Por fin, el
22 de noviembre impartía una ponencia en el marco del Encuentro interterritorial
para el impulso y la cooperación de los pactos y acuerdos territoriales de
empleo en la Comunidad Valenciana, de la que ahora recupero algunos contenidos
que considero de especial interés para mi exposición.
1. El concepto de trabajo decente ha
sido incluido, y con fuerza, entre los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU
para el desarrollo sostenible, definida esta en su preámbulo como “un plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, enfatizando que
“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy
demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se
pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que
estos no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de
todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental”.
Con respecto
al objetivo 8, Informes de la OIT destacan que varias metas fijadas en el mismo
tienen especial importancia por su relación con el respeto y cumplimiento de
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, básicamente los
apartados 5 a 8, aun cuando también en varios de los restantes objetivos
encontramos relación con tales principios y derechos, como por ejemplo el
número 1 que está centrado en la reducción de la pobreza y en la garantía de
una adecuada protección social. Repárese, pues, que la actividad de la OIT para
la consecución de las metas fijadas en el objetivo 8 no se detienen únicamente
en dicho texto, sino que se extienden a otras muchas, y que requerirá
(obsérvese su relación con la gobernanza y el diálogo social), “disponer de un
marco de instituciones, organizaciones, leyes y políticas, y de una cultura de
diálogo social que permitan gobernar el mundo del trabajo y el funcionamiento
de los mercados laborales”.
En efecto,
la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible tiene como Objetivo 1 poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo, fijándose como objetivos concreto
“1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de
los Estados Unidos al día 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales 1.3
Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia
cobertura de los pobres y los vulnerables”. Por otra parte, su objetivo 8 es el
de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, con mención expresa
a “8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y
la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros 8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios”. Probablemente, lo dejo apuntado, el logro del trabajo
decente para los trabajadores migrante sea uno de los retos más acuciante,
tanto presente como de inmediato futuro.
2. Es importante poner de manifiesto que no importa solo la cantidad de
empleo creado, sino también, y cada vez más, su calidad, es decir la condición
de dignidad que pasa por un salario suficiente y unas condiciones de trabajo
respetuosas de los derechos de las personas trabajadoras.
El estudio
de las políticas activas de empleo debe hacerse, ciertamente, desde el atento
examen y estudio del marco normativo existente, con atención especial en España
al Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo (LE), que define dichas políticas. Desde
una perspectiva más general, puede afirmarse que, para alcanzar los objetivos
de una buena política activa de empleo, consistente en gestionar correctamente la
oferta y la demanda de trabajo, hay básicamente tres vías de actuación: las
políticas de formación, las políticas de creación de empleo (ej.: subvenciones
a la contratación), y las políticas de funcionamiento del mercado laboral (ej.:
unos buenos y eficaces Servicios Públicos de Empleo).
Ahora bien,
cualquier análisis de las políticas de empleo debe realizarse teniendo en
consideración la situación económica y social, dado que sus objetivos de
posibilitar el acceso al empleo y de garantizar una protección social adecuada
en caso de no disponer del mismo deben tratar de conseguirse de una forma u
otra según cuál sea aquella situación. Se requiere el esfuerzo reforzado de
todos los poderes públicos y de las organizaciones representativas de
trabajadores y empresarios para adoptar medidas que faciliten la disminución
del número de personas desempleadas y también la creación de empleo con
garantías de estabilidad.
Es necesario
poner en marcha políticas activas de empleo que guarden estrecha relación con
las llamadas políticas pasivas, pero que además refuercen la necesidad de
apostar por un nuevo modelo productivo que permita incrementar el volumen de
ocupación estable y de calidad, y que al mismo tiempo que se adapta a los
nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento no olvida que muchas
personas necesitan mejorar sus niveles de cualificación profesional para
acceder o permanecer en el mercado de trabajo.
Las
políticas de empleo deben apostar por la búsqueda del pleno empleo estable y de
calidad, mediante la adecuada combinación de políticas activas de acceso al
mercado de trabajo y de políticas de protección económica para las personas que
se encuentran en situación de desempleo. Hay que prestar una atención especial,
tanto en políticas “de cantidad” como “de calidad”, a los colectivos con más
dificultades, como son las mujeres, los desempleados de larga duración, los
jóvenes, los discapacitados, y buena parte de los inmigrantes incorporados, de
forma regular o irregular, al mercado de trabajo español Se trata de dirigirse
a un mercado de trabajo cada vez más diversificado y con instrumentos adecuados
que permitan hacer frente a esa diversidad.
