viernes, 7 de diciembre de 2018

Unión Europea. La puesta en marcha del semestre europeo 2019. Notas sobre el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, el proyecto de informe conjunto sobre el empleo, y otros documentos.


1. La Comisión Europea hizo público el 21 de noviembre los documentos con los queinicia el ciclo del semestre europeo 2019 de coordinación de las políticaseconómicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal el “Estudio prospectivo anual sobreel Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto deincertidumbre a escala mundial”, en el que se afirma, según la nota oficial de presentación, que la CE insta a los Estados miembros a “que adopten medidas políticas decisivas y concertadas para lograr un crecimiento integrador y sostenible. A escala nacional, los esfuerzos políticos deben ir enfocados a realizar inversiones de calidad y reformas que potencien el crecimiento de la productividad, la integración y la capacidad institucional, al mismo tiempo que se siguen garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas. A escala de la UE, las prioridades son profundizar el mercado único, culminar la arquitectura de la unión económica y monetaria (UEM), e impulsar los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales”.Ya disponemos de un muy interesante análisis de tales documentos, en los apartados relativos a España, en el blog del profesor Ferran Camas, en un artículo publicado el 3 de diciembre y que lleva por título "Empleo y condiciones de vida en la UE: perfil de España".


Tomando en consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión constata que “A escala de la UE, se requiere adoptar las decisiones necesarias para fortalecer en mayor medida la unión económica y monetaria, mientras que, a escala nacional, es imperioso aprovechar el actual impulso de crecimiento para crear reservas presupuestarias y reducir la deuda. La inversión y las reformas estructurales deben centrarse aún más en estimular la productividad y el potencial de crecimiento. Estas actuaciones crearán las condiciones propicias para una estabilidad macrofinanciera sostenida y contribuirán a la competitividad de la UE a largo plazo, lo que, a su vez, generará las condiciones necesarias para que haya más y mejores puestos de trabajo, más justicia social y mejores condiciones de vida para los ciudadanos europeos”.

Como digo,  la Comisión ha presentado otros varios documentos, como el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2019, la propuestade Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE, y el Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo(PICE), de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.

En lapresentación de los documentos del semestre europeo se enfatizó por el Vicepresidente Valdis Dombrovskis la importancia de avanzar en la profundización de la unión económica y monetaria de Europa. En la misma línea, el comisario Pierre Moscovici subrayó la necesidad de adoptar las medidas adecuadas ya que “para que la prosperidad de la zona del euro sea sostenible se requieren no solo unas finanzas públicas saneadas, sino también economías competitivas y sociedades integradoras”.

Desde la perspectiva más estrictamente social, la comisaria de empleo Maryanne Thyssen, destacó lo siguiente: “La recuperación económica de los últimos años ha sido especialmente favorable a la creación de puestos de trabajo, y el desempleo está cayendo a mínimos históricos. Paralelamente, cada vez más personas participan en el mercado laboral, y la tasa de actividad ha alcanzado un nivel sin precedentes: incluso ha superado a la de Estados Unidos. Se dan ahora las condiciones necesarias para invertir más en nuestras sociedades, en nuestros ciudadanos, de manera que esta recuperación se haga permanente y redunde en beneficio de todos, incluidas las generaciones venideras”.

Analizo a continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y protección social. Para el estudio y análisis de los documentos presentados en 2018, remito a la entradas publicada en el blog el 6 de diciembre de 2017, a través de la cual también puede accederse a los documentos presentados desde 2014 a 2017. 

2. El texto de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada al “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2019: por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial”, en el que se pone de manifiesto que la economía europea sigue recuperándose y entrará en su sexto año de crecimiento ininterrumpido, con récord de empleo (239 millones de personas), reducción del desempleo a niveles anteriores a la crisis de 2008, y salida de la pobreza o de la exclusión social de más de diez millones de personas en los últimos años, datos todos ellos muy positivos ciertamente pero que tienen su contrapunto, y de ahí la preocupación de la CE porque el crecimiento “no ha beneficiado de la misma forma a todos los ciudadanos y a todos los países”, en algunos de ellos con elevadas tasas de desempleo y con renta de los hogares inferiores a los niveles anteriores a la crisis, al mismo tiempo que manifiesta la necesidad de abordar a escala de la Unión los retos a largo plazo que condicionan la realidad económica y social, como son “el envejecimiento de la población, la digitalización y sus efectos sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales”.

En cualquier caso, y siempre, repito, desde una perspectiva general, se valora muy positivamente que las medidas puestas en marcha por el ejecutivo comunitario hayan contribuido a salir de la grave situación en que se encontró Europa hasta 2014, cuyas consecuencias sociales se notaron profundamente, “con un elevadísimo nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y unas crecientes desigualdades sociales”, lográndose avances que han fomentado “un crecimiento integrador” y que han igualmente contribuido a  “una mejora sustancial de las condiciones sociales y del mercado laboral”, alcanzándose progresos en materia de políticas presupuestarias sanas y reformas estructurales que “han sido fundamentales para reducir los niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos de trabajo”.   

