viernes, 23 de diciembre de 2016

Unión Europea. La puesta en marcha del semestre europeo 2017. Notas sobre el contenido laboral y social del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento y del Proyecto de Informe conjunto sobre el empleo.



1. La Comisión Europeahizo públicos el 16 de noviembre los documentos con los que se inicia el ciclode gobernanza económica correspondiente a 2016 y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal el “Estudio Prospectivo Anualsobre el crecimiento 2017”, en el que se afirma, según la nota oficial de presentación, que “la Comisión insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos conforme a los principios del «triángulo virtuoso» de estímulo de la inversión, mantenimiento de las reformas estructurales y garantía de unas políticas presupuestarias responsables, haciéndolo de manera que se dé la mayor importancia a la justicia social y a un crecimiento más integrador”, exponiéndose que la Comisión “señala la necesidad de una orientación presupuestaria más positiva y que existe ahora la oportunidad de conseguirla. Una política presupuestaria favorable se refiere tanto a la dirección favorable, esto es, expansiva que debe adoptar la política presupuestaria en general como a la composición del ajuste presupuestario, en lo que se refiere al reparto de los esfuerzos entre los distintos países y a las categorías de gastos o impuestos subyacentes”.


Además, la Comisión ha presentado otros varios documentos, como el informe sobre el mecanismo dealerta de 2017 y el Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo (PICE) de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento que se califica en su introducción como “aportación fundamental a la gobernanza económica de la UE”, en el que se ofrece “un resumen anual de los acontecimientos clave en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros y las prioridades de la EPAC”. También, un proyecto de Recomendacióndel Consejo sobre la política económica de la zona euro con el fin “de integrar mejor las dimensiones nacional y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE”.

En el informe sobre el mecanismo de alerta encontramos una referencia general a la situación de los mercados laborales en Europa, afirmándose que prosiguen su recuperación con carácter global, “si bien en algunos países persisten las desigualdades sociales”, al mimos tiempo que subraya que “las tasas de desempleo siguen siendo muy elevadas y se observa un estancamiento de las rentas del trabajo en varios países de la UE, al tiempo que persisten dificultades sociales, especialmente en los países más afectados por la crisis financiera y la deuda”.

No conviene olvidar tampoco la reciente publicación, el 20 de diciembre, del informe anual dedicadoa la “Evolución social y de empleo en Europa”, en el que son objeto de muy detallado estudio y atención diversos ámbitos de especial interés social. Este año se centran en los cambios en el mundo laboral (con el impacto de las plataformas tecnológicas y la economía colaborativa en el crecimiento – voluntario o involuntario es otra cuestión bien diferente, añado yo ahora – del trabajo por cuenta propia); cómo facilitar la integración de los refugiados en el mercado de trabajo y superar las deficiencias que pueden darse en los niveles de cualificación y de conocimiento de la lengua o lenguas del país de acogida; la potenciación del diálogo social para responder eficazmente a los nuevos retos y realidades que están apareciendo en el mundo del trabajo. Todo ello, enmarcado en el ámbito del debate sobre el pilar europeo de derechos sociales, sobre el que la Comisión tiene previsto presentar un documento definitivo durante los primeros meses de 2017, tras haber finalizado el período de consultas abierto tras la publicación del primer documento el mes de marzo de este año.   

2. Analizo algunos de los contenidos más relevantes del Estudio en materia de empleo y protección social, desarrollados y complementados en el Informe sobre empleo que previsiblemente será aprobado en el Consejo Europeo de marzo de 2017. Para el estudio y análisis de los documentos presentados en 2016 remito a la entrada publicadas en el blog el 4 de diciembre de 2015.

3. Como digo, la Comunicación presentada por la Comisión el 16 de noviembre sobre el EPAC 2016 presenta “las prioridades económicas y sociales más acuciantes en las que la Unión Europea y sus Estados deben centrar su atención en los próximos meses”.

En su introducción se manifiesta satisfacción por el crecimiento de la economía europea aun cuando al mismo tiempo se constata que la recuperación sigue siendo “frágil”. En la valoración positiva efectuada se destaca que las reformas llevadas a cabo en los Estados miembros han contribuido a crear, desde 2013, ocho millones de empleos (no se dice nada de su calidad, por cierto), añadiéndose con orgullo que “de ellos, casi cinco millones desde el inicio del mandato de la actual Comisión, y que la tasa de desempleo, 8,6 % en septiembre de este año, se ha situado “en el nivel más bajo desde 2009”. Con estos datos, la Comisión es optimista respecto a poder alcanzar el objetivo fijado en la Estrategia Europa 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75 %, siendo la actual del 71,1 % para la población de 20 a 64 años, habiéndose superado por primera vez la existente en 2008, es decir en el momento de inicio de la crisis. En el proyecto de informe conjunto sobre el empleo se destaca, como dato positivo, que se han creado más de cuatro millones de puestos de trabajo en 2015 y el primer semestre de 2016.

