Semestre europeo. Prioridades económicas y sociales de los Estado de la UE, y notas sobre los contenidos laborales y de protección social del Informe sobre España 2017 (con recordatorio de los datos de 2016).

1. LaComisión Europea presentó el miércoles 22 de febrero, en el marco del cumplimiento de las reglas del llamado “semestre europeo”, el documento deanálisis anual de la situación económica y social de los Estados miembros(disponible cuando redacto este texto en inglés, francés y alemán), acompañado de un informe específico para cada país y elaborado por sus servicios técnicos. El objeto de esta entrada es el examen de los contenidos laborales y de protección social del informe español, con unas anotaciones previas de aquellos que afecta a los mismos ámbitos en la Comunicación de la CE.

2. Pero antes, conviene recordar que la puesta en marcha del semestre europeo 2017 se llevó a cabo el mes de noviembre de 2016, con la publicación del Estudioprospectivo anual sobre el crecimiento y del Proyecto de Informe conjunto sobreel empleo, que merecieron especial atención en una entrada anterior y de la que ahora recupero su contenido más relevante:

La CE publicó el 16 de noviembre los documentos con los que se inicia el ciclo de gobernanza económica correspondiente a 2016, teniendo como punto de referencia principal el “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2017”, en el que se afirma, según la nota oficial de presentación, que “la Comisión insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos conforme a los principios del «triángulo virtuoso» de estímulo de la inversión, mantenimiento de las reformas estructurales y garantía de unas políticas presupuestarias responsables, haciéndolo de manera que se dé la mayor importancia a la justicia social y a un crecimiento más integrador”, exponiéndose que la Comisión “señala la necesidad de una orientación presupuestaria más positiva y que existe ahora la oportunidad de conseguirla. Una política presupuestaria favorable se refiere tanto a la dirección favorable, esto es, expansiva que debe adoptar la política presupuestaria en general como a la composición del ajuste presupuestario, en lo que se refiere al reparto de los esfuerzos entre los distintos países y a las categorías de gastos o impuestos subyacentes”.

Además, la Comisión ha presentado otros varios documentos, como el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2017 y el Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo (PICE), de acuerdo este último, que previsiblemente será aprobado en el Consejo Europeo de marzo de 2017, a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento que se califica en su introducción como “aportación fundamental a la gobernanza económica de la UE”, en el que se ofrece “un resumen anual de los acontecimientos clave en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros en consonancia con las orientaciones para  las políticas de empleo de los Estados miembros y las prioridades de la EPAC”.

La Comunicación presenta “las prioridades económicas y sociales más acuciantes en las que la Unión Europea y sus Estados deben centrar su atención en los próximos meses”. En su introducción se manifiesta satisfacción por el crecimiento de la economía europea aun cuando al mismo tiempo se constata que la recuperación sigue siendo “frágil”. En la valoración positiva efectuada se destaca que las reformas llevadas a cabo en los Estados miembros han contribuido a crear, desde 2013, ocho millones de empleos (no se dice nada de su calidad, por cierto), añadiéndose con orgullo que “de ellos, casi cinco millones desde el inicio del mandato de la actual Comisión, y que la tasa de desempleo, 8,6 % en septiembre de este año, se ha situado “en el nivel más bajo desde 2009”. Con estos datos, la Comisión es optimista respecto a poder alcanzar el objetivo fijado en la Estrategia Europa 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75 %, siendo la actual del 71,1 % para la población de 20 a 64 años, habiéndose superado por primera vez la existente en 2008, es decir en el momento de inicio de la crisis. En el proyecto de informe conjunto sobre el empleo se destaca, como dato positivo, que se han creado más de cuatro millones de puestos de trabajo en 2015 y el primer semestre de 2016.

No obstante, la necesidad de seguir avanzando en adopción de medidas que fortalezcan la recuperación es clara y manifiesta, destacando por mi parte dos datos relevantes que el Informe pone sobre la mesa y que demuestra que queda mucho por hacer: que la existencia de altos niveles de desigualdad, incrementados en los últimos años, “reducen la producción de la economía y el potencial de crecimiento sostenible, y los riesgos de pobreza y exclusión social siguen siendo muy elevados, aunque están disminuyendo”, disminución que también se constata en las tasas de desempleo pero que “sigue siendo muy elevado en algunos Estados miembros”, y que aunque la tasa de riesgo de pobreza o exclusión haya regresado al nivel de 2008, un 23,7 %, el proyecto de informe sobre el empleo constata que la desigualdad de renta general “se ha estabilizado en un nivel ato en términos históricos, con importantes divergencias en toda la UE, como indica el cuadro de indicadores y de empleo clave”.

