Actualizo en esta entrada las normas que se van dictando por las
autoridades públicas, así como las aportaciones jurídicas y económicas, con
evidentes incrustaciones y reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento
(y que con toda seguridad serán muchas más). He podido leer (al menos hasta
ahora) todas las normas y parte de resoluciones judiciales y artículos que
enumero en cada actualización, y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas
tesis o ideas que me parecen más importantes de todas ellas, con independencia
de que esté o no de acuerdo con sus contenidos.
Dado que el número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy
difícil de seguir con regularidad, es necesario remitirse al Código electrónico “Covid-19 Derecho
Europeo, Estatal y Autonómico” https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355¬a=1&tab=2 que ha
publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a medida que se van
dictando nuevas normas.
0. Senado. Comisión
de Trabajo, inclusión, Seguridad Social y migraciones.. Comparecencia de la
Ministra de Trabajo y Seguridad Social.
25 de mayo.
1. Cataluña.
Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley
7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública,
de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas
complementarias. DOGC 25, BOE,25 de mayo.
2. Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el
que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC, 28, BOE, 25 de mayo.
3. Guy Ryder
(OIT): “Necesitamos mucha más solidaridad internacional para superar la
crisis” 24 de mayo.
“… Por eso Ryder
no duda en afirmar que la próxima pandemia será la del hambre, ya que el
impacto de la covid-19 se ceba con los trabajadores más vulnerables, 2.000
millones de personas con empleos informales, que pueden perder el 60% de sus
ingresos y disparar sus niveles de pobreza en 35 puntos, incluso en los países
más ricos. Porque en una economía globalizada, lo que pasa en una región afecta
al resto. “La pandemia nos muestra la precariedad del trabajo en todos los
continentes. Tenemos grandes niveles de inequidad y vulnerabilidad en todos los
países del mundo y lagunas terribles en la protección social hasta en los más
desarrollados”.
Pese a ello, Ryder
no pierde el optimismo: “No debemos ceder ante la fatalidad. La salida de la
crisis, que va a ser más complicada que el confinamiento, depende de nosotros y
de las políticas que se apliquen. Hemos de construir un marco mejor”. La
cuestión ahora, aprecia, es si seremos capaces o no de aprender de esta
pandemia, de sacar conclusiones sobre los problemas de la gente y adaptar las
políticas de protección social. “En la crisis de 2008 no aprendimos mucho.
Ojalá esta vez sea diferente”…
4. Santiago
Álvarez Cantalapiedra / Equipo del área ecosocial de FUHEM Covid-19: una
pandemia en medio de la crisis ecosocial
24 de mayo.
“… Ahora que no
queda otra que plantar cara a esta pandemia, nadie ignora que estamos ante una
crisis que no solo es sanitaria. La pandemia se ha revelado también como un
fenómeno que permite comprender qué rasgos tiene y cómo funciona la sociedad
actual. A un acontecimiento que admite tantas aproximaciones como aristas
muestra (sanitarias, sociales, económicas o políticas), a un fenómeno de estas
características, en ciencias sociales se le llama hecho social total, al
afectar al conjunto de los componentes y relaciones fundamentales de una
sociedad. También es posible contemplar esta pandemia como un ensayo general de
las amenazas globales que se desprenden de la crisis ecosocial y que, al
proyectarse sobre el conjunto de la humanidad, adquieren una dimensión
existencial. Asimismo, esta experiencia nos ha introducido en un gigantesco
experimento natural. Este acontecimiento se ha convertido en un campo de
estudio inestimable para cualquier investigador. Al afectar a toda la humanidad
en un periodo temporal perfectamente acotado permite aislar comportamientos e
impactos comparándolos con los de períodos precedentes a la pandemia….”
5. Pedro Duque:
"Estamos muchísimo mejor preparados para un rebrote de covid-19" 23 de mayo.
P. En caso de rebrote de la covid-19, que una
buena parte de científicos dan por seguro, ¿está España preparada o reviviremos
la situación dramática de marzo y abril?
E. Estoy
convencido de que el trabajo de preparación que se ha hecho con enorme esfuerzo
por parte de mucha gente del sistema sanitario nos hace estar mucho mejor
preparados, aunque en aquel momento hubiera carencia de muchísimas cosas. Ha
sido un trabajo de detección de diagnóstico que tuvo que ponerse en marcha en
tiempo récord, teniendo en cuenta que fuimos uno de los países de crecimiento
de la gráfica más rápido.
