1. La Comisión
Europea presentó el miércoles 27 de febrero, en el marco del cumplimiento de
las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento de análisis anual de lasituación económica y social de los Estados miembros, acompañado de un informe
específico para cada país y elaborado por sus servicios técnicos.
Procedo al examen
de los contenidos laborales y de protección social del informe español, con
unas anotaciones previas de aquellos que afecta a los mismos ámbitos en la
Comunicación de la CE.
Pero antes,
conviene recordar que la puesta en marcha del semestre europeo 2019 se llevó a
cabo el mes de noviembre de 2018, con la publicación del Estudio prospectivo anual
sobre el crecimiento y del Proyecto de Informe conjunto sobre el empleo, que
merecieron especial atención en una entrada anterior y de la que ahora recupero
su contenido más relevante:
“La Comisión
Europea hizo público el 21 de noviembre los documentos con los que inicia el
ciclo del semestre europeo 2019 de coordinación de las políticas económicas,
presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como
punto de referencia principal el “Estudio prospectivo anual sobre el
Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre
a escala mundial”, en el que se afirma, según la nota oficial de presentación,
que la CE insta a los Estados miembros a “que adopten medidas políticas
decisivas y concertadas para lograr un crecimiento integrador y sostenible. A
escala nacional, los esfuerzos políticos deben ir enfocados a realizar
inversiones de calidad y reformas que potencien el crecimiento de la
productividad, la integración y la capacidad institucional, al mismo tiempo que
se siguen garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas
saneadas. A escala de la UE, las prioridades son profundizar el mercado único,
culminar la arquitectura de la unión económica y monetaria (UEM), e impulsar
los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales”.
Tomando en
consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión
constata que “A escala de la UE, se requiere adoptar las decisiones necesarias
para fortalecer en mayor medida la unión económica y monetaria, mientras que, a
escala nacional, es imperioso aprovechar el actual impulso de crecimiento para
crear reservas presupuestarias y reducir la deuda. La inversión y las reformas
estructurales deben centrarse aún más en estimular la productividad y el
potencial de crecimiento. Estas actuaciones crearán las condiciones propicias
para una estabilidad macrofinanciera sostenida y contribuirán a la
competitividad de la UE a largo plazo, lo que, a su vez, generará las
condiciones necesarias para que haya más y mejores puestos de trabajo, más
justicia social y mejores condiciones de vida para los ciudadanos europeos”.
Como digo, la Comisión ha presentado otros varios
documentos, como el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2019, la propuesta de
Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el
fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la
gobernanza económica de la UE, y el Proyecto de Informe Conjunto sobre el
Empleo(PICE), de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado
de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un
resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo
en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en
consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las
orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar
la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º
6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y
fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de
oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados
de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales
establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en
la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de
2017.
El texto de
referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada al “Estudio
prospectivo anual sobre el crecimiento 2019: por una Europa más fuerte en un
contexto de incertidumbre a escala mundial”, en el que se pone de manifiesto
que la economía europea sigue recuperándose y entrará en su sexto año de
crecimiento ininterrumpido, con récord de empleo (239 millones de personas),
reducción del desempleo a niveles anteriores a la crisis de 2008, y salida de
la pobreza o de la exclusión social de más de diez millones de personas en los
últimos años, datos todos ellos muy positivos ciertamente pero que tienen su
contrapunto, y de ahí la preocupación de la CE porque el crecimiento “no ha
beneficiado de la misma forma a todos los ciudadanos y a todos los países”, en
algunos de ellos con elevadas tasas de desempleo y con renta de los hogares
inferiores a los niveles anteriores a la crisis, al mismo tiempo que manifiesta
la necesidad de abordar a escala de la Unión los retos a largo plazo que
condicionan la realidad económica y social, como son “el envejecimiento de la
población, la digitalización y sus efectos sobre el trabajo, el cambio
climático y el uso insostenible de los recursos naturales”.
En cualquier caso,
y siempre, repito, desde una perspectiva general, se valora muy positivamente
que las medidas puestas en marcha por el ejecutivo comunitario hayan
contribuido a salir de la grave situación en que se encontró Europa hasta 2014,
cuyas consecuencias sociales se notaron profundamente, “con un elevadísimo
nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y
unas crecientes desigualdades sociales”, lográndose avances que han fomentado
“un crecimiento integrador” y que han igualmente contribuido a “una mejora sustancial de las condiciones
sociales y del mercado laboral”, alcanzándose progresos en materia de políticas
presupuestarias sanas y reformas estructurales que “han sido fundamentales para
reducir los niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos
de trabajo”.
