1. El Consejo deministros de política social, empleo, sanidad y consumidores (EPSCO) celebradolos días 6 y 7 de este mes ha tenido un primer intercambio de impresiones sobre
diversos documentos aprobados el 28 de noviembre y que forman parte de la
política comunitaria del “semestre europeo”. La próxima semana, el Consejo europeo
también iniciará el análisis de la documentación, que será aprobada en el
consejo de marzo 2013 para dar paso a la elaboración de los programas
nacionales. Igualmente, hubo un primer debate sobre los documentos de políticasde empleo para jóvenes aprobados el 5 de diciembre por la Comisión, a la espera
de un análisis más concreto en próximas reuniones.
2. El documento
marco de referencia es el titulado “Estudio prospectivo anual sobre elcrecimiento 2013”, que está acompañado de otros no menos importantes y que
abordan temáticas más concretas: el proyecto de informe conjunto sobre elempleo; el Indicador de resultados de empleo, que incluye la evaluación comparativa
de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; el Informe sobre elmecanismo de alerta 2013, relativo a la prevención y corrección dedesequilibrios macroeconómicos; en fin, el informe macroeconómico anexo alprimer documento.
Los documentos fueron presentados a los Ministros de
los Estados miembros por el Comisario responsable de Empleo, L. Andor, que
destacó lo siguiente: “I underlined that employment and social policies are key
priorities of this year's AGS because of their crucial role in pursuing
growth-friendly fiscal consolidation and in tackling the consequences of the
crisis. I emphasised that strategies to restore the sustainability of public
finances must be implemented in a way that supports growth, employment and
social fairness”.
Por parte de la
presidencia del Consejo se elaboró una nota previa para organizar las discusiones de la reunión, en la que se destacó que el Estudio prospectivo
identificaba las mismas prioridades que el año anterior, incluida la respuesta
al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis, porque “ aún sigue
presente la situación económica crítica”, y también porque “las reformas, que
se toman su tiempo para producir efectos, son más necesarias que nunca”,
enfatizando que “para 2.013 las perspectivas de empleo siguen siendo poco
halagüeñas y no se espera que mejoren hasta 2.014”. En efecto, la lucha contra
el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis es una de las cinco
prioridades propuestas por la Comisión, a la que acompañan “proseguir la
consolidación fiscal diferenciada y favorable al crecimiento; restablecer las
condiciones normales de préstamo a la economía; fomentar el crecimiento y la
competitividad actual y futura; modernizar la administración pública”.
3. Desde la
perspectiva de las políticas laborales y de empleo, destaco a continuación
aquellos contenidos de la Comunicación de la Comisión “Estudio prospectivoanual sobre el crecimiento 2013” que me han parecido más interesantes,
partiendo de la constatación del impacto de la crisis, que ha provocado un
incremento del desempleo y un recrudecimiento de la miseria y la pobreza,
dificultades que “son especialmente visibles en la zona del euro, pero no sólo
se circunscriben a ella”.
A) En la primera
de las prioridades antes citadas, la Comisión insiste en sus conocidas
propuestas de reformar los sistemas de pensiones, con su no menos conocida
concreción, que ya se está aplicando en muchos países, de “alinear la edad de
jubilación con la esperanza de vida, restringir el acceso a los regímenes de
jubilación anticipada y permitir la prolongación de la vida laboral”, así como
también sobre las formuladas desde hace ya varios años en las orientaciones
generales de empleo, de reducir sustancialmente la presión fiscal sobre el
trabajo en aquellos países “en los que es comparativamente elevada y
obstaculiza la creación de empleo”. En la prioridad del fomento del crecimiento
y de la competitividad, la Comisión llama nuevamente a los Estados miembros a
adoptar las medidas necesarias para mejorar los resultados de los sistemas de
enseñanza y formación y los niveles globales de cualificación, de tal manera
que se establezca “un vínculo más estrecho entre el mundo laboral y la
formación”.
