1. La Comisión
Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 21 de noviembre los
documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2024 de coordinación de las
políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad
de leer, teniendo como punto de referencia principal el Estudio prospectivo
anual sobre el crecimiento sostenible 2024, en el que se afirma, según la notade prensa de presentación de todos los documentos ,
que
“presenta un
ambicioso programa para seguir reforzando una respuesta política coordinada de
la UE a fin de mejorar la competitividad de la UE a través de la transición
ecológica y digital, al tiempo que se garantizan la justicia social y la
cohesión territorial. Con miras a estimular la sostenibilidad competitiva, las
cuatro prioridades del Semestre Europeo consisten en el fomento de la
sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad
macroeconómica. Este planteamiento se ajusta a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, que forman parte integrante del Semestre
Europeo. Hacer frente a los retos estructurales y emergentes, a fin de
aprovechar plenamente el potencial de competitividad de cada Estado miembro,
será uno de los elementos centrales del ciclo de este año. Esto abarca eliminar
los obstáculos a la inversión pública y privada, apoyar un entorno empresarial
propicio y garantizar el desarrollo de las capacidades necesarias para las
transiciones ecológica y digital. A este respecto, el ciclo del Semestre
Europeo de 2024 se centrará especialmente en las sinergias y
complementariedades entre la ejecución de los planes de recuperación y
resiliencia y los programas de la política de cohesión, y en la determinación
de los ámbitos con nuevas necesidades de inversión y reforma a nivel nacional y
regional. Además, en 2024 se desactivará la cláusula general de salvaguardia
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La política fiscal debe apoyar la
política monetaria a la hora de reducir la inflación y salvaguardar la
sostenibilidad presupuestaria, sin dejar por ello de ofrecer suficiente margen
para nuevas inversiones y sostener el crecimiento a largo plazo”
Tomando en
consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión explica
que el paquete de otoño “se basa en las previsiones económicas de otoño de
2023, que indicaban que la economía de la UE seguía siendo resiliente frente a
las múltiples perturbaciones sufridas en los últimos años, pero que había
perdido impulso de crecimiento en 2023 en un contexto de elevada inflación y de
condiciones de financiación más estrictas, con solo un moderado aumento del
crecimiento previsto para 2024”, al mismo tiempo que enfatiza que “La UE se
enfrenta a varios grandes retos estructurales, tales como el bajo aumento de la
productividad, las transiciones ecológica y digital, el envejecimiento y la
inclusión social, a que debe hacerse frente para poder mantenerse en la senda
de la competitividad sostenible. Las perturbaciones de orden geopolítico
también han demostrado la necesidad de que la UE siga siendo competitiva en el
mercado mundial, al tiempo que se vela por que nadie se quede atrás”.
La CE ha
presentado varios documentos. Además del ya mencionado dedicado a la estrategia
sostenible, cabe señalar que se han publicado la propuesta de Recomendación del
Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el fin de integrar
mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza
económica de la UE, el Informe sobre el mecanismo de alerta, y la Propuesta de informe
conjunto sobre el empleo (PICE).
Respecto al PICE,
se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “una
visión general anual de las evoluciones más importantes en materia social y de
empleo en Europa y de las recientes medidas políticas de los Estados miembros,
en consonancia con las Orientaciones generales para las políticas de empleo de
los distintos Estados, así como también identifica áreas prioritarias clave para
la acción política”. Recordemos que dichas Orientaciones son las siguientes: “impulsar
la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de
obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el
funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la
inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades
(orientación n.º 8).
En la presentación
de los documentos del semestre europeo, se manifestó lo siguiente por el
Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de una economía al servicio de
las personas: “La economía europea se enfrenta a múltiples retos. Si bien la
inflación sigue bajando desde sus máximos históricos, ha repercutido en los
hogares y las empresas de toda Europa, erosionando el poder adquisitivo y
endureciendo las condiciones de financiación. El contexto actual de cambios
geopolíticos y la urgencia de avanzar en las transiciones ecológica y digital
hacen que la recuperación de la competitividad de Europa sea un elemento
central del paquete del Semestre Europeo anunciado hoy. Para lograrlo, nos
guiamos por la idea de centrarnos en las inversiones y reformas de alta calidad
para aumentar la productividad, hacer que nuestra economía sea más inclusiva y
mejorar las condiciones de nuestras empresas. También pedimos a los Estados miembros
que apliquen políticas fiscales prudentes y que velen por la sostenibilidad de
sus finanzas públicas. Nuestras orientaciones los ayudarán a conseguir
crecimiento, productividad y resiliencia a largo plazo”.
Por su parte, el
comisario de Economía, Paulo Gentiloni, subrayó que “Mediante este análisis
exhaustivo y las orientaciones políticas, presentamos un rumbo para las
economías de la UE y de sus Estados miembros entre las aguas aún turbulentas
que se avecinan. Hemos evaluado los proyectos de planes presupuestarios para
2024 con respecto a las recomendaciones adoptadas en primavera, centrándonos en
limitar el aumento del gasto, preservar la inversión pública y eliminar
gradualmente las medidas de apoyo a la energía. Es el momento de unas políticas
presupuestarias prudentes que complementen los esfuerzos del BCE por luchar
contra la inflación y, por tanto, sostener el poder adquisitivo. Sin embargo,
también es esencial que los gobiernos prosigan las reformas e inversiones
necesarias para mejorar nuestra competitividad y alcanzar un crecimiento
sostenido y sostenible. Desde este punto de vista, la ejecución con firmeza de
los planes nacionales de recuperación y resiliencia sigue revistiendo una
importancia fundamental”
Desde la
perspectiva más estrictamente social, el comisario de empleo y derechos
sociales, Nicolas Schmit, destacó lo siguiente: “Si bien la UE está bien
encaminada hacia su objetivo de empleo del 78 % para 2030, la persistente
escasez de mano de obra y de capacidades está obstaculizando el crecimiento
económico. Además, queda mucho trabajo por hacer para alcanzar los objetivos sociales
de la UE en materia de formación y reducción de la pobreza. Gracias a medidas
que abarcan los salarios mínimos, las capacidades, la pobreza infantil y la
renta mínima, la UE ha avanzado mucho en el fortalecimiento del tejido social
europeo en los últimos años. El nuevo planteamiento específico por países del
Informe Conjunto sobre el Empleo, en consonancia con los principios de un marco
de convergencia social, ayudará a los Estados miembros a determinar posibles
dificultades a la hora de alcanzar sus objetivos nacionales y los riesgos para
la convergencia social al alza, con vistas a superarlos”.
Reproduzco a
continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados
en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a
las políticas de empleo y protección social. Creo que es de especial interés el
conocimiento de estos textos en un momento en que ya está en marcha el nuevo
gobierno de coalición en España y hay importantes medidas normativas que deben
dictarse próximamente, como son la reforma de las prestaciones asistenciales de
desempleo, la fijación del salario mínimo para 2024, y el desarrollo de la Ley
3/2023 de 28 de febrero de empleo, sin olvidar otras medidas que puedan también
contribuir a una mayor igualdad en el mercado de trabajo por vía indirecta,
como por ejemplo el Proyecto de ley orgánica de representación paritaria ypresencia equilibrada de mujeres y hombres, aprobado por el Consejo de
Ministros en su reunión de 5 de diciembre y
que iniciará próximamente su tramitación parlamentaria. Y además, teniendo
presente que el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar incluye importantes propuesta de
cambios normativos, siendo el de reducción de la jornada de trabajo, el de un
mayor desarrollo de las políticas de corresponsabilidad en los cuidados
especial, y una mayor presencia de la representación del personal en los órganos
de dirección de las empresas, especialmente importantes, especialmente importantes
y para los que los documentos comunitarios, se esté o no de acuerdo, total o parcial,
con sus contenidos, pueden ser de mucha utilidad en su preparación.
Antes de ello,
apunto que sobre el semestre europeo de 2023 remito al excelente artículo del
profesor Daniel Pérez del Prado “Aspectos sociales del semestre europeo 2023” , en cuyo resumen se expone que “El presente estudio realiza un repaso de las
principales previsiones y medidas previstas en el Semestre Europeo para el
presente año. En concreto, se revisa tanto la fase previa como su inicio,
prestando atención al ámbito laboral y social y, en particular, a las concretas
referencias hechas para España. El objetivo final es analizar las líneas
maestras en materia de regulación del mercado de trabajo, políticas de empleo y
protección social previstas a nivel de la Unión Europea y para nuestro país
para el presente ejercicio”.