El estudio para el
próximo año dedica especial atención a los riesgos y retos del inmediato
futuro, situando entre los primeros la desigualdad de ingresos persistente y la
lenta reducción de la pobreza, y entre los segundos la inadecuación de las
capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y la problemática
derivada de la gestión de las migraciones. No se olvida de aquellos retos que,
aun con implicaciones a corto plazo, dibujan su influencia e impacto en unos
años, entre los que cabe destacar la repercusión de las transformaciones
tecnológicas en trabajadores y sectores, así como el impacto del cambio
demográfico en las políticas económicas y sociales.
Al abordar cómo
afrontar esos riesgos y retos, amplios apartados del estudio tratan de
contenidos de indudable importancia para las políticas sociales, como son por
ejemplo las inversiones que se requieren en capacidades y en educación, que
deben ser “más consistentes e inteligentes”, subrayando la importancia de
mejorar ambas para un gran número de trabajadores, en cuanto que quienes poseen
un bajo nivel de estudios tienen en promedio UE una tasa de empleo casi treinta
puntos porcentuales más bajas que las de aquellos que lo tiene más elevado, y
que todavía hoy en la Europa desarrollada “más de 60 millones de adultos no
tienen las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el
ámbito digital”.
El documento
presta especial atención, como también lo hará el proyecto de informe conjunto
para el empleo, a la consecución de sistemas de protección social inclusivos, y
nuevamente pone el foco (cómo se consiga sería ya de más difícil acuerdo, en
atención a los diferentes marcos normativos nacionales laborales existentes) en
una regulación adecuada de las instituciones del mercado de trabajo “que
combinen la flexibilidad con la seguridad”, dejando abierta la puerta a una
modificación de las reglas del juego de la protección social que vaya de la
mano con una adecuada respuesta a las nuevas formas de trabajo “como el trabajo
en las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia” (algunas no tan
nuevas ni mucho menos, como he tenido oportunidad de explicar en numerosas
ocasiones en entradas anteriores), de tal manera que dicha protección alcance
también a quienes no pueden considerarse trabajadores típicos o estables
(figura, por cierto, que ha sufrido muchos ataques en los últimos tiempos) por
no tener un contrato de trabajo indefinido y/o no trabajar a tiempo completo.
La especial
“preocupación” del Estudio por conseguir unos mercados laborales más “dinámicos
e integradores” también se postula como medida adecuada para abordar los retos
derivados del proceso de envejecimiento de la población, que requerirán igualmente
de sistemas de protección social reformados y de búsqueda de nuevas fuentes de
ingresos.
Parecidas
propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta de
Recomendación sobre la política económica de la zona euro, en la que se
recomienda a los Estados miembros que adopten políticas, durante el período
2019-2020 con el fin de “Desplazar la presión fiscal existente sobre el factor
trabajo y reforzar los sistemas de enseñanza y la inversión en competencias,
así como la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que
respalden las transiciones profesionales. Abordar la segmentación del mercado
laboral y garantizar unos sistemas de protección social adecuados en toda la
zona del euro”.
El estudio es del
parecer que hay que establecer unas prioridades que sean correctas para lograr
un futuro próspero, siendo la primera la de realizar inversiones de gran
calidad, con especial atención a que se lleven a cabo en materia de
investigación e innovación, para potenciar las infraestructuras digitales.
Vinculada a esta propuesta, se encuentra la paralela de inversión en educación,
formación y desarrollo de las capacidades, que se considera “fundamental para
aumentar la productividad y el mantenimiento del empleo en un contexto de
rápida evolución y digitalización”. Así lo plantea el documento comunitario:
“Para mejorar la resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios,
la acción política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en
actividades de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información
sobre el mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las
decisiones en materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de
reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las
capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en
todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que
los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento
profesional (incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles
a adquirir las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto
también servirá para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor
uso de sus capacidades y cualificaciones”.
¿Cuáles son las
prioridades en materia laboral y social? No se diferencian mucho de la de años
anteriores como comprobarán los lectores y lectoras, ya que se sigue
insistiendo en la necesidad de abordar nuevas reformas para encontrar “el
equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de
trabajo”, de tal manera que todos los trabajadores tengan seguridad laboral y
protección social, con políticas activas de empleo y servicios públicos de
empleo más eficaces. Con especial referencia al empleo joven, me permito ahora
apuntar que el Plan de Empleo Joven aprobado recientemente en España permite
apuntar tendencias que van en la línea de una mejora en las capacidades y
cualificaciones de los jóvenes, con mayores posibilidades, pues, de una
inserción regular, estable y de calidad en el mundo laboral.
