1. La
Comisión Europea hizo público el 21 de noviembre los documentos con los queinicia el ciclo del semestre europeo 2019 de coordinación de las políticaseconómicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer,
teniendo como punto de referencia principal el “Estudio prospectivo anual sobreel Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto deincertidumbre a escala mundial”, en el que se afirma, según la nota oficial de
presentación, que la CE insta a los Estados miembros a “que adopten medidas
políticas decisivas y concertadas para lograr un crecimiento integrador y
sostenible. A escala nacional, los esfuerzos políticos deben ir enfocados a
realizar inversiones de calidad y reformas que potencien el crecimiento de la
productividad, la integración y la capacidad institucional, al mismo tiempo que
se siguen garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas
saneadas. A escala de la UE, las prioridades son profundizar el mercado único,
culminar la arquitectura de la unión económica y monetaria (UEM), e impulsar
los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales”.Ya disponemos de un muy interesante análisis de tales documentos, en los apartados relativos a España, en el blog del profesor Ferran Camas, en un artículo publicado el 3 de diciembre y que lleva por título "Empleo y condiciones de vida en la UE: perfil de España".
Tomando en consideración
más general todos los documentos presentados, la Comisión constata que “A
escala de la UE, se requiere adoptar las decisiones necesarias para fortalecer
en mayor medida la unión económica y monetaria, mientras que, a escala
nacional, es imperioso aprovechar el actual impulso de crecimiento para crear
reservas presupuestarias y reducir la deuda. La inversión y las reformas
estructurales deben centrarse aún más en estimular la productividad y el
potencial de crecimiento. Estas actuaciones crearán las condiciones propicias
para una estabilidad macrofinanciera sostenida y contribuirán a la
competitividad de la UE a largo plazo, lo que, a su vez, generará las
condiciones necesarias para que haya más y mejores puestos de trabajo, más
justicia social y mejores condiciones de vida para los ciudadanos europeos”.
Como digo, la Comisión ha presentado otros varios
documentos, como el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2019, la propuestade Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con
el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la
gobernanza económica de la UE, y el Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo(PICE), de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un
resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo
en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en
consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las
orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar
la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6),
mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y
fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de
oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados
de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales
establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en
la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.
En lapresentación de los documentos del semestre europeo se enfatizó por el
Vicepresidente Valdis Dombrovskis la importancia de avanzar en la
profundización de la unión económica y monetaria de Europa. En la misma línea,
el comisario Pierre Moscovici subrayó la necesidad de adoptar las medidas adecuadas
ya que “para que la prosperidad de la zona del euro sea sostenible se requieren
no solo unas finanzas públicas saneadas, sino también economías competitivas y
sociedades integradoras”.
Desde la
perspectiva más estrictamente social, la comisaria de empleo Maryanne Thyssen, destacó
lo siguiente: “La recuperación económica de los últimos años ha sido
especialmente favorable a la creación de puestos de trabajo, y el desempleo
está cayendo a mínimos históricos. Paralelamente, cada vez más personas
participan en el mercado laboral, y la tasa de actividad ha alcanzado un nivel
sin precedentes: incluso ha superado a la de Estados Unidos. Se dan ahora las
condiciones necesarias para invertir más en nuestras sociedades, en nuestros
ciudadanos, de manera que esta recuperación se haga permanente y redunde en
beneficio de todos, incluidas las generaciones venideras”.
Analizo a
continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados
por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y
protección social. Para el estudio y análisis de los documentos presentados en 2018, remito a la entradas publicada en el blog el 6 de diciembre de 2017, a través de la cual también puede accederse a los documentos presentados desde 2014 a 2017.
2. El texto
de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada al “Estudio
prospectivo anual sobre el crecimiento 2019: por una Europa más fuerte en un
contexto de incertidumbre a escala mundial”, en el que se pone de manifiesto
que la economía europea sigue recuperándose y entrará en su sexto año de crecimiento
ininterrumpido, con récord de empleo (239 millones de personas), reducción del
desempleo a niveles anteriores a la crisis de 2008, y salida de la pobreza o de
la exclusión social de más de diez millones de personas en los últimos años,
datos todos ellos muy positivos ciertamente pero que tienen su contrapunto, y de
ahí la preocupación de la CE porque el crecimiento “no ha beneficiado de la
misma forma a todos los ciudadanos y a todos los países”, en algunos de ellos
con elevadas tasas de desempleo y con renta de los hogares inferiores a los niveles
anteriores a la crisis, al mismo tiempo que manifiesta la necesidad de abordar
a escala de la Unión los retos a largo plazo que condicionan la realidad
económica y social, como son “el envejecimiento de la población, la digitalización
y sus efectos sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de
los recursos naturales”.