Por mi parte, he
abordado el estudio del semestre europeo en varias entradas anteriores desde
2014. Baste ahora recordar que el de 2022 fue objeto de atención en esteartículo ,
el de 2020 en este , y el de 2019 en este
2. El texto de
referencia obligada es la citada Comunicación de la CE dedicada al Estudio prospectivo anual
sobre el crecimiento sostenible para 2024.
“ 2.4. Equidad
En general, el
mercado laboral de la UE sigue mostrando un buen comportamiento, a pesar de la
ralentización del crecimiento económico, la persistencia de disparidades
regionales y el hecho de que algunos sectores de la población se benefician
menos. La tasa de empleo alcanzó el nivel histórico del 75,4 % en el segundo
trimestre de 2023, mientras que la tasa de desempleo cayó al 6,0 %, el nivel
más bajo jamás registrado en la UE. Si bien que algunos Estados miembros han
logrado progresos significativos, otros registraron tasas de desempleo todavía
superiores al 11 % . Al mismo tiempo, las cifras relativas al mercado laboral
muestran disparidades regionales notables dentro de los Estados miembros.
Los elevados
niveles de escasez de mano de obra y de cualificaciones constituyen un
importante obstáculo para el crecimiento sostenible, la innovación y la
competitividad y requieren medidas específicas. En un mercado laboral bajo
tensión, más de dos tercios de los empleadores no logran encontrar el talento
que necesitan. La escasez es común en la asistencia sanitaria, los sectores de
las CTIM (en particular las TIC), los empleos verdes y determinados empleos del
sector de los servicios. Los talentos de las mujeres, los jóvenes y las
personas mayores, las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad
y otros grupos desfavorecidos e infrarrepresentados son muy necesarios en el
mercado laboral . Más del 20 % de la población en edad de trabajar está
inactiva, entre ellos, 8 millones de jóvenes que no tienen empleo, educación ni
formación. Debe garantizarse la igualdad de oportunidades para todos,
especialmente mediante la aplicación de las estrategias de la Unión de la
Igualdad.
Las medidas
políticas en los niveles adecuados deben destinarse a incrementar la
participación en el mercado laboral a fin de mejorar los resultados sociales y
de empleo. Esto incluye el refuerzo de las políticas activas del mercado de
trabajo, el acceso a una atención y educación de la primera infancia de calidad
y asequibles y a sistemas de cuidados de larga duración, impuestos y
prestaciones sociales que fomenten el trabajo (incluido el traslado de la
fiscalidad del trabajo a objetivos medioambientales y climáticos), unas
condiciones laborales adecuadas y posibilidades de migración legal gestionad ,
y que garanticen al mismo tiempo los derechos laborales y de protección social.
El mayor uso de la gestión algorítmica y la IA en el lugar de trabajo puede
ayudar a paliar la escasez, pero requiere vigilancia. El refuerzo de la
educación y la formación inclusivas y de calidad sigue siendo una prioridad
absoluta, al igual que el aumento de los esfuerzos de reciclaje y
perfeccionamiento profesional para lograr la doble transición. La falta de
competencias básicas y de competencias avanzadas en materia de CTIM, las
lagunas de aprendizaje y la escasez de profesores plantean retos cada vez
mayores para los sistemas de educación y formación, en particular para la
incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Debe mantenerse el impulso de
las iniciativas puestas en marcha en el marco del Año Europeo de las
Capacidades.
A pesar de los
pronunciados aumentos salariales en la UE en 2022 y principios de 2023, estos
se mantuvieron por debajo de las altas tasas de inflación y provocaron una
reducción del poder adquisitivo, lo que afectó sobre todo a los ingresos más
bajos. Los salarios reales en la UE disminuyeron un 3,7 % en 2022, lo que
aumentó el riesgo de pobreza de los ocupados. En el futuro, la evolución
salarial tendrá que encontrar un equilibrio entre recuperar el poder
adquisitivo perdido de los trabajadores, mitigar los efectos secundarios sobre
la inflación y garantizar la competitividad de la UE. Un diálogo social sólido
y una negociación colectiva eficaz son más importantes que nunca para lograr
resultados equilibrados en materia de fijación de salarios.
La necesidad de
políticas adecuadas y sostenibles de protección e inclusión social sigue siendo
elevada. A la luz de los cambios demográficos y de la rápida evolución de los
mercados de trabajo, resulta fundamental contar con sistemas de protección
social sostenibles y garantizar al mismo tiempo el acceso a la protección
social y un apoyo a la renta adecuado. Esto también es necesario para mitigar
el impacto de la elevada inflación y la disminución del poder adquisitivo y
hacer frente a la pobreza energética. Estas medidas deben combinarse con un
apoyo a la integración en el mercado laboral y el acceso a los servicios
esenciales para las personas que carecen de recursos. Deben garantizarse
transiciones justas para todos, por ejemplo para garantizar que las
innovaciones ecológicas y digitales sean asequibles para las personas con
ingresos más bajos y que ninguna región se quede atrás.
Los fondos de la
política de cohesión, junto con los planes nacionales de recuperación y
resiliencia, ayudan a los Estados miembros a avanzar hacia sus objetivos
nacionales para 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la
pobreza. Dado que los Estados miembros incluyen en sus planes de recuperación y
resiliencia importantes reformas e inversiones en el mercado laboral y las
políticas sociales, se estima que 140 000 millones EUR (alrededor del 28 %) de
los costes de dichos planes contribuyen a las políticas sociales, cerca de 73
000 millones EUR contribuyen a la educación y las capacidades y unos 43 000
millones EUR, a la asistencia sanitaria. En el marco de los fondos de la
política de cohesión, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), también se invierten 109 000
millones EUR en el ámbito de la política social. Las sinergias entre el MRR y
los fondos de la política de cohesión son evidentes. Por ejemplo, varios
Estados miembros han introducido reformas en sus planes de recuperación y
resiliencia que generan derechos legales a la atención y educación de la
primera infancia. Al mismo tiempo, los fondos de la política de cohesión (en
especial el FSE+ y el FEDER), en algunos casos apoyados por las inversiones de
los planes nacionales de recuperación y resiliencia, se utilizan, en particular,
para desarrollar servicios de atención y educación de la primera infancia y
construir centros de educación infantil en respuesta al aumento de la demanda.
Los fondos de la política de cohesión a menudo se basan en las reformas
iniciadas en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y
ya financian algunas de las necesidades. También pueden destinarse a satisfacer
necesidades regionales particulares o de grupos de población específicos, como
los romaníes (por ejemplo, invirtiendo a escala regional en educación inclusiva
o financiando políticas activas del mercado de trabajo).
La aplicación
continua del pilar europeo de derechos sociales sigue siendo una prioridad
política para promover la convergencia social ascendente en la UE. A fin de
proporcionar un análisis más sistemático de la evolución del empleo y la
situación social en los Estados miembros, la propuesta de la Comisión de un
informe conjunto sobre el empleo para 2024 incluye un enfoque más preciso por
país mediante un análisis de la situación de cada uno de ellos, basado en los
principios de un marco de convergencia social”.
3. Parecidas
propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta deRecomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro
“Los salarios
nominales aumentaron en 2022 (+4,8 %) y durante los primeros meses de 2023,
como consecuencia de la elevada inflación y las tensiones en los mercados de
trabajo. Aunque esto ha mitigado parcialmente las pérdidas de poder
adquisitivo, los salarios nominales no han crecido al mismo ritmo que la
inflación (los salarios reales han disminuido un 3,7 % en 2022). Es probable
que el crecimiento de los salarios nominales sea fuerte en 2023 y 2024,
mientras que se prevé que los salarios reales aumenten moderadamente,
reforzando la demanda interna. Al mismo tiempo, el crecimiento esperado de los
salarios puede afectar a los precios que tengan un fuerte componente de factor
trabajo interno, como los de los servicios, aunque los efectos sobre los
precios podrían amortiguarse si se revirtieran los aumentos anteriores de los
beneficios unitarios. El aumento de los salarios también podría afectar a la
competitividad, y las divergencias duraderas en la zona del euro pueden, entre
otros factores, generar desequilibrios macroeconómicos. Por lo tanto, los
convenios salariales deberían reflejar adecuadamente la evolución de la zona
del euro, además de la dinámica nacional.
