. A propósito del
avance de datos de la encuesta del VIII Informe FOESSA[1].
El 30 de
septiembre dediqué mi atención al avance de dato del VIII Informe FOESSA,
documento de extraordinaria importancia para conocer la realidad social
española, y cómo afectan a las personas (trabajadoras o no) las situaciones que
hemos vivido en la “década de la crisis”. Recupero ahora los contenidos que
considero más relevantes para mi exposición.
1. El
miércoles 26 de septiembre fue presentada la Memoria 2017 de Cáritas Española,
titulada “Compartiendo compromisos”, y también un avance de la Encuesta sobre Integración
y Necesidades Sociales que forma parte del VIII Informe FOESSA que será
publicado en 2019. También era publicado la semana anterior un informe de Oxfam
sobre la realidad del mundo femenino en el mercado de trabajo, “Voces contra la
precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa”, con amplias menciones a la
realidad española a través de las voces de protagonistas directas de esta, y se
hacía público el seguimiento que dicha organización junto con Unicef y World
Wildlife Fund (WWF) realizan periódicamente del cumplimiento por España de las
Objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Son, todos
ellos, documentos que acercan a la realidad del mundo en que vivimos, una
realidad que condiciona considerablemente el futuro de muchas personas y de sus
familias, que nos señalan como le mejora de la situación económica y social de
una parte de la población va acompañada del mantenimiento, o la caída, en
situación de precariedad para una parte nada desdeñable, por su importancia, de
la población, así como también, y esta es sin duda el aspecto más preocupante,
de la existencia de otra parte de la población que se encuentra en situación de
exclusión social severa. Y en todas estas situaciones, el mundo del trabajo
juega un papel relevante, tanto por la posibilidad de acceder a mayores o
menores ingresos, o de no disponer de los mismos en caso de encontrarse una
persona en desempleo o no poder acceder al mismo, como por la de disponer de un
sistema de protección social ante la pérdida del empleo, o de no tener tal
posibilidad por falta de períodos de cotización o no encontrarse la persona
afectada en una de las situaciones (determinada edad, responsabilidades
familiares,…) que permiten acceder a prestaciones asistenciales.
Son
informes, en especial el de la Fundación FOESSA, que no deberían ser únicamente
objeto de atención uno o dos días por los medios de comunicación y las redes
sociales, y además para poner el acento en algunos de los contenidos más
llamativos del mismo, porque, aun siendo efectivamente importantes los datos
que han aparecido en los titulares sobre personas en situación de exclusión
social severa, o cómo ha afectado la situación de crisis acaecida desde 2008 a
una parte de la población española, vista aquella diez años después, la
relevancia general ha de ser la de conocer cómo esta hoy la sociedad española
en su conjunto, qué parte de la población ha salido ganadora o beneficiada de
aquella crisis, o ha sabido adaptarse y recuperar la situación existente en
2008, y qué parte ha salido perjudicada, más o menos, de aquella, y en qué
condiciones se encuentra hoy. Y aún más importante, si las secuelas de aquella
crisis han dejado a una parte de la sociedad en grave riesgo de sufrir, mucho
más contundentemente incluso que en la anterior, las consecuencias que pudieran
derivarse de una nueva crisis económica y con sus consecuencias sociales (y si
hemos de hacer caso a las voces de cualificados economistas, no parece que
estemos muy lejos de que ello pueda producirse nuevamente a escala mundial).
2. A riesgo
de dejar en el tintero (= ordenador) gran parte de los importantes análisis y
conclusiones provisionales del documento publicado por la Fundación FOESSA, titulado
“Exclusión estructural e integración social”, destaco cuales son aquellos
contenidos y resultados que me parece que deben merecer especial mayor
atención, con especial acento en aquello que afecte al mundo laboral, partiendo
de una tesis preocupante recogida en el documento, cuál es la de estar avanzando
(la intuición propia, y estoy seguro de que también de la muchas personas iba
por el mismo camino, pero es conveniente disponer de información con datos
debidamente contrastados que así lo confirme) hacia una “sociedad desligada”,
ya que el crecimiento económico no va de la mano del desarrollo social, una
sociedad “donde el sálvese quien pueda prime sobre el no dejar a nadie detrás”.
El avance de
resultados de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales, 2018, pone
de manifiesto que desde el inicio del proceso de recuperación económica en 2014
una parte de la sociedad está “plenamente integrada”, pero que deja a otra en los márgenes de dicha recuperación,
sometida permanentemente a una situación de precariedad, y no sólo laboral, y a
una tercera en la cuneta, afectada por la “cultura del descarte”, expresión que
sin duda me recuerda a la de la “globalización de la indiferencia” con la que
el Papa Francisco trata de poner de manifiesto su crítica a como una parte
importante de la población a escala mundial está sufriendo las consecuencias de
una economía que toma muy poco en consideración, por decirlo de forma suave,
las necesidades del conjunto de la sociedad y no solo de una pequeña minoría.
