1. La Comisión
Europea hizo público el 21 de noviembre los documentos con los que inicia el
ciclo del semestre europeo 2019 de coordinación de las políticas económicas,
presupuestarias y sociales, teniendo como punto de referencia principal la
Comunicación “Estudio prospectivo anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una
Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial”. Un muy
interesante análisis de tales documentos, en los apartados relativos a España,
se encuentra en el blog del profesor Ferran Camas, en un artículo publicado el
3 de diciembre y que lleva por título "Empleo y condiciones de vida en la
UE: perfil de España".
Hay que destacar
también la presentación del Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo (PICE),
de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un
resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo
en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en
consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las
orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar
la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º
6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y
fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de
oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados
de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales
establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en
la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de
2017.
Analizo a
continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados
por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y
protección social.
2. En la
Comunicación de la CE se pone de manifiesto que la economía europea sigue
recuperándose y entrará en su sexto año de crecimiento ininterrumpido, con
récord de empleo (239 millones de personas), reducción del desempleo a niveles
anteriores a la crisis de 2008, y salida de la pobreza o de la exclusión social
de más de diez millones de personas en los últimos años, datos todos ellos muy
positivos ciertamente pero que tienen su contrapunto, y de ahí la preocupación
de la CE porque el crecimiento “no ha beneficiado de la misma forma a todos los
ciudadanos y a todos los países”, en algunos de ellos con elevadas tasas de
desempleo y con renta de los hogares inferiores a los niveles anteriores a la
crisis, al mismo tiempo que manifiesta la necesidad de abordar a escala de la
Unión los retos a largo plazo que condicionan la realidad económica y social,
como son “el envejecimiento de la población, la digitalización y sus efectos
sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales”.
En cualquier caso,
y siempre desde una perspectiva general, se valora muy positivamente que las
medidas puestas en marcha por el ejecutivo comunitario hayan contribuido a
salir de la grave situación en que se encontró Europa hasta 2014, cuyas
consecuencias sociales se notaron profundamente, “con un elevadísimo nivel de
desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y unas
crecientes desigualdades sociales”, lográndose avances que han fomentado “un
crecimiento integrador” y que han igualmente contribuido a “una mejora sustancial de las condiciones
sociales y del mercado laboral”, alcanzándose progresos en materia de políticas
presupuestarias sanas y reformas estructurales que “han sido fundamentales para
reducir los niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos
de trabajo”.
El estudio para el
próximo año dedica especial atención a los riesgos y retos del inmediato
futuro, situando entre los primeros la desigualdad de ingresos persistente y la
lenta reducción de la pobreza, y entre los segundos la inadecuación de las
capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y la problemática
derivada de la gestión de las migraciones. No se olvida de aquellos retos que,
aun con implicaciones a corto plazo, dibujan su influencia e impacto en unos
años, entre los que cabe destacar la repercusión de las transformaciones
tecnológicas en trabajadores y sectores, así como el impacto del cambio
demográfico en las políticas económicas y sociales.
Al abordar cómo
afrontar esos riesgos y retos, amplios apartados del estudio tratan de
contenidos de indudable importancia para las políticas sociales, como son por
ejemplo las inversiones que se requieren en capacidades y en educación, que
deben ser “más consistentes e inteligentes”, subrayando la importancia de
mejorar ambas para un gran número de trabajadores, en cuanto que quienes poseen
un bajo nivel de estudios tienen en promedio UE una tasa de empleo casi treinta
puntos porcentuales más bajas que las de aquellos que lo tiene más elevado, y
que todavía hoy en la Europa desarrollada “más de 60 millones de adultos no
tienen las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el
ámbito digital”.
El documento
presta especial atención, como también lo hará el proyecto de informe conjunto
para el empleo, a la consecución de sistemas de protección social inclusivos, y
nuevamente pone el foco (cómo se consiga sería ya de más difícil acuerdo, en
atención a los diferentes marcos normativos nacionales laborales existentes) en
una regulación adecuada de las instituciones del mercado de trabajo “que
combinen la flexibilidad con la seguridad”, dejando abierta la puerta a una
modificación de las reglas del juego de la protección social que vaya de la
mano con una adecuada respuesta a las nuevas formas de trabajo “como el trabajo
en las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia” (algunas no tan
nuevas ni mucho menos, como he tenido oportunidad de explicar en numerosas
ocasiones en entradas anteriores), de tal manera que dicha protección alcance
también a quienes no pueden considerarse trabajadores típicos o estables
(figura, por cierto, que ha sufrido muchos ataques en los últimos tiempos) por
no tener un contrato de trabajo indefinido y/o no trabajar a tiempo completo.
La especial
“preocupación” del Estudio por conseguir unos mercados laborales más “dinámicos
e integradores” también se postula como medida adecuada para abordar los retos
derivados del proceso de envejecimiento de la población, que requerirán
igualmente de sistemas de protección social reformados y de búsqueda de nuevas
fuentes de ingresos.
El estudio es del
parecer que hay que establecer unas prioridades que sean correctas para lograr
un futuro próspero, siendo la primera la de realizar inversiones de gran
calidad, con especial atención a que se lleven a cabo en materia de
investigación e innovación, para potenciar las infraestructuras digitales.
Vinculada a esta propuesta, se encuentra la paralela de inversión en educación,
formación y desarrollo de las capacidades, que se considera “fundamental para
aumentar la productividad y el mantenimiento del empleo en un contexto de
rápida evolución y digitalización”. Así lo plantea el documento comunitario:
“Para mejorar la resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios,
la acción política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en
actividades de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información
sobre el mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las
decisiones en materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de
reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las
capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en
todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que
los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento
profesional (incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles
a adquirir las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto
también servirá para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor
uso de sus capacidades y cualificaciones”.
¿Cuáles son las
prioridades en materia laboral y social? No se diferencian mucho de la de años
anteriores, ya que se sigue insistiendo en la necesidad de abordar nuevas
reformas para encontrar “el equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la
seguridad en el mercado de trabajo”, de tal manera que todos los trabajadores
tengan seguridad laboral y protección social, con políticas activas de empleo y
servicios públicos de empleo más eficaces.
En el estudio de
2018 se defendía la mejora de los niveles salariales, considerando que el crecimiento
de los salarios reales resultante del aumento de productividad “es crucial para
reducir las desigualdades y garantizar un alto nivel de vida”, siendo positivo
ese incremento porque ello redundaría en un aumento de la demanda interna que
“impulsaría todavía más la actual expansión económica”. También en el de 2019
se defiende que el incremento de los salarios, que vincula al aumento de la
productividad, “puede reducir las desigualdades y favorecer una convergencia al
alza de los niveles de vida”, al tiempo que se llama a una recuperación del
diálogo social (buen ejemplo de esta recuperación la hemos tenido en los
últimos meses en España con la creación de diversas mesas para el diálogo
social) para fortalecer el papel de los agentes sociales en los procesos de
negociación sobre estas y otras materia, ya que las políticas adoptadas por
algunos gobiernos en años anteriores no han ido precisamente en esa línea y
además han contribuido al debilitamiento de la negociación colectiva y a la
subsiguiente disminución de cobertura de trabajadores protegidos.
