Debate y polémica sobre la falta de acción, en proceso de conflicto colectivo, por no existir “controversia real y actual”. Ultraactividad de convenios colectivos. El TS, en sentencia de 15 de septiembre de 2015, confirma la tesis de la sentencia del TSJ del País Vasco de 3 de diciembre de 2013. Estudio de ambas sentencias.

1. Es objeto de atención en la presente entrada del blog una sentencia dictada por la Salade lo Social del Tribunal Supremo el 15 de septiembre de este año y de la que fue ponente la magistrada Lourdes Arastey, que ha pasado, al menos hasta donde mi conocimiento alcanza, bastante desapercibida en las redes sociales y que tampoco ha merecido especial atención en ámbitos jurídicos especializados en materia laboral, pero que sin embargo tiene relevante importancia a mi entender por confirmar, en los mismos términos que la propuesta formulada en el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, una sentencia dictada por la Sala de lo Socialdel Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 3 de diciembre de 2013, que abrió un debate sobre la actuación empresarial, más exactamente de una organización empresarial, con ocasión de la finalización de la vigencia de un convenio colectivo tras el transcurso de un año de ultraactividad previsto en el art. 86.3 reformado de la Ley del Estatuto de los trabajadores por la Ley 3/2012 de 10 de julio, y si dicha actuación implicaba una modificación de condiciones de trabajo que no respetaba el art. 41 de la LET.

Dicha sentencia, recuerdo ahora, ha sido minoritaria en la doctrina de la Sala del TSJ vasco, ya que en otras sentencias se ha resuelto en sentido contrario y se ha estimado que existía “una controversia real y actual”. Desconozco cuando redacto este texto si han llegado al TS, y si este se ha pronunciado ya en su caso, sobre otras sentencias dictadas por el TSJ en sentido contrario a la ahora enjuiciada, por lo que habrá que seguir con atención el posible impacto de esta sentencia del TS sobre el debate jurídico de la ultraactividad.

Un debate, que sigue siendo objeto de interés para la doctrina iuslaboralista como lo prueba el muy reciente artículo del profesor Jesús R. Mercader, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, en el artículo que lleva por título “Zonas sísmicas en materia de negociacióncolectiva e interpretación judicial: ultraactividad, descuelgues y convenio deempresa” (RTSS, CEF, núm. 393, diciembre 2015, págs.. 01-028), en el que efectúa un análisis crítico de las primeras sentencias del alto tribunal sobre la materia.

Desde la perspectiva del diálogo social, cabe también referirse al recientemente suscrito, en concreto el pasado 27 de noviembre, Acuerdo interconfederal deCataluña 2015-2017, que dedica el Título IV a la ultraactividad, y en el que las partes firmantes recomiendan la inclusión en todos los convenios colectivos que se suscriban en el ámbito territorial catalán de una cláusula del siguiente tenor:

“Las partes firmantes del presente convenio colectivo acordamos, que  antes de la  finalización del plazo de vigencia, la mesa negociadora se  compromete a proseguir el proceso de negociación, cuya duración se  acordará mutuamente por las partes. Durante este período seguirá siendo  de aplicación el convenio vencido.

Finalizado el periodo  de negociación, cada una de las partes podrá decidir  que la negociación está agotada. En este caso, ambas partes, de común  acuerdo o cualquiera de ellas podrá decidir instar alguno de los siguientes  procedimientos:

• Mediación expresa de la Comisión de Seguimiento y aplicación del  acuerdo interprofesional de Cataluña que se iniciará en un plazo de 7 días  hábiles.

La Comisión de Seguimiento y Aplicación del Acuerdo Interprofesional de  Cataluña, emitirá un informe no vinculante a las partes legitimadas en e proceso de negociación que puede consistir, entre otros, en:

-La orientación concreta de medidas tendentes a la solución de divergencias en el proceso de negociación colectiva,

-La determinación de una prórroga en el proceso de negociación, siempre preservando mientras tanto la vigencia del convenio colectivo anterior,

-O en su caso, la recomendación sobre la realización de un estudio que analice la posibilidad de incorporar este ámbito de negociación colectiva a otro convenio colectivo preexistente.