Hay que
pasar de las afirmaciones generales a los datos concretos que avalen las
hipótesis. Los primeros son los de mejora general de los indicadores medios de
renta y empleo desde el inicio de la recuperación (2014), mientras que esa
mejora, esos avances hacia la recuperación de una situación vivida antes de
2008 (sin olvidar que había ya en aquel momento una parte de la población en
situación de crisis severa) “han sido mucho más limitados en las situaciones de
vulnerabilidad social y pobreza”, ya que haciendo referencia a la situación de
los hogares españoles, la encuesta constata que se ha mantenido prácticamente
la situación existente en 2013, esto es, que un tercio de la población se
encuentra afectada por un problema de insuficiencia de ingresos (tomando como
referencia el listón de las rentas que están justo por encima del umbral, el 75
% de la mediana, que es el que “suele considerarse como delimitador de las
situaciones de vulnerabilidad”). Preocupación especial para la situación de la
población joven menor de 16 años, y algo menos, pero muy poco, para los jóvenes
de mayor edad (recordemos que la normativa laboral española, dicho sea
incidentalmente, califica como jóvenes a quienes llegan hasta los 30 años
inclusive), y también ya para las personas de mayor edad, a partir de los 65
años, ya que ha crecido su situación de vulnerabilidad en los últimos tres
años, a diferencia de la etapa anterior, lo cual pone de manifiesto a juicio
del equipo autor del Informe que el sistema público de pensiones está mostrando
su debilidad para evitar tales situaciones, “especialmente en las generaciones
con cuantías medias más bajas”. Un dato a tener en consideración especial de
informe es el carácter estructural de la especial vulnerabilidad a la exclusión
social de los hogares con menores y jóvenes, colectivos que “tienen un
porcentaje de exclusión que supera en un 25 % a la media del total de la
población y más del doble si la comparamos con los mayores de 65 años”.
3. Mejora
económica considerable y muy limitados avances en los principales indicadores
sociales es una de las conclusiones del documento presentado, que guardan
relación con la debilidad del modelo distributivo en el que sí tiene una
importancia central aquello que ocurre en el mercado de trabajo y en el ámbito
de la protección social, que en los
últimos años se ha caracterizado en especial, y coincido plenamente con esta
tesis tal como lo he puesto de manifiesto en muchos de mis artículos, “por las
dificultades para generar empleo estable, los bajos salarios y la limitada
fortaleza de las redes de protección social”, en el bien entendido entonces que
la creación de empleo “es una condición necesaria pero no suficiente para la
mejora de las necesidades sociales”.
Repárese,
por ejemplo, en que la preocupación por la calidad del empleo se sitúa en el
sexto lugar de los problemas que más preocupan a las personas encuestadas en la
encuesta mensual (septiembre 2018) del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) , y que incluso sube un puesto cuando la respuesta es sobre los tres
problemas que más afectan a la sociedad española (por detrás del desempleo, la
situación económica, las pensiones y la sanidad, problemas todos ellos también
de indudable afectación a las personas trabajadoras); una preocupación
perfectamente comprensible si se repara en el elevado volumen de contratación
temporal, con encadenamientos contractuales que vulneran en muchas ocasiones la
normativa vigente, con la incertidumbre de la inestabilidad permanente que
genera para la población afectada, que suele conllevar unos niveles salarios
bajos (véase al respecto la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística
sobre estructura salarial 2016, que pone de manifiesto que “en general, los
trabajadores con un contrato de duración determinada tuvieron un salario medio
anual inferior en un 32,4% al de los contratados indefinidos”), y menores
oportunidades formativas.
Para las
mujeres en particular, el informe OXFAM pone de manifiesto que desde la
recuperación de 2014 se ha mejorado la situación de la población masculina en
el mercado laboral, mientras que la femenina se ha mantenido igual que en los
años de crisis, o incluso ha empeorado (la brecha salarial de género es del
14,2 %), tratándose de dinámicas que “parecen reforzar tendencias a largo plazo
sobre la participación de la mujer en la economía remunerada, caracterizada por
los bajos salarios y la discriminación salarial”, de tal manera que la
concentración en trabajos a tiempo parcial informales y con bajos salarios “a
menudo termina en trayectorias personales sin futuro, en las que las empresas
ven a personas sin opciones de formación o desarrollo profesional”.
Destaco que
las políticas de inclusión social tienen un importante componente no
estrictamente económico, como por ejemplo las políticas que potencien la
participación en el mercado de trabajo mediante acciones formativas a lo largo
de toda la vida, con especial atención para quienes dispongan de menos
conocimientos. En esta línea, además, una adecuada combinación de políticas
activas de empleo y medidas de protección social cuando fuere necesario
permiten que las personas beneficiadas se mantengan activas y evitan el
incremento de los costes económicos de la Seguridad Social que se produce
cuando hay un incremento, por la razón real de imposibilidad de permanecer en
el mercado laboral, de jubilaciones anticipadas o de prestaciones de larga
duración por enfermedad o incapacidad. En esta justa combinación de políticas
habitualmente denominadas “activas y pasivas” de empleo, y que deben ir
estrechamente unidas, la importancia de los itinerarios individualizados de
inserción es clara y evidente, y en atención a que nos estamos refiriendo a
colectivos con especiales dificultades, no sólo económicas, en numerosas
ocasiones, la actuación conjunta de los servicios sociales y de empleo adquiere
particular relevancia.
