1. El día 17 de
octubre, declarado por la ONU en la resolución aprobada por la Asamblea generalel 31 de marzo de 1993, día internacional para la erradicación de la pobreza,
se presentó el 9º Informe (2019) de la Red Europea Contra la Pobreza(EAPN-España) sobre el seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en
España 2008-2018, cuya autoría corresponde
a Juan Carlos Llano Ortiz, en coordinación con la secretaría técnica del
organismos.
Conviene recordar,
que EAPN-ES “nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas
por la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social.
Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas, en el seno de las cuales
pueden encontrarse organizaciones tan diversas como fundaciones, federaciones,
asociaciones locales, sindicatos y ONGs autonómicas y locales, y 16 entidades
de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente
común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social (entre ellas Plena
inclusión)”.
He dedicado mi atención
a este importante documento en años anteriores, en varios artículos publicados
en este blog y a los que ahora me permito remitir a las personas interesadas,
como por ejemplo “Sobre la pobreza y las medidas necesarias para suerradicación, con especial atención al ámbito laboral. Del día internacional delas Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza (17 de octubre) a laResolución del Parlamento Europeo (24 de octubre de 2017) sobre las rentasmínimas”, y “¿Sigue siendo el trabajo un antídoto contra la pobreza y laexclusión? (II)”.
2. Vuelvo
nuevamente al análisis del Informe porque su aportación de datos sobre la
relación entre empleo, o mal empleo más exactamente, y pobreza pone de manifiesto,
lo está haciendo desde hace varios años, que tener un trabajo, aun siendo
importante, no es el antídoto contra una situación económica que no permite a
la persona trabajadora subvenir adecuadamente a sus necesidades personales y, cuando
la tuviera, a las de su familia.
Centro mi atención
en el apartado del informe general dedicado a “pobreza y actividad”, que
completo con otros dedicados a la baja intensidad de empleo por hogar y a la
situación de pobreza por nacionalidad, junto con fragmentos del informemonográfico sobre la población pobre que se incluye, junto con otros tres, comoanexo al informe general.
El documento
cuestiona seriamente, con datos estadístico, la tesis de que existe una relación
directa entre más empleo y menos pobreza, y sigue manteniendo la tesis de que “no
cualquier trabajo protege de la pobreza”. ¿Razón de esta argumentación? Pues
que si el crecimiento económico experimentado desde 2014 ha permitido reducir
sensiblemente la tasa de desempleo según la Encuesta de Población Activa (24,4 %
en 2014, 15,2 % en 2018) la tasa de pobreza entre las personas con trabajo se
ha mantenido “extraordinariamente estática”, alrededor del 14 %.
¿Algo tendrán que
ver las condiciones de trabajo? Pues sí, y aunque no le corresponde al informe
adentrarse en el estudio detallado de estas sí apunta, con acierto, tres
elementos que influyen: el menor número de horas trabajadas, o dicho de otra
forma el incremento de personas trabajando a tiempo parcial; la reducción del
valor del trabajo, o dicho de otra forma la escasa remuneración salarial; y el
tiempo de duración de los contratos, o dicho de otra forma su cada vez mayor
reducción para un gran numero de ellos ya que repárese en que un elevado número
no supera los dos meses de duración según los datos oficiales del Servicio
Público de Empleo Estatal, siendo los datos disponibles con los que ha
trabajado el Informe que la duración media de los contratos era de 55 días en
junio de 2012 y se ha mantenido, o más exactamente se ha reducido ligeramente,
en junio de 2018, fecha en la que era de
51 días.
¿Afectan a unos
colectivos mucho más que a otros las situaciones de precariedad? Sí, en
especial a los jóvenes (desde 16 hasta 29 años) y a las mujeres. Los datos del
TTP ponen de manifiesto una mucha mayor presencia entre el colectivo juvenil
(50,7, 35,2 y 19,4 % en las franjas de 16 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años) frente
al total (14,6 % siempre con datos de 2018), y entre la población femenina (24,0
% frente al 6,8 % masculino). Un dato a destacar es el importante incremento
experimentado por el TTP durante los años de la crisis (2008 a 2013), que no se
compensó por una importante disminución de este (sólo fue muy limitada) a
partir de la recuperación.
