1. El miércoles 26
de septiembre fue presentada la Memoria 2017 de Cáritas Española, titulada“Compartiendo compromisos”, y también un avance de la Encuesta sobreIntegración y Necesidades Sociales que forma parte del VIII Informe FOESSA que
será publicado en 2019. También era publicado la pasada semana un informe de
Oxfam sobre la realidad del mundo femenino en el mercado de trabajo, “Vocescontra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa”, con amplias
menciones a la realidad española a través de las voces de protagonistas
directas de esta, y se hacía público el seguimiento que dicha organizaciónjunto con Unicef y World Wildlife Fund (WWF) realizan periódicamente delcumplimiento por España de las Objetivos de la Agenda 2030 de las NacionesUnidas.
Son, todos ellos,
documentos que acercan a la realidad del mundo en que vivimos, una realidad que
condiciona considerablemente el futuro de muchas personas y de sus familias,
que nos señalan como le mejora de la situación económica y social de una parte
de la población va acompañada del mantenimiento, o la caída, en situación de
precariedad para una parte nada desdeñable, por su importancia, de la
población, así como también, y esta es sin duda el aspecto más preocupante, de
la existencia de otra parte de la población que se encuentra en situación de
exclusión social severa. Y en todas estas situaciones, el mundo del trabajo
juega un papel relevante, tanto por la posibilidad de acceder a mayores o
menores ingresos, o de no disponer de los mismos en caso de encontrarse una
persona en desempleo o no poder acceder al mismo, como por la de disponer de un
sistema de protección social ante la pérdida del empleo, o de no tener tal
posibilidad por falta de períodos de cotización o no encontrarse la persona
afectada en una de las situaciones (determinada edad, responsabilidades
familiares,…) que permiten acceder a prestaciones asistenciales.
Son informes, en
especial el de la Fundación FOESSA, que no deberían ser únicamente objeto de
atención uno o dos días por los medios de comunicación y las redes sociales, y
además para poner el acento en algunos de los contenidos más llamativos del
mismo, porque, aun siendo efectivamente importantes los datos que han aparecido
en los titulares sobre personas en situación de exclusión social severa, o cómo
ha afectado la situación de crisis acaecida desde 2008 a una parte de la
población española, vista aquella diez años después, la relevancia general ha
de ser la de conocer cómo esta hoy la sociedad española en su conjunto, qué
parte de la población ha salido ganadora o beneficiada de aquella crisis, o ha
sabido adaptarse y recuperar la situación existente en 2008, y qué parte ha
salido perjudicada, más o menos, de aquella, y en qué condiciones se encuentra
hoy. Y aun más importante, si las secuelas de aquella crisis han dejado a una
parte de la sociedad en grave riesgo de sufrir, mucho más contundentemente
incluso que en la anterior, las consecuencias que pudieran derivarse de una
nueva crisis económica y con sus consecuencias sociales (y si hemos de hacer
caso a las voces de cualificados economistas, no parece que estemos muy lejos
de que ello pueda producirse nuevamente a escala mundial).
Por todo ello, me
permito aconsejar a los lectores y lectoras del blog que presten la debida
atención a estos informes y documentos, porque aportan datos reales de la
sociedad española en general, con interés particular para quienes nos dedicamos
al estudio y análisis del mundo laboral, tanto para quienes lo hacemos
principalmente desde la vertiente jurídica, como para quienes centran su
atención con carácter prioritario en los aspectos económicos y/o sociológicos.
Una excelente síntesis de la Memoria 2017 de Caritas y del avance de la
encuesta del VIII Informe FOESSA puede leerse en la amplia nota de prensadifundida por Caritas con ocasión de la presentación pública de ambos documentos.