Así pues,
los datos cuantitativos no deben hacer olvidar la importancia de acercarnos a
la calidad del empleo para entender la realidad del mercado de trabajo en
España. Por ejemplo, el optimismo sobre el volumen de la contratación queda
bastante diluido cuando se comprueba el escaso porcentaje de contratos de
carácter indefinido, y que el resto son temporales, con un dato que debe hacer
reflexionar seriamente: los contratos temporales con jornada a tiempo parcial
suponen ya un tercio del total de la contratación. A título de ejemplo muy reciente, prestemos
atención a los datos sobre contratación del mes de octubre: según los datos
facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), uno de cada
cuatro contratos firmado, en concreto, un 26,8% del total, tuvo una duración de
una semana o menos. De los 2,2 millones de contratos registrados, 600.533
duraron menos de una semana y 821.754, un máximo de un mes. En el mes de
octubre uno de cada tres contratos firmados fue temporal y a jornada parcial.
Si nos
fijamos brevemente en los datos sobre protección por desempleo, aquel al que
debemos prestar más atención es a la calidad de la protección, es decir cuándo
se percibe prestación contributiva y cuándo asistencial, si bien desde la
segunda mitad de 2017 ha mejorado la protección contributiva, siguen siendo
mayoría las personas desempleadas que perciben únicamente la prestación
asistencial (44.59 y 55,41 %, respectivamente según datos del mes de
septiembre).
¿Qué decir
del importante incremento del número de trabajadores afiliados a la Seguridad
Social? Que, ciertamente, es positivo, aunque aquello que realmente es
importante es tanto la modalidad contractual como muy especialmente el salario
percibido por el trabajador y sobre el que se cotiza. De ahí, la importancia de
los acuerdos entre organizaciones empresariales y sindicales sobre el
incremento de los salarios pactados en convenios, así como también del Salario
Mínimo Interprofesional.
Con datos de
la encuesta anual de la estructura salarial de 2017, publicada por el Instituto
Nacional de Estadística, se comprenderá la razón del escaso incremento de las
cantidades abonadas en concepto de cuotas empresarial y obrera a la Seguridad
Social. Así, el salario bruto medio mensual se sitúa en 1.889,0 euros, cuantía
que no debe dejar pasar por alto que un
30 % de asalariados percibió menos de 1.230,9 euros, cantidad que se situó
entre la citada y 2.136,3 para un 40 %, y superior para el restante 30 %,
siendo las Comunidades Autónomas del País Vasco y Extremadura las más
diferenciadas, ya que en la primera el 44,4 % de salarios se sitúa en la franja
superior, mientras que ese porcentaje se reduce al 22,3 % en la segunda. No
conviene olvidar, por otra parte, que el salario mediano (el que divide al
número de personas trabajadoras en dos partes iguales, las que tienen un
salario superior y aquellas que perciben un salario inferior) es inferior,
concretamente de 1.590.3 euros. Por otra parte, la brecha salarial de género se
observa en la ubicación de trabajadoras y trabajadoras dentro de cada grupo, ya
que en el de mayor cuantía salarial encontramos a un 34,7 % de varones y a un
24,9 de mujeres, mientras que el inferior se invierten los porcentajes, siendo
el 40,3 % el de las mujeres y sólo un 20,6 % el de los trabajadores masculinos,
por lo que ello nos lleva necesariamente a matizar la afirmación inicial de la
cuantía del salario bruto medio mensual, ya que al desagregar los datos por
razón de sexo se refleja que la media percibida por las trabajadoras es de 1.668,7
euros mensuales, subiendo hasta los
2.090,6 euros para los hombres, diferencias que el INE justifica por la mayor
presencia femenina en los contratos de duración determinada, a tiempo parcial y
en ramas de actividad de bajos niveles de remuneración.