En cualquier
caso, y siempre, repito, desde una perspectiva general, se valora muy positivamente
que las medidas puestas en marcha por el ejecutivo comunitario hayan
contribuido a salir de la grave situación en que se encontró Europa hasta 2014,
cuyas consecuencias sociales se notaron profundamente, “con un elevadísimo
nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y
unas crecientes desigualdades sociales”, lográndose avances que han fomentado “un
crecimiento integrador” y que han igualmente contribuido a “una mejora sustancial de las condiciones sociales
y del mercado laboral”, alcanzándose progresos en materia de políticas presupuestarias
sanas y reformas estructurales que “han sido fundamentales para reducir los
niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos de trabajo”.
El estudio
para el próximo año dedica especial atención a los riesgos y retos del
inmediato futuro, situando entre los primeros la desigualdad de ingresos persistente
y la lenta reducción de la pobreza, y entre los segundos la inadecuación de las
capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y la problemática
derivada de la gestión de las migraciones. No se olvida de aquellos retos que,
aun con implicaciones a corto plazo, dibujan su influencia e impacto en unos
años, entre los que cabe destacar la repercusión de las transformaciones
tecnológicas en trabajadores y sectores, así como el impacto del cambio demográfico
en las políticas económicas y sociales.
Al abordar cómo
afrontar esos riesgos y retos, amplios apartados del estudio tratan de contenidos
de indudable importancia para las políticas sociales, como son por ejemplo las
inversiones que se requieren en capacidades y en educación, que deben ser “más
consistentes e inteligentes”, subrayando la importancia de mejorar ambas para
un gran número de trabajadores, en cuanto que quienes poseen un bajo nivel de
estudios tienen en promedio UE una tasa de empleo casi treinta puntos
porcentuales más bajas que las de aquellos que lo tiene más elevado, y que
todavía hoy en la Europa desarrollada “más de 60 millones de adultos no tienen
las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el ámbito
digital”.
El documento
presta especial atención, como también lo hará el proyecto de informe conjunto
para el empleo, a la consecución de sistemas de protección social inclusivos, y
nuevamente pone el foco (cómo se consiga sería ya de más difícil acuerdo, en
atención a los diferentes marcos normativos nacionales laborales existentes) en
una regulación adecuada de las instituciones del mercado de trabajo “que
combinen la flexibilidad con la seguridad”, dejando abierta la puerta a una modificación
de las reglas del juego de la protección social que vaya de la mano con una
adecuada respuesta a las nuevas formas de trabajo “como el trabajo en las
plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia” (algunas no tan nuevas ni
mucho menos, como he tenido oportunidad de explicar en numerosas ocasiones en
entradas anteriores), de tal manera que dicha protección alcance también a
quienes no pueden considerarse trabajadores típicos o estables (figura, por
cierto, que ha sufrido muchos ataques en los últimos tiempos) por no tener un
contrato de trabajo indefinido y/o no trabajar a tiempo completo.
La especial “preocupación”
del Estudio por conseguir unos mercados laborales más “dinámicos e integradores”
también se postula como medida adecuada para abordar los retos derivados del
proceso de envejecimiento de la población, que requerirán igualmente de
sistemas de protección social reformados y de búsqueda de nuevas fuentes de
ingresos.
Parecidas
propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta de
Recomendación sobre la política económica de la zona euro, en la que se
recomienda a los Estados miembros que adopten políticas, durante el período 2019-2020
con el fin de “Desplazar la presión fiscal existente sobre el factor trabajo y
reforzar los sistemas de enseñanza y la inversión en competencias, así como la
eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que respalden las
transiciones profesionales. Abordar la segmentación del mercado laboral y
garantizar unos sistemas de protección social adecuados en toda la zona del
euro”.