El número de horas
trabajadas, y por supuesto la duración de la contratación, tiene importante repercusión
en las rentas obtenidas por esas personas y supone una afectación negativa al
cómputo de la ganancia media por trabajador (es conveniente aquí acudir a los informes
anuales sobre estructura salarial en España que elabora el Instituto Nacional
de Estadística, o para el ámbito europeo los datos de Eurostat), como se pone de
manifiesto en el Informe 2019 cuando se procede a su comparación con el crecimiento
del Índice de Precios al Consumo en el mismo período. Así, si la ganancia media
pasó de 22.899 a 23.643 € entre 2011 y 2018, un 3,3 %, el IPC creció en un 8,1
%, es decir supuso “una pérdida del poder adquisitivo cerca a los cinco puntos
porcentuales”. Si concretamos más los datos y distinguimos entre población
pobre y no pobre, siendo la renta media de las primeras de 3.794 € y la de las
segundas de 13.503 €, el incremento del IPC ha significado que “desde el año
2008 las personas pobres han perdido un 10,7 % de su capacidad adquisitiva y la
de los no pobres se ha reducido en un 3,7 %”.
¿Algo habrá tenido
que ver en todo ello la reforma laboral del 2012? Ya conocen los lectores y
lectoras mi parecer crítico sobre la misma y cómo provocó un incremento del
poder de decisión unilateral del empleo, un debilitamiento de la negociación
colectiva y unas condiciones de trabajo que en bastantes ocasiones no se
ajustan a lo formalmente pactado. Es interesante al respecto leer un reciente informe
del gabinete de estudio de la Unión General de Trabajadores en el que se
efectúa un detallado análisis de su impacto sobre la vida laboral de las
personas trabajadoras.
En suma, y tal
como se concreta en el informe monográfico sobre la población pobre, “una de
cada tres personas pobres, mayores de 15 años, trabajan, es decir disponen de
un empleo remunerado, pero cuyo salario no les permite disponer de los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas”. Por tanto, siendo cierto
que “si no se trabaja, las posibilidades de pobreza son altas”, no lo es menos
que “si se trabaja, no siempre es posible evitar ser pobre”, algo que vuelve
nuevamente al Informe a formular la necesidad de una reflexión sobre “la
importancia del contexto normativo y las condiciones contractuales del trabajo
que se dan en la actualidad”.
3. Si es
preocupante la tasa de pobreza entre la población ocupada, lo es mucho más
entre la población desempleada, que alcanza el 46,8 % en 2018, dato que
cuestiona la eficacia de los sistemas de protección social para dar cobertura adecuada
a las personas que lo necesitan, aun y siendo positivo a mi parecer el
incremento experimentado en los últimos dos años de las prestaciones
contributivas y la consiguiente disminución de las asistenciales, aun cuando no
debe olvidarse por supuesto el importante número de personas que, bien por no
haber accedido a un empleo (en su gran mayoría jóvenes), bien por no cumplir
los requisitos para poder acceder a alguna prestación, quedan fuera del circuito
protector, sin perjuicio de su posible (y muy limitada cobertura, salvo en las
Comunidades Autónoma del País Vasco y de Navarra) de las rentas autonómicas de ingresos
mínimos.
Un dato relevante
que se pone de manifiesto en el informe es que la disminución de la tasa de
pobreza entre las personas desempleadas no significa necesariamente una mejora
de sus condiciones de vida, ya que buena parte de esa reducción deriva del pase
a la inactividad (por agotamiento de las prestaciones, por desesperanza de
encontrar un empleo), con lo que el porcentaje o tasa de pobreza se incrementa
entre las personas inactivas, desde el 23,4 % de 2013 hasta el 28,3 % de 2018. Otra posibilidad a considerar, y que
desde luego ha encontrado respuesta positiva al menos hasta hace tres años,
variando ligeramente a partir de entonces, es que la reducción de la tasa de pobreza
de las personas desempleadas se haya debido al regreso a sus países de origen de
población extranjera, y en su gran mayoría, para este supuesto, extracomunitaria,
dato que el informe considera relevante porque “como se ha mostrado en informes
anteriores, la enorme reducción de la población extranjera se ha producido casi
en su totalidad entre el grupo de personas más pobres”.
¿Qué decir de la
población jubilada? Que el descenso experimentado hasta 2013 se revirtió a
partir de 2015 y se ha mantenido en años posteriores, si bien en 2018 se ha
operado un descenso de tres décimas con respecto al de 2017 (13,1 y 12,8 %,
respectivamente). La razón de las modificaciones operadas, que prácticamente
coinciden con las existentes entre la población mayor de 65 años, son debidas según
el informe “a la modificación anual de los umbrales de pobreza, combinada con
la renta prácticamente fija de la población jubilada: sube el umbral, sube la
pobreza entre los mayores; baja el umbral, baja la pobreza en el grupo”.