2. A riesgo de
dejar en el tintero (= ordenador) gran parte de los importantes análisis y
conclusiones provisionales del documento publicado por la Fundación FOESSA,titulado “Exclusión estructural e integración social”, destaco cuales son
aquellos contenidos y resultados que me parece que deben merecer especial mayor
atención, con especial acento en aquello que afecte al mundo laboral, partiendo
de una tesis preocupante recogida en el documento, cuál es la de estar
avanzando (la intuición propia, y estoy seguro de que también de la muchas
personas iba por el mismo camino, pero es conveniente disponer de información
con datos debidamente contrastados que así lo confirme) hacia una “sociedad
desligada”, ya que el crecimiento económico no va de la mano del desarrollo
social, una sociedad “donde el sálvese quien pueda prime sobre el no dejar a
nadie detrás”. Para el equipo de profesionales autor del Informe, los datos,
tal como pone de manifiesto el Presidente de la Fundación, Manuel Bretón, en su
presentación, van a favor del “salvamento individual”, mientras que el deseo y
la apuesta de la Fundación, como ha ido plasmando en anteriores Informes desde
2008, va a favor de no dejar a nadie en la cuenta del desarrollo, subrayando
que “no nos podemos permitir abandonar a nadie que lo necesite a su suerte. El
vínculo social es un garante de humanidad”.
3. El avance de
resultados de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales, 2018, pone
de manifiesto que desde el inicio del proceso de recuperación económica en 2014
una parte de la sociedad esta “plenamente integrada”, pero que deja a otra en los márgenes de dicha recuperación,
sometida permanentemente a una situación de precariedad, y no sólo laboral, y a
una tercera en la cuneta, afectada por la “cultura del descarte”, expresión que
sin duda me recuerda a la de la “globalización de la indiferencia” con la que
el Papa Francisco trata de poner de manifiesto su critica a como una parte
importante de la población a escala mundial está sufriendo las consecuencias de
una economía que toma muy poco en consideración, por decirlo de forma suave, las
necesidades del conjunto de la sociedad y no solo de una pequeña minoría.
Hay que pasar de
las afirmaciones generales a los datos concretos que avalen las hipótesis. Los
primeros son los de mejora general de los indicadores medios de renta y empleo
desde el inicio de la recuperación (2014), mientras que esa mejora, esos
avances hacia la recuperación de una situación vivida antes de 2008 (sin
olvidar que había ya en aquel momento una parte de la población en situación de
crisis severa) “han sido mucho más limitados en las situaciones de
vulnerabilidad social y pobreza”, ya que haciendo referencia a la situación de
los hogares españoles, la encuesta constata que se ha mantenido prácticamente
la situación existente en 2013, esto es que un tercio de la población se
encuentra afectada por un problema de insuficiencia de ingresos (tomando como
referencia el listón de las rentas que están justo por encima del umbral, el 75
% de la mediana, que es el que “suele considerarse como delimitador de las
situaciones de vulnerabilidad”). Preocupación especial para la situación de la
población joven menor de 16 años, y algo menos, pero muy poco, para los jóvenes
de mayor edad (recordemos que la normativa laboral española, dicho sea
incidentalmente, califica como jóvenes a quienes llegan hasta los 30 años
inclusive), y también ya para las personas de mayor edad, a partir de los 65
años, ya que ha crecido su situación de vulnerabilidad en los últimos tres
años, a diferencia de la etapa anterior, lo cual pone de manifiesto a juicio
del equipo autor del Informe que el sistema público de pensiones esta mostrando
su debilidad para evitar tales situaciones, “especialmente en las generaciones
con cuantías medias más bajas”. Un dato a tener en consideración especial de
informe es el carácter estructural de la especial vulnerabilidad a la exclusión
social de los hogares con menores y jóvenes, colectivos que “tienen un
porcentaje de exclusión que supera en un 25 % a la media del total de la
población y más del doble si la comparamos con los mayores de 65 años”.
4. Mejora
económica considerable y muy limitados avances en los principales indicadores
sociales es una de las conclusiones del documento presentado, que guardan
relación con la debilidad del modelo distributivo en el que sí tiene una
importancia central aquello que ocurre en el mercado de trabajo y en el ámbito
de la protección social, que en los
últimos años se ha caracterizado en especial, y coincido plenamente con esta
tesis tal como lo he puesto de manifiesto en muchas entradas del blog, “por las
dificultades para generar empleo estable, los bajos salarios y la limitada
fortaleza de las redes de protección social”, en el bien entendido entonces que
la creación de empleo “es una condición necesaria pero no suficiente para la
mejora de las necesidades sociales”.
