1. El Consejo deMinistros celebrado el 23 de diciembre aprobó la “Estrategia nacional de prevención y
lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030”, de la que hay una
breve referencia en la nota de prensa en estos términos:
“La estrategia
constituye la hoja de ruta de la política social de Gobierno para los próximos
años y responde al compromiso con la cohesión, el progreso social, y la
cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía, prestando especial
atención a las personas más vulnerables, en situación de pobreza o exclusión
social.
El acceso a la
vivienda y el desarrollo del estado de bienestar son dos de los grandes rentos,
junto a asegurar las rentas laborales y las prestaciones sociales para las
familias y personas vulnerables.
La Estrategia se
ha elaborado de forma participativa y consultiva, teniendo en cuenta la
configuración territorial e institucional y el mapa de distribución de
competencias. Durante su vigencia, su desarrollo estará abierto a la
colaboración de administraciones autonómicas y locales.
Las políticas de
la Estrategia se estructuran en cuatro ejes que tienen como objetivo garantizar
los recursos para la ciudadanía, transformar la situación de vulnerabilidad y
asegurar la igualdad de oportunidades; reforzar el estado de bienestar y mejorar
la coordinación de políticas y administraciones”.
Una mucho más
detallada información la encontramos, lógicamente en la página web del
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 203, en el artículo “Derechos
Sociales aprueba la nueva Estrategia contra la pobreza con la vivienda y el
desarrollo del estado de bienestar como grandes retos” , en el que se resalta que
“El documento
constituye la hoja de ruta de la política social de Gobierno hasta 2030 y
recoge acciones para asegurar recursos para las personas en situación o riesgo
de pobreza, reforzar la protección social y coordinar la acción entre
administraciones”
Los cuatros ejes
en que se estructura la Estrategia son explicados, sintéticamente, en estos
términos:
“Garantizar
recursos para la ciudadanía: Lo componen políticas que buscan asegurar unos
ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y las prestaciones sociales
y en favorecer el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad. En este
sentido, se apoyará el alquiler para personas y familias vulnerables, se
prevendrán los desahucios, se ampliarán las herramientas contra la pobreza
energética y se abordarán medidas para erradicar el sinhogarismo. Por el lado
de los ingresos, se revisará el IPREM para mantener su intensidad protectora y
se fortalecerán las rentas del trabajo.
Inversión social
en las personas para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar
la igualdad de oportunidades: Este eje se centra en crear nuevas plazas en
educación infantil y asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias
objetivo. También se buscará prevenir y reducir el abandono escolar para que
estas niñas y niños disfruten de las mismas oportunidades que los demás. En el
plano laboral, se fomentará la contratación de personas con dificultades de
acceso al empleo y se desplegarán medidas contra la discriminación laboral.
Refuerzo del
estado de bienestar y la protección social: Las actuaciones comprendidas en
este eje se destinan a construir una red de protección que garantice los
derechos sociales y facilite la conciliación entre la vida laboral y la
familiar, una tarea que resulta mucho más difícil para las familias que sufren
la precariedad y disponen de menos tiempo para cuidar a menores y personas en
situación de dependencia. Para ello la Estrategia incorpora las actuaciones
contempladas en la Ley de familias, y apuesta por asegurar comidas saludables
en los comedores escolares, así como otorgar un apoyo especial a las familias
en situación de pobreza con personas con discapacidad. La hoja de ruta promueve
a su vez el acceso universal a la atención infantil temprana, la autonomía
personal en los sistemas de dependencia y la coordinación entre los sistemas
públicos de servicios sociales.
Desarrollo de
alianzas y trabajo en red: Esta línea contempla un reto transversal que apoya
el logro de los demás retos y prioridades. Está centrado en mejorar la gestión
y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia,
eficacia y cobertura. Impulsará la cooperación territorial a todos los niveles
y fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de
las iniciativas”.