De ahí que
sea importante el incremento del salario mínimo interprofesional para el
conjunto de la población trabajadora, con sus efectos de arrastre en las
prestaciones sociales, sin olvidar que la mejora del Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) es también necesario para lograr una mayor
protección. Si bien todavía nos queda camino para alcanzar el objeto de los
1.000 euros, meta propuesta por España de acuerdo al ODS 8 (trabajo decente) para
2020, la mejora del SMI experimentada en 2017 y 2018, así como la prevista para
2019, se sitúa en el buen camino y supone un cambio positivo de tendencia con
respecto a la etapa anterior, y así es reconocido por el Informe de FOESSA,
subrayando que “aunque el efecto de arrastre del salario mínimo del conjunto de
la masa salarial es limitado, sus subidas pueden incidir positivamente sobre
los salarios más bajos y también sobre las cuantías de algunas prestaciones
sociales que toman como referencia su valor”.
Entre estas
prestaciones sociales, señalo, se encuentran tanto un variado conjunto de
asistenciales de ámbito estatal que deben ser objeto de reordenación, como las
rentas mínimas o de garantía de las Comunidades Autónomas, siendo necesario un
amplio debate sobre cómo conseguir que
unas u otras cumplan el objetivo de garantizar una red última de protección
económica (acompañada de posibilidades de inserción laboral cuando las
circunstancias de las personas perceptoras así lo permitan) para quienes se encuentran
carentes de recursos. Cabe aquí recordar que en el VII Informe FOESSA sobre
exclusión y desarrollo social en España, se apostaba ya por la puesta en marcha
de políticas que posibiliten conseguir que la protección social “alcance
estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un
sistema de garantía de mínimos”, así como también el desarrollo de una
protección social que no quede reducida a la gestión de las prestaciones
económicas, algo que al parecer de los autores del texto había de conseguirse
“desde el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que facilite la
promoción y el empoderamiento de las personas”.
4. El
documento mide los resultados de la salida de la crisis en la cohesión social
en España, con un exhaustivo análisis de la situación de exclusión social en la
que pueda encontrarse una parte de la sociedad española, “a partir de un índice
sintético de exclusión social (ISES) construido con una batería de 35
indicadores que ofrecen una imagen nítida de la misma”, con los que se trata de
cubrir “las diversas dimensiones tanto del eje económico (como falta de
participación en la producción y en la distribución de producto social), como
del eje político de la ciudadanía (como falta de participación política y o de
acceso efectivo a los derechos sociales como la educación, la vivienda, y la
salud) y del eje de los lazos sociales (que se manifiesta en determinadas
formas de relaciones conflictivas y en aislamiento social), tratándose de una
muestra de más de 11.000 hogares en las 17 Comunidades Autónomas, encuesta que,
subraya el equipo autor del informe, “se convierte en el mayor esfuerzo
realizado hasta ahora por la Fundación FOESSA para poder medir y comprender el
espacio de la exclusión y cohesión social en España”, con el que la Fundación
pretende cerrar el ciclo de doce años que inició con la primera encuesta en
2007, y que pone en evidencia que se está generando “un marco de participación social más frágil y una
sociedad en la que se debilita la vinculación social”, ya que el balance
general es el de “un espacio de integración con bases más débiles y una
exclusión más severa (que) se enquistan en la estructura social de España”.
Distinguiendo
entre cuatros niveles (integración plena, integración precaria, exclusión
moderada y exclusión severa”, el informe constata que el 48 % de la población y
hogares, está plenamente integrada (situación casi idéntica a la de 2007 para
personas, y ligera mejoría para hogares), y al mismo tiempo, pues, se pone de
manifiesto que “la mitad de la población española padece, en distinta medida,
situaciones de precariedad ya características del momento pre-crisis”.
Repárese, por ejemplo, en que las personas en situación de inclusión precaria
sólo han disminuido algo más de un punto desde 2007. Dicho con las propias
palabras del Informe, los datos de 2017 en comparación con los de 2007 acentúan
la visión de una sociedad que consolida la desigualdad, ya que “10 años después
del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión,
hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración
plena, pero no en los de la exclusión. Así, el porcentaje de población en
integración plena es ligeramente inferior al registrado antes de la crisis, 49%
en 2007 frente a 48,4% en 2018, si bien la exclusión social sigue siendo
notablemente superior, especialmente la severa, al año 2007. La población en
situación de exclusión ha pasado del 16,4% en 2007 al 18,4 actual, lo que
significa un aumento del 12,2%, llegando dicho incremento a un 39,7% en el caso
de la población en situación de exclusión severa, que en 2018 afecta al 8,8% de
la población”.
El ISES
permite constatar, pues, que la recuperación tan proclamada desde 2014, y que
ciertamente ha existido en términos económicos globales, no ha ido de la mano
de la mejora de la situación social de una parte importante de la población, y
lo que es más relevante es que “la recuperación no está llegando de igual
manera a las personas y hogares en situaciones de exclusión más severas, y
además aumentan los casos de exclusión más críticos”, de tal manera, se
constata con preocupación en el informe, que el primer impacto de una nueva
crisis (no tan lejana, como ya he indicado con anterioridad) “nos encontraría
como sociedad con más personas en los límites de la resistencia y con menos
recursos de dichas personas para abordarlas que en el año 2007”.