En el estudio de
2018 se defendía la mejora de los niveles salariales, considerando que el
crecimiento de los salarios reales resultante del aumento de productividad “es
crucial para reducir las desigualdades y garantizar un alto nivel de vida”,
siendo positivo ese incremento porque ello redundaría en un aumento de la
demanda interna que “impulsaría todavía más la actual expansión económica”.
También en el de 2019 se defiende que el incremento de los salarios, que
vincula al aumento de la productividad, “puede reducir las desigualdades y
favorecer una convergencia al alza de los niveles de vida”, al tiempo que se
llama a una recuperación del diálogo social (buen ejemplo de esta recuperación
la hemos tenido en los últimos meses en España con la creación de diversas
mesas para el diálogo social) para fortalecer el papel de los agentes sociales
en los procesos de negociación sobre estas y otras materia, ya que las
políticas adoptadas por algunos gobiernos en años anteriores no han ido
precisamente en esa línea y además han contribuido al debilitamiento de la
negociación colectiva y a la subsiguiente disminución de cobertura de
trabajadores protegidos.
En fin, nuevamente
se insiste, al igual que en años anteriores, en que unas políticas más eficaces
para integrar a los migrantes en los mercados de trabajo “contribuirían a una
mayor integración”, si bien desde luego no parece que muchos Estados estén por
la labor, vistas las restricciones cada vez más numerosas impuestas. Por lo que
respecta a España, soy del parecer que una mayor flexibilidad en la concesión
de autorizaciones de trabajo contribuiría a evitar mayores dosis de
irregularidad, inicial o sobrevenida, en el mismo. En todos los documentos
comunitarios, y no solo en los presentados para el inicio del semestre europeo,
en los que se aborda la problemática de la integración de la población
migrante, se insiste en la importancia de enfoques sistemáticos y en la
necesidad de invertir más “en la mejora de las capacidades y el reconocimiento
de las capacidades y las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de
trabajo y en el apoyo de los servicios públicos de empleo”, con especial
atención actualmente a las necesidades de la población refugiada.
En definitiva, las
líneas y prioridades marcadas en el documento ahora analizado son las que deben
guiar las actuaciones de todos los Estados miembros en los próximos meses,
llamando a todos ellos para que la vida parlamentaria y social tengan un rol de
primer orden en el proceso, por ser del parecer, ciertamente acertado, aunque
no se produzca realmente en muchas ocasiones, que la participación de los
interlocutores sociales y del parlamento, junto con la de la sociedad civil,
“es fundamental para mejorar la apropiación y legitimidad de las reformas y
lograr mejores resultados socioeconómicos”.
3. La Comunicación
hecha pública el miércoles 27 de febrero lleva por título “Semestre Europeo de2019: evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención ycorrección de desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenesexhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011”. Es el paso previo,
junto con la publicación del informe de cada Estado y las observaciones
posteriores que reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las
Recomendaciones concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes
de mayo.
En la presentacióndel documento, así como también de los restantes que forman parte del llamado “paquete
de invierno”, el vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y el
Diálogo Social, así como de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y
Unión de los Mercados de Capitales, declaró que “La economía europea se
encuentra en su séptimo año consecutivo de expansión, pero el crecimiento se
está ralentizando. Mantener el impulso en el futuro requerirá un alto nivel de
competitividad, así como una continua convergencia al alza. Para aprovechar
todo el potencial de crecimiento de nuestras economías, necesitamos reformas
estructurales. También necesitamos inversiones bien orientadas para estimular
el aumento de la productividad en toda Europa”. Por su parte, Marianne Thyssen,
comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, destacó
que “el cambio demográfico y las nuevas tecnologías están reconfigurando el
mercado laboral, al tiempo que en muchos Estados miembros aumenta la escasez de
cualificaciones. Tenemos que ponernos las pilas. Invertir en las capacidades de
las personas y, especialmente, elevar los niveles de cualificación de las poco
cualificadas deben constituir la máxima prioridad si queremos mantener nuestros
niveles de vida”.
¿Qué aspectos y
contenidos dedicados a las políticas sociales y de empleo cabe destacar a mi
parecer? El apartado 4.2 de la Comunicación está dedicado a las políticas del
mercado de trabajo, educativas y sociales. En primer lugar, se valora positivamente
el incremento del número de personas presentes en el mercado de trabajo, 240
millones según datos Eurostat del cuarto trimestre de 2018, cifra récord a la
que acompaña un porcentaje de población desempleada del 6,6 % que es la tasa
más baja desde que se dispone de datos a partir del año 2000, al igual que el
dato también muy positivo de que en 2017 más de cinco millones de personas en
la UE salieran de la situación de pobreza y exclusión social.
