viernes, 21 de mayo de 2021

Pobreza, empleo y bienestar social en la era post-covid 19 (Jornada EAPN-ES. 21 de mayo de 2021).

 

Reproduzco en esta entrada del blog, ligeramente revisada, la intervención en la Jornada citado en el título.  

 

1. Muy buenos días. Permítanme en primer lugar manifestar mi agradecimiento a la organización por la invitación a participar en esta jornada dedicada a la pobreza, el empleo y el bienestar social en la era post-covid19, en el panel dedicado a “nuevos enfoques en materia de política de empleo”.  

Es bueno, es necesario, hablar de la era post-cov19…, pero sin que debamos olvidar que todavía tenemos delante nuestro el problema de la crisis sanitaria, tal como se ha recordado con anterioridad, y que hay que seguir adoptando, y cumpliendo, las medidas necesarias para salir de la misma con el menor coste de vidas y con el menor coste social posible.

Por ello, han sido, son y siguen siendo muy necesarias, y positivas, las medidas laborales y de protección social instrumentadas desde marzo de 2020, muy señaladamente la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo y las modificaciones en materia de protección por desempleo.

2. Comparto mesa virtual de trabajo, y es una satisfacción, con el Director General del Servicio Público de Empleo, D. Gerardo Gutiérrez, quien les hablará, con pleno y muy directo conocimiento, del marco normativo español y de los cambios implantados y también de los que se avecinan con la nueva Estrategia Española de búsqueda activa de empleo a las que todas las Comunidades Autónomas dieron su visto bueno en la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Relaciones Laborales celebrada el 28 de abril.

La organización me ha pedido que centre mi intervención en la realidad económica y social europea (semestre europeo, Pilar Europeo de Derechos Sociales, Recomendación de la Comisión Europea de 4 de marzo, Declaración adoptada en la cumbre europea de Oporto el 7 de mayo),, en sus medidas y políticas instrumentadas para avanzar hacia una transición ecológica y digital en el empleo, la reducción de la pobreza, la superación de las desigualdades sociales…)

Ahora bien, y con ello inicio mi exposición, España es Europa y Europa es España. ¿Qué quiero decir con ello? Que las decisiones adoptadas en sede comunitaria han condicionado y siguen condicionando las políticas internas (el ejemplo más claro y evidente son las Recomendaciones anuales de política económica y de empleo). Y, permítanme que lo diga con toda claridad y rotundidad, bienvenidas sean en gran medida las últimas medidas adoptadas ya que han obligado a nuestros poderes públicos y a los agentes sociales a buscar, negociar, proponer medidas enla misma línea para salir de la crisis. No hay ninguna duda del impacto, ahora incluso más acrecentado que en etapas históricas anteriores) de las normas y documentos comunitarios sobre la realidad normativa, económica y social española.

3. ¿Quieren un ejemplo muy concreto, y que tendrá sin duda alguna un amplio impacto social?

Aquí está, es la  Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climáticoy transición energética, publicada hoy en el BOE, en el que se incluyen, por ejemplo, obligaciones para el gobierno de digitalización de la economía “que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización, en el marco de la estrategia España Digital 2025”, entre las que se incluyen “emplear el potencial de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para transitar hacia una economía verde, incluyéndose, entre otros aspectos, el diseño de algoritmos energéticamente eficientes por diseño” e “impulsar las competencias digitales de la fuerza laboral, entre otros para las personas trabajadoras de los sectores necesitados de medidas de acompañamiento de Transición Justa, cuyos puestos pueden ser reemplazados por tecnologías emergentes, de modo que se maximice el aprovechamiento de las oportunidades y se minimicen los efectos negativos”.