No obstante, la necesidad de seguir avanzando en adopción de medidas que fortalezcan la recuperación es clara y manifiesta, destacando por mi parte dos datos relevantes que el Informe pone sobre la mesa y que demuestra que queda mucho por hacer: en primer lugar, que la existencia de altos niveles de desigualdad, incrementados en los últimos años, “reducen la producción de la economía y el potencial de crecimiento sostenible, y los riesgos de pobreza y exclusión social siguen siendo muy elevados, aunque están disminuyendo”, disminución que también se constata en las tasas de desempleo pero que “sigue siendo muy elevado en algunos Estados miembros”. Aunque la tasa de riesgo de pobreza o exclusión haya regresado al nivel de 2008, un 23,7 %, el proyecto de informe sobre el empleo constata que la desigualdad de renta general “se ha estabilizado en un nivel ato en términos históricos, con importantes divergencias en toda la UE, como indica el cuadro de indicadores y de empleo clave”.

4. Desde las perspectivas de empleo y protección social, es en el apartado dedicado al impulso de las reformas estructurales donde se concentran las propuestas de la Comisión, ampliadas y desarrolladas en el proyecto de informe conjunto sobre el empleo.

No hay especiales diferencias con respecto a las propuestas formuladas en documentos de años anteriores y a los que he ido prestando periódica atención el blog, salvo en el apartado relativo a la problemática de los migrantes y refugiados, en el que se pide que se combinen políticas económicas, laborales y sociales que faciliten los procesos de integración y que permitan tanto mantener la cohesión social como la sostenibilidad de las finanzas públicas en los países de acogidas, señalando que “si bien las repercusiones económicas y presupuestarias son claras, no resultan ni inmanejables  ni de gran magnitud desde el punto de vista económico”. Políticas de acogida e integración que no sólo deben centrarse en las necesidades inmediatas, sino que, tal como expone el proyecto de informe sobre el empleo, deben procurar además “garantizar el éxito de la integración a medio y largo plazo como parte esencial de las estrategias de inclusión de los Estados miembros”.

También, es especialmente importante la atención que el documento dedica a la economía colaborativa, como continuación de la Comunicación presentada en junio, y que fue analizada por mi parte en una anterior entrada del blog, llegando a pedir (no se concreta más, pero tengo la sensación de que está aumentando la posibilidad de buscar una alternativa laboral diferente de la llamada clásica) a los Estados miembros que “deben seguir simplificando y aclarando la aplicación de la legislación laboral y de las normas impositivas y en materia de  responsabilidad a la economía colaborativa”. Cierto es que el debate sobre las condiciones laborales en la economía colaborativa, y también en las plataformas tecnológicas, aun siendo incipiente, está comenzando a tener verdadera importancia y por ello son bienvenidos los estudios que abordan la temática, como el reciente artículo del profesor Luis Ángel Trigueros, de la Universidad de Granada, “La influencia del entorno crowd sobre las relacionesde trabajo y sus protagonistas: crowdworking y crowdworkers” (publicado en Labour & Law Issues, vol. 2, nº 2, 2016), en el que se formula una propuesta de regulación jurídica del crowdworking por considerarla necesaria “en cuanto representa una nueva modalidad de relación laboral que en las sociedades contemporáneas avanzadas vinculadas a la innovación y desarrollo científico”, así como también “ante su extensión nacional e internacional de forma paulatina – bien como modalidad cualificada de emprendimiento o bien como modalidad de ocupación que huye de la rigidez que se le presupone y achaca al ordenamiento jurídico laboral --”.

5. Los lectores y lectoras encontrarán en el documento “repeticiones” de lo expuesto en años anteriores, como por ejemplo la petición de adopción por los Estados de las medidas adecuadas para lograr una mayor participación de la población en el mercado de trabajo, el aumento de la oferta de empleo de calidad, y una política de formación y de cualificación que sea realmente eficaz, enfatizando la importancia de modernizar la educación y la formación como requisito necesario “para mejorar las cualificaciones de los trabajadores, desde los conocimientos básicos de cálculo, lectura y escritura hasta las capacidades digitales y empresariales”.  