Bajos
salarios y contratos de muy corta duración, así como las irregularidades
producidas en materia salarial respecto al abono y cotización de algunas
cantidades (horas trabajadas y no declaradas, por citar un ejemplo bien
conocido), no contribuyen precisamente a la mejora de los ingresos de la
Seguridad Social aun cuando sea importante ciertamente el incremento del número
de afiliados. En esos bajos salarios y en la existencia de irregularidades
influye sin duda la estructura del tejido empresarial español, preferentemente
de pequeña y microempresa, en donde la presencia de representantes de los
trabajadores es prácticamente inexistente. Los datos publicados por el
Directorio Central de Empresas sobre dicha estructura empresarial, a 1 de enero
de 2018[2], lo ponen
claramente de manifiesto, ya que afirmar que el tejido empresarial español es
de micro y pequeña empresa principalmente, responde a una realidad
estadísticamente contrastada, con datos que dejan para una reflexión de mayor
alcance que esta nota si el elevado número de empresas sin personas asalariadas
se ajusta a la legalidad o hay detrás de las cifras un número no desdeñable de
relaciones laborales asalariadas encubiertas. Repárese en que más de 1,84
millones de empresas, el 55,3 % del total, no emplearon a ningún asalariado en
2017, y que otro porcentaje nada despreciable, el 27,3 %, es decir 910.866,
sólo daban ocupación a uno o dos personas asalariadas, por lo que entre ambas
sumaban el 82,6 % de total. 80.860 es el número de empresas que ocupaban de 10
a 19 trabajadores, y 71.472 el de aquellas que proporcionaban ocupación a 20 o
más trabajadores.
En definitiva, pues, la lectura de los datos
estadísticos no puede ni debe hacerse, pues, sobre el mero crecimiento o
disminución cuantitativa de la población ocupada, sino también sobre la calidad
del empleo creado, tanto en términos de estabilidad como de condiciones de
prestación de la actividad (nivel de formación, cualificación, salario,
condiciones de trabajo).
1. La participación en unas jornadas
de reflexión, estudio y debate como las que tengo el honor de inaugurar obligan
a actualizar todas las aportaciones efectuadas con anterioridad, es decir a
tomar en consideración las nuevas aportaciones documentales y doctrinales que
antes no lo hubieran sido, bien por haberse difundido y publicado más
recientemente, bien, y hay que decirlo con toda claridad, porque el importante
número de textos publicados hace muy difícil, por no decir casi imposible
(matizo, al menos para una persona de edad avanzada, como es mi caso) poder
leer todos ellos con el mínimo detenimiento requerido.
En esta actualización y puesta al
día, me referiré a un amplio y exhaustivo informe sobre la desigualdad, a los
datos más recientes, recogidos en un informe, sobre las necesidades sociales en
España, a la vida laboral real de personas afectadas por condiciones de trabajo
del todo punto contrarias a derecho tal como se recogen en otro informe
elaborado al respecto, y al informe elaborado por una organización sindical
sobre cómo avanzar en España en los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas para 2030 y a los que ya me he referido con anterioridad.
No conviene tampoco olvidar, y hago
sólo una referencia incidental a ellas porque se encuentran pendientes de
tramitación parlamentaria, y no es previsible que esta se lleve a cabo en el
futuro inmediato dada la composición actual del Congreso de los Diputados y del
Senado, la existencia de dos proposiciones de ley que abordan muy directamente
la situación de la población trabajadora, empleada y desempleada, y en las que
se proponen medidas para garantizar una protección social adecuada y un trabajo
para todas las personas.
Me refiero en concreto a las
presentadas por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú
Podem – En Marea. La primera, por orden cronológico, es la de protección por
desempleo, presentada el 22 de marzo, con una importante y bien cuidada,
jurídicamente hablando, batería de propuestas de modificación del texto vigente
de la Ley General de Seguridad Social para reforzar la protección de todas las
personas desempleadas[3].