Desde las perspectivas de empleo y protección social, es en el apartado dedicado al impulso de las reformas estructurales donde se concentran las propuestas de la Comisión, ampliadas y desarrolladas en el proyecto de informe conjunto sobre el empleo.

No hay especiales diferencias con respecto a las propuestas formuladas en documentos de años anteriores, salvo en el apartado relativo a la problemática de los migrantes y refugiados, en el que se pide que se combinen políticas económicas, laborales y sociales que faciliten los procesos de integración y que permitan tanto mantener la cohesión social como la sostenibilidad de las finanzas públicas en los países de acogidas, señalando que “si bien las repercusiones económicas y presupuestarias son claras, no resultan ni inmanejables  ni de gran magnitud desde el punto de vista económico”. Políticas de acogida e integración que no sólo deben centrarse en las necesidades inmediatas, sino que, tal como expone el proyecto de informe sobre el empleo, deben procurar además “garantizar el éxito de la integración a medio y largo plazo como parte esencial de las estrategias de inclusión de los Estados miembros”.

También, es especialmente importante la atención que el documento dedica a la economía colaborativa, como continuación de la Comunicación presentada en junio, y que fue analizada por mi parte en una anterior entrada del blog, llegando a pedir (no se concreta más, pero tengo la sensación de que está aumentando la posibilidad de buscar una alternativa laboral diferente de la llamada clásica) a los Estados miembros que “deben seguir simplificando y aclarando la aplicación de la legislación laboral y de las normas impositivas y en materia de  responsabilidad a la economía colaborativa”.

Los lectores y lectoras encontrarán en el documento “repeticiones” de lo expuesto en años anteriores, como por ejemplo la petición de adopción por los Estados de las medidas adecuadas para lograr una mayor participación de la población en el mercado de trabajo, el aumento de la oferta de empleo de calidad, y una política de formación y de cualificación que sea realmente eficaz, enfatizando la importancia de modernizar la educación y la formación como requisito necesario “para mejorar las cualificaciones de los trabajadores, desde los conocimientos básicos de cálculo, lectura y escritura hasta las capacidades digitales y empresariales”. 

Además, dados los importantes cambios operados en el mundo laboral como consecuencia del impacto del cambio tecnológico, se plantea la ineludible necesidad de que los poderes públicos jueguen un papel destacado en la adopción de políticas que posibiliten a los trabajadores “estar adecuadamente cualificados y tener capacidad para adaptarse al cambio”. En este punto se apuesta por el desarrollo de las propuestas contenidas en la Comunicación titulada “Una nueva agenda de las capacidades para Europa”, desarrollo y propuestas de reforma que, recuerda el proyecto de informe, “debe orientarse hacia una inversión sostenida en la adquisición de competencias entre jóvenes y adultos, en mejorar la adaptación de las competencias a las necesidades del mercado de trabajo, con una colaboración más estrecha entre la empresa y el sistema educativo, y en aprovechar el potencial de la formación de aprendices”. Se apoyan estas consideraciones en los datos estadísticos que ponen de manifiesto el crecimiento del empleo entre los trabajadores de alta cualificación y el descenso entre los de bajo nivel, lo que confirma “una tendencia de la reducción de las oportunidades de empleo para los trabajadores de baja cualificación, cuya tasa de empleo sigue siendo menor que en 2008”.

En la misma línea que en años anteriores, sin concretar si sus propuestas se refieren al llamado “contrato único”, aunque no es descartable ni mucho menos esta tesis, se aplaude a los Estados que han hecho ya reformas en la línea de establecer “condiciones contractuales fiables y flexibles que promueven las transiciones en el mercado laboral y evitan la segmentación de este en dos niveles, estrategias globales de aprendizaje permanente, políticas activas del mercado de trabajo eficaces y sistemas modernos de protección social”. Más concretamente, y obviamente en la misma línea, el proyecto de informe sobre el empleo manifiesta que las reformas para promover mercados de trabajo “resilientes e inclusivos” deben continuar para estimular la creación de empleo y la participación en el mercado de trabajo, “combinando debidamente la flexibilidad con una seguridad adecuada” (¿nos pondremos algún día de acuerdo sobre qué quiere decir “flexibilidad” y “seguridad”?