Ahora, todo el
sistema de fases que se está haciendo es precisamente para tener un control
sobre los repuntes o pequeños incrementos, de forma que si suceden, tengamos la
posibilidad de frenar, de dar un paso hacia atrás. Ahora se está preparando la
atención primaria en los centros de salud para el testado, algo que no hemos
tenido tiempo de hacer. Estamos muchísimos mejor preparados, aunque hay que
insistir a la gente que con confianza, pero con mucha cautela. La covid-19 no
es una enfermedad banal, de ninguna manera, como al principio quiso proyectar
alguna gente, y hay que evitar especulaciones, trabajar con datos, facilitar los
medios... El Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto a disposición de la
sanidad laboratorios que ahora mismo están trabajando en áreas científicas las
cuales, si se necesitaran en algún momento, pudieran ponerse inmediatamente en
marcha. Sí, estamos muchísimo mejor preparados….”
6. Domingo
Mirón (presidente de Accenture España,
Portugal e Israel). y Jean-Marc
Ollagnier (consejero delegado de Accenture Europa). El contrato social en la era pospandemia.
24 de mayo.
“… Una encuesta
global de nuestra compañía sugiere que los nuevos gustos de la gente impactarán
en una amplia gama de sectores, desde el retail hasta el transporte. Los
consumidores están comprando de forma diferente para minimizar los
desperdicios, ahorrar dinero, elegir productos más sostenibles y favorecer más
al comercio local. Además, la mayoría afirma que es probable que continúe
haciéndolo después de la crisis.
Las implicaciones
del efecto que dejará este virus serán muy profundas: podríamos ser testigos de
la mayor prueba —hasta el momento— para los valores corporativos e
institucionales. Los cambios de actitud plantean preguntas difíciles sobre qué
y cómo producen y venden las marcas. El deseo de los consumidores de contar con
alternativas de bajo consumo ¿acelerará las iniciativas de transición
energética, incluso en un posible entorno de baja demanda? ¿Redefinirá el
concepto de lujo la demanda de una producción más justa, redefiniendo al mismo
tiempo a industrias enteras?”.
7. Carlos
Vitoria. El ingreso mínimo vital. Unaprimera valoración. 19 de mayo.
“… En definitiva, de acuerdo a lo que conocemos, una
vez clarificado el diseño institucional y la coordinación del IMV con el resto
del sistema de rentas mínimas, estaríamos hablando de una medida que podría
reducir el riesgo de pobreza y exclusión social de cientos de miles de personas
con una eficiencia bastante alta, un coste fiscal moderado y los incentivos
adecuados para transitar hacia un empleo. Recordemos que, aunque España se
encuentra en la media de la OCDE en cuanto a la reducción de la desigualdad
tras impuestos y transferencias, se encuentra entre los países en los que un
menor porcentaje de transferencias van a parar al quintil de población con
menor nivel de renta….”
8. Antonio Calleja.
«La digitalización es un campo de batalla en el que se definen las
sociedades del presente y del futuro»
13 de mayo.
P. ¿La crisis de la COVID-19 contribuirá a crear una
sociedad todavía más digitalizada?
R. Sí. De hecho, ya lo estamos viendo. En el caso
español, el incremento en el uso de internet o el continuo énfasis en la
transición digital por parte del gobierno son síntoma y anticipo de ello.
Además, la posibilidad de que se den restricciones a la circulación y la
reunión física de personas en los próximos meses hará que las infraestructuras
digitales operen, aún más de lo que ya lo hacen, como un segundo suelo social.
Como consecuencia, ciertos temas ganarán presencia en la agenda pública. Uno es
el de la fiabilidad, la estabilidad y el control de estas tecnologías, con las
implicaciones materiales y geopolíticas que ello tiene. Otro aspecto importante
será el de sus dimensiones e implicaciones sociales, psicológicas, económicas,
ecológicas, legales, culturales... En ese sentido, se reforzará la idea de que
la digitalización no es solo una cuestión de tecnologías o de desarrollo
económico, sino un campo de batalla en el que se definen las sociedades del
presente y del futuro.