2. El texto íntegro de la Estrategia (203 páginas) está disponible en este enlace
3. En la introducción,
se sitúa su contexto y necesidad, así como también el análisis del marco
estratégico,
Destaco de la
introducción el énfasis puesto en subrayar que
“Esta Estrategia
continúa la senda iniciada por su predecesora, la Estrategia Nacional de
Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, pero
profundizando en el objetivo principal de mantener y desarrollar el Estado de
Bienestar en España, mediante un sistema de protección social reforzado y
sostenible, al alcance de toda la población, con especial atención a las
personas en situación de mayor vulnerabilidad por encontrarse en situación de pobreza o
exclusión social”
Y del marco
estratégico que
“... En el ámbito
europeo, se alinea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su Plan de
Acción, que contempla diversos objetivos que los Estados Miembro tienen que
alcanzar para cumplir con los establecidos para el año 2030. Y también se
vincula con los diversos instrumentos comunitarios, como el Fondo Social
Europeo Plus (FSE+), que será el principal mecanismo de financiación
comunitaria para apoyar las reformas estructurales en el ámbito laboral,
social, educativo y de formación”, ya que “... cuyos principios (del Pilar) están
prácticamente en su totalidad vinculados con la lucha contra la pobreza y la
exclusión social”.
Obviamente, hay
muy amplia mención al Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR),
del que cabe recordar que el componente 22 está dedicado al “Plan de choque
para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, y
el componente 23 a “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo
dinámico, resiliente e inclusivo está vinculado con la formación y empleo y el
desarrollo de la economía social como fuente de oportunidad laboral” (remito a
la entrada “Planes, programas y Estrategias. Notas a los contenidos laborales,
de empleo y protección social, del Plan de recuperación, transformación,
recuperación y resiliencia, del Programa Nacional de Reformas 2021 y de la
actualización del Plan de estabilidad económica 2021- 2024” )
Y por supuesto, en
el ámbito de la presente entrada, hay que referirse a la Estrategia española de
apoyo activo al empleo 2021-2024, con el análisis efectuado por mi parte en la
entrada “La reforma de las políticas de empleo en España. Un paso adelante con
el Anteproyecto de Ley de Empleo” . En la Estrategia se subraya que “Las políticas activas de empleo suponen,
posiblemente, el elemento más importante en la prevención de la pobreza y la
exclusión social y son la esencia de las medidas en la inversión social en las
personas”.
4. Al efectuar el
balance de la Estrategia 2019-2023, se recuerda que
“Se trataba de una
Estrategia alineada con los programas y políticas más relevantes de ámbito
europeo e internacional que formaban parte del marco estratégico del momento en
el que se desarrolló. Inspirada en la Estrategia Europa 2020, fue formulada en
consonancia con el Pilar Europeo de Derechos Sociales y alineada con los ODS a
través de su participación en la ejecución del Plan de Acción español de la
Agenda 2030 y su Reto País 1: Acabar con la pobreza y la desigualdad.
Hay un amplio
repaso de las medidas y leyes aprobadas, cuya síntesis se efectúa en las
páginas 35 a 58. Se recogen, pues, todas las medidas y leyes aprobadas para el
desarrollo del Objetivo 2,2, que estaba dedicado a formación y empleo, que
incluía
“2.2.1 Potenciar las políticas activas en
favor de las personas desempleadas y con mayor riesgo de exclusión del mercado
de trabajo”, L 2.2.2 Incentivar la contratación de personas con más
dificultades de acceso al empleo (jóvenes, mujeres tras la maternidad y
crianza, mujeres gitanas, personas con discapacidad, personas en exclusión
social, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, etc.)
