Toca ordenar, con rapidez, la contratación de profesorado universitario (no sólo del asociado) y cumplir con la normativa (europea, estatal y autonómica) vigente. Notas a la importante sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2017.

1. Terminaba el pasado viernes mi artículo sobre la saga de profesorado universitario asociado, dedicado a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior deCastilla y León de 11 de mayo, con referencias a un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Universidad del País Vasco, y me preguntaba, sin responder obviamente, cómo resolverá la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Pues bien, poco después de publicar la entrada tuve conocimiento, a través de un amigo sindicalista de dicha Comunidad Autónoma, de la publicación de una nota de prensa del gabinete de comunicación del Poder Judicial con el título “El Tribunal Supremo considera fraude de ley a loscontratos temporales de profesor en la Universidad de Barcelona paranecesidades estructurales”, y el subtítulo “La sentencia aborda el problema planteado por un profesor que había trabajador para la Universidad de Barcelona a través de sucesivos contratos de carácter temporal desde el año 2003 a 2013. De la nota de prensa, que efectúa una buena síntesis de la sentencia, destaco ahora, por su relevancia, la última frase: “Nos encontramos sin duda ante una sucesión de contratos de duración determinada para atender a necesidades que en realidad no tienen carácter temporal, sino al contrario permanente y duradera”.

Algo más tarde recibí el texto de la sentencia, ya publicada en la base de datos del CENDOJ y por ello disponible su lectura íntegra para todas las personas interesadas, que sin duda serán muchas en el ámbito universitario. Habrá que esperar una segunda sentencia en los mismos términos para conformación de jurisprudencia, y no creo que deba descartarse, por la importancia del asunto (al menos para quienes estamos en el ámbito universitario), que la cuestión sea elevada a Pleno de la Sala.

Dicha sentencia esde fecha 1 de junio, y fue ponente de la misma el magistrado Ángel Blasco, quien conoce sobradamente el mundo universitario por su condición de Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, área de conocimiento que forma un Departamento de dichaUniversidad y que tiene, como personal docente e investigador (según la última consulta que he efectuado de su página web) 72 personas, de ellas un total de 26 asociados y asociadas. La sentencia se pronuncia en términos contrarios a la propuesta formulada en el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, que abogaba por la improcedencia del RCUD.

2. La noticia fue recogida rápidamente por las agencias de prensa y difundida en los medios de comunicación, así como también por las páginas web jurídicas, con distintos titulares para destacar aquello que se consideraba más relevante, no todos ellos, por cierto, completamente ajustados a la doctrina sentada por la sentencia del TS. “El Supremo rechaza los contratos temporales habituales paracubrir necesidades ordinarias de profesores”, es el titular de la noticia publicada por la agencia EFE.  El diario Expansión titulaba la información sobre la sentencia con el título “El Supremorechaza los contratos temporales por necesidades docentes ordinarias”. Por su parte, Nuevatribuna.es, dando ya por sentado que la UB optará por la indemnización en lugar de por la readmisión, titulaba que “La Universidad deBarcelona deberá indemnizar a un profesor al que tuvo contratado de formainterina durante diez años”, y el subtítulo “El Supremo considera fraude de ley los contratos temporales de docentes para cubrir necesidades de carácter estructural y ordinario”. La web noticiasjurídicas.com afirmaba que el Tribunal Supremo “confirma fraude deley en la contratación temporal de profesores universitarios”, confirmación que será ciertamente de la sentencia de instancia, pero no de una doctrina, hasta ahora inexistente, de la Sala. Por fin, en el diario jurídico electrónico confilegal.es la redactora Yolanda Rodríguez titulaba su artículo de esta forma: “El Supremo califica de fraude deley la sucesión de contratos temporales por necesidades docentes”. Como más adelante explicaré, la sentencia no se refiere a todos los profesores universitarios, ni tampoco a todas las situaciones jurídicas en las que puede formalizarse una contratación de duración determinada, sino a determinadas categorías contractuales y a la obligación de que el contrato se adecúe a las objetivos y finalidades perseguidos por la normativa al permitir dicha contratación.

3. He dicho que la sentencia es de indudable interés, y que deberá ser leída con mucha atención en el ámbito universitario, de tal manera que, por si no tuvieran ya suficiente trabajo, deberá merecer la atención de los vicerrectorados responsables del profesorado universitario, además obviamente de la de los responsables de personal, de los gabinetes jurídicos y de los representantes unitarios y sindicales del personal docente e investigador contratado laboral (aunque no estará de más que también sea leída y analizada por las Juntas de PDI funcionario, dadas las referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interesan a todo el profesorado en general sin distinción por razón de la naturaleza jurídica de su relación con su Universidad empleadora). ¡Ah! Me olvidaba de los vicerrectorados responsables de economía, que deberán prever los hipotéticos costes económicos que pueden suponer demandas ya presentadas, o que se presenten, y que tengan muchos puntos de conexión con la ahora comentada, por no hablar ya del profesorado “temporal permanente” que no supere un concurso y a quien tendrá que abonarse una indemnización de acuerdo a la reciente jurisprudencia del TS.