Algo que por ser
suficientemente conocido no deja de ser necesario recordar es que cuanto mayor
es el nivel formativo de las personas menor es su tasa de pobreza, 9, 3 %
frente al 20, 6 % del total de la población. En cualquier caso, y tal como
destaca el informe, las tasas “con pequeños altibajos, se mantienen constantes
desde el año 2014. Para ellas, la reducción de este año ha sido de cuatro
décimas, con lo cual, su tasa se mantiene más de dos puntos por encima de la
del principio de la década y, desde el inicio de la fase de crecimiento macroeconómico,
en 2014, acumulan una reducción de nueve décimas”.
4. En la
monografía anexa dedicada a la población pobre se aportan otros datos de
indudable interés y que complementan los anteriores, siendo uno de ellos, y
digno de resaltar, que de los datos objetivos del Informe se desprende que “una
parte importante de la población pobre está constituida por personas españolas,
adultas, con nivel educativo medio o alto, y además con trabajo”, con mayor
presencia femenina y de los menores de 18 años. En efecto, si se suma el porcentaje
del 22,9 % entre los que han completado el bachillerato y el 13,4 % que tienen
educación superior, “suma más de un tercio de población pobre mayor de 15 años
con un nivel educativo medio o alto (36,3 %)”.
Además, vale la
pena insistir en este punto, para deshacer, como bien se dice en el informe,
aquello que “se airea errónea e intencionadamente”, que la gran mayoría es población
española (el 80,5 % frente al 75,2 % en 2008), mientras que la población
extranjera comunitaria es solo el 6,9 % (porcentaje prácticamente idéntico al
del inicio de la crisis, 6,7 %), y el restante 12,6 % corresponde a la
población extracomunitaria, con un muy importante descenso desde el 18,1 % en
2008 al 12,6 % actual, derivado en gran medida del retorno de una parte de
dicha población a sus países de origen o su marcha a otros Estados, y
también de la recuperación económica
operada desde 2014 y que ha supuesto un poco más adelante un incremento del
número de personas trabajadoras extracomunitarias.
Cuestión completamente
distinta es que entre la población extranjera, y dentro de ella según se trate
de población comunitaria o extracomunitaria, la tasa AROPE de pobreza (“Según
la Estrategia Europa 2020 se consideran personas en riesgo de pobreza y/o
exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres
situaciones que se definen a continuación. Personas que viven con bajos
ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo en
el año anterior a la entrevista), y/o personas que sufren privación material
severa (4 de los 9 items definidos) y/o personas que viven en hogares con una
intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de
trabajo en el año anterior a la entrevista). En caso de estar incluidas en dos
o tres condiciones, las personas se contabilizan solo una vez”) sea mucho más
elevada que entre la población española, una diferencia de 33 puntos
porcentuales en 2018 (la española es del 23,1 %, la de la población extranjera
UE 47,9 %, y la extracomunitaria 56,1 %, siendo ya muy elevada, el 52,9 % en el
inicio de la crisis y habiendo alcanzado el máximo del 63,8 % en 2015, para
iniciar un buen descenso desde entonces). Como correctamente apunta el informe,
y los datos sobre población extranjera asesorada en los CITES de Comisiones
Obreras lo corroboran, estos datos apuntan claramente a “la importancia de la regulación
administrativa de su residencia y la capacidad de acceder a los mercados de
trabajo en igualdad de condiciones”.
5. No conviene
olvidar, en este análisis de datos sobre empleo y pobreza, y la necesidad de
que el mismo sea digno y decente para evitar caer en esta, otros documentos de
indudable interés, de ámbito internacional y comunitario, y que permitirán sin
duda un análisis más completo de la realidad laboral.
En primer lugar,
el estudio de la OIT “Promover vías de acceso al trabajo decente”, publicado, y
evidentemente no por casualidad, el mismo día 17 de octubre, acompañado de una
amplia nota de prensa titulada “Un nuevo estudio de la OIT identifica las
políticas para luchar contra la pobreza y las desigualdades”, y con este amplio
subtítulo: “La combinación de políticas activas del mercado de trabajo y la
ayuda al ingreso hace que ambas medidas sean más eficaces en la lucha contra la
pobreza y ayuda a las personas a encontrar un trabajo decente”.
