La inmigración en las proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas en la actual legislatura en el Congreso de los Diputados (actualizacion a 13 de septiembre).

1. Desde 1992, año en que publiqué el artículo “La problemática de la inmigración y su tratamientojurídico en España” en la Revista de Fomento Social  hasta la actualidad, es decir más de treinta años, han sido numerosas las ocasiones en que he abordado este fenómeno (siempre me he negado a referirme a la inmigración como un problema), tanto desde la perspectiva estrictamente jurídica como desde la más amplia de carácter social, y de ello queda fiel muestra en el currículum académico, en  las actividades llevadas a cabo durante la dirección de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona desde 2002 a finales de 2007, y desde esta última fecha en este blog que puse en marcha con la ayuda inestimable de mi hijo Juan.

No es ahora, ni mucho menos, el momento para repasar aquello que decía en cada momento histórico, sino simplemente el de dejar constancia de mi interés por la inmigración, inspirado sin duda por mi maestro, el jesuita, sociólogo del trabajo, responsable de formación durante varios años de Comisiones Obreras del Baix Llobregat, y militante eurocomunista también durante un buen período de tiempo, Joan N. García-Nieto,   del que aprendí el valor de la solidaridad y del respeto hacia todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, y fijándome mucho más en su situación económica y social.

Por ello, he de reconocer que tengo una cierta preocupación por cómo se esta abordando en medios de comunicación y redes sociales el fenómeno migratorio, donde el valor de las personas queda, si me permiten la expresión, “arrasado” en muchas ocasiones dependiendo especialmente del Estado de procedencia, y en donde cada vez es más difícil, aunque debe seguir intentándose, tener debates serenos sobre como abordarlo. Y en ocasiones, y me refiero ahora a España, parece que estemos en “el día de la marmota”, ya que situaciones, ciertamente difíciles, que nos afectan por ser frontera europea con África se produjeron con anterioridad hace ya bastantes años, y siempre ha habido que encararlas con medidas de corte político, económico y social, sea cual fuera el gobierno y las fuerzas políticas que le dieran su apoyo.  

Mi interés, que sigue existiendo, y mucho, por la inmigración, me ha llevado preferentemente al estudio de los marcos jurídicos internacionales (Convenios de la OIT, Convenios, Pactos y Acuerdos en el seno de las Naciones Unidas), comunitarios (Directivas y Acuerdos), estatales (leyes y reglamentos de extranjería) y autonómico catalán (competencias en la materia y ley de acogida) por citar sólo algunos ejemplos significativos.

Y no me he olvidado en absoluto de la presencia de migrantes (tanto de régimen comunitario, con el reconocimiento del derecho a la libre circulación, como de régimen general, necesitados de autorizaciones de residencia y trabajo) en el mundo laboral europeo y español, dejando constancia por lo que respecta a este último, ya desde mi dirección de la citada CIDC como en este blog desde poco después de su puesta en marcha, del repaso mensual a los datos facilitados por los Ministerios (con distinta denominación según el gobierno de turno) responsables de trabajo y protección social.

2. En esta ocasión, me detengo en el examen de la actividad parlamentaria desarrollada por los distintos grupos parlamentarios durante la actual legislatura, es decir desde las elecciones generales del 23 de junio de 2023. Porque, para quienes somos juristas, aquello que importa no es todo lo que se dice, sino fundamentalmente aquello que se propone y cómo puede llevarse a cabo, y si tiene o no cobertura jurídica y apoyo parlamentario suficiente para ello.

Me he detenido en la lectura de las proposiciones de ley, una de ellas orgánica, y las proposiciones no de ley presentadas por las distintas fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados, además de la presentación de una iniciativa legislativa popular. Muchas de ellas han sido rechazadas y algunas tomadas en consideración, sin que en esta ocasión entre por mi parte en su posterior tramitación.

Soy consciente de que este examen es forzosamente muy incompleto, ya que los debates en ambas Cámaras legislativas sobre inmigración han sido muchos más y han aparecido en muchos momentos con motivo del debate y discusión de intervenciones del gobierno y de textos normativos, si bien creo que la lectura de los textos que ahora pongo a disposición de las lectoras y lectores del blog les permitirá tener una mejor comprensión de aquello que defienden algunas fuerzas políticas. Y digo “algunas”, ya que, no por ser conocido suficientemente, es obvio recordar que el interés por mantener el foco sobre la inmigración, vivo, y ardiendo, ha sido de VOX, aunque tampoco cabe olvidar que las aportaciones del Partido Popular, muchas menos en número pero también relevantes en contenido, han tenido mucho que ver en esta permanente difusión e información, en muchas ocasiones sesgada de manera intencionada, sobre cuál es la realidad de la inmigración.

Como pueden comprobar, en esta ocasión no hay análisis de datos, ya que en muchas ocasiones anteriores he puesto de manifiesto la importancia que tiene la inmigración en la vida laboral española. Justamente hoy, 10 de septiembre, finaliza el plazo fijado para la aportación de propuestas al anteproyecto de reforma del Reglamento de extranjería que fue publicado el 22 de julio y del que efectué su comparación con la normativa vigente en un artículo anterior   , por lo que considero oportuno esperar a la publicación del Real Decreto, para el que el Consejo de Ministros celebrado el 3 de septiembre aprobó el acuerdo de adoptarlo por el trámite de urgencia, para efectuar un nuevo análisis.

Si, siguiendo las reglas de los artículos académicos, hubiera que indicar las palabras clave de todas esas proposiciones, y dado que la gran mayoría son de VOX, la que se llevaría el primer, y triste, “premio”, sería “inmigración ilegal”, acompañada de “control”, “expulsión”, y “y fuerzas de seguridad”. Bastante detrás quedarían “migración circular”, “oficinas de extranjería”, “incremento de funcionarios”, y más alejada la de “acogida”.  

He destacado en negrita aquellos contenidos de algunas proposiciones que me han parecido más destacados, y es obvio que se trata de una apreciación subjetiva. Queda al parecer cada lectora y lectora la valoración de cada texto. Y un último aviso: no me he equivocado al reproducir algunos textos que son prácticamente idénticos a otros presentados con anterioridad. No, ha sido el grupo parlamentario que los ha presentado el que lo ha decidido, con mínimos cambios sobre el anterior, alguno ciertamente muy curioso ya que mientras que en el primero los “responsables de todo” eran el Presidente del Gobierno y el Ministro del Interior, en el segundo la “responsabilidad” era sólo del Ministro.

