1. Un Consejo muy
fructífero. Esta es mi parecer la mejor síntesis de la reunión de responsables
ministeriales en materia laboral, el día 11, y conjuntamente con los
responsables del ECOFIN el día 12.
Era una agenda bien cargada de asuntos de indudable interés.
No sólo iba a abordarse si podía darse el visto bueno a la Propuesta de
Directiva sobre la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en
plataformas digitales, con expectativas muy escasas de éxito después del
fracaso de la presidencia belga de alcanzar un acuerdo durante el mes de
febrero, sino también a examinar y en su caso aprobar un documento presentado por
el Comité de Empleo y el Comité de protección Social sobre cómo se ha desarrollado
el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) y cómo hay que seguir avanzando
para el fortalecimiento de la política social europea. En esta misma línea,
estaba en el orden día la aprobación del Informe conjunto sobre el empleo, que
se presenta anualmente en el marco del semestre europeo, formular propuestas para
la mejor aplicación y fortalecimiento de la garantía juvenil europea, y debatir
sobre la importancia de las inversiones sociales (en sanidad, educación, empleo
...) para la mejora de la productividad y del crecimiento económico.
2. Según el
programa de la reunión del día 11, en el orden del día se encontraba la “Directiva
relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas
digitales. Examen del texto transaccional definitivo con vistas a un acuerdo”.
Pues bien, como
expliqué en una entrada anterior , el cambio de voto de los gobiernos griego y estonio, que pasaron de la
abstención al afirmativo, permitió su aprobación, quedando pendiente ahora de
la aprobación por el Parlamento Europeo.
Era, pues, muy
lógica la satisfacción manifestada por la Vicepresidenta segunda del gobierno y
Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tal como se recogía en la
nota de prensa del MITES : “Los ministros de Trabajo de la Unión
Europea, reunidos en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social de la
UE (EPSCO) que se celebra en Bruselas, han dado hoy luz verde a la directiva
para la mejora de las condiciones de trabajo en plataformas digitales impulsada
por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz y que en gran medida se basa en la pionera ley Rider española. “Hoy es un
gran día para Europa. Hoy ganan las personas trabajadoras”, ha asegurado la
ministra tras conocer el resultado de la votación”.
También es muy
comprensible la satisfacción de las y los parlamentarios socialistas españolas
en el Parlamento Europeo, que la manifestaban en una nota de prensa en la que se recogían las manifestaciones varias eurodiputadas en estos
términos: “Nuestras eurodiputadas de la Comisión de Empleo, coinciden en que es
“una ley pionera”. “Los socialistas defendemos un empleo de calidad dentro de
un mundo digital cambiante, que se proteja a los trabajadores de situaciones de
abuso, y se apoye a los buenos empresarios afectados por una competencia
desleal en el mercado. Esta ley contribuirá sin duda al Modelo Social Europeo,
velando por los derechos de los trabajadores”, ha destacado Estrella Durá. Por
su parte, Alícia Homs ha añadido que “nuestro compromiso con los derechos de
las más de 30 millones de personas que trabajan en plataformas digitales y en
plataformas de reparto a domicilio es incuestionable”. Además, Lina Gálvez
remarca que el desbloqueo de la directiva “es una señal inequívoca de que Europa
no va a permitir que la digitalización de la economía acabe con toda la
arquitectura de derechos laborales que hemos construido”.
3. Siguiendo el
orden del día se encontraba, en el marco de los documentos presentados en el
semestre europeo, la adopción del “Informe conjunto sobre el empleo 2024”, y la
aprobación de las Conclusiones sobre el Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible y el Informe Conjunto sobre
el Empleo correspondientes a 2024”.
A) El Informe, fue objeto de mi atención en una entrada anterior . Se trata de un extenso documento de 170 páginas, en el que el capítulo 1
presenta una visión general de las tendencias sociales y laborales clave y de
los avances realizados en los objetivos principales y nacionales de la UE para
2030, así como conclusiones horizontales basadas en los principios del Marco de
Convergencia Social. Por su parte, el capítulo 2 analiza los desafíos y las
respuestas políticas en los Estados miembros para cada una de las cuatro
directrices para el empleo, mientras que el capítulo 3 proporciona un análisis
específico de cada Estado miembro. Se
destaca en la introducción del documento que “Por primera vez, esta edición
informa sobre los avances hacia los objetivos nacionales para 2030 propuestos
por los Estados miembros, tal como se presentaron y debatieron en el Consejo
EPSCO de junio de 2022”.