Según puede leerse
en dicha nota, “El empleo remunerado sigue siendo el camino más seguro para
escapar de la pobreza”, señala el informe, y las personas que reciben este
apoyo combinado tienen mayores posibilidades de encontrar un trabajo y, por lo
general, el empleo que obtienen es de mejor calidad. Este enfoque integrado
puede contribuir a reducir el desajuste de competencias, incrementar la
productividad laboral, y ayudar a los trabajadores a hacer frente a las
consecuencias de las crisis económicas, los cambios tecnológicos, los cambios
relacionados con el clima y las variaciones estacionales en el mercado laboral”.
El resumen ejecutivo en español puede consultarse en este enlace, y el texto íntegro
del informe en inglés en este.
Me interesa
destacar estos contenidos del texto:
Una reflexión general
de carácter previo: “A nivel mundial, no solo las transformaciones
estructurales (asociadas con la globalización y la introducción de nuevas
tecnologías) sino también otros motores de cambio (como los factores
ambientales y demográficos) repercuten en la cantidad y la calidad de los
empleos a los que las personas pueden acceder, así como en la distribución de
los ingresos dentro de las sociedades”).
Unas consideraciones
mucho más concretas: a nivel individual, las barreras al trabajo decente
incluyen “la falta de educación y de competencias, la insuficiente experiencia
laboral y las restricciones de información”, y también afectan, en cuanto que
la restringen, a “la movilidad de la mano de obra y reducen las posibilidades
de adaptación de los puestos de trabajo”.
Una valoración
positiva de la combinación de medidas de apoyo a los ingresos y de políticas
activas de mercado de trabajo (PAMT), ya que, bien estructuras y organizadas, y
con disposición de recursos económicos suficientes, “pueden eliminar los obstáculos
estructurales y ayudar a los solicitantes de empleo a encontrar rápidamente nuevas
y mejores oportunidades de empleo”. En especial, en países emergentes y en
desarrollo, medidas como la formación o las subvenciones al empleo “pueden
utilizarse para hacer frente a la falta de educación, cualificaciones y experiencia
laboral”, y más en general pueden facilitar “transiciones justas y sostenibles
para los trabajadores cuando se enfrentan a perturbaciones de la mano de obra
impulsada por factores mundiales”.
Los enfoques
integrados de política de apoyo a los ingresos y PAMT requieren para su éxito de
algunas condiciones, tales como la existencia de “suficiente capacidad
institucional para administrar las políticas”; “recursos suficientes” (se destaca
aquí que el éxito de las medidas que se implanten deberá llevar a una reducción
de los recursos necesarios, por cuando habrá un mayor número de personas con
empleo), y “garantizar la plena participación de los interlocutores sociales”.
Deben ser políticas
integradas que identifiquen correctamente
las “poblaciones objetivo”, a fin y efecto de garantizar que el apoyo “este
disponible para todas las personas que lo necesiten”, con una participación
efectiva de los grupos destinatarios y con las adaptaciones convenientes de los
programas a sus necesidades (campañas de sensibilización, simplificación de
procedimientos de registro de los procesos de notificación, e incluso, apunta
el informe en una tesis ciertamente polémica, puede llegar a ser necesario “establecer
la participación obligatoria en las medidas de activación para guiar a los
participantes hacia su plena integración en el mercado laboral”).
Las conclusiones
del informe, elaborado a partir de toda la información bibliográfica y datos
estadísticos disponibles, y del análisis de programas instrumentado en Mauricio
y Uruguay, exponen que es necesario “asegurarse de que el apoyo a los ingresos
sea lo suficientemente generoso como para que las personas no caigan en la
pobreza, aumentar la adhesión de los beneficiarios a los componentes activos de
los enfoques integrados, y reforzar los vínculos entre el apoyo a los ingresos
y el apoyo activo”.
6. Por último, me
permito recomendar, especialmente para quienes trabajan en el ámbito de las
políticas de empleo, la lectura del Dictamen del Comité Económico y SocialEuropeo “El nuevo papel de los servicios públicos de empleo en el contexto dela aplicación del pilar europeo de derechos sociales”, aprobado en sesión plenaria
de 17 de julio y que ha sido muy recientemente publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea (C353, 18.10.2019).