Para dicha lectura ya disponen del excelente comentario efectuado por el profesor Ignasi Beltrán de Heredia en su blog, con un título que ciertamente llama a la lectura tanto de su artículo como de la sentencia, “Contratación temporal en la Universidad:¿un modelo en la encrucijada”. Remito a la lectura íntegra de su artículo, y reproduzco ahora dos tesis que ciertamente deben ser merecedoras de atención: la primera, que "Se trata de un pronunciamiento especialmente relevante para el modelo de contratación empleado en el sistema universitario y, aunque podría errar en mi proyección, podría llegar a tener un notable impacto”. La segunda, tras una muy buena síntesis de la fundamentación jurídica de la sentencia, que “O, dicho en otras palabras (si lo he interpretado correctamente), el TS estaría estableciendo una presunción de licitud iuris tantum, que decaería en el caso de que no se pruebe la existencia de una “necesidad provisional”. Aseveración verdaderamente contundente porque (aunque, quizás, esté errado en mi valoración) intuyo que son muchos los casos en los que la misma no concurre…”.

4. Es necesario situar primeramente los términos del debate, es decir del litigio jurídico del que ha conocido el TS, por lo que hay que acudir a la sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñade 22 de mayo de 2015, de la que fue ponente el magistrado Gregorio Ruiz. La Sala autonómica estimó el recurso de suplicación interpuesto por la UB contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 12 de Barcelona el 4 de diciembre de 2014, que había declarado improcedente el despido del profesor demandante y condenado a la UB a su readmisión o al abono de una indemnización de 48.802,17 euros, y al revocar dicha decisión desestimó la demanda y absolvió a la entidad demandada de las pretensiones contenidas en la demanda.  Cabe ya señalar que en el RCUD interpuesto por la parte trabajadora se aportó como sentencia de contraste la dictada porla Sala de lo Social del TSJ de Madrid el 12 de diciembre de 2014, de la que fue ponente el magistrado Ignacio Moreno, en la que, a diferencia de la sentencia recurrida, la Sala estimó el recurso de suplicación interpuesto por la parte trabajadora contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 35 de Madrid el 2 de junio de 2014 que había desestimado la demanda por despido, revocando esta y declarando la improcedencia del despido, con condena a readmisión o abono de una indemnización de 79.249,80 euros.

La lectura de los hechos probado de la sentencia de instancia, reproducidos tanto en los antecedentes de hecho de la sentencia del TSJ como en la de la TS, permiten conocer las circunstancias concretas del caso, algo de indudable importancia para poder analizar después si concurre, puesta en conexión con la sentencia aportada de contraste, la obligatoria contradicción de doctrina requerida por el art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social para la admisión a trámite del RCUD y posterior resolución, contradicción que, como he explicado en anteriores entradas, ha sido bastante flexibilizada por la Sala en sus últimas (no en todas) sentencias.

Es importante, pues, conocer que el profesor demandante prestaba sus servicio en la UB desde el 26 de febrero de 2003, primero con tres contratos de profesor asociado a tiempo parcial, después, a partir del 15 de septiembre de 2006, con otros tres contratos de profesor colaborador a tiempo completo, y finalmente, desde el 15 de septiembre de 2010, con dos contratos de profesor lector a tiempo completo, hasta la fecha en que la UB comunicó la extinción del segundo, en concreto el 14 de septiembre de 2013. Además de circunstancias muy concretas del caso, que no parece que hayan sido tomadas en consideración en ninguna de las sentencias dictadas (malas relaciones, más bien pésimas, entre el demandante con otro profesor y la directora de su Departamento, con demandas civiles ante los juzgados), sí interesa destacar (hecho probado tercero) que “Durante la vigencia de todos los contratos suscritos, el actor realizó las mismas funciones de profesor, impartiendo siempre las mismas asignaturas troncales, además de otras asignaturas complementarias, y en el mismo lugar de trabajo del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona”.   

Comparemos los datos de la sentencia recurrida con la de contraste, sin perjuicio de volver sobre la cuestión más adelante para conocer el parecer del TS, que ya sabemos que es positivo, sobre la existencia de contradicción. Se trata de un profesor que prestaba sus servicios para la Universidad Politécnica de Madrid desde el 1 de octubre de 1975, habiendo sido contratado, en régimen administrativo y laboral, desde el inicio de su actividad bajo las modalidades de profesor encargado de curso (hasta 31 de diciembre de 1982), profesor contratado (hasta 30 de septiembre de 1987), profesor asociado (hasta 30 de septiembre de 1989), profesor asociado tipo 3 (hasta 3 de mayo de 2012) y profesor ayudante a tiempo completo con plaza obtenida por concurso (hasta 20 de junio de 2013, fecha en que es comunicada la extinción contractual). Con respecto a la posible renovación del último contrato, la universidad era favorable pero el profesor no estuvo de acuerdo dada su dilatada carrera profesional en la institución, y además no aportó la documentación legalmente requerida para dicha posible renovación.