Por la cada vez
más creciente importancia que está adquiriendo en el debate político,
económico, social y cultural, el impacto de la tecnología en nuestras vidas,
reproduzco el mensaje clave que sobre esta cuestión se recoge en el Informe:
“Dado que la
mayoría de los trabajadores de la UE ya utilizan herramientas digitales en el
trabajo, se necesitan esfuerzos adicionales significativos para mejorar las
habilidades digitales de la población, en particular de las personas poco
cualificadas, las personas mayores y los nacionales de terceros países. En
2021, entre el 60 y el 70 % de los trabajadores de la UE utilizaron
herramientas digitales en el trabajo que requerían niveles básicos o moderados
de habilidades digitales. Sin embargo, sólo el 53,9% de los adultos tenía al
menos habilidades digitales básicas en la UE. El nivel de capacidades digitales
varía considerablemente entre los Estados miembros, pero también entre los
grupos de población. En 2021, los jóvenes (de 16 a 29 años) tenían más del
doble de probabilidades que las personas mayores (de 55 a 74 años) de tener al
menos habilidades digitales básicas; las tasas eran particularmente bajas entre
los poco calificados, los desempleados y los inactivos. Además, una proporción
significativamente menor de nacionales de fuera de la UE tenía al menos
habilidades digitales básicas en comparación con los nacionales de la UE. Una
encuesta de 2023 realizada en el marco del Año Europeo de las Capacidades
mostró que para casi la mitad de todas las pymes que informaron que la escasez
de capacidades limitaba sus actividades comerciales generales, el desafío se
refería en particular al uso de tecnologías digitales. Los bajos niveles de
habilidades digitales en amplios segmentos de la población y las marcadas
diferencias en las oportunidades para desarrollar dichas habilidades conllevan
el riesgo de producir brechas importantes en el contexto de economías y
sociedades cada vez más digitalizadas (incluso en relación con el acceso a la
educación y la formación, los servicios públicos servicios de empleo y
servicios digitales en general). Para cerrar la brecha digital, se necesitan
programas de habilidades digitales para la población en general, complementados
con capacitación específica, adaptada a los perfiles de habilidades y
situaciones del mercado laboral de grupos específicos, y en las que las
empresas también desempeñen un papel en la provisión de capacitación. En el
Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y en la Brújula Digital
para la Década Digital se fijó el objetivo de que al menos el 80% de la
población de la UE tenga al menos habilidades digitales básicas para 2030. El
objetivo también es aumentar el número de especialistas en TIC hasta 20
millones de aquí a 2030, promoviendo al mismo tiempo el acceso de las mujeres a
este campo (18,9% de los especialistas en 2022) y aumentando el número de
graduados en TIC, que es crucial para mantener la competitividad de Europa”.
B) Las y los
responsables ministeriales aprobaron las conclusiones antes mencionadas. En el
texto aprobado se hace hincapié en que “... a pesar de las perturbaciones excepcionales que se
han experimentado en los últimos años y de la reciente ralentización del
crecimiento económico, en la primavera de 2023 la tasa de empleo de la UE
alcanzó un máximo histórico del 75,4 % (70,2 % para las mujeres y 80,5 % para
los hombres), mientras que el desempleo disminuyó al 6 % (6,3 % para las
mujeres y 5,7 % para los hombres), la tasa más baja jamás registrada.
INSISTIENDO, no obstante, en que, a pesar de los buenos resultados del mercado
laboral de la UE, persisten diferencias entre los Estados miembros y dentro de
ellos, también a nivel regional y entre los grupos de población”.
Igualmente, se
constata que la aplicación del PEDS y el avance hacia los objetivos nacionales
y de la UE para 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la
pobreza “son fundamentales para el desarrollo de la acción política de los
Estados miembros, respetando debidamente las competencias respectivas y los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad”, por lo que se insta a todos
los Estados miembros a su efectiva aplicación.