La segunda, presentada el 5 de
julio, va dirigida de forma muy concreta a luchar contra la pobreza y exclusión
social[4], y en ella se contempla la puesta en marcha del denominado “Plan de Trabajo Garantizado”, que tiene por finalidad la
creación directa de un millón de puestos de trabajo digno y que se basa en
estos tres ejes: “Reforzar las actividades económicas y sociales todavía
insuficientes, como la educación pública, la sanidad pública, las actuaciones
culturales y deportivas o la generación de energía renovable. Crear nuevas
actividades, principalmente ecológicas: servicios de reutilización y reparación
de materiales y productos o actividades de optimización del rendimiento
energético de edificios. Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de
cuidados, así como otros trabajos que hoy día son de carácter voluntario,
repartiendo estas actividades de forma solidaria entra la comunidad”. Se prevé
la fijación de un salario mensual de 1.050 euros, afirmándose que este “… hará
las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajará en el
sector privado ante la posibilidad de acogerse a un programa de trabajo garantizado
en mejores condiciones. De esta forma, los empleadores del sector privado se
verían obligados a ofrecer remuneraciones iguales o superiores a las del
trabajo garantizado”. En cuanto a prestaciones de protección social, se crea el
Sistema de Renta Mínima Garantizada “para extender la prestación a las personas
hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito
autonómico o estatal”; o lo que es lo mismo, tal como se explica en la
proposición, “no se trata de cambiar la administración pagadora de una
prestación sino de completar en el conjunto del Estado la insuficiente
cobertura actual”.
2. En primer lugar, hay que referirse al 3er
Informe sobre la desigualdad en España, elaborado por la Fundación
Alternativas, cuya dirección ha estado a cargo de los profesores Luís Ayala
Cañón y Jesús Ruiz-Huerta Carbonell[5].
En el capítulo introductorio, dedicado a la desigualdad
y sus nuevas dimensiones, que ha sido elaborado por los directores del Informe,
se pone de manifiesto que uno de los hechos más significativos y contrastados
de la última década “es el aumento de la desigualdad en la mayoría de los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La crisis económica pasada no hizo sino estimular una tendencia
regresiva que en algunos países venía manifestándose desde principios de los
años ochenta. Los cambios en la distribución de la renta
parecen estar generando una menor movilidad social respecto a épocas pasadas,
una tendencia a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la aparente
disminución de las
clases medias y
la expansión de
las situaciones de precariedad,
así como el aumento de la polarización social y del riesgo de nuevos conflictos sociales..”. Los autores
destacan que la desigualdad social en España “es, desgraciadamente alta y tiene
un importante componente estructural.. y es un problema de gran magnitud. Por
un lado, los indicadores medios del último lustro son los más elevados de los
últimos cincuenta años. En segundo lugar, la
comparación internacional, con
datos homogéneos, deja
clara tanto la
posición de España
entre los países
donde la desigualdad
es mayor como
el agravamiento del problema con el paso del tiempo”.
A su juicio, la
falta de traducción del crecimiento económico en una menor desigualdad “se
explica, sobre todo, por la extensión del empleo de bajos salarios y por la
gradual pérdida de capacidad redistributiva de las políticas públicas durante
ese período”. En la misma línea que he expuesto con anterioridad al abordar la
problemática del mercado de trabajo en España, los autores subrayan que una de
las características más destacadas del empleo creado en los años posteriores a
la crisis “es su marcado carácter temporal, a lo que se une, como rasgo más
novedoso, el intenso aumento del trabajo a tiempo parcial no voluntario”, por
lo que “resulta difícil imaginar que, sin cambio al alza en las remuneraciones
… la creación de empleo vaya a reducir sustancialmente el problema de la
desigualdad. La mayor incidencia del empleo de bajos salarios sigue siendo un
rasgo diferencial de España respecto a otros países”.
Uno de los
capítulos del Informe que debe merecer especial atención para el estudio del
trabajo como antídoto, o no, contra la pobreza y exclusión social, es el
elaborado por los profesores Pau Marí-Klose, Emma Cerviño Cuerva y Albert Julià
Cano, en el que abordan la problemática de “Edad, pobreza y vulnerabilidad
económica”, siendo de especial interés la
lectura del apartado 4.2.2, en el que se centran en el origen de los ingresos
que percibe una persona, ya sean del mercado de
trabajo o bien del sistema público de protección social.
Nuevamente en la
misma línea que las tesis expuesta en documentos anteriores, y en mis
reflexiones propias, de este texto, los autores destacan que la evidencia
empírica “sugiere que el aumento en las
tasas de empleo no necesariamente
se traduce en
reducciones en la tasa de pobreza (Cantillon, 2011;Van Vliet y Wang, 2015).
