La protección del derecho constitucional de huelga en empresas del mismo grupo mercantil. Notas a dos importantes sentencias del TS de 3 de octubre de 2018 que confirman la doctrina sentada en la de 5 de febrero de 2015.

1. Un tweet delprofesor, y bloguero, Ignasi Beltrán de Heredia el 13 de noviembre, “Vulneración dº huelga si se acude a contrata del mismo grupo (sigue doctrina "Prisa")”, me puso sobre la pista de dos importantes sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 3 de octubre, de las que fueron ponentes los magistrados Ángel A. Blasco (Rec. 3365/2016) y Antonio V. Sempere (Rec. 1147/2017) y que procedo a comentar en esta entrada. La Sala estuvo integradas en las dos sentencias por los dos magistrados citados y también por las magistradas Mª Milagros Calvo y M Luisa Segoviano, con la presencia del magistrado Sebastián Moralo en la primera y de la magistrada Rosa Virolés en la segunda.

El resumen oficial de ambas resoluciones judiciales, ya disponibles en CENDOJ, que permite ya tener un buen conocimiento de los dos conflictos y de la tesis del TS es el siguiente:

Sentencia de 3 de octubre (Rec. 3365/2016). “Huelga en Gráficas de Prensa Diaria, S.A. que se dedica a la impresión y que pertenece al Grupo Zeta. En dicha empresa se imprimen habitualmente publicaciones periódicas de diversas empresas pertenecientes al grupo. Durante la huelga las empresas del grupo encargaron la impresión en otras empresas, publicándose y distribuyéndose con normalidad las publicaciones. Existencia de vulneración del derecho de huelga. Reitera doctrina STS de 5 de febrero de 2015 (Rec. 95/2014)”.

Sentencia de 3 de octubre (Rec. 1147/2017) “Neutralización de huelga en empresa contratista del mismo grupo empresarial mediante la encomienda de las tareas a terceros. ABC Sevilla y Andaluprint (ambas del Grupo Vocento). La primera posee todo el capital social de la segunda y copa el 89,7% de su actividad. Aplicación de doctrina de la Sala, que diferencia entre los supuestos de cambio de empresa suministradora ordinaria y los supuestos en que ambas pertenecen a un mismo grupo. Existencia de vulneración del derecho de huelga. Reitera doctrina STS de 5 de febrero de 2015 (Rec. 95/2014)”.

Es decir, las dos resoluciones judiciales consideran vulnerado el derecho constitucional de huelga, no acogiendo las tesis defendidas en los preceptivos informes del Ministerio Fiscal, por tratarse de empresas del mismo grupo y habiendo externalizado la impresión de los diarios las empresas que se veían imposibilitadas de imprimir sus diarios en las dos empresas, del mismo grupo, en las que los trabajadores ejercían su derecho a la huelga.  

Cabe partir, como planteamiento previo de entrada, de la tesis que la importancia del reconocimiento del derecho de huelga como derecho fundamental implica que este derecho no es absoluto y que, en consecuencia, se pueden y se deben establecer límites a su ejercicio cuando choca con otros derechos fundamentales. Pero también implica que los citados límites surgidos por la colisión con otros derechos fundamentales, libertades públicas y bienes protegidos constitucionalmente también tienen que ser limitados. El Tribunal Constitucional ha defendido en numerosas sentencias que los límites a los derechos fundamentales se deben interpretar con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y esencia de estos derechos.

2. En ambos supuestos los litigios en sede judicial se inician como consecuencia de demandas interpuestas por organizaciones sindicales y la representación del personal, en procedimiento de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, en las que se solicitaba la condena de las empresas por vulneración del derecho constitucional de huelga y el abono de una indemnización por los daños causados. En ambos litigios las demandas fueron estimadas en instancia, con condena económica de 6.000 euros en la primera y de 10.000 euros en la segunda, declarándose vulnerado el derecho de huelga en la primera, y también el de libertad sindical en la segunda.

Los recursos de suplicación interpuestos por las respectivas partes empresariales condenadas por los Juzgados de lo Social (núm. 2 de Granollers, de 24 de enero de 2014, y núm. 7 de Sevilla, de 28 de julio de 2015, respectivamente) fueron desestimados por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia competentes por razón del ámbito territorial (Cataluña, 6 de julio de 2016, y Andalucía, 11 de enero de 2017).