El estudio para el próximo año dedica especial atención a los riesgos y retos del inmediato futuro, situando entre los primeros la desigualdad de ingresos persistente y la lenta reducción de la pobreza, y entre los segundos la inadecuación de las capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y la problemática derivada de la gestión de las migraciones. No se olvida de aquellos retos que, aun con implicaciones a corto plazo, dibujan su influencia e impacto en unos años, entre los que cabe destacar la repercusión de las transformaciones tecnológicas en trabajadores y sectores, así como el impacto del cambio demográfico en las políticas económicas y sociales.

Al abordar cómo afrontar esos riesgos y retos, amplios apartados del estudio tratan de contenidos de indudable importancia para las políticas sociales, como son por ejemplo las inversiones que se requieren en capacidades y en educación, que deben ser “más consistentes e inteligentes”, subrayando la importancia de mejorar ambas para un gran número de trabajadores, en cuanto que quienes poseen un bajo nivel de estudios tienen en promedio UE una tasa de empleo casi treinta puntos porcentuales más bajas que las de aquellos que lo tiene más elevado, y que todavía hoy en la Europa desarrollada “más de 60 millones de adultos no tienen las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el ámbito digital”.

El documento presta especial atención, como también lo hará el proyecto de informe conjunto para el empleo, a la consecución de sistemas de protección social inclusivos, y nuevamente pone el foco (cómo se consiga sería ya de más difícil acuerdo, en atención a los diferentes marcos normativos nacionales laborales existentes) en una regulación adecuada de las instituciones del mercado de trabajo “que combinen la flexibilidad con la seguridad”, dejando abierta la puerta a una modificación de las reglas del juego de la protección social que vaya de la mano con una adecuada respuesta a las nuevas formas de trabajo “como el trabajo en las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia” (algunas no tan nuevas ni mucho menos, como he tenido oportunidad de explicar en numerosas ocasiones en entradas anteriores), de tal manera que dicha protección alcance también a quienes no pueden considerarse trabajadores típicos o estables (figura, por cierto, que ha sufrido muchos ataques en los últimos tiempos) por no tener un contrato de trabajo indefinido y/o no trabajar a tiempo completo.

La especial “preocupación” del Estudio por conseguir unos mercados laborales más “dinámicos e integradores” también se postula como medida adecuada para abordar los retos derivados del proceso de envejecimiento de la población, que requerirán igualmente de sistemas de protección social reformados y de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

Parecidas propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro, en la que se recomienda a los Estados miembros que adopten políticas, durante el período 2019-2020 con el fin de “Desplazar la presión fiscal existente sobre el factor trabajo y reforzar los sistemas de enseñanza y la inversión en competencias, así como la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que respalden las transiciones profesionales. Abordar la segmentación del mercado laboral y garantizar unos sistemas de protección social adecuados en toda la zona del euro”.

El estudio es del parecer que hay que establecer unas prioridades que sean correctas para lograr un futuro próspero, siendo la primera la de realizar inversiones de gran calidad, con especial atención a que se lleven a cabo en materia de investigación e innovación, para potenciar las infraestructuras digitales. Vinculada a esta propuesta, se encuentra la paralela de inversión en educación, formación y desarrollo de las capacidades, que se considera “fundamental para aumentar la productividad y el mantenimiento del empleo en un contexto de rápida evolución y digitalización”. Así lo plantea el documento comunitario: “Para mejorar la resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios, la acción política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en actividades de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información sobre el mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las decisiones en materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento profesional (incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles a adquirir las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto también servirá para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor uso de sus capacidades y cualificaciones”.

¿Cuáles son las prioridades en materia laboral y social? No se diferencian mucho de la de años anteriores como comprobarán los lectores y lectoras, ya que se sigue insistiendo en la necesidad de abordar nuevas reformas para encontrar “el equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo”, de tal manera que todos los trabajadores tengan seguridad laboral y protección social, con políticas activas de empleo y servicios públicos de empleo más eficaces. Con especial referencia al empleo joven, me permito ahora apuntar que el Plan de Empleo Joven aprobado recientemente en España permite apuntar tendencias que van en la línea de una mejora en las capacidades y cualificaciones de los jóvenes, con mayores posibilidades, pues, de una inserción regular, estable y de calidad en el mundo laboral, y al que espero dedicar atención monográfica en una próxima entrada.