En este sentido, uno de los
factores que explica
esta aparente paradoja
es la calidad
del empleo. Cada vez hay más
evidencias del aumento de los llamados trabajadores pobres (working poor):
personas que a pesar de estar trabajando
se mantienen por
debajo del umbral de pobreza”. Más importante aún, si cabe, es su tesis sobre
el alza de la pobreza entre la población ocupada en los últimos años, que
obedecería “posiblemente a varios vectores. Uno de ellos tiene que ver con la
(re) incorporación al empleo de individuos en peores condiciones que antes de
la crisis. Como han señalado en los últimos años diversos trabajos, el empleo
ha crecido sobre todo a base de contratos temporales de corta duración y
parciales, se ha producido un aumento en la rotación y han caído las
remuneraciones (Jansen et al, 2017) Según un estudio de Fernández Kranz (2017)
los salarios de los nuevos contratos de 2015 eran un 12 % que los contratos que
se firmaban ante de la crisis. Cuando se considera la ganancia anual de estos
trabajadores, los ingresos son un 22,6 % más bajos que en 2008”.
3.
Mi atención se centra a continuación en el Informe del Observatorio Social de
La Caixa sobre “Necesidades sociales en España. Bienestar económico y material”[6], hecho público el pasado mes de octubre y elaborado
por el profesor Luis Ayala Cañón, y las profesoras Olga Cantó Sánchez, Rosa
Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, y
Marina Romaguera de la Cruz.
La tesis del Informe, elaborado a partir de toda la
información estadística disponible, con mención expresa a la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta de
Presupuestos Familiares, la Encuesta de Población Activa, todas ellas del INE, y la Encuesta Financiera de las Familias, del
Banco de España, es contundente ya de entrada: “… prácticamente
todas las condiciones materiales de vida empeoraron desde mediados de la década
pasada”, precisando aún más que “frente a la idea tan extendida en buena parte
de los decisores y en la opinión pública de que los problemas del bienestar
están fundamentalmente determinados por el ciclo económico, en la etapa de
recuperación posterior a la crisis los niveles en esas condiciones siguen lejos
de los que había antes del comienzo de la gran desaceleración económica”.
Del
análisis de los datos laborales y de protección social disponibles, se constata
que la
precariedad laboral y el desempleo “provocan que muchas personas afronten
caídas significativas de renta cada año, lo que genera gran inestabilidad e
inseguridad económica. Paralelamente, los bajos ingresos y su inestabilidad
dificultan considerablemente los procesos de autonomía personal”.
Más preocupante
aún, o al menos así me lo parece, es la constatación de que en España, “prácticamente
todos los indicadores han empeorado desde mediados de la década pasada, sin que
los avances logrados en el corto período desde el final de la crisis hayan
conseguido recortar sustancialmente las pérdidas registradas en los años de la
crisis”. Afirmación genérica que se
concreta después en estos términos: es necesario disponer de fuentes de
ingresos suficientes y estables, para reducir el riesgo de pobreza, y si no se
dispone de ellos, “no solo es necesaria la creación de empleo, sino también que
el empleo creado permita obtener salarios suficientes a los trabajadores”, ya
que “el flujo de ingresos, mayoritariamente del mercado de trabajo, resulta
insuficiente para financiar los gastos en una de cada tres personas”.
En definitiva, una
de las conclusiones del informe, en plena sintonía con la expuesta en el avance
de datos del VIII Informe FOESSA, es clara y contundente. “La recuperación
económica no está trayendo recuperación social. De la evolución de las cifras
en el largo plazo se deduce que la reactivación de la economía, aunque puede
reducir las dificultades para obtener ingresos suficientes y estables, no
logrará por sí sola el progreso buscado en este ámbito. Para que los mayores
niveles de empleo supongan una reducción significativa del riesgo de pobreza,
deben mejorar las condiciones laborales de un segmento amplio de trabajadores,
además de aumentar la cobertura y la adecuación de las prestaciones dirigidas a
grupos sociales actualmente poco protegidos”.
4. La vida laboral
real no son solo normas, sino que hay que velar por su cumplimiento, y
desgraciadamente se dan supuestos, que afectan especialmente a colectivos
necesitados de especial protección, en que tal cumplimiento no se produce, con
el coste económico y social que tiene ello para la persona afectada. Traigo
aquí a colación, para ejemplificar esta realidad, un reciente Informe elaborado
por Cáritas Española y que lleva por título “Vulneraciones de derechos
laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar”[7], presentado el 25 de
octubre y consistente en una investigación llevada a cabo en 30 provincias.