RECOMIENDA que,
durante el período 2024-2025, los Estados miembros de la zona del euro adopten
medidas, a título individual, incluidas las de aplicación de sus planes de
recuperación y resiliencia, y a título colectivo dentro del Eurogrupo, con el
fin de:
... 3. De
conformidad con las prácticas nacionales y respetando el papel de los
interlocutores sociales, apoyar una evolución salarial que mitigue las pérdidas
de poder adquisitivo, especialmente para aquellos con bajos ingresos, teniendo
debidamente en cuenta la dinámica de la competitividad y evitando divergencias
duraderas dentro de la zona del euro. Promover el perfeccionamiento y el
reciclaje profesionales, así como políticas activas del mercado de trabajo para
hacer frente a la escasez de mano de obra y de capacidades y aumentar la
productividad. Adoptar medidas para facilitar la gestión de la migración legal
de los trabajadores de terceros países en ocupaciones con escasez de mano de
obra, en plena complementariedad con el aprovechamiento del talento de dentro
de la UE. Salvaguardar y reforzar unos sistemas de protección e inclusión
social adecuados y sostenibles. Garantizar la participación efectiva de los
interlocutores sociales en la formulación de políticas y reforzar el diálogo
social”.
4. Los documentos
anteriores son acompañados anualmente por el Proyecto de Informe conjunto sobreel empleo presentado por la Comisión al Consejo (disponibles en inglés), que será definitivamente aprobado, como en años
anteriores, en el Consejo Europeo de marzo de 2024, ya durante la presidencia
belga (el informe de 2022 está disponible en castellano en este enlace )
Se trata de un
extenso documento de 170 páginas, en el que el capítulo 1 presenta una visión
general de las tendencias sociales y laborales clave y de los avances
realizados en los objetivos principales y nacionales de la UE para 2030, así
como conclusiones horizontales basadas en los principios del Marco de
Convergencia Social. Por su parte, el capítulo 2 analiza los desafíos y las
respuestas políticas en los Estados miembros para cada una de las cuatro
directrices para el empleo, mientras que el capítulo 3 proporciona un análisis
específico de cada Estado miembro. Se
destaca en la introducción del documento que “Por primera vez, esta edición
informa sobre los avances hacia los objetivos nacionales para 2030 propuestos
por los Estados miembros, tal como se presentaron y debatieron en el Consejo
EPSCO de junio de 2022”.
Destaco aquellos “mensajes
clave” que considero más relevantes, remitiendo a todas las personas interesadas
a la lectura del texto íntegro.
“... Los objetivos
de empleo, capacidades y reducción de la pobreza para 2030 están impulsando
acciones políticas en todos los ámbitos políticos relevantes a nivel de la UE y
en los Estados miembros. El sólido crecimiento del empleo, en promedio durante
los últimos dos años, ha colocado a la UE en el buen camino hacia su objetivo
principal de empleo para 2030 (desde el nivel de 2022 del 74,6%, la tasa de
empleo debe aumentar otros 3,4 puntos porcentuales en la UE hasta 2030 para alcanzar
el objetivo del 78%), aunque los datos trimestrales más recientes apuntan a un
progreso más lento.
En el contexto de
la recuperación posterior a la COVID y la buena evolución del mercado laboral,
en 2022 todos los Estados miembros habían avanzado hacia sus objetivos de
empleo. Para la gran mayoría de ellos, se necesitan mayores esfuerzos en
términos de políticas de empleo y habilidades hasta 2030 para alcanzar sus
objetivos. En un número significativo de Estados miembros, las tasas de empleo
de las personas menos cualificadas albergan el mayor margen de mejora, seguidas
por las tasas de empleo de las mujeres mayores (55-64) y los jóvenes (20-29) en
un buen número de países.
Al mismo tiempo,
se necesitan avances significativos para alcanzar el objetivo principal de la
UE de que el 60% de los adultos estudien cada año en la UE para 2030, desde un
bajo nivel del 37,4% en 2016, en línea con la ambición de que Europa permanezca
a innovadora e inclusiva, también en el contexto de las transformaciones verde
y digital.
Por último, en el
difícil contexto socioeconómico de los últimos tres años, y gracias a las
medidas políticas decisivas a nivel de la UE y de los Estados miembros, el
número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se mantuvo
prácticamente estable en la UE... Si bien la mayoría de los Estados miembros
registraron algunos avances hacia sus objetivos nacionales de reducción de la
pobreza desde 2019, varios otros experimentaron cambios en la dirección
opuesta. Por lo tanto, serán necesarios esfuerzos adicionales significativos y
un seguimiento continuo para garantizar que se cumplan las ambiciones
nacionales establecidas con el fin de alcanzar el objetivo principal de la UE
de al menos 15 millones menos de personas en riesgo de pobreza o exclusión
social para 2030, en comparación con 2019.
... La considerable escasez de mano de obra y
habilidades obstaculiza el crecimiento económico y puede ralentizar las
transiciones verde y digital si no se aborda adecuadamente. La escasez de mano
de obra está generalizada en todas las ocupaciones y niveles de habilidades. A
pesar de cierta relajación en los últimos trimestres, la tasa de puestos
vacantes se situó en el 2,7% en el segundo trimestre de 2023 en la UE, muy por
encima del promedio del 1,7% para el período 2013-2019. En 2022 se informó de
una escasez considerable en sectores como la atención sanitaria, STEM (en
particular, las TIC), la construcción y determinadas ocupaciones de servicios.
La escasez de mano de obra en sectores clave para la transición verde se ha
duplicado desde 2015, mientras que la oferta de formación en estos sectores se
mantiene por debajo del promedio. En 2021, más del 60% de las empresas de la UE
que contrataron o intentaron contratar especialistas en TIC tuvieron
dificultades para cubrir esas vacantes. La escasez generalizada de mano de obra
se debe a una fuerte demanda laboral a pesar de la reciente desaceleración de
la economía, pero los factores que limitan la oferta de mano de obra (como el
envejecimiento de la población y una tendencia a la baja en las horas
trabajadas por empleado) también pueden haber influido. Al mismo tiempo, la
escasez de mano de obra también se genera de manera importante por los nuevos
empleos creados por las transformaciones ecológica y digital y la falta de
habilidades relevantes para el mercado laboral en la fuerza laboral. Un mapeo
reciente de la sostenibilidad competitiva regional muestra cambios en el empleo
hacia sectores más verdes y productivos durante 2008-2018 y diferencias
marcadas entre las regiones (a las más desarrolladas les va mejor en la
transición que a las menos desarrolladas o a las que están en transición). Por
último, en determinados casos y sectores la escasez también se relaciona con
malas condiciones laborales, especialmente en sectores como la atención
sanitaria, la atención residencial y el transporte. Mejorar el acceso al
mercado laboral, en particular fomentando la integración en el mercado laboral
de grupos subrepresentados (mujeres, jóvenes, trabajadores de mayor edad,
personas de origen migrante) podría ayudar a contrarrestar el impacto del
cambio demográfico en la oferta laboral. Es esencial ofrecer una oferta
adecuada de capacitación y reciclaje profesional, en consonancia con la Agenda
Europea de Capacidades. Abordar las disparidades de género en la educación, en
particular en el nivel de educación terciaria y en la elección de campos de
estudio, podría ayudar a aumentar la oferta de mano de obra altamente
calificada. Varios Estados miembros han comenzado a desarrollar sus estrategias
nacionales de capacidades, incluso en el marco del Pacto por las Capacidades, y
han definido prioridades y medidas nacionales para modernizar y preparar la
educación y formación profesional (EFP) para el futuro. Fortalecer las
condiciones laborales también ayudaría a atraer y retener trabajadores en
ciertos sectores y ocupaciones con escasez. Además, promover la movilidad
dentro de la UE, así como atraer trabajadores cualificados de terceros países,
garantizando al mismo tiempo el respeto y el cumplimiento de los derechos
laborales y de protección social, y canalizar la migración legal hacia
ocupaciones que experimentan escasez con el apoyo de EU Talent Pool también
puede contribuir a abordar escasez de mano de obra y capacidades, en plena
complementariedad con el aprovechamiento de talentos dentro de la Unión.