Como ya se recogió en el texto adoptado en la cumbre tripartita de ValDuchesse el 31 de enero, en las conclusiones se
destaca que “la persistencia de elevados niveles de escasez de mano de obra y
de capacidades crea estrangulamientos para el potencial de crecimiento
económico, la competitividad y la convergencia social al alza. PONIENDO DE
RELIEVE que la escasez es más acusada en la sanidad, la construcción, las
profesiones ligadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (CTIM) y en determinadas profesiones del sector servicios, y que
también se debe a la aparición de nuevos puestos de trabajo y de requisitos inherentes
a las tareas relacionadas con la doble transición ecológica y digital que no se
corresponden como es debido con las capacidades de la mano de obra pertinentes
para el mercado laboral, así como al envejecimiento de la población y a las
malas condiciones de trabajo, en determinados casos”.
4. Los siguientes
puntos del orden día, que pueden examinarse conjuntamente, fueron la aprobación
de los dictámenes del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social sobre “Futuras
prioridades políticas de la UE para el pilar europeo de derechos sociales”, y
el debate de orientación sobre la aplicación del PEDS “en el marco del Semestre
Europeo y de la futura agenda social”.
La aprobación del
texto conjunto, y el resultado de los debates tiene especial importancia por
cuanto la Presidencia belga ha manifestado que los tendrá en consideración “para
preparar la declaración institucional que firmará en la conferencia de La Hulpe
con las instituciones de la UE, los interlocutores sociales y la sociedad civil”.
A) En el debate deorientación se pasó revista a los documentos del semestre europeo 2024 y los retos
existentes de cara al futuro en materia social, centrado, según se recoge
también en el informe de los Comités, en la rápida digitalización, el cambio
climático y la evolución demográfica, y se destacó la creciente importancia de
la mejora de las competencias y capacidades de todas las personas para encarar
tales cambios, planteándose que “podría
darse un mayor carácter operativo al primer principio del pilar, que incluye el
derecho a la formación (como subraya la Declaración Tripartita de Val Duchesse)”,
así como también un reforzamiento de los aspectos sociales en las normas de
contratación pública.
En relación con
los mecanismos de protección social ante la pérdida de empleo o la necesidad de
adoptar medidas que la eviten y la sustituyan por otras de flexibilidad interna,
el documento de orientación planteaba que “la experiencia positiva de SURE
podrá inspirar a la reflexión sobre el valor añadido de consolidar un
instrumento que preste apoyo a los Estados miembros en relación con regímenes
de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a
los trabajadores por cuenta ajena o propia en momentos de transición”.
A partir de las
reflexiones y consideraciones previas, se formularon tres preguntas que fueron
debatidas durante la reunión: “1. ¿Cómo puede la UE, en el ámbito de las
políticas sociales y de empleo, contribuir en mayor medida a luchar contra los
riesgos a corto plazo para la convergencia social al alza, sin dejar de apoyar
la competitividad de la Unión? 2. ¿Cuáles son las principales prioridades para
la futura agenda estratégica, en particular a fin de lograr los objetivos
principales en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, y qué
papel podrían desempeñar en este sentido nuevas iniciativas destinadas a
fomentar el aprendizaje permanente, la equidad en materia de derechos laborales
y el apoyo durante las transiciones del mercado de trabajo? 3. ¿Cómo podrían
los ministros de Empleo y Asuntos Sociales beneficiarse de una cooperación
reforzada con los ministros de Finanzas, en qué ámbitos de actuación y por qué?”.
En la nota deprensa de conclusiones del Consejo , y como complemento de lo expuesto con
anterioridad, se explica que durante el
debate se destacó “el papel vital del
Pilar como brújula de la política social de la UE” y se llamó la atención “sobre
los retos actuales, como la adaptación a las transiciones ecológica y digital,
las tendencias demográficas, los riesgos para el equilibrio entre la vida
laboral y familiar, la disponibilidad de viviendas asequibles y el coste de la
vida”, así como también la importancia de los principales ámbitos de interés
para el futuro, “como la mejora y el reciclaje de las cualificaciones, el
aumento de la participación en el mercado laboral (especialmente de los grupos
vulnerables), el refuerzo del diálogo social, la lucha contra la desigualdad,
el impulso de la convergencia social y la lucha contra la pobreza y la
exclusión social”.