El informe
constata algo que ya era conocido pero que ahora dispone de pruebas
fehacientes, es decir la existencia de “múltiples vulneraciones de derechos
laborales y de explotación en los sectores del temporerismo agrícola, la
hostelería y los empleos del hogar”. Algunas de las situaciones constatadas son
“que el 30% cobra menos del salario que le correspondía legalmente; el 25%
realiza horas extras sin remuneración; y el 50% de los temporeros cobran todo o
parte del salario en dinero “negro”. Más preocupante aún me parece la
vulneración de derechos que podría ser merecedora de aplicación del Código
Penal, en concreto en la regulación d ellos delitos contra los derechos de los
trabajadores (arts. 311 a 318 bis), cuales eran las siguientes: “Una de cada 20
personas ha recibido amenazas. En el sector agrícola el porcentaje es un 13%; Un
4% vio retenida su documentación. En el sector agrícola, el 12%; un 12%
reconoce haber recibido un trato humillante, que en el sector agrícola se
dispara al 22,5%”.
5. Por último, me
refiero al “Informe sindical 2018 sobre los objetivos
de desarrollo sostenible. Del discurso a la acción en CCOO”[8], elaborado por la Fundación 1 de mayo y
publicado el pasado mes de septiembre, en el que se pretende, según puede
leerse en su introducción, que “pretende abordar la situación de España con
respecto a los Objetivos de Desarrollo y contribuir con ello a una mejor
implementación de la Agenda 2030 y el alcance de sus objetivos”, junto con
otros dos objetivos paralelos, que son “por un lado, la divulgación y
reivindicación de un enfoque integral sobre la noción de Trabajo Decente,
alineada con la Agenda de la OIT, y basada en los cuatro pilares estratégicos:
derechos laborales, empleo, protección social y diálogo social, protección del
Medio Ambiente; y su pilar transversal, igualdad de género. Por otro lado,
presentar la Agenda 2030 a los y las sindicalistas de CCOO, mostrando su convergencia
con el trabajo sindical, para su fortalecimiento y visibilidad”.
Quienes lean con la debida atención el Informe no se
sorprenderán, sino todo lo contrario, de que la mayor parte de los datos
disponibles reiteren lo expuesto con anterioridad sobre las debilidades de
nuestro mercado de trabajo y su impacto negativo para una buena parte de las
personas ocupadas que, aun y estar trabajando, no pueden salir del círculo de
la pobreza, debido a la insuficiencia de ingresos para llevar una vida digna si
no es con apoyo del sistema público de protección social. Por ejemplo, que “el 13,1% de los
ocupados se encuentra en riesgo de pobreza en 2016, frente al 9,6% de la media
europea. Las mujeres tienen una tasa del 12,4% frente al 13% de los varones. En
el conjunto de la UE-28, España es el tercer país con mayor porcentaje de
trabajadores pobres (Fuente: EU-SILC, 2017)”.
Para corregir esta
situación se formulan propuestas por el sindicato, que pasan por abordar la
lucha contra la pobreza desde una perspectiva integral, que pasa por ámbitos
tales como “el empleo y su calidad, los salarios, el fortalecimiento de la
negociación colectiva, así como las políticas de protección social, con
especial atención a la situación de las personas desempleadas y pensionistas y
atendiendo a la dimensión de género”. Las medidas concretas son el
establecimiento de un sistema de garantía de rentas para todos las personas en
los siguientes términos: “para los/as trabajadores/as en activo, mediante el
establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional y un Salario Mínimo de
Convenio adecuados; para los/as desempleados/as, mediante la extensión de la
cobertura de las prestaciones de desempleo para todas las personas desempleadas
de larga duración y la mejora de la intensidad (cuantía) de las mismas; y para
los/as jubilados/as, mediante la garantía de pensiones suficientes y adecuadas,
con garantía del mantenimiento de su poder adquisitivo durante toda su
percepción. Todo ello, integrando la transversalidad de género en las políticas
activas de empleo y protección social, de forma que se garantice mediante su
implementación un impacto positivo de género que permita reducir o eliminar las
brechas de género y prevenir cualquier discriminación por esta razón”.