mejorando su empleabilidad, L2.2.3. Apoyar a las personas menos cualificadas en
sus intervalos de transición entre empleos, L 2.2.4 Apoyar iniciativas de
fomento del emprendimiento que genere empleo de calidad, L 2.2.5. Fomentar la economía social, así como
otras formas de economía solidaria, L2.2.6 Facilitar la movilidad laboral y
funcional, L 2.2.7 Reducir la brecha
salarial, especialmente entre mujeres y hombres, 2.2.8 Mejorar los mecanismos
de intermediación del empleo, la atención individualizada y el modelo de
colaboración público-privada, así como la mejora de los servicios públicos de
empleo. L 2.2.9 Impulsar los desarrollos normativos necesarios para incrementar
la oferta formativa en los contratos de formación y aprendizaje, garantizar la
calidad y mejorar las condiciones laborales L 2.2.10 Mejorar el control de los
contratos para la formación y aprendizaje con particular atención a las
actividades formativas y los contratos en prácticas, L 2.2.11 Establecer
medidas contra el empleo precario, así como contra los falsos autónomos, L
2.2.12 Promocionar los contratos de reserva de mercado para empresas de
inserción y CEE de iniciativa social, L 2.2.13 Articular medidas de prevención
de toda forma de discriminación en el ámbito laboral por razón de edad, sexo, discapacidad, identidad y expresión de género,
orientación sexual, origen étnico o religión.”
5. A continuación,
se procede al diagnóstico de la pobreza y exclusión social en España, prestando
atención a los indicadores generales, y también a los de desigualdad,
centrándose después en los perfiles de pobreza en España y más concretamente en
la pobreza en la población adulta, dedicándole un apartado específico al
empleo, así como también en la pobreza infantil. Se explica, primeramente, que se
analizan
“los tres
componentes del indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Social Exclusion)
según sus siglas en inglés) utilizado en el ámbito de la Unión Europa para
medir los avances para el cumplimiento de los objetivos del Plan de acción del
Pilar Europeo de Derechos Sociales a 2030: el riesgo de pobreza monetaria
(utilizando dos umbrales de renta mediana: el 60% y el 40%, la privación
material y social severa y la baja intensidad laboral, por este orden; para
finalizar con el comportamiento del indicador AROPE en su conjunto”.
Respecto a la baja
intensidad en el empleo, se recuerda que es conceptuada como la “referencia a
los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar (personas de 18 a 64
años, excluyendo los/las estudiantes de 18 a 24 años, los las personas
jubiladas o retiradas, así como las personas inactivas entre 60 y 64 cuya
fuente principal de ingresos del hogar sean las pensiones) lo hicieron menos
del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia”, y
que “... Tomando como referencia el año 2019, la tasa de baja intensidad en el
empleo ha experimentado una reducción del 2,5%, pasando de un 10,9% a un 8,4%.
El porcentaje del grupo de los hombres se ha reducido en 1,9% mientras que el
de las mujeres ha bajado 3,2%”.
Con respecto a los
perfiles de pobreza en España, el resumen de los datos clave es el siguiente:
“• El segmento de
población más afectado por la pobreza a lo largo del periodo analizado
(2015-2023) es el de los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años.
• El grupo de edad
de más de 65 años ha sido el que durante la mayor parte del periodo estudiado
ha presentado la menor tasa de riesgo de pobreza en relación con el resto de
grupos de edad, pero es el que peor tendencia está manifestando. De hecho,
actualmente el grupo de 50 a 64 años es el que presenta menor tasa de riesgo de
pobreza.
• La tasa de
riesgo de pobreza anclada en 2008 muestra una reducción significativa para
todos los grupos de edad estudiados.
• Los indicadores
generales de riesgo de pobreza y exclusión social presentan una ligera
reducción durante los años 2021 y 2022, aunque en algunos casos se ha producido
cierto repunte en 2023.
• Los datos
reflejan resultados más elevados en las mujeres que en los hombres.
• Los hogares con
presencia de niños, niñas y adolescentes son los más afectados por las tasas de
riesgo de pobreza. En general, a lo largo del periodo estudiado estos
indicadores se han reducido, a excepción de los hogares formados por uno o dos
adultos con 1 o más niños dependientes y los hogares formados únicamente por
una persona. La variable tipo de hogar se mantiene como un variable muy
significativa a la hora de analizar la pobreza.
• También la
variable país de origen; la tasa de pobreza de los extranjeros es
sistemáticamente más alta que la de los españoles durante todo el periodo
estudiado” (la negrita es mía).