Y sin olvidar ni mucho menos la necesidad de adaptar nuestras políticas al marco internacional fijado por los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. De ello queda también constancia, por buscar un punto de referencia muy cercano en el tiempo, en el “Informe aprobado por la Ponencia para el estudio de ladefinición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, constituida en el seno dela Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Españolapara alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, que en sus Recomendaciones insta al Gobierno, entre otras, por ejemplo, a “Fortalecer cuantas medidas políticas, legislativas o de cualquier otra índole sean necesarias para garantizar la igualdad de género y combatir la violencia machista, haciendo especial énfasis en el cierre de las brechas retributivas, la conciliación de la vida laboral y familiar, la revalorización y reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado…”; o “Abordar, en el marco del diálogo social y de una negociación colectiva más eficaz y equilibrada, nuevas estrategias contra la precarización, la temporalidad y la limitación de derechos laborales, específicamente mediante la irrupción de nuevos modelos de relación laboral, garantizando el pleno cumplimiento de una legislación laboral garantista con el trabajo digno y decente, e implementando políticas activas de empleo y de protección social dirigidas a aquellos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las personas jóvenes, migrantes, con orígenes diversos étnico-raciales o trans”; o en fin “Orientar las reformas del sistema productivo en la dirección de promover su diversificación, descarbonización, circularidad y su modernización digital y medioambiental, sin dejar de cumplir su cometido como instrumento de desarrollo sostenible, equitativo y de cohesión social”.

En esta misma línea de adaptación a los marcos internacionales y comunitarios, hay que referirse a la Proposición no de ley aprobada por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados el 11 de mayo (presentada por UP-ECP-GC, y con modificaciones), en la que se insta al gobierno a “Promover, ya sea en el marco del Órgano Consultivo que se proyecta en la nueva agenda digital o en el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el análisis de los efectos que las medidas, reformas o inversiones en materia de digitalización tienen o tendrán sobre el empleo y las condiciones de trabajo, en la protección de los intereses y derechos de los consumidores, en la igualdad de género y en el medio ambiente”.

4. En todo el debate sobre las políticas de empleo parece que el eje central deba ser el de mejorar la formación y cualificación de las personas que ya están en el mundo laboral y por supuesto de las que desean incorporarse. Nadie va a negar, desde luego yo no lo haré, que ello sea importante, y así se constata en todos los documentos comunitarios y en las medidas instrumentadas, con especial atención a la población joven y a la de edad avanzada, así como a la problemática más concreta de la población femenina.

Pero ¿nos preocupamos realmente de saber cuál en realidad nuestro tejido productivo y que hay que cambiar para que nuestros jóvenes bien formados tengan acceso a puestos de trabajo acordes a sus conocimientos? Me pregunto, y les traslado a todas las personas asistentes a la Jornada: ¿Ha habido una renovación, modernización de nuestro tejido productivo, más claro, del mundo empresarial? Son también obligaciones que nos impone Europa, y que hasta ahora han sido poco atendidas.

¿Contribuirá a esa reforma y modernización, el Plan de recuperación, presentado por el gobierno español a la Comisión Europea el mes de abril, y a más largo plazo las propuestas contenidas en el documento presentado ayer por el Presidente del Gobierno “España 20250”. Ojalá sea así, si bien las propuestas que se formulan en materia laboral en el último documento me suscitan más de una duda, y no me parecen de poca importancia, cuales son que hay propuestas de reformas laborales que no creo que se adapten demasiado, digámoslo así suavemente, al acuerdo de gobierno de 30 de diciembre de 2019.

5. Es especialmente importante, así me lo parece, el compromiso social adoptado en la cumbreeuropea de Oporto, es decir el texto adoptado el 7 de mayo por organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones sociales e instituciones políticas europeas, y que fue hecho suyo por el Consejo europeo informal celebrado al día siguiente, en el que se pide “aunar esfuerzos en favor de una recuperación inclusiva, sostenible, justa y rica en empleo, basada en una economía competitiva y que no deje a nadie atrás”.

Creo que nadie podrá estar en desacuerdo con la tesis de que “Con el aumento del desempleo y las desigualdades debido a la pandemia, es importante canalizar los recursos allí donde más se necesitan para fortalecer nuestras economías y centrar nuestros esfuerzos políticos en la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios de calidad, la creación de empleo de calidad, el espíritu empresarial, la mejora y la recualificación y la reducción de la pobreza y la exclusión”, y que “Por lo tanto, este es el momento adecuado para afirmar y apoyar colectivamente una ambiciosa agenda de recuperación económica y social fuerte de recuperación y modernización económica y social fuerte, sostenible e integradora que vaya de la mano del fortalecimiento del modelo social europeo, para que todas las personas se beneficien de las transiciones verde y digital y vivan con dignidad”.