P. ¿Puede haber un aumento de la vigilancia y del
control de la población con la ayuda de la inteligencia artificial y de los
macrodatos (big data)?
R. Ha habido, hay y habrá un intenso debate al
respecto. Esto se puede apreciar en la discusión en torno a las aplicaciones de
rastreo de contactos, que son una de las soluciones tecnológicas consideradas
por un buen número de gobiernos para la fase de desconfinamiento. Mientras que,
por un lado, existe una propuesta, denominada DP-3T, completamente
descentralizada y que asegura una mayor privacidad, existen también soluciones
más centralizadas, como la Pepp-PT, que dejarían mucho más margen de control al
estado. Además, encontramos que corporaciones como Google y Apple tienen un rol
determinante en este debate, lo que muestra e incrementa su poder en la
sociedad digital. De avanzarse en el desarrollo de opciones invasivas y
centralizadas, diferentes derechos, que van desde la privacidad hasta la no
discriminación, se verán afectados y, en ese caso, es previsible que surjan
nuevas formas de resistencia.
Nos dirigimos a un futuro de alta
deuda. La reciente propuesta franco-alemana de un Fondo Europeo de Recuperación
desplaza la carga un poco fuera de los balances nacionales. Si se aprueba,
500.000 millones de euros para un fondo común serán significativos. Pero para
2021 la deuda de Italia probablemente terminará por encima del 150% del
producto interno bruto. Francia se encontrará con deudas que superarán el 120%
del PIB.
¿Será esto una fuente de
inestabilidad y peligro? El legado tóxico de la crisis de la eurozona podría
sugerirlo. Entre 2010 y 2015, el funcionamiento normal de la política europea
se vio repetidamente perturbado y la economía de gran parte de Europa se sumió
en una prolongada recesión, en una lucha desesperada por evitar una crisis de
deuda soberana.
Una conclusión que se puede sacar de
esa experiencia traumática es que es mejor evitar la deuda. Si esto va unido a
un llamamiento para aumentar progresivamente el impuesto sobre la renta, gravar
más la riqueza y tomar medidas contra la evasión fiscal, hay algo que decir a
favor de esta postura. Pero no sólo es irrealista, sino que es incapacitante.
Bien administrada, la deuda soberana ha sido una herramienta indispensable del
gobierno moderno. En lugar de evitarlas, Europa debería enfrentarse a sus
demonios de la deuda.
… Es evidente que este llamamiento a
la transparencia radical implicaría una redefinición de la frontera entre lo
público y lo privado, entre los mercados financieros, la política y el Estado.
¿Podría disuadir a los inversores? ¿Los sometería a un escrutinio inaceptable?
Bueno, implicaría un cambio de poder. El objetivo del juego es evitar el
reverso: el humillante sometimiento de la política y el Estado al poder
financiero privado.
Pero al hacerlo, no se trata de
demonizar a los tenedores de bonos y a los gestores de fondos. El objetivo es
aclarar la política de la deuda pública, para sustituir el miedo y el acoso por
información y un escrutinio serio. Dado el mundo de alta deuda al que nos
dirigimos, vamos a necesitar superar el embrollo en el que nos encontramos.
Y si se trata de nombrar y avergonzar,
no son sólo los inversores los que deben sentirse incómodos. Después de todo,
los administradores de fondos y los analistas de calificación están simplemente
haciendo su trabajo. La verdadera vergüenza está en otro lugar: en la voluntad
colectiva de Europa de confiar en la "disciplina del mercado" como
sustituto del acuerdo político y constitucional. Es la abdicación de la
política lo que ha hecho que la deuda soberana de la eurozona sea insegura.
En 2010-12 esa abdicación causó un
daño desastroso. Frente al legado financiero de la crisis de Covid-19, no
podemos permitirnos una repetición. El propósito de una nueva transparencia
radical con respecto a la deuda soberana debería ser bloquear cualquier evasión
adicional: exponiendo el funcionamiento real de lo que llamamos el mercado,
para convocar a la política a sus responsabilidades….