El resumen de los
datos clave por lo que respecta a la pobreza en la población adulta es el
siguiente:
“Las tasas
AROPE y de desempleo disminuyen significativamente a medida que aumenta el
nivel de formación de las personas.
• Las mujeres
presentan tasas inferiores de abandono educativo en comparación con los
hombres.
• Las mujeres
presentan tasas superiores de empleo a tiempo parcial en comparación con los
hombres (32,8% frente al 19,2%). Una de cada cuatro personas de 16 a 29 años
con empleo tiene jornada parcial.
• La tasa de
desempleo entre menores de 30 años excede con mucho a la de la población total
(en 2023 era un 21,4 % frente a un 12,2 %).
• La tasa de
temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la
registrada a nivel general (34,7 % vs 15,7 %).
• Las personas con
ingresos superiores perciben su salud de una forma más positiva que aquellos
con ingresos inferiores” (la negrita es mía).
Del apartado
concreto dedicado al empleo me parece importante recoger estos datos:
“... La generación
de empleo junto con la educación inclusiva y la formación permanente durante
toda la vida, constituyen factores clave, posiblemente los más relevantes, en
la prevención de la pobreza y la exclusión social. El gráfico 27 muestra la
relación directa que existe entre la generación de empleo y reducción de la
pobreza; relación que se ve alterada en los años 2020 y 2021 como consecuencia
de la COVID -19 y de la perturbación del mercado de trabajo.
Con la llegada de
la “nueva normalidad” tras los efectos de la pandemia, el año 2023 representa
el año con mayor generación de empleo de la serie tal y como recoge el gráfico;
un año en el que se generaron alrededor de 600 mil puestos de trabajo.
Si el foco se
coloca en toda la serie temporal analizada (2015-2023), destaca la tendencia
alcista, a excepción del año 2020 ya comentado, y la creación de más de 3
millones de puestos de trabajo, así como la tendencia descendente de la tasa de
riesgo de pobreza, con la misma excepción, habiéndose ésta reducido en
prácticamente un 2%. Cabe destacar que, durante el periodo en vigor de la
Estrategia anterior, la afiliación a la seguridad social ha aumentado un 7,3%”.
En fin, el resumen
de los datos clave sobre la pobreza infantil es el siguiente:
“España es el
segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobre-za infantil
(34,5%).
• La tasa AROPE
infantil es superior a la tasa AROPE de la población general durante todo el
periodo estudiado (2015-2030).
• Los indicadores
de pobreza son significativamente peores en las personas en hogares con menores
de edad.
• Las niñas, niños
y adolescentes menores de 18 años son el grupo con mayores tasas de riesgo de
pobreza persistente, aunque en 2023 hay una ligera mejoría con res-pecto al
2022.
• Las tasas de
riesgo de pobreza infantil de aquellos con progenitores/as extranjeros/as son
significativamente superiores (más del doble) en comparación con aquellos cuyos
progenitores/as son españoles” (la negrita es mía).
6. Una vez realizado
el citado diagnóstico, se pasa ya a la explicación del contenido de la nueva
Estrategia, con el análisis detallado de los cuatros ejes antes referenciados y
en los que se estructura, que se completa con el obligado capítulo dedicado a
su gobernanza. En tres anexos se incluyen las fuentes de información e
indicadores, como se financia, y las definiciones de pobreza y exclusión
social.
Me detengo en esta
entrada en las medidas de política de empleo que se contemplan en el marco de
la nueva Estrategia, en el bien entendido que todas las medidas incluidas en
los cuatros ejes guardan una conexión indudable.