... A pesar de los
aumentos de los salarios nominales, los salarios reales cayeron en casi todos
los Estados miembros en 2022, en diversos grados, lo que pone de relieve la
importancia de unos mecanismos de fijación de salarios bien equilibrados. Las
estrictas condiciones del mercado laboral y la alta inflación han ejercido
presión al alza sobre los salarios nominales. Sin embargo, el crecimiento de
los salarios nominales, que fue del 4,8% en 2022 en la UE, se mantuvo por
debajo de la inflación, lo que provocó que los salarios reales cayeran en casi
todos los Estados miembros y un 3,7% en promedio en la UE. Sin embargo, debido
a un mayor crecimiento salarial y a la moderación de la inflación, la caída de
los salarios reales se desaceleró en el primer semestre de 2023. Recuperar
gradualmente el poder adquisitivo y mitigar nuevas pérdidas es esencial para
contener los efectos sociales de los altos costos de vida, especialmente en los
países de bajos ingresos. asalariados. La evolución de los márgenes de beneficio
sugiere que hay margen potencial para nuevos aumentos de los salarios en
algunos sectores, al tiempo que se permanece alerta ante los efectos de segunda
ronda sobre la inflación. En este contexto, un diálogo social sólido y una
negociación colectiva eficaz, de conformidad con las prácticas nacionales, son
cruciales para lograr un crecimiento salarial general que apoye el poder
adquisitivo, en particular de los trabajadores con salarios bajos y medios, al
tiempo que apoya la creación de empleo y salvaguarda la competitividad.
Unos salarios
mínimos adecuados pueden ayudar a proteger el poder adquisitivo de los
trabajadores con salarios bajos y reducir la pobreza de los ocupados, al tiempo
que fortalecen los incentivos para trabajar. Desde enero de 2022 hasta julio de
2023, los salarios mínimos legales aumentaron significativamente en términos
nominales en todos los Estados miembros donde están vigentes, compensando el
impacto de la alta inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores que
perciben el salario mínimo en la mitad de esos Estados miembros. Estos aumentos
reflejaron ajustes automáticos de indexación cuando dichos mecanismos existen y
actualizaciones discrecionales. Además, en los Estados miembros sin salario
mínimo legal, los salarios acordados colectivamente para las ocupaciones peor
remuneradas registraron un crecimiento moderado, lo que provocó pérdidas
sustanciales en términos reales. Mitigar los efectos de la alta inflación es
particularmente importante en el caso de los trabajadores con salarios bajos,
que se ven afectados desproporcionadamente por los precios aún elevados de la
energía y los alimentos. La transposición de la Directiva sobre salarios
mínimos adecuados será crucial para ayudar a proteger el poder adquisitivo de
los trabajadores con salarios bajos y prevenir el aumento de la pobreza de los
ocupados, fortaleciendo al mismo tiempo los incentivos para trabajar, y los
interlocutores sociales desempeñarán un papel clave en su implementación. La
Directiva también contiene disposiciones para promover la negociación colectiva
y mejorar los mecanismos de aplicación y seguimiento en todos los Estados
miembros.
... Si bien los
diferentes acuerdos contractuales también atienden a distintas preferencias y
necesidades individuales, ofreciendo una mayor flexibilidad tanto para los
trabajadores como para las empresas, la segmentación del mercado laboral sigue
siendo uno de los múltiples factores que impulsan la desigualdad. Éste es el
caso, en particular, cuando los contratos temporales no actúan como trampolín
hacia empleos permanentes. Estos contratos (y especialmente los de muy corta
duración) suelen estar asociados con condiciones de trabajo menos favorables,
menos incentivos para acceder o invertir en educación continua y capacitación
laboral, y brechas en la protección social en comparación con el empleo
permanente. En 2022, la proporción de personas empleadas con contratos
temporales entre todos los empleados se mantuvo prácticamente estable en la UE
(en un 12,9%, y más de la mitad tenían contratos de este tipo de forma
involuntaria), pero la variación entre los Estados miembros fue sustancial. La
proporción fue significativamente mayor entre los jóvenes y los inmigrantes,
mientras que las mujeres también tenían empleos temporales con relativa mayor
frecuencia que los hombres. Los trabajadores autónomos sin empleados
generalmente también están sujetos a mayores riesgos de precariedad. En ciertos
casos, el trabajo por cuenta propia puede ocultar relaciones laborales de
dependencia (“falso” trabajo por cuenta propia), además de estar vinculado a
brechas persistentes en la cobertura de la protección social. En términos más
generales, el uso generalizado de formas atípicas de empleo también puede hacer
que sectores y ocupaciones sean menos atractivos para los trabajadores y, por
tanto, contribuir a impulsar la escasez de mano de obra. Una amplia variedad de
acuerdos contractuales debe ir acompañada de un acceso adecuado a la protección
social y a oportunidades de aprendizaje y desarrollo, a fin de preparar también
a los trabajadores para las transformaciones futuras.
... A pesar de las
mejoras, los jóvenes siguen enfrentándose a desafíos para integrarse en los
mercados laborales en muchos Estados miembros, lo que justifica una atención
especial y medidas políticas adaptadas. El desempleo juvenil ha disminuido 3,1
puntos porcentuales desde 2020, pero, situándose en el 14,5% en 2022, sigue
siendo casi tres veces superior al de la población general en edad de trabajar
de la UE. Las diferencias regionales persisten, con niveles elevados
registrados, por ejemplo, en las regiones ultraperiféricas de la UE. De manera
similar, la proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben
formación (ninis) ha disminuido significativamente hasta alcanzar los niveles
anteriores a la pandemia, pero se mantiene en el 11,1 % en el segundo trimestre
de 2023 en la UE y es particularmente alta en algunos Estados miembros, con
diferencias también significativas. dentro de los países. Las mujeres y los
jóvenes nacidos fuera de la UE ocupan un lugar más destacado entre los ninis.
La integración adecuada y oportuna de los jóvenes en el mercado laboral, o en
los sistemas de educación y formación, es clave para el éxito profesional
futuro. Los períodos de desempleo temprano en la vida laboral pueden perjudicar
las perspectivas profesionales futuras y la capacidad de generar ingresos a
través de “efectos de cicatrización”, con riesgos potencialmente mayores de
pobreza y exclusión social, o de problemas de salud física y mental en casos
más extremos. Las grandes transformaciones futuras relacionadas con la
ecologización y la digitalización de nuestras economías aumentan la necesidad
de garantizar que las generaciones jóvenes estén bien integradas en el mercado
laboral y en la sociedad y sean capaces de aceptar el cambio y dirigir las
transformaciones futuras. En este contexto, se necesitan esfuerzos sostenidos
para superar los desafíos estructurales que frenan a los jóvenes en el mercado
laboral, particularmente en el contexto de una escasez generalizada de mano de
obra y habilidades. La Garantía Juvenil reforzada puede ayudar a centrarse en
los ninis, ofreciéndoles empleo de calidad, educación superior, aprendizaje o
prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o abandonar la
educación formal. Para complementar esto, la iniciativa Aim, Learn, Master,
Achieve (ALMA) ayuda a los ninis desfavorecidos a adquirir experiencia
profesional en el extranjero.
Los trabajadores
de mayor edad son más activos que nunca en el mercado laboral, pero todavía hay
margen de mejora, especialmente para las mujeres. La población de la UE está
envejeciendo rápidamente y se espera que la edad media aumente en más de 4 años
desde 44,4 años en 2022 hasta finales de siglo, mientras que la población en
edad de trabajar se reducirá considerablemente. Algunos Estados miembros y
regiones se ven más afectados por los desafíos demográficos que otros, con el
riesgo de ampliar las disparidades existentes en toda la UE. La tasa de empleo
de los trabajadores de mayor edad (55-64) aumentó notablemente en la UE del
44,7% en 2010 al 62,3% en 2022, gracias a un aumento en su tasa de
participación. La brecha de género en el empleo para este grupo de edad, de
12,5 puntos porcentuales, era, no obstante, mayor que para la fuerza laboral
total, aunque se había reducido desde 2010. Se espera que el envejecimiento de
la población tenga un impacto en la oferta de mano de obra, reduciendo la
fuerza laboral, al tiempo que exacerba potencialmente las habilidades y escasez
de mano de obra en la Unión. En este contexto, una vida laboral más larga
desempeña un papel importante para apoyar la oferta de mano de obra y
garantizar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de protección social,
garantizando al mismo tiempo la cohesión social, la solidaridad y la
transferencia de conocimientos entre generaciones. La caja de herramientas
demográfica, presentada recientemente por la Comisión, establece un enfoque integral
del cambio demográfico. Se pide a los Estados miembros que apoyen un
envejecimiento saludable y activo, que permita a las personas mantener el
control de sus vidas y seguir contribuyendo a la economía y la sociedad.