¿Cuál fue el razonamiento del juzgador de instancia en el primer supuesto para llegar a la estimación de la pretensión de la parte demandante? Se explica con cierto detalle en el fundamento de derecho primero de la sentencia del TSJ (no he leído la sentencia del juzgado) que plantea si existe o no relación indefinida entre las partes, procede al análisis de las modalidades contractuales formalizadas por el profesor, y finalmente examina la jurisprudencia del TJUE, sentencias de 13 de marzo y 26 de noviembre de 2014, para concluir, después de recordar que el TJUE pide a los órganos jurisdiccionales nacionales que efectúen el control de legalidad pertinente para comprobar que se cumplen los requisitos previstos para la contratación de profesor asociado, que “en el presente litigio no concurren ninguno de los dos requisitos establecidos...por una parte no se ha aportado ni practicado prueba alguna que acredite que el demandante realizara una actividad profesional ajena a la universidad cuando fue contratado por la misma como profesor asociado...(y por otra parte) impartió siempre las mismas asignaturas troncales (además de otras), necesarias en el plan de estudios para la obtención de las licenciaturas o grados.....(y)por consiguiente debe determinarse que el hecho de haber suscrito con el demandante diversos contratos temporales de profesor asociado sin que concurrieran los requisitos para ello consecuentemente determina la existencia de una utilización abusiva de la contratación temporal....". Considerará por ello que, y a partir de dichas constataciones, "procede declarar la relación laboral habida entre las partes como indefinida sin que proceda ya el análisis de los posteriores y sucesivos contratos temporales suscritos pues deben igualmente presumirse realizados en fraude de ley...".

Tesis completamente contraria será la mantenida por la  Sala autonómica, que se apoya en varias sentencias dictadas con anterioridad sobre litigios semejantes (una de ellas, por cierto, la que es aportada como de contraste en el RCUD presentado por la UPV y que está aún pendiente de resolución) para llegar a la estimación del recurso de suplicación interpuesto por la UB. Dicho recurso, por lo que ahora interesa al objeto de mi explicación (vid una amplia síntesis de su contenido en el fundamento de derecho segundo) critica el razonamiento del juzgador de instancia en cuanto a la importancia que le concede al hecho de haber impartido docencia en las mismas asignaturas o de haber realizado (o no) tareas de investigación o gestión, ya que a su parecer no es correcto plantear la legalidad de los contratos desde la perspectiva de su objeto, “… cuando el objetivo de los contratos universitarios temporales no es tanto la cobertura de unas determinadas necesidades docentes de las Universidades....sino la formación de los aspirantes a hacer de la docencia e investigación universitarios su profesión definitiva o, en su caso, la incorporación a la Universidad con carácter no permanente de profesionales externos o profesores de otros centros docentes....". Planteamiento impecable en el terreno formal, ya que ello es lo que plantea la normativa aplicable, pero que debe pasar la prueba del algodón para comprobar que ello es así realmente en la práctica, tesis que no es la del juzgador de instancia. Hay que destacar el abundante soporte de la doctrina judicial de la propia Sala autonómica en la que se basa el recurso.

5. No es objeto de esta entrada el estudio de la sentencia recurrida, ni tampoco la de contraste, por lo que ahora me centro en aquellos contenidos de la primera que serán relevantes para su examen posterior por el TS. En realidad, la sentencia autonómica es un amplio compendio y recordatorio de la tesis mantenida desde años antes, en la que se avala la tesis de la temporalidad de la contratación universitaria que se ajuste a las modalidades contractuales previstas en la normativa universitaria, tanto la estatal como la autonómica, y tras el recordatorio de dichas modalidades, al inicio del fundamento de derecho quinto, mucho antes del final de la sentencia, el tribunal ya anticipa que el recurso “debe ser, a nuestro juicio, indiscutiblemente estimado”, y a partir de aquí va explicando la doctrina ya sentada en sentencias anteriores sobre la justificación de la contratación de profesorado asociado, y la regulación jurídica propia de la contratación de duración determinada en el ámbito universitario que hace que la lógica operante en las restantes relaciones laborales de la presunción del carácter indefinido de la relación y de la excepcionalidad de la temporalidad sea la contraria en aquel ámbito, “.(y es que) como hemos afirmado en muchas ocasiones los profesores asociados universitarios son por definición legal temporales....(y) por tanto si el vínculo es temporal por mandato legal, los efectos del fraude de ley no pueden ser los ordinarios del art. 15.3 E.T ....(y) cuando un ciudadano accede a la condición docente o investigadora en la modalidad laboral, excepto en el caso de los profesores contratados doctores -siempre que se cumplan los requisitos del art. 62 LOU- es perfecta y caudal conocedor de que dicha contratación tendrá la duración mensual o anual establecida...." (STSJCat 10/1/2014 RS 5392/2013 Pte. Ilmo. Sr. Falguera Baró)”.  

Dado que la tesis del juzgador de instancia choca frontalmente con la que acabo de explicar la Sala procederá a estimar el recurso, que no considera aplicable la posible irregularidad existente en los contratos de profesorado asociado con ocasión de la extinción del último contrato (varios años más tarde) de profesor lector, y que también es del parecer que la tantas veces citada sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2014 avala su tesis y en modo alguno la del juzgador de instancia, con una amplia cita de su sentencia de 5 de enero de 2015. No deja de ser sorprendente a mi parecer, y es un aspecto que será tomado en consideración por el TS, que la Sala sólo se detenga en aquellos contenidos de la sentencia del TJUE que afirman que es posible la contratación temporal en las Universidades para cubrir unas necesidades que podemos calificar de permanentes (la docencia práctica, por ejemplo, en las diversas asignaturas)…, siempre que ello, añado yo ahora, esté debida y objetivamente justificado, y en realidad no se trata de un subterfugio jurídico para cubrir necesidades permanentes y para las que ordenamiento jurídico universitario confía la docencia a profesorado permanente, ya sea funcionario o laboral (la docencia “teórica” de las asignaturas troncales de los planes de estudio, por poner un ejemplo bien significativo). 