En fin, nuevamente
se insiste, al igual que en años anteriores, en que unas políticas más eficaces
para integrar a los migrantes en los mercados de trabajo “contribuirían a una
mayor integración”, si bien desde luego no parece que muchos Estados estén por
la labor, vistas las restricciones cada vez más numerosas impuestas. Por lo que
respecta a España, soy del parecer que una mayor flexibilidad en la concesión
de autorizaciones de trabajo contribuiría a evitar mayores dosis de
irregularidad, inicial o sobrevenida, en el mismo. En todos los documentos
comunitarios, y no solo en los presentados para el inicio del semestre europeo,
en los que se aborda la problemática de la integración de la población migrante,
se insiste en la importancia de enfoques sistemáticos y en la necesidad de
invertir más “en la mejora de las capacidades y el reconocimiento de las
capacidades y las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de trabajo
y en el apoyo de los servicios públicos de empleo”, con especial atención
actualmente a las necesidades de la población refugiada.
En definitiva, las
líneas y prioridades marcadas en el documento ahora analizado son las que deben
guiar las actuaciones de todos los Estados miembros en los próximos meses,
llamando a todos ellos para que la vida parlamentaria y social tengan un rol de
primer orden en el proceso, por ser del parecer, ciertamente acertado, aunque
no se produzca realmente en muchas ocasiones, que la participación de los
interlocutores sociales y del parlamento, junto con la de la sociedad civil,
“es fundamental para mejorar la apropiación y legitimidad de las reformas y
lograr mejores resultados socioeconómicos”.
4. El estudio
sobre el crecimiento es acompañado anualmente del proyecto de informe conjunto
sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, que será definitivamente aprobado,
como en años anteriores, en el Consejo de marzo de 2019. Se trata de un extenso
documento de 195 páginas, en las que se incluyen cinco anexos: indicadores
principales del cuadro de indicadores sociales, niveles; indicadores
principales del cuadro de indicadores, variaciones y diferencia con la UE; nota
metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el
cuadro de indicadores; resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y
número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el
indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2018; Resumen de las
«tendencias sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o
mejora en el período 2015-2016 identificados por la actualización de agosto de
2018 del indicador de rendimiento de la protección social (IRPS).
Las tesis
centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo,
mucha sintonía con el estudio sobre el crecimiento. En los aspectos positivos
cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo
trimestre de 2018, “239 millones de personas estaban en situación de empleo en
la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en
el punto álgido de la crisis”, con una tasa de empleo del 73,2 % que permite
razonablemente pensar que se alcanzará el objetivo del 75 % fijado en la
Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en
las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años.
En el “debe”, es
decir en aquello que queda pendiente, el Informe destaca que “las considerables
disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que todavía hay
margen de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que aún están
lejos de alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020”.
El crecimiento del
empleo ha venido básicamente por las mujeres, los trabajadores de más edad y
las personas con un alto nivel de capacidades, mientras que la tasas de
participación de los trabajadores con niveles bajo de cualificación siguen
estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también
baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los
migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados
que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral. Respecto
a los jóvenes, el Informe manifiesta su preocupación por “las elevadas proporciones
de alumnos con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la marcada
correlación de los resultados educativos con el estatus socioeconómico y los
resultados en el mercado laboral”, apostando por mejorar y perfeccionar los
mecanismos ya existentes y que giran alrededor del sistema de garantía juvenil.
Más luces en el
mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,9 %
en la UE y en el 8,3 % en la zona euro, con niveles cercanos o incluso
inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta
de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se
menciona expresamente a España.
Cantidad y calidad
de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara por un
trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son tan
fáciles y sencillas, ya que hay más empleo pero menos horas trabajadas con
respecto al inicio de la crisis, si bien es cierto que el número de horas de
trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años. Otro dato
que debe atraer la atención es el número de personas que trabajan
involuntariamente a tiempo parcial, que el informe sitúa en 1,3 millones
superior al de 2.008.
¿Qué decir sobre
los salarios, los niveles salariales? Que el crecimiento salarial “se mantiene
por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento económico y
del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los últimos años
puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las expectativas
de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en el mercado
laboral”, y que en términos reales, “los salarios medios todavía se encuentran
por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados miembros y
su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la
productividad”. Más importante aún me parece el dato aportado de que en la UE,
entre 2000 y 2017, “el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6
%, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %”.
¿Qué decir sobre
el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el
trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de
la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población
juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el
empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que
más de la mitad de este porcentaje es de trabajadores que lo hacen de forma
involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable.
Muy interesante es
el dato de que cerca de un 25 % de los trabajadores autónomos de la UE pueden
clasificarse como «vulnerables» u «ocultos», lo que nos lleva al debate de cómo
algunas empresas están tratando de evadir el cumplimiento de la normativa
laboral. Por otra parte, y refiriéndose a las plataformas digitales y al
trabajo que se presta en ellas, se constata que aun siendo muy reducido el
número de personas que obtienen más de la mitad de sus ingresos regulares
prestando servicios para ellas, un 2 % en 2017, la tendencia es clara de
incremento, por lo que se destaca la importancia de “orientar más las
estrategias hacia este cambio”.
En fin, subrayo
como dato positivo, con el que cierro este comentario, la importancia que
confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma ordenada, y
en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas propuestas;
importancia, que aparece tanto en el estudio prospectivo como en el proyecto de
informe sobre el empleo, y que queda
bien recogido en esta frase del segundo documento: “Un diálogo social eficaz es
un elemento clave de la economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la
cohesión social y a reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto
de los trabajadores, como de los empresarios y los Gobiernos. La participación
de los interlocutores sociales en la preparación de las reformas puede mejorar
su diseño y aplicación, aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los
ciudadanos y, en último término, propiciar unos mejores resultados
socioeconómicos. Sin embargo, el grado y el impacto de la participación de los
interlocutores sociales varía considerablemente entre los Estados miembros y es
débil en muchos casos. Aunque no existe un modelo universal para las prácticas
de diálogo social, en algunos Estados miembros hay un claro margen para
aumentar las facultades de los interlocutores sociales y proporcionarles un
marco adecuado para unas consultas previsibles y oportunas, como por ejemplo en
todas las etapas clave del Semestre europeo”.