5. Si nos
fijamos en el dato del empleo, la dimensión de la exclusión social del mismo
afecta a un 23,9 % de la población (dato muy superior al del inicio de la
crisis, 16,9 %), mientras que se incrementa considerablemente si sólo se toma
en consideración la población en situación de exclusión, un 56 % (44,7 % en
2007), y aún más si el ámbito de afectación es solo el de la población en
situación de exclusión severa, un 61,3 % (frente al 39,6% en 2007). Si unimos
este dato al de situaciones de exclusión relativas a la vivienda o a la salud
(23,7 y 14 %, respectivamente, para el conjunto de la población) se llega a la
conclusión de encontrarnos ante una realidad social en la que “una de cada
cinco personas en exclusión está afectada simultáneamente por la exclusión del
empleo, la vivienda y la salud, una de cada tres si hablamos de personas en
situación de exclusión severa”.
Que disponer
de un empleo es importante, pero que no es automáticamente una constatación de
integración, es algo que ya ha sido puesto de manifiesto en numerosos estudios
que han abordado la problemática de los trabajadores pobres (working poors).
Por ejemplo, el séptimo informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), “Seguimiento
del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008- 2016”. El
informe aporta datos estadísticos de indudable interés para conocer la realidad
de la pobreza en España, a partir de los tres criterios fijados a escala
europea por el indicador AROPE, y cómo afecta a personas que se encuentran en
el mundo del trabajo y cuyos ingresos económicos por el trabajo realizado no
son suficientes para permitirles salir de la situación de vulnerabilidad. Según
el citado informe, y con respecto a 2015, el citado indicador “se ha reducido
en 0,7 puntos porcentuales (345.000 personas menos), hasta llegar al 27,9% de
la población, afectando a 12.989.405 personas”, poniéndose de manifiesto que
“es el segundo año que se produce una reducción, aunque modesta, del
indicador”, si bien desde el inicio de la crisis en 2008 el número de personas
en riesgo de pobreza “se ha incrementado en más de 1.242.000 personas”. De especial interés para comprender los
cambios que está sufriendo el mundo del trabajo, y su impacto negativo en
términos de renta económica disponible para muchos trabajadores, son los datos
del informe que relaciona tasas de pobreza con la actividad, ya que “Un 48,5%
(44,8% en 2015) de las personas en desempleo y el 25,7% (21% en 2015) de las
“inactivas” constituyen los grupos más afectados por la pobreza, si se analiza
según la actividad. Sin embargo, una cuestión muy importante con respecto al
perfil de las personas pobres es que sólo el 31, 4 % de ellas está en paro. Es
decir, no es el desempleo lo que define a la pobreza”. Tal como destacan los
autores del informe, un aspecto importante que pone de manifiesto el mismo es
que “la relación entre pobreza y desempleo no es absoluta, lo cual lleva a
plantear que, además de resolver el tema de la falta de empleo…, será necesario
atacar de lleno las dificultades de carencia material y de rentas suficientes,
mediante políticas económicas y sociales complementarias”.
Pues bien,
esa misma constatación se efectúa en el documento de FOESSA, partiendo del
elevado grado de precariedad existente en el seno de las relaciones de trabajo
en España, con afectación especial a la población joven y que lleva al informe
a sostener que la tradicional dualización de nuestro mercado de trabajo “se
está trasladando a una dualización social en términos generacionales”, con una
llamada de atención a aquello que puede ocurrir (¿o que ya está ocurriendo?) de
cara al futuro en el ámbito de la cohesión social, cual es que “si la
incorporación social por el empleo es de forma tan diferente a la de sus padres
no debemos extrañarnos de las consecuencias que estamos sufriendo”, preocupación
que extiende a la crisis sufrida por las personas trabajadoras de 50 y más
años, “que no ha (n) conseguido reincorporarse al mercado de trabajo y que está
(n) desapareciendo de las estadísticas”.
Un empleo
precario, un bajo salario y unas expectativas totalmente inciertas de
desarrollo formativo y profesional, tienen además repercusiones evidentes sobre
las dificultades relativas a la inclusión en materia de vivienda y de salud,
operándose de esta manera, y la realidad de nuestro mercado de trabajo nos lo
recuerda día tras día, “un nuevo espacio de exclusión en el empleo que afecta a
muchas más personas que los tradicionales empleos de la exclusión social más
grave (p.ej.: recogida de cartones/chatarra), que continúan su descenso como
opciones viables”. Los datos recogidos en el informe constatan perfectamente la
no integración, hasta llegar a la situación de exclusión severa, de personas en
situación de desempleo y hogares en los que todas las personas activas se
encuentran en situación de desempleo, o de los hogares en donde la persona
sustentadora principal se encuentra desempleada desde hace más de un año, sin
olvidar la necesidad de prestar atención en el análisis a la brecha de sexo, y
en 2018 el informe constata que la exclusión existe en un 16 % de hogares donde
el sustentador principal es varón, incrementándose al 20 % si se trata de una mujer, “una brecha
del 25 % que duplica la brecha que existía en 2013”.
