1. El lunes 9 de febrero tuve la oportunidad de asistir al acto de presentación de Mataró como capital española de la economía social durante 2026, que se celebró en el TecnoCampus de Mataró-Maresme. En su página web hay una amplia información del acto, que reproduzco a continuación.
“Mataró ha dado
hoy al pistoletazo de salida a los actos como Capital Española de la Economía
Social 2026. La ciudad toma el relevo de Murcia en el 2025, y antes ostentaron
la capitalidad Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y Teruel. Es la
primera ciudad catalana que cuenta con este título y la primera también en
obtenerlo sin ser capital de provincia.
La capitalidad,
cuyo lema es “Reducir desigualdades, crear futuro”, se ha inaugurado con un
acto en el TecnoCampus que ha contado con la presencia de la vicepresidenta
segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la consejera de
Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero; y el alcalde de Mataró,
David Bote. Los tres han compartido mesa redonda con Ana María Martínez,
presidenta delegada del Área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación
de Barcelona; y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social, Juan Antonio Pedreño. El concejal de Promoción Económica y
Economía Social, Sergi Morales, fue el encargado de dar la bienvenida al acto.
En el transcurso
del acto, se ha presentado el Centro de Análisis y Desarrollo de la Economía
Social de Cataluña (CADESC) por parte de Eloi Serrano, director del CADESC y de
la Cátedra de Economía Social del TecnoCampus, y de Juanjo Llopis, director
general de Caja de Ingenieros y presidente del CADESC. El acto lo ha cerrado el
ex primer ministro de Italia y actual decano de la IE School of Politics,
Economics and Global Affairs y presidente del Instituto Delors, Enrico Letta,
con la conferencia "Principales retos de Europa como oportunidad para la
Economía Social".
Los actos
continuaron por la tarde, con la primera reunión de la Red de Jóvenes para la
Economía Social, con la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Trabajo y Economía y la
ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, además de distintas organizaciones
de juventud y economía social. La designación como Capital Española de la
Economía Social posiciona a la ciudad como el nodo de referencia estatal en el
desarrollo del modelo económico, social y cooperativo.
Mataró será a lo
largo del año punto de encuentro de debates y proyectos ante los retos de
España y Cataluña, y visibilizará la economía social como alternativa económica
real que genera empleo de calidad. Uno de los actos destacados del año será el
Congreso Catalán del Trabajo, que se celebrará a finales de año, además de la
Jornada institucional para la creación de red de municipios, Jornada académica
de la Red de Universidades, la Jornada Mujeres emprendedoras en economía social
y el Día internacional de las cooperativas, entre otros.
Pueden seguirse todas
las intervenciones en este enlace
En la página web
del Observatorio Español de la Economía Social y del trabajo autónomo, de
CIRIEC España,
hay también una detallada información del acto, con amplia mención a la
conferencia del profesor Enrico Letta en estos términos
“El ex ministro de
Italia y actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global
Affairs y presidente del Instituto Delors, Enrico Letta, ofreció la conferencia
principal de la ceremonia de apertura, titulada «Principales retos de Europa
como oportunidad para la Economía Social». En su conferencia, subrayó que
Europa enfrenta hoy un doble desafío: recuperar competitividad y, al mismo
tiempo, preservar la cohesión social. “Una sólida dimensión social es una
condición para un mercado único resiliente y competitivo. No se trata solo de
redistribución, sino de garantizar la confianza, la resiliencia y la
competitividad a largo plazo, para ello, preservar y consolidar la Economía
Social es fundamental, ya que el mercado único se construyó sobre la base de
mercados abiertos combinados con instituciones sociales sólidas y mecanismos de
protección colectiva”.
Letta concluyó que
reforzar la dimensión social del mercado único y garantizar que las formas
empresariales diversas puedan operar plenamente no solo asegura la
competitividad económica, sino también la legitimidad y los valores sociales
que sustentan el proyecto europeo”.