El orden seguido en la exposición es por una parte el cronológico, y por otra el número de diputados y diputadas obtenidos en las elecciones generales. En consecuencia, se inicia con las proposiciones presentadas por el grupo parlamentario popular y finaliza con el grupo parlamentario mixto, diferenciando dentro del mismo las presentadas por dos fuerzas políticas.

Los textos que se acompañas son 2 Proposiciones de ley, una de ellas de ley orgánica, presentadas por VOX, 14 Proposiciones no de ley ante el Pleno   , 17 Proposiciones no de ley en Comisión   , y 1 Iniciativalegislativa popular  .   En estos enlaces puede accederse a todos los textos que se adjuntan a continuación.

Hay que indicar igualmente, que la búsqueda con la palabra “inmigración” en las iniciativas parlamentarias , ha dado como resultado 1 pregunta oral en Pleno  , 7 preguntas oralesal Gobierno en Comisión  , y 40 preguntas conrespuesta escrita 

Buena lectura.

Grupo Parlamentario Popular.

1. Proposición no de Ley sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes en materia de inmigración irregular (9 de febrero de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que se dote de medios suficientes a las oficinas de extranjería para la tramitación, en tiempo y forma, de los expedientes de retorno de los inmigrantes que se encuentran en España en situación administrativa irregular o hayan entrado por vías no habilitadas a tal efecto, de acuerdo con los acuerdos bilaterales suscritos por España con terceros países para el control de los flujos migratorios irregulares.

2. Que se refuerce adecuadamente el sistema de identificación, con la puesta en marcha de los instrumentos que acrediten, de manera fidedigna, la mayoría o minoría de edad, en su caso, de los inmigrantes llegados a nuestro país por vías irregulares.

3. Impulsar la disponibilidad y flexibilidad de vías de inmigración regular, abordando y reduciendo las vulnerabilidades de la inmigración, a la vez que se trabaja en una respuesta internacional al tráfico de inmigrantes.

4. Promover y estimular los sistemas de migración circular, vinculados al mercado laboral, con el establecimiento de garantías para que, en caso de retorno voluntario, cuente con las herramientas necesarias para poder reintegrarse en la sociedad de su país de procedencia.»

 

2. Proposición no de Ley para dotar de más medios humanos y materiales a las oficinas para trámites de extranjería (21 de marzo de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

― Dotar de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios a las oficinas para trámites de extranjería que actualmente se encuentran en situación de colapso, en especial aquellas que se encuentran en las ciudades de Madrid, Barcelona, Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante, Málaga, Almería y Palma de Mallorca.

― Cubrir todas las plazas vacantes de la plantilla de funcionarios en las oficinas donde sea pertinente.

― Reforzar la plantilla de funcionarios de la Administración General del Estado destinados a las oficinas españolas de extranjería.

― Aumentar el número de agentes de la Policía Nacional destinados al control de las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid, Barajas para que puedan desarrollar su labor de manera eficaz.

― Acometer las actuaciones necesarias para revertir la situación de insalubridad y pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de algunas salas de asilo en España.»

 

3. Proposición no de Ley para reforzar las actuaciones contra la inmigración irregular en las costas españolas del mar de Alborán, (12 de abril de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Reforzar la plantilla de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las provincias de Almería, Alicante y también en la Región de Murcia, destinando el total de esas plazas al Servicio Marítimo, unidades territoriales, Policía Judicial, fiscales, Fronteras y el CATE.

— Cubrir todas las plazas vacantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las provincias de Almería, Alicante y en la Región de Murcia y promover destinos para la segunda actividad y reserva.

— Acometer las actuaciones necesarias para recuperar, mantener y poner en funcionamiento los acuartelamientos, infraestructuras, vehículos terrestres y marítimos de la Guardia Civil en las provincias de Almería, Alicante y en la Región de Murcia.

— Dotar de los medios humanos, materiales y técnicos a las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que operan la zona del mar de Alborán.»

 

4. Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas para el control efectivo de flujos migratorios irregulares en España. (20 de agosto de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

— Mejorar el control y protección de las fronteras españolas, especialmente en Canarias, Ceuta y Melilla, dotando de los recursos necesarios a las FCSE, incrementando el número de agentes encargados de su custodia, para que puedan realizar sus funciones en condiciones de seguridad y con garantías, reforzando los efectivos especialistas en Extranjería y Fronteras, de Científica, así como personal sanitario. También refuerzo de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

— Aumentar el personal administrativo para la tramitación de los expedientes en las oficinas de asilo, para agilizar los procedimientos de solicitud de información a consulados y embajadas de origen, así como para la tramitación de los expedientes de devolución.

— Dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

— Solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, para ayudar a las FCSE españolas en la vigilancia de nuestras costas y, especialmente ahora en la peligrosa ruta atlántica de la inmigración irregular hacia Canarias, mejorando la dotación a los Servicios Marítimos y Aéreos de la Guardia Civil incluyendo drones, así como resolver las deficiencias que existen actualmente en los equipos del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y en los medios técnicos instalados en las fronteras terrestres y la valla perimetral de las ciudades de Ceuta y Melilla.

— Habilitar y poner a disposición de las autoridades competentes, en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, las infraestructuras que el Estado tiene en desuso y cerradas, con los recursos necesarios para su adecuación, al objeto de poder alojar y atender a los inmigrantes que lleguen por vías irregulares a España, hasta en tanto se resuelva su situación administrativa. O cuando sea necesario como residencia temporal de los agentes de las FCSE.

— Reforzar la coordinación interministerial en esta materia, implicando a todas las áreas competentes, para armonizar y hacer integral la política migratoria del país.

— Estudiar e impulsar las medidas normativas, operativas y estructurales que sean precisas para que la política migratoria española esté adaptada a la realidad de un fenómeno dinámico y cambiante como es el migratorio, teniendo en cuenta las singularidades geográficas de nuestro país, todo ello con el fin de articular, de la forma más eficaz, la lucha contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos, la protección de nuestras fronteras y el pleno respeto a los derechos de los inmigrantes, así como la protección de su vida y su integridad.

— Revisión y mejora, para su efectividad, de los Acuerdos de Cooperación con terceros países, especialmente con Marruecos, Senegal y Mauritania, para la colaboración en el control de los flujos migratorios irregulares con la garantía de respuesta de estos en la ejecución de los expedientes de devolución que tramitan las autoridades españolas, mejorando los recursos humanos y personal administrativo para ello.