Antes, deseo
recordar que está temática ha sido abordadas en varias ocasiones por mi parte, desde
que en el ya lejano año 2007, poco después de la puesta en marcha del blog,
escribí el artículo “La inclusión social”, en el que, tomando como referencia
informes comunitarios de aquella época, se definía como “un proceso que
garantiza que las personas en situación de riesgo de pobreza y de exclusión
social lleguen a tener las oportunidades y los recursos necesarios para
participar plenamente en la vida económica, social y cultural, y se beneficien
de un nivel de vida y un bienestar considerados normales en la sociedad en que
viven. Esto les asegura una mayor participación en la toma de decisiones que
afectan a su vida, así como el acceso a sus derechos fundamentales”. Me permito remitir a las personas interesadas a la lectura de los
artículo que cito a continuación
Artículo “Empleo e inclusión social: no nos podemos olvidar de los problemas de gran parte de la población”
Entrada “Empleo y
protección social ante situaciones de exclusión. Documento para un debate” , en
la que reproduje la introducción de artículo que he elaborado para una jornada
de trabajo organizada por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social el 31 de octubre de 2014.
Entrada “¿Sigue
siendo el trabajo un antídoto contra la pobreza y la exclusión? , en la que reproduje el texto de mi intervención el día 26 de noviembre de
2018, en las III Jornadas sobre desigualdades sociales. Trabajo, pobreza y
exclusión social, organizadas por la Cátedra Obra Social La Caixa de Estudios
sobre desigualdades sociales, de la Universitat de Lleida.
Entrada “Pobreza, empleo y bienestar social en la era post-covid 19”, que reprodujo la intervención en la Jornada EAPN-ES celebrada el 21 de mayo de 2021
Entrada “Sigamos hablando de las desigualdades (aunque sea reiterar e incluso reforzar lo expuesto en años anteriores) y de propuestas para su corrección (solo por algunos). Fórum Económico Mundial, Oxfam, OIT, FMI”
7. En el reto estratégico
2, dedicado a la inversión social en las personas, se incluyen “políticas de
carácter activo, es decir, desde el enfoque de la prevención, que ayuden a
transformar la situación de las personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad social, así como de la población en general, mejorando sus
oportunidades de acceso y permanencia en la formación y el empleo de calidad”,
para dar respuesta, entre otros, a los desafíos de
“• Mejorar las
cualificaciones de las personas, especialmente de las personas jóvenes, de
manera que puedan estar adaptadas a las necesidades del mercado y a los nuevos
nichos de trabajo y no caigan en pobreza y exclusión.
• Impulsar la
creación de empleo de calidad, como uno de los mecanismos clave para para la
inclusión social, y facilitar el acceso al mismo.
• Mejorar el
acceso de aquellos colectivos más vulnerables (personas desempleadas de larga
duración, personas jóvenes sin formación ni empleo, jóvenes extutelados/as,
personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental y adicciones,
víctimas de trata o trabajo forzoso, población penitenciaria, etc.) a
itinerarios personalizados de incorporación socio-laboral, a través de la mejor
coordinación de los recursos sociales y sanitarios”.
Conocemos que el Objetivo
2.2, Formación y empleo de calidad, “... da respuesta a los ODS 1, 2, 4, 5, 8 y
10 (fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género,
trabajo decente y crecimiento económico y reducción de las desigualdades,
respectivamente)”.
Se constata que la
vinculación entre la Estrategia y el Pilar europeo de Derechos Sociales ... “se
encuentra alineada con 3 de los retos estratégicos...”:
• Los retos
estratégicos 1 y 3 (garantizar recursos y protección social y garantía del
Estado de Bienestar, respectivamente), están perfectamente alineados con el
capítulo 3 del Pilar Europeo de Derechos Sociales (protección e inclusión
social). Este último está compuesto por todas aquellas líneas relacionadas con
la asistencia y apoyo a niños, la garantía de ingresos (renta mínima y
prestaciones por desempleo), el sector sanitario, la vivienda, los cuidados de
larga duración y la inclusión de personas con discapacidad, entre otros.
• El reto
estratégico 2 (inversión social en las personas) se encuentra vinculado con el
capítulo 1 del Pilar de Derechos europeos (igualdad de oportunidades y de
acceso al mercado de trabajo). Este último contempla líneas relacionadas con la
igualdad de oportunidades por género y situación personal, así como todas
aquellas medidas relacionadas con la formación y el aprendizaje y el apoyo
activo para el empleo.