6. Examinada la sentencia recurrida, algo hay que decir también sobre la sentencia de contraste, porque su valoración de la jurisprudencia del TJUE es completamente contraria a la anterior. Por cierto, y dicho sea como anécdota jurídica, en el hecho probado décimo de la sentencia de instancia, el juzgador repasa las categorías contractuales existentes en la LOU, con mención expresa, al referirse al profesorado lector y el requisito para poder acceder a tal condición de “tener un informe favorable de la Agencia para la calidad del Sistema Universitario de Cataluña”. Lapsus que supongo que es imputable al haber tenido como referencia tanto la normativa estatal como la autonómica catalana en otra sentencia que haya tomado como punto de referencia. Dejémoslo aquí.

La Sala debe responder a la pretensión de la parte demandante sobre el carácter fraudulento de su última contratación, en atención tanto a la prestación de servicios semejantes durante su dilatada vida universitaria, como al hecho de estar prestando sus servicios de forma ininterrumpida durante 38 años. La tesis de la parte recurrida se basará fundamentalmente en el incumplimiento de los requisitos legales establecidos por la normativa vigente para poder proceder a la renovación del contrato de profesor ayudante, ya que al estar realizando la tesis doctoral debía aportar un informe de su actividad investigadora durante el año anterior, cosa que no hizo, y poniendo de manifiesto además que la anterior vinculación con la UPM era de carácter administrativo.

La Sala también repasa, ahora sí correctamente, las modalidades contractuales reguladas por la LOU, rechazando la primera tesis de la parte actora en la instancia, cual era la de declaración de nulidad, por considerar, al igual que hizo el juzgador, que no se había vulnerado en modo alguno la garantía de indemnidad del ahora recurrente. Y al entrar en la pretensión subsidiaria, que es la que me interesa analizar al objeto de esta entrada, es cuando se plantea si la extinción del contrato, de una persona con una “dilatadísima prestación de servicios sin solución de continuidad digna de mención”, está o no justificada; es decir, debe analizar, y dar respuesta, a la pregunta de si ha sido fraudulenta o no “el proceder de la demandada que pone término a la relación sin indemnización”. No cuestiona que el (último) contrato de profesor ayudante puede extinguirse por vencimiento del plazo, y que la sentencia del TJUE establece que la normativa española sobre contratación de profesorado asociado es compatible con la Directiva 1999/70/CE, si bien al mismo tiempo se recuerda, y aquí empiezan las diferencias sustanciales con la sentencia recurrida, que el TJUE efectúa un llamamiento a las autoridades nacionales “para extremar el control del fraude, y garantizar que estos contratos se celebran realmente con profesionales que ponen a disposición de la universidad sus conocimientos técnicos. En cambio, cuando el contratado bajo esta modalidad no desarrolla esa otra actividad principal, o cuando los asociados a tiempo parcial cubren «necesidades permanentes y duraderas de las universidades en materia de contratación de personal docente», no concurre ninguna excepcionalidad, y se aplicarían las garantías del Acuerdo marco”.

Pues bien, la Sala repasa los hechos probados de instancia y las actividades realizadas por el profesor demandante, con un grado de participación en la actividad docente muy parecido al de un profesor permanente, tanto por lo que respecta a la impartición de la docencia como por lo que respecta a la evaluación y publicación de las calificaciones y a la organización de la docencia para cursos venideros, algo que pone claramente de manifiesto a juicio de la Sala que eran datos reveladores de que la enseñanza de la materia impartida por el docente “constituía una necesidad permanente del citado centro universitario”, y por ello “debe entenderse en este caso concreto que la relación laboral del recurrente, por fraudulenta y abusiva, incluso durante un breve periodo de tiempo del curso 2012-2013 sin contrato, no respeta las garantías de la normativa comunitaria de referencia interpretada en la forma ya señalada por la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de marzo de 2014 (asunto C-190/13 )”. Primera divergencia de la sentencia del TSJ madrileño con la del TSJ catalán, planteándose aquel cuál ha de ser la normativa aplicable, si la del acuerdo marco, si la de los arts. 49 y 53 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, o si ha de plantearse una cuestión de inconstitucionalidad. Con aplicación de su doctrina sentada en sentencia de 24 de octubre de 2014 (en la que hay muy amplias referencias a la jurisprudencia del TJUE, del TC y del TS), llega a la conclusión de la posible aplicación directa de la jurisprudencia comunitaria, concluyendo que el último contrato  de profesor ayudante, aunque formalmente correcto había devenido en realidad “fraudulento y abusivo…puesto que previamente a su suscripción su contrato era ya indefinido, con una relación de casi cuarenta años de duración, al responder a una actividad normal y permanente de la empresa, y por ello su despido merece ser calificado de improcedente”.