— Siempre respetando la soberanía nacional de cada país, desplegar a los agentes de las FCSE españolas en estos países de origen y tránsito para colaborar y cooperar con las autoridades policiales locales en la desarticulación de las mafias y organizaciones de tráfico de inmigrantes.

— Desarrollar un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo, para ello es necesario habilitar más medios técnicos y humanos a disposición de las oficinas de extranjería para que dejen de estar en precario.

— Dotar de un fondo de contingencia suficiente para financiar a las Comunidades Autónomas la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España y están acogidos por las mismas, de tal forma que dote de recursos desde su acogida hasta su emancipación.

— Declarar la emergencia migratoria en el ámbito nacional para las competencias ejercidas por las Comunidades Autónomas en la acogida de personas extranjeras de forma que puedan hacerse con los recursos necesarios por procedimiento de urgencia.

— Solicitar a la UE la activación de los mecanismos existentes para ayudar a los Estados miembros que sufren de forma masiva la entrada de flujos migratorios.»

 

 

Grupo Parlamentario Socialista

 1. Proposición no de Ley relativa al sistema de acogida (7 de junio de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar incrementando las capacidades del sistema de acogida por todo el territorio, con especial atención a los territorios de primera llegada, como la Comunidad Autónoma de Canarias, y la gestión pública, solidaria y estable de la misma.

2. Reforzar la perspectiva de género en la política de acogida, la protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, y de las víctimas de trata y explotación sexual.

3. Avanzar y potenciar la atención específica a colectivos de especial vulnerabilidad como personas con discapacidad, y en la de personas solicitantes de protección internacional por razones de LGTBIfobia.

4. Estudiar la creación de un grupo permanente sobre infancia en el seno de la Comisión Interministerial de Inmigración, que permita responder con enfoque de derechos de infancia.

5. Reiterar a las instituciones europeas la necesidad de prorrogar la protección temporal de las personas desplazadas de Ucrania, y de no modificar el ámbito subjetivo de aplicación de esta

 

Grupos Parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR

1. Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (15 de julio de 2024)

“...De acuerdo con todo lo expuesto, ante la acusada afluencia de inmigración advertida y en el marco de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, esta ley tiene por objeto la introducción de un nuevo artículo 35 bis en la LOEx, con la finalidad de declarar la existencia de tales situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en los territorios principalmente afectados por las peculiaridades de su ubicación geográfica y las condiciones estructurales de los flujos migratorios en la actualidad —Canarias, Ceuta y Melilla— y la aprobación consiguiente del Plan de respuesta a tales situaciones. La precitada declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en estos territorios determinará que se establezca por el órgano competente de la Administración General del Estado cuál debe ser la ubicación de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en otros territorios en los términos previstos en los nuevos artículos 35 ter y 35 quáter de la LOEx, una vez acreditada la insuficiencia de los servicios autonómicos de dichos territorios receptores para garantizar la prevalencia del principio del interés superior del menor, situación que habrá de certificarse por la comunidad o ciudad autónoma y que se concreta en una sobreocupación de las plazas del sistema de protección que supere el 150 por ciento del número de plazas disponibles en el sistema, que es el establecido para cada uno de los territorios afectados en el Anexo que se introduce en la LOEx por el apartado seis del artículo único de esta Ley, Anexo que será actualizable por Real Decreto.

En este sentido, se introduce un nuevo artículo 35 ter, que regula el Modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y adolescencia migrante no acompañada, que contendrá el conjunto de criterios objetivos para la ubicación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas entre las diferentes comunidades Autónomas, así como la regulación del mecanismo de derivación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas a otras comunidades autónomas y los criterios para la determinación de plazas por comunidad autónoma en caso de derivación. Dicho Modelo de gestión será acordado en régimen de cooperación por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia atendiendo al principio de solidaridad consagrado en el artículo 2.bis.3 de la LOEx.

El artículo 35 quáter regula el contenido del Plan, previendo las actuaciones a desarrollar ante la declaración de una situación de esta naturaleza, y comprenderá las que se regulan en este artículo, así como las previstas en los criterios de aplicación del Plan a que se refiere el artículo 35 quinquies, y las establecidas en el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados previsto en el artículo 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Así, a la localización de una persona extranjera cuya minoría de edad sea indubitada o cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, una vez procurada la atención sociosanitaria que resulte necesaria, se procederá a realizar las actuaciones previstas en el precitado Protocolo Marco, procediendo a la inscripción en el plazo de 24 horas desde la reseña del menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Durante la vigencia del Plan de respuesta, hechas las actuaciones anteriores, se formulará por el órgano competente de la Administración General del Estado propuesta de traslado a otra comunidad autónoma, determinándose mediante resolución el traslado una vez la persona afectada haya sido oída y con conocimiento del Ministerio Fiscal, en garantía del interés superior del menor y de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico, garantizándose asimismo la intervención del Ministerio Fiscal de oficio en cualesquiera de las actuaciones previstas en dicho artículo. Esta resolución será, asimismo, objeto de inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

El traslado a la comunidad autónoma de destino habrá de producirse en el plazo de 15 días a contar desde la inscripción de la persona afectada en el citado Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Asimismo, se prevé en este nuevo artículo 35 quáter que en los criterios de aplicación del Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo.

Se regulan en el nuevo artículo 35 quinquies los criterios de aplicación del Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada que contendrá, en desarrollo del Plan y del Modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y adolescencia migrante no acompañada y en garantía del interés superior de dichas personas, la redistribución territorial de las personas menores de edad migrantes no acompañadas, así como la asignación de su tutela y custodia a los servicios de protección de los menores de edad de las comunidades autónomas en las que hayan sido redistribuidas. Dichos criterios serán adoptados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas en ejercicio de las funciones de coordinación de la Administración General del Estado, en los términos de la letra a) del artículo 151.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por último, cabe señalar que ninguno de los preceptos recogidos en esta Ley tiene naturaleza orgánica, motivo por el cual no resulta necesaria una modificación de lo dispuesto en la disposición final cuarta de la LOEx, referida a los preceptos de la Ley que tienen naturaleza orgánica, y aquellos que no tienen dicha naturaleza de ley orgánica, en tanto de conformidad con el apartado 2 de dicha disposición final cuarta no tienen naturaleza orgánica los preceptos no incluidos en el apartado 1 de la misma.