Los puntos fuertes
van inmediatamente acompañados de las preocupaciones, de los puntos débiles del
mercado de trabajo en los Estados UE, evidentemente con diferencias
sustanciales entre ellos y también dentro de los distintos Estados. Tales son
la tasa de desempleo superior al 10 % en algunos de ellos (España 14,55 % según
datos EPA del tercer trimestre de 2018);
una situación problemática para aquellos jóvenes que no estudian ni
trabajan; siguen existiendo diferencias de tasas de empleo y de desempleo
(brecha de género) entre hombres y mujeres, a las que acompaña la diferencia de
salarios (brecha salarial); desajustes en las calificaciones profesionales que
lleva a que existe penuria de mano de obra, especialmente la cualificada, en
algunos Estados; dificultades añadidas para personas migrantes y aquellas con
discapacidad para incorporarse (y también permanecer en bastantes ocasiones) en
el mercado laboral; en fin, como ya he apuntado, las importantes diferencias en
el seno del territorio de cada Estado, en atención al poderío económico y
social de las distinta regiones de cada uno.
Al igual que en
años anteriores, y a no dudar que estas reflexiones se irán intensificando en
años venideros, se llama la atención sobre cómo se están reconfigurando los
mercados de trabajo europeos a causa de los cambios demográficos (progresivo
envejecimiento de la población laboral europea) y de la evolución tecnológica,
enfatizando la importancia que suponen la digitalización y las plataformas
digitales en el futuro del trabajo, pidiendo a los Estados miembros, en una línea
semejante a las tesis contenidas en la todavía Propuesta de Directiva sobre
condiciones de trabajo transparentes y previsibles y también en las propuestas
sobre reforma de la protección social, que procedan a la modernización de sus
mercados de trabajo y sistemas de protección social, en especial “asegurando
una cobertura social adecuada a los trabajadores atípicos y a los trabajadores
independientes, a fin seguir el ritmo de esas evoluciones”.
La preocupación
por la mejora de las competencias de las personas trabajadoras, así como de las
que pretenden incorporarse al mundo laboral desde el ámbito educativo, es
objeto de atención por la Comisión, que no olvida la importancia de prestar
especial atención a la situación de partida de las personas poco cualificadas y
de la población migrante, llamando al reforzamiento y modernización de los
sistemas de educación y de formación, así como a los readaptación y
reconversión profesional, y todo ello desde la premisa previa que se asume en
el documento de que competencias adecuadas pueden incrementar la productividad
y el crecimiento potencial, “que son indispensables para permitir un aumento de
salarios y la mejora de las condiciones sociales y de vida”.
En este punto,
conviene que uno de los documentos presentados el 27 de febrero ha sido uninforme de evaluación de las estrategias de los Estados miembros en materia deformación y reciclaje profesional, más concretamente sobre la aplicación de la
Recomendación del Consejo de 19 de diciembre de 2016 relativa a los itinerariosde mejora de las capacidades para las nuevas oportunidades para adultos. Recordemos
que dicho texto recomendaba a los Estados miembros “basar la concepción de los
itinerarios de mejora de capacidades en tres etapas: evaluación de las capacidades,
oferta de un aprendizaje personalizado, flexible y de calidad, y validación y
reconocimiento de las capacidades adquiridas”, y en el apartado de medidas
concretas de comunicación, orientado y apoyo, pedía “contemplar la posibilidad
de concebir y aplicar medidas de apoyo que eliminen de manera equitativa los
obstáculos a la participación en los itinerarios de mejora de capacidades.
Dichas medidas podrían consistir, entre otras cosas, en un apoyo directo a los
alumnos o en un apoyo indirecto a los empleadores para que faciliten la mejora
de capacidades de sus empleados”. En el informe presentado el 27 de febrero se
resalta una vez más que “La aceleración de los cambios en el mercado laboral,
la demanda de mayores cualificaciones y la penetración de las tecnologías
digitales en todos los aspectos de la vida cotidiana hacen aún más urgente la
necesidad de mejorar las cualificaciones de las personas que no dominan las
competencias básicas y no han obtenido una cualificación que garantice su
empleabilidad", recordando que el
pilar europeo de los derechos sociales "reconoce su derecho al aprendizaje
permanente, como medio para adquirir las competencias necesarias para
participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones
laborales".