B) Obviamente,
las propuestas más concretas sobre empleo se encuentran en la prioridad
dedicada específicamente a esta cuestión, que se formulan tras poner de
manifiesto que la gravedad de la crisis se manifiesta en las débiles
perspectivas de crecimiento, que implica, por el conocido desfase entre
recuperación económica y recuperación del mercado de trabajo, que “no hay
ninguna perspectiva de mejora inmediata o automática de la situación del empleo”,
y que la situación se agrava por el progresivo proceso de envejecimiento de la
población, aprovechando aquí la oportunidad la Comisión para reiterar su tesis
contraria al fomento de las jubilaciones anticipadas, por considerar que es una
medida “ineficaz y costosa”. Por otra parte, para corregir los desajustes en el
mercado laboral, que lleva a la existencia de puestos de trabajo sin cubrir
paradójicamente en una situación de elevado desempleo, se enfatiza una vez más
la importancia de aumentar la participación de la población en el mercado
laboral, mejorar los niveles de cualificación y aumentar la movilidad.
C) La Comisión
califica de “muy ambiciosas” algunas reformas laborales que se han puesto (¿impuesto?)
en marcha en algunos Estados, entre los que incluyo España. Su valoración no es
expresamente positiva pero de la redacción del texto así se deduce con
claridad. Dice la Comisión que es “ambicioso”, por ejemplo, “facilitar las
modalidades de contratación flexibles en las empresas, reducir las
indemnizaciones por despido de los contratos estándar y simplificar los
procedimientos de despido individual o colectivo”. Igualmente ve con muy buenos
ojos las medidas adoptadas para flexibilizar los salarios (España es un alumno
aventajado con su última reforma laboral), de tal manera que “se han suavizado
las condiciones que permiten a las empresas no aplicar los acuerdos de
negociación colectiva de nivel superior y se han revisado los convenios
salariales sectoriales” (¿habrá redactado este párrafo algún miembro español
del staff técnico de la Comisión que conozca muy bien la reforma laboral?).
Por cierto,
sobre los ajustes salariales, y la reducción en muchos casos, hay otro punto de
vista en el importante documento presentado el día 7 por la OIT sobre los
salarios en el mundo, que lleva por título exacto “Informe mundial sobresalarios 2012-2013. Los salarios y el crecimiento equitativo”, que subraya los
efectos negativos de una participación decreciente de la participación del
trabajo en el ingreso nacional porque perjudica el consumo de los hogares y
puede generar insuficiencias de la demanda agregada, afirmando de forma clara y
contundente que “una estrategia de reducción de los costos laborales, una recomendación
frecuente en términos de política para países en crisis y con déficit en su cuenta
corriente, podría correr el riesgo de deprimir el consumo interno más de lo que
aumentan las exportaciones. Si se buscan reducciones competitivas de los
salarios en forma simultánea en un gran número de países, esto podría llevar a
una «carrera hacia el fondo» en la participación del trabajo, reduciendo la
demanda agregada”. La OIT apuesta también por el desarrollo de sistemas de
protección social bien diseñados que permitirían “a los trabajadores y sus
familias reducir el monto de sus ahorros de reserva para invertir en la
educación de sus hijos y contribuir a una mayor demanda del consumo interno y
elevar los estándares de vida”.
D) Las
recomendaciones formuladas por la Comisión al objeto de irse “preparando” para
una recuperación generadora de empleo coinciden sustancialmente con las
orientaciones vigentes en materia de política de empleo y que he analizado con
detalle en anteriores entradas del blog: limitación de la carga fiscal que
recae sobre el trabajo y medidas de apoyo a la contratación de personal con
mayores dificultades para acceder o permanecer en el mercado de trabajo; “simplificar”
(sic) la legislación laboral, con una versión renovada, en los términos
utilizados que no en cuanto al fondo del contenido, de la defensa de un
contrato único (tan querido para un sector de los economistas españoles y tan
denostado por la gran mayoría de los laboralistas), que se concreta en esta
rebuscada frase: “la reducción de las lagunas que existen en la protección del
empleo entre los distintos tipos de contratos laborales también debería
contribuir a disminuir la segmentación del mercado laboral y el trabajo no
declarado en algunos países”, reiterando la necesidad de esa simplificación en
las conclusiones de la Comunicación como un “elemento esencial” de las
propuestas de creación de empleo.