2. En su
exposición, el profesor Letta expuso, actualizado, parte del contenido de su
informe Much more than a market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the
Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU
Citizens ( Mucho más que un mercado: rapidez, seguridad y solidaridad.
Potenciar el mercado único para garantizar un futuro sostenible y la
prosperidad de todos los ciudadanos de la UE), presentado en abril de 2024 y
elaborado a instancia del Consejo UE y de la Comisión Europea, que tenía este
sumario:
“El Mercado Único
nació en un mundo más pequeño -El nuevo
Mercado Único para un mundo más grande -Un esfuerzo colectivo para un nuevo
Mercado Único: 400 reuniones, 65 ciudades europeas. -El Mercado Único somos
todos: cada uno debe desempeñar su papel -Una quinta libertad para un nuevo
Mercado Único -Un Mercado Único para jugar a lo grande -Un Mercado Único que
apoye la creación de empleo y facilite los negocios -La transición justa, verde
y digital como catalizador de un nuevo Mercado Único: hacia una «Unión del
Ahorro y la Inversión» -Ampliación: ventajas y responsabilidades -Promover la
paz y defender el Estado de Derecho: Un Mercado Común para la industria de
seguridad y defensa -Libertad para circular y libertad para permanecer: un
nuevo mercado único para todos los ciudadanos europeos”.
En la parte final
del Informe, el profesor Letta manifestaba que
“Es hora de crear
una nueva brújula que guíe al mercado único en este complejo escenario
internacional. Las poderosas fuerzas del cambio —que abarcan la demografía, la
tecnología, la economía y las relaciones internacionales— exigen respuestas
políticas innovadoras y eficaces. Dadas las crisis y los conflictos actuales,
es urgente actuar, sobre todo porque la ventana de oportunidad para intervenir
y relanzar la economía europea corre el riesgo de cerrarse en un futuro
próximo.
El presente
informe, que contiene recomendaciones políticas para el futuro del mercado
único, tiene por objeto inspirar un auténtico llamamiento a la acción entre la
opinión pública europea. Para lograr el máximo impacto, debe aplicarse a nivel
de las instituciones de la UE, los Estados miembros, los interlocutores
sociales y los ciudadanos.
Las conclusiones
del presente informe tienen por objeto aclarar la urgencia y la importancia de
las recomendaciones propuestas, al tiempo que se hace hincapié en la necesidad
de un amplio compromiso y de acciones concretas...”
3. Solo tres días
después de su conferencia en TecnoCampus, Enrico Letta se reunía, y también
Mario Dragui, con las y los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados
miembros de la UE en una “una sesión de reflexión informal” celebrada en el
castillo de Alden Biesen, en la región belga de Limburg (Bélgica), “para
debatir sobre la manera de profundizar el mercado único, reducir las
dependencias económicas e impulsar la competitividad”.
En la carta deinvitación , del Presidente António Costa a las y los miembros del Consejo, explicaba que
“Me gustaría que
nuestro debate se estructurara en torno a dos dimensiones principales.
En primer lugar,
el contexto geoeconómico. ¿Cómo debería posicionarse la Unión Europea en un
mundo en el que la competencia económica y los desequilibrios comerciales son
cada vez mayores, y no siempre justos? ¿Cuál es la mejor manera de responder a
la coacción económica y reducir las dependencias económicas, en particular en
ámbitos como las materias primas fundamentales y la tecnología? ¿Qué
oportunidades brinda este difícil entorno para reforzar la autonomía
estratégica de Europa?
En segundo lugar,
nuestra estrategia y nuestras políticas internas. ¿Cuáles deberían ser nuestras
principales prioridades con vistas a profundizar y completar el mercado único?
¿Cómo pueden nuestras empresas alcanzar la escala adecuada dentro del mercado
único para impulsar la inversión y la innovación en sectores clave? ¿Cómo
podemos proporcionar a las empresas un entorno normativo más favorable y cómo
puede contribuir a este objetivo un 28.º régimen para el establecimiento y el
funcionamiento de las empresas? ¿Cuál es la mejor manera de aumentar nuestra
resiliencia frente a las dependencias económicas y proteger a nuestras empresas
de la competencia desleal?
