1. Del 1 al 4 de octubre se celebrará en la Universitat Jaume I de Castellón la “Semana multidisciplinar sobremigración” , que abordará esta temática desde las perspectivas económica, laboral, jurídica y sociolaboral, así como poniendo la mirada en la construcción de la persona migrante en los medios de comunicación, siendo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, donde se llevará a cabo, con un total de once sesiones de trabajo durante los cuatro días. Dichas sesiones están abiertas a toda la comunidad universitaria, si bien se dirigen de manera prioritaria a las y los estudiantes de tercer y cuarto curso de grado.
Como puede comprobarse con la lectura del intenso
programa el
carácter pluridisciplinar de las migraciones queda perfectamente plasmado en
las distintas ponencias que serán presentadas durante la semana, estando dedicada
la primera sesión (día 1) a la perspectiva jurídica, la segunda (día 2) a la
económica, la tercera (día 3) al ámbito de la comunicación , y la cuarta (día
4) a un análisis más general desde el impacto de la migración, con atención especial
a la influencia sobre el mismo del cambio climático.
Será sin duda un buen momento, más exactamente muchos
buenos momentos durante los cuatro días, para debatir con serenidad y rigurosidad
sobre cuál es la realidad del fenómeno migratorio, tanto en el ámbito español
como europeo e internacional, y como abordarlo desde diversas perspectivas
relativas a su regulación legal y su abordaje desde el respeto a los derechos humanos
y las políticas de integración.
No será, sin duda alguna, un debate sobre “¿cuál es el
principal problema que hay en España? o “¿cuál es el principal problema que le preocupa
personalmente?”, las preguntas que formula el Centro de Investigaciones Sociológicas
en sus mensuales barómetros de opinión y que en el del mes de septiembre (remito
a la entrada “El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels
espanyols” ) coloca la inmigración en el primer problema
general y baja al quinto como personal, con la indudable influencia de la
información mediática sobre aquello que está aconteciendo en las Islas Canarias
y la problemática que afecta a Ceuta y Melilla. Una problemática, de la que no
voy a negar en modo alguno su importancia pero sí subrayar que la migración es
un fenómeno (nunca me ha gustado calificarlo de “problema”, y siempre he
criticado, aunque supongo que habrá razones para utilizar ese término en las
encuestas, que se nos pregunte si, entre otros muchos, la inmigración es un “problema”)
que va mucho más allá y que tiene unas connotaciones de índole económica,
social y jurídica que deben abordarse desde una visión integral del fenómeno,
aunque en muchas ocasiones las frase hechas, con ideología muy clara contra ese
fenómeno, sirven para tapar, para oscurecer, una realidad que, por lo que
respecta a España, es mucho más plural y diversa (remito a la entrada “La
inmigración en las proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas
en la actual legislatura en el Congreso de los Diputados” )
2. No pretendo en esta entrada debatir sobre las “bondades” o “maldades” de la inmigración desde una perspectiva puramente genérica, y además sí he expresado ya en muchas ocasiones mi parecer desde que puse en marcha esta blog, con atención especial, como no puede ser de otra manera por mi formación jurídica y social, a cómo tratarlo en el marco jurídico, con medidas a adoptar en el marco internacional (por ejemplo, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de1990), europeo (distintas Directivas y pactos sobre migración y asilo), española (leyes de extranjería y reglamentos de desarrollo) y también en el autonómico, pues no se olvide que Cataluña tiene reconocidas competencias en la materia y que sigue habiendo un debate que mezcla contenido político y jurídico sobre su ampliación en el futuro inmediato (remito a la entrada “Cataluña. Pacto político en materia de inmigración. Los deseos (de algunos), por una parte, la realidad jurídica por otra")
Ahora bien, aficionado como soy al análisis de los
datos estadísticos, he tratado siempre de acércame a la realidad jurídica con
el previo conocimiento de los datos referidos al número de personas que se
encuentran en nuestro mundo laboral, en más de una, dos, tres... ocasiones de
manera irregular, y cuáles son sus reales (no las meramente formales, ya que la
o el jurista que se quede “en el nombre de la cosa (= contrato) flaco favor le
hace al correcto examen de la realidad) condiciones de trabajo.