Las desigualdades
de género en el mercado laboral siguen siendo generalizadas y se reflejan tanto
en el empleo como en las brechas salariales. Aunque disminuyó ligeramente en
comparación con 2021, la brecha de género en el empleo siguió siendo amplia, de
10,7 puntos porcentuales en 2022 en la UE, con grandes diferencias entre los
Estados miembros y las regiones. Además, la brecha fue significativamente mayor
si se tiene en cuenta la mayor proporción de trabajo a tiempo parcial entre las
mujeres (aumentando a 16 puntos porcentuales en 2022, “en equivalente a tiempo
completo”). Además, la brecha de género en el empleo era mucho mayor para las
personas con hijos que para las que no los tenían. Las brechas salariales de
género también fueron amplias en la mayoría de los países (12,7% en 2021 en la
UE), a pesar de los avances de la última década. Esto último puede estar
relacionado en parte con i) la sobrerrepresentación de las mujeres en empleos
relativamente mal remunerados y en trabajos a tiempo parcial; ii) la
subrepresentación de las mujeres en puestos de trabajo más altos; y iii)
mayores dificultades de las mujeres para conciliar el trabajo con las
responsabilidades de cuidados. Sin embargo, la mayor parte de la brecha
salarial de género en la UE no está vinculada a características objetivas y
mensurables de las personas, lo que sugiere que es probable que otros factores,
como la discriminación y las estructuras salariales no transparentes,
contribuyan significativamente a ella. Estas brechas salariales obstaculizan la
independencia económica de las mujeres durante la vida laboral, afectan
negativamente su participación en el mercado laboral y también contribuyen a
las brechas de género en las pensiones (26% en la UE en 2022), con mayores
riesgos de pobreza para las mujeres en la vejez. Abordar la discriminación y
las desigualdades salariales basadas en el género y mejorar el funcionamiento
de los sistemas tributarios puede proporcionar mayores incentivos para que más
mujeres se vuelvan económicamente activas, lo cual también es importante a la
luz de la considerable escasez de mano de obra y habilidades. Mejorar la
disponibilidad de servicios de educación y cuidados de la primera infancia y de
cuidados de larga duración, de calidad y asequibles, es clave para aumentar la
participación de las mujeres en el mercado laboral, en consonancia con la
Garantía Infantil Europea, los nuevos objetivos de Barcelona, la Estrategia de
Igualdad de Género de la UE 2020-25 y la Recomendaciones del Consejo sobre
educación y cuidados de la primera infancia y sobre el acceso a cuidados de
larga duración asequibles y de alta calidad. Por último, las medidas de
transparencia salarial, en consonancia con la Directiva sobre Transparencia
Salarial, son esenciales para revelar los prejuicios de género en las
estructuras y entornos salariales y permitir a los trabajadores hacer valer
efectivamente su derecho a igual remuneración por trabajos de igual valor.
A pesar de las
recientes mejoras, las personas con discapacidad todavía enfrentan barreras
importantes en el mercado laboral. En 2022, la brecha de empleo para personas
con discapacidad entre personas con y sin discapacidad se situó en 21,4 puntos
porcentuales en la UE. Además, en 2020 la tasa de desempleo de las personas con
discapacidad fue casi el doble que la de las que no la tenían. Además, muchas
personas con discapacidad no participan en el mercado laboral, como se refleja
en una tasa de actividad del 60,7% (frente al 83,4% de quienes no la tienen).
De conformidad con la Estrategia 2021-2030 para los derechos de las personas
con discapacidad, se necesitan mayores esfuerzos políticos y medidas
específicas, como se describe en el Paquete de Empleo para Personas con
Discapacidad, para mejorar la situación del mercado laboral de las personas con
discapacidad. Por ello, es clave reforzar las capacidades de los servicios de
empleo e integración, promover la contratación y combatir los estereotipos,
garantizando al mismo tiempo ajustes razonables en el trabajo, en función de
sus necesidades.
... Dado que la
mayoría de los trabajadores de la UE ya utilizan herramientas digitales en el
trabajo, se necesitan esfuerzos adicionales significativos para mejorar las
habilidades digitales de la población, en particular de las personas poco
cualificadas, las personas mayores y los nacionales de terceros países. En
2021, entre el 60 y el 70 % de los trabajadores de la UE utilizaron
herramientas digitales en el trabajo que requerían niveles básicos o moderados
de habilidades digitales. Sin embargo, sólo el 53,9% de los adultos tenía al
menos habilidades digitales básicas en la UE. El nivel de capacidades digitales
varía considerablemente entre los Estados miembros, pero también entre los
grupos de población. En 2021, los jóvenes (de 16 a 29 años) tenían más del
doble de probabilidades que las personas mayores (de 55 a 74 años) de tener al
menos habilidades digitales básicas; las tasas eran particularmente bajas entre
los poco calificados, los desempleados y los inactivos. Además, una proporción
significativamente menor de nacionales de fuera de la UE tenía al menos
habilidades digitales básicas en comparación con los nacionales de la UE. Una
encuesta de 2023 realizada en el marco del Año Europeo de las Capacidades
mostró que para casi la mitad de todas las pymes que informaron que la escasez
de capacidades limitaba sus actividades comerciales generales, el desafío se
refería en particular al uso de tecnologías digitales. Los bajos niveles de
habilidades digitales en amplios segmentos de la población y las marcadas
diferencias en las oportunidades para desarrollar dichas habilidades conllevan
el riesgo de producir brechas importantes en el contexto de economías y
sociedades cada vez más digitalizadas (incluso en relación con el acceso a la
educación y la formación, los servicios públicos servicios de empleo y
servicios digitales en general). Para cerrar la brecha digital, se necesitan
programas de habilidades digitales para la población en general, complementados
con capacitación específica, adaptada a los perfiles de habilidades y
situaciones del mercado laboral de grupos específicos, y en las que las
empresas también desempeñen un papel en la provisión de capacitación. En el
Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y en la Brújula Digital
para la Década Digital se fijó el objetivo de que al menos el 80% de la
población de la UE tenga al menos habilidades digitales básicas para 2030. El
objetivo también es aumentar el número de especialistas en TIC hasta 20
millones de aquí a 2030, promoviendo al mismo tiempo el acceso de las mujeres a
este campo (18,9% de los especialistas en 2022) y aumentando el número de
graduados en TIC, que es crucial para mantener la competitividad de Europa.