Además, dados los importantes cambios operados en el mundo laboral como consecuencia del impacto del cambio tecnológico, se plantea la ineludible necesidad de que los poderes públicos jueguen un papel destacado en la adopción de políticas que posibiliten a los trabajadores “estar adecuadamente cualificados y tener capacidad para adaptarse al cambio”. En este punto se apuesta por el desarrollo de las propuestas contenidas en la Comunicación “Una nueva agenda de las capacidadespara Europa”, desarrollo y propuestas de reforma que, recuerda el proyecto de informe, “debe orientarse hacia una inversión sostenida en la adquisición de competencias entre jóvenes y adultos, en mejorar la adaptación de las competencias a las necesidades del mercado de trabajo, con una colaboración más estrecha entre la empresa y el sistema educativo, y en aprovechar el potencial de la formación de aprendices”. Se apoyan estas consideraciones en los datos estadísticos que ponen de manifiesto el crecimiento del empleo entre los trabajadores de alta cualificación y el descenso entre los de bajo nivel, lo que confirma “una tendencia de la reducción de las oportunidades de empleo para los trabajadores de baja cualificación, cuya tasa de empleo sigue siendo menor que en 2008”.

6. En la misma línea que en años anteriores, sin concretar si sus propuestas se refieren al llamado “contrato único”, aunque no es descartable ni mucho menos esta tesis, se aplaude a los Estados que han hecho ya reformas en la línea de establecer “condiciones contractuales fiables y flexibles que promueven las transiciones en el mercado laboral y evitan la segmentación de este en dos niveles, estrategias globales de aprendizaje permanente, políticas activas del mercado de trabajo eficaces y sistemas modernos de protección social”. Más concretamente, y obviamente en la misma línea, el proyecto de informe sobre el empleo manifiesta que las reformas para promover mercados de trabajo “resilientes e inclusivos” deben continuar para estimular la creación de empleo y la participación en el mercado de trabajo, “combinando debidamente la flexibilidad con una seguridad adecuada” (¿nos pondremos algún día de acuerdo sobre qué quiere decir “flexibilidad” y “seguridad”?

7. Por otra parte, las medidas de empleo y de protección social deben tomar en consideración el incremento de la edad media de la población trabajadora en el mercado de trabajo y el importante número de personas que en un corto período de tiempo pasarán a la condición de jubilados. Igualmente, la adopción de medidas que potencien la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, poniendo freno a la brecha salarial existente, y para ello apuesta el proyecto de informe por medidas laborales y sociales que potencien el trabajo de todas las personas del hogar familiar que así lo deseen, aunque es obvio que está pensando mucho más en las mujeres al plantear algunas medidas, argumentando que “El acceso a servicios de cuidado de los hijos y otros servicios asistenciales asequibles y de calidad, así como a bajas y horarios flexibles y la aplicación de sistemas tributarios y prestaciones que no desincentiven que una segunda persona del hogar trabaje o trabaje más son todos aspectos esenciales para avanzar hacia un trato totalmente igualitario para la mujer y favorecer la movilidad social ascendente”

8. También, la lucha contra todo tipo de discriminación en el acceso al trabajo, siguen siendo especialmente relevantes, con especial atención a la integración de los inmigrantes, no ocultando la Comisión su especial interés por atraer a la población foránea cualificada, subrayando que “la revisión de la Directiva sobre la tarjeta azul tiene por objeto armonizar y clarificar el marco jurídico para atraer a nacionales de terceros países altamente cualificados, mientras que la Garantía de Capacidades subraya la necesidad de evaluar las necesidades concretas de nacionales de terceros países”.

Sobre los trabajadores migrantes deseo destacar, por su importancia, el documento elaborado por laConfederación Europea de Sindicatos con ocasión de la celebración del 18 dediciembre, jornada internacional de los migrantes, en el que se afirma y defiende de forma clara y contundente que “todos los trabajadores tienen derechos, comprendidos los trabajadores migrantes, y los sindicatos deben luchar para hacerlos respetar”, incluyendo aquí a las personas que se encuentran en situación irregular. Propugna la adopción de medidas por los Estados que abran vías regulares de migración “con nuevos instrumentos legislativos o una mejor aplicación de los ya existentes”, debiendo preverse un número determinado de admisiones tanto para nuevos migrantes como para aquellos regularizados. Igualmente se pide que los criterios de selección no sean restrictivos y discriminatorios, que se reconozca el derecho del trabajador de cambiar de empleador, y que se garantice el acceso de todos los migrantes, por tanto también de quienes se encuentran en situación irregular, al acceso a los servicios fundamentales.