Le sigue
preocupando a la Comisión , y no hay desde luego que sorprenderse de ello, la
segmentación del mercado de trabajo, que afecta en especial a la población
joven, ya que los datos estadísticos disponibles ponen de manifiesto que más de
un 60 % de ella se encuentra en situación de temporalidad, así como también que
el incremento del número de personas ocupadas no haya ido acompañado del
incremento de horas trabajadas, ya que este último dato sólo ha alcanzado muy
recientemente el que existía al inicio
de la crisis en 2008, siendo tanto una razón como una consecuencia de ello la importancia
del trabajo a tiempo parcial y que más de un 50 % de la población acogida a
esta modalidad organizativa-contractual lo haga de forma involuntaria por no
poder acceder a un empleo a jornada completa.
La Comisión
subraya los esfuerzos llevados a cabo en varios Estados para potenciar la
contratación indefinida y evitar el uso incorrecto y abusivo de los contratos
temporales, con una expresa mención al Plan directo por un trabajo digno
aprobado por el gobierno español en julio de 2018, del que se destaca el
reforzamiento de las capacidades de la ITSS “para luchar contra los abusos de
los contratos temporales y el trabajo no declarado”.
Sigue también existiendo
preocupación por el número de trabajadores que, a pesar de estar en el mercado
de trabajo, no pueden salir de las situaciones de pobreza a causa de sus bajos
salarios o ingresos, situación que afectan especial a trabajadores
independientes, con contratos temporales y/o a tiempo parcial, y a población
trabajadora migrante extracomunitaria.
Se subraya
nuevamente la importancia del diálogo social y se contrastan los avances positivos
experimentado en algunos países con los retrocesos experimentados en otros.
Sobre la importancia del diálogo social me permito destacar por su interés el
artículo de la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Helena Ysàs, “La
representación de los intereses del trabajo (¿en transformación?)”, presentado
como comunicación al Congreso universitario OIT sobre el futuro del trabajo, celebrado
en Sevilla los días 7 y 8 de febrero y al que he dedicado especial atención en
una entrada anterior, y que tiene por objetivo, tal como subraya la autora en
su introducción, “trazar líneas de reflexión en torno a la realidad actual de
los intereses del trabajo y su representación, desde la perspectiva de su
encauzamiento jurídico. Con ello se hace referencia a la defensa y promoción de
los derechos e intereses de las personas que ocupan una posición subordinada en
los procesos productivos propios del sistema capitalista, es decir, no
únicamente los que están sujetos a una relación laboral ex artículo 1.1 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores”.
4. Pasemos ya del
marco general al examen de la realidad española, es decir del Informe 2018.
Pero antes, recordemos los contenidos más destacados del Proyecto de Informe conjunto
sobre el empleo, que mereció atención por mi parte en una entrada anterior.
“Se trata de un
extenso documento de 195 páginas, en las que se incluyen cinco anexos: indicadores
principales del cuadro de indicadores sociales, niveles; indicadores
principales del cuadro de indicadores, variaciones y diferencia con la UE; nota
metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el
cuadro de indicadores; resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y
número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el
indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2018; Resumen de las
«tendencias sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o
mejora en el período 2015-2016 identificados por la actualización de agosto de
2018 del indicador de rendimiento de la protección social (IRPS).
Las tesis
centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha
sintonía con el estudio sobre el crecimiento. En los aspectos positivos cabe
destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo
trimestre de 2018, “239 millones de personas estaban en situación de empleo en
la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en
el punto álgido de la crisis”, con una tasa de empleo del 73,2 % que permite
razonablemente pensar que se alcanzará el objetivo del 75 % fijado en la
Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en
las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años.
En el “debe”, es
decir en aquello que queda pendiente, el Informe destaca que “las considerables
disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que todavía hay margen
de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que aún están lejos de
alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020”.
El crecimiento del
empleo ha venido básicamente por las mujeres, los trabajadores de más edad y
las personas con un alto nivel de capacidades, mientras que la tasas de
participación de los trabajadores con niveles bajo de cualificación siguen
estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también
baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los
migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados
que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral. Respecto
a los jóvenes, el Informe manifiesta su preocupación por “las elevadas
proporciones de alumnos con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la
marcada correlación de los resultados educativos con el estatus socioeconómico
y los resultados en el mercado laboral”, apostando por mejorar y perfeccionar
los mecanismos ya existentes y que giran alrededor del sistema de garantía
juvenil.
Más luces en el
mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,9 %
en la UE y en el 8,3 % en la zona euro, con niveles cercanos o incluso
inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta
de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se
menciona expresamente a España.