Es necesaria una
acción sostenida para seguir desarrollando las capacidades de la fuerza
laboral, con el fin de apoyar la competitividad, promover el empleo de calidad
y preservar el modelo social de la UE, también con vistas a las transiciones
verde y digital. En este contexto, y a la luz de la escasez generalizada de
mano de obra y capacidades, unos sistemas de educación y formación eficaces y
que funcionen bien son fundamentales para proporcionar a los jóvenes
capacidades pertinentes para el mercado laboral, mientras que una alta
participación en el aprendizaje de adultos es fundamental para garantizar sus
capacidades. La fuerza laboral se actualiza constantemente. El objetivo
principal sobre el aprendizaje de adultos requiere que al menos el 60 % de los
adultos participen en el aprendizaje cada año en la UE de aquí a 2030 (frente a
los últimos datos disponibles para 2016 que apuntan a una tasa media de
participación mucho más baja, del 37,4 %). Como en todos los Estados miembros,
los adultos poco cualificados tienden a participar en formación
significativamente menos que los de cualificación media y alta, y es necesario prestar
especial atención política a aumentar sus tasas de participación, en
consonancia con la Evaluación de las Vías de Mejora de las Cualificaciones. La
participación de los adultos en el aprendizaje también es más frecuente en las
zonas urbanas que en las rurales. En este contexto, la Recomendación del
Consejo sobre las cuentas individuales de aprendizaje describe cómo los Estados
miembros pueden combinar el apoyo financiero (incluida la financiación del
FSE+) y no financiero de manera eficaz para capacitar a todos los adultos para
que desarrollen sus capacidades a lo largo de su vida laboral. Además, las
microcredenciales tienen un gran potencial para ofrecer capacitación y
reciclaje rápido y específico para trabajadores y solicitantes de empleo, sobre
la base de la Recomendación del Consejo correspondiente. Por último, el Año
Europeo de las Capacidades, que se basa en la Agenda Europea de Capacidades
2020, tiene como objetivo promover un cambio de mentalidad hacia la mejora y la
recualificación a lo largo de la vida, ayudando a las personas a obtener las
capacidades adecuadas para empleos de calidad y aprovechar las numerosas
oportunidades que ofrecen las transformaciones verdes y digitales
... Los sistemas
de protección social desempeñan un papel clave en los Estados miembros a la
hora de garantizar la cohesión social y la seguridad de los ingresos frente a
los riesgos y la estabilización macroeconómica y, como tales, deben adaptarse a
los desafíos del futuro. En general, los sistemas de protección social han
demostrado su eficacia para apoyar la resiliencia socioeconómica durante la
pandemia de COVID y la crisis energética más reciente. Sin embargo, la
capacidad de los sistemas de protección social para seguir siendo adecuados y
fiscalmente sostenibles está bajo una presión cada vez mayor debido al
envejecimiento de la población, el cambiante mundo del trabajo y las
transiciones verde y digital. Estos avances tendrán implicaciones para el diseño
y el alcance de los sistemas de protección social y su financiación. En
términos prácticos, esto implica la necesidad de mayores tasas de participación
en empleos de calidad en todos los grupos de población, vidas laborales más
largas, respuestas adecuadas a la pobreza de los ocupados, cobertura de
protección social para las formas atípicas de empleo, servicios de protección
social mejor organizados, disponibles y eficientes, incluidos los cuidados, y
adaptar los sistemas de protección social a las nuevas realidades que trae la
adaptación al cambio climático y las tecnologías verdes y digitales. Para que
los sistemas de protección social estén preparados para el futuro, es particularmente
importante abordar las políticas de bienestar desde una perspectiva del ciclo
de vida. Las políticas sociales bien diseñadas en diferentes etapas del ciclo
de vida de una persona pueden generar “dobles dividendos”, reduciendo el gasto
público futuro en reemplazo de ingresos gracias a los avances en materia de
empleo, bienestar y salud, y apoyando el crecimiento económico inclusivo al
tiempo que se amplía la base impositiva. Las reformas e inversiones de los
Estados miembros en estos ámbitos están respaldadas por varias iniciativas de
la UE destinadas a hacer que la protección social esté preparada para el
futuro, como las Recomendaciones del Consejo sobre el acceso a la protección
social de los trabajadores y autónomos, sobre los cuidados de larga duración,
sobre una transición justa hacia la neutralidad climática y sobre una renta
mínima adecuada para la inclusión activa, así como la Directiva sobre salarios
mínimos adecuados.
... Los
interlocutores sociales tienen un papel clave que desempeñar en el diseño y la
implementación de reformas y políticas a nivel nacional que apoyen el empleo,
la calidad del empleo, el desarrollo de habilidades y la protección social. El
diálogo social eficaz contribuye decisivamente al buen funcionamiento de la
economía social de mercado europea, garantizando resultados políticos mejores y
más sostenibles y apoyando también transiciones verdes y digitales justas. En
general, en los Estados miembros con tradiciones de diálogo social bien
establecidas, la calidad y la intensidad de la participación de los
interlocutores sociales en la formulación de políticas pertinentes obtuvieron
mejores calificaciones, incluso en relación con las consultas en el contexto
del Semestre Europeo. Las conclusiones de la supervisión multilateral del
Comité de Empleo pusieron de relieve que sigue siendo de suma importancia
evitar una mera participación formalista y garantizar una consulta oportuna y
significativa de los interlocutores sociales a lo largo de todo el proceso de
formulación de políticas en todos los Estados miembros. Más de dos años después
de la adopción del MRR, los procesos de diálogo social en torno a la
implementación de los PRR están avanzando en la mayoría de los Estados
miembros. Según la Recomendación del Consejo sobre el fortalecimiento del
diálogo social, los Estados miembros están llamados a garantizar un entorno
propicio para el diálogo social bipartito y tripartito, incluida la negociación
colectiva, en los sectores público y privado, en todos los niveles.
Aprovechando las prácticas y tradiciones nacionales existentes, los esfuerzos
para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en
la formulación de políticas pertinentes son clave para proporcionar información
valiosa sobre los desafíos existentes y emergentes, así como sobre la eficacia
de las intervenciones políticas sobre el terreno”.
En fin, la síntesis
de todo el Proyecto de Informe se encuentra a mi parecer en las propuestas que
formula la CE a los Estados miembros y que son las siguientes:
“Los Estados
miembros deberían tomar medidas para abordar los desafíos en materia de empleo,
capacidades y política social identificados en este Informe conjunto sobre el
empleo. El análisis presentado en el informe destaca una serie de áreas
prioritarias para acciones políticas. De conformidad con las Directrices para
el empleo, se invita a los Estados miembros a:
• Mejorar la
mejora y la recapacitación de los adultos para abordar la escasez de mano de
obra y habilidades, adaptarse a la situación y perspectivas cambiantes del
mercado laboral y fomentar las transiciones ecológica y digital, incluso
mediante la integración del uso de herramientas de inteligencia de habilidades;
reforzar la oferta de derechos de formación individuales, como cuentas de
aprendizaje individuales; y fomentar el desarrollo, la implementación y el
reconocimiento de microcredenciales, en consonancia con las recomendaciones del
Consejo sobre cuentas de aprendizaje individuales y sobre un enfoque europeo de
las microcredenciales.
• Fortalecer las
políticas activas del mercado laboral y la capacidad y eficacia de los
servicios públicos de empleo –invirtiendo en infraestructura digital, servicios
digitales, mejor orientación profesional, servicios de asesoramiento,
inteligencia de habilidades y capacitación del personal– con miras a apoyar la
creación de empleos de calidad y las transiciones.
• Monitorear y
mitigar el impacto negativo de la inflación en el poder adquisitivo de los
hogares vulnerables a través de medidas de apoyo específicas, manteniendo al
mismo tiempo incentivos para reducir el consumo de energía, cuando sea
relevante, y mejorar la eficiencia energética.
• En consonancia
con las prácticas nacionales y respetando plenamente el papel de los
interlocutores sociales, promover una evolución salarial que mitigue la pérdida
de poder adquisitivo, en particular para los trabajadores con salarios bajos,
promoviendo al mismo tiempo una convergencia social ascendente, que refleje la
evolución de la productividad y preserve el empleo. salvaguardar la
competitividad y permanecer atentos a los efectos de segunda ronda sobre la
inflación.
• Garantizar la
disponibilidad de planes de apoyo diseñados de manera que preserven y
desarrollen aún más el capital humano a través de la mejora y la
recualificación asociados, con el fin de apoyar procesos de reestructuración
justos cuando sea necesario, facilitar las transiciones laborales y ayudar a la
modernización de la economía.
• Proporcionar
apoyo a los trabajadores y hogares más afectados por los impactos económicos y
sociales de la adaptación al cambio climático y las nuevas tecnologías verdes y
digitales, en particular a los trabajadores y hogares vulnerables, incluso a
través de servicios de empleo y medidas de formación eficaces; programas de
empleo, incentivos a la contratación y a la transición bien diseñados,
específicos y con plazos determinados; una seguridad de ingresos adecuada con
un enfoque de inclusión activa; y la promoción del espíritu empresarial, en
consonancia con la Recomendación del Consejo sobre garantizar una transición
justa hacia la neutralidad climática.
• Promover la
movilidad dentro de la UE y atraer trabajadores cualificados de terceros
países, garantizando al mismo tiempo el respeto y el cumplimiento de los
derechos laborales y sociales y canalizando la migración legal hacia
ocupaciones que experimentan escasez, en plena complementariedad con el
aprovechamiento de talentos dentro de la Unión.