¿Y qué decir
específicamente de la población extranjera extracomunitaria? Pues que la
situación de crisis le afectó especialmente a partir de 2007 (véanse los datos
de afiliación a la Seguridad Social de 2007 a 2014) y que aún hoy sigue
mostrando diferencias negativas con respecto a la población española y
comunitaria, ya que el 46,5 % se encuentra en situación de exclusión, siendo el
27,5 % el porcentaje de quienes se encuentran en exclusión severa, un dato
especialmente preocupante ya que en 2007 era inferior, 25,5 %, algo que pone de
manifiesto para el equipo autor del informe que se ha producido “un importante
estancamiento en el volumen de población en exclusión social severa entre la
población extracomunitaria”. No menos importante, por lo que respecta al núcleo
central de mi análisis, el del mundo laboral, la situación de exclusión en el
empleo de la población extracomunitaria doble el porcentaje de la española,
46,8 y 22,22 % respectivamente.
6. Una
excelente síntesis de todo el informe se encuentra en sus conclusiones, en las
que se pone de relieve la necesidad de políticas públicas que atiendan a la
brecha de sexo que repunta en el ámbito de la exclusión, a la especial
vulnerabilidad de menores y jóvenes, así como también de los hogares con
adultos de mayor edad que están desempleados o se encuentran ya fuera del marco
laboral, las necesidades específicas las familias numerosas y monoparentales, o
las de la población extranjera extracomunitaria. Todo ello, constatándose, por
una parte, que el sistema educativo “desde un punto de vista global continúa
ofreciendo una apuesta segura como protector frente a la exclusión social”, y
por otra que el apoyo de las familias y de las redes cercanas a las personas
que se han encontrado en situación de crisis/exclusión en etapas anteriores,
está empezando a mostrar “claras lagunas en el espacio de la exclusión social”.
Políticas
públicas y actuación de toda la sociedad, y con ello concluyo, que den la
vuelta a una realidad preocupante que constata el informe, tanto al inicio como
a su finalización, y que deja de lado a seis millones de personas que se
encuentran en situación de integración precaria, y de forma mucho más acusada a
8,6 millones de personas que se encuentran “en el espacio de la exclusión
social, 1,2 millones más que en 2017”, con 4,1 millones de personas en
situación de exclusión severa que viven en 1,5 millones de hogares”. Se trata
de conseguir, y la tarea es hercúlea, dar la vuelta a una situación en la que
se está resquebrajando el contrato social y generacional anteriormente
existente. Por todo ello, el informe llama a la movilización de los poderes
públicos y de toda la sociedad para conseguir que esta cita que reproduzco a
continuación desaparezca en próximas ediciones del Informe: “En la evolución de
nuestro marco social estamos construyendo una sociedad desligada, que destruye
con cada vez mayor intensidad los vínculos o ligamentos por los que nos
sentimos miembros, con derechos y deberes, de nuestra sociedad. Donde el
individualismo exacerbado deja a la persona cada vez más sola en su proceso de
incorporación social, y ante los grandes cambios civilizatorios ha decidido
ignorar su victimario”.
VI. La iniciativa del centenario
relativa al futuro del trabajo (OIT). El debate sobre el futuro del trabajo y
la situación de la población trabajadora. Precariedad del empleo, desigualdad y
pobreza: la inseguridad de los ingresos[2].
El 27 de
octubre publicaba el texto de mi intervención en el Simposio internacional
organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración
con las Universidades de La Laguna y Las Palmas, en la preciosa isla de Santa
Cruz de La Palma, sobre la iniciativa del centenario relativa al futuro del
trabajo, en la que abordé la temática que aparece en el título, de la que ahora
recupero aquellos contenidos que me parecen de mayor interés para mi
exposición.
1. Precariedad,
desigualdad, pobreza (laboral o no) e insuficiencia de ingresos son términos
que van estrechamente unidos en gran parte de las ocasiones y suponen un reto
importante a afrontar si queremos avanzar hacia una sociedad más justa e
inclusiva, y en el donde el empleo siga siendo un elemento central del contrato
social que se requiere en el siglo XXI y que continúe la senda del existente
durante la segunda mitad del siglo XX en, al menos, gran parte de los países
desarrollados.
En efecto,
la propia OIT lo ha puesto de manifiesto en sus estudios e informes, y baste
ahora citar la nota informativa sobre el contrato social y el futuro del
trabajo, elaborada con ocasión de la puesta en marcha de la iniciativa del
centenario relativa al mundo del trabajo, en la que se enfatiza que “Uno de los
principales desafíos del contrato social en el siglo XXI es el alto y,
generalmente creciente, nivel de desigualdad e inseguridad de salarios en
muchos lugares del mundo, a pesar del avance logrado para reducir la pobreza y
el gran progreso del desarrollo humano, incluidas menores tasas de mortalidad
materna e infantil, así como mayores niveles de educación (PNUD, 2015). No
obstante, se sigue dejando de lado a las personas que viven en las formas más
extremas de pobreza (Ravallion, 2014), y la exclusión social, principalmente de
los grupos desfavorecidos, sigue siendo motivo de gran preocupación (ONU DAES,
2016). Muchos trabajadores y sus familias en todo el mundo pasan apuros debido
a los ingresos bajos y fluctuantes, las malas condiciones laborales y la falta
de protección social, y muchos siguen viviendo en la pobreza a pesar del arduo
trabajo (OIT, 2016b). Un factor causante de esta situación es la exclusión
económica que tiene su origen tanto en la baja productividad como en las
estructuras productivas subdesarrolladas, que tienden a producir altos niveles
de pobreza, informalidad y desigualdad. En muchos lugares del mundo, las
aspiraciones de conseguir un trabajo decente de personas cada vez más
preparadas y calificadas se han visto frustradas debido a los altos niveles de
desempleo, subempleo e informalidad”.
