domingo, 9 de junio de 2019

UE. Semestre europeo. De los documentos presentados en otoño de 2018 al paquete de primavera 2019. Notas a la propuesta de Recomendación sobre España de 5 de junio.



1. La Comisión Europea hizo público el 21 de noviembre los documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2019 de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, teniendo como punto de referencia principal la Comunicación “Estudio prospectivo anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial”. Un muy interesante análisis de tales documentos, en los apartados relativos a España, se encuentra en el blog del profesor Ferran Camas, en un artículo publicado el 3 de diciembre y que lleva por título "Empleo y condiciones de vida en la UE: perfil de España".

Hay que destacar también la presentación del Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo (PICE), de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.

Analizo a continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y protección social.

2. En la Comunicación de la CE se pone de manifiesto que la economía europea sigue recuperándose y entrará en su sexto año de crecimiento ininterrumpido, con récord de empleo (239 millones de personas), reducción del desempleo a niveles anteriores a la crisis de 2008, y salida de la pobreza o de la exclusión social de más de diez millones de personas en los últimos años, datos todos ellos muy positivos ciertamente pero que tienen su contrapunto, y de ahí la preocupación de la CE porque el crecimiento “no ha beneficiado de la misma forma a todos los ciudadanos y a todos los países”, en algunos de ellos con elevadas tasas de desempleo y con renta de los hogares inferiores a los niveles anteriores a la crisis, al mismo tiempo que manifiesta la necesidad de abordar a escala de la Unión los retos a largo plazo que condicionan la realidad económica y social, como son “el envejecimiento de la población, la digitalización y sus efectos sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales”.

En cualquier caso, y siempre desde una perspectiva general, se valora muy positivamente que las medidas puestas en marcha por el ejecutivo comunitario hayan contribuido a salir de la grave situación en que se encontró Europa hasta 2014, cuyas consecuencias sociales se notaron profundamente, “con un elevadísimo nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y unas crecientes desigualdades sociales”, lográndose avances que han fomentado “un crecimiento integrador” y que han igualmente contribuido a  “una mejora sustancial de las condiciones sociales y del mercado laboral”, alcanzándose progresos en materia de políticas presupuestarias sanas y reformas estructurales que “han sido fundamentales para reducir los niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos de trabajo”.  

El estudio para el próximo año dedica especial atención a los riesgos y retos del inmediato futuro, situando entre los primeros la desigualdad de ingresos persistente y la lenta reducción de la pobreza, y entre los segundos la inadecuación de las capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y la problemática derivada de la gestión de las migraciones. No se olvida de aquellos retos que, aun con implicaciones a corto plazo, dibujan su influencia e impacto en unos años, entre los que cabe destacar la repercusión de las transformaciones tecnológicas en trabajadores y sectores, así como el impacto del cambio demográfico en las políticas económicas y sociales.

Al abordar cómo afrontar esos riesgos y retos, amplios apartados del estudio tratan de contenidos de indudable importancia para las políticas sociales, como son por ejemplo las inversiones que se requieren en capacidades y en educación, que deben ser “más consistentes e inteligentes”, subrayando la importancia de mejorar ambas para un gran número de trabajadores, en cuanto que quienes poseen un bajo nivel de estudios tienen en promedio UE una tasa de empleo casi treinta puntos porcentuales más bajas que las de aquellos que lo tiene más elevado, y que todavía hoy en la Europa desarrollada “más de 60 millones de adultos no tienen las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el ámbito digital”.

El documento presta especial atención, como también lo hará el proyecto de informe conjunto para el empleo, a la consecución de sistemas de protección social inclusivos, y nuevamente pone el foco (cómo se consiga sería ya de más difícil acuerdo, en atención a los diferentes marcos normativos nacionales laborales existentes) en una regulación adecuada de las instituciones del mercado de trabajo “que combinen la flexibilidad con la seguridad”, dejando abierta la puerta a una modificación de las reglas del juego de la protección social que vaya de la mano con una adecuada respuesta a las nuevas formas de trabajo “como el trabajo en las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia” (algunas no tan nuevas ni mucho menos, como he tenido oportunidad de explicar en numerosas ocasiones en entradas anteriores), de tal manera que dicha protección alcance también a quienes no pueden considerarse trabajadores típicos o estables (figura, por cierto, que ha sufrido muchos ataques en los últimos tiempos) por no tener un contrato de trabajo indefinido y/o no trabajar a tiempo completo.

La especial “preocupación” del Estudio por conseguir unos mercados laborales más “dinámicos e integradores” también se postula como medida adecuada para abordar los retos derivados del proceso de envejecimiento de la población, que requerirán igualmente de sistemas de protección social reformados y de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

El estudio es del parecer que hay que establecer unas prioridades que sean correctas para lograr un futuro próspero, siendo la primera la de realizar inversiones de gran calidad, con especial atención a que se lleven a cabo en materia de investigación e innovación, para potenciar las infraestructuras digitales. Vinculada a esta propuesta, se encuentra la paralela de inversión en educación, formación y desarrollo de las capacidades, que se considera “fundamental para aumentar la productividad y el mantenimiento del empleo en un contexto de rápida evolución y digitalización”. Así lo plantea el documento comunitario: “Para mejorar la resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios, la acción política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en actividades de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información sobre el mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las decisiones en materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento profesional (incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles a adquirir las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto también servirá para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor uso de sus capacidades y cualificaciones”.

¿Cuáles son las prioridades en materia laboral y social? No se diferencian mucho de la de años anteriores, ya que se sigue insistiendo en la necesidad de abordar nuevas reformas para encontrar “el equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo”, de tal manera que todos los trabajadores tengan seguridad laboral y protección social, con políticas activas de empleo y servicios públicos de empleo más eficaces.