• - Adaptar la
normativa del mercado laboral y los regímenes fiscales y de prestaciones
sociales para reducir la segmentación del mercado laboral y fomentar la
creación de empleo de calidad, incluida una posible reducción de la cuña
fiscal, especialmente para los trabajadores con salarios bajos, sin
obstaculizar la transición hacia empleos mejor remunerados, y un desplazamiento
de la fiscalidad del trabajo hacia los impuestos medioambientales.
• Garantizar
entornos de trabajo saludables, seguros y bien adaptados.
• Promover la
negociación colectiva y el diálogo social, junto con una participación oportuna
y significativa de los interlocutores sociales en la formulación de políticas
pertinentes a nivel nacional, incluso en relación con la implementación de los
planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros y en el contexto
del Semestre Europeo.
• Mejorar las
perspectivas de los jóvenes en el mercado laboral, incluso a través de una
educación y formación profesional inclusivas y de calidad y de la educación
terciaria; apoyo a servicios de empleo específicos (que incluyen tutoría,
orientación y asesoramiento); y formación de aprendices y prácticas de calidad,
en consonancia con la Garantía Juvenil reforzada.
• Garantizar la no
discriminación, promover la igualdad de género, mejorar la incorporación de la
perspectiva de género y fortalecer la participación en el mercado laboral de
las mujeres y los grupos desfavorecidos, fomentando la igualdad de oportunidades
y la progresión profesional, garantizando la transparencia en las estructuras
salariales y promoviendo la conciliación de la vida laboral, familiar y
privada. – incluso mediante el acceso a una atención asequible y de calidad
(educación y cuidados de la primera infancia y cuidados a largo plazo), y
permisos relacionados con la familia y modalidades de trabajo flexibles para
los padres y otros cuidadores informales, en consonancia con la Estrategia
Europea de Atención.
• Fomentar la
igualdad de oportunidades para que los niños hagan frente a los altos niveles
de pobreza infantil y hagan el mejor uso de los recursos nacionales y de la UE.
Acelerar la implementación de la Garantía Infantil Europea, entre otras cosas
proporcionando educación y cuidados de la primera infancia asequibles y de
buena calidad y mejorando los resultados del aprendizaje abordando el abandono
escolar prematuro y la escasez de docentes. Apoyar el acceso a la educación de
niños de grupos desfavorecidos y zonas remotas y promover la formación en todos
los niveles de cualificación.
• Impulsar las
competencias digitales de alumnos y adultos de todas las edades y aumentar la
reserva de talento digital en el mercado laboral mediante el desarrollo de
ecosistemas de educación y formación digitales respaldados por facilitadores
clave, como la conectividad de alta velocidad para las escuelas, los equipos y
la formación de docentes; y apoyar a las instituciones con conocimiento en
digitalización con especial enfoque en la inclusión y la reducción de la brecha
digital.
• Garantizar una
protección social adecuada y sostenible para todos, en consonancia con la
Recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social; mejorar la
protección de quienes no están suficientemente cubiertos, como los trabajadores
en situaciones laborales atípicas y en plataformas, y los autónomos; mejorar la
adecuación de las prestaciones, la transferibilidad de los derechos y el acceso
a servicios de calidad, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad de las
finanzas públicas; y apoyar eficazmente la integración en el mercado laboral de
quienes pueden trabajar.
• Desarrollar y
reforzar sistemas de renta mínima que proporcionen un apoyo adecuado y sigan un
enfoque de inclusión activa, en consonancia con la Recomendación del Consejo
sobre una renta mínima adecuada que garantice la inclusión activa; y fomentar
el acceso a servicios esenciales, incluida la energía, especialmente para los
hogares vulnerables y de bajos ingresos.
• Evaluar los
impactos distributivos de las reformas y las inversiones en la renta de
diversos grupos de la población, en consonancia con la Comunicación sobre una
mejor evaluación del impacto distributivo de las políticas de los Estados
miembros.
• Proporcionar a
todos los niños en riesgo de pobreza o exclusión social acceso gratuito y
efectivo a la atención sanitaria, la educación y los cuidados de la primera
infancia, así como a la educación y las actividades escolares; así como el
acceso efectivo a una nutrición saludable y a una vivienda adecuada; en
consonancia con la Garantía Infantil Europea y los planes de acción nacionales
relacionados.
• Abordar la falta
de vivienda como la forma más extrema de pobreza; promover la renovación de
viviendas residenciales y sociales y servicios sociales integrados; apoyar el
acceso a viviendas asequibles y de calidad, a viviendas sociales o a ayudas
para la vivienda, cuando proceda.
• Invertir en la
capacidad del sistema sanitario, incluidos los servicios de prevención y
atención primaria, así como en la capacidad de salud pública, la coordinación
de la atención, el personal sanitario y la eSalud; reducir los pagos directos cuando
sea pertinente; mejorar la cobertura sanitaria; y promover la mejora y la
reconversión de los trabajadores de la salud.
• Reforzar la
prestación de servicios de cuidados de larga duración de calidad, asequibles y
sostenibles, en consonancia con la Estrategia Europea de Cuidados.
• Garantizar
sistemas de pensiones inclusivos y sostenibles que permitan ingresos adecuados
en la vejez y equidad intergeneracional”.
Como he indicado
con anterioridad, el capítulo 3 está dedicado a examinar el mercado de trabajo
de cada Estado miembro. Respecto a España destaco los siguientes aspectos del Proyecto
de Informe.
“El mercado
laboral español se enfrenta a importantes retos, a pesar de su sólida
recuperación. La tasa de empleo aumentó hasta el 69,5% en 2022, superando el
nivel anterior a la crisis (2019) del 68%. Sin embargo, sigue estando muy por
debajo de la media de la UE del 74,6%, lo que constituye una "situación
crítica". Como resultado de su
tendencia a la baja, la tasa de desempleo y su componente de larga duración han
pasado de una "situación crítica" a "débil, pero en mejora"
en 2022, aunque siguen estando significativamente por encima de la media de la
UE (12,9 % frente a 6,2 % y 5 % frente a 2,4 %, respectivamente). La proporción
de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni siguen una formación (NEET) ha
mejorado hasta el 12,7 % en 2022, pero sigue siendo "a vigilar". El
desempleo juvenil sigue siendo elevado, alcanzando el 52,4 % en Melilla, el
44,4 % en Ceuta y el 43,9 % en la región ultraperiférica de las Islas Canarias.
En un tono más positivo, la brecha de empleo entre hombres y mujeres está
"en la media" y la brecha de empleo por discapacidad sitúa a España
entre los países con "mejores resultados". Al mismo tiempo, el
crecimiento de la renta familiar bruta disponible per cápita sigue siendo
"crítico" y se mantiene por debajo del nivel de referencia de 2008.
España se enfrenta
a retos en relación con el abandono temprano de la educación y la formación,
mientras que obtiene resultados relativamente buenos en competencias digitales.
El porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación aumentó ligeramente
en 2022, hasta el 13,9 % (frente al 9,6 % en la UE), empeorando de una
situación "débil, pero en mejora" a una "situación
crítica". Persisten las disparidades regionales, con niveles especialmente
elevados en el este y el sur y un empeoramiento de los resultados en las
regiones del este y el noroeste. Por otro lado, España obtiene resultados
"mejores que la media" en competencias digitales, con un 64,2 % de la
población adulta con al menos competencias digitales básicas en 2021 (frente al
53,9 % en la UE), lo que favorece las transiciones ecológica y digital junto con
una mejora y una reconversión más generales de la mano de obra.
España se enfrenta a retos relacionados con la protección y la inclusión social. Tanto la tasa global de riesgo de pobreza o exclusión social como la ratio de quintiles de renta son "débiles, pero mejoran", aunque los niveles siguen siendo relativamente altos, del 26 % y del 5,6 % en 2022, respectivamente. Además, la proporción de niños en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 32,2% en 2022 (7,5 puntos porcentuales por encima de la media de la UE en 2022) y se ha mantenido en una "situación crítica" durante los últimos tres años. En este contexto, el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza (27,4% frente al 35,3% de la UE en 2022) es relativamente bajo y "a tener en cuenta".
En el lado
positivo, España sigue obteniendo unos resultados "mejores que la
media" en cuanto a las necesidades no satisfechas de atención médica. La
proporción de niños menores de tres años en guarderías formales es "buena,
pero hay que vigilarla" debido a un descenso significativo en 2022 (del
55,3 % al 48,6 %), en parte relacionado con los actuales problemas de
asequibilidad.