7. Explicadas y analizadas sucintamente la sentencia recurrida y la de contraste, es obligado ya pasar al estudio de la sentencia dictada por el TS el 1 de junio, con recordatorio de la excelente síntesis de las tesis de la Sala en el artículo citado del profesor Beltrán de Heredia.  El amplio resumen oficial de la sentencia, que permite tener ya un excelente conocimiento del contenido del caso y de la resolución, es el siguiente: “Profesor de Universidad Pública que ha venido prestando servicios laborales mediante sucesivos contratos temporales, previstos en la legislación universitaria, para realizar funciones docentes relativas a necesidades permanentes y ajenas a la modalidad contractual temporal utilizada. El profesor interpone demanda de despido contra la finalización del último contrato que es estimada en la instancia declarando el despido improcedente y revocada por la sentencia recurrida que entiende que las irregularidades darían lugar a la nulidad del contrato, desestimando la demanda. Se estima el recurso: 1) La normativa vigente -ni siquiera la específicamente prevista en materia de contratación de docentes universitarios- no ampara el recurso a la contratación temporal como fórmula habitual para cubrir necesidades docentes de carácter estructural u ordinario. 2) Según la jurisprudencia del TJUE (STJUE de 13 de marzo de 2014, asunto C-190/13) los órganos judiciales internos deben comprobar, en el caso de los profesores asociados que, cuando hay una sucesión de contratos temporales en el ámbito de la docencia universitaria, éstos tratan de atender necesidades provisionales o intrínsecas de la figura contractual utilizada, pero no para cubrir necesidades permanentes y duraderas ajenas a la finalidad propia del contrato utilizado. 3) Cuando se incumple la finalidad prevista en el contrato porque es utilizado para cubrir objetivos distintos de los que resultan inherentes a la modalidad contractual elegida no estamos en presencia de una nulidad total del contrato sino de una situación de fraude de ley en la contratación con consecuencia de la consideración del contrato como indefinido y la calificación del cese como despido”

En primer lugar, es obligado responder a la pregunta (aunque ya conocemos la respuesta) de si existe contradicción de doctrina entre las dos sentencias, recurrida y de contraste, en los términos dispuestos en el art. 219.1 de la LRJS, es decir que exista contradicción “… respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos”.

La tesis afirmativa de la Sala respecto a la existencia de contradicción, que aquí sí que coincide con la del Ministerio Fiscal, se sustenta (vid fundamento de derecho segundo), anticipando a mi parecer alguna pista de por dónde va a ir la resolución del caso, en la existencia de dos litigios en los que se debate sobre la existencia o no de una extinción conforme a derecho o bien si se trata de un despido injustificado, tratándose de dos profesores universitarios que prestaban sus servicios para sus respectivas Universidades “durante bastante tiempo” con sucesivos contratos de duración determinada, siendo así que para la Sala, ya he dicho que anticipa sus tesis finales, la actividad del profesorado respondía a necesidades permanentes y estructurales de las empresas demandadas “sin que en ninguno de los casos pudiera comprobarse, de manera fehaciente que las necesidades docentes cubiertas por los profesores estuvieran relacionadas con la actividad específica que la normativa universitaria tiene establecida para cada modalidad contractual utilizada” (no estoy seguro, dicho sea incidentalmente, que esta sea la tesis de la sentencia del TSJ catalán, pero ahora lo que importa es el parecer del TS).

Pues bien, a partir de dos supuestos de hechos en que concurren las identidades descritas (quizás hubiera debido merecer algo más de atención, aunque no me parece que afecte en este caso concreto a la decisión adoptada por el TS, que la antigüedad en la sentencia de contraste fuera bastante superior a la de la sentencia recurrida) la Sala constata que se ha llegado a resultados diferentes en cada sentencia, siendo especialmente importante a mi parecer la argumentación, con la que coincido plenamente, de que ambas han aplicado de forma diferente la jurisprudencia del TJUE, pues “para la sentencia recurrida, la actuación de la Universidad estaría amparada por la normativa comunitaria y respaldada por la doctrina contenida en la jurisprudencia comunitaria, en concreto en la STJUE de 13 de marzo de 2014, mientras que esa misma jurisprudencia sería, para la sentencia de contraste, determinante para declarar la conducta de la Universidad demandada como ilegal”. La divergencia en la aplicación de la jurisprudencia comunitaria me parece el punto nuclear del debate, y de mantenerse la línea acogida en la sentencia ahora objeto de comentario debería llevar a mi parecer a la desestimación del RCUD interpuesto por la UPV contra la sentencia del TSJ vasco de 12 de enero de 2016… pero esperaremos a saber, y conocer, el parecer del TS.

8. Una vez aceptada la existencia de contradicción, la Sala centra con prontitud y corrección las cuestiones jurídicas a resolver y cómo debe afrontar jurídicamente la resolución del caso. Estamos en presencia de dos supuestos en los que el último contrato se ha extinguido por vencimiento del plazo pactado, y que con anterioridad han existido un amplio número de contratos también temporales formalizados con los mismos docentes, debiendo dar respuesta a la pregunta (obsérvese nuevamente como se apunta en la dirección final del caso) de la calificación jurídica de dicha extinción “cuando las actividades docentes desarrolladas lo han sido para cubrir actividades permanentes y estructurales de la Universidad y, especialmente, para supuestos distintos de los previstos en la norma reguladora de la modalidad contractual utilizada”. Para dar debida respuesta a la pregunta formulada habrá que resolver, dice la Sala, “si la actuación descrita está o no amparada por la normativa comunitaria o interna vigente en la interpretación efectuada por la jurisprudencia del TJUE y por la nuestra; y, también, caso de que no lo estuviera, la calificación que habría que otorgar a los hechos descritos y sus consecuencias en el ámbito de la demanda formulada por el actor hoy recurrente”.

El fundamento de derecho tercero es, a mi parecer, una combinación de reflexiones doctrinales sobre la duración de la contratación laboral, examen de la normativa y jurisprudencia del TJUE, y análisis de la normativa española, tanto general como la universitaria en particular. ¿Qué es aquello que creo que debe destacarse por merecer especial atención?