B) El Dictamen del CE y del CPS se elaboró a partir de una petición de las presidencia española y belga. En su
introducción se subraya que desde su proclamación, en 2017, el PEDS “ha venido
sirviendo de brújula para marcar el rumbo al afrontar comunes retos sociales,
de empleo y de capacidades, y para impulsar la convergencia en las condiciones
de vida y de trabajo dentro de la Unión, proporcionando orientaciones comunes a
los Estados miembros sobre el modo de configurar las acciones estratégicas y la
legislación a escala nacional, traduciendo los derechos sociales en realidad y
garantizando unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión”, e integrándose
su seguimiento en el semestre europeo (para un examen detallado del PEDS remito
a esta entrada )
Con una mirada
hacia el futuro inmediato, el informe manifiesta que los avances en la
aplicación del PEDS “deben seguir siendo una prioridad esencial para la Unión y
los Estados miembros actuales y futuros, ya que sus principios siguen siendo
elementos imprescindibles para hacer frente a las megatendencias económicas y
sociales, configurar las políticas conexas, promover la convergencia social al
alza en la Unión, en particular ante el horizonte de una nueva ampliación de la
UE, y apoyar los avances hacia los objetivos nacionales y de la UE para 2030”.
Se constata el elevado número de iniciativas adoptadas por la UE desde la
aprobación del PEDS, enfatizando que ello requiere “una mayor transposición y
una aplicación adecuada, así como un seguimiento eficaz de su continuada
eficacia habida cuenta de la rápida evolución de las economías y sociedades,
atendiendo al mismo tiempo, cuando proceda, a reducir las cargas administrativas”.
El documento es
especialmente interesante de cara a tener un detallado conocimiento de todas
aquellas iniciativas (Directivas, Recomendaciones, Comunicaciones ...) que se
han adoptado para dar cumplimiento a los veinte principios del PEDS.
a) Remitiendo a
todas las personas interesadas a la lectura íntegra del texto, al referirse al
primer capítulo, relativo a la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de
trabajo, se mencionan la garantía juvenil, la Recomendación sobre la
integración de los desempleados de larga duración, la agenda de capacidades
europeas 2020-2025, el año europeo de las competencias (mayo 2023 – mayo 2024),
la Recomendación para garantizar una transición justa hacia la neutralidad
climática, y la Directiva sobre transparencia retributiva (para cuyo examen
detallado remito a esta entrada )
de la que se afirma que “ya está desempeñando un papel importante a la hora de
impulsar los esfuerzos nacionales destinados a luchar contra la discriminación
salarial y a contribuir a colmar las brechas salariales entre hombres y mujeres”.
Como medidas
concretas de cara al futuro, y ante la escasez de mano de obra, algo sobre lo
que no hay acuerdo en cuanto a sus concretas manifestaciones entre los agentes
sociales, una de las propuestas formuladas es que “... además de activar la
mano de obra nacional, para seguir abordando la escasez, los debates a escala
de la UE podrían dedicarse a la integración continua de las personas
desplazadas procedentes de Ucrania, a las posibilidades de facilitar la
movilidad laboral dentro de la UE y a las iniciativas destinadas a atraer
talento extranjero a la UE cuando sea necesario, velando al mismo tiempo por
una movilidad justa y salvaguardando los derechos laborales y sociales”.