El estudio
es del parecer que hay que establecer unas prioridades que sean correctas para
lograr un futuro próspero, siendo la primera la de realizar inversiones de gran
calidad, con especial atención a que se lleven a cabo en materia de investigación
e innovación, para potenciar las infraestructuras digitales. Vinculada a esta
propuesta, se encuentra la paralela de inversión en educación, formación y desarrollo
de las capacidades, que se considera “fundamental para aumentar la productividad
y el mantenimiento del empleo en un contexto de rápida evolución y
digitalización”. Así lo plantea el documento comunitario: “Para mejorar la
resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios, la acción
política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en actividades
de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información sobre el
mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las decisiones en
materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de
reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las
capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en
todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que
los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento profesional
(incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles a adquirir
las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto también servirá
para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor uso de sus
capacidades y cualificaciones”.
¿Cuáles son
las prioridades en materia laboral y social? No se diferencian mucho de la de
años anteriores como comprobarán los lectores y lectoras, ya que se sigue insistiendo
en la necesidad de abordar nuevas reformas para encontrar “el equilibrio
adecuado entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo”, de tal
manera que todos los trabajadores tengan seguridad laboral y protección social,
con políticas activas de empleo y servicios públicos de empleo más eficaces.
Con especial referencia al empleo joven, me permito ahora apuntar que el Plan
de Empleo Joven aprobado recientemente en España permite apuntar tendencias que
van en la línea de una mejora en las capacidades y cualificaciones de los
jóvenes, con mayores posibilidades, pues, de una inserción regular, estable y
de calidad en el mundo laboral, y al que espero dedicar atención monográfica en
una próxima entrada.
En el
estudio de 2018 se defendía la mejora de los niveles salariales, considerando
que el crecimiento de los salarios reales resultante del aumento de
productividad “es crucial para reducir las desigualdades y garantizar un alto
nivel de vida”, siendo positivo ese incremento porque ello redundaría en un
aumento de la demanda interna que “impulsaría todavía más la actual expansión
económica”. También en el de 2019 se defiende que el incremento de los salarios,
que vincula al aumento de la productividad, “puede reducir las desigualdades y
favorecer una convergencia al alza de los niveles de vida”, al tiempo que se
llama a una recuperación del diálogo social (buen ejemplo de esta recuperación
la hemos tenido en los últimos meses en España con la creación de diversas
mesas para el diálogo social) para fortalecer el papel de los agentes sociales
en los procesos de negociación sobre estas y otras materia, ya que las
políticas adoptadas por algunos gobiernos en años anteriores no han ido
precisamente en esa línea y además han contribuido al debilitamiento de la negociación
colectiva y a la subsiguiente disminución de cobertura de trabajadores
protegidos.
En fin,
nuevamente se insiste, al igual que en años anteriores, en que unas políticas
más eficaces para integrar a los migrantes en los mercados de trabajo “contribuirían
a una mayor integración”, si bien desde luego no parece que muchos Estados estén
por la labor, vistas las restricciones cada vez más numerosas impuestas. Por lo
que respecta a España, soy del parecer que una mayor flexibilidad en la
concesión de autorizaciones de trabajo contribuiría a evitar mayores dosis de
irregularidad, inicial o sobrevenida, en el mismo. En todos los documentos
comunitarios, y no solo en los presentados para el inicio del semestre europeo,
en los que se aborda la problemática de la integración de la población migrante,
se insiste en la importancia de enfoques sistemáticos y en la necesidad de invertir
más “en la mejora de las capacidades y el reconocimiento de las capacidades y
las cualificaciones, en políticas eficaces del mercado de trabajo y en el apoyo
de los servicios públicos de empleo”, con especial atención actualmente a las
necesidades de la población refugiada.
En definitiva,
las líneas y prioridades marcadas en el documento ahora analizado son las que
deben guiar las actuaciones de todos los Estados miembros en los próximos
meses, llamando a todos ellos para que la vida parlamentaria y social tengan un
rol de primer orden en el proceso, por ser del parecer, ciertamente acertado,
aunque no se produzca realmente en muchas ocasiones, que la participación de
los interlocutores sociales y del parlamento, junto con la de la sociedad
civil, “es fundamental para mejorar la apropiación y legitimidad de las
reformas y lograr mejores resultados socioeconómicos”.
3.