-Derivar el caso al procedimiento de conciliación o mediación con arbitraje delegado de la propia comisión de mediación ante el Tribunal Laboral de Cataluña, exigiéndose en este último caso el acuerdo de ambas partes.

• Directamente el procedimiento de conciliación y / o de mediación con arbitraje delegado de la propia comisión de mediación, exigiéndose en este último caso mutuo acuerdo, según lo establecido en los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos del Tribunal Laboral de Cataluña, a que se refiere el Título II.

En la mediación con el arbitraje delegado de la propia comisión de mediación las personas que forman la citada comisión actuarán como árbitros por designación conjunta de las partes y el laudo se dictará por unanimidad de todos los miembros.

Hasta la finalización de este procedimiento se mantendrá la vigencia del Convenio Colectivo”.

2. Como digo, la sentencia del TS de 15 de septiembre confirma la dictada por el TSJ del País Vasco de 3 de diciembre de 2013. El resumen oficial de la sentencia del alto tribunal es el siguiente: “Conflicto colectivo. Falta de legitimación pasiva. Inadecuación de procedimiento. Falta de acción por no existir controversia real y actual”.

Tuve oportunidad de estudiar y analizar con detalle, desde un ángulo crítico que sería después confirmado por sentencias del mismo TSJ pero que ahora no ha sido el adoptado por el TS, la sentencia de 3 de diciembre de 2013 en una entrada cuyo título era muy parecido al contenido del resumen de la sentencia del TS pero con la importante diferencia de que mi título se formulaba interrogantes sobre aquello que el TSJ manifestó que existía y ahora el TS ha confirmado: “Ultraactividad.Sobre el valor de las actas de las comisiones negociadoras y su toma enconsideración por los tribunales. ¿Falta de acción, falta de legitimaciónpasiva, inadecuación de procedimiento?”. Recupero de mi estudio de aquella sentencia sus contenidos más relevantes al objeto de enmarcar más adecuadamente la resolución del alto tribunal.

“ La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Florentino Eguaras, desestima las demandas promovidas en procedimiento de conflicto colectivo por las organizaciones sindicales CC OO, ELA, LAB y UGT, contra ADEGI (Asociación de empresario de Gipuzkoa) y la Federación de Empresarios del Metal de Gipuzkoa. La sentencia absuelve a las demandadas de la pretensión deducida en su contra, estima “las excepciones de falta de legitimación pasiva e inadecuación de procedimiento de las demandas acumuladas”, y no entra a conocer del fondo del asunto.

A dicha sentencia se acompaña un exhaustivo voto particular que redactó la magistrada Garbiñe Biurrún (ponente inicial de la sentencia) y en el que se pronunció por desestimar la excepciones alegadas por las demandadas, y también de la inadecuación de procedimiento, por lo que la Sala hubiera debido entrar a resolver sobre el fondo del asunto, si bien al no haberse entrado en la sentencia el voto particular no se pronuncia sobre el mismo.

… El núcleo duro de la sentencia se centra en las cuestiones que han sido mencionadas en el título de esta entrada, si bien la Sala no las resuelve en el orden que las he planteado, ya que se pronuncia sólo sobre las cuestiones formales, mientras que sí es en el voto particular donde se destaca y enfatiza la importancia de todo aquello que ocurre, y se documenta debidamente en las actas, en las reuniones de las comisiones negociadoras. …

A) ¿Dónde radica el conflicto? En una comunicación dirigida por ADEGI a sus empresas afiliadas el 19 de junio, informándolas de la finalización de la ultraactividad del convenio provincial del metal de Gipuzkoa y ofreciéndoles diversas recomendaciones que se recogen en el hecho probado cuarto de la sentencia, de las que me quedo ahora, por su interés para el litigio desde mi valoración personal, con dos de ellas: la número 7 en la que se decía que la empresa debía formularse la pregunta “¿qué quiero hacer ante la ausencia del Convenio Provincial tras el 7 de junio?,”, y la número 14 en la que se les indicaba que, fuera cual fuera la decisión que adoptaran sobre el nuevo marco de relaciones laborales aplicable en la empresa, debían comunicar individualmente a los representantes de los trabajadores y a todos ellos “antes del 7-7-2013”, si bien también se recomendaba dirigir la comunicación durante el mes de julio si se efectuaba con posterioridad a aquella fecha.