b) Al referirse al
segundo capítulo, dedicado a condiciones de trabajo justas, son obligadas las
menciones a la Directiva relativa a unas condiciones de trabajo transparentes y
previsibles (remito a esta entrada ), y a la que aborda la conciliación de la vida familiar y la vida profesional
de los progenitores y los cuidadores Remito a esta entrada ). Se realza igualmente la importancia del marco estratégico de la UE en materia
de seguridad y salud en el trabajo 2021-2027, y por supuesto la Directiva sobre
salarios mínimos adecuados (remito a esta entrada ), de la que se recuerda que “establece un marco de gobernanza para la fijación
y actualización de los salarios mínimos legales que se guía por criterios
claros como su poder adquisitivo, la cuantía de los salarios y su distribución,
el crecimiento de los salarios y la productividad, y que exige a los Estados
miembros en los que la tasa de cobertura de la negociación colectiva sea
inferior al 80 % que elaboren un plan de acción para fomentar la negociación
colectiva”. No falta tampoco en esta recopilación de iniciativas adoptadas la
Recomendación sobre el refuerzo del diálogo social (remito a esta entrada )
Para el próximo
futuro, el dictamen destaca la relevancia de adopción de medidas que regulen el
impacto de la tecnología en las condiciones de vida y de trabajo, dada la
creciente importancia de esta en general, y más concretamente de la inteligencia
artificial y de los algoritmos, así como también tener en cuenta su impacto sobre
la seguridad y salud laboral, en concreto con una mejor regulación de los
riesgos psicosociales, y también abordar la protección de la seguridad y salud
laboral ante los peligros derivados del cambio climático, haciendo específica
referencia a “los puestos de trabajo que conllevan la exposición a condiciones meteorológicas
extremas”. Sobre la importancia del diálogo social, se manifiesta la
preocupación por “la persistente falta de acuerdos a escala de la Unión entre los
interlocutores sociales”, llamando a reforzar la participación de los
trabajadores y el papel de los interlocutores sociales por ser “indispensable
para aumentar el papel activo en la gestión y aceptación de las grandes
transiciones actuales y futuras”, dejando abierta la puerta al desarrollo de
acciones de la UE “que mejoren la representación de las categorías infrarrepresentadas en el diálogo social”.
c) Por fin, en
relación con el tercer capítulo del PEDS, dedicado a protección e inclusión social,
las iniciativas de la UE quedan recogidas en las Recomendaciones sobre garantía
infantil europea, la relativa a la revisión de los objetivos de Barcelona en
materia de educación y cuidados de la primera infancia, la dedicada al acceso a
la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta
propia, la que trata sobre una renta mínima adecuada que procure la inclusión activa
(remito a esta entrada ), y la que versa sobre el acceso a cuidados de larga duración y asequibles. Sin
olvidar, la Estrategia de los derechos de las personas con discapacidad para
2021-2030, los informes sobre adecuación de las pensiones y sobre los cuidados
de larga duración, y la Comunicación sobre la mejor evaluación del impacto
redistributivo de las políticas de los Estados miembros.
Para el próximo
futuro, el informe subraya que deben adoptarse medidas, o reforzar las ya
existentes, para reforzar el Estado del Bienestar, y ello pasa, entre otras,
por tener en cuenta el impacto sobre el mismo de las tendencias demográficas,
las transformaciones del mercado de trabajo, el incremento del número de
personas que padecen problemas de salud mental (con directa relación con las condiciones
de trabajo) y el incremento del coste de la vida, que impacta especialmente
sobre las personas trabajadoras con ingresos bajos.
Entre las propuestas
apuntadas, se incluyen las de estudiar “atender a las necesidades de mano de
obra en el sector asistencial, teniendo en cuenta las desigualdades
territoriales, explorando las oportunidades de digitalización y promoviendo
iniciativas de desinstitucionalización”, trabajar para “mejorar la adecuación
de los sistemas de pensiones, en particular a fin de abordar la brecha de
género y conciliar las dimensiones de adecuación y sostenibilidad
presupuestaria”, y seguir muy de cerca la aplicación de la Recomendación sobre
renta mínima, tanto como última red de seguridad social como para facilitar “la transición fluida al mercado laboral de las
personas que pueden trabajar y haciendo frente a la pobreza de las personas
ocupadas”. Asimismo, el informe constata la importancia de mejorar la disponibilidad
de los datos “a su debido tiempo y facilitar su acceso; ya que “permitiría
reforzar el seguimiento de la situación social en la UE y apoyar el desarrollo
de políticas basadas en datos contrastados”.
El informe dedica
su último bloque a las políticas de gobernanza, en el que destaca la importancia
de garantizar “una cooperación eficaz y reflexiones conjuntas entre los órganos
preparatorios de los Consejos EPSCO y ECOFIN sobre el Semestre Europeo, en
particular habida cuenta de la futura aplicación de la nueva gobernanza
económica de la UE”. También se detiene en el valor de las políticas de
inversión recordemos que la sesión conjunta
del EPSCO y del ECOFIN el día 12 fue dedicada a estas – para subrayar, con apoyo
en resultados de estudios elaborados al respecto, que “si están bien diseñadas,
las reformas y las inversiones basadas en un enfoque de inversión social pueden
tener un impacto considerable en el crecimiento económico, la productividad y
la competitividad, apuntalando así también la sostenibilidad presupuestaria y
promoviendo al mismo tiempo la aplicación de los principios del pilar”.