El reto
estratégico 2 (inversión social en las personas, más concretamente con el
objetivo de formación y empleo de calidad), se encuentra vinculado con el
capítulo 2 del Pilar de Derechos Europeos (condiciones de trabajo justas). Este
último contempla líneas relacionadas con la garantía de empleo seguro, el
equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, el entorno de trabajo
seguro y saludable y la protección del/la trabajador/a en todos los sentidos”.
8. Por otra parte,
la vinculación de la Estrategia con los principales objetivos que presenta la
Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 se plasma de esta forma:
“• El reto
estratégico 1 (garantizar recursos, concretamente el objetivo de garantía de
ingresos), así como el reto estratégico 2 (inversión social en las personas,
concretamente el objetivo de formación y empleo de calidad) y el reto
estratégico 3 (protección social y garantía del Estado de Bienestar con el
objetivo de apoyo a menores y familias), se encuentran alineados con el
objetivo 1 de la Estrategia de Activación para el empleo, basado en el enfoque
centrado en las personas y las empresas.
• El reto
estratégico 2 (inversión social en las personas, y más concretamente el
objetivo de formación y empleo de calidad), se encuentra alineado a su vez con
el objetivo estratégico 2 de la Estrategia de Activación para el empleo. Este
último fomenta la coherencia con la transformación productiva.
• El reto
estratégico 4 (desarrollo y alianza y trabajo en red, se encuentra
estrechamente relacionado con el Objetivo Estratégico 5 de la Estrategia
Española de Apoyo Activo al Empleo, que persigue un modelo de gobernanza y
cohesión adecuado del Sistema de Nacional de Empleo”.
9. Sobre la Estrategia
de Desarrollo Sostenible 2030 y su vinculación con la Estrategia, se concreta
en estos términos:
“El reto
estratégico 2 (inversión social en las personas) se encuentra alineado con los
retos país 3, 4, 5 y 6. La vinculación con el reto país 3 (cerrar la brecha de
la desigualdad de género y poner fin a la discriminación) se debe a que la
Estrategia tiene líneas de actuación concretas que inciden en la discriminación
y la brecha salarial. Del mismo modo, la Estrategia incluye líneas que inciden
en los retos país 4 (superar las ineficiencias de un sistema económico
excesivamente concentrado y dependiente) y 5 (poner fin a la precariedad
laboral) a través de su incidencia en el empleo. Finalmente, la relación con el
reto país 6 (revertir la crisis de los servicios públicos) se encuentra en el
objetivo 2.1 de la presente Estrategia (educación equitativa e inclusiva), por
ser un servicio público al que se atiende y se protege igualmente en la
Estrategia de Desarrollo Sostenible
• El reto
estratégico 3 (protección social y garantía del Estado de Bienestar) se
encuentra alineado con los retos país 1, 3, 6 y 8. La vinculación se debe
fundamentalmente al foco en la pobreza del reto 1 y en los servicios públicos
del reto país 6, que incluyen los servicios sociales y la dependencia, la
sanidad y las medidas de apoyo a las familias. Igualmente, también coinciden
ambas Estrategias en la orientación para acabar con la desigualdad de género
del reto país 3 y para la despoblación y cambio demográfico del reto país 8”.
10. Encontramos la
descripción de las líneas de actuación para cada uno de los objetivos
estratégicos en las páginas 161 a 178. Respecto al objetivo 2.2, formación y
empleo, son las siguientes:
“Potenciación de
las políticas activas de empleo y formación, garantizando una coordinación más
estrecha con las políticas de integración social para adaptarlas a las
necesidades reales de las personas desempleadas, incluyendo aquellas que están
en mayor riesgo de exclusión y más alejadas del mercado de trabajo, como las
personas desempleadas de larga duración, personas jóvenes sin formación ni
empleo, jóvenes extutelados/as, personas con discapacidad, personas con
problemas de salud mental y adicciones, víctimas de trata o trabajo forzoso,
población penitenciaria y otros grupos vulnerables, fortaleciendo la
colaboración entre servicios de empleo y formación y servicios sociales
Fomento de la
contratación de personas con más dificultades de acceso al empleo (personas
jóvenes, mujeres tras la maternidad y crianza, personas con discapacidad,
personas en riesgo o situación de exclusión social incluidas las personas sin
hogar, población gitana desfavorecida, personas trans, mujeres víctimas de
violencia de género o de violencia sexual, mujeres durante el embarazo o en
situación de riesgo durante la lactancia natural, mujeres víctimas de violencia
de género, mujeres víctimas de trata de seres humanos de explotación sexual o
laboral, víctimas de trata y trabajo forzoso; etc.), a través de medidas como,
por ejemplo:
• Promoción de los
“contratos reservados” para empresas de inserción y centros especiales de
empleo de iniciativa social.