Ante tal actuación empresarial, los sindicatos impugnaron en sede judicial y solicitaron que el TSJ declarara que se trataba de una decisión que vulneraba el derecho fundamental de libertad sindical y que se condenara a las demandadas a “a reconocer la plena vigencia del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica del Gipuzkoa para 201-2011, y con condena a la patronal Adegi a "circularizar a sus empresas asociadas una nota en la que las recuerde que el Convenio Colectivo de Industrias Siderometalúrgica de Gipuzkoa para 2010-11 sigue plenamente vigente y que deben proceder a cumplir el citado Convenio Colectivo", con respeto en última instancia a todos los trabajadores afectados por el convenio las condiciones laborales en él establecidas” (antecedente de hecho primero). Los demandantes alegaron también que la decisión empresarial había supuesto una modificación sustancial de condiciones de trabajo que se había llevado a cabo sin respetar el procedimiento del art. 41 de la LET, e igualmente que se ha había producido en todo caso “una contractualización de las condiciones convencionales colectivas que se incorporan al contrato de trabajo”.

Por la parte empresarial se defendió, con aceptación en la sentencia, la falta de acción de los demandantes y la falta de legitimación pasiva de las llamadas a juicio como demandadas, así como también se opuso por razones de fondo (no analizadas en la sentencia) por entender que el convenio había decaído en su vigencia.

C) En el fundamento de derecho cuarto se recoge la interpretación defendida por ADEGI sobre su circular, tesis también defendida por la federación empresarial del sector, argumentando que se trataba “de una simple declaración sin la existencia de un acto empresarial específico que se pudiese atribuir a cualquiera de las codemandadas”. Para las demandadas “la comunicación remitida a los asociados no constituía ningún acto que afectase sino a la relación entre cada una de las asociaciones y sus correspondientes integrantes, quedando al margen de la posible vinculación con los demandantes o cualquier trabajador, siendo simples consejos o interpretaciones jurídicas que se remitían a quienes se encontraban asociados o integrados, de forma que carecían de acción los demandantes frente a las entidades, y estas se encontraban sin legitimación pasiva en el pleito, pues ninguna medida directa habían articulado ni con los sindicatos ni con trabajadores, y en cualquier caso ninguna modificación sustancial habían efectuado”.

Para justificar su tesis del carácter meramente declarativo de la circular, la Sala quiere destacar en primer lugar que en dos sentencias anteriores que ha debido pronunciarse sobre la ultraactividad del convenio colectivo  no ha tratado de la cuestión que ahora se aborda, ya que había una decisión empresarial en un caso y de la organización empresarial de otra…, y que aquí estaríamos en presencia de “un programa, consejo, directriz o documento base para ser aplicado por las empresas incorporadas por Adegi, y las expresiones que se manifiestan, las alternativas que se señalan, o las pautas de conducta que se proponen son alternativas, son meros consejos y advertencias, sin que impliquen una relación publicitada respecto a terceros, pues cada empresa queda con libertad y deberá adoptar los criterios que estime convenientes, advirtiéndosele de diversas consecuencias o efectos que de ello pueden derivar”. Sobre esta idea central va a girar todo el fundamento jurídico cuarto para concluir que  la actuación empresarial “ni incide en actos propios del convenio colectivo ni en ámbitos de eficacia del mismo”, y que aquello que se ha pedido por los demandantes es “una consulta” que no corresponde resolver a los tribunales ante la falta de un litigio concreto, una acción declarativa que no tendría detrás de ella un contenido realmente litigioso.

La Sala pretende reforzar su tesis con dos argumentos adicionales: el primero creo que es meramente formal y no debería afectar a la resolución del litigio, cual es que la comunicación empresarial no afecta a la negociación colectiva “pues no ha existido una comunicación.. a las centrales sindicales”; el segundo, de mucho más calado aunque para la Sala siga siendo una mera formalidad, es que la circular no afecta a la negociación pues “no se proyecta un diseño de nuevas relaciones normativas a través de la indicada comunicación”. No sé cuál es el concepto de la Sala sobre “nuevas relaciones normativas”, pero sí sé que la circular está abriendo las puertas a todas las empresas para que actúen de la forma y manera que consideren más adecuada a sus intereses, y si ello es así ¿no es cierto que las recomendaciones empresariales pueden tener un indudable e innegable impacto sobre las relaciones laborales, normativas y contractuales, en las empresas del sector?

Dado que esta tesis no es la de la Sala (sí la del voto particular), se aceptan las excepciones de falta de acción y de falta de legitimación pasiva. Y aunque más adelante se cuestione, y aprecie, la inadecuación de procedimiento, el argumento sigue siendo sustancialmente el mismo, cual es que los demandantes piden de la Sala una manifestación que no le corresponde efectuar a esta, ya que de hacerlo así suplantaría a las organizaciones que negocian y a las propias empresas,  “constituyendo a la Sala en parte de un proceso propio de negociación o de actuación, fijando conductas de futuro, que ni se han adoptado ni se han programados. En tal sentido también apreciamos que concurre una inadecuación del proceso, pues artificialmente se configuran los presupuestos por las demandantes para diseñar una situación generada que no se ajusta a la que realmente acontece, ofreciendo una apariencia del conflicto generado mediante actuaciones que ni nos constan ni conocemos, y que en modo alguno provienen de los actos de las codemandadas, al menos en los elementos que se han incorporado en este proceso y que fundan la pretensión de demanda”.

Para concluir, y reiterando una vez la tesis expuesta en el fundamento jurídico cuarto y a la que la Sala ha tratado de ir añadiendo argumentación adicional para dotarla de mayor consistencia jurídica la Sala desestima la demanda por razones formales y no entra en el fondo del litigio, aduciendo que esta negociación colectiva de sector la Sala no puede determinar con la pretensión articulada si mantiene su ultractividad o la ha perdido con el nuevo marco legal, pues con tal proceder realizaría un diseño propio de quienes son sujetos de las relaciones laborales, fijando pautas que corresponden a quienes ostentan la titularidad o son actores tanto de la negociación colectiva como de los contratos de trabajo, y ello supone suplantar las fases de la dinámica metajurídica, labor que no nos corresponde”.

.. El voto particular sitúa la cuestión nuevamente en un ámbito que ya ha merecido mi comentario en otras entradas y que es la construcción, o “reconstrucción” de los hechos probados del caso, ya que se aceptan los hechos acreditados en la sentencia pero se consideran “insuficiente para resolver la cuestión debatida en el pleito”, por lo que va a centrar su atención en ellos, dado que los considera “más completos” que los de la sentencia y también manifiesta que los considera “imprescindible para el supuesto de que esta Sentencia fuera recurrida y, en su caso, el Tribunal Supremo apreciara que no concurren las excepciones que la Sentencia ha apreciado y decidiera entrar al fondo del asunto”. 

 

A) Donde va a poner el acento el voto particular es en todo el proceso negociador llevado a cabo durante 19 reuniones y el contenido de las manifestaciones de las partes durante el proceso negociador, con especial atención a la última celebrada, algunos de cuyos contenidos más destacados, y que servirán para fundamentar la tesis del voto contraria a la de la sentencia, quedan fielmente recogidos en este párrafo: “La citada reunión ha sido la última celebrada a ese respecto, con el resultado que consta en el Acta obrante en las actuaciones, a la que nos remitimos en su integridad, debiendo destacarse los siguientes extremos: la representación empresarial manifestó no entender cómo los Sindicatos pueden dejar caer el Convenio, así como estar dispuesta a firmar el Convenio antes del 7 de julio, entendiendo que ese día "desaparece todo (Geroa incluido)" y, en otro momento, señaló que, "llegada tal fecha entenderán que el Convenio desaparece, y que la unidad de negociación también desaparece, en pura técnica legal, y que si esa parte es convocada a esta misma unidad de negociación no acudirá a ninguna reunión de este tipo. No obstante, las partes tienen capacidad para convocar nuevas unidades de negociación y valorarán si constituyen mesa de negociación o no".

En ese “complemento” o adición de hechos probados de la sentencia que con particular atención y cuidado realiza el voto particular debe también destacarse que a la circular de ADEGI se acompañó “un modelo de comunicación y un modelo básico de empresa”: Más importante aún, y ya se ha conocido un caso por el propio TSJ en sentencia de  19 de noviembre, es que como consecuencia de la circular remitida por ADEGI “muchas empresas del sector afectado por el conflicto presente notificaron a las personas trabajadoras y a sus representantes la finalización o pérdida de vigencia del Convenio, si bien en la mayor parte de los casos, manteniendo una prórroga de varios meses - hasta 31 de diciembre de 2013 -, pudiendo haberse producido otro tipo de decisiones que no han sido objeto de prueba”.

… el voto aborda … cómo ha actuado la patronal durante la negociación del convenio, manifestando la convicción de haber quedado debidamente acreditado que las patronales demandadas “expresaron su disposición a firmar el nuevo Convenio, entendiendo que, llegada la fecha del 7 de julio siguiente, el Convenio anterior desaparecería y también la unidad de negociación”, y que por su parte ADEGI remitió la citada Circular a todas a sus empresas afiliadas con indicaciones bien precisas de cómo podían actuar ante el nuevo marco normativo.

El voto apunta aquí una cuestión importante y que supone un planteamiento jurídico distinto (radicalmente distinto, me parece) con respecto a la sentencia, ya que los impugnantes no sólo plantearían la demanda frente a la circular tantas veces citada, sino contra todas las actuaciones de la parte empresarial durante el proceso negociador y que culminarían con aquella, con creencia clara por parte sindical de que la patronal se desvinculaba del convenio provincial por entender que había decaído en su vigencia, al mismo tiempo que impartía consejos a sus afiliadas de cómo debían actuar en el inmediato futuro para evitar problemas jurídicos. Si los demandantes accionan en estos términos, es claro que existe un interés evidente en la resolución de un litigio concreto y que por ello “tienen acción para plantear estos pedimentos”, tesis con la que el voto manifiesta un parecer claramente contrario al de la sentencia y que refuerza una vez más en apartados posteriores… con la afirmación de que la sentencia no ha tomado en  consideración las manifestaciones de las partes demandadas, recogidas en el acta de 2 de julio, de que a partir del 7 de julio  “el convenio anterior desaparecería y también la unidad de negociación”, y por tanto la resolución hubiera debido ir en la línea del reconocimiento de la acción para impugnar, ya que justamente la impugnación “no se refiera en modo alguno de manera exclusiva a la comunicación o circular de ADEGI a sus afiliados, sino también de manera expresa a esa manifestación de las dos patronales sobre la desaparición del Convenio anterior”.

D) …. el voto particular vuelve a reiterar que en modo alguno se debate el valor jurídico de una circular empresarial, sino que aquello que se cuestiona por los demandantes, y para lo que tenían reconocida jurídicamente acción para impugnar, es una decisión empresarial que se enmarca plenamente en un proceso negociador iniciado muchos meses antes, decisión que se confirma además, por si hubiera alguna duda, en la circular tantas veces referenciada cuando se afirma en la misma que el día 7 de julio “finalizaba la ultraactividad del convenio provincial aplicable del sector”, algo que deja bien claro para el voto particular, y es muy coherente y razonado su argumento, que esta manifestación “transita por la senda ya anunciada, de pérdida de efectividad del Convenio para 2010-2011 como marco regulador de las relaciones laborales”.

No es un debate sobre una circular, sino que lo es sobre una decisión empresarial de dar por finalizada la negociación de un convenio vigente y que queda debidamente documentada en las actas de la comisión negociadora, frente a la que las demandantes han alzado su crítica jurídica y solicitado su declaración de ser vulneradora de derechos laborales, disponiendo de un título jurídico debidamente acreditado para poder impugnarla, es decir disponiendo de acción para ello, tesis rechazada, recuerdo ahora, por la sentencia. No hay una acción declarativa carente de un interés real y efectivo sobre el que pueda pronunciarse la Sala, sino que la acción interpuesta  “responde a una decisión unilateral y expresa de las patronales demandadas, en los términos que ya se han reiterado, sin que se trate de mera cuestión futura o hipotética, pues ya se había decidido dar por finalizada la vigencia del Convenio, a lo que se oponen los Sindicatos demandantes que pretenden, precisamente, se declare su vigencia y la aplicabilidad de sus condiciones laborales, con independencia del éxito que debiera tener esta pretensión”.

En definitiva… el voto particular concluye que  “debió desestimarse la excepción de falta de acción y entrarse a razonar y decidir sobre el resto de cuestiones planteadas”. Y en la misma línea se concreta el rechazo a la tesis de la sentencia sobre la aceptación de la inadecuación de  procedimiento, ya que no se trata, como dice esta de “suplantar” por parte de los tribunales la actuación de los agentes sociales, sino simplemente de analizar si existe un interés legítimo de los demandantes, al amparo de los arts. 153 y 154 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, para accionar ante los tribunales en procedimiento de conflicto colectivo, y de todo lo anteriormente expuesto queda bien probado que efectivamente así es porque  “hay un conflicto concreto y actual, relativo a la pervivencia o no del Convenio objeto del litigio, siendo así que las patronales demandadas han decidido que no, en tanto que los Sindicatos demandantes pretenden se declare que sigue vigente y/o es de aplicación - simplificando o reduciendo las pretensiones al límite –“.

En suma, para el voto particular , no hay ninguna suplantación, no hay una situación sin conflicto jurídico, sino justamente todo lo contrario ya que estamos en presencia de una conflicto “auténticamente real” en el que se ventila, y me parece muy acertado que el voto vuelva a recordarlo, si desaparece o no un convenio colectivo provincial de un sector tan importante para la Comunidad Autónoma Vasca en general y Gipuzkoa en particular como es el del metal, es decir  “la determinación del marco de estas relaciones y las concretas condiciones laborales aplicables en las empresas del sector a todas las personas afectadas”. Se trata, pues, de un conflicto real y de un litigio con una innegable trascendencia que la Sala no ha entrado a resolver por considerar erróneamente la falta de acción de los demandantes y la inadecuación del procedimiento utilizado, tesis rechazada de forma contundente por el voto particular al afirmar que “esta Sala ha dejado de cumplir su función constitucional y legal - artículos 117.3 CE y 1.g) LRJS -, en un supuesto en el que concurrían todos los elementos legalmente previstos para configurar correctamente un litigio con pretensión real y actual sobre controversia también cierta y no meramente hipotética o virtual”, contribuyendo con su decisión a generar, aunque fuere de manera involuntaria, “indudable inseguridad jurídica, tanto en el seno de las empresas del sector como en el de las personas trabajadoras”. Si hay acción y hay procedimiento adecuado de impugnación de la decisión empresarial, también debería haberse aceptado, al contrario de lo que dice la sentencia, la legitimación pasiva de las demandadas, pues ambas son responsables de la negociación llevada a cabo durante muchos meses y de la manifestación de que el convenio desaparecería el 7 de julio, como he tratado de explicar al efectuar la síntesis del voto.    

3. Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de casación por parte de lasorganizaciones sindicales UGT, ELA y LAB, con adhesión de CC OO, alegando infracción de tres apartados del art. 207 de la LRJS: c) (“Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte”), d) (“Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios”) y e) (“Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate”).  En primer lugar se alega vulneración de varios preceptos constitucionales (24.1, 37.1 y 117.3), y en segundo lugar de varios preceptos de la LRJS, en concreto los arts. 2 g), 17.1 y 2, 80.1 d), 153 y 154.

A) la Sala atiende primeramente la petición de revisión de hechos probados, que se formula para que quede recogida en los mismos el contenido literal del acta de la reunión celebrada entre las organizaciones sindicales y la federación empresarial el día 2 de julio de 2013. Se acepta la petición aun cuando se trate de un elemento “que aparece reflejado en un documento no puesto en cuestión por las partes”, por estimar la Sala que se trata del “núcleo sobre el que pivotan los argumentos de las partes demandantes”, y al objeto de “facilitar la comprensión del debate litigioso e incrementar la claridad de la sentencia”.

El texto incorporado a los hechos probados es el siguiente: “llegada tal fecha se entenderá que el convenio desaparece y que la unidad de negociación también desaparece, en pura técnica legal y que si esta parte es convocada a esta misma unidad de negociación no acudirá a ninguna reunión de este tipo. No obstante, las partes, tienen capacidad para convocar nuevas unidades de negociación y valorarán si constituyen la mesa de negociación o no”.

B) A continuación, examina las infracciones procesales alegadas en los recursos, con petición de solicitud de nulidad de actuaciones y retroacción de actuaciones a la Sala de instancia para que se dicte por la misma nueva sentencia. Se alega vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en relación con el derecho a la negociación colectiva del art. 37.1 y el ejercicio de la potestad jurisdiccional previsto en el art. 117.3. Se habría producido una vulneración, igualmente, de diversos preceptos de la LRJS, antes enunciados, por no haber entrado a conocer la Sala del TSJ del litigio planteado. Por la parte recurrida se alegó, al igual que ya se había hecho, y con éxito, en la instancia, que las entonces demandantes y ahora recurrentes carecían de acción “por no existir un conflicto real y actual”.

La Sala procede a examinar, en primer lugar, su doctrina sobre la denominada “falta de acción”, reconociendo que desde la visión de los tribunales laborales “no tiene… un estatuto procesal claramente delimitado que le otorgue autonomía propia”. En algunas ocasiones se la ha identificado con dos de las tesis o argumentaciones expuestas en la sentencia de instancia, como son “la inadmisibilidad de la acción declarativa y la falta de acción por carecer la parte actora de interés legítimo y actual”. La Sala va a entrar a conocer de las alegaciones procesales de las recurrentes al no haberse pronunciado el TSJ sobre la cuestión de fondo, y por ello si se estimara la existencia de interés real y efectivo por parte de aquellas en relación con el conflicto planteado deberían devolverse las actuaciones para que se pronunciara sobre el fondo del litigio, aun cuando con anterioridad el TS es del parecer, lo deja así claramente apuntado, que “la falta de acción hubiera debido llevar a la Sala de instancia a desestimar la demanda”.

C) Más adelante, el TS estudia la viabilidad de las acciones declarativas en el proceso laboral, aceptadas que han sido tanto por Tribunal Constitucional como por los tribunales laborales cuando quede debidamente constatada “… la existencia de un conflicto o controversia jurídica que les sirvan de base”,  y recordando también, con cita de una reciente sentencia de la Sala de 29 de junio de 2015, que no puede entrar a resolver sobre “cuestiones futuras o hipotéticas” no necesitadas de protección jurídica en el momento en que se plantean como tales.

Es a partir de aquí cuando la Sala resolverá negativamente la petición de las recurrentes, hará plenamente suya la tesis de la sentencia de instancia y no tomará pues en consideración en absoluto las cuidadas argumentaciones del voto particular, concluyendo que en el caso que ha debido enjuiciar “no existe una controversia verdadera, real y presente”.  

En primer lugar, reflexiona sobre la distinción, pacíficamente aceptada, entre los conflictos de intereses o económicos por una parte y los conflictos jurídicos por otra, en los que surge un conflicto o controversia jurídica real y que debe ser resuelta con aplicación de las normas vigentes. La Sala, no me cabe duda de ello ante la prudencia con la que se manifiesta en el cuarto párrafo del apartado 3 del fundamento jurídico tercero, sabe que se mueve en un terreno jurídicamente complejo y que además ya ha sido objeto de interpretación en algunos contenidos concretos por parte de la propia Sala, esto es el de la interpretación del art. 86.3 de la LET y de aquello que deba entenderse por ultraactividad del convenio colectivo estatutario, precepto legal que es reconocido de forma expresa por la Sala que se trata, tras la modificación operada por la Ley 3/2012, de “determinante del debate litigioso”.

La Sala constata que hay discrepancia entre la parte empresarial y sindical sobre la vigencia del convenio litigioso, y no me parece que quepa duda de ello ante su afirmación de que la parte empresarial “ha dado por extinguida plenamente la vigencia del convenio colectivo provincial”, pero de forma sorprendente a mi parecer tras esa manifestación, y habiendo puesto ya de manifiesto que aquello que los sindicatos defienden es el mantenimiento del convenio “caducado” , afirma que “estamos ante un debate litigioso que se adelanta”, es decir el de determinar cómo debe interpretarse el art. 86.3 de la LET, porque “el verdadero conflicto sobre cómo interpretar y aplicar lo que dispone el art. 86.3 del Estatuto de los trabajadores… no ha surgido aún”.

La Sala, al igual que ocurrió en la sentencia de instancia, en la que tanto la mayoría de la Sala como el voto particular dieron varias vueltas a su argumentación para tratar de reforzar su consistencia, insiste en la existencia de un conflicto inexistente por estimar que se pide algo por la parte sindical “que todavía no sea negado” por la parte empresarial, considerando que no hay en puridad un acto de negativa a esa negociación “ya que no se ha intentado reanudar la misma”, y me pregunto yo ahora cómo puede reanudarse una negociación cuando una de las partes ha dicho de forma terminante, y así queda recogido en un acta, que da por concluida la negociación. Por ello, siempre según el TS, esa negativa, que a mi parecer y la de voto minoritario de la sentencia de instancia ya se había producido de forma clara y manifiesta, sólo podrá afirmarse como existente cuando “se haya constatado” (¿cómo? ¿cuándo?), y  será entonces cuando sí que habrá “un interés relevante y actual por parte de los sindicatos en solventar la discrepancia”.

No da, pues, el TS mayor importancia a la comunicación dirigida por la organización empresarial a sus empresas afiliadas, remitida no se olvide tras haber manifestado en sede negociadora que daba por concluida la negociación y la vigencia del convenio litigioso, que estima que es un documento de información y asesoramiento no vinculante para aquellas. En suma, y sigo insistiendo que la Sala da varias vueltas sobre el mismo argumento inicial para intentar reforzar su consistencia, estaríamos ante un conflicto futuro y no actual, o por decirlo con sus propias palabras “cómo habría de interpretarse y aplicarse al ámbito sectorial afectado el convenio colectivo cuya vigencia finaliza en virtud de la regla transitoria de la citada  Ley 3/2012”, concluyendo, ahora sí, con la manifestación de que las recurrentes tratan de lograr que se indique “cómo han de ser las cosas, y no cómo son”, con remisióna su sentencia de 8 de mayo de 2015.

4. Concluyo el comentario de esta relevante sentencia, con el deseo de buena lectura por parte de todas las personas interesadas, y quedamos a la espera de saber cómo el alto tribunal resolverá, si se hubieran interpuesto, los recursos de casación contra otras sentencias del TSJ del País Vasco, a las que también dediqué especial atención en el blog, que se pronuncian aceptando la existencia de un interés real en conflictos como el la sentencia analizada y en el que no se ha constatado dicha existencia. Y me permito concluir, a la espera de saber si se convertirá o no en realidad, con la última frase de mi comentario a lasentencia del TSJ de 3 de diciembre de 2013: “En suma, no le va a faltar trabajo al TS, y esperemos que de sus resoluciones salga reforzado el derecho constitucional de negociación colectiva, ya que la negociación es y ha seguir siendo a mi parecer el eje central y neurálgico de regulación de las relaciones de trabajo, de forma que cualquier tesis que no fuera en dicha dirección produciría un grave riesgo de fractura social en el seno de las relaciones tanto individuales como colectivas de trabajo”.