Por otra parte, las medidas de empleo y de protección social deben tomar en consideración el incremento de la edad media de la población trabajadora en el mercado de trabajo y el importante número de personas que en un corto período de tiempo pasarán a la condición de jubilados. Igualmente, la adopción de medidas que potencien la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, poniendo freno a la brecha salarial existente, y para ello apuesta el proyecto de informe por medidas laborales y sociales que potencien el trabajo de todas las personas del hogar familiar que así lo deseen, aunque es obvio que está pensando mucho más en las mujeres al plantear algunas medidas, argumentando que “El acceso a servicios de cuidado de los hijos y otros servicios asistenciales asequibles y de calidad, así como a bajas y horarios flexibles y la aplicación de sistemas tributarios y prestaciones que no desincentiven que una segunda persona del hogar trabaje o trabaje más son todos aspectos esenciales para avanzar hacia un trato totalmente igualitario para la mujer y favorecer la movilidad social ascendente”

También, la lucha contra todo tipo de discriminación en el acceso al trabajo, siguen siendo especialmente relevantes, con especial atención a la integración de los inmigrantes, no ocultando la Comisión su especial interés por atraer a la población foránea cualificada, subrayando que “la revisión de la Directiva sobre la tarjeta azul tiene por objeto armonizar y clarificar el marco jurídico para atraer a nacionales de terceros países altamente cualificados, mientras que la Garantía de Capacidades subraya la necesidad de evaluar las necesidades concretas de nacionales de terceros países”.

Cobran especial importancia las medidas dirigidas a la población juvenil, tanto para mejorar sus niveles de cualificación educativa y profesional como para mejorar su tasa de inserción en el mercado laboral, apostando por el desarrollo y potenciación de la garantía juvenil.

Siguen produciéndose llamadas a la mejora del diálogo social y a la participación de los agentes sociales en la elaboración de las políticas económicas y sociales, tanto a escala comunitaria como de cada Estado, por considerar, con acierto a mi parecer, que esta vía de participación “es fundamental para el buen funcionamiento de la economía social de mercado” y puede permitir encontrar “el equilibrio necesario” entre ambas políticas.

Una tarea importante sería más concretamente la de participar en la fijación de los salarios mínimos, para la que la Comisión pide que todos los Estados tengan en cuenta el impacto de los mismos “en la pobreza de la población ocupada, la creación de empleo y la competitividad”. En el debate, ciertamente importante, sobre la articulación de las diferentes unidades negociadoras en cada Estado respecto a la ordenación de los sistemas de fijación, y cuantías, de los salarios, el proyecto de informe conjunto sobre empleo llama a los Estados, y muy especialmente a los interlocutores sociales, a buscar la necesaria coordinación entre los diferentes niveles de la negociación colectiva, permitiendo al mismo tiempo un cierto grado de flexibilidad tanto a escala geográfica como intra e intersectorial”

No faltan, como en años anteriores, las llamadas a “resideñar” los sistemas de protección social, al objeto tanto de fomentar la participación en el mercado laboral como de garantizar una protección económica ante situaciones de desempleo. Los últimos datos aportados por la oficina estadística Eurostat, de 21 de diciembre, ponen de manifiesto que el 5,1 % del gasto en protección social en 2014 en toda la UE fue dedicado a esta protección, duplicando España dicho porcentaje hasta el 10,8 %, aunque no haya impedido que siga disminuyendo la cobertura contributiva como ponen de manifiesto los datos mensuales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Igualmente, se resalta que los sistemas fiscales y de prestaciones “deben ofrecer apoyo social e incentivos al trabajo no declarado”, poniendo a debate algo que en España está adquiriendo cada vez mayor relevancia política y social, cual es el establecimiento de garantía de prestaciones de rentas mínimas adecuadas “a quienes carezcan de recursos suficientes para llevar una vida digna”, y que conlleven la posibilidad de reincorporación al mercado laboral para todas las personas que se encuentren en condiciones adecuadas de hacerlo.