En ambos casos se interpusieron Recursos de Casación para la Unificación de Doctrina, aportándose como sentencia de contraste en el primero la dictada por el TSJ de Cataluña el 5 de diciembre de 2014, y en la segunda la dictada por el TSJ de Andalucía el 4 de octubre de 2015.

3. Dado que los supuestos de hecho y los argumentos jurídicos del TS son muy semejantes los primeros y prácticamente idénticos los segundos, tomo como punto de referencia para mi comentario la sentencia dictada en el recurso 3365/2016.

El conflicto se inicia como consecuencia de la convocatoria de huelga por el comité de empresa de Gráficas de Prensa Diaria SA. En dicha empresa, constituida el 3 de febrero de 1994, con el capital social suscrito y desembolsado íntegramente por el grupo  ZETA SA, se imprimen diferentes periódicos y revistas de dicho grupo, siendo sin duda el más conocido El Periódico de Catalunya, y al mismo grupo pertenecen, además de la ya citada GPD, las empresas Ediciones Deportivas Catalanas SA y Ediciones Primera Plana SAU.

Con ocasión de la convocatoria de huelga del personal de GPD, la empresa EDC encargó a una empresa externa al grupo la impresión del diario Sport, mientras que la empresa EPP encargó la impresión de El Periódico de Catalunya a ocho empresas igualmente externas al grupo ZETA.

¿Cuál fue la tesis del JS para entender vulnerado el derecho de huelga? Partir de la existencia, no cuestionada, de un grupo de empresas, y de la publicación de los diarios durante los días del conflicto por haber externalizado la impresión durante dichos días, vaciando de contenido el derecho fundamental en juego.

El JS se acogió a la tesis defendida por el TS en su importante sentencia de 11 de febrero de2015 (caso Pressprint SA). En dicha sentencia del alto tribunal la argumentación jurídica de la Sala se basó en gran medida en las sentencias delTribunal Constitucional núms 75 y 76/2010 de 18 de noviembre, de las que fueron ponentes la magistrada Elisa Pérez Vera y María Emilia Casas Baamonde.

El TC argumentaba que “ha declarado ya en diversas ocasiones que los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser vulnerados por quien no es su empresario en la relación laboral pero interviene o interactúa con él "en conexión directa con la relación laboral" (STC 250/2007, de 17 de diciembre , FJ 5) o por otros compañeros de trabajo ( SSTC 126/1990, de 5 de julio, FJ 4 ; 224/1999, de 13 de diciembre, FJ 3 ; y 74/2007, de 16 de abril , FJ 5), así como, evidentemente en otro contexto muy diferente, la posibilidad de "vulneraciones indirectas" de los derechos fundamentales (por todas, STC 91/2000, de 30 de marzo , FJ 6).” Para llegar a la conclusión de que se había vulnerado el derecho constitucional de huelga como consecuencia de una externalización de la producción, en un caso semejante a las de las dos sentencias ahora examinadas, el TX razonó en los siguientes términos: “En el caso que ahora consideramos ha quedado plenamente acreditado que el trabajador demandante de amparo ha perdido su empleo como consecuencia del ejercicio de sus derechos fundamentales y, por tanto, con vulneración de los mismos. Pese a ello, las resoluciones judiciales recurridas han rechazado la existencia de cualquier responsabilidad de las dos empresas afectadas, impidiendo que dicha vulneración sea reparada a través de la garantía básica establecida por la legislación laboral a tal fin, esto es, la declaración de nulidad del despido. Y a este desamparo se llega, precisamente, como consecuencia de lo que constituye la esencia misma de los procesos de subcontratación, esto es la fragmentación de la posición empresarial en la relación de trabajo en dos sujetos, el que asume la posición de empresario directo del trabajador, contratando con éste la prestación de sus servicios, y el que efectivamente recibe éstos, de una manera mediata y merced a un contrato mercantil. En la práctica si no pudiese otorgarse tutela jurisdiccional ante vulneraciones de derechos fundamentales en supuestos como éste, se originaría una gravísima limitación de las garantías de los derechos fundamentales de los trabajadores en el marco de procesos de descentralización empresarial, cuando no directamente a su completa eliminación, lo que resulta constitucionalmente inaceptable.