En su parte introductoria
se contienen algunas breves reflexiones sobre como afecta el futuro del
trabajo, que en realidad es ya presente en gran medida a mi parecer, sobre los
SPE, y que son las siguientes: “Los mercados laborales y las sociedades
evolucionan rápidamente, con nuevas oportunidades y nuevos desafíos derivados
de la globalización, la revolución digital, los cambios en las pautas de
trabajo y la evolución demográfica y de la sociedad. Los desafíos, como las
desigualdades persistentes, el desempleo juvenil y de larga duración o la
solidaridad intergeneracional, suelen ser similares en todos los Estados
miembros, aunque están presentes en distintos grados. La revolución tecnológica
en curso se caracteriza en particular por un ritmo de cambio acelerado…. La
mano de obra nunca ha sido tan diversa ni tan cualificada. La población activa
del siglo XXI es muy distinta y la actitud de los individuos ante el trabajo
está cambiando. Siempre y cuando los trabajadores busquen mayor autonomía en el
trabajo, así como más libertad de elección, y dado que las modalidades de
búsqueda de empleo están conduciendo a una individualización de las condiciones
laborales, un diálogo social y un convenio colectivo deberían clarificar las
condiciones de trabajo. Las personas deberían poder desplegar plenamente su
potencial, haciendo pleno uso de sus cualificaciones, sus capacidades y sus
competencias, y conseguir un empleo productivo y de calidad dotado de una
protección social adecuada”.
Reproduzco aquí,
por su indudable interés, las conclusiones y recomendaciones del Dictamen:
“1.1. El CESE
aprecia la contribución de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red
Europea de SPE) a la modernización y el refuerzo de los servicios públicos de
empleo (SPE), y pide sinergia entre su estrategia actualizada a partir de 2020
y los principios del pilar europeo de los derechos sociales.
1.2. El CESE ha
detectado algunos ámbitos en los que es preciso mostrar mayor ahínco basándose
en la asociación con todas las partes interesadas, los interlocutores sociales,
las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los servicios privados
de empleo a fin de aunar esfuerzos para lograr una mejor integración de los
solicitantes de empleo en el mercado laboral.
1.3. Las
autoridades nacionales deben respaldar debidamente y conferir un papel
innovador a los SPE al aplicar las políticas nacionales de empleo y las
políticas del mercado de trabajo y garantizar unos servicios más eficaces
destinados a las empresas, proporcionando capacidad suficiente, personal
cualificado, equipos informáticos y técnicos pertinentes para la digitalización
de la sociedad, y apoyo financiero.
1.4. El CESE pide
una cooperación más sistemática y estructural entre los SPE y otros proveedores
de servicios en los ámbitos social y laboral para abordar los múltiples
obstáculos que afrontan los solicitantes de empleo cuando intentan acceder al
mercado laboral (cuestiones de salud, vivienda y transporte). La modernización
de los SPE es un proceso complejo, de manera que la falta de coordinación,
programación o planificación así como la dispersión de las responsabilidades a
nivel nacional o regional conduce a la fragmentación. La participación activa y
regular de los interlocutores sociales en las actividades de los SPE es
fundamental para inventariar las oportunidades locales de empleo y ayudar a
corregir los desajustes del mercado laboral.
1.5. El CESE pide
mayores sinergias entre los servicios de los SPE y los sistemas de prestaciones
e infraestructuras sociales, a fin de reforzar la asistencia prestada a los
desempleados en su búsqueda de empleo y evitar que quienes buscan un empleo se
vean penalizados cuando se reincorporen al mercado laboral.
1.6. El CESE
solicita mayor apoyo financiero para los Estados miembros y confía en que el
Fondo Social Europeo Plus (FSE+), introducido recientemente como parte del
nuevo marco financiero plurianual para 2021-2027, se convierta en un
instrumento genuino de la UE para invertir en las personas y aplicar el pilar
europeo de los derechos sociales.
1.7. El CESE considera que deben redoblarse los
esfuerzos por supervisar, evaluar y comparar los servicios de los SPE con
vistas a medir la eficacia de estos servicios a la hora de ayudar a los
solicitantes de empleo a acceder al mercado laboral. Unas normas y directrices
comunes a nivel europeo podrían contribuir a la eficacia de los SPE. Debe
recurrirse más a fuentes de datos como la encuesta de población activa, y
agencias como Eurofound pueden ayudar a realizar este tipo de seguimiento.
1.8. El CESE pide que se modifiquen las
disposiciones existentes para evaluar los resultados de los programas de trabajo
de los SPE, a fin de garantizar que los servicios beneficien a todas las
categorías de personas, especialmente a las que sufren múltiples problemas”.
Buena lectura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario