1. El pasado 8 de
junio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico presentó el Informe
que da título a la presente entrada (original inglés “The World of Public EmploymentServices 2026” ).
El documento será
objeto de presentación en el marco del Salón de Empleo 2026 que organiza la
sociedad municipal Barcelona Activa los días 21 y 22 de octubre. Más
concretamente, la presentación se levará a cabo durante la “Jornada ABOC. Construimosun empleo de calidad” Dicha jornada, tal como se explica en la presentación, y se detalla en el
programa, se estructura al entorno de tres ejes temáticos: empleo de calidad y
competitividad en un mundo en transformación; empleo inclusivo frente a las
transformaciones demográficas, digitales y ambientales; servicios públicos de empleo
y políticas activas como instrumentos de transformación.
En el primer eje
se incluye la sesión de debate sobre “compatibilidad y empleo de calidad en las
transiciones del mercado de trabajo: riesgos y oportunidades”, en la que
intervendrán representantes de la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
Business Europeo, Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), con la dirección y moderación de la sesión a mi cargo.
Justamente, una de
las personas que intervendrán en dicha sesión, también lo hará posteriormente
para presenta el Informe de la OCDE referenciado
con anterioridad. Se trata del Sr. Lukas Kleine–Rueschkamp , Jefe Adjunto de la División de Empleo Local, Habilidades e Innovación Social
en el Centro para el Emprendimiento, las PYMEs, las Regiones y las Ciudades de
la OCDE, donde coordina el trabajo empírico y el análisis del mercado laboral
para el programa de Empleo Local y Desarrollo Económico.
El amplio resumen
del Informe nos permite ya tener una visión global de su contenido, que a buen
seguro será explicado con detalle por el ponente. Este es su contenido:
“Esta publicación
ofrece una visión comparativa de los servicios públicos de empleo en todo el
mundo basada en una encuesta global. Partiendo de su primera edición, la
versión de 2026 ofrece una visión novedosa y actualizada sobre la evolución,
los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los servicios públicos de
empleo en todo el mundo. Esta versión actualiza y amplía la disponibilidad de
datos estructurados y comparables, así como de información sobre políticas
relativas a la organización, la estructura y las prácticas de estos servicios.
La publicación también presenta datos y analiza las diferencias institucionales
y normativas, la madurez digital de los servicios y las formas en que los
servicios públicos de empleo responden a las crisis y refuerzan la resiliencia
del mercado laboral. Además, presenta datos e información sobre las formas
en que los servicios públicos de empleo pueden apoyar las transiciones
laborales de diferentes grupos de población, incluidos los migrantes, y examina
el papel de las alianzas entre los servicios públicos de empleo y la economía
social para apoyar a las personas que se enfrentan a mayores dificultades para
encontrar trabajo. Por último, basándose en todas las conclusiones, la
publicación esboza posibles evoluciones en componentes clave de las políticas
del mercado laboral y ofrece perfiles individuales de 78 servicios públicos de
empleo de 74 países” (la negrita es mía).
El informe se estructura
en siete capítulos. Una visión global la encontramos en el primero, dedicado a “Los
servicios públicos de empleo y los desafíos actuales del mercado laboral y del
empleo”, y que se concreta en cinco posteriores, que versan sobre “Variaciones instituciones
y de políticas en los SPE a nivel mundial: resultados clave de la encuesta;
Prepararse para el futuro: madurez digital de los SPUE en todo el mundo; “Hacia
mercados más resilientes; cómo pueden los SPE apoyar la respuesta ante
perturbaciones”; “Gestión de la Migración laboral: ¿una función en evolución de
los SPE?”; “Prestación de SPE en colaboración: el papel de la economía social y
solidaria”. En fin, el último capítulo está dedicado a las perspectivas que
existen y se abren de cara al futuro, en los que el Informe se pregunta quiénes
formarán parte de la fuerza laboral, qué tipos de empleos estarán disponibles,
cómo encontrarán empleo las personas, y en definitiva, ¿qué implicaciones
tendrá todo ello para los SPE?.
En los capítulos
segundo a quinto y séptimo, se incluyen al finalizar unas conclusiones de su
contenido, a modo de síntesis de todo el desarrollo temático realizado con
anterioridad. Especial interés tienen a mi parecer, y siempre desde una
perspectiva global, los de los capítulos segundo y séptimo, que reproduzco a
continuación (destaco en negrita aquellos puntos que considero de mayor
relevancia), animando a todas las personas interesadas a la lectura, por lo
menos, de todas ellas. Seguro que en el ámbito español interesará mucho (si es
que no han procedido ya a su lectura) a las y los responsables de los SPE,
tanto estatal como autonómicos, que sin duda también han participado en la elaboración
del Informe por lo que respecta a la explicación del marco normativo y del funcionamiento
operativo del SEPE, que puede encontrarse en las páginas 414 y 415.
Buena lectura.
Conclusiones del
capítulo 2. Variaciones institucionales
y de políticas en los servicios públicos de empleo a nivel mundial: resultados
clave de la encuesta
Los datos
exhaustivos presentados en este capítulo subrayan al menos 10 conclusiones y
reflexiones clave sobre las prioridades de desarrollo futuro de los servicios
públicos de empleo. El primer mensaje fundamental que se desprende de la
encuesta World of PES 2024 (El mundo de los servicios públicos de empleo 2024)
es que los servicios públicos de empleo de todo el mundo están ampliando su
cartera de servicios y avanzando hacia una mayor integración de los mismos para
las personas desempleadas que buscan trabajo. Una posible explicación de
este fenómeno es la adopción de políticas provenientes de países más ricos. La
mayoría de los servicios públicos de empleo analizados en la encuesta (90 %)
participan en tareas de intermediación laboral, difusión de vacantes y
aplicación de políticas activas del mercado de trabajo (PAMT). En particular,
se observa una tendencia a ofrecer una gama más completa de servicios, una
práctica que anteriormente era más habitual en los países de renta alta.
En segundo lugar,
no obstante, el análisis de los recursos y la capacidad revela un desafío
importante: los servicios públicos de empleo en países de renta baja —y,
posiblemente, en algunos países de renta media-alta— intentan ofrecer esta gama
de servicios sin contar con los recursos adecuados. Esto puede
derivar en una demanda insatisfecha considerable, especialmente entre la fuerza
laboral potencial, un grupo que abarca a más personas que aquellas clasificadas
estrictamente como «desempleadas». Los indicadores de capacidad utilizados en
el análisis señalan que muchos países enfrentan una elevada cifra de personas
que buscan empleo —tanto reales como potenciales— por cada oficina y miembro
del personal de los servicios públicos de empleo; una situación que, a menudo,
se ve agravada por las grandes distancias geográficas. Si bien el uso de
tecnologías digitales (sección 2.7.1; véase también el capítulo 3) puede ayudar
a aliviar algunas presiones, el panorama general sugiere la existencia de
amplios sectores de la población que no reciben una atención adecuada en muchas
partes del mundo, incluso en aquellos lugares donde los servicios públicos de
empleo cumplen formalmente con el requisito de ofrecer una gama completa de
servicios.
En tercer lugar,
la disponibilidad de recursos suficientes y la necesidad de ampliar el alcance
hacia la fuerza laboral potencial resultan fundamentales para que los servicios
públicos de empleo puedan contribuir plenamente a abordar los grandes desafíos
y responder a las «megatendencias». Entre estos retos se incluyen la
formalización del empleo, la reducción de la pobreza y el fomento del
crecimiento económico en los países de renta baja. Llegar a más personas,
incluidas aquellas que no figuran en los registros de desempleo, requiere no
solo más oficinas y personal, sino también estrategias proactivas de
acercamiento para alcanzar a las poblaciones menos atendidas. Como se señala en
el capítulo 4, es probable que este importante desafío de política pública
cobre aún mayor relevancia a la hora de promover una «transición justa» hacia
una economía más sostenible. Asimismo, será fundamental abordar los retos
relacionados con la migración —que, según se prevé, se intensificarán a raíz de
las perturbaciones medioambientales y la transición energética— (capítulo 5).