Quizá por ello, una de las personas más impulsora de
la Semana, la profesora, y estimada amiga, Margarita Miñarro , investigador principal del grupo de investigación “Laborclima.
Respuestas jurídicas sociolaborales ante el cambio climático y para la
transición ecológica justa) aceptó mi petición, tras la invitación que me
formuló para participar y que gustosamente acepté, de dedicar mi ponencia, tal
como indica el título de la presente entrada al examen de la realidad cambiante
de la inmigración en el mundo laboral española. En dicha ponencia, deberán analizarse
los datos sobre la presencia de las personas migrantes en la realidad laboral
de nuestro país y también, en la medida de lo posible, qué regulación es
necesaria para conseguir que el acceso al mercado de trabajo se produzca de
forma regular y ordenada (remito a la entrada “
, siendo además estas fechas un excelente momento para su abordaje, ante
la próxima aprobación de una muy amplia reforma del Reglamento de extranjería
de 2011, que ya tuvo una modificación relevante en julio de 2022 (remito a la
entrada “Inmigración: fenómeno y oportunidad. Datos estadísticos, marcos
normativos de derechos y obligaciones, y problemas jurídicos y sociales que hay
que abordar (A propósito de la Jornada “Pobreza y Derechos”) ), y también por el próximo debate,
ya en Comisión al haber superado la enmienda a la totalidad presentada por VOX,
de la proposición de ley, fruto de una previa iniciativa legislativa popular,
sobre la regularización extraordinaria de las personas migrantes.
No pretendo en esta entrada hacer en modo alguno un spoiler
de mi intervención, ya que los datos con los que trabajo son públicos y bien
conocidos por todas las personas que se dedican al estudio de la inmigración en
el ámbito laboral. Simplemente, deseo ahora recordar cuál es la “realidad estadística”
de la inmigración en el mercado de trabajo, con las cifras que proporcionan la
Encuesta trimestral de población activa del Instituto Nacional de Estadística,
los datos mensuales del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el empleo
y el desempleo de las personas trabajadoras migrantes (comunitarias y
extracomunitarias), y los datos también mensuales que nos facilita el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la afiliación a la Seguridad
Social y su distribución por sectores de actividad y países de procedencia.
Trata, pues, esta entrada, de ser solo un “aperitivo”
de aquello que expondré el día 1 de octubre y con el deseo de animar a quienes
asistan a la sesión a plantear las preguntas pareceres, críticas, sobre dicha
realidad, y mucho más si se trata, como así será, de jóvenes que se acercan al
fenómeno migratorio desde una mirada que no necesariamente, ni mucho menos, ha
de ser la de una persona “de edad” (y lo dejo aquí) como es mi caso.
3. Para completar mi exposición, y dado que como ya he indicado la realidad migratoria y su examen jurídica y económico escapa de un solo país, he de indicar que actualizo los datos utilizados en anteriores intervenciones públicas sobre el fenómeno migratorio y su realidad jurídica y económica (remito a la entrada “Migración y mercado de trabajo” )
Añado ahora, por haber tenido conocimiento recientemente, y tras haber procedido a su lectura, de “El Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2024. Informe español , algunos datos de indudable interés sobre los niveles educativos y las más o menos dificultades de la población migrante entre 15 y 29 años para su inserción en el mercado de trabajo. Son los siguientes:
Al abordar la transición de la enseñanza al mercado laboral de la población de entre 15 y 29 años según su origen, conocemos que “En la media de los países OCDE, el porcentaje de población NEET entre los nacidos en el país es del 11,8 %, frente al 16,7 % para los nacidos en el extranjero, se trata de 1,4 veces más de probabilidades de no estar ni estudiando ni trabajando. Solo en Reino Unido de entre los países analizados es más probable ser población NEET entre los nacidos en el país que entre los extranjeros”, y que “En España, con 14,2 % de jóvenes NEET entre los nacidos en el país frente al 26,5 % de jóvenes NEET entre los nacidos fuera del país, es 1,9 veces más probable no estar en educación y no trabajar para la población extranjera”.