1. La Comisión
Europea presentó el miércoles 27 de febrero, en el marco del cumplimiento de
las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento de análisis anual de la
situación económica y social de los Estados miembros, acompañado de un informe
específico para cada país y elaborado por sus servicios técnicos.
Procedo al examen
de los contenidos laborales y de protección social del informe español, con
unas anotaciones previas de aquellos que afecta a los mismos ámbitos en la
Comunicación de la CE.
2. La Comunicación
hecha pública el miércoles 27 de febrero lleva por título “Semestre Europeo de 2019:
evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección
de desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos
conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011”. Es el paso previo, junto con la
publicación del informe de cada Estado y las observaciones posteriores que
reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las Recomendaciones
concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes de mayo.
¿Qué aspectos y
contenidos dedicados a las políticas sociales y de empleo cabe destacar a mi
parecer? El apartado 4.2 de la Comunicación está dedicado a las políticas del
mercado de trabajo, educativas y sociales. En primer lugar, se valora
positivamente el incremento del número de personas presentes en el mercado de
trabajo, 240 millones según datos Eurostat del cuarto trimestre de 2018, cifra
récord a la que acompaña un porcentaje de población desempleada del 6,6 % que
es la tasa más baja desde que se dispone de datos a partir del año 2000, al
igual que el dato también muy positivo de que en 2017 más de cinco millones de
personas en la UE salieran de la situación de pobreza y exclusión social.
Los puntos fuertes
van inmediatamente acompañados de las preocupaciones, de los puntos débiles del
mercado de trabajo en los Estados UE, evidentemente con diferencias
sustanciales entre ellos y también dentro de los distintos Estados. Tales son
la tasa de desempleo superior al 10 % en algunos de ellos (España 14,55 % según
datos EPA del tercer trimestre de 2018);
una situación problemática para aquellos jóvenes que no estudian ni
trabajan; siguen existiendo diferencias de tasas de empleo y de desempleo
(brecha de género) entre hombres y mujeres, a las que acompaña la diferencia de
salarios (brecha salarial); desajustes en las calificaciones profesionales que
lleva a que existe penuria de mano de obra, especialmente la cualificada, en
algunos Estados; dificultades añadidas para personas migrantes y aquellas con
discapacidad para incorporarse (y también permanecer en bastantes ocasiones) en
el mercado laboral; en fin, como ya he apuntado, las importantes diferencias en
el seno del territorio de cada Estado, en atención al poderío económico y
social de las distinta regiones de cada uno.
Al igual que en
años anteriores, y a no dudar que estas reflexiones se irán intensificando en
años venideros, se llama la atención sobre cómo se están reconfigurando los
mercados de trabajo europeos a causa de los cambios demográficos (progresivo
envejecimiento de la población laboral europea) y de la evolución tecnológica,
enfatizando la importancia que suponen la digitalización y las plataformas
digitales en el futuro del trabajo, pidiendo a los Estados miembros que
procedan a la modernización de sus mercados de trabajo y sistemas de protección
social, en especial “asegurando una cobertura social adecuada a los
trabajadores atípicos y a los trabajadores independientes, a fin seguir el
ritmo de esas evoluciones”.
La preocupación
por la mejora de las competencias de las personas trabajadoras, así como de las
que pretenden incorporarse al mundo laboral desde el ámbito educativo, es
objeto de atención por la Comisión, que no olvida la importancia de prestar
especial atención a la situación de partida de las personas poco cualificadas y
de la población migrante, llamando al reforzamiento y modernización de los
sistemas de educación y de formación, así como a los readaptación y
reconversión profesional, y todo ello desde la premisa previa que se asume en
el documento de que competencias adecuadas pueden incrementar la productividad
y el crecimiento potencial, “que son indispensables para permitir un aumento de
salarios y la mejora de las condiciones sociales y de vida”.
Le sigue
preocupando a la Comisión , y no hay desde luego que sorprenderse de ello, la
segmentación del mercado de trabajo, que afecta en especial a la población
joven, ya que los datos estadísticos disponibles ponen de manifiesto que más de
un 60 % de ella se encuentra en situación de temporalidad, así como también que
el incremento del número de personas ocupadas no haya ido acompañado del
incremento de horas trabajadas, ya que este último dato sólo ha alcanzado muy
recientemente el que existía al inicio
de la crisis en 2008, siendo tanto una razón como una consecuencia de ello la
importancia del trabajo a tiempo parcial y que más de un 50 % de la población
acogida a esta modalidad organizativa-contractual lo haga de forma involuntaria
por no poder acceder a un empleo a jornada completa.
La Comisión
subraya los esfuerzos llevados a cabo en varios Estados para potenciar la
contratación indefinida y evitar el uso incorrecto y abusivo de los contratos
temporales, con una expresa mención al Plan directo por un trabajo digno
aprobado por el gobierno español en julio de 2018, del que se destaca el
reforzamiento de las capacidades de la ITSS “para luchar contra los abusos de
los contratos temporales y el trabajo no declarado”.
Sigue también
existiendo preocupación por el número de trabajadores que, a pesar de estar en
el mercado de trabajo, no pueden salir de las situaciones de pobreza a causa de
sus bajos salarios o ingresos, situación que afectan especial a trabajadores
independientes, con contratos temporales y/o a tiempo parcial, y a población
trabajadora migrante extracomunitaria. En fin, s3 subraya nuevamente la
importancia del diálogo social y se contrastan los avances positivos
experimentado en algunos países con los retrocesos experimentados en otros.
3. Pasemos ya del
marco general al examen de la realidad española. ¿Cuáles son los contenidos del
Informe 2019 sobre España que considero más importante destacar? La mayor parte
de los mismos se encuentran en la síntesis del amplio documento y desarrollan
las pistas generales ya apuntadas en la Comunicación de la CE: los puntos fuertes del crecimiento económico
y sólido y la rápida creación de empleo se acompañan de puntos débiles, o de “desafíos” si utilizamos el término
recogido en el Informe, importantes, entre ellos la importancia de la
segmentación del mercado de trabajo y las importantes desigualdades de rentas,
así como las carencias en materia de cualificaciones o las disfunciones en la
regulación de los mercados de productos y servicios, factores todos ellos “que
determinan la brecha de productividad de España con respecto a la media de la
UE”. Me parece importante que se destace la relevancia de la promoción de la
calidad del empleo y de la inclusión social, con incremento de recursos para
políticas que vayan en esa dirección y que además tengan en cuenta (y creo que
las decisiones sobre la distribución de recursos económicos para políticas de
empleo, aprobada en la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, van
esta línea) “las necesidades específicas de cada Comunidad Autónoma”.