Se pide, entre otras medidas: “mantener las medidas de emergencia durante el tiempo que sea necesario, promoviendo al mismo tiempo un enfoque estratégico para facilitar la creación de nuevos empleos de calidad y las transiciones entre empleos; movilizar todos los recursos necesarios -inversiones y reformas- para salir de la crisis económica y social, para mejorar la resistencia de Europa ante futuras crisis y reforzar la competitividad de la economía europea, basándose en el crecimiento sostenible e integrador, el trabajo decente y la justicia social, y prestando especial atención al  empoderamiento medioambiental, digital y tecnológico de los trabajadores, las empresas y las instituciones, con un énfasis en las pequeñas y medianas empresas y en los servicios de interés general;- reforzar la cohesión territorial y social, con la participación de los niveles de gobierno europeo, nacional, regional y local de gobierno, centrándose en los sectores, grupos y territorios con debilidades estructurales profundas y duraderas y que están sufriendo transformaciones rápidas e importantes, y apoyar el refuerzo de servicios e infraestructuras esenciales”.

6. Una reflexión general sobre las políticas de empleo y que a buen seguro enlazará con la intervención del Director General del SEPE: para que sea eficaz dicha política, y las medidas que se adopten, tal como se ha constatado en diversos estudios e informes internacionales OIT, OCDE), es necesaria la existencia de una adecuada gobernanza vertical por una parte, es decir las relaciones existentes entre los distintos actores en los ámbitos territoriales comunitario, estatal, autonómico y locales, y de una adecuada gobernanza horizontal por otra, es decir la relación entre los distintos actores que trabajan en un mismo nivel, habiéndose puesto de manifiesto que si se dispone de una flexibilidad local suficiente, y de los medios adecuados para llevar a cabo las actuaciones, “los actores locales son capaces de adecuar su estrategias y enfoques de modo que sean relevantes en los contextos económicos y del mercado de trabajo específico en el que se desenvuelven”. Se trata de hacer más y mejor, no de reinventar algo que ya está escrito, conocido y aplicado desde hace mucho tiempo antes. Es necesario disponer de los datos del ámbito territorial, y también que los agentes implicados (Administraciones locales en especial) “tengan la capacidad y los conocimientos para recopilar y analizar sus propios datos”.  Por ello, las políticas activas de empleo, y así se recoge en la nueva Estrategia Española de búsqueda activa de empleo” “deben estar en estrecha relación con las transformaciones productivas que se están operando, tanto en los ámbitos productivos sectoriales como en los distintos territorios”.

Y una mención adicional a la importancia de las políticas cooperativas: en el ámbito de actuación del desarrollo de políticas activas en favor del empleo, se considera también que, a partir de una acción ascendente, de lo local a lo comunitario, desde la Unión Europea se han de llevar a cabo políticas dirigidas a asegurar un progreso armónico y duradero del territorio, sobre la base de dos objetivos fundamentales: la cohesión económica y social y una competitividad equilibrada. Es necesario que esto se haga mediante sistemas de cooperación entre países, regiones y municipalidades, más allá de las fronteras nacionales, a partir de los principios de subsidiariedad y complementariedad

7. Ahora, hay que pasar de las palabras a los hechos. Y además, no estaría nada mal que fijáramos nuestra atención en las medidas de política económica y social que está poniendo en marcha el gobierno estadounidense. Más concretamente, el Plan de Empleo, tal como se explica en los documentos de trabajo, “… es una inversión pública histórica, que consiste principalmente en inversiones de capital únicas en la productividad y el crecimiento a largo plazo de nuestra nación. Invertirá alrededor del 1% del PIB al año durante ocho años para mejorar la infraestructura de nuestra nación, revitalizar la fabricación, invertir en investigación básica y ciencia, apuntalar las cadenas de suministro y consolidar nuestra infraestructura de atención”.

¿Caminaremos también en Europa y España por esa buena dirección? Las propuestas van por ese camino, y esperemos que no se desvíen, y ahí será del todo punto necesario el empujón de toda la sociedad, o de la gran parte de esta que quiere avanzar por esa senda.  

Muchas gracias y quedo a disposición de la organización para responder más adelante, si hubiera, a las cuestiones o preguntas que se formulen.

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