También se constata que la edad a la que se emigra también afecta a los logros de las personas y a su integración en el mercado laboral. En España, “entre los no nacidos en el país, el porcentaje de población NEET alcanza el 35,3 % si se llegó después de cumplir 16 años de edad, y disminuye hasta el 19,7 % si se llegó antes”.
Respecto a la empleabilidad según el lugar de nacimiento y nivel educativo, el informe constata que “tanto para la población adulta nacida en el país como para la nacida en el extranjero, la probabilidad de estar empleada se incrementa con el nivel educativo. Sin embargo, este incremento es más significativo entre los nacidos en el país, lo que sugiere que los mercados laborales tienden a infrautilizar el potencial de las personas nacidas en el extranjero. ... En el caso de España hay una mayor tasa de empleo para la población nacida en el extranjero si el nivel educativo es inferior a la segunda etapa de educación secundaria (61 % para la población nativa frente al 63 % de la población nacida fuera del país). Para los niveles educativos superiores, la tasa de empleo es superior para la población nativa, como ocurre en las medias internacionales: 74 % frente a 71 % en el nivel de segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria y 85 % frente a 76 % para nivel de educación terciaria).
Por
último, es conveniente prestar atención a las disparidades en los ingresos
según origen y nivel educativo. Remitiéndose a un informe anterior de 2023, el
documento constata que las personas nacidas en el extranjero “pueden
enfrentarse a barreras sistémicas que dificultan su integración económica y
limitan su capacidad para aprovechar sus cualificaciones educativas. Los
adultos nacidos fuera del país pueden tener más dificultades que sus compañeros
nativos para encontrar empleo debido a problemas como el no reconocimiento de
titulaciones extranjeras, cualificaciones insuficientes, barreras lingüísticas
o discriminación. En consecuencia, es más probable que acepten cualquier
trabajo disponible, lo que a menudo se traduce en ingresos inferiores a los de
sus homólogos nacidos en el país”, y refiriéndose en concreto a España expone
que “los extranjeros con nivel educativo de terciaria obtienen un 26 % menos de
ingresos que sus homólogos nacidos en el país, si el nivel educativo es de
segunda etapa de secundaria los ingresos son un 34 % inferiores y si es
inferior a este nivel educativo, el salario es un 23 % menor”.
4. También deseo manifestar que será un placer compartir la jornada de trabajo con una estimada compañera, Pilar Charro , y un estimado compañero, Luis Ángel Triguero , que nos acercaran al estudio y examen de dos realidades sociales combinadas con s regulaciones jurídicas merecedoras de especial atención: en el caso de la profesora Charro, las situaciones y medidas de protección para jóvenes migrantes y extutelados (remito a la entrada “A debate la reforma de la normativa de extranjería, con atención a la problemática de los menores no acompañados y de los jóvenes extranjeros extutelados” ) , y en el del profesor Triguero la regulación por la vía del arraigo, con un examen de sus vaivenes normativos y la política jurídico social (remito a la entrada “La reforma del contenido laboral del Reglamento de extranjería (Real Decreto 557/2011 de 20 de abril). Notas previas y texto comparado con el borrador de julio de 2024” ) siendo a mi parecer la reforma de las distintas modalidades de arraigo, en especial el vinculado a la formación y la amplitud de las titulaciones que darán acceso al mismo, y dando la posibilidad de que la persona afectada ya estuviera matriculada, y también la posibilidad de compatibilizar los estudios con una relación laboral, es una de las novedades más significativas del (todavía borrador) nuevo Reglamento.
5. Me refiero en primer lugar a la inmigración laboral según la encuesta de poblaciónactiva del segundo trimestre de 2024
La EPA del segundo
trimestre de 2024 fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística el 26
de julio. Conocemos que la población activa extranjera estaba integrada por
3.878.500 personas, con 3.224.900 ocupadas y 653.600 desempleadas, mientras que
1.708.000 personas estaban conceptuadas como inactivas. El número de personas
extranjeras de 16 y más años asciende a 5.586.500, con un aumento interanual de
316.900 personas.
La tasa de
actividad es del 69,43%, 12,17 puntos superior a la de la tasa de la población
activa española (57,26%). En serie interanual la tasa de actividad de la
población autóctona experimenta una disminución del 0,15 y la de la población
extranjera un aumento del 0,80 %.
La tasa de paro de
la población extranjera es del 16,85%, es decir, 6,63% por encima de la
española (10,22%).
En serie
interanual la población ocupada extranjera crece en 227.900 personas, la
población desempleada aumenta en 34.200 y la inactiva se incrementa en 54.900,
mientras que la población ocupada española experimenta un crecimiento de
198.400 personas, la población desempleada disminuye en 67.100, y la inactiva
aumenta 177.200.
El aumento de la
población ocupada extranjera en el segundo trimestre supone el 29,83% del total
del Estado. La disminución del paro es del 25.02% del total en España. El
crecimiento de la población activa supone el 34,93% del total.
6. Me detengo a continuación en los últimos datos conocidos sobre los datos de afiliación a la Seguridad Social dela población migrante trabajadora, correspondientes al mes de agosto
En toda España,
había un total de 2.870.742 afiliados, de los cuales 907.110 eran de países UE
(481.056 hombres y 426.054 mujeres), y 1.963.632 de países no UE (1.119.485
hombres y 844.147 mujeres). El 44% son mujeres y el 56 % hombres. Cabe recordar
que la media de afiliados de agosto de 2023 era de 2.676.528. Esto es, en los
últimos doce meses se ha producido un incremento de 194.214. Según países de
procedencia, el 31,6% son de países UE y el 68,4% de otros Estados.
El número de
trabajadores del régimen de autónomos es en la actualidad de 457.695, siendo el
del régimen general de 2.406.809. Según la distribución porcentual por
regímenes, el 83,84% está afiliado al régimen general, el 15,94% al de
autónomos, y el 0,22% al del mar
Los datos incluyen
información sobre la evolución del porcentaje de extranjeros sobre el total de
la afiliación desde el año 2011, siendo importante destacar en mi opinión que
el del mes de agosto (13,55 %) supera en 4 puntos el de hace diez años (9,51%),
produciéndose a partir de entonces un incremento anual hasta este año, con la
excepción del año 2020 a causa de la pandemia.
Por comunidades
autónomas, y siempre con datos de la media del mes de agosto, Cataluña es la
primera en número total de afiliados (690.386, 24,05 %), seguida de Madrid
(583.580, 20,33 %), Andalucía (318.194, 11,08%) y la Comunitat Valenciana
(323.872, 11,28%). Me permito añadir, refiriéndome
al ámbito territorial en el que se celebra la Semana multidisciplinar sobre migración,
que en Castellón el total de población afiliada es de 43.274 personas, de las
que 31.683 se encuentran en el régimen general y 6.740 en el de autónomos, siendo
24.430 la población masculina y 18.844 la población femenina. Por países de
procedencia, en toda la Comunidad Valenciana el primero es Rumanía (46.240),
seguido de Colombia (30.554) y de Marruecos (26.623)
En el régimen
general de la Seguridad Social (y poniendo de relieve que las incorporaciones
del régimen agrario y del personal al servicio del hogar familiar suponen el
32,71 y 44,27 %, del total de la afiliación en su sector, respectivamente)
destaca el número de afiliados en el sector de la hostelería, que ocupa a
476.988 (29,11%), de las que 350.619 son de países no UE, y que ocupa la
primera posición. Le sigue, en datos cuantitativos, el sector del comercio y
reparación de vehículos a motor y bicicletas, que ocupa a 305.474 (11,54%), de
los que 212.254 son de países no UE, y en tercer lugar se encuentran las
actividades administrativas y servicios auxiliares, que agrupan a 248.288
(17,00%), de los que 178.753 son de países no UE; el sector de la construcción
se sitúa en el cuarto puesto y ocupa a 205.755 (20,72%), de los cuales 156.366
son de países no UE; la industria manufacturera ocupa el quinto puesto, con
184.717 (9,38%), de los que 122.401 son de países no UE.
En el régimen
especial de trabajadores autónomos, destaca la presencia del sector del
comercio y reparación de vehículos a motor y bicicletas (103.808, 14,06%,
siempre sobre el total de la afiliación en el sector), del sector de la
hostelería (77.236, 23,70%), y del sector de la construcción (64.065, 15,62%
del total, y con una elevada participación de los ciudadanos de la UE (32.477).
Por regímenes,
cabe destacar la importante presencia de los trabajadores rumanos y marroquíes
en el general, siguiendo los criterios estadísticos anteriores (229.621 y
198.900, respectivamente), de los chinos y rumanos en el de autónomos (65.879 y
49.112), y los marroquíes y rumanos en el agrario, siguiendo todavía los
criterios estadísticos anteriores (79.488 y 33.806). En los datos del personal
al servicio del hogar familiar que aparecen en el régimen general, la presencia
rumana es también mayoritaria (22.051), seguida de la hondureña (20.664) y la
colombiana (15.427).
7. Por último, me refiero a los datos sobre demandantes de empleo, paro registrado y contratos correspondientes al mes de agosto y de las prestaciones por desempleo correspondientes al mes de julio Número de trabajadores extranjeros en situación de desempleo: 334.483 (13,00 % del total, 2.572.121). 105.807 son de países UE y 228.676 de países no UE.
La información se
facilita también sobre el número de contratos a personas trabajadoras
extranjeras, tanto para todo el Estado como por Comunidades Autónomas. En toda
España el número fue de 254.578, con una disminución interanual de 2.958.
52.455 contratos se han formalizado con personas sometidas al régimen
comunitario, y 202.133 al régimen general. El 65,19% se han formalizado en el
sector de los servicios, 18,08% en la agricultura, 10,20% en la industria, y
6,50% en la construcción.
Número de
trabajadores extranjeros beneficiarios de prestaciones por desempleo en el mes
de julio: 203.699, con un aumento interanual del 8,5 %. 78.353 desempleados son
de países UE y 125.346 son de países no UE. Este número supone el 11,29% sobre
el total de beneficiarios, con un porcentaje del 15,17% si se trata de la
prestación contributiva, del 7,16% en caso de subsidio, 12,27% en la renta
activa de inserción, y 6,14% para el subsidio para trabajadores eventuales
agrarios.
Si analizamos qué personas
desempleadas cobran los distintos tipos de prestaciones, podemos comprobar que
las contributivas suponen el 61,1% de los extranjeros de países UE y el 68,7%
de los de países no UE, y que el número de perceptores del subsidio, RAI y
REASS, supone el 48,9% y 31,3% respectivamente. En cuanto a los datos del
conjunto de la población perceptora de prestaciones en julio, un total de
1.804.488, el 49% reciben prestaciones contributivas y el resto prestaciones
asistenciales (42% subsidio, 5% RAI, y 4% personal eventual agrario).
El porcentaje de
beneficiarios sobre el total de demandantes de empleo extranjeros es del 33,39%
(32,81 y 32,66% en los meses de julio de 2022 y 2023 respectivamente). El gasto
para los desempleados extranjeros es de 198.751.000 euros, un 10,6% del gasto
total (con un aumento del 13,5% sobre el año anterior).
El 67,3% del gasto
total de prestaciones (1.880.713 millones de euros) se destina a la prestación
contributiva, porcentaje que es del 78,7% en el caso de los parados extranjeros
(76,0 y 77,5%) los meses de julio de 2022 y 2023, respectivamente).
En cuanto al
número de perceptores extranjeros la provincia de Madrid ocupa el primer puesto
(13,95%), por delante de la de Barcelona (11,82%), Almería (8,01%), Valencia
(7,74%), Murcia (5,53 %), Huelva (4,97 %), Alicante (4,77 %), Málaga (3,06 %),
Castellón (2,59 %), y Tarragona (2,40 %).
Por fin, por nacionalidades, los trabajadores rumanos ocupan
la primera posición (43.325, 21,27%),
por delante de los marroquíes (42.034, 20,64%), mientras que los colombianos
ocupan la tercera posición (9.725, 4,77) %), los italianos la cuarta (9.406,
4,62 %), y los búlgaros la quinta (9.029, 4,43 %)”.
Buena lectura.
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