Cantidad y calidad
de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara por un
trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son tan
fáciles y sencillas, ya que hay más empleo pero menos horas trabajadas con
respecto al inicio de la crisis, si bien es cierto que el número de horas de
trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años. Otro dato
que debe atraer la atención es el número de personas que trabajan
involuntariamente a tiempo parcial, que el informe sitúa en 1,3 millones
superior al de 2.008.
¿Qué decir sobre
los salarios, los niveles salariales? Que el crecimiento salarial “se mantiene
por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento económico y
del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los últimos años
puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las expectativas
de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en el mercado
laboral”, y que en términos reales, “los salarios medios todavía se encuentran
por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados miembros y
su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la
productividad”. Más importante aún me parece el dato aportado de que en la UE,
entre 2000 y 2017, “el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6
%, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %”.
¿Qué decir sobre
el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el
trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de
la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población
juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el
empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que
más de la mitad de este porcentaje es de trabajadores que lo hacen de forma
involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable.
Muy interesante es
el dato de que cerca de un 25 % de los trabajadores autónomos de la UE pueden
clasificarse como «vulnerables» u «ocultos», lo que nos lleva al debate de cómo
algunas empresas están tratando de evadir el cumplimiento de la normativa
laboral. Por otra parte, y refiriéndose a las plataformas digitales y al
trabajo que se presta en ellas, se constata que aun siendo muy reducido el
número de personas que obtienen más de la mitad de sus ingresos regulares
prestando servicios para ellas, un 2 % en 2017, la tendencia es clara de
incremento, por lo que se destaca la importancia de “orientar más las
estrategias hacia este cambio”.
En fin, subrayo
como dato positivo la importancia que confiere la CE al diálogo social para que
se lleven a cabo de forma ordenada, y en beneficio de la mayor parte de la
población, las medidas propuestas; importancia, que aparece tanto en el estudio
prospectivo como en el proyecto de informe sobre el empleo, y que queda bien recogido en esta frase del
segundo documento: “Un diálogo social eficaz es un elemento clave de la
economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la cohesión social y a
reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto de los trabajadores,
como de los empresarios y los Gobiernos. La participación de los interlocutores
sociales en la preparación de las reformas puede mejorar su diseño y
aplicación, aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos
y, en último término, propiciar unos mejores resultados socioeconómicos. Sin
embargo, el grado y el impacto de la participación de los interlocutores
sociales varía considerablemente entre los Estados miembros y es débil en
muchos casos. Aunque no existe un modelo universal para las prácticas de
diálogo social, en algunos Estados miembros hay un claro margen para aumentar
las facultades de los interlocutores sociales y proporcionarles un marco
adecuado para unas consultas previsibles y oportunas, como por ejemplo en todas
las etapas clave del Semestre europeo”.
5. ¿Cuáles son los
contenidos del Informe 2019 sobre España que considero más importante destacar?
La mayor parte de los mismos se encuentran en la síntesis del amplio documento
y desarrollan las pistas generales ya apuntadas en la Comunicación de la
CE: los puntos fuertes del crecimiento
económico y sólido y la rápida creación de empleo se acompañan de puntos débiles, o de “desafíos” si utilizamos el término
recogido en el Informe, importantes, entre ellos la importancia de la segmentación
del mercado de trabajo y las importantes desigualdades de rentas, así como las
carencias en materia de cualificaciones o las disfunciones en la regulación de
los mercados de productos y servicios, factores todos ellos “que determinan la
brecha de productividad de España con respecto a la media de la UE”. Me parece
importante que se destace la relevancia de la promoción de la calidad del
empleo y de la inclusión social, con incremento de recursos para políticas que
vayan en esa dirección y que además tengan en cuenta (y creo que las decisiones
sobre la distribución de recursos económicos para políticas de empleo, aprobada
en la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, van esta línea) “las
necesidades específicas de cada Comunidad Autónoma”.
Entre los deberes pendientes
para mejorar la realidad social y laboral española, el Informe subraya seguir
avanzando en la modernización de los servicios
públicos de empleo y una mejor relación de cooperación con los servicios
sociales, así como una mejor articulación entre las políticas asistenciales de
protección social y los sistemas de rentas mínimas de inserción existentes en
las Comunidades Autónomas. La preocupación por la diferencia (a la baja) de la
tasa de empleo femenina respecto a la masculina también es apuntada con una
situación necesaria de mejora, así como la de quienes abandonan prematuramente
los estudios y no acceden al mundo laboral, y todo ello llevando, junto a los
bajos salarios, al incremento de las desigualdades de renta, con situación
especialmente difícil para trabajadores temporales, los poco cualificados y los
extracomunitarios, resaltándose que el elevado número de contratos temporales
(tasa del 26,9 % según datos EPA del tercer trimestre de 2018) puede tener (muy
prudente se manifiesta el Informe, ya que creo que lo está teniendo desde hace
mucho tiempo) “un efecto negativo en el crecimiento potencial, la productividad
y la cohesión social”.