Repárese, por
ejemplo, en que la preocupación por la calidad del empleo se sitúa en el sexto
lugar de los problemas que más preocupan a las personas encuestadas en la
encuesta mensual (septiembre 2018) del Centro de Investigaciones Sociológicas,
y que incluso sube un puesto cuando la respuesta es sobre los tres problemas
que más afectan a la sociedad española (por detrás del desempleo, la situación económica,
las pensiones y la sanidad, problemas todos ellos también de indudable
afectación a las personas trabajadoras); una preocupación perfectamente
comprensible si se repara en el elevado volumen de contratación temporal, con
encadenamientos contractuales que vulneran en muchas ocasiones la normativa
vigente, con la incertidumbre de la inestabilidad permanente que genera para la
población afectada, que suele conllevar unos niveles salarios bajos (véase la
encuesta del INE sobre estructura salarial 2016, que pone de manifiesto que “En
general, los trabajadores con un contrato de duración determinada tuvieron un
salario medio anual inferior en un 32,4% al de los contratados indefinidos”), y
menores oportunidades formativas.
Para las mujeres
en particular, el informe OXFAM pone de manifiesto que desde la recuperación de
2014 se ha mejorado la situación de la población masculina en el mercado
laboral, mientras que la femenina se ha mantenido igual que en los años de
crisis, o incluso ha empeorado (la brecha salarial de género es del 14,2 %),
tratándose de dinámicas que “parecen reforzar tendencias a largo plazo sobre la
participación de la mujer en la economía remunerada, caracterizada por los
bajos salarios y la discriminación salarial”, de tal manera que la concentración
en trabajos a tiempo parcial informales y con bajos salarios “a menudo termina
en trayectorias personales sin futuro, en las que las empresas ven a personas
sin opciones de formación o desarrollo profesional”.
Destaco que las políticas
de inclusión social tienen un importante componente no estrictamente económico,
como por ejemplo las políticas que potencien la participación en el mercado de
trabajo mediante acciones formativas a lo largo de toda la vida, con especial
atención para quienes dispongan de menos conocimientos. En esta línea, además,
una adecuada combinación de políticas activas de empleo y medidas de protección
social cuando fuere necesario permiten que las personas beneficiadas se
mantengan activas y evitan el incremento de los costes económicos de la
Seguridad Social que se produce cuando hay un incremento, por la razón real de
imposibilidad de permanecer en el mercado laboral, de jubilaciones anticipadas
o de prestaciones de larga duración por enfermedad o incapacidad. En esta justa
combinación de políticas habitualmente denominadas “activas y pasivas” de
empleo, y que deben ir estrechamente unidas, la importancia de los itinerarios
individualizados de inserción es clara y evidente, y en atención a que nos
estamos refiriendo a colectivos con especiales dificultades, no sólo
económicas, en numerosas ocasiones, la actuación conjunta de los servicios
sociales y de empleo adquiere particular relevancia.
De ahí que sea
importante el incremento del salario mínimo interprofesional para el conjunto
de la población trabajadora, con sus efectos de arrastre en las prestaciones
sociales, sin olvidar que la mejora del Indicador Público de Rentas de Efectos
Múltiples (IPREM) es también necesario para lograr una mayor protección. Si
bien todavía nos queda camino para alcanzar el objeto de los 1.000 euros, meta
propuesta por España de acuerdo al ODS 8 (trabajo decente) para 2020, la mejora
del SMI experimentada en 2017 y 2018 se sitúa en el buen camino y supone un
cambio positivo de tendencia con respecto a la etapa anterior, y así es
reconocido por el Informe de FOESSA objeto de comentario, subrayando que
“aunque el efecto de arrastre del salario mínimo del conjunto de la masa
salarial es limitado, sus subidas pueden incidir positivamente sobre los
salarios más bajos y también sobre las cuantías de algunas prestaciones
sociales que toman como referencia su valor”.