Con otro
lenguaje, pero mismo contenido, el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo
se refiere al incremento de la segmentación del mercado de trabajo, con
especial importancia en los países mediterráneos y Polonia, afirmando que la “asimetría
(sic) de la legislación en materia de protección del empleo entre puestos de trabajo
permanentes y temporales de duración determinada constituye la causa principal
del mercado de trabajo”. Como pueden comprobar los lectores y lectoras del
blog, los términos utilizados en los documentos son de corte económico, con
escasa referencias o contenido jurídico, de tal manera que se van abriendo cada
vez más espacio palabras cuyo significado puede variar mucho en su contenido
según quien las utilice y quién las aplique: simplificación, modernización,
renovación, asimetría, etc.
E) Otras medidas
son la defensa del trabajo a tiempo parcial como “medida de organización
flexible del trabajo” (nada que decir si siempre fuera voluntario, pero los
datos de la propia Comisión demuestran que no es así en un porcentaje
significativo), la mayor vinculación de la percepción de prestaciones por desempleo
a la búsqueda activa del mismo (algo ciertamente difícil hoy en día ante el
descenso de puestos de trabajo disponibles), la revisión de los sistemas de
fijación de salarios, o por decirlo de forma más clara el cuestionamiento de
las cláusulas de revisión salarial, aunque se llama al “respeto de las
prácticas de consulta nacionales”; en fin, la apuesta por la creación de empleo
en los sectores de la economía verde, la asistencia sanitaria (algo que choca
con lo que está ocurriendo en algunos países de la UE, entre ellos España) y
las TICs, para lo que se pide apoyo público. En cuanto al trabajo a tiempo
parcial conviene destacar el importante incremento que ha experimentado durante
la crisis, siendo mayoritariamente femenino, dado que cerca de un tercio de las
mujeres ocupadas prestan servicios al amparo de esta modalidad contractual y
organizativa, porcentaje que se reduce a un escaso 8 % entre los hombres.
F) La Comunicación
incluye en la prioridad ahora analizada un apartado específico sobre la
necesidad de mejorar la capacidad de inserción profesional, mejora que debe
concentrar buena parte de sus esfuerzos en los jóvenes y también en los
desempleados de larga duración. Se incluyen aquí propuestas bien conocidas y
desarrolladas de forma muy desigual, e incluso restrictivas, en algunos
Estados: la potenciación de los servicios públicos de colocación y la intensificación
de las políticas activas de empleo tomando en consideración el incremento del
número de personas desempleadas y solicitantes de tales servicios (no creo que
el gobierno español, ni varios gobiernos autonómicos, estén aplicando esta
propuesta, ¿verdad?); la reducción del fracaso escolar y la potenciación de las
prácticas educativas y formativas laborales mediante el aprendizaje dual (está
por ver cuál será el grado de aplicación, y éxito, de la normativa española
sobre la materia recientemente aprobada); el fomento del autoempleo y de la
capacidad de emprendimiento; formular una “garantía de empleo juvenil” para
todo joven menor de 25 años tras cuatro meses de finalizar sus estudios o de
perder su empleo anterior, entendiendo por tal garantía “recibir una oferta de
empleo, formación continua, un contrato de aprendizaje o un período de
prácticas”, habiendo sido esta propuesta concretada en los documentos aprobados
por la Comisión el 5 de diciembre y que serán objeto, espero, de atención en
entradas posteriores del blog; facilitar la participación de personas que no
son los “sustentadores” principales de la unidad familiar, con un pensamiento
indudable dirigido hacia las mujeres, en cuanto que la Comisión llama la
atención a los Estados miembros sobre la necesidad de ofrecer “servicios de
cuidado infantil asequibles y de calidad” (según el proyecto de Informe sobre
el empleo los servicios de guardería “sólo abarcan al 28 % de los niños menores
de tres años y al 84 % de los mayores de tres años”); no menos conocida, pero
no por ello deja de ser menos importante, es la propuesta de mejorar las
medidas que permitan el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida,
incluyendo aquí su conexión con el mercado laboral y con una mención concreta a
“titulaciones de ciclo corto” (¿no universitarias?) en las que se detectan
escasez de competencias; en fin, el fomento de la movilidad laboral
transfronteriza, con políticas normativas (se recuerda una vez más) que
permitan simplificar “el reconocimiento de la experiencia y de las
cualificaciones profesionales”, y potenciar la cooperación entre los distintos
servicios públicos de empleo y la red europea EURES.
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