En el caso del derecho de huelga, cuyo ejercicio, por definición, se habrá de proyectar de manera principal sobre la actividad productiva de la empresa principal, a la que la contrata en sí misma sirve, la pretendida irresponsabilidad laboral de esta empresa respecto de cualquier actuación que pueda desarrollar con la finalidad de impedir, coartar o sancionar el legítimo ejercicio del derecho de huelga, al socaire de su invocada ajenidad a la relación laboral entre las partes, supondría la práctica eliminación del derecho de huelga en el ámbito de estas relaciones. En efecto, de poco servirían las prohibiciones, garantías y tutelas establecidas en la legislación laboral en relación con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga si se admitiera que éstas alcancen únicamente al contratista, empresario directo en la relación laboral, y no al empresario principal, que es sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos económicos lesivos de la huelga y quien, por tanto, podrá estar igual o más interesado que el contratista en combatirla".

Partiendo de las tesis expuesta del TC, y de los hechos probados en instancia, el TS estimó el recurso de casación interpuesto por la entonces existente Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO y declaró vulnerados los  derechos de libertad sindical y huelga de los trabajadores en huelga, de la empresa Pressprint, cuya actividad era “la producción, impresión, publicación y difusión por cuenta propia o ajena de diarios, semanarios y toda clase de publicaciones, imprimiendo fundamentalmente publicaciones del Grupo Prisa- por EDICIONES EL PAÍS SL, DIARIO AS SL, ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS SA y PRESSPRINT SL, pertenecientes al grupo PRISA, por haber contratado la publicación de los periódicos con otras empresas durante los días de huelga”.

De los hechos probados interesa destacar que la empresa afectada por la huelga tenía un único socio, el diario El PAIS SL, con el 100 % de su capital social y perteneciendo ambas al grupo empresarial Prisa, teniendo aquella suscritos contratos mercantiles para la impresión de dio diario y de otros productos empresariales.  Todo ello llevó a declarar al TS, para después argumentar la vulneración del derecho constitucional de huelga, que “la relación existente entre las codemandadas y PRESSPRINT SL no es una mera relación mercantil en la que unas empresas, cuya actividad es la edición de diarios contratan con otra, PRESSPRINT SL, la impresión de los mismos. La relación es más intensa puesto que las citadas empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, al GRUPO PRISA, lo que provoca determinados efectos”,  y que “Hay, por tanto, una especial vinculación entre los trabajadores huelguistas que prestan sus servicios en la empresa contratista -PRESSPRINT SL- y las empresas principales -EDICIONES EL PAÍS SL, DIARIO AS SL, ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS SA- ya que están vinculados directamente a la actividad productiva de dichas empresas por ser las destinatarias últimas de su actividad laboral. Por dicho motivo la efectividad de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho de huelga, puede verse afectado por la actuación de los empresarios principales y, en consecuencia, habrán de ser protegidos frente a estas posibles actuaciones vulneradoras del derecho de huelga, ya que en caso contrario se produciría una situación de desamparo de los trabajadores”.

4. Regreso a la sentencia de 3 de octubre de 2018 tras esta previa, y necesaria explicación, de la doctrina del TS y del TC que llevó a estimar vulnerado el derecho de huelga y que ahora se confirmará en idénticos términos en esta nueva resolución judicial (y también, por supuesto en la dictada en el rec. 1147/2017).

El RCUD aporta como sentencia de contraste la dictada por el TSJ de Cataluña el 5 de diciembre de 2014, en otro conflicto relativo a un importante grupo de comunicación y en el que las empresas editoras habían contratado los servicios de otras externas para poder imprimir sus diarios, entendiendo el TSJ, con revocación de la sentencia de instancia, que no había existido vulneración alguna del derecho de huelga por cuanto aquello que habían hecho las empresas afectadas por el conflicto, pero en la que sus trabajadores no ejercían tal derecho, era simplemente ejercer su derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de empresa.

El TSJ acogía así la tesis empresarial de que no había habido sustitución alguna de los trabajadores en huelga y no se había producido esquirolaje alguno (prohibido por el art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo), ya que se trataba de empresas del mismo grupo pero que solo tenían relaciones comerciales entre ellas.

Se cumple evidentemente, a la vista de lo expuesto hasta ahora, el requisito de contradicción requerido por el art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social para poder admitir a trámite, y posteriormente resolver, el RCUD interpuesto, ya que nos encontramos ante hechos y pretensiones sustancialmente idénticas (impresión de los diarios por empresas externas, y supuesta vulneración del derecho de huelga), llegando las sentencias recurrida y de contraste a resultado contradictorio, ya que la primera sí entiende vulnerado tal derecho, y no así la segunda.  