Entre estas
prestaciones sociales, señalo, se encuentran tanto un variado conjunto de
asistenciales de ámbito estatal que deben ser objeto de reordenación, como las
rentas mínimas o de garantía de las Comunidades Autónomas, siendo necesario un
amplio debate sobre cómo conseguir que
unas u otras cumplan el objetivo de garantizar una red última de protección
económica (acompañada de posibilidades de inserción laboral cuando las
circunstancias de las personas perceptoras así lo permitan) para quienes se
encuentran carentes de recursos. Cabe aquí recordar que en el VII Informe FOESSA
sobre exclusión y desarrollo social en España, se apostaba ya por la puesta en
marcha de políticas que posibiliten conseguir que la protección social “alcance
estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un
sistema de garantía de mínimos”, así como también el desarrollo de una protección
social que no quede reducida a la gestión de las prestaciones económicas, algo
que al parecer de los autores del texto había de conseguirse “desde el
fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que facilite la promoción y
el empoderamiento de las personas”.
5. El documento mide
los resultados de la salida de la crisis en la cohesión social en España, con
un exhaustivo análisis de la situación de exclusión social en la que pueda
encontrarse una parte de la sociedad española, “a partir de un índice sintético
de exclusión social (ISES) construido con una batería de 35 indicadores que
ofrecen una imagen nítida de la misma”, con los que se trata de cubrir “las
diversas dimensiones tanto del eje económico (como falta de participación en la
producción y en la distribución de producto social), como del eje político de
la ciudadanía (como falta de participación política y o de acceso efectivo a
los derechos sociales como la educación, la vivienda, y la salud) y del eje de
los lazos sociales (que se manifiesta en determinadas formas de relaciones conflictivas
y en aislamiento social), tratándose de una muestra de más de 11.000 hogares en
las 17 Comunidades Autónomas, encuesta que, subraya el equipo autor del
informe, “se convierte en el mayor esfuerzo realizado hasta ahora por la
Fundación FOESSA para poder medir y comprender el espacio de la exclusión y
cohesión social en España”, con el que la Fundación pretende cerrar el ciclo de
doce años que inició con la primera encuesta en 2007, y que pone en evidencia
que se está generando “un marco de
participación social más frágil y una sociedad en la que se debilita la
vinculación social”, ya que el balances general es el de “un espacio de
integración con bases más débiles y una exclusión más severa (que) se enquistan
en la estructura social de España”.
Distinguiendo
entre cuatros niveles (integración plena, integración precaria, exclusión
moderada y exclusión severa”, el informe constata que el 48 % de la población y
hogares, esta plenamente integrada
(situación casi idéntica a la de 2007 para personas, y ligera mejoría
para hogares), y al mismo tiempo, pues, se pone de manifiesto que “la mitad de
la población española padece, en distinta medida, situaciones de precariedad ya
características del momento pre-crisis”. Repárese, por ejemplo, en que las
personas en situación de inclusión precaria sólo han disminuido algo más de un
punto desde 2007. Dicho con las propias palabras del Informe, los datos de 2017
en comparación con los de 2007 acentúan la visión de una sociedad que consolida
la desigualdad, ya que “10 años después del comienzo de la crisis económica, y
4 años después de su punto de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a
la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión.
Así, el porcentaje de población en integración plena es ligeramente inferior al
registrado antes de la crisis, 49% en 2007 frente a 48,4% en 2018, si bien la
exclusión social sigue siendo notablemente superior, especialmente la severa,
al año 2007. La población en situación de exclusión ha pasado del 16,4% en 2007
al 18,4 actual, lo que significa un aumento del 12,2%, llegando dicho
incremento a un 39,7% en el caso de la población en situación de exclusión
severa, que en 2018 afecta al 8,8% de la población”.
El ISES permite
constatar, pues, que la recuperación tan proclamada desde 2014, y que
ciertamente ha existido en términos económicos globales, no ha ido de la mano
de la mejora de la situación social de una parte importante de la población, y
lo que es más relevante es que “la recuperación no está llegando de igual
manera a las personas y hogares en situaciones de exclusión más severas, y
además aumentan los casos de exclusión más críticos”, de tal manera, se
constata con preocupación en el informe, que el primer impacto de una nueva
crisis (no tan lejana, como ya he indicado con anterioridad) “nos encontraría
como sociedad con más personas en los límites de la resistencia y con menos
recursos de dichas personas para abordarlas que en el año 2007”.