Entre los deberes
pendientes para mejorar la realidad social y laboral española, el Informe
subraya seguir avanzando en la modernización de los servicios públicos de
empleo y una mejor relación de cooperación con los servicios sociales, así como
una mejor articulación entre las políticas asistenciales de protección social y
los sistemas de rentas mínimas de inserción existentes en las Comunidades
Autónomas. La preocupación por la diferencia (a la baja) de la tasa de empleo
femenina respecto a la masculina también es apuntada con una situación
necesaria de mejora, así como la de quienes abandonan prematuramente los
estudios y no acceden al mundo laboral, y todo ello llevando, junto a los bajos
salarios, al incremento de las desigualdades de renta, con situación especialmente
difícil para trabajadores temporales, los poco cualificados y los
extracomunitarios, resaltándose que el elevado número de contratos temporales
(tasa del 26,9 % según datos EPA del tercer trimestre de 2018) puede tener (muy
prudente se manifiesta el Informe, ya que creo que lo está teniendo desde hace
mucho tiempo) “un efecto negativo en el crecimiento potencial, la productividad
y la cohesión social”.
Muy “devoto” de
las tesis del Banco de España sobre la preocupación por el impacto (negativo a
su entender) del incremento del salario mínimo a 900 euros, reproduce sus
tesis, si bien también apunta el dato positivo (no está mal que al menos se
haga esta referencia) a que tal incremento “podría ayudar a reducir la pobreza
en situación de empleo” (hay estudios que van en la misma línea, pero parece
que los del Banco de España son los únicos que algunos consideran dignos de
mención).
Igualmente, los
servicios técnicos de la Comisión siguen valorando positivamente la reforma
laboral de 2012 y sus efectos sobre la creación de empleo (olvidando su impacto
negativo en la calidad de este y el deterioro de las relaciones laborales que
provocó, con un incremento relevante del poder de dirección del empleador y el
debilitamiento del diálogo social), al sostener que la creación de empleo
experimentada desde el inicio de la recuperación económica ha sido respaldada
“por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la
moderación salarial”, aunque se ha destacado desde planteamiento opuesto que
tal “moderación” no ha sido sino una “devaluación” salarial.
Un apartado del
informe está dedicado a los avances experimentados en cada Estado en la
aplicación de las recomendaciones especificas aprobadas por el Consejo en 2018.
Recordemos que para España la recomendación núm. 2 era “Velar por que los
servicios sociales y de empleo tengan capacidad para prestar un apoyo eficaz a
los demandantes de empleo, también mediante una mejor cooperación con los
empresarios. Fomentar las transiciones hacia contratos indefinidos. Mejorar el
apoyo a las familias y aumentar la eficacia de los sistemas de renta mínima
garantizada abordando las lagunas de su cobertura, simplificando el sistema de
regímenes nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso
a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las
disparidades autonómicas en los resultados de la educación, en particular
mediante un mayor apoyo a estudiantes y profesores (pertinente para el PDM)”.
Pues bien, tomando en consideración los puntos fuertes y débiles anteriormente
expuestos, se destaca que ha habido “algunos avances en el refuerzo de la
coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y los
empresarios”, y también “en el fomento de la transición hacia contratos
indefinidos”. Se califican más concretamente de limitados los avances “en la
corrección de la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y la
mejora del apoyo a las familias”, y “en la lucha contra el abandono escolar
prematuro y la corrección de las disparidades autonómicas en los resultados de
la educación”. Se enfatiza la importancia de invertir en servicios públicos de
empleo modernos, ya que ello “constituye un factor impulsor para lograr empleos
de calidad y unas transiciones fluidas del mercado de trabajo”.
En el informe
también se explican cuáles son los objetivos de la Estrategia europea 2020 y
como han evolucionado en cada Estado, es decir qué avances, mantenimiento o
retrocesos se han producido. Respecto al objetivo comunitario de alcanzar una
tasa de empleo del 75 %, la diferencia es aún apreciable en España ya que se
sitúa (población de 20 a 64 años) en el 65,5 %, es decir 6,7 puntos por debajo
de la media UE y 7,2 del objetivo marcado. En relación con otro objetivo de
indudable interés sociolaboral, cual es el de reducir el número de personas en
riesgo de pobreza o exclusión social en 1.400.000 con relación a las cifras de 2.008,
estamos muy lejos de alcanzarlo, ya que, aun cuando se ha realizado importantes
avances desde 2014, en 2017 “aún se superaba la cifra de 2.008 en 1.450.000
personas”.
Todas las
referencias anteriores son analizadas con muchos más detalles en el apartado
4.3 del Informe, que tiene el mismo título que el de la Comunicación de la
Comisión, es decir “Políticas de mercado de trabajo, educativas y sociales”.
Baste añadir a todo lo anteriormente expuesto que se consideran importantes
dificultades estructurales el alto nivel de desempleo y la segmentación
existente en el mercado de trabajo; que son sujetos cuya inserción, y posterior mantenimiento, en el mercado de
trabajo es especialmente difícil, buena parte de los jóvenes de 15 a 24 años,
las personas con baja cualificación y las de nacionalidades extracomunitaria,
resaltándose con respecto a estas últimos que si bien la brecha de empleo de
los migrantes es muy inferior en España con respecto a la media de la UE, el
impacto de la crisis económica ha provocado que su tasa de empleo descendiera
“de manera aún más abrupta que la de la población en general, del 70,5 % en
2008 al 61,6 % en 2017); que las diferencias laborales y salariales por razón
de género siguen siendo considerables y dificultan la mayor participación
femenina en el mercado de trabajo (brecha salarial del 14,2 %); en fin, la
mayor tasa de participación de los mayores de 55 años de edad en el mercado de
trabajo no ha ido acompañada al parecer de los servicios técnicos de la
Comisión con medidas (desde 2012) tendentes a mejorar sus condiciones de
trabajo, tanto desde la perspectiva de protección de la salud laboral como de
desincentivación de la salida del mercado laboral (y tampoco parece que en los
procedimientos de despidos colectivos se muestre, con carácter general,
especial atención a este colectivo… si no es para fijar una edad a partir de la
cual se incentivan las “salidas voluntarias” de la empresa.
La especial
preocupación por la segmentación del mercado de trabajo se pone claramente de
manifiesto al destacar la breve duración de los contratos temporales, con un
32,6 % de trabajadores con contratos de menos de 6 meses, y un 17,3 % de menos
de un mes, con las consecuencias que ello tiene tanto para las políticas de
formación como para poder acceder a prestaciones por desempleo, destacando el
informe, con datos de Eurostat sobre las transiciones laborales por tipos de
contratos, que estas son muy bajas en España, “puesto que únicamente el 14,6 %
de los trabajadores temporales del país pasó a tener un contrato permanente en
2017, frente al 24 % de la UE (2017)”.
