G) Otro apartado
específico, mucho más corto, está dedicado al fomento de la inclusión social
y la lucha contra la pobreza. Se propone
el desarrollo de las estrategias activas de inclusión (en línea con las Recomendaciones
ya aprobadas), con una adecuada combinación de medidas de complementos de
ingresos, de lucha contra la pobreza, y de acceso a servicios asequibles y de
alta calidad, entre los que se incluyen los servicios sanitarios y sociales;
desde la perspectiva laboral, las medidas de activación deben ser muy
personalizadas y tomar en consideración la situación particular de cada persona
afectada, llamado la Comisión la atención sobre la necesidad de ir eliminando
progresivamente las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis una vez que
se recupere el mercado laboral (no parece que ello pueda producirse a corto
plazo), si bien esa reducción de las medidas de apoyo en el ámbito
estrictamente laboral debería hacerse “sin menoscabo de las redes esenciales de
protección”.
El incremento de
la pobreza entre los trabajadores va en aumento como se constata en el proyecto
de informe conjunto sobre el empleo, ya que cerca de un tercio de los adultos
en edad laboral en riesgo de caer en la pobreza en 2.011 se concentraba en los
trabajadores, siendo factores que pueden haber contribuido a dicha situación, y
comparto la argumentación de la Comisión, “los ajustes salariales, la reducción
de la jornada laboral, las medidas de reducción del tiempo de trabajo y el
aumento de los contratos a tiempo parcial y temporales”.