5. Llegados a este punto es cuando la Sala, en las dos sentencias, inicia su reflexión jurídica que le llevará finalmente, en aplicación de la doctrina de su sentencias de 11 de febrero de 2015, a la desestimación de ambos recursos. Y lo hace, previa exposición de una serie de sentencias en los que se declaró la inexistencia de vulneración del derecho de huelga (16 de noviembre de 2016, 23 de enero de 2017, 13 de julio de 2017) para poner de manifiesto que en todas ellas se daba una diferencia fáctica relevante con las que ahora se examinan, cual es que se trataba de “supuestos de subcontratación de bienes o servicios que perteneciendo o no a la propia actividad de la empresa principal, se producen entre empresas independientes entre sí que no tienen otro vínculo previo -salvo el contrato mercantil de subcontratación-. Se trata, por tanto, de casos en los que el fenómeno de la descentralización productiva se produce libremente en el mercado y no en el seno de un grupo de sociedades”; es decir, no existía “ninguna especial vinculación, ni ningún otro tipo de circunstancia que a la empresa principal le obligara a respetar la huelga y, consecuentemente, a no contratar con otros las obras que ya tenía contratadas, su actuación encargando las tareas a un tercero…”.

Una de las sentencias citadas, y que mereció por un corto espacio de tiempo un apreciable interés mediático, fue la dictada el 16 de noviembre de 2016 y que mereció mi atención en una anterior entrada del blog titulada “Conviene recordar que es mejor leer,analizar, estudiar, y en su caso criticar, una sentencia, que quedarse en lostitulares periodísticos (y mucho más si eres jurista). Una nota a propósito dela sentencia del TS de 16 de noviembre de 2016 (caso Altrad Rodisola SAU)”, a la que me permito ahora remitir a las personas interesadas. A mi parecer, y tal como expuse en los medios de comunicación, “no se trata exactamente de avalar la subcontratación en caso de huelga, pues lo que existe es una relación entre una empresa principal y varias empresas clientes que deciden contratar otros servicios cuando su proveedora entra en huelga. Es decir, no es Altrad la que decide encargar servicios a otras empresas o trabajadores cuando su plantilla está en huelga, sino que son sus clientes quien lo hacen”, y “la sentencia entra dentro de la "línea conservadora" del Tribunal Supremo y que plantea algunas problemáticas sobre el derecho a huelga. "La cuestión es si de esta forma estamos vaciando de contenido el derecho a huelga. Si yo informo de que mis trabajadores están en huelga y las empresas con las que trabajo deciden ir por su cuenta a buscar esos servicios hay riesgo de que la huelga quede disminuida y pierda parte de su contenido".

6. Antes de dar respuesta al RCUD, que alegaba la infracción del art. 6.5 del RDL 17/1997 (“En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo”) la Sala pasa también revista a su jurisprudencia sobre los grupos de sociedades, para recordar que “la organización grupal de varias empresas es una opción legítima que se ampara en el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución”, pero inmediatamente añade, apoyándose en la ya citada sentencia de 11 de febrero de 2015 que dicha organización puede “presentar ventajas de todo tipo (de funcionamiento, de gestión,  fiscales...etc), alguna de las cuales se acrecienta cuando la configuración del grupo opera en el fenómeno de descentralización productiva, de suerte que los bienes o servicios que una determinada empresa sitúa en el mercado son producto de la coordinación de tareas entre las diversas empresas del grupo. En estos casos, existe una cierta fragmentación de la actividad empresarial, de cuya legitimidad no cabe dudar, cuya actuación coordinada puede repercutir sobre algunos derechos de los trabajadores de cualquiera de las empresas del grupo. No hay comunicación de responsabilidades y cada empresa responde frente a sus propios trabajadores, pero sí existe una obligación conjunta de respeto de los derechos de los trabajadores, singularmente de los colectivos, alguna de las cuales se desprende directamente de las propias previsiones legales (como ocurre con el fenómeno de los convenios de grupos de empresas en los que pesa sobre todas sus integrantes la obligación de respeto de los derechos de negociación colectiva o libertad sindical, en su caso, y las que pudieran derivar del ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores para presionar sobre la negociación del convenio, por ejemplo)”, siendo especialmente relevante a mi parecer su tesis de que tal responsabilidad “también sucede, en otras circunstancias, con el ejercicio del derecho a la huelga en empresas vinculadas por fenómenos de descentralización productiva, en el que pesa sobre el grupo que funciona como una organización productiva y/o comercial, cuanto menos, el deber de respecto y no injerencia en el derecho fundamental que ejerza cualquier colectivo de trabajadores de empresas pertenecientes al grupo; deber que enlaza sin dificultad de las indudables ventajas productivas y de todo orden que se desprenden de este tipo de vinculación grupal”.