5. En el orden del
día seguía la aprobación del Examen del Comité de Empleo de la aplicación de la
Garantía Juvenil”, junto con los “mensajes clave” preparados para debate en la
reunión.
A tal efecto, se
presentó un informe en el que se recogían las conclusiones para
cada Estado miembro sobre la puesta en práctica de dicha garantía, y otro en el
que se recopilaban los datos utilizados para la supervisión de los sistemas de
garantía juvenil en 2022 .
Reproduzco del
primero las conclusiones sobre España:
“España avanza en
la aplicación de la Garantía Juvenil reforzada. La tasa española de ninis
está ligeramente por encima de la media de la UE, mientras que la tasa de
desempleo juvenil sigue siendo una de las más altas de la UE. Los indicadores
de seguimiento muestran ciertos retos a la hora de garantizar la aceptación de
una oferta en un plazo de cuatro meses (aunque la comparabilidad con otros
Estados miembros es limitada), mientras que la cobertura de los ninis sigue
estando ligeramente por debajo de la media de la UE.
Todas las regiones
españolas se han comprometido a aplicar el amplio Plan YG+ 2021-2027. Esto
debería ayudar a abordar los retos de los ninis, hacer frente a las
disparidades regionales persistentes y mejorar el apoyo a los grupos
vulnerables. Sin embargo, su aplicación se encuentra en una fase muy temprana y
cualquier evaluación de su eficacia es prematura. En este contexto, será
beneficioso garantizar la coordinación con las iniciativas de formación
pertinentes en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Fondo
de Transición Justa.
Los servicios
públicos de empleo pueden aprovechar su fuerte presencia regional y el
potencial de sus bases de datos y herramientas digitales para individualizar
los servicios destinados a los ninis. Aumentar la colaboración con las
instituciones de educación y formación y los servicios sociales en todas las
regiones españolas puede mejorar los resultados de las iniciativas de
prevención más exitosas, como la orientación profesional y el apoyo
personalizado a los estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro. La
evaluación de las competencias digitales de los ninis registrados sigue siendo
baja y una parte importante depende de las autoevaluaciones.
España debería
mejorar la escasa y desigual cooperación con los empleadores locales en todo el
territorio. Esto sigue siendo esencial para proporcionar ofertas oportunas y
pertinentes que se ajusten a las aspiraciones de los jóvenes, especialmente
teniendo en cuenta la mayor proporción de ninis desempleados. Hay margen para
llegar a los ninis más vulnerables, que siguen estando infrarrepresentados, y
para aumentar el número, la pertinencia y la calidad de las ofertas de
prácticas y aprendizaje. Abordar estos retos puede contribuir a aumentar las
tasas de matriculación en las titulaciones de FP y a atraer a más PYME al
sistema de FP, en el que podrían desempeñar un papel clave más orientadores y
mejor formados en los servicios públicos de empleo.
Impulsar el uso
limitado de modelos de prestación integrados, como los servicios de ventanilla
única o las personas de contacto únicas, puede contribuir significativamente a
abordar este reto, también en las zonas rurales y remotas.
Muchos de los
aspectos mencionados se abordan en el mencionado Plan Juventud 2021-2027 YG+ y
se tratarán y mejorarán a medida que se vaya aplicando”.
En el documento
presentado para debate en la reunión se pone de relieve que “Tras el aumento
registrado durante la pandemia, la proporción de jóvenes ninis ha reanudado su
tendencia a la baja iniciada en 2014. La evolución reciente puede deberse al
aumento de la eficiencia de los programas de activación ejecutados por los
Estados miembros y a los buenos resultados de los mercados de trabajo europeos,
que arrojan unos niveles de desempleo sin precedentes y una creciente escasez
de mano de obra en los distintos sectores”, y por lo que respecta a los resultados
obtenidos se consta que “ha disminuido ligeramente la proporción de resultados
positivos al cabo de seis meses”, si bien se añade inmediatamente que “... todavía
es necesario tomar medidas para mejorar la calidad de los datos de seguimiento
en muchos Estados miembros”, y planteando que “el período de programación
2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus (FSE +) brinda la oportunidad de
abordar los retos a los que aún se enfrentan los Estados miembros y, en
consonancia con ello, deben asignarse suficientes recursos a las acciones y las
medidas innovadoras”.