Dada la importancia cada vez mayor que en nuestras sociedades europeas envejecidas tiene el cuidado de familiares, y que en su gran mayoría es realizado por mujeres, con lo que ello conlleva de limitación de sus posibilidades de plena participación en el mercado laboral, se plantea que los sistemas de pensiones “podrían computar las tareas de asistencia”, eso sí, siempre con el toque económico que caracteriza los documentos de la Comisión, “teniendo debidamente en cuenta las posiciones presupuestarias y las implicaciones por lo que respecta a los gastos futuros”. 

No faltan tampoco, en fin, las llamadas a las reformas de los sistemas de pensiones, que incluyen la tan repetida recomendación de incrementar la edad de jubilación y que permitan flexibilidad (laboral o de protección social) para que las personas jubiladas tengan “el apoyo de otros medios que complemente los ingresos percibidos en la jubilación”. Más claramente se afirma en el proyecto de informe conjunto sobe el empleo que las pensiones suplementarias pueden jugar un papel clave, “especialmente si es previsible que se deterioren las pensiones públicas”.

3. La Comunicación hecha pública el miércoles 24 de febrero lleva por título “SemestreEuropeo de 2017: evaluación de los avances en las reformas estructurales y laprevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenesexhaustivos de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 Regulation (EU)No 1176/2011”. Es el paso previo, junto con la publicación del informe de cada Estado y las observaciones posteriores que reciba de cada uno de ellos, para la publicación de las Recomendaciones concretas dirigidas a cada país, que serán presentadas el mes de mayo.

En la nota de prensa oficial de presentación de todos los documentos aprobados el día 22 de febrero se informa que “La publicación temprana de los informes por países se enmarca en los esfuerzos por racionalizar y fortalecer el Semestre Europeo, tal como defiende el informe de los cinco presidentes y en línea con las medidas anunciadas por la Comisión para realizar la Unión Económica y Monetaria europea. Los cambios se introdujeron para permitir un diálogo eficaz sobre las prioridades europeas, incluidos los desafíos de la zona del euro al inicio del ciclo del Semestre Europeo, y con el fin de dar más tiempo para el diálogo con los Estados miembros y las partes interesadas a todos los niveles. Por otra parte, los informes hoy presentados reflejan la mayor atención a consideraciones sociales y de empleo que la Comisión quiere introducir en el Semestre Europeo”.

En su introducción, se destaca, como datos sin duda positivos, que a escala europea el empleo progresa en casi todos los Estados, que el desempleo se encuentra en una fase de retroceso, y que las tasas de personas desempleadas de larga duración y de jóvenes desempleados disminuyen progresivamente. No obstante, de forma inmediata se matiza, también con carácter general, que las tasas elevadas de desempleo, la pobreza y las desigualdades, “continúan siendo preocupaciones importantes en algunos países”, en especial en aquellos que han sido más afectados por la crisis financiera y de la deuda. En línea parecida a documentos de años anteriores, la Comisión llama a la adopción de medidas adecuadas para lograr incrementar la participación de la población en los mercados de trabajo, adoptar medidas que corrijan las desigualdades, invertir en la mejora de las competencias, mejorar los procesos de ajuste que fueran necesarios en los mercados laborales, y modernizar los regímenes fiscales y de protección social.  Respecto a cómo poner en práctica las medidas necesarias para abordar la situación, la Comunicación enfatiza la necesidad de que los Estados miembros “se aseguren de la estrecha participación de los parlamentos nacionales y los interlocutores sociales y garanticen la apropiación del proceso de reforma por una gama lo más amplia de partes interesadas”, con una participación que debe ser destacada de las autoridades regionales y locales, “dado que el éxito de la ejecución depende también de los diferentes niveles de gobierno”.