“La tendencia lleva a pensar que aunque en un principio
la crisis sanitaria y el decreto de alarma obligó a muchos servicios y empresas
a interrumpir su actividad, ahora es la crisis de demanda y producción la que
está obligando a la suspensión y reducción de la actividad de las empresas. La
mayoría de las empresas están manteniendo su actividad, pero de forma reducida
y con menos trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, la amenaza de
flexibilizar las condiciones de los expedientes imprescindibles permitidos por
la proliferación de expedientes de producción y organización convencionales y
el estado de alarma puede llevar a concluir que las empresas se están
preparando para trabajar con plantillas más reducidas y que nos encontramos
ante una grave crisis de empleo.
Además de estos trabajadores y trabajadoras que
cuestionan su futuro dentro de los expedientes de regulación y ven reducidos
sus ingresos, en el contexto de la crisis, desde principios de marzo, otras
27.871 personas han sido despedidas o han perdido su empleo, situándose el paro
en el 13,47% (179.085 personas paradas en Hego Euskal Herria). Este fuerte
aumento del paro responde a la precariedad en el empleo, ya que si hubiera
estabilidad en el empleo, la mayoría de estas personas despedidas podrían
mantener su puesto de trabajo mediante expedientes de regulación y obtener
mejores ingresos.
A esta crisis de empleo se suman miles de personas que
ya estaban en riesgo de pobreza o en situación de pobreza y que en esta
situación han empeorado notablemente su situación (883 personas más que cobran
la RGI en marzo en la CAPV, y en Navarra han aumentado en 600 las solicitudes
de Renta Garantizada desde los inicios de la crisis).”
11. Daniel Innerarity: “Se acabó el mundo de lascertezas”. 25 de mayo.
En Pandemocracia dice que se acaba un mundo. ¿Cuál?
No se acaba el mundo, pero sí un mundo de certezas,
individuos autosuficientes, varones, por cierto, y de comportamientos estancos.
Entramos en un espacio que da vértigo pero nos obliga a una evolución del
pensamiento. Primero, a una revolución en los conceptos para comprender la
sociedad, que aún son newtonianos. Y segundo, a cambios en nuestra manera de
entender nuestras interacciones. Debemos pensarnos más como sujetos que se
protegen colectivamente de riesgos muy diferentes a los de la sociedad
industrial y que deben entrar en lógicas de poder más cooperativas y menos
competitivas. En la sucesión de crisis que nos asaltan desde finales del siglo
pasado, climática, ecológica, migratoria, financiera, europea y ahora
sanitaria, hay un hilo común: entramos en horizontes de ignorancia insuprimible
y debemos entendernos como sujetos cuya clave es organizar bien su interacción.
12. UGT. La brecha de género en las prestaciones pordesempleo se agrava tras la COVID-19 24
de mayo.
La Unión General de Trabajadores denuncia que las desigualdades
entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, con mayores tasas de paro
femenino, interrupciones en sus carreras de cotización, más temporalidad,
salarios inferiores, etc. está aumentando la brecha de género en las
prestaciones por desempleo.
En este sentido, los hombres perciben más prestaciones
contributivas de desempleo que las mujeres, con cuantías más altas, mientras
que son ellas las que perciben mayores prestaciones asistenciales.
Así lo recoge el sindicato en el informe “Mujeres alfrente, mujeres a la retaguardia. COVID-19, empleo y protección social”, donde
señala que, en el mes de marzo, el 53% de las personas beneficiarias del
conjunto de prestaciones por desempleo fueron mujeres, por un 47% de hombres.
Sin embargo, si tenemos en cuenta el tipo de prestación reconocida, las mujeres
son el 49,17% de la prestación contributiva, mientras son mayoría en el nivel
asistencial, como el subsidio desempleo (54,36%), llegando hasta más del 60%
como beneficiarias del subsidio agrario o en la Renta Activa de Inserción. De
esta forma, en esta última modalidad, el 64,56% de perceptoras son mujeres y en
el Programa de Activación para el Empleo, también más del 60% de las personas
beneficiarias son ellas.
13. CCOO
Castilla-La Mancha. 25 de mayo. Riesgos psicosociales ante una nueva realidad
laboral por la crisis del Covid-19
CCOO de
Castilla-La Mancha ha elaborado una guía para informar sobre los diferentes
riesgos psicosociales que se derivan del coronavirus y que perjudican la salud
de los trabajadores y trabajadoras, así como para ofrecer una serie de pautas y
recomendaciones sobre cómo deben actuar las personas trabajadoras y sus
empleadores/as para prevenir estos riesgos y para proteger la salud laboral.