6. Si nos fijamos
en el dato del empleo, la dimensión de la exclusión social del mismo afecta a
un 23,9 % de la población (dato muy superior al del inicio de la crisis, 16,9
%), mientras que se incrementa considerablemente si sólo se toma en
consideración la población en situación de exclusión, un 56 % (44,7 % en 2007),
y aún más si el ámbito de afectación es solo el de la población en situación de
exclusión severa, un 61,3 % (frente al 39,6% en 2007). Si unimos este dato al
de situaciones de exclusión relativas a la vivienda o a la salud (23,7 y 14 %,
respectivamente, para el conjunto de la población) se llega a la conclusión de
encontrarnos ante una realidad social en la que “una de cada cinco personas en
exclusión está afectada simultáneamente por la exclusión del empleo, la
vivienda y la salud, una de cada tres si hablamos de personas en situación de
exclusión severa”.
Que disponer de un
empleo es importante, pero que no es automáticamente una constatación de
integración, es algo que ya ha sido puesto de manifiesto en numerosos estudios
que han abordado la problemática de los trabajadores pobres (working poors). Por
ejemplo, el séptimo informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra laPobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), “Seguimiento del
indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008- 2016”. El
informe aporta datos estadísticos de indudable interés para conocer la realidad
de la pobreza en España, a partir de los tres criterios fijados a escala
europea por el indicador AROPE, y cómo afecta a personas que se encuentran en
el mundo del trabajo y cuyos ingresos económicos por el trabajo realizado no
son suficientes para permitirles salir de la situación de vulnerabilidad. Según
el citado informe, y con respecto a 2015, el citado indicador “se ha reducido
en 0,7 puntos porcentuales (345.000 personas menos), hasta llegar al 27,9% de
la población, afectando a 12.989.405 personas”, poniéndose de manifiesto que
“es el segundo año que se produce una reducción, aunque modesta, del indicador”,
si bien desde el inicio de la crisis en 2008 el número de personas en riesgo de
pobreza “se ha incrementado en más de 1.242.000 personas”. De especial interés para comprender los
cambios que está sufriendo el mundo del trabajo, y su impacto negativo en
términos de renta económica disponible para muchos trabajadores, son los datos
del informe que relaciona tasas de pobreza con la actividad, ya que “Un 48,5%
(44,8% en 2015) de las personas en desempleo y el 25,7% (21% en 2015) de las
“inactivas” constituyen los grupos más afectados por la pobreza, si se analiza
según la actividad. Sin embargo, una cuestión muy importante con respecto al
perfil de las personas pobres es que sólo el 31, 4 % de ellas está en paro. Es
decir, no es el desempleo lo que define a la pobreza”. Tal como destacan los
autores del informe, un aspecto importante que pone de manifiesto el mismo es
que “la relación entre pobreza y desempleo no es absoluta, lo cual lleva a
plantear que, además de resolver el tema de la falta de empleo (BITH), será
necesario atacar de lleno las dificultades de carencia material y de rentas
suficientes, mediante políticas económicas y sociales complementarias”.
Pues bien, esa
misma constatación se efectúa en el documento ahora analizado, partiendo del elevado
grado de precariedad existente en el seno de las relaciones de trabajo en
España, con afectación especial a la población joven y que lleva al informe a
sostener que la tradicional dualización de nuestro mercado de trabajo “se está
trasladando a una dualización social en términos generacionales”, con una
llamada de atención a aquello que puede ocurrir (¿o que ya está ocurriendo?) de
cara al futuro en el ámbito de la cohesión social, cual es que “si la
incorporación social por el empleo es de forma tan diferente a la de sus padres
no debemos extrañarnos de las consecuencias que estamos sufriendo”,
preocupación que extiende a la crisis sufrida por las personas trabajadoras de
50 y más años, “que no ha (n) conseguido reincorporarse al mercado de trabajo y
que está (n) desapareciendo de las estadísticas”.