9. Cobran especial importancia las medidas dirigidas a la población juvenil, tanto para mejorar sus niveles de cualificación educativa y profesional como para mejorar su tasa de inserción en el mercado laboral, apostando por el desarrollo y potenciación de la garantía juvenil.

En este punto, cabe referirse a la Comunicación presentada por la Comisión el 4 de octubre, en elque se hace balance de la situación de la garantía juvenil y de la iniciativade empleo juvenil tras tres años de su aprobación y puesta en marcha, valorando los datos positivos de los que se dispone y señalando al mismo tiempo que queda mucho por hacer para llegar a todos los jóvenes y territorios desfavorecidos. Entre los datos positivos se destaca que desde enero de 2014 “catorce millones de jóvenes han participado en sistemas de Garantía Juvenil; unos nueve millones de jóvenes aceptaron una oferta: en su mayoría, ofertas de empleo. Casi dos tercios de los jóvenes que abandonaron la Garantía de Empleo Juvenil en 2015 aceptaron una oferta de empleo, de educación, un período de prácticas o formación de aprendices”.

10. Siguen produciéndose llamadas a la mejora del diálogo social y a la participación de los agentes sociales en la elaboración de las políticas económicas y sociales, tanto a escala comunitaria como de cada Estado, por considerar, con acierto a mi parecer, que esta vía de participación “es fundamental para el buen funcionamiento de la economía social de mercado” y puede permitir encontrar “el equilibrio necesario” entre ambas políticas.

Una tarea importante sería más concretamente la de participar en la fijación de los salarios mínimos, para la que la Comisión pide que todos los Estados tengan en cuenta el impacto de los mismos “en la pobreza de la población ocupada, la creación de empleo y la competitividad”. En el debate, ciertamente importante, sobre la articulación de las diferentes unidades negociadoras en cada Estado respecto a la ordenación de los sistemas de fijación, y cuantías, de los salarios, el proyecto de informe conjunto sobre empleo llama a los Estados, y muy especialmente a los interlocutores sociales, a buscar la necesaria coordinación entre los diferentes niveles de la negociación colectiva, permitiendo al mismo tiempo un cierto grado de flexibilidad tanto a escala geográfica como intra e intersectorial”

11. No faltan, como en años anteriores, las llamadas a “resideñar” los sistemas de protección social, al objeto tanto de fomentar la participación en el mercado laboral como de garantizar una protección económica ante situaciones de desempleo. Los últimos datos aportados por la oficina estadística Eurostat. de fecha 21 de diciembre, ponen de manifiesto que el 5,1 % del gasto en protección social en 2014 en toda la UE fue dedicado a esta protección, duplicando España dicho porcentaje hasta el 10,8 %, aunque no haya impedido que siga disminuyendo la cobertura contributiva como ponen de manifiesto los datos mensuales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Igualmente, se resalta que los sistemas fiscales y de prestaciones “deben ofrecer apoyo social e incentivos al trabajo no declarado”, poniendo a debate algo que en España está adquiriendo cada vez mayor relevancia política y social, cual es el establecimiento de garantía de prestaciones de rentas mínimas adecuadas “a quienes carezcan de recursos suficientes para llevar una vida digna”, y que conlleven la posibilidad de reincorporación al mercado laboral para todas las personas que se encuentren en condiciones adecuadas de hacerlo.

Dada la importancia cada vez mayor que en nuestras sociedades europeas envejecidas tiene el cuidado de familiares, y que en su gran mayoría es realizado por mujeres, con lo que ello conlleva de limitación de sus posibilidades de plena participación en el mercado laboral, se plantea que los sistemas de pensiones “podrían computar las tareas de asistencia”, eso sí, siempre con el toque económico que caracteriza los documentos de la Comisión, “teniendo debidamente en cuenta las posiciones presupuestarias y las implicaciones por lo que respecta a los gastos futuros”.  

No faltan tampoco, en fin, las llamadas a las reformas de los sistemas de pensiones, que incluyen la 
tan repetida recomendación de incrementar la edad de jubilación y que permitan flexibilidad (laboral o de protección social) para que las personas jubiladas tengan “el apoyo de otros medios que complemente los ingresos percibidos en la jubilación”. Más claramente se afirma en el proyecto de informe conjunto sobe el empleo que las pensiones suplementarias pueden jugar un papel clave, “especialmente si es previsible que se deterioren las pensiones públicas”.

Buena lectura de los documentos.