El diagnóstico del
sindicato sobre las reformas laborales en España es demoledor, y desde luego no
es la primera vez que se manifiesta en estos términos, ya que se afirma que la
tendencia en el mundo laboral en España desde los años más duros de la crisis “ha
sido la precarización del empleo, la devaluación de las condiciones laborales,
la merma de la protección social y el crecimiento de la desigualdad. A ello,
están contribuyendo en estos últimos años, las nuevas formas de empleo, o
trabajo “atípico”, con unas relaciones laborales cada vez más difusas,
fragmentadas, y con mayor precariedad y desigualdad”, con una afectación
especialmente negativa a los salarios, que deja de ser, vinculado al trabajo,
un antídoto contra la pobreza y exclusión social para un número no
menospreciable de personas. En el informe se enfatiza, más concretamente, que “en
España se ha experimentado una fuerte devaluación salarial, de la cual destacan
principalmente dos elementos: por un lado, se ha concentrado en los sueldos más
bajos, siendo el 20% de las trabajadoras/es que menos ganan los/as más
afectados/as, de manera especial a las trabajadoras, que son 6 de cada 10
personas que reciben salario igual o menor al SMI, y por otro lado, se ha
producido como consecuencia, no sólo de la crisis económica, sino
fundamentalmente por la amplia capacidad que las últimas reformas laborales han
otorgado al empresariado para modificar (y reducir) los salarios que se venían
percibiendo con anterioridad”; que según el INE, “el 12,6% de la población
trabajadora española, en 2015 estaba cobrando el SMI o menos, es decir, 756
euros o menos. Las trabajadoras en esta situación eran el 18,2%, y el 7,3%
hombres, es decir un porcentaje de trabajadoras que duplicaba al de
trabajadores. Ambos porcentajes se han incrementado casi 3 puntos desde el
2010, alcanzando su cifra más elevada en 2013. El mayor porcentaje de población
trabajadora (32,3%), se encontraba cobrando en 2015 entre 756 y 1.512 euros al
mes (1 a 2 SMI). El siguiente gran grupo de población trabajadora (26,5%),
cobraba en 2015 entre 1.512 y 2.2.68 euros (2 a 3 SMI), representando el 22,89%
sobre el total de las trabajadoras, y el 30% sobre el total de los
trabajadores. (Fuente INE)”; en fin, que el empleo vulnerable, entendiendo por
tal el de las personas trabajadoras familiares no remuneradas y trabajadoras
por cuenta propia, “en España se ha mantenido estable desde el 2014 entre el 11
y 12,2%. El empleo vulnerable en el caso de los hombres es del 14,2%, mientras
que para las mujeres, es del 9,4% (Fuente IDH del PNUD)”.
IX. Recapitulación final de síntesis.
Concluyo mi exposición
He tratado de exponer, tanto con mis reflexiones propias como con la ayuda de
aportaciones de documentos internacionales y nacionales, y de estudios
realizados por la doctrina especializada, cuál es la realidad del mundo del
trabajo y cuáles son las dificultades existentes para que una parte de las
personas trabajadoras no encuentren en aquel tanto el reconocimiento del
derecho a disfrutar de una vida digna como la posibilidad de que los ingresos
percibidos sean un antídoto eficaz para evitar caer en una situación de pobreza
y exclusión social.
También, se han
aportado reflexiones propias y ajenas sobre qué medidas adoptar para conseguir
corregir esa situación y mejorar el grado de cohesión social que cualquier
sociedad necesita disponer para que las relaciones económicas y sociales se
desarrollen de forma ordenada y con beneficio para todas las personas que
forman parte del mundo laboral y también para aquellas que necesitan el apoyo
de los sistemas de protección social.
El reto sigue
estando presente. Debemos seguir aportando propuestas, y adoptando medidas y
acciones, que contribuyan a cambiar las reglas del juego. Jornadas como las que
ha organizado la Catedra Obra Social La Caixa sobre las desigualdades sociales
deben ser un buen lugar para contribuir a ello y estoy seguro de que así lo
serán.
Muchas gracias
[5] http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/5a526c937e4d85b1dd76828b8a0368a6.pdf
[6]
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/135153/iBEM_digital_OCT2018.pdf/74d95da8-4b96-2450-2f66-fbe4dd25fea7
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