Un empleo
precario, un bajo salario y unas expectativas totalmente inciertas de
desarrollo formativo y profesional, tienen además repercusiones evidentes sobre
las dificultades relativas a la inclusión en materia de vivienda y de salud,
operándose de esta manera, y la realidad de nuestro mercado de trabajo nos lo
recuerda día tras día, “un nuevo espacio de exclusión en el empleo que afecta a
muchas más personas que los tradicionales empleos de la exclusión social más
grave (p.ej.: recogida de cartones/chatarra), que continúan su descenso como
opciones viables”. Los datos recogidos en el informe constatan perfectamente la
no integración, hasta llegar a la situación de exclusión severa, de personas en
situación de desempleo y hogares en los que todas las personas activas se
encuentran en situación de desempleo, o de los hogares en donde la persona
sustentadora principal se encuentra desempleada desde hace más de un año, sin
olvidar la necesidad de prestar atención en el análisis a la brecha de sexo, y
en 2018 el informe constata que la exclusión existe en un 16 % de hogares donde
el sustentador principal es varón, incrementándose al 20 % si se trata de una mujer, “una brecha
del 25 % que duplica la brecha que existía en 2013”.
¿Y qué decir
específicamente de la población extranjera extracomunitaria? Pues que la
situación de crisis le afectó especialmente a partir de 2007 (véanse los datos
de afiliación a la Seguridad Social de 2007 a 2014) y que aun hoy sigue
mostrando diferencias negativas con respecto a la población española y
comunitaria, ya que el 46,5 % se encuentra en situación de exclusión, siendo el
27,5 % el porcentaje de quienes se encuentran en exclusión severa, un dato
especialmente preocupante ya que en 2007 era inferior, 25,5 %, algo que pone de
manifiesto para el equipo autor del informe que se ha producido “un importante
estancamiento en el volumen de población en exclusión social severa entre la
población extracomunitaria”. No menos importante, por lo que respecta al núcleo
central de mi análisis, el del mundo laboral, la situación de exclusión en el
empleo de la población extracomunitaria doble el porcentaje de la española,
46,8 y 22,22 % respectivamente.
7. Una excelente
síntesis de todo el informe se encuentra en sus conclusiones, a cuya lectura
remito a todas las personas interesadas, en las que se pone de relieve la
necesidad de políticas públicas que atiendan a la brecha de sexo que repunta en
el ámbito de la exclusión, a la especial vulnerabilidad de menores y jóvenes,
así como también de los hogares con adultos de mayor edad que están
desempleados o se encuentran ya fuera del marco laboral, las necesidades
específicas las familias numerosas y monoparentales, o las de la población
extranjera extracomunitaria. Todo ello, constatándose, por una parte, que el
sistema educativo “desde un punto de vista global continúa ofreciendo una
apuesta segura como protector frente a la exclusión social”, y por otra que el
apoyo de las familias y de las redes cercanas a las personas que se han
encontrado en situación de crisis/exclusión en etapas anteriores, está
empezando a mostrar “claras lagunas en el espacio de la exclusión social”.
Políticas públicas
y actuación de toda la sociedad, y con ello concluyo, que den la vuelta a una
realidad preocupante que constata el informe, tanto al inicio como a su
finalización, y que deja de lado a seis millones de personas que se encuentran
en situación de integración precaria, y de forma mucho más acusada a 8,6
millones de personas que se encuentran “en el espacio de la exclusión social,
1,2 millones más que en 2017”, con 4,1 millones de personas en situación de
exclusión severa que viven en 1,5 millones de hogares”. Se trata de conseguir,
y la tarea es hercúlea, dar la vuelta a una situación en la que se está
resquebrajando el contrato social y generacional anteriormente existente. Por todo
ello, el informe llama a la movilización de los poderes públicos y de toda la
sociedad para conseguir que esta larga cita que reproduzco a continuación
desaparezca en próximas ediciones del Informe: “En la evolución de nuestro
marco social estamos construyendo una sociedad desligada, que destruye con cada
vez mayor intensidad los vínculos o ligamentos por los que nos sentimos
miembros, con derechos y deberes, de nuestra sociedad. Donde el individualismo
exacerbado deja a la persona cada vez más sola en su proceso de incorporación
social, y ante los grandes cambios civilizatorios ha decidido ignorar su
victimario”.
Buena lectura.
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