14. Ignasi Beltrán
de Heredia. COVID-19, paralización de
las actuaciones judiciales y levantamiento de la suspensión 25 de mayo.
La abrupta
constatación de la afectación exponencial de la pandemia provocada por el
COVID-19 ha provocado la adopción acelerada (y atropellada) de medidas
normativas para tratar de combatir sus efectos (13 RDLey – del 6/2020 al
18/2020 – en apenas dos meses).
El ámbito de la
Administración de Justicia no ha sido una excepción, viéndose profundamente
afectada por la “suspensión” generalizada de la actividad jurisdiccional ex RD
463/2020.
Esta medida ha
tenido profundas implicaciones, pues, la paralización de la mayor parte de la
actividad judicial ordinaria ha derivado en la constricción de la capacidad de
los ciudadanos de acudir a ella para ejercer sus derechos durante la alarma
sanitaria.
De forma derivada
(y estrechamente vinculada con lo anterior), la particularidad de la situación
actual es que, hoy por hoy, se desconoce la magnitud total de los asuntos que
la alarma sanitaria va a generar (y que deberán sumarse a los pendientes). La
cascada de RDLey y las numerosas controversias interpretativas que sus reglas
suscitan auguran una intensa intervención de los Tribunales para disipar las
dudas sobre toda la normativa de excepción socio-laboral.
En este contexto,
el riesgo de colapso agudo de la Administración de Justicia (anticipado por
múltiples operadores) es real y, probablemente, se aproxime a las previsiones
más pesimistas. Y, es obvio que, si así acaba sucediendo, no puede decirse que
describa la mejor de las situaciones para una pronta recuperación de la
normalidad.
De hecho, el
Gobierno era sabedor de este riesgo pues, la DA 19ª RDLey 11/2020 (31 de marzo)
ya emplazó al Ministerio de Justicia, en un plazo de 15 días, a adoptar un
«Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes
jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de
los Juzgados de lo mercantil«, con el objetivo de contribuir a una rápida
recuperación económica tras la superación de la crisis (y, en este sentido, a
principios de abril, el CGPJ aprobó unas Directrices) .
El posterior RDLey
16/2020 ha recogido (ver aquí), hasta la fecha, las principales medidas
(introduciendo cambios normativos en las instituciones procesales y también de
carácter organizativo) para tratar de combatir la complejo escenario en el que
nos encontramos.
Finalmente, el RD
537/2020, 22 de mayo, ha previsto el levantamiento de la suspensión para
principios del mes de junio (arts. 8 a 10).
A partir de este
punto de partida, el propósito de esta entrada es exponer (siguiendo una breve
cronología de los acontecimientos) las circunstancias que han culminado en la
suspensión de las actuaciones judiciales y recoger algunas estimaciones sobre
su impacto….
15. Rafael Jiménez
Asensio. Pandemia, vulnerabilidad social
y Administración Pública 25 de mayo.
En esta entrada sólo pretendo poner el foco en algunos
déficits que en el ámbito público se han observado de forma clamorosa en estos
últimos meses y, asimismo, en cuáles son algunos de los retos o desafíos que
los poderes públicos deberán afrontar en los próximos meses y años para atenuar
y, en su caso, mejorar, los devastadores efectos que la crisis ha producido y
provocará sobe aquellas personas que ofrecen fuerte vulnerabilidad social; cuyo
círculo, conforme pasen las semanas y meses, se irá ampliando dramáticamente.
La presente entrada surge tanto por la observación y
reflexión personal como sobre todo por la lectura del documento al que se hace
referencia en la cita inicial (consultar aquí), suscrito por diferentes
profesionales de los ámbitos sanitario y de servicios sociales de distintas
instituciones y entidades de Euskadi, y del que tuve conocimiento por medio de
una de las personas que lo suscribió (Boni Cantero). Este trabajo se divulgó
también en un articulo de opinión editado en los diarios El Correo y El
Diario Vasco, que llevaba por título “Responsabilizarnos del otro”
16. Grupo de trabajo ÉTICA Y COVID (Euskadi) –
ABFyC ¿La salud de quien estamosdefendiendo? Desigualdades sociales y sanitarias en tiempo de pandemia 6 de mayo.