Estrechamente vinculado al documento anterior es el Informe presentado por la
CE sobre el mecanismo de alerta 2019, relativo a la prevención y corrección de
los desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros, que es, tal como
puede leerse en su introducción “el punto de partida del ciclo anual del
procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), cuyo objetivo es detectar
y corregir los desequilibrios que dificultan el correcto funcionamiento de las
economías de los Estados miembros o la economía de la UE en su conjunto y que
pueden poner en peligro el funcionamiento adecuado de la Unión Económica y
Monetaria”.
Como es
fácilmente comprensible, las líneas generales del documento por lo que respecta
a los apartados relativos a las políticas de empleo y de protección social no
difieren de las recogidas en el Informe anterior, y quedan bien sintetizadas en
este fragmento del texto, en el que tras afirmar que prosigue la mejora de los
mercados de trabajo y que el crecimiento salarial se recupera poco a poco, se
expone que “Las tasas de desempleo se siguen reduciendo, en particular en el
caso de los jóvenes y los parados de larga duración, pero el paro sigue siendo
elevado en algunos Estados miembros y la participación en el mercado de trabajo
es baja, aunque con frecuencia va en aumento. El desamparo social está
disminuyendo a pesar de la herencia de un desempleo de larga duración y unos
salarios limitados en una serie de países. El crecimiento salarial a nivel de
la zona del euro sigue siendo menor de lo que cabría esperar con los niveles
actuales de desempleo, sobre la base de los datos históricos. No obstante, en
los países de la UE los salarios se van recuperando paulatinamente a distintas
velocidades que reflejan globalmente el alcance de las tensiones en los
mercados de trabajo y los estrangulamientos de la oferta de mano de obra en
algunos países.”.
El informe
dedica un amplio apartado, cuyo contenido es sustancialmente semejante al del
proyecto de informe conjunto sobre el empleo, a la evolución del empleo y de la
situación social, en el que pasa revista a la mejora de la situación de los
mercados de trabajo y la reducción de la tasa de desempleo, así como también al
incremento de las tasas de empleo y de actividad, mejoras que en cualquier caso
no ocultan la preocupación que sigue existiendo en varios países UE por la situación
de pobreza y exclusión social de una parte de la población.
Por lo que
se refiere específicamente a España, la CE valora positivamente que el
desempleo se haya reducido rápidamente, si bien sigue preocupada por la elevada
tasa de desocupación de la población juvenil y por el escaso crecimiento de la productividad
que hace que “las posibles mejoras de la competitividad dependan de ventajas de
costes”, concluyendo que “la lectura económica pone de relieve problemas
relacionados con la sostenibilidad externa, la deuda privada y la deuda pública
y el ajuste del mercado laboral, en un contexto de crecimiento reducido de la
productividad”, y por ello la CE considera conveniente, “teniendo también en
cuenta la detección de desequilibrios en marzo de 2018 y su incidencia transfronteriza,
examinar más a fondo la persistencia de los desequilibrios o su corrección”.
5. El
estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del proyecto de informe
conjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, que será definitivamente
aprobado, como en años anteriores, en el Consejo de marzo de 2019. Se trata de
un extenso documento de 195 páginas, en las que se incluyen cinco anexos: indicadores
principales del cuadro de indicadores sociales, niveles; indicadores
principales del cuadro de indicadores, variaciones y diferencia con la UE; nota
metodológica sobre la identificación de las tendencias y de los niveles en el
cuadro de indicadores; resumen de las «tendencias del empleo que vigilar» y
número de Estados miembros con deterioro o mejora identificados por el
indicador de resultados en materia de empleo (IRE) de 2018; Resumen de las
«tendencias sociales que vigilar» y número de Estados miembros con deterioro o
mejora en el período 2015-2016 identificados por la actualización de agosto de
2018 del indicador de rendimiento de la protección social (IRPS).
Las tesis
centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo,
mucha sintonía con el estudio sobre el crecimiento. En los aspectos positivos
cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo
trimestre de 2018, “239 millones de personas estaban en situación de empleo en
la UE, 14 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en
el punto álgido de la crisis”, con una tasa de empleo del 73,2 % que permite
razonablemente pensar que se alcanzará el objetivo del 75 % fijado en la
Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en
las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años.
En el “debe”,
es decir en aquello que queda pendiente, el Informe destaca que “las
considerables disparidades de las tasas de empleo en toda la UE sugieren que
todavía hay margen de mejora, especialmente en aquellos Estados miembros que
aún están lejos de alcanzar sus objetivos nacionales de Europa 2020”.