En el estudio de 2018 se defendía la mejora de los niveles salariales, considerando que el crecimiento de los salarios reales resultante del aumento de productividad “es crucial para reducir las desigualdades y garantizar un alto nivel de vida”, siendo positivo ese incremento porque ello redundaría en un aumento de la demanda interna que “impulsaría todavía más la actual expansión económica”. También en el de 2019 se defiende que el incremento de los salarios, que vincula al aumento de la productividad, “puede reducir las desigualdades y favorecer una convergencia al alza de los niveles de vida”, al tiempo que se llama a una recuperación del diálogo social (buen ejemplo de esta recuperación la hemos tenido en los últimos meses en España con la creación de diversas mesas para el diálogo social) para fortalecer el papel de los agentes sociales en los procesos de negociación sobre estas y otras materia, ya que las políticas adoptadas por algunos gobiernos en años anteriores no han ido precisamente en esa línea y además han contribuido al debilitamiento de la negociación colectiva y a la subsiguiente disminución de cobertura de trabajadores protegidos.

En fin, nuevamente se insiste, al igual que en años anteriores, en que unas políticas más eficaces para integrar a los migrantes en los mercados de trabajo “contribuirían a una mayor integración”, si bien desde luego no parece que muchos Estados estén por la labor, vistas las restricciones cada vez más numerosas impuestas. Por lo que respecta a España, soy del parecer que una mayor flexibilidad en la concesión de autorizaciones de trabajo contribuiría a evitar mayores dosis de irregularidad, inicial o sobrevenida, en el mismo. En todos los documentos comunitarios, y no solo en los presentados para el inicio del semestre europeo, en los que se aborda la problemática de la integración de la población migrante, se insiste en la importancia de enfoques sistemáticos y en la necesidad de invertir más “en la mejora de las capacidades y el reconocimiento de las capacidades y las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de trabajo y en el apoyo de los servicios públicos de empleo”, con especial atención actualmente a las necesidades de la población refugiada.

En definitiva, las líneas y prioridades marcadas en el documento ahora analizado son las que deben guiar las actuaciones de todos los Estados miembros en los próximos meses, llamando a todos ellos para que la vida parlamentaria y social tengan un rol de primer orden en el proceso, por ser del parecer, ciertamente acertado, aunque no se produzca realmente en muchas ocasiones, que la participación de los interlocutores sociales y del parlamento, junto con la de la sociedad civil, “es fundamental para mejorar la apropiación y legitimidad de las reformas y lograr mejores resultados socioeconómicos”.

 4. El estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, que será definitivamente aprobado, como en años anteriores, en el Consejo de marzo de 2019. Se trata de un extenso documento de 195 páginas, en las que se incluyen cinco anexos: indicadores principales del cuadro de indicadores sociales, niveles; indicadores principales del cuadro de indicadores, variaciones y diferencia con la UE; nota metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el cuadro de indicadores; resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2018; Resumen de las «tendencias sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora en el período 2015-2016 identificados por la actualización de agosto de 2018 del indicador de rendimiento de la protección social (IRPS).

Las tesis centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha sintonía con el estudio sobre el crecimiento. En los aspectos positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo trimestre de 2018, “239 millones de personas estaban en situación de empleo en la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis”, con una tasa de empleo del 73,2 % que permite razonablemente pensar que se alcanzará el objetivo del 75 % fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años.

En el “debe”, es decir en aquello que queda pendiente, el Informe destaca que “las considerables disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que todavía hay margen de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que aún están lejos de alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020”.

El crecimiento del empleo ha venido básicamente por las mujeres, los trabajadores de más edad y las personas con un alto nivel de capacidades, mientras que la tasas de participación de los trabajadores con niveles bajo de cualificación siguen estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral. Respecto a los jóvenes, el Informe manifiesta su preocupación por “las elevadas proporciones de alumnos con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la marcada correlación de los resultados educativos con el estatus socioeconómico y los resultados en el mercado laboral”, apostando por mejorar y perfeccionar los mecanismos ya existentes y que giran alrededor del sistema de garantía juvenil.

Más luces en el mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,9 % en la UE y en el 8,3 % en la zona euro, con niveles cercanos o incluso inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se menciona expresamente a España.

Cantidad y calidad de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara por un trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son tan fáciles y sencillas, ya que hay más empleo pero menos horas trabajadas con respecto al inicio de la crisis, si bien es cierto que el número de horas de trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años. Otro dato que debe atraer la atención es el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, que el informe sitúa en 1,3 millones superior al de 2.008.  

¿Qué decir sobre los salarios, los niveles salariales? Que el crecimiento salarial “se mantiene por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento económico y del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los últimos años puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las expectativas de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en el mercado laboral”, y que en términos reales, “los salarios medios todavía se encuentran por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados miembros y su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la productividad”. Más importante aún me parece el dato aportado de que en la UE, entre 2000 y 2017, “el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6 %, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %”. 

¿Qué decir sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que más de la mitad de este porcentaje es de trabajadores que lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable. 

Muy interesante es el dato de que cerca de un 25 % de los trabajadores autónomos de la UE pueden clasificarse como «vulnerables» u «ocultos», lo que nos lleva al debate de cómo algunas empresas están tratando de evadir el cumplimiento de la normativa laboral. Por otra parte, y refiriéndose a las plataformas digitales y al trabajo que se presta en ellas, se constata que aun siendo muy reducido el número de personas que obtienen más de la mitad de sus ingresos regulares prestando servicios para ellas, un 2 % en 2017, la tendencia es clara de incremento, por lo que se destaca la importancia de “orientar más las estrategias hacia este cambio”.

En fin, subrayo como dato positivo, con el que cierro este comentario, la importancia que confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma ordenada, y en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas propuestas; importancia, que aparece tanto en el estudio prospectivo como en el proyecto de informe sobre el empleo,   y que queda bien recogido en esta frase del segundo documento: “Un diálogo social eficaz es un elemento clave de la economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la cohesión social y a reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto de los trabajadores, como de los empresarios y los Gobiernos. La participación de los interlocutores sociales en la preparación de las reformas puede mejorar su diseño y aplicación, aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos y, en último término, propiciar unos mejores resultados socioeconómicos. Sin embargo, el grado y el impacto de la participación de los interlocutores sociales varía considerablemente entre los Estados miembros y es débil en muchos casos. Aunque no existe un modelo universal para las prácticas de diálogo social, en algunos Estados miembros hay un claro margen para aumentar las facultades de los interlocutores sociales y proporcionarles un marco adecuado para unas consultas previsibles y oportunas, como por ejemplo en todas las etapas clave del Semestre europeo”.


1. La Comisión Europea presentó el miércoles 27 de febrero, en el marco del cumplimiento de las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento de análisis anual de la situación económica y social de los Estados miembros, acompañado de un informe específico para cada país y elaborado por sus servicios técnicos.

Procedo al examen de los contenidos laborales y de protección social del informe español, con unas anotaciones previas de aquellos que afecta a los mismos ámbitos en la Comunicación de la CE.

2. La Comunicación hecha pública el miércoles 27 de febrero lleva por título “Semestre Europeo de 2019: evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011”. Es el paso previo, junto con la publicación del informe de cada Estado y las observaciones posteriores que reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las Recomendaciones concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes de mayo.

¿Qué aspectos y contenidos dedicados a las políticas sociales y de empleo cabe destacar a mi parecer? El apartado 4.2 de la Comunicación está dedicado a las políticas del mercado de trabajo, educativas y sociales. En primer lugar, se valora positivamente el incremento del número de personas presentes en el mercado de trabajo, 240 millones según datos Eurostat del cuarto trimestre de 2018, cifra récord a la que acompaña un porcentaje de población desempleada del 6,6 % que es la tasa más baja desde que se dispone de datos a partir del año 2000, al igual que el dato también muy positivo de que en 2017 más de cinco millones de personas en la UE salieran de la situación de pobreza y exclusión social.

Los puntos fuertes van inmediatamente acompañados de las preocupaciones, de los puntos débiles del mercado de trabajo en los Estados UE, evidentemente con diferencias sustanciales entre ellos y también dentro de los distintos Estados. Tales son la tasa de desempleo superior al 10 % en algunos de ellos (España 14,55 % según datos EPA del tercer trimestre de 2018);  una situación problemática para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan; siguen existiendo diferencias de tasas de empleo y de desempleo (brecha de género) entre hombres y mujeres, a las que acompaña la diferencia de salarios (brecha salarial); desajustes en las calificaciones profesionales que lleva a que existe penuria de mano de obra, especialmente la cualificada, en algunos Estados; dificultades añadidas para personas migrantes y aquellas con discapacidad para incorporarse (y también permanecer en bastantes ocasiones) en el mercado laboral; en fin, como ya he apuntado, las importantes diferencias en el seno del territorio de cada Estado, en atención al poderío económico y social de las distinta regiones de cada uno.

Al igual que en años anteriores, y a no dudar que estas reflexiones se irán intensificando en años venideros, se llama la atención sobre cómo se están reconfigurando los mercados de trabajo europeos a causa de los cambios demográficos (progresivo envejecimiento de la población laboral europea) y de la evolución tecnológica, enfatizando la importancia que suponen la digitalización y las plataformas digitales en el futuro del trabajo, pidiendo a los Estados miembros que procedan a la modernización de sus mercados de trabajo y sistemas de protección social, en especial “asegurando una cobertura social adecuada a los trabajadores atípicos y a los trabajadores independientes, a fin seguir el ritmo de esas evoluciones”.

La preocupación por la mejora de las competencias de las personas trabajadoras, así como de las que pretenden incorporarse al mundo laboral desde el ámbito educativo, es objeto de atención por la Comisión, que no olvida la importancia de prestar especial atención a la situación de partida de las personas poco cualificadas y de la población migrante, llamando al reforzamiento y modernización de los sistemas de educación y de formación, así como a los readaptación y reconversión profesional, y todo ello desde la premisa previa que se asume en el documento de que competencias adecuadas pueden incrementar la productividad y el crecimiento potencial, “que son indispensables para permitir un aumento de salarios y la mejora de las condiciones sociales y de vida”.
  
Le sigue preocupando a la Comisión , y no hay desde luego que sorprenderse de ello, la segmentación del mercado de trabajo, que afecta en especial a la población joven, ya que los datos estadísticos disponibles ponen de manifiesto que más de un 60 % de ella se encuentra en situación de temporalidad, así como también que el incremento del número de personas ocupadas no haya ido acompañado del incremento de horas trabajadas, ya que este último dato sólo ha alcanzado muy recientemente el  que existía al inicio de la crisis en 2008, siendo tanto una razón como una consecuencia de ello la importancia del trabajo a tiempo parcial y que más de un 50 % de la población acogida a esta modalidad organizativa-contractual lo haga de forma involuntaria por no poder acceder a un empleo a jornada completa.

La Comisión subraya los esfuerzos llevados a cabo en varios Estados para potenciar la contratación indefinida y evitar el uso incorrecto y abusivo de los contratos temporales, con una expresa mención al Plan directo por un trabajo digno aprobado por el gobierno español en julio de 2018, del que se destaca el reforzamiento de las capacidades de la ITSS “para luchar contra los abusos de los contratos temporales y el trabajo no declarado”.

Sigue también existiendo preocupación por el número de trabajadores que, a pesar de estar en el mercado de trabajo, no pueden salir de las situaciones de pobreza a causa de sus bajos salarios o ingresos, situación que afectan especial a trabajadores independientes, con contratos temporales y/o a tiempo parcial, y a población trabajadora migrante extracomunitaria. En fin, s3 subraya nuevamente la importancia del diálogo social y se contrastan los avances positivos experimentado en algunos países con los retrocesos experimentados en otros.

3. Pasemos ya del marco general al examen de la realidad española. ¿Cuáles son los contenidos del Informe 2019 sobre España que considero más importante destacar? La mayor parte de los mismos se encuentran en la síntesis del amplio documento y desarrollan las pistas generales ya apuntadas en la Comunicación de la CE:  los puntos fuertes del crecimiento económico y sólido y la rápida creación de empleo se acompañan de puntos débiles,  o de “desafíos” si utilizamos el término recogido en el Informe, importantes, entre ellos la importancia de la segmentación del mercado de trabajo y las importantes desigualdades de rentas, así como las carencias en materia de cualificaciones o las disfunciones en la regulación de los mercados de productos y servicios, factores todos ellos “que determinan la brecha de productividad de España con respecto a la media de la UE”. Me parece importante que se destace la relevancia de la promoción de la calidad del empleo y de la inclusión social, con incremento de recursos para políticas que vayan en esa dirección y que además tengan en cuenta (y creo que las decisiones sobre la distribución de recursos económicos para políticas de empleo, aprobada en la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, van esta línea) “las necesidades específicas de cada Comunidad Autónoma”.

Entre los deberes pendientes para mejorar la realidad social y laboral española, el Informe subraya seguir avanzando en la modernización de los servicios públicos de empleo y una mejor relación de cooperación con los servicios sociales, así como una mejor articulación entre las políticas asistenciales de protección social y los sistemas de rentas mínimas de inserción existentes en las Comunidades Autónomas. La preocupación por la diferencia (a la baja) de la tasa de empleo femenina respecto a la masculina también es apuntada con una situación necesaria de mejora, así como la de quienes abandonan prematuramente los estudios y no acceden al mundo laboral, y todo ello llevando, junto a los bajos salarios, al incremento de las desigualdades de renta, con situación especialmente difícil para trabajadores temporales, los poco cualificados y los extracomunitarios, resaltándose que el elevado número de contratos temporales (tasa del 26,9 % según datos EPA del tercer trimestre de 2018) puede tener (muy prudente se manifiesta el Informe, ya que creo que lo está teniendo desde hace mucho tiempo) “un efecto negativo en el crecimiento potencial, la productividad y la cohesión social”.

Muy “devoto” de las tesis del Banco de España sobre la preocupación por el impacto (negativo a su entender) del incremento del salario mínimo a 900 euros, reproduce sus tesis, si bien también apunta el dato positivo (no está mal que al menos se haga esta referencia) a que tal incremento “podría ayudar a reducir la pobreza en situación de empleo” (hay estudios que van en la misma línea, pero parece que los del Banco de España son los únicos que algunos consideran dignos de mención).

Igualmente, los servicios técnicos de la Comisión siguen valorando positivamente la reforma laboral de 2012 y sus efectos sobre la creación de empleo (olvidando su impacto negativo en la calidad de este y el deterioro de las relaciones laborales que provocó, con un incremento relevante del poder de dirección del empleador y el debilitamiento del diálogo social), al sostener que la creación de empleo experimentada desde el inicio de la recuperación económica ha sido respaldada “por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación salarial”, aunque se ha destacado desde planteamiento opuesto que tal “moderación” no ha sido sino una “devaluación” salarial.

Un apartado del informe está dedicado a los avances experimentados en cada Estado en la aplicación de las recomendaciones especificas aprobadas por el Consejo en 2018. Recordemos que para España la recomendación núm. 2 era “Velar por que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para prestar un apoyo eficaz a los demandantes de empleo, también mediante una mejor cooperación con los empresarios. Fomentar las transiciones hacia contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias y aumentar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada abordando las lagunas de su cobertura, simplificando el sistema de regímenes nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados de la educación, en particular mediante un mayor apoyo a estudiantes y profesores (pertinente para el PDM)”. Pues bien, tomando en consideración los puntos fuertes y débiles anteriormente expuestos, se destaca que ha habido “algunos avances en el refuerzo de la coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y los empresarios”, y también “en el fomento de la transición hacia contratos indefinidos”. Se califican más concretamente de limitados los avances “en la corrección de la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y la mejora del apoyo a las familias”, y “en la lucha contra el abandono escolar prematuro y la corrección de las disparidades autonómicas en los resultados de la educación”. Se enfatiza la importancia de invertir en servicios públicos de empleo modernos, ya que ello “constituye un factor impulsor para lograr empleos de calidad y unas transiciones fluidas del mercado de trabajo”.

En el informe también se explican cuáles son los objetivos de la Estrategia europea 2020 y como han evolucionado en cada Estado, es decir qué avances, mantenimiento o retrocesos se han producido. Respecto al objetivo comunitario de alcanzar una tasa de empleo del 75 %, la diferencia es aún apreciable en España ya que se sitúa (población de 20 a 64 años) en el 65,5 %, es decir 6,7 puntos por debajo de la media UE y 7,2 del objetivo marcado. En relación con otro objetivo de indudable interés sociolaboral, cual es el de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 1.400.000 con relación a las cifras de 2.008, estamos muy lejos de alcanzarlo, ya que, aun cuando se ha realizado importantes avances desde 2014, en 2017 “aún se superaba la cifra de 2.008 en 1.450.000 personas”.

Todas las referencias anteriores son analizadas con muchos más detalles en el apartado 4.3 del Informe, que tiene el mismo título que el de la Comunicación de la Comisión, es decir “Políticas de mercado de trabajo, educativas y sociales”. Baste añadir a todo lo anteriormente expuesto que se consideran importantes dificultades estructurales el alto nivel de desempleo y la segmentación existente en el mercado de trabajo; que son sujetos cuya inserción,  y posterior mantenimiento, en el mercado de trabajo es especialmente difícil, buena parte de los jóvenes de 15 a 24 años, las personas con baja cualificación y las de nacionalidades extracomunitaria, resaltándose con respecto a estas últimos que si bien la brecha de empleo de los migrantes es muy inferior en España con respecto a la media de la UE, el impacto de la crisis económica ha provocado que su tasa de empleo descendiera “de manera aún más abrupta que la de la población en general, del 70,5 % en 2008 al 61,6 % en 2017); que las diferencias laborales y salariales por razón de género siguen siendo considerables y dificultan la mayor participación femenina en el mercado de trabajo (brecha salarial del 14,2 %); en fin, la mayor tasa de participación de los mayores de 55 años de edad en el mercado de trabajo no ha ido acompañada al parecer de los servicios técnicos de la Comisión con medidas (desde 2012) tendentes a mejorar sus condiciones de trabajo, tanto desde la perspectiva de protección de la salud laboral como de desincentivación de la salida del mercado laboral (y tampoco parece que en los procedimientos de despidos colectivos se muestre, con carácter general, especial atención a este colectivo… si no es para fijar una edad a partir de la cual se incentivan las “salidas voluntarias” de la empresa. 

La especial preocupación por la segmentación del mercado de trabajo se pone claramente de manifiesto al destacar la breve duración de los contratos temporales, con un 32,6 % de trabajadores con contratos de menos de 6 meses, y un 17,3 % de menos de un mes, con las consecuencias que ello tiene tanto para las políticas de formación como para poder acceder a prestaciones por desempleo, destacando el informe, con datos de Eurostat sobre las transiciones laborales por tipos de contratos, que estas son muy bajas en España, “puesto que únicamente el 14,6 % de los trabajadores temporales del país pasó a tener un contrato permanente en 2017, frente al 24 % de la UE (2017)”.

Igualmente, la preocupación por la situación de los “trabajadores pobres” se resalta en el Informe, ya que “en 2017, la pobreza en situación de empleo se mantuvo invariable en el 13,1 %, uno de los índices “altos de la UE. De hecho, aumentó en 1,4 puntos porcentuales para los trabajadores por cuenta ajena, de los cuales un gran porcentaje tiene un contrato temporal (véanse la sección 4.3.1 y el gráfico 4.3.6.). Este incremento se compensó por el fuerte descenso entre los autónomos. El índice de pobreza en situación de empleo era especialmente elevado, y mostraba una tendencia al alza, en el caso de los trabajadores temporales (23,1 %), los residentes nacidos fuera de la UE (34,2 %), las familias monoparentales (27,8 %) y los trabajadores con baja cualificación (21,4 %) (EU-SILC, Eurostat). Las medidas de lucha contra la segmentación del mercado de trabajo y de aumento del salario mínimo pueden ayudar a reducir la pobreza en situación de empleo, pero sus efectos sobre el empleo y la renta están por ver”.


1. La Comisión Europea presentó el martes 27 de febrero, junto con un conjunto de documentos que forman parte del llamado paquete de invierno del semestre europeo la “Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros”.

En la introducción de la propuesta de Decisión se manifiesta que las orientaciones adoptadas el pasado año deben mantenerse estables “para poder concentrar los esfuerzos en su aplicación”, no siendo necesaria su actualización, ya que los motivos que justificaron su adopción en 2018 “siguen siendo válidos… a la luz de la evaluación de la evolución de los mercados de trabajo y de la situación social desde la adopción de las orientaciones de empleo para 2018”. Por consiguiente, se propone que se mantengan las orientaciones recogidas en el anexo a la Decisión (UE) 2018/1215, a la que dedico a continuación mi atención, adoptada el 16 de julio, recordando que aquellas forman parte de las orientaciones integradas “Europa 2020” y que deben ser tenidas en cuenta por los Estados en sus políticas de empleo y programas de reformas.

La novedad más importante en la Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros de 2018 era que, tal como se explicaba en la exposición de motivos, “Las orientaciones para las políticas de empleo revisadas de los Estados miembros se han modificado a fin de adecuar el texto a los principios del pilar europeo de derechos sociales, con vistas a mejorar la competitividad de Europa y hacer de ella un mejor lugar para invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión social”.

Conviene recordar que estas orientaciones, junto con las de política económica conforman las orientaciones integradas para la aplicación de la Estrategia Europea 2020, y que en esta ocasión el texto incluyó un amplio apartado dedicado a la aprobación del pilar europeo de derecho sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017 , enfatizando que las orientaciones para el empleo que se incluían en la Decisión estaban “en consonancia con los principios del pilar”.

Particularmente relevante me parece la atención que presta el documento a los cambios en los modelos económicos y productivos con su impacto en las relaciones de empleo  y seguridad social, en definitiva en la ordenación jurídica de las relaciones laborales, llamando a los Estados miembros, y me parece positivo (aunque convendrá esperar a que no sea una largo trecho el que medie entre el “dicho” y lo “hecho”) que se pida a estos que garanticen “que las nuevas relaciones laborales mantengan y refuercen el modelo social europeo”, así como también que tanto los Estados como la propia UE aborden el legado social de la crisis económica y financiera, aspirando a construir “una sociedad inclusiva en la que se capacite a las personas para que anticipen y gestionen el cambio y puedan participar activamente en la sociedad y en la economía, como se indica también en la Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral”. Igualmente es necesario y conveniente resaltar, dado que las políticas de empleo tienen diferentes ámbitos territoriales de desarrollo, que el Consejo pide a los Estados que la aplicación de las orientaciones se haga conjuntamente con las autoridades regionales y locales, y que exista una estrecha colaboración con el parlamento, los agentes sociales y la sociedad civil.

A) Con respecto a la orientación 5, la de “impulsar la demanda de mano de obra”, considero destacada la propuesta de que, con pleno respeto a las prácticas nacionales, los Estados miembros y los interlocutores sociales “deben garantizar un salario mínimo adecuado, habida cuenta de su impacto en la competitividad, la creación de empleo y la pobreza de las personas con trabajo”, debiendo promoverse por los Estados, con respeto a la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales, mecanismos de fijación que generen “unos salarios justos capaces de proporcionar un nivel de vida digno”. Por otra parte, se sigue insistiendo en desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo, “teniendo en cuenta el efecto redistributivo del régimen fiscal, y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en aras de una protección social adecuada y unos gastos favorables al crecimiento”.

B) En cuanto a la orientación 6, la de “mejorar la oferta de trabajo a través del acceso al empleo, las capacidades y las competencias”, destaco las de garantizar la transferencia del derecho a la formación durante las transiciones profesionales, ya que ello “debería permitir una mejor anticipación y adaptación de todos a las necesidades del mercado de trabajo y gestionar con éxito las transiciones, reforzando así la resiliencia general a las perturbaciones de la economía”.

También, la puesta en marcha, a efectos de prevención del desempleo, de evaluaciones individualizadas detalladas “a más tardar a los dieciocho meses de desempleo, con vistas a prevenir y reducir significativamente el desempleo estructural”, con especial atención a políticas de empleo para jóvenes en el marco de la ejecución completa de la Garantía Juvenil.

Igualmente, la puesta en marcha de políticas de conciliación de vida privada y laboral, de tal manera que los Estados garanticen que los padres y otras personas con responsabilidades familiares “tengan acceso a unos permisos familiares y unas fórmulas de trabajo flexible adecuados, a fin de crear un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, y fomentar un uso equilibrado de estos derechos entre hombres y mujeres”.
  
Cabe destacar que la Orientación núm. 6 dispone que los Estados miembros “deben promover la igualdad de oportunidades en la educación y elevar el nivel general de la educación, especialmente para las personas menos cualificadas. Deben garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje, reforzar las capacidades básicas, reducir el número de jóvenes que abandonan la educación prematuramente, incrementar la pertinencia para el mercado de trabajo de los títulos universitarios, mejorar el seguimiento y la elaboración de previsiones respecto de las capacidades e incrementar la participación de los adultos en la educación y la formación continuas. Los Estados miembros deben reforzar el aprendizaje basado en el trabajo en sus sistemas de educación y formación profesional, entre otros, mediante una formación de aprendices de calidad y eficaz, hacer las capacidades más visibles y comparables e incrementar las oportunidades para el reconocimiento y la validación de las capacidades y competencias adquiridas al margen de los sistemas formales de educación y formación profesional. Asimismo, deben actualizar e incrementar el suministro y aprovechamiento de una formación profesional continua flexible. Los Estados miembros también deben ayudar a los adultos poco cualificados a mantener o desarrollar su empleabilidad a largo plazo, impulsando el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad, así como el aprovechamiento de este, mediante la creación de itinerarios de mejora de las capacidades, que incluya una evaluación de las capacidades, una oferta pertinente de educación y formación y la validación y el reconocimiento de las capacidades adquiridas”.
  
C) La orientación núm. 7 está dedicada a “mejorar el buen funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social”. Es particularmente importante a mi parecer que se garantice un adecuado equilibrio entre flexibilidad demandada por la parte empresarial y estabilidad pedida por la parte trabajadora, y todo ello con respeto a unas condiciones de trabajo que garanticen la seguridad y salud laboral, y entornos de trabajo adecuados, con expresas menciones a que “debe garantizarse el acceso a una resolución de litigios efectiva e imparcial, y, en caso de despido injustificado, el derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada”. En el texto se llama a los Estados a evitar las relaciones laborales “que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias, en particular luchando contra la utilización abusiva de contratos atípicos”

La llamada a la potenciación del diálogo social y al fortalecimiento de la negociación colectiva también deben merecer una valoración positiva. Igualmente es conveniente resaltar, en el bien entendido que su concreción se remite a las políticas adoptadas en sede nacional, que se pide a los Estados que faciliten a los desempleados unas prestaciones de empleo “adecuadas y de duración razonable”, alertando al mismo tiempo – no hay documento comunitario en el que no se manifieste esta “preocupación” – que las medidas de apoyo y sostén económico a las personas desempleadas “no deben desincentivar un retorno rápido al trabajo”, a la par que deben ir acompañadas, planteamiento positivo sin duda siempre que las autoridades públicas sean capaz de instrumentarlas adecuadamente, “de políticas activas del mercado de trabajo”

D) Por último, la orientación núm. 8 versa sobre “promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza”. Se llama a los Estados a favorecer “unos mercados laborales inclusivos, abiertos a todos, instaurando medidas eficaces para promover la igualdad de oportunidades de los grupos menos representados en el mercado laboral”, a la modernización de los sistemas de protección social “para ofrecer protección social eficaz, eficiente y adecuada a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, fomentando la inclusión social y la movilidad social ascendente, incentivando la participación en el mercado de trabajo y abordando las desigualdades, entre otras cosas mediante el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones”.

En todas las políticas, los Estados deberán desarrollar y aplicar estrategias preventivas e integradas mediante la combinación de los tres aspectos de la inclusión activa: “un apoyo a la renta adecuado, unos mercados de trabajo inclusivos y el acceso a servicios de calidad”. Se sigue insistiendo en que los sistemas de protección social “deben garantizar el derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas para toda persona que carezca de recursos suficientes y promover la inclusión social alentando a las personas a participar activamente en el mercado laboral y en la sociedad”. Se trata, sin duda, de un debate cada vez más relevante, en atención al elevado número de personas que son excluidas de las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo por no cumplir los requisitos para poder acceder a ellas.

Obviamente, el documento no se olvida de la situación demográfica y del progresivo envejecimiento de la población, llamando a los Estados a velar por “la sostenibilidad y adecuación de los regímenes de pensiones para mujeres y hombres, ofreciendo igualdad de oportunidades para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, de ambos sexos, respecto de la adquisición de derechos de pensión, incluido mediante regímenes complementarios para garantizar una vida digna”. 

IV. El paquete económico y social del semestre europeo 2019. Notas sobre la propuesta de Recomendación sobre España.

1. La CE presentóel 5 de junio las propuestas de Recomendaciones específicas por país, que contienen las orientaciones económicas dirigidas a cada Estado, basadas en documentos que he analizado con anterioridad y también la Recomendación de 2019 sobre la política económica en la zona euro, propugnándose con carácter general, tal como puede leerse en la amplia nota de prensa oficial de presentación de los documentos, que “Los Estados miembros deben avanzar en la convergencia social, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales”, y que, refiriéndose a las políticas de la CE presidida por Jean Paul Juncker, “Las cuestiones sociales se han considerado prioritarias y han sido integradas en todas las fases de la evaluación, en consonancia con las prioridades del pilar europeo de derechos sociales y mediante el uso del cuadro de indicadores sociales”. Es de esperar, como ocurre habitualmente, que el Consejo Europeo apruebe sin modificaciones de importancia las propuestas formuladas para cada Estado, siendo importante destacar que “Las recomendaciones específicas por país y el análisis subyacente de los informes por país servirán también de base analítica para la programación de los fondos de la política de cohesión de la UE en 2021-2027”.


2. Un amplio bloque de la Comunicación está dedicada a la política de mercado de trabajo, educación y política social. Los ejes centrales del documento versan sobre la mejora persistentes de las tasas de empleo y la reducción continuada de las de desempleo, aun cuando el marco general no puede hacer olvidar las importantes diferencias existentes entre países, regiones y determinados grupos de población, formulándose propuestas a varios países, entre ellos España, para reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo y la capacidad de actuación de los servicios de empleo, así como también para enfrentarse  al problema del elevado número de sujetos trabajadores con contratos de duración determinada e instando a articular mecanismos que favorezcan la transición hacia empleos estables.

Por otra parte, se valora positivamente el incremento de las tasas de participación el mercado de trabajo pero no se oculta la preocupación por el mantenimiento de las diferencias existentes entre hombres y mujeres respecto tanto a las tasa de empleo como a la remuneración, enfatizando que buena parte de esta problemática deriva en varios Estados de la insuficiencia de los dispositivos de conciliación entre vida profesional y privada, así como también a la falta de servicios a los que se pueda acceder para cuidado de menores y de mayores que los necesiten de larga duración.

Al igual que en años anteriores se insiste en la importancia de la potenciación de una educación y formación de calidad como piezas indispensables para dotar a la ciudadanía de cualificaciones y competencias “en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida que tenga en consideraciones las necesidades futuras” ante un mundo del trabajo en permanente mutación, tal como he ido explicando en diversas entradas del blog, con particular atención para la mejora de las competencias de la población adulta. También España es uno de los Estados a los que se llama la atención sobre la necesidad de trabajar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en ese terreno.
Se constata con satisfacción la mejora de la situación social, pero al mismo tiempo se sigue manifestando preocupación por las lagunas existentes en varios Estados, entre los que se cita a España, en materia de cobertura de los sistemas de protección social y de acceso a los servicios, poniendo el acento tanto en la adopción de medidas que corrijan los “desafíos permanentes” con los que se enfrenta la población inmigrante, y que otorguen protección adecuada a los trabajadores atípicos y a los autónomos. Igual preocupación se manifiesta con respecto al acceso a los cuidados de salud, siendo necesarias medidas en varios Estados que tiendan a garantizar y mejorar su eficacia, accesibilidad y duración.

Por último, y desde luego no menos importante, se reivindica la importancia del diálogo social como “un elemento clave del éxito de la concepción y puesta en práctica de las políticas”, manifestando la satisfacción por las mejoras experimentadas al respecto en varios Estados, siempre con respeto a las especificidades propias de cada uno de ellos.

Una buena síntesis de todas las propuestas de la Comunicación respecto a cómo mejorar el mercado de trabajo se encuentra en un documento resumen de aquella, que por su interés reproduzco a continuación:

“La situación del mercado laboral sigue mejorando. Los niveles de empleo en la Unión nunca han sido tan altos y las cifras de desempleo están en su punto más bajo. Al mismo tiempo, existen diferencias significativas entre países, regiones y grupos de población. Para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, se necesitan inversiones específicas para reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y/o mejorar la capacidad de los servicios de empleo.

Aunque la tasa de empleo se encuentra en niveles récord en Europa, existen diferencias significativas entre países, regiones y grupos de población. Así, mientras que en la región de la capital lituana se acerca al 93% entre las personas altamente cualificadas, en el noreste de Bulgaria es inferior al 30% entre las personas poco cualificadas. En particular, los Estados miembros deberían optar por políticas capaces de capacitar a los grupos desfavorecidos, como los trabajadores poco cualificados, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas de origen inmigrante, para que aprovechen plenamente las oportunidades del mercado laboral.

Para aumentar la tasa global de participación en el mercado de trabajo, también es importante mejorar los servicios de atención y apoyo (atención a la primera infancia y asistencia sanitaria y cuidados de larga duración), promover el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada y eliminar los factores que desincentivan el trabajo”.

3. Pasemos a continuación al examen de la propuesta de Recomendación sobre España, que completo más adelante con un texto comparado de las aprobadas desde 2015, refiriéndome, al igual que en los documentos anteriores, a los contenidos de interés más directamente laborales y de protección social.

El texto recuerda los contenidos más significativos del Informe sobre España, aprobado el 27 de febrero y objeto de examen con anterioridad, enfatizando la problemática del elevado nivel de desempleo, aún y las mejoras experimentadas en los últimos años, y la segmentación en el mercado laboral entre el (importante) número de trabajadores con contratos temporales y aquellos que poseen estabilidad laboral al mismo tiempo que destaca la posibilidades de mejora en el ámbito laboral por la previsible disminución del desempleo si sigue la mejora económica (se considera que las hipótesis macroeconómicas en que se basan las previsiones presupuestarias contenidas en el programa del Gobierno  “son verosímiles”), y se reduce también el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, así como las que tienen contratos temporales, y si la mejora económica  (y añado yo ahora el incremento del SMI) ayuda a la reducción del número de trabajadores pobres.

En realidad, la propuesta de Recomendación es poco más, antes de llegar a las propuestas concretas, que un recordatorio de las grandes cuestiones planteadas en el estudio sobre España y a las que me he referido ampliamente con anterioridad. En síntesis, son las siguientes:

Un crecimiento relevante del empleo y un desempleo que sigue siendo elevado si bien con tendencia a la mejora, debiéndose prestar especial atención a la problemática más compleja de la gente joven y de las personas con baja cualificación, así como a las desigualdades por razón de género.

La preocupación por el todavía elevado volumen de contratación temporal, que afecta sobremanera a determinados colectivos como jóvenes, personas con baja cualificación y nacionales extracomunitarios, con lo que ello implica de menores posibilidades reales de desarrollar una carrera profesional dado la reducida duración de la mayor parte de aquella. Se resalta la importancia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para velar por el cumplimiento de la legislación, y las medidas acordadas en el marco del diálogo social en el sector público para convocar una amplia oferta de empleo público que pueda llevar al empleo temporal hasta el 8 %. La mejora de la calidad del empleo cobra aquí un papel relevante, así como el desarrollo de este en los sectores vinculados a la alta tecnología y a los servicios intensivos en conocimientos, dos ámbitos en los que el texto comunitario nos recuerda que “se encuentra muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas”. Justamente las diferencias regionales son subrayadas con carácter general por el documento como un problema a resolver frente a la mayor parte de las regiones del conjunto de la UE, en ámbitos tan importantes como indicadores laborales y sociales, innovación, emprendimiento y competitividad

La necesidad de seguir invirtiendo en mejorar las políticas activas de empleo y la actuación de los servicios de empleo, con mayor implicación del mundo empleador y también del sector privado, defendiéndose que “Una mayor inversión en unos servicios públicos de empleo modernos acompañada de medidas de apoyo a la movilidad laboral podría contribuir a mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de los trabajadores y suavizar las transiciones en el mercado laboral, fomentando así la productividad de España y el crecimiento inclusivo a largo plazo”.  

No menos importante es la necesidad de seguir adoptando medidas que refuercen la protección social, significándose, como dato que conviene subrayar, que España tiene aún mucho terreno para avanzar en este terreno, en especial en los relativo a la protección de los menores y en el volumen del gasto social como porcentaje del PIB para los hogares con hijos. Se muestra la preocupación por la fragmentación del sistema de protección del desempleo (también lo es para el gobierno español, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo en materia de unificación de las prestaciones asistenciales), y se manifiesta por una vez un toque demasiado economicista (¿con qué fundamento?) respecto a que recientes mejoras adoptadas, como la ampliación/recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, “pueden, al mismo tiempo, socavar los incentivos para trabajar de este grupo en particular”.

No hay una valoración negativa de los cambios operados en la recuperación económica de las pensiones, es decir de la vinculación a la inflación y del aplazamiento de factor de sostenibilidad adoptado en 2013, si bien se alerta de que tales decisiones “requerirán medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, algo cuya concreción evidentemente se remite a las decisiones de los poderes públicos nacionales. Igualmente, se apuntan otras medidas a adoptar, y sobre las que se está trabajando por el gobierno y los agentes sociales, cuales son “… tanto la cuestión de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial”. Por todo ello, no es de sorprender que una exquisita prudencia se observe por la Comisión en su primera recomendación al incluir la mención a “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

En fin, la segunda recomendación, aquella que concentra el núcleo duro del contenido laboral, llama a mejorar la eficacia de los servicios sociales y de empleo, a facilitar la transición a un empleo indefinido, apostando por simplificar, y estoy seguro de que el gobierno no deberá poner obstáculo alguno a ello, el sistema actualmente vigente (y harto complicado, añado por mi parte), de incentivos a la contratación. También es necesaria la mejora de la protección social y una mejor articulación entre el marco estatal y los autonómicos de rentas mínimas. Y no lo es menos la mejora de las aptitudes, conocimientos y capacidades que demanda el mercado laboral, lo que requiere de una estrecha colaboración entre el mundo educativo y el empresarial, que además debe prestar especial atención al impacto de las TICs.

Buena lectura.  

V. Anexo. Texto comparado de las Recomendaciones de 215 a 2018, más las propuestas para 2019.

Recomendaciones 2015

Recomendaciones 2016.
Recomendaciones 2017.
Recomendaciones 2018
Propuesta de Recomendaciones para 2019.




RECOMIENDA que España tome medidas en 2015 y 2016 con el fin de:

1. Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo en 2016 a más tardar, tomando las medidas estructurales necesarias en 2015 y 2016 y aprovechando los resultados positivos imprevistos para acelerar la reducción del déficit y de la deuda. Reforzar la transparencia y la obligación de rendir cuentas de las haciendas públicas de las Comunidades Autónomas. Mejorar la relación coste-eficacia del sector sanitario y racionalizar los gastos farmacéuticos de los hospitales.












2.Completar la reforma del sector de las cajas de ahorros, particularmente con medidas legislativas, y la reestructuración y privatización de las cajas de ahorros de propiedad estatal.



3. Promover, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, la adecuación de los salarios a la productividad teniendo en cuenta las diferencias en las cualificaciones y las condiciones de los mercados laborales locales, así como las divergencias en los resultados económicos entre regiones, sectores y empresas. Tomar medidas para aumentar la calidad y eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la búsqueda de empleo, especialmente como parte de la lucha contra el desempleo juvenil. Racionalizar los regímenes de renta mínima y de ayuda familiar y fomentar la movilidad regional.




















































































4. Suprimir los obstáculos al crecimiento de las empresas, tales como las disposiciones que dependen del tamaño de las empresas, adoptar la reforma planeada de los servicios profesionales, acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:

1.         Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo, de conformidad con las decisiones y recomendaciones pertinentes en el marco del procedimiento de déficit excesivo, tomando las medidas estructurales necesarias y aprovechando todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Aplicar en todos los niveles de la Administración los instrumentos contemplados en la Ley Marco Presupuestaria. Mejorar los mecanismos de control de la contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación en todos los niveles de la Administración.




















2.         Adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales. Corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad.

























3.         Adoptar medidas adicionales que mejoren la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral, entre otras cosas, estimulando la cooperación entre las universidades, las empresas y el sector de la investigación. Aumentar la financiación por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y adoptar medidas para estimular la investigación y la innovación por el sector privado.












































4.         Acelerar la aplicación a nivel autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Garantizar la aplicación por las comunidades autónomas de las medidas de reforma adoptadas para el sector minorista. Adoptar la reforma prevista de los colegios y servicios profesionales
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:

1.Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016, incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto.




































2. Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes.





































3. Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración. Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

1. Garantizar el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, por la que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. A continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.


















2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y profesores.






























3. Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia. Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con vistas a mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando la cooperación entre las administraciones.
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:

1. Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.























2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.


























3. Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación.
















4. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en el caso de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y mejorando la cooperación entre las Administraciones.






No hay comentarios: