La reforma de la normativa de extranjería: ¿punto final?

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (modificada) sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que he ido analizando con detalle en anteriores entradas de este blog. Con respecto al texto remitido por el Senado, creo que la única modificación importante rechazada por el Congreso ha sido la enmienda incorporada en la Cámara Alta, presentada por el grupo nacionalista vasco, en la que se disponía que “la distribución de los menores extranjeros en los Servicios de Asistencia Social de las Comunidades Autónomas será de forma proporcional al número de habitantes de las mismas”. Este rechazo provocó una intervención muy dura, y no habitual, por parte del portavoz del PNV, Sr. Emilio Olavarria, que afirmó la desvinculación de su grupo de cualquier tipo de responsabilidad o de paternidad de la nueva norma legal.

Por lo demás, la sesión de ayer confirmó todo aquello que se había ido manifestando desde los primeros acuerdos alcanzados entre el grupo socialista y el grupo nacionalista catalán, al que se ha sumado Coalición Canaria, primero en el trabajo de la Ponencia del Congreso y después en el trámite de Comisión. Las intervenciones de cada uno de los portavoces de los grupos, a salvo de la del Sr. Olavarría, fueron muy semejantes a las que tuvimos oportunidad de escuchar con ocasión de la aprobación del Proyecto para su remisión al Senado, y también me parece importante destacar que el rechazo a la norma es radicalmente distinto según que se atienda a las razones del grupo popular o del grupo de ERC-IU-ICV.

También se han mantenido las criticas de algunas organizaciones no gubernamentales de probada seriedad, como son Cáritas, CEAR y la Red Acoge, que valoran los avances realizados durante la tramitación pero siguen manifestando su decepción por las limitaciones de algunos derechos y por la diferente consideración de los extranjeros con respecto a los autóctonos, críticas en las que también coincide la UGT. Remito a la lectura de los documentos de estas organizaciones para conocer con más detalles sus valoraciones sobre la nueva ley, aunque ya avanzo que una de las cuestiones sobre las que se ha suscitado una nueva polémica es sobre el concepto incorporado a la norma del “esfuerzo de integración” que se pide a la población inmigrada, que a juicio de las ONGs citadas va en la línea de “las propuestas que empezaron hace uno años reclamando la introducción de este tipo de contratos”, criticando además que se hable de “esfuerzo de integración” como si éste “fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes”.

Falta esperar ahora al desarrollo reglamentario, ya que numerosos preceptos de la ley remiten a dicho desarrollo, y ya sabemos que los reglamento siempre proporcionan algunas sorpresas, que incluso lleva a la anulación de algunos preceptos por ir más allá de lo permitido por el principio de jerarquía normativa. Esperemos que esta vez no ocurra.