Se prevé en la disposición adicional única que los criterios de aplicación del Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada deberán aprobarse en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Se establece en la disposición transitoria primera que, hasta tanto no se apruebe en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el Modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y adolescencia no acompañada a que se refiere el artículo 35 ter, regirá el modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada aprobado por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en su reunión de 30 de septiembre de 2022, con las adaptaciones correspondientes a su carácter vinculante, de acuerdo con el artículo 35.ter.3, y al resto de las previsiones recogidas en esta ley.

Asimismo, se aplicarán, con las adaptaciones correspondientes al caso, en cuanto al mecanismo de derivación de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas a otras comunidades autónomas y los criterios para la determinación de plazas por comunidad autónoma en caso de derivación, las previsiones recogidas en el «Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 y la distribución del segundo reparto del crédito presupuestario de veinte millones de euros  destinado a la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados», aprobado por Conferencia Sectorial de Infancia y adolescencia en su reunión de 30 de septiembre de 2022...”

VOX

1 Proposición no de Ley relativa a la creación de una misión de Presencia Marítima Coordinada liderada por España, entre la costa de Mauritania hasta la ciudad española de Melilla, con el objetivo de proteger los intereses, las fronteras y la seguridad de las fronteras europeas frente a la inmigración ilegal, (11 de octubre de 2023)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que solicite ante el Consejo de la Unión Europea lo siguiente:

1. La declaración como zona marítima de interés (MAI) de la zona que va desde la costa de Mauritania hasta la ciudad española de Melilla.

2. La creación de una misión de Presencia Marítima Coordinada (CMP) en dicha zona, liderada por España, cuyo objetivo sea la protección de los intereses, las fronteras y la seguridad de los países europeos mediante la lucha contra la inmigración ilegal y la instrumentalización de ésta por parte del crimen organizado.»

 

2.  Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, (11 de octubre de 2023)

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Primero. Se modifica el párrafo cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que queda redactado como sigue:

«El escenario estratégico ha visto desaparecer la política de bloques que protagonizó la guerra fría y emerger la globalización y un nuevo marco en las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad, surgen otros como el terrorismo transnacional y la inmigración ilegal, en ocasiones respaldados —e incluso fomentados—, por actores estatales y cuyo objeto es la erosión de la soberanía nacional del país objetivo.»

Segundo. Se modifica la letra c) del artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que queda redactada como sigue:

«c) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, así como a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento.»

........................

3. Proposición no de Ley para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España (2 de noviembre de 2023)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país.

2. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

3. Impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.

4. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a promover el endurecimiento de las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.

5. Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; tales como, por ejemplo, Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.

6. Suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

7. Suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales, tales como Argelia o Marruecos.

8. Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.

9. Proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.

10. Aplicar de forma sistemática y rigurosa, con la mayor celeridad y rigor, lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional; a fin de acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión o denegación de la protección y acordarla inmediatamente en su caso; teniendo en cuenta el criterio de país seguro a fin de no reconocer protección internacional, por ejemplo, a quienes proceden de Marruecos, Argelia y otros países seguros. En tanto no se apruebe la lista de país seguro, deberá entenderse como país seguro cualquier país tercero considerado como tal por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

11. A establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.

12. Favorecer que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.

13. Poner fin inmediatamente a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.

14. Cesar en la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y haya solicitado protección internacional en tanto no se acompañe por el Ministerio competente, bajo la responsabilidad personal del Ministro, certificación de haberse realizado el examen pormenorizado de todos los motivos de inadmisión, exclusión y denegación de las solicitudes de protección internacional y de que el sujeto correspondiente no procede de ningún país seguro.

15. Reforzar con agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado todas aquellas regiones y localidades españolas que sean sujeto de la reubicación de inmigrantes ilegales por mandato del Ministerio del interior, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.

16. Exigir la responsabilidad de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, y Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, por cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los españoles derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales.

17. Impulsar todas las medidas necesarias para que ninguna partida presupuestaria pública sea destinada a la reubicación de inmigrantes ilegales en España.

18. Garantizar que la política en materia de cooperación internacional, así como todas las ayudas relacionadas con esta, sean competencia exclusiva del Gobierno de la Nación.

19. Suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o a cualquier ONG que opere en dicho territorio con el fin de realizar una auditoría urgente de dichos pagos que determine si estos se han destinado, o no, a ayuda humanitaria; garantizando que ni un solo euro de los españoles se destina a organizaciones terroristas como Hamás.»

4. Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal. (21 de diciembre de 2023) 

Exposición de motivos.

“... En el caso de la inmigración ilegal, son demasiados los casos en que las lagunas y contradicciones de un ordenamiento jurídico cada vez más complejo permiten crear apariencias de legalidad para situaciones que son radicalmente incompatibles con ella. Dichas apariencias, por su parte, pueden llegar a desplegar efectos en el propio ordenamiento en el sentido de reforzar la posición de los inmigrantes ilegales. En este punto, es necesario insistir en las consecuencias profundamente nocivas que tiene el fenómeno de la inmigración ilegal en nuestra sociedad, especialmente en los ámbitos de la seguridad ciudadana y de las relaciones laborales.

El ordenamiento jurídico español debe regular y contemplar, en todas sus ramas, a la inmigración ilegal como un fenómeno gravemente perjudicial para los españoles y para el conjunto de la comunidad. En consecuencia, todas sus previsiones deben estar firmemente encaminadas a identificar y sancionar, en su caso, a quienes participan en tales conductas ilegales.

Por todo ello, se hace imprescindible llevar a cabo las modificaciones legislativas que pongan fin a las ambigüedades y contradicciones en cualquier campo de la legislación que pueda afectar a los inmigrantes ilegales.

Para evitar estas incoherentes situaciones se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al objeto de que, en el caso en el que la inscripción se pretenda sobre bien inmueble, sea un requisito adicional a los contemplados en el artículo 16 ibidem la aportación de justo título sobre la vivienda o la autorización del propietario poseedor con justo título para el empadronamiento. Y, para el caso de las personas que residan ilegalmente en España, se hará constar expresamente esta situación de ilegalidad en el padrón municipal.

Asimismo, se establece que las inscripciones en el padrón municipal realizadas sin justo título o autorización del propietario serán nulas ex tunc, sin que en ningún caso los okupas puedan beneficiarse de los derechos que otorga la condición de vecino...”