Justamente
la problemática salarial fue objeto de atención en el informe de la OIT de 2015
sobre “La protección de los trabajadores en un mundo del trabajo en
transformación”, en el que podía leerse que “El informe constata “la
divergencia entre el crecimiento de los salarios medios reales y la
productividad media del trabajo entre 1999y 2013 en las economías
desarrolladas”, así como también que esta “desconexión” va de la mano con un
incremento de la desigualdad salarial y con un elemento adicional de mayor
preocupación por el impacto que tiene sobre el deterioro de la cohesión social:
“el estancamiento de los salarios es mayor para los trabajadores que se
encuentran en la parte inferior de la distribución salarial, que son
principalmente trabajadores poco calificados y en una posición más débil para
negociar aumentos salariales y, por tanto, con mayor necesidad de mecanismos de
apoyo institucional, como la negociación colectiva y los salarios mínimos”.
Igualmente, se ponen de manifiesto las diferencias salariales por razón de
sexo, que según el último informe mundial sobre salarios sitúa al de las
mujeres entre un 4 y un 36 %, según países, por debajo del de los
hombres”. El dato, positivo, de la
existencia del salario mínimo, vía legal o convencional, en cerca del 90 % de
los Estados miembros debe matizarse con la constatación de que no alcanza a
parte de la población trabajadora en algunos de ellos, y que no ha sido
convenientemente actualizado en los últimos años como consecuencia de la crisis
económica, o que su cuantía está bastante por debajo del salario medio, e
incluso por el grado de incumplimiento de la normativa. Como dato concreto
referido a 2010, y siendo conscientes de que el Convenio 189 de la OIT ha
ayudado a la mejora de la situación, el informe revela el dato de que de 53
millones de trabajadores domésticos “el 43 % (o sea 22,3 millones) han quedado
excluidos de la cobertura del salario mínimo”, y también que en el seguimiento
del cumplimiento de la normativa sobre salario mínimo en 11 países en
desarrollo “un tercio de 326 millones de asalariados cubiertos por la
legislación recibe una remuneración inferior al mínimo legal”.
El más reciente
Informe mundial 2016-2017 sobre salarios está dedicado específicamente a la
desigualdad en el lugar de trabajo. El
incremento de las desigualdades provoca sin duda alguna un aumento del
descontento social y la posibilidad de conflictos sociales importantes. La
tendencia, ya constatada en informes de años anteriores, se reitera en el
informe 2017, con particular preocupación para las desigualdades por razón de
género y el incremento de las brechas (no únicamente la salarial) entre hombres
y mujeres en perjuicio de estas últimas, recordando en este punto las
diferencias existentes “pese a las legislaciones en materia de remuneración
equitativa adoptadas en varios países”. La falta de empleo decente en buena
parte de países en desarrollo y en países emergentes incentiva el interés
(forzado, no se olvide, en la mayor parte de las ocasiones) en la emigración,
poniendo de manifiesto el informe que en el África subsahariana, América Latina
y el Caribe, y África del Norte, la proporción de personas dispuestas a
desplazarse al extranjero es del 32, 30 y 27 % respectivamente.
Del informe
2016-2017 me interesa destacar dos datos especialmente significativos: el
primero, que la desigualdad salarial se agudiza en el tramo superior, de tal
manera que “en la mayor parte de los países los salarios van subiendo
paulatinamente en casi toda la distribución salarial, aunque al llegar al 10
por ciento superior se registra un aumento drástico, en especial en el caso del
1 por ciento de asalariados con el nivel máximo de remuneración. En Europa, el
10 por ciento mejor remunerado percibe un promedio equivalente al 25,5 por
ciento del total de los salarios abonados al total de trabajadores de los
respectivos países, casi tanto como lo que percibe el 50 por ciento con menor
remuneración (29,1 por ciento)”; la segunda, que “El informe indica que los
salarios y la desigualdad entre ellos no vienen determinados solo por el perfil
de las personas en términos de competencias (como el nivel de instrucción, la
edad o la antigüedad en el puesto), sino que hay otra serie de factores
determinantes, entre otros, el género, el tamaño de la empresa, el tipo de
contrato y los sectores a los que pertenecen los trabajadores. Las estadísticas
descriptivas de una muestra de países desarrollados y en desarrollo documentan
que un título universitario no garantiza necesariamente un empleo bien
remunerado; que los sectores inmobiliario y financiero destacan entre los que
tienen trabajadores con niveles máximos de remuneración; y que la proporción de
mujeres no deja de reducirse a medida que se asciende hacia los deciles mejor
remunerados. En Europa, por ejemplo, las mujeres representan en promedio entre
el 50 y el 60 por ciento de los trabajadores de los tres deciles con menor
remuneración; esta proporción cae hasta el 35 por ciento entre el 10 por ciento
de asalariados mejor remunerados, y hasta un 20 por ciento entre los del 1 por
ciento con la máxima remuneración”.