Primeramente, una afirmación que sin duda es totalmente cierta, al menos en el plano formal, y que, de forma indirecta, ya marca una clara diferencia con el planteamiento teórico efectuado por la sentencia recurrida del TJj catalán: para el TS, la presunción es el carácter indefinido de la relación contractual laboral, y la temporalidad la excepción, tanto en el ámbito de las relaciones entre privados como cuando interviene como empleador una Administración Pública, acudiendo con buen criterio en apoyo de estas tesis a la Directiva 1999/70/CE y al texto del acuerdo maco patronal-sindicatos europeos anexo a la misma.

También acude a la importante sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-16/2015,caso Pérez López, menos conocida, pero no por ello menos importante, que la del caso Ana de Diego Porras), de especial relevancia para las relaciones laborales y administrativas en el ámbito de las Administraciones Públicas, que mereció atención detenida en una anterior entrada titulada “Nombramiento de personal estatutario temporal eventual en el ámbito sanitario público. Vulneración de la normativa comunitaria sobre el trabajo de duración de determinada. Nota a la importante sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-16/15)”, en la que concluía que la sentencia “lleva a plantear la necesidad de resolver una situación laboral fáctica en la sanidad pública en la que el grado de incumplimiento de la normativa europea se ha demostrado de forma clara y fehaciente, y que requerirá a mi parecer que se adopten las medidas normativas oportunas, tratando de buscar  fórmulas jurídicas que permitan que el personal con nombramiento temporal que en realidad no es tal por cubrir necesidades permanentes y estables puede tener mayor estabilidad en su vida laboral, con acercamiento a la situación del personal indefinido no fijo en el ámbito laboral en sentido  estricto. Buena cuestión para debate, ya que de no ser así se estaría incumpliendo flagrantemente la resolución del TJUE”.

La Sala también se detiene en la normativa aplicable a las relaciones laborales en las Administraciones Públicas con recordatorio del art. 11 del Estatuto Básico del Empleador Público y también con mención expresa, como no podría ser de otra forma jurídicamente hablando, a la posibilidad de modalidades contractuales específicas en algún ámbito de actividad profesional, como es ciertamente el del profesorado universitario, contemplado y regulado en la LOU y sus normas de desarrollo, en la normativa universitaria de cada Comunidad Autónoma, en los convenios colectivos que regulen las condiciones de trabajo del personal docente e investigador laboral, y sin olvidar los Estatutos de cada Universidad.

La Sala vincula la normativa propia universitaria con las tres situaciones contractuales en las que se ha encontrado el profesor recurrente (asociado, colaborador y lector), para poner de manifiesto que la configuración de tales contratos “.. han sido siempre de carácter temporal, en consonancia con la configuración normativa de dichos contratos”, para pasar posteriormente a efectuar una somera síntesis de cada modalidad contractual y de su razón de ser, para concluir, que si se utilizan de forma indebida se incumple la normativa vigente; dicho con las propias palabras de la Sala, referidas al profesorado asociado, “cuando no se cumplen los presupuestos que legitiman este tipo de contratación, así como cuando la actividad docente desempeñada está absolutamente desvinculada de la actividad profesional que desempeña el docente fuera de la Universidad se desvirtúa la esencia de esta modalidad contractual” (dicho sea incidentalmente, me gustaría mucho estar plenamente de acuerdo con la afirmación de la sentencia de que la modalidad de profesor asociado … “ha estado siempre vinculada a profesionales de reconocido prestigio”, afirmación impecable en el terreno formal y teórico, pero que no siempre es así, por diversos motivos que sería muy largo de explicar y que no procede hacer en este comentario, aunque no está de más recordar como los recortes presupuestarios han incidido en el aumento del uso de esta modalidad contractual). Igualmente, la Sala repasa los contenidos, legales y convencionales, de las otras dos figuras contractuales a las que ha estado sometido el ahora recurrente, enfatizando sus notas características.

Corolario de todo lo anterior, y con una tesis que provocará sin duda satisfacción entre  un amplio número de profesorado universitario con diversas modalidades contractuales de duración determinada, y no creo que tanta entre quienes dirigen y gestionan las Universidades (y no precisamente por no estar de acuerdo con esta tesis) es que la prestación de servicios en el ámbito universitario, su forma “normal” ha de ser, en cuanto a su duración, “la relación indefinida – a través de los distintos cuerpos docentes – o laboral – mediante la figura ordinaria del profesor contratado doctor -, y que la contratación temporal, caso de formalizarse, será conforme a derecho, y estoy completamente de acuerdo con esta tesis, “durante los períodos y para las necesidades previstas legalmente”, tesis con la que la Sala quiere poner de manifiesto algo que desarrollará extensamente más adelante (fundamento de derecho cuarto) que enlaza con su interpretación de la jurisprudencia del TJUE y más concretamente de la importante sentencia de 13 de marzo de  2014: primero, que la contratación temporal es posible en el ámbito universitario; segundo, que debe ajustarse a los requisitos requeridos, legal y convencionalmente, para cada figura; tercero, que no obsta a la temporalidad de la contratación el que se trate de atender a necesidades permanentes (doy fe, permítanme una referencia propia en mi condición de docente universitario desde hace más de cuarenta años, y con ocupación de diversos cargos de responsabilidad institucional, que las actividades prácticas son algo consustancial a la vida académica, y de obligada utilización con la entrada en vigor del “modelo Bolonia”, y que por ello son actividades permanentes, aunque la docencia puede impartirse, y ojala que fuera siempre así, por profesionales de reconocido prestigio y con actividad principal externa a la Universidad); y cuarto, y no menos importante desde luego, es que, permítanme la perogrullada, se cumpla y respete la normativa, o dicho de forma más técnica, con palabras del propio tribunal, que “respondan a los fines e intereses protegidos por la norma legal que habilita la correspondiente contratación temporal, bien sea por razones ligadas a la necesaria relación entre la realidad práctica y profesional con la formación de los alumnos, bien a exigencias conectadas a la promoción y formación del docente, o a cualquier otra finalidad legalmente establecida”. 