5. En el estudio
de las políticas de empleo, y aunque no forme parte propiamente de los
documentos del semestre europeo, es conveniente a mi parecer referirse también
al informe 2023 de la Comisión Europea sobre mercado laboral y evolución salarial en Europa (disponible en inglés),
del que destaco ahora algunas de sus conclusiones.
“El crecimiento
del empleo se ha visto respaldado por una tasa de participación cada vez mayor.
La tendencia a
largo plazo de aumento de la participación en el mercado laboral de las mujeres
y los trabajadores de más edad y una mayor estabilidad de las relaciones
laborales (facilitada por el uso de planes de mantenimiento del empleo durante
la pandemia, que preservaron el apego al mercado laboral) contribuyeron a un
aumento de la tasa de participación global. Entre el primer trimestre de 2020 y
el cuarto trimestre de 2022, la tasa de actividad de hombres y mujeres aumentó,
respectivamente, en 0,87 y 1,74 puntos porcentuales. Aunque las tasas de
actividad aumentaron en todos los grupos de edad, la mayor parte del incremento
en el caso de los hombres correspondió a los trabajadores de entre 60 y 64 años
(0,40 puntos porcentuales); en el caso de las mujeres, los aumentos de la
participación fueron significativos en todos los grupos de edad. Se considera
que las políticas encaminadas a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y
familiar, reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres y aumentar
la edad efectiva de jubilación han contribuido positivamente a esta evolución.
Durante este período, el aumento de la tasa global de participación contribuyó
en un 2 % al crecimiento total del empleo, es decir, casi 4 millones de puestos
de trabajo. También contribuyó positivamente el aumento de la participación en
el mercado laboral de los ciudadanos de la UE que se desplazan y de los
nacionales de terceros países.
... Diversas
políticas pueden contribuir a fomentar aumentos salariales sostenibles.
Las políticas de
salario mínimo legal han desempeñado y seguirán desempeñando un papel
importante en la protección de los ingresos de los trabajadores más
vulnerables. El refuerzo de la negociación colectiva también es fundamental, y
el fomento de la negociación colectiva sectorial e intersectorial, en
particular, puede contribuir a tener en cuenta en las negociaciones salariales
la evolución macroeconómica pertinente, como la evolución de la productividad o
los riesgos de presiones inflacionistas. A este respecto, la transposición en
curso de la Directiva de la UE sobre salarios mínimos adecuados puede ayudar a
promover procedimientos de gobernanza sólidos para fijar y actualizar los
salarios mínimos legales y reforzar la negociación colectiva. Además, las
políticas que promueven la mejora y el reciclaje de las cualificaciones pueden
mejorar las perspectivas de empleo y salariales de los trabajadores,
especialmente de los poco cualificados. Por otra parte, la mejora de la
productividad de las empresas es clave para apoyar la evolución salarial en el
contexto actual de bajo crecimiento de la productividad, incertidumbre general
y elevada inflación. En este sentido, la puesta en marcha con éxito de las
transiciones gemelas y garantizar su equidad siguen siendo prioridades
políticas. Por último, abordar el origen del elevado coste de la vida también
puede contribuir a mejorar los salarios reales, especialmente garantizando una
competencia suficiente, sobre todo en los servicios, y diversificando las
cadenas de suministro.
... El tiempo de
trabajo en los Estados miembros de la UE ha ido disminuyendo gradualmente a lo
largo del tiempo, impulsado por factores sociales y económicos, así como por
factores institucionales y políticas del mercado laboral.
El principal
factor económico que ha impulsado el descenso a largo plazo de las horas
trabajadas ha sido el progreso tecnológico. En la segunda mitad del siglo XX,
las políticas fiscales y el poder de negociación de los trabajadores también
desempeñaron un papel importante en el descenso de la jornada laboral. Desde
1995, la evolución del tiempo de trabajo se ha visto impulsada sobre todo por
el aumento de la participación de las mujeres en la población activa y el
consiguiente incremento del trabajo a tiempo parcial. Las políticas del mercado
laboral también han favorecido ajustes en las horas trabajadas para hacer
frente a choques a corto plazo, como los experimentados durante la crisis de
COVID-19. La reciente aceleración de la digitalización, el auge de la
inteligencia artificial, la generalización del teletrabajo y un cambio en las
preferencias de los trabajadores son factores que podrían conducir a nuevas
reducciones del tiempo de trabajo en un futuro próximo. Entre 2008 y 2022, la
media de horas semanales trabajadas disminuyó en la UE un 2 %, mientras que la
media de horas anuales se redujo un 5 % en el mismo periodo. En la UE, este
descenso se ha visto impulsado principalmente por la reducción de las horas
semanales trabajadas por los asalariados a tiempo completo y los trabajadores
autónomos; no obstante, sus determinantes difieren entre los Estados miembros.
En casi todos los
Estados miembros, las horas semanales obligatorias están limitadas a 48 horas
(según establece la Directiva sobre el tiempo de trabajo) o a 40 horas. Sólo en
Bélgica y Francia el límite es inferior. El número de horas trabajadas normalmente
a lo largo del año difiere significativamente entre los Estados miembros
debido, entre otras cosas, a las diferencias en la provisión de tiempo de
vacaciones y el nivel de desarrollo económico; de hecho, se ha descubierto que
este último está correlacionado negativamente con el número medio de horas
semanales trabajadas.
Según datos del
pasado, las reducciones legislativas obligatorias de la jornada laboral pueden
no mejorar el bienestar de grupos de trabajadores con preferencias diferentes.
En el contexto actual de gran escasez de mano de obra, las opciones que amplían
la elección de horas semanales podrían abordar mejor la presencia simultánea de
subempleo y sobreempleo en el mercado laboral. Una de estas opciones puede ser
la reducción de las horas semanales para grupos específicos de trabajadores, ya
sea a través de convenios colectivos o de la reorganización voluntaria de los
modelos de trabajo en las empresas”.
6. Por último,
cabe hacer una breve referencia al Informe presentado por la Comisión sobre el mecanismo
de alerta 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0902&qid=1702443098009
“... El aumento de
los costes laborales unitarios repuntó notablemente en general y divergió
considerablemente entre los países en 2022 y 2023, incluso dentro de la zona
del euro, en la que la divergencia comporta mayores riesgos para la
competitividad. Un crecimiento muy fuerte en algunos Estados miembros supone
una marcada aceleración con respecto a años recientes. Los aumentos salariales
fueron sustanciales en la mayoría de los países, pero aún se sitúan por debajo
del aumento del coste de la vida. Esto generó presión sobre el presupuesto de
los hogares, especialmente para las personas con bajos ingresos. En 2023, los
salarios han experimentado una aceleración. En consecuencia, se prevé que los
costes laborales unitarios aumenten aún más rápido en 2023 que en 2022 en la
mayoría de los países, e incluso en caso de que se moderen, se sigue previendo
que crezcan a un ritmo fuerte. En términos acumulados, se prevé que los
salarios disminuyan en términos reales durante 2022 y 2023. Para 2024, se prevé
una ralentización significativa de las tasas de crecimiento de los costes
laborales unitarios, pero el nivel de incertidumbre sigue siendo alto, ya que
los salarios dependen de unas negociaciones que aún no han tenido lugar en
muchos países. El fuerte crecimiento previsto de los costes laborales unitarios
en algunos países acreedores netos debería promover un mayor reequilibrio
simétrico de las posiciones exteriores dentro de la zona del euro en 2023 y
2024.
En 2024, se elaborarán exámenes exhaustivos para los once Estados miembros que fueron identificados como países con desequilibrios o desequilibrios excesivos en 2023 3 . El Informe sobre el Mecanismo de Alerta presenta un panorama general de la evolución de los datos clave que subyacen a estos desequilibrios. En los exámenes exhaustivos realizados en 2024 y que se publicarán durante el primer semestre de ese año se llevará a cabo una evaluación económica de si estos desequilibrios se están agravando, corrigiendo o ya se han corregido, con el fin de actualizar las evaluaciones existentes y las posibles necesidades políticas pendientes. Este será el caso de Alemania, Chipre, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, y Suecia”
Buena lectura.
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