7. Partiendo, pues, de la identidad de supuestos contemplados en las dos sentencias ahora anotadas con el que dio origen a la de 11 de febrero de 2015, la Sala pasa revista a la doctrina del TC sobre el derecho de huelga, es decir sobre su contenido y alcance (en cuanto que, no conviene olvidarlo, no se ha producido el desarrollo del art. 28.2 de la Constitución por la Ley Orgánica necesaria para ello), con cita de las sentencias núms. 123/1992 de 28 de septiembre, 33/2011 de 28 de marzo, y la ya reseñada, y muy importante, 75/2010 de 18 de noviembre.     

¿Se ha vaciado de contenido el ejercicio del derecho de huelga, es decir su eficacia, ya que las empresas del mismo grupo que la afectada por aquella han externalizado la impresión de sus diarios mientras duraba el conflicto? Respuesta afirmativa, sin duda alguna, para el TS, ya que con dicha actuación se intentaba, tal como también se expuso en su sentencia de 20 de abril de 2015, “eliminar, minimizar o paliar el efecto de la huelga, lo que constituye… una vulneración de ese derecho constitucional”.

La existencia de vulneración del derecho de huelga se afirma finalmente por su estrecha conexión con la propia existencia del grupo empresarial, tal como queda probado en los hechos recogidos en la sentencia de instancia, ya que la convocatoria de huelga tenía por finalidad “que la dirección de la empresa mencionada se avenga a: a) Reconocer los acuerdos de convenio firmados en marzo de 2012 sobre reducción salarial y mantenimiento de la plantilla. b) Que se presenten los resultados económicos de GPD como parte del conjunto de empresas del Intercentros El Periódico de la misma manera que se hizo para negociar el convenio y alcanzar los acuerdos de marzo de 2012".

Es decir, en las propias palabras del TS, “hay indicios más que suficientes” para apreciar la conexión antes expuesta, no habiendo aportado las empresas codemandadas ninguna justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas, que al fin devienen vulneradoras del derecho constitucional fundamental recogido en el art. 28.1 CE, ya que si el objetivo declarado de los huelguistas era, además obviamente de presionar a la empresa, trasladar a la opinión pública la realidad laboral conflictiva, mediante la decisión de que no estuvieran los diarios impresos en la calle los días de huelga, no se pudo conseguir lo segundo por la actuación de la empresas de externalizar su impresión.

8. Basta añadir, para finalizar mi comentario, que en la sentencia dictada en el rec. 1147/2017, una de las partes empresariales recurrentes ya anunciaba (¿curándose en salud, en previsión de sentencia desestimatoria de su RCUD?) que en caso de no ser acogido el recurso acudiría al TC por vulneración (supongo, obviamente, que se refería a la sentencia de suplicación) de los arts. 24.28 y 38 de la CE.

Responde muy acertadamente, a mi parecer, l TS afirmando que no procede entrar a considerar las vulneraciones alegadas “de futuro”, tales como las de presunción de inocencia y de libertad de empresa, dado que “nada se expone en  la sentencia de contraste y el debate de suplicación no lo contempla”, y por ello que se hubiera anunciado la decisión de acudir al TC no afecta en nada a la decisión que debía adoptar el TS en el RCUD interpuesto.

Dicho sea incidentalmente, si se formula el recurso de amparo anunciado, será importante conocer en primer lugar si el TC lo admite a trámite por considerar que puede tener especial trascendencia constitucional, y en segundo término si procedería a matizar o modificar la doctrina sentada en las muy rigurosas y muy bien argumentadas sentencias 75 y 76 de 18 de noviembre de 2010.

Mientras tanto, buena lectura.