2. Sobre la pobreza en general, y
con mi atención puesta en la laboral en particular, es necesario acudir al
último informe de la EAPN-ES sobre el seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España, especificado en la Estrategia Europea 2020, para el
período 2008- 2017. Recordemos que España se fijó el objetivo de reducir en el
período 2009-2019 entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo
de pobreza, objetivo realmente difícil de conseguir tras las consecuencias de
la crisis en términos de incremento de pobreza y posterior reducción pero sin
alcanzar las cifras del punto de partida, con lo cual se trata ahora de
“reducir en 2,3 millones el número de personas en riesgo de pobreza y/o
exclusión social en los próximos dos años”, siendo la cifra de 12.338.187
personas, un 26,6 % de la población residente en España la que “está en riesgo
de pobreza y/o exclusión social”, de la que el 83,6 % tendría nacionalidad
española y el 16,4 % extranjera (3,1 % de la UE y 11,4 % del resto del mundo”).
A los
objetos de mi texto, el aspecto más relevante del informe es el de la relación
de la pobreza con la actividad, siendo el dato más impactante el de que 14,1 %
de la población ocupada “se encuentra en riesgo de pobreza, es decir son
trabajadores pobres”, dato que para quienes han elaborado el informe, y
desgraciadamente comparto su tesis, “confirma que tener un empleo no garantiza
salir de la pobreza, como tantas veces se ha afirmado”, siendo significativo
que sólo el 26,5 % de las personas pobres mayores de 15 años se encuentre en
paro, lo que lleva a concluir al Informe que “no es el desempleo, entonces, lo
que define a la pobreza; por el contrario, el grupo más numeroso es el de las
personas ocupadas: exactamente una de cada tres personas pobres, mayores de 15
años, trabajan, es decir, disponen, al mismo tiempo, de un empleo remunerado.
…”.
Otro dato significativo del Informe de la AEPN-EP es que “el 44,6 % de las personas en desempleo y el 26,5 de las inactivas están en riesgo de pobreza”, siendo una variante de esta situación que el 53,3 % de las personas tengan dificultades para llegar a final de mes (desde el 28,2 % que tiene “cierta dificultad” al 15,6 % que tiene “dificultad”, y el 9,5 % con “mucha dificultad”).
El análisis más detallado de estas cifras pone de manifiesto una situación aparentemente contradictoria pero que no lo es si analiza el impacto de las reformas laborales iniciadas en 2012 sobre nuestro mercado de trabajo; de una parte, a partir de 2013, el inicio de la reducción del desempleo, y de otra que las tasas de pobreza de la población ocupada “se incrementan considerablemente en un proceso que, con pequeños altibajos, se ha mantenido hasta hoy”. Algo tendrá que importar, para entender esta realidad, el descenso de las rentas salariales, el incremento de los contratos de muy corta duración, o el incremento del trabajo (en buena parte se trata de una decisión obligada por la falta de empleo a tiempo completo, y por tanto no voluntaria) a tiempo parcial.
Por otra parte, y como bien se explica en el informe, la reducción de la tasa de pobreza de la población desempleada “no tiene porqué deberse necesariamente a una mejora de sus condiciones de vida”, ya que “En general, sucede que las personas que llevan largo tiempo en el paro acaban perdiendo sus prestaciones y caen en la pobreza al mismo tiempo que aumenta su desánimo y desesperanza en la posibilidad de encontrar un empleo. Además, los desempleados de larga duración son menos atractivos para el mercado laboral y, a mayor tiempo en el paro, más difícil se hace la reincorporación al mercado laboral. En esta situación, muchas de estas personas dejan de buscar y abandonan la población activa. En otras palabras, las personas desempleadas más pobres tienen mayor tendencia a pasar a la inactividad, lo que, por una parte, potencia la reducción de la pobreza entre la población desempleada y, al mismo tiempo, por otra, aumenta la pobreza entre la población inactiva. Esto es lo que parece haber sucedido, en conformidad con el aumento observado en la tasa de pobreza entre las personas inactivas que no están jubiladas…”.
Dos conclusiones relevantes del informe son que estamos asistiendo a una recuperación asimétrica, que implica “claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, expresado principalmente por el aumento de las tasas de pobreza severa y de la brecha de pobreza; la diferente evolución de la renta media en función de los grupos de renta (cuartiles) y el crecimiento de las desigualdades basadas en el género y en la edad”, y a un aumento de la desigualdad, que supone que “Los indicadores de desigualdad se reducen mucho más lentamente de lo que se incrementaron en los primeros años de la crisis y, en términos europeos, mantiene cifras elevadísimas. Así, la razón S 80 /S 20 es la cuarta cuarto más elevada de la UE y tiene la segunda peor evolución desde 2008. Por otra parte, el índice de Gini también es el cuarto más elevado, con una evolución algo menos destacada, pero también muy por encima de la media europea”.
3. La relación trabajo precario- incremento de las desigualdades- aumento de la pobreza laboral – inseguridad de los ingresos, fue analizada con detalle en el seminario del área social del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia, al que pertenezco, durante el curso 2014-2015, y concluyó con la elaboración de un Cuaderno, coordinado por Teresa Crespo, titulado “El trabajo: presente y futuro. Entre la creciente precarización y la ineludible necesidad de repensarlo”, cuya lectura sigue siendo a mi parecer altamente recomendable.