5. Proposición no de Ley relativa al cese de la inmigración ilegal con especial incidencia en la situación de Canarias (29 de diciembre de 2023)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Reforzar los controles migratorios en todas las fronteras de España y, particularmente, en las de las Islas Canarias, dotando de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor y facilitando la implicación de las Fuerzas Armadas.

2. Identificar y bloquear rutas de tránsito de inmigración ilegal, en particular de la que llega a las Islas Canarias.

3. Perseguir y castigar con dureza a las mafias de tráfico de personas, que se enriquecen a costa de la vida y la dignidad de las personas.

4. Con el mismo fin de terminar con el efecto llamada migratorio, poner inmediatamente fin a la política de fronteras abiertas y a la connivencia con la inmigración ilegal.

5. Llevar a cabo campañas de comunicación institucional para concienciar de que la entrada ilegal a España supondrá la inmediata detención y deportación al país de origen.

6. Retirar todas las ayudas públicas destinadas a entidades jurídicas que tienen como objeto social actividades relacionadas con el tráfico de personas.

7. Priorizar a los ciudadanos nacionales en la recepción de cualesquiera beneficios sociales, para una más efectiva consecución del bien común de España y para promover el cese del efecto llamada de inmigración ilegal.

8. Deportar con carácter inmediato a los inmigrantes que llegan a España ilegalmente, priorizando la deportación de los que tengan antecedentes delictivos.

9. Reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los barrios españoles donde la seguridad se ve más amenazada a causa de la inmigración ilegal masiva o descontrolada.»

 

6. Proposición no de Ley para el despliegue de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Estrecho de Gibraltar (13 de febrero de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a declarar la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Estrecho de Gibraltar como situación de interés para la Seguridad Nacional, autorizando a tal efecto el despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas.»

 

7. Proposición no de Ley para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España, (30 de enero de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión . de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país.

2. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

3. Impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.

4. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a promover el endurecimiento de las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.

5. Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; tales como, por ejemplo, Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.

6. Suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

7. Suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales, tales como Argelia o Marruecos.

8. Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.

9. Proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.

10. Aplicar de forma sistemática y rigurosa, con la mayor celeridad y rigor, lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional; a fin de acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión o denegación de la protección y acordarla inmediatamente en su caso; teniendo en cuenta el criterio de país seguro a fin de no reconocer protección internacional, por ejemplo, a quienes proceden de Marruecos, Argelia y otros países seguros. En tanto no se apruebe la lista de país seguro, deberá entenderse como país seguro cualquier país tercero considerado como tal por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

11. A establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.

12. Favorecer que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.

13. Poner fin inmediatamente a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.

14. Cesar en la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y haya solicitado protección internacional en tanto no se acompañe por el Ministerio competente, bajo la responsabilidad personal del Ministro, certificación de haberse realizado el examen pormenorizado de todos los motivos de inadmisión, exclusión y denegación de las solicitudes de protección internacional y de que el sujeto correspondiente no procede de ningún país seguro.

15. Reforzar con agentes, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado todas aquellas regiones y localidades españolas que sean sujeto de la reubicación de inmigrantes ilegales por mandato del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.

16. Exigir la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, por cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los españoles derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales.

17. Impulsar todas las medidas necesarias para que ninguna partida presupuestaria pública sea destinada a la reubicación de inmigrantes ilegales en España.

18. Garantizar que la política en materia de cooperación internacional, así como todas las ayudas relacionadas con esta, sean competencia exclusiva del Gobierno de la Nación.

19. Suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o a cualquier ONG que opere en dicho territorio con el fin de realizar una auditoría urgente de dichos pagos que determine si estos se han destinado, o no, a ayuda humanitaria; garantizando que ni un solo euro de los españoles se destina a organizaciones terroristas como Hamás.»

 

8. Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad  (1 de febrero de 2024)

Exposición de motivos.

“... esta reforma busca acabar con las prácticas fraudulentas de adquisición de la nacionalidad española, así como restringir su atribución por procedimientos que no acreditan, en modo alguno, un suficiente grado de integración en la Nación española, tal y como viene aconteciendo en los últimos años a resultas de las políticas migratorias de fronteras abiertas que, a fin de cuentas, devalúan la nacionalidad española al otorgarla a quienes no pueden o no quieren integrarse en nuestro país...

... La presente modificación del CC reduce el plazo para el ejercicio del derecho a optar por la nacionalidad española de origen a un año en los supuestos de adquisición sobrevenida, que atribuyen la nacionalidad de origen, y que se produce por la declaración de la voluntad del interesado, como es el caso de la adopción de mayores de edad (artículo 19.2 del CC) o cuando se determina la filiación o el nacimiento en España después de los dieciocho años de edad (artículo 17.2 del CC).

En cuanto a la adquisición de nacionalidad española por carta de naturaleza, la presente Ley Orgánica pretende exigir unos requisitos objetivos e inequívocos para tal adquisición, limitando el margen discrecional del Gobierno, de tal manera que se facilite el control jurisdiccional de la actuación del Ejecutivo en esta materia.

... Respecto de la adquisición de nacionalidad española por residencia en España, que es el modo más frecuente de adquisición sobrevenida, la reforma es amplia... La reforma propuesta con respecto a este tipo de adquisición de la nacionalidad gira en torno a las siguientes directrices:

1.º Se incrementa a quince años el plazo general de residencia legal y continuada para la concesión de la nacionalidad española.

2.º Se mantienen los plazos reducidos para quienes han adquirido legalmente la condición de refugiado y cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

3.º Se amplían los plazos de los restantes supuestos específicos de adquisición de la nacionalidad española que, hasta ahora, requerían únicamente la residencia de un año en territorio nacional. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que al tiempo de la solicitud llevaren un año casado con español o española y no estuvieren separados legalmente o de hecho, o bien de aquellos que hayan estado sujetos legalmente a la tutela, cúratela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos.

Una de las reformas más importantes que presenta la Ley Orgánica es la exigencia expresa en los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza y residencia de dos nuevos requisitos: en primer lugar, se introduce, como venía aplicando tanto la antigua Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) como los juzgados y tribunales, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, la necesidad de que el interesado acredite, en el momento de presentar la solicitud, carecer de antecedentes penales en su país de origen y en España. En el específico caso de adquisición de la nacionalidad por residencia se añade, además, la necesidad de estar en posesión de un certificado oficial de idiomas, acreditando un suficiente conocimiento y manejo de la lengua española, superando, a su vez, una prueba escrita de conocimientos constitucionales, históricos y culturales de España. En segundo lugar, con el fin de formalizar la renuncia de su anterior nacionalidad, el adquirente debe presentar un documento público expedido por las autoridades de su país de origen que certifique la pérdida de su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito, sin embargo, los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y los sefardíes originarios de España.

Con esta última exigencia se solucionan definitivamente los problemas que se venían originando en aquellos casos en los que, no existiendo tratados de doble nacionalidad, el adquirente de la nacionalidad española, habilitado legalmente por el ordenamiento jurídico de su país de origen, seguía usando con normalidad y habitualidad su nacionalidad anterior. De otro modo, se estarían consolidando situaciones contrarias a la naturaleza, sentido y finalidad de la institución de la nacionalidad. En definitiva, con este requisito se recogen en la norma las exigencias señaladas por la antigua DGRN en numerosas resoluciones.

En relación con la competencia del ministro correspondiente para conceder la nacionalidad española por residencia, se determinan con más precisión los motivos de denegación. Así, siguiendo la Instrucción de la DGRN de 20 de marzo de 1991, el titular del departamento ministerial con competencias en Justicia «podrá denegar la concesión no solo «por motivos razonados de orden público o interés nacional», sino también por la ausencia de cualquiera de los requisitos expresados, o por la falta de cualquiera de los demás que detalla el artículo 22 del CC», sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del mismo artículo que señala expresamente que «la concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso administrativa

9.   Proposición no de Ley para declarar la inmigración ilegal como situación de interés para la Seguridad Nacional.  (10 de abril de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a declarar, en virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra a través de esos mismos flujos de inmigración ilegal hacia España, así como de la creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país, como “situación de interés para la Seguridad Nacionalˮ. Así pues, se incluirá el despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes –artículo 24.1.e)–, para prevenir, proteger y disuadir del proceso de entrada en España y radicalización del terrorismo yihadista.»

 

10. Proposición no de Ley para establecer el marco de actuación de las Administraciones Públicas ante los efectos negativos de la inmigración ilegal masiva (8 de mayo de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impedir, por todos los medios posibles, la regulación masiva de inmigrantes ilegales.

2. Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.

3. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

4. Trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.

5. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de la asistencia humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países de origen.

6. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y todos sus colaboradores.

7. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENAs que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.

8. Impulsar la repatriación de todos los menores extranjeros a sus países de origen de forma inmediata, con sus padres, familiares o entorno íntimo.

9. Proceder a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; entre los que se encuentran países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.

10. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

11. Impulsar las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.

12. Promover la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.

13. Establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la administración.

14. Impulsar la elaboración, en todos los municipios de España, de los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.

15. Introducir explícitamente en las bases de toda subvención destinada a personas físicas el requisito de residencia legal y no de mero empadronamiento para poder ser beneficiario de las mismas.

16. Incluir, con carácter general, el acceso prioritario de los españoles a ayudas sociales públicas y prestaciones de dependencia.

17. Detener la reubicación dentro de España de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.

18. Poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada a reubicar a inmigrantes ilegales en el territorio nacional.»

 

11. Proposición no de Ley para evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por las regiones de España  (9 de julio de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Acometer las medidas oportunas para que se revoque la propuesta de reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAs) promovida en el marco de la Conferencia Sectorial del 18 de julio. Asimismo, impulsar medidas alternativas que prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen.

2. Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.

3. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

4. Trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.

5. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.

6. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, promover que se adopten las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.

7. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

8. Promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.

9. No habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales en distintas regiones de España.»

 

12. Proposición no de Ley para evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por las regiones de España (9 de julio de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Acometer las medidas oportunas para que se revoque la propuesta de reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAs) promovida en el marco de la Conferencia Sectorial del 18 de julio. Asimismo, impulsar medidas alternativas que prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen.

2. Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.

3. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

4. Trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.

5. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.

6. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, promover que se adopten las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.

7. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

8. Promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.

9. No habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales en distintas regiones de España.»

 

13. Proposición no de Ley sobre el incremento de la inmigración ilegal durante los meses de verano (18 de julio de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Acometer las medidas que sean necesarias para combatir la inmigración ilegal en España, que se incrementa especialmente en los periodos estivales.

2. Reforzar los controles migratorios en todas las fronteras de España y, particularmente, en las de las Islas Canarias, dotando de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor y facilitando la implicación de las Fuerzas Armadas.

3. Identificar y bloquear rutas de tránsito de inmigración ilegal, en particular de la que llega a las Islas Canarias.

4. Diseñar un Plan nacional de lucha y erradicación de las mafias dedicadas al tráfico de personas, que incluya la persecución efectiva y el castigo para quienes se enriquecen a costa de la vida y la dignidad de las personas.

5. Suspender la financiación con dinero público a todas las asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales que de uno u otro modo colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos e inmigración ilegal.

6. Reforzar la lucha contra el tráfico de seres humanos incrementando las penas aplicables a las mafias que se lucran con el drama de la inmigración, el tráfico de seres humanos y el crimen organizado.

7. Poner fin a las políticas de efecto llamada impulsadas por el Gobierno de España, poner inmediatamente fin a la política de fronteras abiertas y a la connivencia con la inmigración ilegal.

8. Establecer acuerdos de cooperación con los países de origen de la inmigración ilegal para trabajar en prevención, así como para la rápida repatriación de sus nacionales, condicionando cualquier tipo de ayuda al compromiso firme de estos estados en la lucha contra la inmigración.

9. Llevar a cabo campañas de comunicación institucional para concienciar de que la entrada ilegal a España supondrá la inmediata detención y deportación al país de origen.

10. Garantizar la transparencia, tanto en los medios de comunicación como en la información de las administraciones públicas, de los datos sobre la autoría y nacionalidad de los crímenes cometidos por inmigrantes ilegales.

11. Reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los barrios españoles donde la seguridad se ve más amenazada a causa de la inmigración ilegal masiva o descontrolada.»

 

 Grupo Parlamentario Republicano  

1. Proposición no de Ley sobre la inclusión financiera de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas (12 de marzo de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Desarrollar las modificaciones legislativas necesarias, en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la presente iniciativa, para reforzar los mecanismos de control y supervisión para hacer efectivo el derecho al acceso a cuentas de pago básicas y evitar casos de exclusión financiera que agravan las situaciones de vulnerabilidad social.

2. Desarrollar un régimen sancionador para aquellas entidades o sucursales bancarias que apliquen prácticas arbitrarias para impedir la correcta aplicación del derecho de acceso a cuentas de pago básicas, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley.

3. Sensibilizar la sociedad sobre la importancia de la inclusión financiera de los inmigrantes en situación administrativa irregular y combatir la discriminación y estigmatización asociadas a su situación migratoria».

Grupo Parlamentario Euskalherria Bildu  

1. Proposición no de Ley relativa a la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular a la formación para el empleo, (27 de marzo de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias en la Disposición Adicional décima del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, para evitar la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular del acceso a la formación para el empleo, restituyendo y garantizando así el derecho al acceso a la formación para el empleo que hasta ahora ejercían y el cual resulta necesario para que el arraigo por formación sea reconocido.»

Grupo Parlamentario Mixto 

Podemos

 

1. Proposición no de Ley relativa a los derechos de las personas migrantes, (13 de junio de 2024)

«Por la que se insta al Gobierno a:

1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que Salvamento Marítimo realice búsquedas activas de embarcaciones con personas migrantes en peligro y no solo búsquedas pasivas.

2. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para formular nuevo sistema de asilo y migraciones común, coherente y basado en derechos, que destierre el racismo institucional de las políticas migratorias.

3. Impulsar políticas migratorias que aseguren el derecho a la protección de la vida en el mar y con enfoque interseccional, para abordar la discriminación a la que se enfrentan las personas migrantes por razón de su género, origen étnico racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia, entre otras.

4. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la protección de personas menores no acompañadas y migrantes.

5. Retirar los elementos lesivos que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas migrantes en las fronteras de España, como las concertinas.

6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para eliminar la habilitación legal de las denominadas “devoluciones en caliente”.

7. Cierre total de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

8. Revisar los acuerdos internacionales de España con países que no respetan los derechos humanos.

9. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar una lucha efectiva contra la trata de seres humanos.

10. Reconocer el fenómeno de las migraciones ambientales, referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones.»

2. Proposición no de Ley relativa a la investigación de los hechos y la rendición de cuentas por la masacre de Melilla producida el 24 de junio de 2022 (25 de junio de 2024)

“... el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Emprender las medidas oportunas para asegurar la realización de una investigación independiente, adecuada y efectiva para esclarecer los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera sur con Marruecos;

2. Asegurar el acceso de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación por los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera sur con Marruecos;

3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos gravísimos episodios no vuelvan a repetirse.»

3. Proposición no de Ley relativa a la regularización de personas migrantes 

«Por la que se insta al Gobierno a:

— Aprobar de forma inmediata, en un plazo máximo de 2 meses, la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021.»

 

Coalición Canaria.

1.  Proposición no de Ley sobre la crisis migratoria de las Islas Canarias (22 de enero de 2024)

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que se cometan las siguientes acciones, que se ejercerán con pleno derecho de los derechos fundamentales y las obligaciones fundamentales:

1. Que, en aplicación del artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno del Estado acometa la modificación de las Comisiones Delegadas para la recuperación de la relativa a Asuntos Migratorios para garantizar la coordinación entre los diferentes departamentos con competencias en la materia con respecto a la gestión de la crisis migratoria que se vive en Canarias y a los futuros procesos migratorios.

2. Que se establezca un sistema de coordinación permanente dentro del Gobierno del Estado. La gestión de los variados aspectos que se derivan de la migración está encomendada a diferentes órganos dentro de la Administración. Este sistema disperso provoca deficiencias en la gestión que deberían resolverse para poder conjugar los variados intereses en juego. Se trata de buscar un modelo de integración y coordinación de los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración General del Estado como de las diversas comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Este modelo debería incluir un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) para atender adecuadamente sus competencias en la materia, especialmente reforzado en las comunidades donde se registra una mayor presencia de personas extranjeras.

3. Que se aplique, definitivamente, una política migratoria consensuada para evitar que se continúe trasladando una imagen de alarma y descoordinación, que solo contribuye a intensificar e miedo en la población y alimentar los discursos y delitos de odio.

4. Que se mejore la respuesta a la llegada de personas migrantes a las costas canarias, planificando una red o estructura de acogida estable en todo el territorio del Estado y permitiendo la movilidad o traslado de las personas migrantes por el conjunto de comunidades autónomas Establecer, para ella, una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde Canarias a la Península, especialmente para aquellas personas con perfiles vulnerables, evitando convertir las islas en grandes campos de retención de personas migrantes.

5. Que se renueven y amplíen los acuerdos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para que se impulse un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas coordinado por el Gobierno, para la atención de niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares cercanos.

6. Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan.

7. Que se dote de personal y medios materiales suficientes a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para garantizar la plena cobertura, especialmente en las zonas de llegada y atención de los migrantes. Asimismo, se ayude a las organizaciones y entidades que están prestando su apoyo como la Cruz Roja Española y Protección Civil.

8. Debido a la situación que se está viviendo en las costas de Canarias y teniendo en cuenta que el peso de las operaciones de rescate de personas migrantes es asumido por los tripulantes de los medios marítimos, principalmente de las unidades tipo Salvamar y Guardamar, el Gobierno deberá mantener todo el dispositivo actual de medios desplegado en las Islas Canarias para atender las emergencias de salvamento en el mar, garantizando la operatividad eficiente de manera permanente cumpliendo con la legislación respecto a las horas de guardia.

9. Que se continúen desarrollando los planes de contingencia y de emergencia existentes para dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades de atención y protección de las personas procedentes de flujos mixtos de inmigración.

10. Que se eleve a la Comisión Europea una petición formal para que realice un mayor despliegue del Frontex en Canarias y habilite los fondos y los recursos necesarios para atender el drama humanitario que se vive actualmente en Canarias.