• Facilitar el
acceso a los contratos de las administraciones públicas limitados al
cumplimiento de ciertas cláusulas sociales (consecución igualdad efectiva entre
hombre y mujeres, fomento del comercio justo y del consumo ético, etc.)
• Incentivos
destinados a promover la contratación laboral de personas con más dificultades
de acceso al empleo
Fomento de la
actividad emprendedora, el autoempleo y la creación de empresas con actuaciones
de apoya a:
• Iniciativas de
fomento del emprendimiento alineadas con nuevos nichos de desarrollo económico,
como la transición energética y las energías renovables, la economía social y
solidaria, la transformación digital, etc.
• Iniciativas de
fomento del emprendimiento en las zonas con riesgo de despoblación y de reto
demográfico.
• Iniciativas de
fomento del emprendimiento femenino, de personas jóvenes y de personas
migrantes, entre otras.
Mejora de la
movilidad laboral y funcional impulsando programas de formación en el Trabajo y
formación a lo largo de la vida.
Reducción de la
brecha salarial, especialmente entre mujeres y hombres.
Mejora de los
mecanismos de intermediación laboral, con atención individualizada y
universalmente accesibles y refuerzo de los itinerarios personalizados de
atención en colaboración con los servicios sociales a través de:
• Mejora de los
servicios públicos de empleo, especialmente en zonas de riesgo y/o exclusión
social, con riesgo de despoblación y de reto demográfico.
• Fomento del
modelo de colaboración público-privada, incluyendo la colaboración de las
administraciones públicas con entidades del Tercer Sector y con empresas.
Fomento de la
Responsabilidad Social de las Empresas y del voluntariado corporativo.
Promoción del
empleo de calidad, mediante las siguientes actuaciones, entre otras:
• Incentivos a la
contratación indefinida.
• Mejoras de las
condiciones laborales de los trabajos temporales mayoritariamente suscritos por
mujeres y personas jóvenes.
• Mejoras en los
contratos a tiempo parcial mayoritariamente suscritos por mujeres y personas
jóvenes.
• Adaptación SMI a
la situación económica y del mercado laboral
• Actuaciones de
compatibilidad de empleo y prestaciones para fomentar que el trabajo sea
rentable
• Promoción de
Planes de calidad del empleo en empresas determinadas (según su tamaño u otra
circunstancia)
• Garantía de
formación adecuada y suficiente para la promoción profesional de las personas
trabajadoras
• Mejora de
conciliación de la vida laboral y profesional
Reducción de la
jornada laboral
Desarrollo de
medidas de sensibilización, formación y prevención de toda forma de
discriminación en el ámbito laboral por razón de edad, sexo, discapacidad,
enfermedad (salud mental, VIH, adicciones, etc.), identidad y expresión de
género, orientación sexual, origen étnico o religión, en aplicación de la Ley
17/2022 de 12 julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación”.
11. Por último, respecto
a los indicadores de empleo, que se utilizarán en el marco de la gobernanza de
la Estrategia, serán los siguientes:
“• Tasa de empleo
• Tasa de
temporalidad en el empleo
• Tasa de
parcialidad en el empleo
• Tasa de
desempleo, desagregada por desempleo general y desempleo de larga duración
• Tasa de
asalarización y de trabajo autónomo
• Número de
hogares sin ingresos
• Brecha de género
en el empleo”.
Buena lectura.
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