Igualmente, la
preocupación por la situación de los “trabajadores pobres” se resalta en el
Informe, ya que “en 2017, la pobreza en situación de empleo se mantuvo
invariable en el 13,1 %, uno de los índices “altos de la UE. De hecho, aumentó
en 1,4 puntos porcentuales para los trabajadores por cuenta ajena, de los
cuales un gran porcentaje tiene un contrato temporal (véanse la sección 4.3.1 y
el gráfico 4.3.6.). Este incremento se compensó por el fuerte descenso entre
los autónomos. El índice de pobreza en situación de empleo era especialmente
elevado, y mostraba una tendencia al alza, en el caso de los trabajadores
temporales (23,1 %), los residentes nacidos fuera de la UE (34,2 %), las
familias monoparentales (27,8 %) y los trabajadores con baja cualificación
(21,4 %) (EU-SILC, Eurostat). Las medidas de lucha contra la segmentación del
mercado de trabajo y de aumento del salario mínimo pueden ayudar a reducir la
pobreza en situación de empleo, pero sus efectos sobre el empleo y la renta
están por ver”.
1. La Comisión
Europea presentó el martes 27 de febrero, junto con un conjunto de documentos
que forman parte del llamado paquete de invierno del semestre europeo la “Propuesta
de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de
empleo de los Estados miembros”.
En la introducción
de la propuesta de Decisión se manifiesta que las orientaciones adoptadas el
pasado año deben mantenerse estables “para poder concentrar los esfuerzos en su
aplicación”, no siendo necesaria su actualización, ya que los motivos que
justificaron su adopción en 2018 “siguen siendo válidos… a la luz de la
evaluación de la evolución de los mercados de trabajo y de la situación social
desde la adopción de las orientaciones de empleo para 2018”. Por consiguiente,
se propone que se mantengan las orientaciones recogidas en el anexo a la
Decisión (UE) 2018/1215, a la que dedico a continuación mi atención, adoptada
el 16 de julio, recordando que aquellas forman parte de las orientaciones
integradas “Europa 2020” y que deben ser tenidas en cuenta por los Estados en
sus políticas de empleo y programas de reformas.
La novedad más
importante en la Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros de 2018 era que, tal como se explicaba en la
exposición de motivos, “Las orientaciones para las políticas de empleo
revisadas de los Estados miembros se han modificado a fin de adecuar el texto a
los principios del pilar europeo de derechos sociales, con vistas a mejorar la
competitividad de Europa y hacer de ella un mejor lugar para invertir, crear
puestos de trabajo y fomentar la cohesión social”.
Conviene recordar
que estas orientaciones, junto con las de política económica conforman las
orientaciones integradas para la aplicación de la Estrategia Europea 2020, y
que en esta ocasión el texto incluyó un amplio apartado dedicado a la
aprobación del pilar europeo de derecho sociales aprobado en la cumbre interinstitucional
de Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017 , enfatizando que las orientaciones
para el empleo que se incluían en la Decisión estaban “en consonancia con los
principios del pilar”.
Particularmente
relevante me parece la atención que presta el documento a los cambios en los
modelos económicos y productivos con su impacto en las relaciones de
empleo y seguridad social, en definitiva
en la ordenación jurídica de las relaciones laborales, llamando a los Estados
miembros, y me parece positivo (aunque convendrá esperar a que no sea una largo
trecho el que medie entre el “dicho” y lo “hecho”) que se pida a estos que
garanticen “que las nuevas relaciones laborales mantengan y refuercen el modelo
social europeo”, así como también que tanto los Estados como la propia UE
aborden el legado social de la crisis económica y financiera, aspirando a
construir “una sociedad inclusiva en la que se capacite a las personas para que
anticipen y gestionen el cambio y puedan participar activamente en la sociedad
y en la economía, como se indica también en la Recomendación de la Comisión
sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral”.
Igualmente es necesario y conveniente resaltar, dado que las políticas de
empleo tienen diferentes ámbitos territoriales de desarrollo, que el Consejo
pide a los Estados que la aplicación de las orientaciones se haga conjuntamente
con las autoridades regionales y locales, y que exista una estrecha
colaboración con el parlamento, los agentes sociales y la sociedad civil.
A) Con respecto a
la orientación 5, la de “impulsar la demanda de mano de obra”, considero
destacada la propuesta de que, con pleno respeto a las prácticas nacionales,
los Estados miembros y los interlocutores sociales “deben garantizar un salario
mínimo adecuado, habida cuenta de su impacto en la competitividad, la creación
de empleo y la pobreza de las personas con trabajo”, debiendo promoverse por
los Estados, con respeto a la autonomía de las organizaciones sindicales y
empresariales, mecanismos de fijación que generen “unos salarios justos capaces
de proporcionar un nivel de vida digno”. Por otra parte, se sigue insistiendo
en desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos
perjudiciales para el crecimiento y el empleo, “teniendo en cuenta el efecto
redistributivo del régimen fiscal, y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en
aras de una protección social adecuada y unos gastos favorables al
crecimiento”.
B) En cuanto a la
orientación 6, la de “mejorar la oferta de trabajo a través del acceso al
empleo, las capacidades y las competencias”, destaco las de garantizar la
transferencia del derecho a la formación durante las transiciones
profesionales, ya que ello “debería permitir una mejor anticipación y
adaptación de todos a las necesidades del mercado de trabajo y gestionar con
éxito las transiciones, reforzando así la resiliencia general a las
perturbaciones de la economía”.
También, la puesta
en marcha, a efectos de prevención del desempleo, de evaluaciones
individualizadas detalladas “a más tardar a los dieciocho meses de desempleo,
con vistas a prevenir y reducir significativamente el desempleo estructural”,
con especial atención a políticas de empleo para jóvenes en el marco de la
ejecución completa de la Garantía Juvenil.
Igualmente, la
puesta en marcha de políticas de conciliación de vida privada y laboral, de tal
manera que los Estados garanticen que los padres y otras personas con
responsabilidades familiares “tengan acceso a unos permisos familiares y unas
fórmulas de trabajo flexible adecuados, a fin de crear un equilibrio entre el
trabajo y la vida privada, y fomentar un uso equilibrado de estos derechos
entre hombres y mujeres”.