Hemos aprendido mucho en estas semanas, muchas cosas
buenas, pero también cosas que pueden mejorar y es nuestra obligación
intentarlo seriamente si de ello depende que las personas, todas, podamos vivir
decentemente. Compartimos a continuación lo más importante de lo aprendido en
nuestro grupo:
- Que si tratamos a todas las personas igual,
faltaremos a la equidad y al reconocimiento de que la igual dignidad merece
igual estima y consideración, pero no hacer lo mismo.
- Que hay personas que tienen serias dificultades para
ser reconocidas como sujetos de derechos.
- Que la salud es vida autoinsuficiente con
significado, que necesita relación y compromiso.
- Que las ayudas de emergencia, no pueden ni deben de
ser, en una sociedad justa, el modo habitual de enfrentar el empobrecimiento de
las personas, por lo que se debe de garantizar una renta básica a toda la
ciudadanía que asegure unos mínimos de vida saludable.
- Que hay servicios esenciales que no se pueden
sustituir por teletrabajo. Que en cualquier momento podemos morir y que no es
lo mismo morir bien que mal, porque morir siempre es con-morir, como vivir
siempre es con-vivir.
- Que la “crisis de los cuidados” y el “envejecimiento
de nuestras sociedades”, nos han devuelto la conciencia de que las relaciones
comunitarias en los entornos naturales son imprescindibles.
- Que es urgente poner en marcha un sistema eficaz y
suficientemente dimensionado de servicios sociales.
- Que hay compromisos y lealtades, profesionales o
voluntarias, que no se pagan con “salarios”, sino con “honorarios”, es decir
con reconocimiento social.
- Que el lucro y la distribución desigual de los
bienes básicos escasos, es inmoral e injusto.
- Que la justicia requiere trasparencia,
argumentación, conocimientos y deliberación entre diferentes perspectivas.
17. Juan Torres López. Trabajos indignos en tiempos depandemia. 25 de mayo.
En la Unión Europea todo el mundo habla de la
transición energética para combatir el cambio climático, pero no nos cuentas
que la Comisión y muchos países miembros han suscrito tratados de este tipo que
provocarán costes millonarios por demandas cuando se vayan tomando las medidas
que lógicamente perjudicarán a inversores del viejo sistema energético que es
preciso superar. Y España ha firmado unos 80 tratados de este tipo y muchas de
nuestras grandes empresas han conseguido indemnizaciones millonarias cuando
algún gobierno ha intentado zafarse de sus privilegios o evitar el daño que
provocan a sus pueblos o intereses económicos nacionales.
La movilización social puso trabas a la firma de
alguno de estos tratados, pero la mayoría de ellos son desconocidos, se
aprueban sin apenas debate público o incluso no pasan por los parlamentos. No
conviene que la gente conozca lo que implican y sus defensores compran a los
partidos políticos para que los saquen adelante y a muchos periodistas y
académicos para que confundan a la población sobre su verdadera naturaleza.
“… Una
instrucción de la Dirección General del Trabajo de fecha 19 de mayo de 2020
especifica las misiones prioritarias de las Direcciones Generales y de los
inspectores del trabajo durante el período de desconfinamiento y reanudación
del trabajo.
“… Garantizar
la salud y la seguridad de los empleados
"La
reanudación de la actividad en muchos sectores económicos justifica (...) una
mayor presencia de los funcionarios de control de la inspección del trabajo en
los locales donde se emplean trabajadores, empresas u obras de construcción.
Las intervenciones in situ son necesarias para hacer las observaciones
necesarias para evaluar la realidad de las situaciones de trabajo y, cuando sea
necesario, iniciar los procedimientos judiciales que se deriven de esas observaciones".
Y esto en completa seguridad para el personal de control.
Lo siguiente
debe tratarse como una prioridad:
-
Incumplimiento de las medidas de protección contra el riesgo Covid-19, tanto si
estas alertas forman parte o no de los procedimientos de alerta por peligro
grave e inminente;
- accidentes
de trabajo graves o mortales;
- ataques a
la integridad física y moral de los trabajadores, a su dignidad;
-
infracciones de los derechos fundamentales;
-
situaciones de impago de salarios;
- fraudes de
actividad parcial denunciados por los servicios de “transformaciones
económicas” o por los empleados o sus representantes.