El crecimiento
del empleo ha venido básicamente por las mujeres, los trabajadores de más edad
y las personas con un alto nivel de capacidades, mientras que la tasas de
participación de los trabajadores con niveles bajo de cualificación siguen
estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja
la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes
sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan
su incorporación regular y estable al mercado laboral. Respecto a los jóvenes,
el Informe manifiesta su preocupación por “las elevadas proporciones de alumnos
con bajo rendimiento en las capacidades básicas y la marcada correlación de los
resultados educativos con el estatus socioeconómico y los resultados en el
mercado laboral”, apostando por mejorar y perfeccionar los mecanismos ya
existentes y que giran alrededor del sistema de garantía juvenil.
Más luces en
el mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el
6,9 % en la UE y en el 8,3 % en la zona euro, con niveles cercanos o incluso
inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta
de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se
menciona expresamente a España.
Cantidad y
calidad de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara
por un trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son
tan fáciles y sencillas, ya que hay más empleo pero menos horas trabajadas con
respecto al inicio de la crisis, si bien es cierto que el número de horas de
trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años. Otro dato
que debe atraer la atención es el número de personas que trabajan
involuntariamente a tiempo parcial, que el informe sitúa en 1,3 millones
superior al de 2.008.
¿Qué decir
sobre los salarios, los niveles salariales? Que el crecimiento salarial “se
mantiene por debajo de lo que podría esperarse dado el positivo rendimiento
económico y del mercado laboral. La modesta evolución de los salarios en los
últimos años puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad, las
expectativas de una inflación todavía baja y las reservas que todavía quedan en
el mercado laboral”, y que en términos reales, “los salarios medios todavía se
encuentran por detrás de los niveles anteriores a la crisis en muchos Estados
miembros y su crecimiento, en 2017, siguió siendo inferior al crecimiento de la
productividad”. Más importante aún me parece el dato aportado de que en la UE,
entre 2000 y 2017, “el valor añadido real por persona empleada creció un 15,6
%, mientras que la remuneración real por empleado creció solo un 11,2 %”.
¿Qué decir
sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable
que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de
actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de
la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico
de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en
España), y que más de la mitad de este porcentaje es de trabajadores que lo
hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más
estable.
Muy
interesante es el dato de que cerca de un 25 % de los trabajadores autónomos de
la UE pueden clasificarse como «vulnerables» u «ocultos», lo que nos lleva al
debate de cómo algunas empresas están tratando de evadir el cumplimiento de la
normativa laboral. Por otra parte, y refiriéndose a las plataformas digitales y
al trabajo que se presta en ellas, se constata que aun siendo muy reducido el
número de personas que obtienen más de la mitad de sus ingresos regulares prestando
servicios para ellas, un 2 % en 2017, la tendencia es clara de incremento, por
lo que se destaca la importancia de “orientar más las estrategias hacia este
cambio”.
En fin,
subrayo como dato positivo, con el que cierro esta comentario, la importancia que
confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma ordenada, y
en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas propuestas;
importancia, que aparece tanto en el estudio prospectivo como en el proyecto de
informe sobre el empleo, y que queda bien recogido en esta frase del
segundo documento: “Un diálogo social eficaz es un elemento clave de la
economía social de mercado europea. Ayuda a reforzar la cohesión social y a
reducir los conflictos en la sociedad, en beneficio tanto de los trabajadores,
como de los empresarios y los Gobiernos. La participación de los interlocutores
sociales en la preparación de las reformas puede mejorar su diseño y aplicación,
aumentar el sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos y, en último
término, propiciar unos mejores resultados socioeconómicos. Sin embargo, el
grado y el impacto de la participación de los interlocutores sociales varía
considerablemente entre los Estados miembros y es débil en muchos casos. Aunque
no existe un modelo universal para las prácticas de diálogo social, en algunos
Estados miembros hay un claro margen para aumentar las facultades de los
interlocutores sociales y proporcionarles un marco adecuado para unas consultas
previsibles y oportunas, como por ejemplo en todas las etapas clave del
Semestre europeo”.
Buena lectura,
y a esperar el desarrollo de los próximos acontecimientos a escala europea.
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