En el estudio de 2018 se defendía la mejora de los niveles salariales, considerando que el crecimiento de los salarios reales resultante del aumento de productividad “es crucial para reducir las desigualdades y garantizar un alto nivel de vida”, siendo positivo ese incremento porque ello redundaría en un aumento de la demanda interna que “impulsaría todavía más la actual expansión económica”. También en el de 2019 se defiende que el incremento de los salarios, que vincula al aumento de la productividad, “puede reducir las desigualdades y favorecer una convergencia al alza de los niveles de vida”, al tiempo que se llama a una recuperación del diálogo social (buen ejemplo de esta recuperación la hemos tenido en los últimos meses en España con la creación de diversas mesas para el diálogo social) para fortalecer el papel de los agentes sociales en los procesos de negociación sobre estas y otras materia, ya que las políticas adoptadas por algunos gobiernos en años anteriores no han ido precisamente en esa línea y además han contribuido al debilitamiento de la negociación colectiva y a la subsiguiente disminución de cobertura de trabajadores protegidos.

En fin, nuevamente se insiste, al igual que en años anteriores, en que unas políticas más eficaces para integrar a los migrantes en los mercados de trabajo “contribuirían a una mayor integración”, si bien desde luego no parece que muchos Estados estén por la labor, vistas las restricciones cada vez más numerosas impuestas. Por lo que respecta a España, soy del parecer que una mayor flexibilidad en la concesión de autorizaciones de trabajo contribuiría a evitar mayores dosis de irregularidad, inicial o sobrevenida, en el mismo. En todos los documentos comunitarios, y no solo en los presentados para el inicio del semestre europeo, en los que se aborda la problemática de la integración de la población migrante, se insiste en la importancia de enfoques sistemáticos y en la necesidad de invertir más “en la mejora de las capacidades y el reconocimiento de las capacidades y las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de trabajo y en el apoyo de los servicios públicos de empleo”, con especial atención actualmente a las necesidades de la población refugiada.

En definitiva, las líneas y prioridades marcadas en el documento ahora analizado son las que deben guiar las actuaciones de todos los Estados miembros en los próximos meses, llamando a todos ellos para que la vida parlamentaria y social tengan un rol de primer orden en el proceso, por ser del parecer, ciertamente acertado, aunque no se produzca realmente en muchas ocasiones, que la participación de los interlocutores sociales y del parlamento, junto con la de la sociedad civil, “es fundamental para mejorar la apropiación y legitimidad de las reformas y lograr mejores resultados socioeconómicos”.

3. Estrechamente vinculado al documento anterior es el Informe presentado por la CE sobre el mecanismo de alerta 2019, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros, que es, tal como puede leerse en su introducción “el punto de partida del ciclo anual del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), cuyo objetivo es detectar y corregir los desequilibrios que dificultan el correcto funcionamiento de las economías de los Estados miembros o la economía de la UE en su conjunto y que pueden poner en peligro el funcionamiento adecuado de la Unión Económica y Monetaria”.

Como es fácilmente comprensible, las líneas generales del documento por lo que respecta a los apartados relativos a las políticas de empleo y de protección social no difieren de las recogidas en el Informe anterior, y quedan bien sintetizadas en este fragmento del texto, en el que tras afirmar que prosigue la mejora de los mercados de trabajo y que el crecimiento salarial se recupera poco a poco, se expone que “Las tasas de desempleo se siguen reduciendo, en particular en el caso de los jóvenes y los parados de larga duración, pero el paro sigue siendo elevado en algunos Estados miembros y la participación en el mercado de trabajo es baja, aunque con frecuencia va en aumento. El desamparo social está disminuyendo a pesar de la herencia de un desempleo de larga duración y unos salarios limitados en una serie de países. El crecimiento salarial a nivel de la zona del euro sigue siendo menor de lo que cabría esperar con los niveles actuales de desempleo, sobre la base de los datos históricos. No obstante, en los países de la UE los salarios se van recuperando paulatinamente a distintas velocidades que reflejan globalmente el alcance de las tensiones en los mercados de trabajo y los estrangulamientos de la oferta de mano de obra en algunos países.”.

El informe dedica un amplio apartado, cuyo contenido es sustancialmente semejante al del proyecto de informe conjunto sobre el empleo, a la evolución del empleo y de la situación social, en el que pasa revista a la mejora de la situación de los mercados de trabajo y la reducción de la tasa de desempleo, así como también al incremento de las tasas de empleo y de actividad, mejoras que en cualquier caso no ocultan la preocupación que sigue existiendo en varios países UE por la situación de pobreza y exclusión social de una parte de la población.