Cabe destacar que
la Orientación núm. 6 dispone que los Estados miembros “deben promover la
igualdad de oportunidades en la educación y elevar el nivel general de la
educación, especialmente para las personas menos cualificadas. Deben garantizar
la calidad de los resultados del aprendizaje, reforzar las capacidades básicas,
reducir el número de jóvenes que abandonan la educación prematuramente,
incrementar la pertinencia para el mercado de trabajo de los títulos
universitarios, mejorar el seguimiento y la elaboración de previsiones respecto
de las capacidades e incrementar la participación de los adultos en la
educación y la formación continuas. Los Estados miembros deben reforzar el
aprendizaje basado en el trabajo en sus sistemas de educación y formación
profesional, entre otros, mediante una formación de aprendices de calidad y eficaz,
hacer las capacidades más visibles y comparables e incrementar las
oportunidades para el reconocimiento y la validación de las capacidades y
competencias adquiridas al margen de los sistemas formales de educación y
formación profesional. Asimismo, deben actualizar e incrementar el suministro y
aprovechamiento de una formación profesional continua flexible. Los Estados
miembros también deben ayudar a los adultos poco cualificados a mantener o
desarrollar su empleabilidad a largo plazo, impulsando el acceso a
oportunidades de aprendizaje de calidad, así como el aprovechamiento de este,
mediante la creación de itinerarios de mejora de las capacidades, que incluya
una evaluación de las capacidades, una oferta pertinente de educación y
formación y la validación y el reconocimiento de las capacidades adquiridas”.
C) La orientación
núm. 7 está dedicada a “mejorar el buen funcionamiento de los mercados
laborales y la eficacia del diálogo social”. Es particularmente importante a mi
parecer que se garantice un adecuado equilibrio entre flexibilidad demandada
por la parte empresarial y estabilidad pedida por la parte trabajadora, y todo
ello con respeto a unas condiciones de trabajo que garanticen la seguridad y
salud laboral, y entornos de trabajo adecuados, con expresas menciones a que
“debe garantizarse el acceso a una resolución de litigios efectiva e imparcial,
y, en caso de despido injustificado, el derecho a reparación, incluida una
indemnización adecuada”. En el texto se llama a los Estados a evitar las relaciones
laborales “que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias, en particular
luchando contra la utilización abusiva de contratos atípicos”
La llamada a la
potenciación del diálogo social y al fortalecimiento de la negociación
colectiva también deben merecer una valoración positiva. Igualmente es
conveniente resaltar, en el bien entendido que su concreción se remite a las
políticas adoptadas en sede nacional, que se pide a los Estados que faciliten a
los desempleados unas prestaciones de empleo “adecuadas y de duración
razonable”, alertando al mismo tiempo – no hay documento comunitario en el que
no se manifieste esta “preocupación” – que las medidas de apoyo y sostén
económico a las personas desempleadas “no deben desincentivar un retorno rápido
al trabajo”, a la par que deben ir acompañadas, planteamiento positivo sin duda
siempre que las autoridades públicas sean capaz de instrumentarlas
adecuadamente, “de políticas activas del mercado de trabajo”
D) Por último, la
orientación núm. 8 versa sobre “promover la igualdad de oportunidades para
todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza”. Se llama a los
Estados a favorecer “unos mercados laborales inclusivos, abiertos a todos,
instaurando medidas eficaces para promover la igualdad de oportunidades de los
grupos menos representados en el mercado laboral”, a la modernización de los
sistemas de protección social “para ofrecer protección social eficaz, eficiente
y adecuada a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, fomentando
la inclusión social y la movilidad social ascendente, incentivando la
participación en el mercado de trabajo y abordando las desigualdades, entre
otras cosas mediante el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones”.
En todas las
políticas, los Estados deberán desarrollar y aplicar estrategias preventivas e
integradas mediante la combinación de los tres aspectos de la inclusión activa:
“un apoyo a la renta adecuado, unos mercados de trabajo inclusivos y el acceso
a servicios de calidad”. Se sigue insistiendo en que los sistemas de protección
social “deben garantizar el derecho a unas prestaciones de renta mínima
adecuadas para toda persona que carezca de recursos suficientes y promover la
inclusión social alentando a las personas a participar activamente en el
mercado laboral y en la sociedad”. Se trata, sin duda, de un debate cada vez
más relevante, en atención al elevado número de personas que son excluidas de
las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo por no cumplir los
requisitos para poder acceder a ellas.
Obviamente, el
documento no se olvida de la situación demográfica y del progresivo
envejecimiento de la población, llamando a los Estados a velar por “la
sostenibilidad y adecuación de los regímenes de pensiones para mujeres y
hombres, ofreciendo igualdad de oportunidades para los trabajadores por cuenta
ajena y los trabajadores por cuenta propia, de ambos sexos, respecto de la
adquisición de derechos de pensión, incluido mediante regímenes complementarios
para garantizar una vida digna”.
IV. El paquete
económico y social del semestre europeo 2019. Notas sobre la propuesta de
Recomendación sobre España.
1. La CE presentóel 5 de junio las propuestas de Recomendaciones específicas por país, que
contienen las orientaciones económicas dirigidas a cada Estado, basadas en
documentos que he analizado con anterioridad y también la Recomendación de 2019
sobre la política económica en la zona euro, propugnándose con carácter general,
tal como puede leerse en la amplia nota de prensa oficial de presentación de
los documentos, que “Los Estados miembros deben avanzar en la convergencia
social, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales”, y que,
refiriéndose a las políticas de la CE presidida por Jean Paul Juncker, “Las
cuestiones sociales se han considerado prioritarias y han sido integradas en
todas las fases de la evaluación, en consonancia con las prioridades del pilar
europeo de derechos sociales y mediante el uso del cuadro de indicadores sociales”.
Es de esperar, como ocurre habitualmente, que el Consejo Europeo apruebe sin
modificaciones de importancia las propuestas formuladas para cada Estado,
siendo importante destacar que “Las recomendaciones específicas por país y el
análisis subyacente de los informes por país servirán también de base analítica
para la programación de los fondos de la política de cohesión de la UE en
2021-2027”.
Me detengo en mi
análisis de las políticas sociales en dos documentos de especial interés. El primero,
la Comunicación general sobre las recomendaciones específicas por país; el
segundo, sobre la propuesta de Recomendación “relativa al programa nacional de
reformas 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el
programa de estabilidad 2019”.
2. Un amplio
bloque de la Comunicación está dedicada a la política de mercado de trabajo, educación
y política social. Los ejes centrales del documento versan sobre la mejora
persistentes de las tasas de empleo y la reducción continuada de las de
desempleo, aun cuando el marco general no puede hacer olvidar las importantes
diferencias existentes entre países, regiones y determinados grupos de
población, formulándose propuestas a varios países, entre ellos España, para
reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo y la capacidad de
actuación de los servicios de empleo, así como también para enfrentarse al problema del elevado número de sujetos
trabajadores con contratos de duración determinada e instando a articular
mecanismos que favorezcan la transición hacia empleos estables.
Por otra parte, se
valora positivamente el incremento de las tasas de participación el mercado de
trabajo pero no se oculta la preocupación por el mantenimiento de las diferencias
existentes entre hombres y mujeres respecto tanto a las tasa de empleo como a
la remuneración, enfatizando que buena parte de esta problemática deriva en
varios Estados de la insuficiencia de los dispositivos de conciliación entre
vida profesional y privada, así como también a la falta de servicios a los que
se pueda acceder para cuidado de menores y de mayores que los necesiten de
larga duración.
Al igual que en
años anteriores se insiste en la importancia de la potenciación de una educación
y formación de calidad como piezas indispensables para dotar a la ciudadanía de
cualificaciones y competencias “en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de
toda la vida que tenga en consideraciones las necesidades futuras” ante un mundo
del trabajo en permanente mutación, tal como he ido explicando en diversas
entradas del blog, con particular atención para la mejora de las competencias
de la población adulta. También España es uno de los Estados a los que se llama
la atención sobre la necesidad de trabajar mucho más de lo que se ha hecho
hasta ahora en ese terreno.
Se constata con
satisfacción la mejora de la situación social, pero al mismo tiempo se sigue
manifestando preocupación por las lagunas existentes en varios Estados, entre
los que se cita a España, en materia de cobertura de los sistemas de protección
social y de acceso a los servicios, poniendo el acento tanto en la adopción de
medidas que corrijan los “desafíos permanentes” con los que se enfrenta la
población inmigrante, y que otorguen protección adecuada a los trabajadores atípicos
y a los autónomos. Igual preocupación se manifiesta con respecto al acceso a
los cuidados de salud, siendo necesarias medidas en varios Estados que tiendan
a garantizar y mejorar su eficacia, accesibilidad y duración.
Por último, y desde
luego no menos importante, se reivindica la importancia del diálogo social como
“un elemento clave del éxito de la concepción y puesta en práctica de las políticas”,
manifestando la satisfacción por las mejoras experimentadas al respecto en
varios Estados, siempre con respeto a las especificidades propias de cada uno
de ellos.
Una buena síntesis
de todas las propuestas de la Comunicación respecto a cómo mejorar el mercado
de trabajo se encuentra en un documento resumen de aquella, que por su interés reproduzco
a continuación:
“La situación del
mercado laboral sigue mejorando. Los niveles de empleo en la Unión nunca han
sido tan altos y las cifras de desempleo están en su punto más bajo. Al mismo
tiempo, existen diferencias significativas entre países, regiones y grupos de
población. Para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, se necesitan
inversiones específicas para reforzar la eficacia de las políticas activas del
mercado de trabajo y/o mejorar la capacidad de los servicios de empleo.
Aunque la tasa de
empleo se encuentra en niveles récord en Europa, existen diferencias
significativas entre países, regiones y grupos de población. Así, mientras que
en la región de la capital lituana se acerca al 93% entre las personas
altamente cualificadas, en el noreste de Bulgaria es inferior al 30% entre las
personas poco cualificadas. En particular, los Estados miembros deberían optar
por políticas capaces de capacitar a los grupos desfavorecidos, como los
trabajadores poco cualificados, los jóvenes, las personas mayores, las personas
con discapacidad y las personas de origen inmigrante, para que aprovechen
plenamente las oportunidades del mercado laboral.
Para aumentar la
tasa global de participación en el mercado de trabajo, también es importante
mejorar los servicios de atención y apoyo (atención a la primera infancia y
asistencia sanitaria y cuidados de larga duración), promover el equilibrio
entre la vida laboral y la vida privada y eliminar los factores que
desincentivan el trabajo”.
3. Pasemos a continuación
al examen de la propuesta de Recomendación sobre España, que completo más adelante
con un texto comparado de las aprobadas desde 2015, refiriéndome, al igual que
en los documentos anteriores, a los contenidos de interés más directamente
laborales y de protección social.
El texto recuerda
los contenidos más significativos del Informe sobre España, aprobado el 27 de
febrero y objeto de examen con anterioridad, enfatizando la problemática del
elevado nivel de desempleo, aún y las mejoras experimentadas en los últimos
años, y la segmentación en el mercado laboral entre el (importante) número de trabajadores
con contratos temporales y aquellos que poseen estabilidad laboral al mismo
tiempo que destaca la posibilidades de mejora en el ámbito laboral por la
previsible disminución del desempleo si sigue la mejora económica (se considera
que las hipótesis macroeconómicas en que se basan las previsiones presupuestarias
contenidas en el programa del Gobierno “son
verosímiles”), y se reduce también el número de personas que trabajan involuntariamente
a tiempo parcial, así como las que tienen contratos temporales, y si la mejora
económica (y añado yo ahora el
incremento del SMI) ayuda a la reducción del número de trabajadores pobres.
En realidad, la propuesta
de Recomendación es poco más, antes de llegar a las propuestas concretas, que
un recordatorio de las grandes cuestiones planteadas en el estudio sobre España
y a las que me he referido ampliamente con anterioridad. En síntesis, son las
siguientes:
Un crecimiento
relevante del empleo y un desempleo que sigue siendo elevado si bien con
tendencia a la mejora, debiéndose prestar especial atención a la problemática
más compleja de la gente joven y de las personas con baja cualificación, así
como a las desigualdades por razón de género.
La preocupación por
el todavía elevado volumen de contratación temporal, que afecta sobremanera a
determinados colectivos como jóvenes, personas con baja cualificación y nacionales
extracomunitarios, con lo que ello implica de menores posibilidades reales de
desarrollar una carrera profesional dado la reducida duración de la mayor parte
de aquella. Se resalta la importancia de la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para velar por el cumplimiento de la legislación, y
las medidas acordadas en el marco del diálogo social en el sector público para
convocar una amplia oferta de empleo público que pueda llevar al empleo
temporal hasta el 8 %. La mejora de la calidad del empleo cobra aquí un papel
relevante, así como el desarrollo de este en los sectores vinculados a la alta
tecnología y a los servicios intensivos en conocimientos, dos ámbitos en los
que el texto comunitario nos recuerda que “se encuentra muy por debajo de la
media de la Unión en muchas regiones españolas”. Justamente las diferencias
regionales son subrayadas con carácter general por el documento como un
problema a resolver frente a la mayor parte de las regiones del conjunto de la
UE, en ámbitos tan importantes como indicadores laborales y sociales, innovación,
emprendimiento y competitividad
La necesidad de seguir
invirtiendo en mejorar las políticas activas de empleo y la actuación de los
servicios de empleo, con mayor implicación del mundo empleador y también del
sector privado, defendiéndose que “Una mayor inversión en unos servicios
públicos de empleo modernos acompañada de medidas de apoyo a la movilidad
laboral podría contribuir a mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de los
trabajadores y suavizar las transiciones en el mercado laboral, fomentando así
la productividad de España y el crecimiento inclusivo a largo plazo”.
No menos importante
es la necesidad de seguir adoptando medidas que refuercen la protección social,
significándose, como dato que conviene subrayar, que España tiene aún mucho
terreno para avanzar en este terreno, en especial en los relativo a la protección
de los menores y en el volumen del gasto social como porcentaje del PIB para
los hogares con hijos. Se muestra la preocupación por la fragmentación del
sistema de protección del desempleo (también lo es para el gobierno español,
pero aún no se ha alcanzado un acuerdo en materia de unificación de las
prestaciones asistenciales), y se manifiesta por una vez un toque demasiado
economicista (¿con qué fundamento?) respecto a que recientes mejoras adoptadas,
como la ampliación/recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52
años, “pueden, al mismo tiempo, socavar los incentivos para trabajar de este
grupo en particular”.
No hay una
valoración negativa de los cambios operados en la recuperación económica de las
pensiones, es decir de la vinculación a la inflación y del aplazamiento de
factor de sostenibilidad adoptado en 2013, si bien se alerta de que tales
decisiones “requerirán medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad
del sistema de pensiones a medio y largo plazo, algo cuya concreción evidentemente
se remite a las decisiones de los poderes públicos nacionales. Igualmente, se
apuntan otras medidas a adoptar, y sobre las que se está trabajando por el
gobierno y los agentes sociales, cuales son “… tanto la cuestión de la
adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el
principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras
laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos
temporales y empleo a tiempo parcial”. Por todo ello, no es de sorprender que una
exquisita prudencia se observe por la Comisión en su primera recomendación al
incluir la mención a “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.
En fin, la segunda
recomendación, aquella que concentra el núcleo duro del contenido laboral,
llama a mejorar la eficacia de los servicios sociales y de empleo, a facilitar la
transición a un empleo indefinido, apostando por simplificar, y estoy seguro de
que el gobierno no deberá poner obstáculo alguno a ello, el sistema actualmente
vigente (y harto complicado, añado por mi parte), de incentivos a la
contratación. También es necesaria la mejora de la protección social y una mejor
articulación entre el marco estatal y los autonómicos de rentas mínimas. Y no
lo es menos la mejora de las aptitudes, conocimientos y capacidades que demanda
el mercado laboral, lo que requiere de una estrecha colaboración entre el mundo
educativo y el empresarial, que además debe prestar especial atención al
impacto de las TICs.
Buena lectura.
V. Anexo. Texto comparado de las
Recomendaciones de 215 a 2018, más las propuestas para 2019.
Recomendaciones 2015
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Recomendaciones 2016.
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Recomendaciones 2017.
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Recomendaciones 2018
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Propuesta
de Recomendaciones para 2019.
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RECOMIENDA que España tome medidas en 2015 y 2016 con el fin de:
1. Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo en 2016 a más
tardar, tomando las medidas estructurales necesarias en 2015 y 2016 y
aprovechando los resultados positivos imprevistos para acelerar la reducción
del déficit y de la deuda. Reforzar la transparencia y la obligación de
rendir cuentas de las haciendas públicas de las Comunidades Autónomas.
Mejorar la relación coste-eficacia del sector sanitario y racionalizar los
gastos farmacéuticos de los hospitales.
2.Completar la reforma del sector de las cajas de ahorros,
particularmente con medidas legislativas, y la reestructuración y
privatización de las cajas de ahorros de propiedad estatal.
3. Promover, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con
las prácticas nacionales, la adecuación de los salarios a la productividad
teniendo en cuenta las diferencias en las cualificaciones y las condiciones
de los mercados laborales locales, así como las divergencias en los
resultados económicos entre regiones, sectores y empresas. Tomar medidas para
aumentar la calidad y eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la
búsqueda de empleo, especialmente como parte de la lucha contra el desempleo
juvenil. Racionalizar los regímenes de renta mínima y de ayuda familiar y
fomentar la movilidad regional.
4. Suprimir los obstáculos al crecimiento de las empresas, tales como las
disposiciones que dependen del tamaño de las empresas, adoptar la reforma
planeada de los servicios profesionales, acelerar la aplicación de la Ley de
Garantía de la Unidad de Mercado.
|
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:
1. Garantizar una corrección
duradera del déficit excesivo, de conformidad con las decisiones y
recomendaciones pertinentes en el marco del procedimiento de déficit
excesivo, tomando las medidas estructurales necesarias y aprovechando todos
los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Aplicar en
todos los niveles de la Administración los instrumentos contemplados en la
Ley Marco Presupuestaria. Mejorar los mecanismos de control de la
contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación en
todos los niveles de la Administración.
2. Adoptar medidas
adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en
el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de
formación. Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y
reforzar su coordinación con los servicios sociales. Corregir las
deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar
los sistemas de apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías y
cuidados de larga duración de calidad.
3. Adoptar medidas adicionales
que mejoren la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral,
entre otras cosas, estimulando la cooperación entre las universidades, las
empresas y el sector de la investigación. Aumentar la financiación por
resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y
adoptar medidas para estimular la investigación y la innovación por el sector
privado.
4. Acelerar la aplicación a
nivel autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Garantizar la
aplicación por las comunidades autónomas de las medidas de reforma adoptadas
para el sector minorista. Adoptar la reforma prevista de los colegios y
servicios profesionales
|
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:
1.Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de
2016, incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos
presupuestario y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global
de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la
eficiencia del gasto.
2. Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo,
los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las
necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas
destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a
las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta
mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a
guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior
para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados
educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los
profesores y el apoyo individual a los estudiantes.
3. Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en
investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de
la Administración. Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley
de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y
futura.
|
RECOMIENDA a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:
1. Garantizar el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo,
por la que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit
excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos
presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. A
continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público
primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste
estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales
para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.
2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad
para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través
de una mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia
contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la
eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas
en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y
reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas
autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades
autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor
apoyo a los estudiantes y profesores.
3. Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar
sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su
eficacia. Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con
vistas a mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la
aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por que, a
todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el
ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los
servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando
la cooperación entre las administraciones.
|
RECOMIENDA a España que tome
medidas en 2019 y 2020 con el fin de:
1. Garantizar que la tasa de
crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en
2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB.
Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de
contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Destinar los ingresos
extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.
2. Garantizar que los
servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo
efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en
particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la
contratación. Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las
deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo
y en los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el abandono escolar
prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las
disparidades regionales. Incrementar la cooperación entre los sectores
educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y
cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito
de las tecnologías de la información y la comunicación.
3. Centrar la política
económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia
energética y en el uso de los recursos; en la mejora de las infraestructuras
ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la ampliación de las
interconexiones energéticas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las
disparidades regionales. Mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la
investigación y la innovación.
4.
Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado
velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se
rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en
el caso de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y
mejorando la cooperación entre las Administraciones.
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