11. Que se dote al archipiélago canaria de una red de acogida capacitada para situaciones derivadas de episodios de emergencia por las importantes llegadas de personas migrantes por vía irregular. Esta red se diseñará en colaboración y coordinación con las administraciones autonómicas, insulares y locales, a través de un órgano de gobierno y cogestión de la acogida humanitaria. Es necesario que la gestión de las plazas asignadas por islas y municipios se realice de manera equitativa, para evitar puntos de saturación, priorizando la estabilidad social y unos espacios adecuados para una acogida digna, así como para garantizar la convivencia en los espacios colindantes. Se redimensionará adecuadamente la red de acogida en cuanto al número de plazas de acogida humanitaria de emergencia existentes, que tendrán la consideración de plazas de tránsito, de manera que sea operativa, sostenible y flexible, que desarrolle mecanismos de atención integral e inclusiva y que se pueda adaptar a los diferentes flujos de llegadas.

12. Que el Ministerio del Interior cumpla el compromiso de incluir al Gobierno de Canarias en las reuniones de coordinación en materia migratoria, creando una comisión al respecto que formalice la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en las políticas migratorias que afectan a la ruta canaria.

13. Que se impulse la elaboración de una normativa estatal y europea integral y coordinada que desarrolle el concepto de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida en materia de inmigración irregular y de atención de los menores no acompañados. Además, es necesario unificar y determinar protocolos uniformes sobre la determinación de la edad, la insuficiencia de servicios de protección, las dificultades para ofrecer itinerarios educativos adecuados y el frecuente abandono voluntario de los servicios de protección. También resulta necesario el establecimiento de un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las Comunidades Autónomas coordinado por el Gobierno del Estado.

14. Que se mantenga y mejore la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y de tránsito de los flujos de inmigrantes, a fin de que constituya un instrumento crucial para la ordenación y gestión regular de los movimientos de personas, que permita salvar vidas y luchar contra las mafias y la trata de seres humanos, garantizando los acuerdos internacionales de derechos humanos.

15. Que se establezcan criterios claros para la priorización geográfica de las políticas de cooperación para el desarrollo, identificando los países diana con más riesgo de desestabilización o con mayor incidencia de las causas raíz de la migración, sin menoscabo de las prioridades establecidas por la política exterior española dentro de la UE.

16. Que se impulsen canales y vías de migración laboral, agilizando los procesos de tramitación de estancias para estudios con el objeto de posibilitar que las personas migrantes puedan llegar a España con un contrato o matrícula de estudios desde su país de origen.

17. Reinstaurar la posibilidad de que las persona puedan solicitar en las embajadas y consulados de sus países de origen las peticiones de asilo.

18. Que se continúe reforzando desde el conjunto de las administraciones públicas y desde todos los prismas de la sociedad civil las políticas de lucha contra el discurso y los delitos de odio, así como a implementación de buenas prácticas de sensibilización y concienciación sobre la población migrante.

19. Que se insista en la necesidad de proporcionar apoyo logístico, económico y humano a las comunidades más afectadas por la presión migratoria, especialmente a Canarias, articulando un fondo económico específico para contribuir a la financiación de los servicios municipales y autonómicos que se ven afectados por la atención e integración de las personas migrantes.

20. Que se impulsen las soluciones legislativas que sean necesarias para tener una normativa estatal básica que dé cobertura a las cuestiones anteriormente planteadas y que den un marco de seguridad jurídica y estabilidad con el que afrontar los flujos migratorios con la adecuada solidaridad interregional.

21. Que se avance junto con el Estado en el traspaso de las competencias de Salvamento Marítimo y en materia migratoria, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Para que las mismas se desarrollen con eficacia es necesario contar con los recursos humanos y medios materiales adecuados, cumpliendo plenamente con el principio de suficiencia financiera y con la solvencia necesaria para dar respuesta al drama humanitario.

22. Que se exija de todas las administraciones públicas y acorde a sus competencias, un trato digno a los inmigrantes llegados a Canarias, tanto en la respuesta a la emergencia, como en las necesidades de carácter social que sean precisas, dando ejemplo ante el drama humanitario que sufren personas que son víctimas de circunstancias no deseadas.

23. Garantizar que los acuerdos de España con terceros Estados superen su visión economicista y procuren la creación de condiciones de desarrollo sostenible y seguridad humana desde el marco internacional de derechos humanos, la Agenda 2030 y los principios de diligencia debida.

24. Que se garantice una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, desde Canarias hacia el resto de España y de Europa, evitando que las Islas puedan convertirse en campos de retención.

25. Que se garanticen los derechos de todas las personas migrantes de acuerdo con el marco jurídico establecido, adaptando el turno de oficio a los sistemas de atención, con una asistencia jurídica individualizada, traducción e interpretación.

26. Establecimiento de un mecanismo ágil para la detección de las personas en las que concurren circunstancias de especial vulnerabilidad, especialmente en relación con los menores no acompañados, para su urgente derivación a recursos especializados.

En el caso de la Comisión Europea, le reclamamos que se aplique la misma hoja de ruta aprobada para la isla de Lampedusa, en Italia, acometiendo las siguientes acciones:

1. Que refuerce el apoyo a España por parte de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para gestionar el elevado número de inmigrantes y garantizar el registro de las llegadas, la toma de huellas dactilares, el interrogatorio y la remisión a las autoridades correspondientes.

2. Que apoye el traslado de personas fuera de Canarias, incluso a otros Estados miembros, utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria y con especial atención a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

3. Que desarrolle una política de incentivos a los retornos voluntarios, emprendiendo un acercamiento renovado y concertado a los principales países de origen de los recién llegados para mejorar la cooperación y facilitar la readmisión.

4. Que apoye la prevención de salidas estableciendo asociaciones operativas en materia de lucha contra las mafias organizadas que trafican con personas.

5. Que intensifique la vigilancia fronteriza en el mar y la vigilancia aérea, incluso a través de Frontex, y explore opciones para ampliar las misiones en el Atlántico.

6. Que incremente las campañas de sensibilización y comunicación para desincentivar la ruta con Canarias, al tiempo que se continúe trabajando para ofrecer alternativas como la admisión humanitaria y las vías legales.

7. Que se intensifique la cooperación con las ONG que trabajan sobre el terreno, en el continente africano, y la OIM para adoptar un enfoque integral basado en rutas para garantizar la protección a lo largo de la ruta y aumentar el retorno voluntario asistido desde los países de tránsito.

8. Que se replantee la política diplomática y de cooperación al desarrollo comunitaria para que se abran canales de cooperación y colaboración permanente con los estados africanos que busquen soluciones a los retos globales y en especial a los aspectos que afectan a los flujos migratorios”.