En sus conclusiones puede leerse que “… Ante este escenario de precarización, vulnerabilidad y empobrecimiento de las clases medias, lleno de contradicciones que hace unos años nadie se podía imaginar, se nos plantean unos retos difíciles, algunos de los cuales hemos apuntado en este cuaderno, para transformar el mundo del trabajo en el horizonte de la justicia social. Tenemos el convencimiento de que sólo con un cambio profundo del modelo socioeconómico que priorice el bien colectivo, un estado del bienestar potente que invierta para garantizar los derechos de la ciudadanía y el desarrollo integral de cada persona, y unas políticas fiscales que promuevan una sociedad más corresponsable y equitativa, podremos vencer los obstáculos que hoy por hoy marginan a una buena parte de la población”, con la propuesta de ir a una sociedad nueva “en la que el trabajo, entendido de un modo mucho más amplio con las diferentes modalidades que se han citado, sea patrimonio de todo el mundo, y cada ciudadano y ciudadana se sienta miembro activo y agente de cambio en la comunidad a la que pertenece, permitiéndole al mismo tiempo desarrollarse y compartir la riqueza de los valores personales y sociales, fruto de la cooperación, la participación y el esfuerzo de todos y de todas”.
4. En la última parte de mi exposición, no querría dejar de referirme, por su importancia, a las aportaciones de la doctrina social de la Iglesia, y más concretamente a las muy importantes del Papa Francisco. Es obligado mencionar la encíclica “Laudatio SI, sobre el cuidado de la casa común”, un documento que mereció una valoración elogiosa por parte del movimiento sindical internacional.
Destaco de la encíclica aquellos contenidos que me parecen más relacionados con el mundo del trabajo y la problemática de la exclusión social, habiendo dedicado al primero un apartado específico que lleva por título “Necesidad de preservar el trabajo”. No extrañará a quienes trabajan con personas desfavorecidas, excluidas, pero quizás sí a quienes no conozcan esa realidad, que el Papa advierta de la falta de conciencia que suele haber sobre los problemas que afectan a dichas personas, para quienes las propuestas de actuación quedan relegadas a los últimos lugares, debido en parte “a que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con los problemas”.
Cabría pensar, al hilo de las reflexiones del Papa Francisco, cómo y qué decisiones toman los máximos responsables de las organizaciones internacionales económicas y cuáles son los intereses que defienden ¿verdad? Y en esta misma línea de reflexión general y de afirmación clara de las injustas diferencias que hay entre los seres humanos (como laboralista me viene a la mente ahora el marco jurídico de la relación contractual laboral y la situación de desigualdad entre las partes, legitimada jurídicamente por el contrato de trabajo) conviene destacar esta manifestación recogida en el apartado 90: “…deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos”.
Como he indicado con anterioridad, hay una parte de la encíclica dedicada específicamente al mundo del trabajo, con el título “Necesidad de preservar el trabajo” (124-130), en la que parte del valor del trabajo desarrollado por Juan Pablo II en la Laborem Exercens de 1981, así como también a la Caritas in Veritate de Benedicto XVI en 2009. Me interesa destacar de las aportaciones de la Laudatio SI el concepto amplio de trabajo que utiliza, coherente a mi parecer con las nuevas realidades del mundo laboral, planteándose la “correcta concepción del trabajo” y manifestando que no debemos hablar sólo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, “sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico”, concluyendo que “cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí”, y afirmando más adelante que “la diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para crear e innovar, a la vez que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo”.
Y ahora, parémonos a pensar en los debates actuales sobre las relaciones de trabajo y la necesidad de poder manifestar en ellas todos los valores que tiene una persona, en muchas ocasiones tapados, oscurecidos o simplemente inexistentes por el ejercicio desmesurado, y poco productivo, del poder de dirección empresarial; porque, si no supiéramos quien realiza las manifestaciones que recojo a continuación, bien pudiéramos pensar que estábamos, al menos en parte, ante palabras de un director inteligente y responsable de recursos humanos: “El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que «se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”.
En esta búsqueda del empleo digno para tener una vida digna (¿a que éstos términos les suenan mucho de documentos de la OIT?) el Papa Francisco alerta sobre un mal uso del cambio tecnológico que sólo se concrete en la reducción de costes de producción y de personas empleadas reemplazadas por máquinas, llamando su atención (que creo que es coincidente con la de todas las instituciones y organismos internacionales que abordan los efectos de la tecnología sobre el mundo del trabajo) sobre la necesidad de tener en consideración, ante cualquier decisión que se adopte al respecto, el coste humano que puede tener (y aunque no lo diga expresamente estoy seguro de que cabe añadir que es necesario plantearse qué medidas sociales adoptar para evitar tales costes), alertando de que “dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad”.
En suma, cualquier política laboral y social, cualquier política de empleo que se ponga en marcha, debería tomar en consideración el principio del bien común, el respeto a la persona humana y su desarrollo integral, y obsérvese como esta reflexión de alcance social general contenida en la encíclica es perfectamente extrapolable a las políticas de empleo y de protección social: “En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres”.
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