Al abordar el contexto económico y social, el documento aporta datos estadísticos de indudable interés, y también reflexiones socioeconómicas de no menos valor. En los primeros, que en 2016 la UE alcanzó la cifra más elevada de personas que tenían un empleo, 232,5 millones, y que el porcentaje de población expuesta a riesgo de pobreza o exclusión social (que es del 23,7 %) “se encuentra en su nivel más bajo desde hace cinco años”. Igualmente, la satisfacción del documento por los datos globales de desempleo también se pone de manifiesto al señalar que la tasa de desempleo (8,5 %), la de desempleados de larga duración (3,8 %) y la tasa de jóvenes que se encuentran en tal situación (18,2 %) son inferiores a las de los años anteriores. En las segundas, es decir en la parte más cualitativa, se insiste que las desigualdades de rentas constituyen uno de los retos (y problemas) mayores en la UE, que si ya existían antes de la crisis en los últimos años se han incrementado, con una reflexión que debe ser leída en clave de los acontecimientos políticos que se están sucediendo en muchos países y con impacto indudable en los procesos electorales (que sean hacia el lado derecho o izquierdo del tablero político es otra cuestión): que la percepción de un reparto desigual de los esfuerzos para salir de la crisis se ha incrementado, y que “en varios países, el estancamiento de la situación económica de la clase media ha ido a menudo acompañada del acaparamiento de una parte importante de la riqueza por los grupos más favorecidos de la sociedad”.

4. Justamente sobre las desigualdades (y su crecimiento) en catorce Estados de la UE, entre ellos España, se ha publicado reciéntemente un informe de la OIT, realizado en colaboración con la CE, en el que diversos autores repasan, para cada uno de dichos Estados, los principales factores que están en el aumento de aquellas. El informe (publicado en inglés), lleva por título “Las desigualdades y elmundo del trabajo. ¿Cuál es el papel de las relaciones laborales y del diálogo social”?, en el que se abordan diversas formas de desigualdad, tales como las salariales, la duración de la jornada de trabajo, en el acceso al empleo, a la formación, a las perspectivas profesionales y a la protección social.

Con carácter general, se constata que “Las políticas del mercado de trabajo y los sistemas de relaciones laborales que sustentan las prácticas de negociación colectiva tienen una influencia decisiva sobre el nivel de las desigualdades observadas en los Estados”, habiendo puesto de manifiesto Daniel Vaughan-Whitehead, economista principal de la OIT y editor de la publicación, que ““Los países con una baja desigualdad de ingresos tienden a tener instituciones de diálogo social fuertes, lo cual da lugar a una reducción de la disparidad salarial de género y a mejores condiciones de trabajo para los trabajadores en formas de empleo atípico”.

En el informe, se llama a potenciar la negociación colectiva para contener las desigualdades, preservar el crecimiento económico y la cohesión social. En eldocumento introductorio de la publicación, a cargo del citado economista, se formula un análisis crítico de los acuerdos colectivos de empresa por su impacto sobre la dispersión salarial y crecimiento de las desigualdades, crítica que se efectúa en los siguientes términos: “While multi-level bargaining – moreover within a coordinated system – would help in reducing wage disparity, this might change if the hierarchy between the different levels is modified. In particular, the fact that there are more and more derogations or deviation clauses that allow deviation from general rules – as witnessed recently in Spain, but also Italy, the Netherlands and others – means that the coordination effect might be disrupted in terms of effects on, for instance, wage disparities”. No será del mismo parecer el Informe 2017 para España, que, en línea con las tesis del gobierno, señala que entre las reformas que han contribuido a la creación de empleo y a la moderación de los incrementos salariales (nada se dice, pues, sobre el incremento de las desigualdades) se encuentra la “reforma del sistema de negociación colectiva, a fin de promover una mayor descentralización de las negociaciones salariales”.

En fin, la Comunicación pasa revista, con carácter muy general y global, dado que la situación propia de cada Estado es analizada en el informe dedicado a cada uno de ellos, a las reformas estructurales puestas en marcha para mejorar los mercados de trabajo y los sistemas de Seguridad Social, destacando medidas puestas en marcha para corregir la segmentación de los mercados de trabajo, reglas sobre fijación de los salarios, reducción de la fiscalidad del trabajo, mayor participación de grupos o colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo, mejora de las políticas de educación y de formación (con especial atención a los jóvenes), y modernización de los sistemas de Seguridad Social combinando medidas de activación de la población desempleadas con medidas de protección económica e insistiendo en el incremento de la edad de jubilación  

6. Del marco general al examen de la realidad española, es decir del Informe 2017. Pero antes, recordemos los contenidos más destacados del Informe 2016, que merecióatención detallada por mi parte en una entrada anterior del blog.