6. Por último, y
del apretado orden del día, me refiero al debate conjunto EPSCO-ECOFIN a partir
de una nota de trabajo de la Comisión sobre “Inversiones sociales y reformaspara lograr unas economías resilientes” , en el que intervino la Ministra española de inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Elma Saiz, recogiéndose en la nota del prensa del MISSMI que afirmó que era un día histórico “porque
se reconoce en Europa que la inversión social impacta en la productividad y el
crecimiento económico de la UE”, que “las inversiones sociales bien diseñadas y
evaluadas de forma rigurosa fomentan la igualdad, reducen la pobreza y
fortalecen la cohesión social, lo que a su vez contribuye a lograr una mayor
estabilidad social y económica”, y que “... Las inversiones y reformas sociales en
ámbitos como la educación y la infancia, el reciclaje profesional y las
políticas activas del mercado laboral pueden contribuir a fomentar el
crecimiento económico y cerrar la brecha de productividad. Para ello es imprescindible
cuantificar el retorno y hacer un uso óptimo de los recursos públicos, con
miras a mejorar la capacidad productiva de nuestras economías”.
En la sesión se
presentaron las conclusiones preliminares del grupo de trabajo informal sobre
inversión social que fue impulsado por las presidencias española y belga en
julio de 2023. Lógicamente el documento reitera muchos de los mensajes ya
recogidos en las conclusiones sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento Sostenible y el Informe Conjunto sobre el Empleo correspondientes a
2024 antes de pasar a destacar el “valor añadido” de la inversión social,
incluyendo en esta: “El aprendizaje permanente y el perfeccionamiento y
reciclaje profesionales de la población adulta, que contribuyen a una mejor
adecuación entre la oferta y la demanda de capacidades, con implicaciones
positivas para la integración en el mercado laboral y el potencial de
crecimiento. La educación, y en particular una atención y educación de la
primera infancia asequible y de calidad, que ayudan a proporcionar a todos los
niños una base firme para seguir aprendiendo más adelante en la vida,
facilitando al mismo tiempo la participación de sus padres en el mercado
laboral, y en particular fomentando el empleo femenino. Las políticas activas
del mercado de trabajo, que facilitan la entrada en el mercado laboral, así
como la adecuación de los empleos y el empleo de calidad, y apoyan las
transiciones entre puestos de trabajo (facilitando los ajustes estructurales en
la economía), fomentando así un crecimiento integrador y sostenible. Las
políticas de prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo e
integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad o de los
trabajadores tras un episodio de enfermedad. Las reformas para reducir la
segmentación del mercado laboral y las reformas de los regímenes fiscales y de
seguridad social para incentivar la participación en el mercado laboral y el
empleo de calidad”.
Tras concluir que “garantizar
la buena elaboración de las reformas e inversiones sociales y la comprensión de
su incidencia potencial en el crecimiento económico, la sostenibilidad
presupuestaria y la justicia social es, por tanto, crucial para configurar las
futuras políticas económicas, de empleo y sociales de manera integrada, y para
aprovechar lo mejor posible los recursos públicos, con vistas a mejorar la
capacidad productiva de nuestras economías”, el documento recoge las dos
preguntas que fueron objeto de debate en la reunión conjunta: “1. ¿Cómo ve los
efectos positivos de las reformas e inversiones sociales en el crecimiento
económico y en la sostenibilidad presupuestaria? ¿Qué reformas sociales y de
empleo recientes llevadas a cabo en su Estado miembro han demostrado que
contribuyen a un mayor potencial de crecimiento? 2. ¿Cómo puede reforzarse aún
más la cooperación entre los órganos preparatorios de las formaciones del
Consejo ECOFIN y EPSCO para evaluar mejor la incidencia de las inversiones y
reformas sociales en el crecimiento económico, la sostenibilidad presupuestaria
y la cohesión social en el contexto del Semestre Europeo?”
Buena lectura.
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