Sentada la base doctrinal de la sentencia, que ha sido aquella que más ha llamado la atención al profesor Beltrán de Heredia en su artículo, es obligado completarla con una frase que sin duda ha sido la que ha merecido más atención en los medios de comunicación y que a no dudar la seguirá mereciendo en los comentarios, seguro que muchos, que aparecerán en los próximos días y meses sobre la sentencia, cual es que el espacio universitario “… (no es) un espacio inmune al cumplimiento de la normativa comunitaria y española sobre contratación temporal y las consecuencias de una utilización indebida de la misma”. Salvando las innegables diferencias, históricas y del tribunal que la pronuncio, la frase me recuerda mucho a una del TC que ha hecho innegable fortuna en el ámbito judicial y doctrinal (aunque en los últimos años su fortaleza  haya quedado debilitada por mor de interpretaciones del TC muy pegadas a la libertad constitucional de empresa), cual es la recogida en el fundamento de derecho 2 de la sentencia del TC núm.88/1985 de 19 de julio: “Las manifestaciones de «feudalismo industrial» repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1)”.

9. En el fundamento de derecho cuarto, la Sala procede a un completo estudio de la jurisprudencia comunitaria interpretada de forma sustancialmente distinta por las sentencias recurrida y de contraste, así como del acuerdo marco cuyas cláusulas, o más exactamente la interpretación de las mismas, son las que han dado pie a los litigios jurídicos, poniendo el acento, en su examen, en algo en lo que coincide con la sentencia de contraste y no, en absoluto, con la recurrida, en cuanto que se acepta que un contrato formalizado con un profesor asociado cubra con una necesidad permanente que exista (y les puedo asegurar que son muchas) en la vida ordinaria universitaria, siempre y cuando, eso sí, el profesor asociado, en virtud del contrato formalizado y de acuerdo  a la normativa aplicable, ejecute tareas docentes “bien definidas – ligadas a su quehacer profesional fuera de la universidad – que forman parte de las actividades habituales de las universidades”. Sigue tomando en consideración la jurisprudencia del TJUE respecto a la necesidad de comprobar que las contrataciones, y renovaciones de contratos temporales en el seno de la comunidad  profesoral universitaria, más exactamente ahora la de profesorado asociado, cubran necesidades provisionales y no se utilicen para cubrir “necesidades permanentes  y duraderas ordinarias”, o más exactamente, y me gusta más esta precisión conceptual, extraída de la jurisprudencia del TJUE que no la anterior, que el contrato, y en su caso renovación “debe corresponderse a una necesidad de lograr el objetivo pretendido por los mismos e inherentes a su  propia configuración contractual”.

A mi parecer, es en este punto donde hay que poner el acento jurídico y no en el anterior, ya que hay muchas actividades docentes que, en virtud de lo dispuesto en los planes de estudio de las diferentes titulaciones, deben ser consideradas como “necesidades permanentes y duraderas ordinarias” (en mi caso, y aunque soy funcionario, he impartido actividad práctica, que em encanta, desde 1982, pero siempre he sido muy cuidadoso, cuando he tenido autoridad institucional para ello, que las actividades troncales teóricas y el peso de la asignatura esté a cargo de profesorado funcionario o contratado indefinido, si bien hay que reconocer que ello está resultando muy difícil de cumplir en los últimos años en muchas Universidades ante el recorte total de las tasas de reposición, que afortunadamente se han recuperado y que es de esperar que contribuyan a mejorar a medio plazo, pero no a corto, la situación actual).

10. La Sala dedica el fundamento de derecho quinto a una cuestión que no me parece, salvo mejor parecer, que sea el núcleo duro del debate, si bien sí que tiene trascendencia en la medida en que la sentencia recurrida consideraba que el incumplimiento de un requisito de obligado cumplimiento, como es el de acreditar una actividad principal externa a la Universidad para poder acceder a la condición de profesor asociado, no merecía la consideración jurídica de actuación fraudulenta, de fraude de ley regulado por el art. 15.3 de la LET y al que se anudaría la improcedencia de la decisión de extinción contractual, sino que se trataba de un contrato nulo, contrario a la ley al que sería de aplicación el art. 9.2 respecto al derecho del trabajador a percibir la remuneración adeudada por la prestación del trabajo.