En el ámbito de las políticas laborales y de empleo el documento es bastante laudatorio de las reformas operadas en la legislatura 2012- 2015, aun cuando no deja de subrayar los problemas importantes que siguen existiendo en la realidad laboral y social española. Con carácter general, y en la síntesis del informe, se afirma que “Las reformas del mercado laboral han aumentado la capacidad de reacción del empleo al crecimiento. En comparación con lo sucedido en repuntes anteriores, la creación de empleo se ha reanudado en una fase más temprana de la recuperación, cuando el crecimiento del PIB aún era modesto. Se espera que el empleo en equivalentes en tiempo completo haya aumentado un 3 % en 2015, gracias a la moderación salarial y al aumento de la flexibilidad introducida por las reformas del mercado laboral en años anteriores. Aunque el desempleo disminuyó a un ritmo récord en 2015, sigue estando entre los más elevados de la UE, por encima del 20 % de la mano de obra”. No obstante, el elevado desempleo y el riesgo de exclusión social que afectan en gran medida a jóvenes y personas poco cualificadas, según el Informe, “obstaculizan el ajuste y conllevan elevados costes sociales”.

Los servicios técnicos valoran positivamente los cambios habidos en el marco normativo de la negociación colectiva, que califican (y supongo que se refieren a la prioridad de los convenios de empresa) como “un paso adelante en la fijación de los salarios”, así como algunas medidas adoptadas en el ámbito de las políticas activas de empleo, pero echan en falta avances en los procesos de movilidad en el mercado laboral de la mano de obra y critican los desajustes o diferencias en la regulación de los sistemas de asistencia social, en concreto de las rentas mínimas de inserción, en las distintas autonomías. Que sí se refieren a los acuerdos de empresa se constata en la valoración positiva que realizan del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015- 2017, ya que tras la reforma laboral operada en 2012 puede considerarse que el AENC “promueve la coordinación de la negociación descentralizada, ofreciendo orientaciones para el nivel intersectorial, pero flexibilidad para el nivel de empresa”.

No deja de lado el informe una vez más la consabida crítica de la dualidad del mercado de trabajo entre contratos permanentes y temporales (aunque no formula propuestas concretas sobre la implantación del “contrato único”, como sí se había hecho en otros documentos de la Comisión de años anteriores), dualidad que considera elevada y que es objeto de crítica por su repercusión negativa “en las condiciones de trabajo y en la cohesión social”. No me parece nada mal que un documento comunitario, todo lo meramente técnico que se quiera pero comunitario al fin y al cabo, destaque que más del 70 % de todos los contratos temporales se caracterizan “por una duración media de seis meses”, que quienes tienen un contrato temporal sufren un riesgo de pobreza del 23 %, frente al 15,6 % en la UE, y que las tasas de transición de la contratación temporal a la estable son bajas “ya que sólo el 12 % de los trabajadores temporales de España pasó a tener un contrato indefinido en 2014, frente a un 23 % en la UE”.

Igualmente, manifiesta su preocupación por los elevados porcentajes de pobreza y exclusión social en relación con la media de la UE, dato que sugiere, y yo diría que algo más que sugerir, que “a pesar de las mejoras del mercado laboral, revertir el impacto social de la crisis puede llevar tiempo”. Destaca el crecimiento del empleo en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y el incremento de cotizantes a la Seguridad Social, aunque se olvida a mi parecer de la importancia que tiene, para las arcas de la SS, que el incremento del número de cotizantes no vaya de la mano con el incremento de los ingresos, teniendo ello su razón de ser en los bajos salarios, y las consiguientes bases de cotización, y un importante número de contratos a tiempo parcial.

Por otra parte, el impacto de las múltiples bonificaciones en materia de Seguridad Social existentes en España para fomentar la contratación indefinida es muy poco claro respecto a su resultado positivo, y el propio informe, confirmando otros estudios realizados, pone de manifiesto que “los costes asociados a estas medidas en términos de ingresos de la Seguridad Social pueden no quedar compensados por los mayores niveles de empleo”. Entre los aspectos negativos del Informe está el de ser España uno de los países de la UE con más elevado nivel de desigualdad, que aumento durante la crisis “impulsada principalmente por el desempleo y la polarización creciente de ingresos entre las personas ocupadas”.