Muy “devoto” de las
tesis del Banco de España sobre la preocupación por el impacto (negativo a su
entender) del incremento del salario mínimo a 900 euros, reproduce sus tesis,
si bien también apunta el dato positivo (no está mal que al menos se haga esta
referencia) a que tal incremento “podría ayudar a reducir la pobreza en
situación de empleo” (hay estudios que van en la misma línea, pero parece que
los del Banco de España son los únicos que algunos consideran dignos de
mención).
Igualmente, los
servicios técnicos de la Comisión siguen valorando positivamente la reforma
laboral de 2012 y sus efectos sobre la creación de empleo (olvidando su impacto
negativo en la calidad de este y el deterioro de las relaciones laborales que
provocó, con un incremento relevante del poder de dirección del empleador y el
debilitamiento del diálogo social), al sostener que la creación de empleo
experimentada desde el inicio de la recuperación económica ha sido respaldada “por
los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación
salarial”, aunque se ha destacado desde planteamiento opuesto que tal “moderación”
no ha sido sino una “devaluación” salarial. Al respecto, en el informe del gabineteeconómico confederal de CCOO, presentado el 28 de febrero, se subraya que “Entre
2012 y 2018 se han firmado 11 millones de contratos indefinidos, de los que 3,4
millones ni siquiera llegaron a alcanzar el año de duración y solo 7,6 millones
superaron al menos un año de duración. En el cuarto trimestre de 2018 tan solo
se mantenía el 63% de los contratos indefinidos firmados en 2017. La reforma
laboral del Partido Popular ha conseguido que la contratación indefinida se
asocie cada vez más a la rotación laboral y la precariedad y menos con una
relación laboral estable”. Como puede observarse, una diferencia de criterios
sustancialmente muy amplia con respecto a la tesis del informe comunitario, y
en esta misma línea se ha manifestado el profesor Antonio Baylos en artículosrecientemente publicados en su blog.
Un apartado del
informe está dedicado a los avances experimentados en cada Estado en la
aplicación de las recomendaciones especificas aprobadas por el Consejo en 2018.
Recordemos que para España la recomendación núm. 2 era “Velar por que los
servicios sociales y de empleo tengan capacidad para prestar un apoyo eficaz a
los demandantes de empleo, también mediante una mejor cooperación con los
empresarios. Fomentar las transiciones hacia contratos indefinidos. Mejorar el
apoyo a las familias y aumentar la eficacia de los sistemas de renta mínima
garantizada abordando las lagunas de su cobertura, simplificando el sistema de
regímenes nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso
a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades
autonómicas en los resultados de la educación, en particular mediante un mayor
apoyo a estudiantes y profesores (pertinente para el PDM)”. Pues bien, tomando
en consideración los puntos fuertes y débiles anteriormente expuestos, se
destaca que ha habido “algunos avances en el refuerzo de la coordinación entre
los servicios de empleo, los servicios sociales y los empresarios”, y también “en
el fomento de la transición hacia contratos indefinidos”. Se califican más
concretamente de limitados los avances “en la corrección de la fragmentación en
los sistemas de renta mínima garantizada y la mejora del apoyo a las familias”,
y “en la lucha contra el abandono escolar prematuro y la corrección de las
disparidades autonómicas en los resultados de la educación”. Se enfatiza la
importancia de invertir en servicios públicos de empleo modernos, ya que ello “constituye
un factor impulsor para lograr empleos de calidad y unas transiciones fluidas
del mercado de trabajo”.
En el informe también
se explican cuales son los objetivos de la Estrategia europea 2020 y como han
evolucionado en cada Estado, es decir qué avances, mantenimiento o retrocesos
se han producido. Respecto al objetivo comunitario de alcanzar una tasa de empleo
del 75 %, la diferencia es aún apreciable en España ya que se sitúa (población
de 20 a 64 años) en el 65,5 %, es decir 6,7 puntos por debajo de la media UE y
7,2 del objetivo marcado. En relación con otro objetivo de indudable interés sociolaboral,
cual es el de reducir el numero de personas en riesgo de pobreza o exclusión
social en 1.400.000 con relación a las cifras de 2.008, estamos muy lejos de alcanzarlo,
ya que, aun cuando se ha realizado importantes avances desde 2014, en 2017 “aún
se superaba la cifra de 2.008 en 1.450.000 personas”.