He invitado a
Mario Draghi y a Enrico Letta a que participen en la sesión para presentarnos
su visión sobre la competitividad europea y cómo esta ha evolucionado desde la
publicación de sus innovadores informes...”
En la rueda de
prensa posterior a la reunión (vídeo disponible aquí ) António Costa resumió el debate, y reproduzco algunos fragmentos de su
intervención:
“Los dirigentes
han mantenido hoy una reflexión estratégica sobre la competitividad europea y
sobre cómo construir una economía más competitiva y más resiliente que impulse
nuestra prosperidad, cree puestos de trabajo de calidad y garantice unos
precios asequibles.
El intercambio que
hemos mantenido hoy en Alden Biesen nos ha inyectado nueva energía y ha puesto
de manifiesto una sensación común de urgencia en torno a este objetivo. Y, lo
que es más importante, hoy hemos sentado las bases para acordar acciones concretas
en el Consejo Europeo de marzo.
En primer lugar,
estamos unánimemente de acuerdo en seguir impulsando nuestro ambicioso programa
de simplificación, tal y como expuso Úrsula en su reciente carta a los
dirigentes.
En segundo lugar,
los dirigentes aceptan el desafío de Enrico Letta de pasar de un mercado único
incompleto a «un solo mercado para una sola Europa». Esto es urgente y debe
acometerse en 2026 y 2027.
También estamos
todos de acuerdo en la importancia de avanzar rápidamente este año con el 28.º
régimen, para que nuestras empresas puedan operar sin obstáculos en los 27
Estados miembros con un único y sencillo conjunto de normas corporativas.
... Permítanme
concluir recordando los objetivos que perseguimos con todos nuestros esfuerzos:
el crecimiento
económico,
la innovación
industrial,
empleo de calidad
y
precios
asequibles.
Ahora
transformaremos los resultados del debate de hoy en compromisos y plazos
concretos en el Consejo Europeo de marzo. Y después, nos centraremos en los
resultados.
Y que quede claro:
en 2026, Europa dará resultados. El año pasado lo hicimos con la defensa, este
año lo haremos con la competitividad” (la negrita es mía) .
4. No estoy
precisamente seguro que todas las propuestas con las que trabaja la Comisión en
estos momentos sean del agrado de la Confederación Europea de Sindicatos, y lo
prueba a mi parecer el amplio comunicado difundido con ocasión de la reunión informal
citada. En su escrito “Carta abierta de la CES. La competitividad de Europa
debe basarse en empleos de calidad en todas las regiones y todos los sectores manifestaba que
“A la luz de las
crecientes tensiones geopolíticas y económicas, la reunión informal de jefes de
Estado y de Gobierno del 12 de febrero constituye un momento esencial para que
las instituciones de la UE respondan con claridad, unidad y determinación y presenten
una visión y un plan para el progreso económico y social.
El movimiento
sindical europeo insta al Consejo Europeo a garantizar que los empleos de
calidad y la negociación colectiva, así como los servicios públicos y las
infraestructuras de calidad, se reconozcan como pilares fundamentales de los
planes de competitividad europeos. Les pedimos que se comprometan a adoptar
medidas y realizar inversiones de la magnitud necesaria para defender y
desarrollar la producción económica y la innovación en Europa, garantizar la
seguridad energética, apoyar los servicios públicos, garantizar transiciones
justas y salvaguardar y crear empleos de calidad en todos los sectores y en
todas las regiones.
Esperamos que los
líderes europeos impulsen la economía europea con un plan de inversión masivo
(especialmente a la luz del fin del NGEU) y detengan la agenda de desregulación
que está socavando los derechos laborales y las normas sociales y medioambientales.
La competitividad no debe ser un fin en sí misma. Los planes para reforzar la
competitividad europea deben orientarse hacia la defensa y la creación de
puestos de trabajo de calidad en todos los sectores y regiones, garantizando
salarios más altos y mejorando el nivel de vida, reforzando el diálogo social y
la negociación colectiva, así como la democracia en el trabajo, y garantizando
pensiones adecuadas que proporcionen un nivel de vida digno. Deben garantizar
una fuerte cohesión social y territorial, una competencia leal basada en la
calidad y la innovación y la igualdad de trato, y prestar servicios públicos de
alta calidad, al tiempo que se garantiza la resiliencia ecológica..”.
5. He encontrado
tres referencias concretas al profesor, y antes dirigente político, Enrico
Letta, en mi blog. La primera, ya lejana en el tiempo, datada de 1 de noviembre
de 2013, si bien la lectura del texto tiene muchos puntos de conexión con los
debates actuales en la UE, se titulaba “La dimensión social de la Unión debe
ser algo más que un buen número de indicadores. Sobre la Comunicación de la
Comisión Europea de 2 de octubre de 2013 , en la que exponía que
“Recuérdese que
las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, el 3 de mayo del
próximo año, y el auge de las fuerzas políticas populistas es ciertamente
preocupante, y de ello se dan cuenta (otra cosa es si toman las medidas
adecuadas para revertir la situación) algunos dirigentes políticos; si como
muestra vale un botón, vale la pena leer la entrevista que hoy publican varios
diarios europeos, entre ellos El País, al primer ministro italiano Enrico
Letta, en la que afirma que “Es urgente una gran batalla europeísta, la Europa
de los pueblos contra la Europa de los populismos: esto es lo que está en juego
en los próximos seis meses”. Por ello, no es de extrañar la decepción de los
sindicatos europeos después de la reunión del Consejo de la pasada semana, y
las duras declaraciones de la Secretaria General de la Confederación Europea de
Sindicatos, Bernadette Ségol: “Están tratando de convencernos de que lo negro
es blanco, pero no nos engañarán. La dimensión social se reduce a un marcador,
a información estadística; no hay medidas para el crecimiento sostenible y el
empleo digno; no hay iniciativas para una mayor justicia social. Sin embargo,
podemos esperar medidas para la agenda desreguladora de la UE. Hoy en día, los
trabajadores se sienten enfadados y profundamente decepcionados”.
La segunda y la
tercera, ya con mención a su Informe “Mucho más que un mercado”, se encuentran
en la entrada “UE. Declaración interinstitucional sobre el futuro del Pilar
Europeo de Derechos Sociales suscrita el 16 de abril de 2024. , y “Las propuestas de la Comisión Europea para el desarrollo del “Informe
Dragui”, con especial mención a las de contenido laboral, y las dudas que se
plantean. Notas a la Comunicación de 29 de enero de 2025 , en las que reproduje el fragmento del informe dedicado a la política social:
“En el corazón del
modelo social europeo, lanzado por Jacques Delors con el diálogo Val Duchesse
en 1985, estaba el compromiso con un diálogo social sólido. En los últimos
años, la esencia de estos diálogos ha disminuido y algunos ven el diálogo
social, los sindicatos y las organizaciones de empleadores como reliquias del
pasado. Por el contrario, la necesidad de mecanismos de coordinación y
negociación entre empleadores y trabajadores debe aumentar si queremos ser
eficaces en el apoyo a las empresas y la provisión de empleos de calidad. El
diálogo social y la negociación colectiva siguen siendo herramientas únicas
para que los gobiernos y los interlocutores sociales encuentren soluciones
justas y personalizadas. Además, es esencial reconocer el papel de los
interlocutores sociales a la hora de afrontar los desafíos actuales, como el
cambio climático y la digitalización, en el contexto de la revitalización del
mercado interior de la UE. Además, la promoción de condiciones laborales justas
y equitativas en el contexto de patrones laborales cambiantes es esencial para
garantizar que las transiciones sean ampliamente compartidas y aceptadas. El
compromiso renovado de fortalecer el diálogo social a nivel de la UE, plasmado
en el relanzamiento de la Cumbre de Val Duchesse encabezada por Ursula von der
Leyen en su discurso SOTEU 2023, es un cambio bienvenido. Como muestra el
trabajo analítico de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo".
6. Para un examen
mucho más amplio del Informe, remito a todas las personas interesadas al
artículo publicado por el profesor Ferran Camas en su blog, titulado “Una
reseña del informe "Much more than a market" (Mucho más que un
mercado),de Enrico Letta” ,
Igualmente, un muy
detallado análisis de ambos informes se encuentra en un artículo del profesor
de la Universidad Autónoma de Barcelona Carlos Gorriz, “Productividad,
competitividad y mercado interior. análisis crítico de los informes Letta y
Draghi” , publicado en la revista de la Uc3m“Cuadernos de Derecho Transnacional
(Octubre 2025), que explica detalladamente las propuestas de ambos y las
soluciones propuestas, y de cuyo examen reproduzco unos fragmentos en los que se
aborda la política social.
“... La solución a
los problemas económicos de la Unión Europea pasa por aumentar su productividad
y, con ello, ganar competitividad. La dificultad reside, evidentemente, en cómo
conseguirlo. Letta y Draghi proponen reformas estructurales que entroncan con
la idea de autonomía estratégica abierta. Debido a la voluntad de respetar los
límites del encargo recibido, el primero ciñe sus propuestas al Mercado Único,
al que considera imprescindible para conseguir los tres objetivos que la Unión
se ha marcado: las transiciones leal, verde y digital, continuar con la
ampliación y mejorar la seguridad de Europa.
.. El tercer pilar
es el fortalecimiento de la dimensión social. La apuesta por optimizar el Mercado
Único y aumentar el volumen de las compañías no implica abandonar la vertiente
social que ha caracterizado el modelo europeo hasta el momento; al contrario,
el politólogo italiano apuesta por su vigorización con cinco medidas. La primera es la libertad para quedarse.
Constituye el contrapunto a las libertades de circulación que han caracterizado
la política europea hasta el momento y significa que hay que crear las
condiciones socioeconómicas necesarias para que las personas no tengan que
abandonar una región o lugar si no quieren5. El segundo grupo de sugerencias va
dirigida a reforzar la política social de la Unión y persiguen tres objetivos:
extender los beneficios del trabajo a cada vez mayor número de personas, evitar
una carrera por reducir los costes empresariales a expensas de rebajar los
estándares laborales, ambientales o de calidad, y preservar y consolidar la
economía social de mercado. Entre las acciones que formula destaca el
incremento del diálogo social y el aumento de la implicación de los sindicatos
y de las organizaciones de trabajadores26. Tercero, las pequeñas y medianas
empresas deben seguir jugando un papel en la economía europea y para ello es
necesario que se puedan beneficiar del Mercado Único. El inconveniente reside
en que no lo perciben como una fuente de oportunidades sino de obstáculos. Para
Letta el problema no es el Mercado Único en sí, sino su funcionamiento. En
particular, la diversidad y variedad de prácticas contractuales, de normas
jurídicas en los Estados miembros, la dificultad de acceder a la información
legal y los costes de la regulación. Para sortear este obstáculo propone crear
un “Código europeo de Derecho mercantil para un Mercado Único más sencillo” No substituiría
el Derecho mercantil de los Estados miembros, sino que sería un nuevo régimen
jurídico que se añadiría a éstos y al que podrían someterse libremente las
empresas”.
7. En los debates
sobre la dimensión social de la UE, y las políticas laborales y sociales para mantener
el acervo comunitario existente, ha intervenido muy recientemente el Parlamento
Europeo, que en su última sesión plenaria ha aprobado dos Resoluciones de
indudable interés, una dedicada a las cadenas de subcontratación y otra sobre
la nueva estrategia de lucha de la UE contra la pobreza.