Las líneas generales apuntadas en la síntesis del documento son ampliadas y desarrolladas en el capítulo 2.4, dedicado al denominado “ajuste del mercado laboral”, en el que se combinan los datos positivos (el aumento del empleo en un 3,1 %, 546.000 puestos de trabajo, desde el comienzo de la crisis hasta el tercer trimestre de 2014, por ejemplo), con el mantenimiento de un muy elevado volumen de desempleo de larga duración, el 51 % del total en el mismo trimestre. Si la valoración de la reforma laboral del gobierno popular es positiva en cuanto al número de puestos de trabajo mantenidos (calcula que en ausencia de esta “se habrían perdido otros 400.000 puestos de trabajo”), lo es menos respecto a las nuevas contrataciones, y se remite, haciéndolo suyo, al informe de la OCDE sobre la reforma laboral en 2014, de tal manera que con los datos con que trabajan se sugiere que “la reforma consiguió reducir la tasa de pérdida de empleo, sobre todo merced a una mayor flexibilidad interna, si bien el efecto en las nuevas contrataciones fue más limitado”, dato que impacta negativamente en las tasas de desempleo, en especial de aquellas personas desempleadas durante doce o más meses y que son las que menos se benefician de la mejora del mercado laboral, constatándose que “casi el 60 % de los parados de larga duración están poco cualificados y tienen menos posibilidades de encontrar empleo”,  y que la existencia de una elevada tasa de desempleo, y no sólo de larga duración, puede encontrar buena parte de su razón de ser en el desajuste entre las aptitudes ofertadas por los demandantes de empleo y las demandadas por las empresas”. Desde la perspectiva económica, preocupan tales datos de desempleo por lo que implican de devaluación de los recursos humanos y su impacto negativo por limitar “el potencial de crecimiento y la productividad”.

Por último, el documento recuerda cuáles fueron las recomendaciones específicas formuladas a España en 2015 y qué modificaciones se han producido, así como los objetivos nacionales de la Estrategia Europea 2020 y los avances, o retrocesos, operados, recordando que el objetivo de la tasa de empleo es de un 74 % de las personas de 20 a 64 años, y que en 2014 se situaba en el 59,9 %, habiéndose incrementado 2,4 puntos desde 2013 y con previsión de nuevos incrementos ante la mejora de empleo, pero señalando también que el impacto de la crisis sigue pasando factura, ya que “en cualquier caso, todavía se mantiene 8 puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado en 2007”. Tampoco se ha avanzado en el objetivo de reducir el número de personas en situación o en riesgo de pobreza y de exclusión social, sino que por el contrario “ha aumentado en más de 1,3 millones entre 2010 y 2014”.

7. En la lectura del amplio Informe 2017 (85 páginas) por parte de las personas interesadas no van a encontrar diferencias sustanciales con respecto al del año anterior.

En primer lugar, se valora positivamente la creación de empleo en los últimos años, así como la disminución del desempleo, si bien se señala que este último “se mantiene a un nivel muy elevado”, con especial preocupación por la situación de los jóvenes y de las personas desempleadas de larga duración.

En segundo término, se sigue manifestando preocupación por el uso extendido de los contratos temporales, muchos de ellos de muy breve duración, que a juicio de los servicios técnicos de la Comisión “puede afectar negativamente a la situación social y frenar el incremento de la productividad”. Se valoran los efectos “moderadamente positivos” de las reformas laborales emprendidas por el gobierno para reducir la segmentación (no estoy precisamente seguro que esta tesis sea compartida por muchas personas trabajadoras) y se sigue criticando (sin realizar propuestas concretas de cambio, aunque probablemente irían en la línea de modificar la contratación temporal y reducir los costes económicos de finalización de los contratos de duración indefinida) que “algunos aspectos de la legislación laboral todavía puede crear incentivos para la celebración de contratos temporales”.

En este último punto, el Informe señala aquello que llama “brecha subsistente en cuanto a los costes de despido entre contratos temporales e indefinidos y la incertidumbre en caso de litigio” como razones que pueden actuar de incentivo a la contratación de duración determinada, si bien sí constata como se han ido reduciendo las indemnizaciones por despidos en contratos indefinidos, y ya apunta una referencia al posible impacto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 sobre el incremento de los costes de extinción de los contratos temporales.

El documento valora positivamente la evolución del mercado laboral en 2016 y la creación de empleo, aun cuando se sigue señalando que nuestra tasa de empleo sigue siendo muy inferior a la que existía al iniciarse la crisis en 2007, ya que los porcentajes son del 64,5 % en el tercer trimestre de 2016 y del 69,7 % en 2007. Una mejora del mercado de trabajo que ha tenido un impacto ciertamente limitado en las tasas de pobreza y de exclusión social, que siguen siendo muy elevadas ya que los datos comunitarios las sitúan en el 18,6 y 45,9 % respectivamente en el cuarto trimestre de 2016, no siendo menos importante, ni mucho menos, el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, que para la Comisión fue debida principalmente “a la rápida subida del desempleo y a la persistente segmentación del mercado laboral”, con afectación negativa a la población con menores ingresos, destacando igualmente, con apoyo en estudios efectuados por Eurofound, que “la polarización de las cualificaciones entre una gran proporción de trabajadores poco cualificados y una proporción relativamente elevada de titulados universitarios es otro importante factor”.

Al abordar como se ha avanzado en el cumplimiento de las Recomendaciones efectuadas en2016, hay que recordar previamente que una de ellas era “Adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales. Corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad”.  Pues bien, los servicios técnicos de la CE constatan “algunos avances en la mejora del apoyo individualizado”, así como también “en el fomento de la capacidad de los servicios públicos de empleo de las CC AA” y “en la corrección de las lagunas y disparidades existentes en los regímenes de ingresos mínimos y en la mejora de los regímenes de ayuda familiar”, y falta de progresos significativos en el reforzamiento de la coordinación de los servicios públicos de empleo con los servicios sociales.   

En el bloque dedicado a las prioridades de reforma, el apartado 4.3 está dedicado a las políticas de mercado laboral, educativas y sociales, donde se desarrollan las tesis e ideas más generales expuestas con anterioridad.

Sólo de forma adicional, y para no reiterar lo ya expuesto, destaco como el Informe enfatiza que hay varios factores relacionados con el mundo del trabajo que lastran el crecimiento y que provocan un alto grado de desigualdad, como son el desempleo, la segmentación del mercado de trabajo, el envejecimiento de la población y los desfase en la educación.

La preocupación por el uso excesivo de la contratación temporal, de muy corta duración en bastantes ocasiones, y que afecta a todos los grupos de trabajadores, aunque con impacto especial entre jóvenes y poco cualificados, es manifiesta en el Informe, que añade que este dato “unido a las bajísimas tasas de transición anual de contratos temporales a indefinidos (10,2 % en 2015, frente a una media de la UE del 23 % en 2014) parece indicar que el empleo temporal no funciona como un trampolín hacia una carrera profesional estable”.

No me parece nada mal, porque es algo que una mera hipótesis de trabajo, que el Informe manifieste su preocupación o inquietud por “la utilización de falsos autónomos en sustitución de trabajadores ordinarios”, y que también constate que gran parte del trabajo a tiempo parcial (cuyo porcentaje general sigue siendo inferior a la media comunitaria) es involuntario, reseñando que en 2015 “más del 60 % de los trabajadores a tiempo parcial no pudieron encontrar un empleo a tiempo completo, y este porcentaje se ha duplicado prácticamente en los últimos diez años”.

No está de más tampoco subrayar la valoración poco positiva que se efectúa de los incentivos económicos a la contratación, poniendo de manifiesto algo que ya ha sido constatado en estudios al efecto, y que aunque el gobierno manifestó en 2012 que iba a corregir no lo ha hecho sino incluso aumentado, como es su carácter poco incentivador de la contratación, y que los grupos de trabajadores a los que van dirigidos “son bastante amplios, lo que parece indicar que los incentivos no están los suficientemente orientados hacia aquellas personas que tienen mayores dificultades a la hora de (re) integrarse en el mercado laboral”.

En fin, el fenómeno de los working poors, de los trabajadores pobres, aquellas personas que aun teniendo una actividad laboral no puede salir del círculo de la pobreza, no es olvidado en el Informe, que recuerda, y saca los colores a quien sea responsable de tal situación, que su porcentaje ha seguido aumentando, en los últimos años, con una tasa del 14,3 % en 2014 y con especial incidencia entre quienes tienen contratos temporales o a tiempo parcial, es decir bajos salarios, a lo que se unirían aquellos grupos que se encuentran en hogares que tienen un bajo nivel de intensidad de trabajo.

Buena lectura de los documentos.