Sorprende esta tesis si se repara en que la nulidad es un supuesto excepcional en el ámbito de las relaciones laborales, ya que su aplicación generalizada provocaría un perjuicio innegable para una persona, el trabajador, que debe ser la parte protegida, y no perjudicada en la relación laboral. Con plena corrección jurídica a mi entender la Sala recuerda cuales son los supuestos que el ordenamiento jurídico (Código Civil) prevé que pueda darse dicha nulidad contractual y constata que ni se ha producido vicio alguno en el consentimiento, que el objeto de la prestación no es ilícito, y que existe una causa del contrato, concluyendo aquello en lo que existe a mi parecer un consenso bastante generalizado en la doctrina laboralista y acogido igualmente por el TS: que en situaciones como las planteadas en el caso ahora objeto de comentario, realmente aquello que se da es “la utilización de una modalidad contractual, generalmente temporal, para la regulación de trabajos que no resultan amparados por la regulación finalista del contrato utilizado”, afirmando con claridad que “existe, por tanto, una situación de fraude en la utilización de la modalidad de que se trata”. En este punto, la Sala acude a su doctrina general sobre los efectos del fraude de ley en las relaciones laborales, desmarcándose con toda claridad de la doctrina del TSJ catalán, para concluir que ello provoca una situación jurídica que no es la del contrato formalmente celebrado, de duración determinada, sino otra bien diferente, que es la de un contrato indefinido no fijo si el conflicto, como ocurre, en este caso, se produce en el seno de una Administración Pública, “de forma que la extinción empresarial basada en la finalización del supuesto carácter temporal del vínculo contractual determinará que sea calificada como despido improcedente”.

11. Va llegando el momento de ir concretando y aplicando la doctrina general anteriormente expuesta, y que a mi parecer requerirá de un análisis casuístico, es decir caso por caso (ya que la realidad del mundo universitario es extraordinariamente diversa) para determinar en qué medida procede su aplicación. La Sala es del parecer, tras recordar la fundamentación sustantiva del recurso, que la tesis del recurrente debe prosperar. Si para la sentencia del TSJ catalán el recurso de la UB debía ser “indiscutiblemente estimado” y que la tesis del juzgador de instancia era errónea tal como “hemos podido sancionar con reiteración y rotundidad” (en anteriores sentencias en que se trataron de litigios semejantes), de forma totalmente contraria el TS afirma  que la celebración en fraude de ley de los sucesivos contratos temporales formalizados entre la UB y el profesor “resulta evidente”; evidencia que para la Sala se sostiene, y nuevamente habrá que poner a mi parecer el acento en que los contratos respondan a las finalidades y objetivos fijados para cada modalidad y no a que se trate de una actividad (me gusta más este término que el de “necesidad”) permanente y duradera, en que tales contratos, y yo diría más exactamente que su plasmación concreta, “se dirigieron a la realización de necesidades docentes regulares y estructurales de la universidad demandada que no estaban ligados a los objetivos propios de la contratación”, siendo así además que el contrato de profesor asociado no se formalizó con cumplimiento de un requisito obligatorio, la acreditación de una actividad profesional principal externa a la Universidad, y que durante el contrato de profesor lector (inalterados los hechos probados de la sentencia de instancia) “.. (no) se cumplieran mínimamente las finalidades formativas ligadas a dicha modalidad contractual”. Es decir, no han sido bien utilizados los contratos que formalizó el actor, al menos el de asociado y el de lector, que en realidad desarrolló tareas que corresponderían a profesorado permanente (funcionario o laboral), algo que implica que las tareas desarrolladas, básicamente la impartición de docencia ordinaria, “están alejadas de la configuración finalista de los propios contratos utilizados, lo que revela la infracción de las normas que regulan dicho tipo de contratos”.

Para concluir su argumentación, conocedora sin duda la Sala de las críticas que pudieran quizás hacerse a su tesis por no tomar en consideración la disposición adicional decimoquinta 2 de la LET (“lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años”), o del apartado tres del mismo precepto (“Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el artículo 15.5, solo se tendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en dicho artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley”), expone y argumenta que ninguno es de aplicación al caso concreto enjuiciado; en primer lugar, porque los contratos de profesor asociado, colaborador y lector, no entran dentro del supuesto previsto en el apartado 2; en segundo término, porque no existe encadenamiento de contratos válidamente celebrados conforme a derecho, ya que el supuesto concreto es el de la utilización fraudulenta de diversas modalidades contractuales, “cuya consecuencia no puede ser otra que establece el propio ordenamiento jurídico y que conduce a la nulidad de las cláusulas de temporalidad incluidas en cada contrato y su sustitución por el carácter indefinido no fijo del contrato que liga a las partes”.

12. Voy concluyendo mi explicación, en la que he tratado de destacar los contenidos más relevantes de esta importante sentencia, así como mi parecer particular sobre la misma. No sé si de esta forma habré respondido a las dudas que le ha suscitado a ese buen amigo sindicalista del País Vasco, no jurista, que contempla con una cierta perplejidad que la normativa, y así es en efecto, permita la contratación de profesorado asociado tanto para cubrir actividades docentes temporales como permanentes de su Universidad (lo permite la normativa europea, la estatal y las autonómicas, y los convenios colectivos, y la jurisprudencia del TJUE) pero al mismo tiempo se refiera a que esos contratos no han de servir para dar cobertura a necesidades permanentes de la empresa. Ciertamente, la compleja realidad universitaria hará que se sigan suscitando más casos como el enjuiciado, y que de momento no parece que la “saga del profesorado universitario”, y no sólo del asociado, vaya a desaparecer. Mientras tanto, ya tienen las autoridades universitarias, los representantes sindicales y todo el profesorado no permanente (y por supuesto todos aquellos “permanentes” que así lo deseen) una lectura y un debate obligado para las próximas fechas.

Buena lectura