Justamente sobre
la dimensión social se manifestaba la Vicepresidenta
segunda del gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz en
su intervención en la reunión informal del Consejo EPSCO celebrada el 13 febrero
, en la que expuso que “La autonomía de
la Unión Europea, además de con industria, energía y tecnologías propias, se
sostiene con un escudo social europeo. Derechos ampliados, salarios decentes,
servicios públicos fuertes y cuidados garantizados. No una UE del dumping
social, sino aquella que proclama unos derechos laborales mínimos en todo el
continente. España defiende en el mundo una Carta Global de derechos laborales
que debe empezar por la UE”
Destaco a continuación
algunos de los contenidos de cada Resolución que creo que inciden más
directamente sobre la dimensión social de la UE, con remisión, y recomendación,
a su lectura íntegra por parte de todas las personas interesadas.
Visto el informe
de Enrico Letta, de 17 de abril de 2024, titulado «Much more than a Market –
speed, security, solidarity: empowering the Single Market to deliver a
sustainable future and prosperity for all EU Citizens» (Mucho más que un
mercado. Capacitar al mercado único para lograr un futuro sostenible y
prosperidad para todos los ciudadanos de la UE) (en lo sucesivo, «Informe
Letta»),
A. Considerando que el principio 5 del
pilar europeo de derechos sociales recuerda que, con independencia del tipo y
la duración de la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a un trato
justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo y acceso a la
protección social y a la formación; que también recuerda que deben impedirse
las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias;
B. Considerando que la libre prestación
de servicios transfronterizos es uno de los cuatro principios fundamentales del
mercado único y que la subcontratación forma parte de la libre prestación de
servicios y de la libertad de establecimiento; que la Unión debe preservar y
mejorar su competitividad para que las empresas puedan prosperar, prestando
especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes); que la Unión
también debe crear normas claras y proporcionadas que no impongan cargas
innecesarias, así como reforzar el cumplimiento;
C. Considerando que la explotación y
los abusos laborales en el mercado laboral de la Unión constituyen un serio
problema en los sectores de alto riesgo, que se manifiesta bajo diversas
formas, incluidos, entre otros, delitos relacionados con el trabajo, trabajo
ilegal no declarado, economía sumergida, dumping social, explotación laboral y
esclavitud moderna;
X. Considerando que los Estados
miembros, la Comisión y los interlocutores sociales en la Declaración de La
Hulpe se comprometieron a prestar especial atención a las medidas en los
ámbitos de la subcontratación y el trabajo a través de agencias, reconociendo
los retos comunes que estos dos fenómenos plantean a los mercados laborales
europeos; que el informe Letta resalta la urgente necesidad de regular las
prácticas de subcontratación con el fin de prevenir la explotación y el abuso;
que el informe advierte de que las cadenas de subcontratación no controladas
pueden provocar la erosión de las normas laborales, el dumping social y el
menoscabo de la competencia leal, así como el incumplimiento de las
obligaciones en materia de salud y seguridad;
Impedir la
explotación laboral
6. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que se ocupen de las prácticas en virtud de las cuales el contratista
principal subcontrata todo el trabajo sin realizar él mismo ningún trabajo, lo
que también se conoce como «subcontratación financiera»; subraya que los
contratistas principales deben ejecutar ellos mismos una parte definida de un
contrato; reitera, en este contexto, su petición a la Comisión de que evalúe el
impacto de los contratos públicos ejecutados principalmente por los
trabajadores directos del adjudicatario y recomienda que las normas sobre
contratación pública animen a las empresas a disponer de personal interno
suficiente para llevar a cabo los proyectos para los que se les adjudican
contratos públicos ;
14. Manifiesta su preocupación por la
falta de claridad jurídica por lo que respecta a la diferenciación entre
desplazamientos reales y fraudulentos de nacionales de terceros países, así
como por los abusos de la legislación de la Unión sobre la prestación de
servicios para eludir las normas migratorias y el Derecho laboral nacional;
destaca que los desplazamientos fraudulentos erosionan el tejido social del
mercado único y se aprovechan de las situaciones de las personas más
vulnerables; pide a la Comisión que, en consonancia con el informe Letta,
revise los retos en materia de cumplimiento, especialmente en lo que respecta a
la cooperación transfronteriza, y adopte medidas adecuadas para poner fin a los
desplazamientos sin conexión genuina entre los trabajadores y el Estado miembro
de envío; recuerda la conclusión general de los informes Letta y Draghi sobre
la necesidad de mejorar la competitividad del mercado único;
24. Destaca el papel fundamental de las
inspecciones laborales tanto en la detección y prevención de la explotación
laboral como en el cumplimiento integral de la legislación laboral; insta a los
Estados miembros a que aumenten el número de inspectores de trabajo y su apoyo
a los servicios de inspección; Recuerda que la Directiva 2006/22/CE ya establece normas mínimas para comprobar el
cumplimiento de la legislación social en el transporte por carretera y pide a
la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la calidad y la frecuencia de
las inspecciones laborales y garanticen una capacidad mínima de inspección
laboral adecuada para todos los sectores de alto riesgo, en consonancia con el
valor de referencia de la OIT de que haya al menos un inspector de trabajo por
cada diez mil trabajadores; destaca que, a pesar de su importancia para iniciar
inspecciones específicas, los mecanismos de denuncia permanecen infrautilizados
e inaccesibles, en particular para los trabajadores móviles y los trabajadores
de terceros países; recuerda que, de conformidad con la Directiva 2009/52/CE,
los Estados miembros garantizarán la existencia de mecanismos eficaces para que
los nacionales de terceros países empleados ilegalmente puedan denunciar a sus
empleadores;
U. Considerando
que la situación laboral de una persona tiene un fuerte impacto en su riesgo de
pobreza o exclusión social en la Unión; que en 2024 el 8,2 % de todas las
personas con empleo en la Unión experimentaron pobreza de los ocupados como
consecuencia de los bajos salarios, la inseguridad laboral y las condiciones de
trabajo precarias; que el análisis de los datos de 2022 revela que los
trabajadores a tiempo parcial se enfrentaban
a unos niveles de pobreza de los ocupados desproporcionadamente más
elevados (13,5 %) que los trabajadores a tiempo completo (7,1 %) ; que la
pobreza de los ocupados sigue siendo un reto estructural que ejerce una
importante presión social y económica sobre los hogares afectados y plantea
obstáculos a la inclusión social y la estabilidad económica; que abordar la
pobreza de los ocupados es esencial para promover el empleo justo, reducir las
desigualdades y garantizar un desarrollo económico sostenible e inclusivo en toda
la Unión; que la negociación colectiva, los sindicatos y el diálogo social
desempeñan un papel clave en la mejora de las condiciones de trabajo y empleo
y, en consecuencia, también en la mejora de las condiciones de vida;
Una estrategia
orientada a la erradicación de la pobreza
3. Hace hincapié en que la política de
lucha contra la pobreza más sostenible es aquella que evita desde el principio
que se produzca pobreza; pide que la prevención se aborde de forma global para
combatir las causas profundas y los aspectos multidimensionales de la pobreza y
la exclusión social, así como los puntos en los que convergen, en lo que
respecta al acceso a empleos de calidad, la protección social y la renta
mínima, los servicios públicos, la educación, la intervención en la primera
infancia, la asistencia sanitaria, la alimentación, la vivienda, la energía y
la fiscalidad; destaca que la lucha contra la pobreza solo puede conseguirse
mediante la promoción de políticas que garanticen el carácter indivisible y
universal de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales;
Condiciones de
trabajo justas y una distribución más equitativa de la renta y la riqueza
8. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que apliquen el objetivo de un pleno empleo digno, así como una
protección social adecuada, unos servicios para todos y una distribución justa
de la renta y la riqueza como base de las políticas económicas y sociales;
invita, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros a que
refuercen sus políticas activas del mercado de trabajo, en particular en lo que
respecta a las personas más alejadas del empleo; hace hincapié en que unas
políticas activas del mercado laboral eficaces deben ir más allá del acceso al
empleo e incluir también servicios que permitan a las personas seguir
trabajando;
9. Insta a la Comisión y a los Estados
miembros a que promuevan políticas para proteger y fomentar los derechos
laborales, los puestos de trabajo de calidad, las relaciones laborales estables
y la protección contra el despido injustificado, los salarios justos, incluida
la igualdad de retribución por un mismo trabajo y la igualdad de retribución
entre mujeres y hombres, el aprendizaje permanente, la mejora de las
capacidades y el reciclaje profesional, la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo, la no discriminación y el acceso a una protección social adecuada;
acoge con satisfacción, a este respecto, el anuncio de una hoja de ruta para el
empleo de calidad con el fin de garantizar una transición justa para todos los
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, en particular mediante un
aumento de la cobertura de la negociación colectiva; destaca que esta hoja de
ruta representa una oportunidad para el establecimiento del derecho individual
a la formación y al aprendizaje permanente; subraya la persistencia de la
pobreza de los ocupados en uno de cada doce trabajadores en toda la Unión;
insiste, en este contexto, en que la pobreza de los ocupados no debería existir
en la Unión, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se enfrenten
seriamente a este problema, abordando los obstáculos estructurales más allá de
la calidad del empleo, incluido el acceso y el apoyo a los servicios de
atención a la infancia, mejorando el reconocimiento de las cualificaciones y
haciendo frente a la falta de orientación profesional personalizada y de apoyo
a la formación; destaca que la transposición de la Directiva (UE) 2022/2041
sobre unos salarios mínimos adecuados será clave para prevenir y combatir los
riesgos de pobreza entre los trabajadores, al tiempo que reforzará los
incentivos al trabajo;
11. Hace hincapié en la necesidad de
reforzar los servicios públicos de empleo, los itinerarios de formación y los
sistemas de apoyo a la búsqueda de empleo para las personas en situación de
pobreza y los grupos vulnerables, en particular los desempleados de larga
duración y las personas con una baja cualificación; destaca la importancia de
la orientación individualizada, el reconocimiento de las cualificaciones
informales y la vinculación de la formación con oportunidades de empleo de
calidad; pide a los Estados miembros que garanticen el desarrollo y la
ampliación de los marcos nacionales para la validación del aprendizaje no
formal e informal, permitiendo el reconocimiento de la experiencia práctica en
sectores como la construcción, la agricultura, la asistencia sanitaria y
social, la hostelería, la industria manufacturera, la artesanía, la logística y
las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre la base de la
Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del
aprendizaje no formal e informal...”.
8. Para finalizar
esta entrada, vuelvo sobre la importancia de la economía social, tal como quedó
claramente demostrada en el acto celebrado el 9 de febrero, en el que la Vicepresidenta
segunda del gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social defendió la
Economía Social como un “pilar fundamental” para responder a “la ofensiva de la
internacional del odio que pone en jaque nuestra sociedad”, al mismo tiempo que
criticaba “su la pérdida de peso en las instituciones y a la financiación en
esta legislatura”, así como también que “Al mismo tiempo, carece de acceso a
los instrumentos financieros europeos que permitirían impulsarla”, y puso de
manifiesto la necesidad de revertir tal situación.
Lo hago porque
deseo subrayar la importancia que desde el Consejo Económico y Social deBarcelona le concedemos, que se plasmará en la elaboración
de un informe, justamente a cargo de la Fundación TecnoCampus, sobre la normativa
relativa a la economía social Y solidaria, y su impacto en las empresas de la
ciudad de Barcelona y la RMB, que tiene previsto abordar entre otros contenidos
“recopilación de los acuerdos y de la normativa relativa a la economía social y
solidaria de aplicación al sector empresarial de la ciudad de Barcelona y de la
Región Metropolitana de Barcelona. Relación con el cumplimiento de los objetivos
marcados en el Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria 2024-2027”, e “identificación
de presencia de la economía social y solidaria en los sectores de actividades
más representativos de la ciudad de Barcelona y de la Región Metropolitana de
Barcelona”, teniendo prevista su finalización y posterior presentación para el
mes de octubre, de acuerdo a la planificación de trabajo del CESB para el año
en curso.
Buena lectura.
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