Por lo que se refiere específicamente a España, la CE valora positivamente que el desempleo se haya reducido rápidamente, si bien sigue preocupada por la elevada tasa de desocupación de la población juvenil y por el escaso crecimiento de la productividad que hace que “las posibles mejoras de la competitividad dependan de ventajas de costes”, concluyendo que “la lectura económica pone de relieve problemas relacionados con la sostenibilidad externa, la deuda privada y la deuda pública y el ajuste del mercado laboral, en un contexto de crecimiento reducido de la productividad”, y por ello la CE considera conveniente, “teniendo también en cuenta la detección de desequilibrios en marzo de 2018 y su incidencia transfronteriza, examinar más a fondo la persistencia de los desequilibrios o su corrección”.  

5. El estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, que será definitivamente aprobado, como en años anteriores, en el Consejo de marzo de 2019. Se trata de un extenso documento de 195 páginas, en las que se incluyen cinco anexos: indicadores principales del cuadro de indicadores sociales, niveles; indicadores principales del cuadro de indicadores, variaciones y diferencia con la UE; nota metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el cuadro de indicadores; resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2018; Resumen de las «tendencias sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o mejora en el período 2015-2016 identificados por la actualización de agosto de 2018 del indicador de rendimiento de la protección social (IRPS).

Las tesis centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha sintonía con el estudio sobre el crecimiento. En los aspectos positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo trimestre de 2018, “239 millones de personas estaban en situación de empleo en la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis”, con una tasa de empleo del 73,2 % que permite razonablemente pensar que se alcanzará el objetivo del 75 % fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años.

En el “debe”, es decir en aquello que queda pendiente, el Informe destaca que “las considerables disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que todavía hay margen de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que aún están lejos de alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020”.

El crecimiento del empleo ha venido básicamente por las mujeres, los trabajadores de más edad y las personas con un alto nivel de capacidades, mientras que la tasas de participación de los trabajadores con niveles bajo de cualificación siguen estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral. Respecto a los jóvenes, el Informe manifiesta su preocupación por “las elevadas proporciones de alumnos con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la marcada correlación de los resultados educativos con el estatus socioeconómico y los resultados en el mercado laboral”, apostando por mejorar y perfeccionar los mecanismos ya existentes y que giran alrededor del sistema de garantía juvenil.

Más luces en el mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,9 % en la UE y en el 8,3 % en la zona euro, con niveles cercanos o incluso inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se menciona expresamente a España.

Cantidad y calidad de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara por un trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son tan fáciles y sencillas, ya que hay más empleo pero menos horas trabajadas con respecto al inicio de la crisis, si bien es cierto que el número de horas de trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años. Otro dato que debe atraer la atención es el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, que el informe sitúa en 1,3 millones superior al de 2.008.  

¿Qué decir sobre los salarios, los niveles salariales? Que el crecimiento salarial “se mantiene por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento económico y del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los últimos años puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las expectativas de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en el mercado laboral”, y que en términos reales, “los salarios medios todavía se encuentran por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados miembros y su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la productividad”. Más importante aún me parece el dato aportado de que en la UE, entre 2000 y 2017, “el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6 %, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %”. 

¿Qué decir sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que más de la mitad de este porcentaje es de trabajadores que lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable. 

Muy interesante es el dato de que cerca de un 25 % de los trabajadores autónomos de la UE pueden clasificarse como «vulnerables» u «ocultos», lo que nos lleva al debate de cómo algunas empresas están tratando de evadir el cumplimiento de la normativa laboral. Por otra parte, y refiriéndose a las plataformas digitales y al trabajo que se presta en ellas, se constata que aun siendo muy reducido el número de personas que obtienen más de la mitad de sus ingresos regulares prestando servicios para ellas, un 2 % en 2017, la tendencia es clara de incremento, por lo que se destaca la importancia de “orientar más las estrategias hacia este cambio”.

En fin, subrayo como dato positivo, con el que cierro esta comentario, la importancia que confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma ordenada, y en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas propuestas; importancia, que aparece tanto en el estudio prospectivo como en el proyecto de informe sobre el empleo,   y que queda bien recogido en esta frase del segundo documento: “Un diálogo social eficaz es un elemento clave de la economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la cohesión social y a reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto de los trabajadores, como de los empresarios y los Gobiernos. La participación de los interlocutores sociales en la preparación de las reformas puede mejorar su diseño y aplicación, aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos y, en último término, propiciar unos mejores resultados socioeconómicos. Sin embargo, el grado y el impacto de la participación de los interlocutores sociales varía considerablemente entre los Estados miembros y es débil en muchos casos. Aunque no existe un modelo universal para las prácticas de diálogo social, en algunos Estados miembros hay un claro margen para aumentar las facultades de los interlocutores sociales y proporcionarles un marco adecuado para unas consultas previsibles y oportunas, como por ejemplo en todas las etapas clave del Semestre europeo”.

Buena lectura, y a esperar el desarrollo de los próximos acontecimientos a escala europea.

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