En cuarto lugar,
el mayor uso de medidas pasivas (sección 2.4.9) ofrece una oportunidad
considerable. En las dos últimas décadas, la expansión de los programas de
asistencia social en muchos países de renta media y baja ha transformado el
panorama de las políticas sociales. Más allá de los mecanismos de
condicionalidad propios de los países de renta más alta, sigue sin aprovecharse
suficientemente la vinculación de los servicios de empleo con transferencias
monetarias o en especie, destinadas a facilitar la incorporación al empleo
formal y a ayudar a los empleadores a acceder a trabajadores más cualificados.
Esto es relevante, ya que la evidencia reciente demuestra que tanto los
servicios activos como los pasivos del mercado laboral funcionan mejor cuando
cuentan con recursos adecuados y están integrados entre sí.
En quinto lugar,
muchos servicios públicos de empleo necesitarán recursos más adecuados para
hacer frente a sus crecientes responsabilidades en la prestación de servicios. El desafío no es
solo de escala, sino también de calidad y personalización. Los datos analizados
en la sección 2.4 indican que un mayor número de servicios públicos de empleo
busca personalizar su enfoque para adaptar la oferta a las necesidades y barreras
específicas de cada persona que busca trabajo. No obstante, persisten carencias
importantes, especialmente en los países de renta más baja, donde la elevada
carga de casos limita las posibilidades de ofrecer un apoyo individualizado. En
conjunto, los datos sugieren que es necesario seguir trabajando en este ámbito.
En sexto lugar, es
posible que algunos grupos sociales vulnerables no reciban la prioridad
adecuada y no se beneficien de los servicios especializados y específicos que
ofrecen los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, en la mayoría de los
países persisten brechas de participación y salariales que afectan a las
mujeres. En los próximos años, aumentar la participación femenina en el
mercado laboral se convertirá, probablemente, en un desafío más acuciante en el
contexto de la adaptación a la transición energética; si bien esto también
representa una oportunidad significativa para fomentar un crecimiento inclusivo
y sostenible. Solo alrededor de la mitad de los servicios públicos de empleo
consideraban a las mujeres como un grupo prioritario para el acceso a sus
servicios, lo que sugiere un margen considerable para mejorar la focalización,
a fin de cumplir con los compromisos basados en normas internacionales.
Del mismo modo, si
bien todos los servicios públicos de empleo deben decidir a qué grupos dar
prioridad, los datos sugieren que, en la mayoría de los países, muchos
colectivos que podrían beneficiarse de un mayor apoyo no reciben los servicios
necesarios con la frecuencia que cabría esperar. Entre estos grupos se incluyen
los migrantes, los trabajadores de mayor edad, las personas que desempeñan
trabajos en plataformas digitales o empleos precarios, y aquellas que enfrentan
barreras importantes, como la falta de vivienda o las adicciones. Estas
carencias se hacen aún más evidentes al analizar los servicios especializados
destinados a grupos prioritarios. Incluso colectivos que suelen considerarse
prioritarios —como las personas con discapacidad o los jóvenes que buscan
empleo— no siempre tienen acceso a servicios especializados que podrían
facilitar su inserción en el mercado laboral. Una mayor interacción entre los
servicios públicos de empleo y los beneficiarios de medidas pasivas (por
ejemplo, transferencias monetarias) constituye una vía para mejorar la
prestación de servicios a algunos de estos grupos. Lograr una interacción más
eficaz con los colectivos marginados pone de relieve, una vez más, la necesidad
de contar con recursos adecuados.
En séptimo lugar,
la literatura especializada en políticas activas del mercado laboral (ALMP, por
sus siglas en inglés) reconoce que, históricamente, los servicios públicos de
empleo dirigidos a los empleadores han sido insuficientes y han recibido poca atención
investigadora. La encuesta de 2024 aborda esta laguna; los resultados indican
que, si bien los servicios públicos de empleo están ampliando su oferta para
los empleadores, siguen centrándose principalmente en la contratación. Aunque la
mayoría de los servicios brindan apoyo a los empleadores, este se limita, en
gran medida, a la selección de personal y a la preparación de los candidatos,
prestando menos atención al asesoramiento jurídico o a un apoyo más integral en
materia de recursos humanos. Desarrollar servicios en estos ámbitos podría
favorecer una mayor implicación de los empleadores y aumentar la utilización de
los servicios de contratación, al hacerlos más atractivos para las empresas.
En octavo lugar,
un mejor aprovechamiento de la información sobre el mercado laboral —siempre
que sea de calidad— resultará cada vez más importante para afrontar los
desafíos descritos en el Capítulo 1. La inteligencia artificial, el *big
data* y las nuevas técnicas analíticas ofrecen un potencial considerable,
especialmente para aquellos servicios públicos de empleo que cuentan con menos
recursos, en los que una focalización precisa resulta clave para maximizar su
eficacia. El uso de información sobre el mercado laboral ya era relevante en
los servicios públicos de empleo según la encuesta de 2014, y, a tenor de los
resultados de 2024, tanto su recopilación como su difusión han seguido
aumentando. No obstante, es necesario seguir trabajando para garantizar que
muchos servicios públicos de empleo tengan acceso a datos más detallados sobre
la demanda a escala local. Asimismo, se requiere avanzar para que dichos
servicios participen en la previsión de la oferta y la demanda de competencias;
una labor que puede resultar beneficiosa, especialmente en el contexto de
perturbaciones medioambientales y de los procesos de adaptación y mitigación
relacionados con la transición energética. En general, la tendencia clave
consiste en fortalecer la información sobre el mercado laboral (LMI, por sus
siglas en inglés) para ofrecer servicios específicos y mejorar la eficacia; sin
embargo, persisten carencias en cuanto al acceso a datos detallados —tanto a
nivel local como en lo relativo a las competencias— y al uso de herramientas de
previsión.
En noveno lugar,
los procesos de gobernanza inclusivos son fundamentales para que los servicios
públicos de empleo garanticen que sus prestaciones satisfagan las necesidades
de diversos grupos sociales —especialmente aquellos marginados—, así como las
de los empleadores.
A escala mundial, si bien la mayoría de los servicios públicos de empleo
colaboran con los interlocutores sociales tradicionales (por ejemplo,
asociaciones de empleadores y sindicatos), los datos sugieren que dicha
colaboración podría ampliarse tanto en alcance como en profundidad, incluso en
lo que respecta al tipo y la naturaleza de la influencia que estos
interlocutores pueden ejercer. Los servicios públicos de empleo han mantenido
una interacción mucho más limitada con las partes interesadas que representan a
grupos sociales marginados —a quienes los interlocutores tradicionales tal vez
no comprendan bien—; por ejemplo, los sindicatos suelen estar más vinculados a
personas con un empleo formal que a grupos excluidos o a trabajadores del
sector informal o precario, quienes a menudo carecen de organización y
representación colectivas. Los resultados también indican que, aunque el nivel
general de participación de las partes interesadas es elevado, su influencia en
aspectos más específicos de la gestión, la planificación y el seguimiento de
los servicios públicos de empleo resulta menos significativa. Solo algo más de
la mitad de los servicios públicos de empleo cuentan con un órgano de
gobernanza que facilite dicha participación, lo que representa una oportunidad
clave para aquellos que carecen de este mecanismo. Incluso cuando existen tales
órganos, hay margen para incrementar la participación de ONG y otras entidades
que representan a colectivos no representados eficazmente por los empleadores o
los sindicatos. Al margen de estos órganos de gobernanza, los actores más
activos son los representantes del gobierno central. En conjunto, parece
existir un margen considerable para fomentar una mayor apertura hacia una gama
más amplia de partes interesadas y para promover la coproducción de servicios,
con el fin de mejorar su eficacia para los grupos sociales marginados.
Por último, los
datos presentados en la sección 2.6 respaldan una conclusión conceptual y
analítica importante sobre cómo deberían concebirse los servicios y los
recursos.
Dicha sección analiza una reciente recomendación de la OIT para que los
servicios públicos de empleo aprovechen mejor los datos detallados sobre la
demanda. Las medidas de capacidad empleadas aquí —que incluyen la fuerza de
trabajo «potencial»— refuerzan el planteamiento de la OIT de que este indicador
más amplio (que combina el desempleo, el desempleo potencial y el subempleo)
ofrece una visión más clara de las necesidades de recursos, incluso en los
países de renta alta. Un aspecto práctico fundamental es que los servicios
públicos de empleo deberían evaluar la demanda y las necesidades de recursos
tomando como referencia la fuerza l aboral
potencial en un sentido amplio —y no solo a las personas oficialmente
desempleadas—, lo que implica incluir en dicha evaluación a las personas
inactivas que desean trabajar. Si bien muchos organismos estadísticos ya
contabilizan a las personas que, aun estando fuera de la fuerza laboral, desean
trabajar, los servicios públicos de empleo todavía no utilizan estos datos de
forma sistemática para la planificación y la asignación de recursos. Integrar
esta categoría de manera más estructurada en los marcos de planificación de los
servicios públicos de empleo permitiría, además, distinguir entre aquellas
personas inactivas que podrían incorporarse al mercado laboral y aquellas que
no constituyen un colectivo objetivo adecuado, como es el caso de quienes se
encuentran cursando estudios o formación, o de quienes no pueden trabajar por
motivos de salud.
Conclusiones del capítulo 7. Perspectivas
Los servicios públicos de empleo se encuentran en una encrucijada. Para seguir siendo relevantes en un mundo laboral que evoluciona rápidamente, deben adaptar sus modelos operativos, ampliar su mandato y profundizar sus alianzas. Su éxito dependerá no solo de responder a las necesidades inmediatas del mercado laboral, sino también de anticipar y configurar las transiciones futuras. De este modo, los servicios públicos de empleo pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de mercados laborales más resilientes y equitativos en los años venideros. A lo largo de este volumen, la evidencia recopilada en diversas regiones pone de relieve tanto la diversidad de los modelos de servicios públicos de empleo como los desafíos comunes a los que se enfrentan. Los países de ingresos altos tienden a contar con servicios más consolidados, mejor dotados de recursos y más avanzados en términos digitales; por el contrario, muchos países de ingresos bajos o de ingresos medianos-bajos —particularmente en África y en partes de América Latina y el Caribe— aún se encuentran en proceso de desarrollar sus capacidades básicas, su cobertura y su infraestructura institucional. Dada la notable variabilidad existente en aspectos como la dotación de personal, la cobertura territorial, la madurez digital y el alcance de los servicios ofrecidos, existe un gran potencial para el aprendizaje mutuo entre países, especialmente dentro de regiones donde las estructuras del mercado laboral y los contextos institucionales son más comparables. Al mismo tiempo, la evidencia señala varias buenas prácticas con una amplia aplicabilidad, tales como la integración de medidas activas y pasivas, la inversión en la caracterización y focalización de los usuarios, una estrecha colaboración con los empleadores, el uso de modelos mixtos que combinan servicios digitales y presenciales, y la utilización de información sobre el mercado laboral para orientar el diseño de los servicios. En última instancia, la pertinencia de cualquier práctica depende en gran medida del contexto nacional y regional —incluyendo las presiones demográficas, los niveles de informalidad, la capacidad fiscal y las estructuras de gobernanza—, lo que subraya la importancia de adaptar los servicios públicos de empleo a las particularidades de cada entorno.
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