Todas las
referencias anteriores son analizadas con muchos más detalles en el apartado
4.3 del Informe, que tiene el mismo titulo que el de la Comunicación de la
Comisión, es decir “Políticas de mercado de trabajo, educativas y sociales”.
Baste añadir a todo lo anteriormente expuesto que se consideran importantes
dificultades estructurales el alto nivel de desempleo y la segmentación
existente en el mercado de trabajo; que son sujetos cuya inserción, y posterior mantenimiento, en el mercado de
trabajo es especialmente difícil, buena parte de los jóvenes de 15 a 24 años,
las personas con baja cualificación y las de nacionalidades extracomunitaria, resaltándose
con respecto a estas últimos que si bien la brecha de empleo de los migrantes es
muy inferior en España con respecto a la media de la UE, el impacto de la
crisis económica ha provocado que su tasa de empleo descendiera “de manera aún
más abrupta que la de la población en general, del 70,5 % en 2008 al 61,6 % en
2017); que las diferencias laborales y salariales por razón de género siguen
siendo considerables y dificultan la mayor participación femenina en el mercado
de trabajo (brecha salarial del 14,2 %); en fin, la mayor tasa de participación
de los mayores de 55 años de edad en el mercado de trabajo no ha ido acompañada
al parecer de los servicios técnicos de la Comisión con medidas (desde 2012)
tendentes a mejorar sus condiciones de trabajo, tanto desde la perspectiva de protección
de la salud laboral como de desincentivación de la salida del mercado laboral (y
tampoco parece que en los procedimientos de despidos colectivos se muestre, con
carácter general, especial atención a este colectivo… si no es para fijar una
edad a partir de la cual se incentivan las “salidas voluntarias” de la empresa.
La especial preocupación
por la segmentación del mercado de trabajo se pone claramente de manifiesto al
destacar la breve duración de los contratos temporales, con un 32,6 % de
trabajadores con contratos de meno de 6 meses, y un 17,3 % de menos de un mes,
con las consecuencias que ello tiene tanto para las políticas de formación como
para poder acceder a prestaciones por desempleo, destacando el informe, con
datos de Eurostat sobre las transiciones laborales por tipos de contratos, que
estas son muy bajas en España, “puesto que únicamente el 14,6 % de los
trabajadores temporales del país pasó a tener un contrato permanente en 2017,
frente al 24 % de la UE (2017)”.
Igualmente, la
preocupación por la situación de los “trabajadores pobres” se resalta en el
Informe, ya que “en 2017,la pobreza en situación de empleo se mantuvo
invariable en el 13,1 %, uno de los índices “altos de la UE. De hecho, aumentó
en 1,4 puntos porcentuales para los trabajadores por cuenta ajena, de los
cuales un gran porcentaje tiene un contrato temporal (véanse la sección 4.3.1 y
el gráfico 4.3.6.). Este incremento se compensó por el fuerte descenso entre
los autónomos. El índice de pobreza en situación de empleo era especialmente
elevado, y mostraba una tendencia al alza, en el caso de los trabajadores
temporales (23,1 %), los residentes nacidos fuera de la UE (34,2 %), las
familias monoparentales (27,8 %) y los trabajadores con baja cualificación
(21,4 %) (EU-SILC, Eurostat). Las medidas de lucha contra la segmentación del
mercado de trabajo y de aumento del salario mínimo pueden ayudar a reducir la
pobreza en situación de empleo, pero sus efectos sobre el empleo y la renta
están por ver”.
6. Concluyo.
Muchas de las medidas propuestas por la Comisión y el informe de los servicios
técnicos serán muy probablemente incorporadas en las Recomendaciones que el
Consejo apruebe en mayo de 2019, es decir, después de las elecciones generales
en España del 28 de abril. Qué gobierno las aplicará, y de qué forma, lógicamente
es hoy una incógnita, pero sea cual sea no podrá dejar de hacer frente a los
retos y desafíos de una sociedad que está creciendo laboralmente y en la que
también se están incrementando las desigualdades entre amplios segmentos de la
población, con riesgos evidentes para la ruptura de la cohesión social, ya muy
debilitada a partir de la crisis y las medidas políticas adoptadas. Cualquier nuevo
gobierno deberá tenerlo muy presente.
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