El documento Pilares Locales para la reactivación
social y económica de la Administración Local, de casi cincuenta páginas,
recoge una propuesta construida sobre dos pilares. El primero, contempla
facilitar el uso íntegro de los RTGG, Remanentes de Tesorería para Gastos
Generales (que incluyen el superávit), generados por cada Entidad Local,
flexibilizando parámetros como la estabilidad presupuestaria o la regla de
gasto. Estos RTGG ascienden a 17.841 Millones de euros.
El segundo pilar exige la creación y puesta a
disposición de los Entes Locales de tres fondos:
1.- Fondo financiero que pueda ser destinado
exclusivamente al impulso de la recuperación social y económica. Este Fondo
tendría a su vez dos bloques de financiación: el primero, con un importe de
5.000 millones de euros en 2020 y una cantidad no inferior a 1.000 millones en
2021; y el segundo bloque, dotado con el 14,16% de los fondos procedentes de la
UE. Se prevé igualmente que las Federaciones Territoriales de municipios y
provincias reclamen a sus respectivas Comunidades Autónomas la constitución de
Fondos destinados a Planes locales de choque en sus territorios.
2.- Fondo extraordinario para el sostenimiento del
transporte público urbano que cubra el déficit generado por este servicio
público que durante la crisis de la COVID-19 registró caídas de uso superiores
al 90%. A estos efectos, se solicitan al Ministro de Movilidad y Agenda Urbana
la constitución de dos fondos extraordinarios: uno, por importe de 1.000
millones de euros, para el transporte colectivo terrestre (autobús y tranvía) y
otro, de 725 millones de euros, para el metro.
3.- Fondo para la colaboración de las Entidades
Locales en la gestión del ingreso mínimo vital. Sobre este último, y en razón
de la cuantía que se prevé para el ingreso mínimo vital, la colaboración de las
Entidades Locales en la implantación y seguimiento del mismo precisará de la
aprobación de un Fondo propio. …”
20. Joan Coscubiela. Absurdos debates nominalistas. 25
de mayo.
“..Puedo comprender y hasta compartir que la bandera
de la derogación "integral" de la reforma laboral es un símbolo
electoralmente muy potente para expresar el rechazo a una política de
precarización de las condiciones de trabajo, pero me parece poco útil para la
acción de gobierno.
Trasladar el lenguaje tosco de los programas
electorales al más complejo de las leyes y el BOE no es ni simple
jurídicamente, ni fácil políticamente, ni rápido –porque hace falta tiempo para
trabar acuerdos y conseguir los votos necesarios. Así lo ha explicado la
ministra Yolanda Díaz, evidenciando que este no es un conflicto entre los
partidos de la coalición, sino algo un poco más complejo…”
“…. A las políticas públicas de los próximos años les
va a tocar intentar eso que el refranero popular dice que no se puede hacer:
soplar y sorber al mismo tiempo. Para tener una mínima posibilidad de alcanzar
este reto disponemos del instrumento de la concertación social, que debe buscar
un sendero muy estrecho por el que acceder a un punto de encuentro con el que
conseguir un triple win. Win para las personas trabajadoras, win para las
empresas y win para la economía del país.
Este es un reto muy complejo que requiere, además de
la concertación social, que el escenario político también ayude, al menos no
poniéndolo más difícil de lo que ya es. Y para eso, abandonar los absurdos
debates nominalistas es una condición no suficiente pero sí imprescindible….”
…. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha detallado hoy, ante de la Comisión del Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones del Senado, el programa de acción del Ministerio y las
medidas excepcionales adoptadas durante la crisis sanitaria de la Covid 19.
Díaz ha desgranado su intervención en cuatro
apartados: una primera en la que ha detallado el programa del Ministerio; la
batería de medidas desplegadas en respuesta a la crisis sanitaria de la Covid
19; la radiografía del mercado laboral español; y los desafíos inminentes en
materia de trabajo y Economía Social.
La ministra de Trabajo y Economía Social se ha referido
a la “lacra de la precariedad” como el principal problema del trabajo en
España, unido a los bajos salarios, a la desprotección de las personas que
pierden su empleo, la salud y la seguridad en el trabajo y la desigualdad
laboral entre hombres y mujeres….”
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