1. Poco podía
imaginarme, al iniciar mis entradas en este blog sobre la que después
calificaría de “Saga Endesa”, que esta iba a finalizar con una sentencia del
Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo en la que el conflicto resuelto es
sólo la perfecta excusa jurídica para llevar a cabo una larga y compleja
explicación, una clase académica, dirigida al alumnado, la abogacía laboralista,
sobre los requisitos que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica
1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público
de Justicia debe cumplir el recurso de casación para la unificación de doctrina,
primero para poder ser admitido por el tribunal y después para darle respuesta.
Y en efecto, ello
es lo que ocurre en la sentencia dictada el 22 de mayo, de la que fue ponente
el magistrado Juan Manuel San Cristóbal, ya que el “caso Endesa” aparece,
obviamente, en los antecedentes de hecho, en el fundamento de derecho primero
(“cuestión debatida y pronunciamiento en instancias previas”) y al inicio del
segundo, abriendo camino la Sala para su larga y compleja explicación posterior
sobre los requisitos del RCUD al indicar que
“... es relevante
en el presente caso observar que la sentencia recurrida fue dictada al 3 de
abril de 2025, lo que significa que para que el recurso pudiera ser admitido
era necesario no ya sólo la existencia de contradicción, sino también que la
Sala aprecie la concurrencia del interés casacional, y ello por cuanto la
Disposición Transitoria Novena en su apartado número ocho de la LO 1/2025 de 2
de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
(ley que vino a establecer una nueva regulación del recurso de casación para
unificación de doctrina modificando la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social) fijó el siguiente régimen transitorio:
«8. La nueva
regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos
que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en
vigor. En todo caso, la inadmisión de los recursos de casación para la
unificación de doctrina interpuestos contra las resoluciones dictadas con
anterioridad a la entrada en vigor de esta norma se acordará, previa audiencia
de las partes, por providencia sucintamente motivada que será irrecurrible».
Por su parte la
Disposición final trigésima octava de la citada LO 1/25, establece sobre su
entrada en vigor que-salvo para casos especiales- tendrá lugar a los tres meses
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 3 de
enero de 2025. Es evidente que la fecha de entrada en vigor de la Ley es el
3 de abril de ese año, de tal suerte que todas las sentencias dictadas por los
TSJ resolviendo recursos de suplicación después de esa fecha, están sometidas a
los trámites del nuevo recurso de casación, como ocurre con la sentencia aquí
recurrida del TSJ Andalucía/Granada 1510/2025, de 5 de junio, rec. 1385/2024” (la
negrita es mía)
Y a partir de
aquí, el litigio del que está conociendo el TS prácticamente desaparece hasta
el fundamento de derecho octavo, a mediados de la pág. 17 (de las 18 que ocupa la
sentencia en formato CENDOJ) en el que el TS resuelve el RCUD y recuerda que
“es una
controversia ya resuelta por esta Sala abordando el mismo debate (STS 814/2025
de 23 de septiembre - rcud 5237/2023) y a lo en ella establecido habremos de
estar reiterando esa doctrina”, pasando a sintetizar buena parte de su
contenido y concluyendo que en aquella se declaró que
“... esos pactos individuales
no impiden la eficacia de cosa juzgada del conflicto colectivo ni permiten
sustraer los beneficios sociales al régimen convencional. Solo cabría una
excepción si existiera un contrato privado, específico y totalmente
desvinculado de acuerdos colectivos, que reconociera singularmente esos
beneficios; lo que no sucede cuando el pacto individual se limita a
instrumentar la adhesión del trabajador a condiciones colectivas de jubilación
o prejubilación”
El resumen oficial
de la sentencia, que ya permite tener un buen conocimiento tanto de aquello que
quiere desarrollar el tribunal como del conflicto concreto enjuiciado y del
fallo, es el siguiente:
“... Análisis
global de los requisitos (extrínsecos e internos) de los escritos de
preparación y de interposición del rcud, así como de los distintos supuestos de
"Interés Casacional Objetivo" (ICO). Efectos de los diversos
incumplimientos relacionados con tales escritos y desarrollo del contenido de
los supuestos de ICO contemplados en el art 219.1 letras a), b) y c) LRJS. En
cuanto al fondo, derecho de los jubilados en ENDESA a mantener los beneficios
sociales tras la sentencia de conflicto colectivo dictada por la AN y
confirmada por esta Sala. Efecto positivo de cosa juzgada. Reitera doctrina”.
El enlace del caso
con la explicación sobre los requisitos a cumplir por el RCUD se encuentra en
la providencia de admisión a trámite de este y que la sentencia reproduce en el
apartado 3 del fundamento de derecho segundo, en la que manifiesta que, además
de existir contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste,
“concurre interés
casacional objetivo (ICO). De una parte se han cumplido las exigencias formales
que la LRJS establece respecto de ese requisito (se ha hecho mención sucinta de
la concurrencia del ICO en el escrito de Preparación y se ha fundamentado
suficientemente en el escrito de Interposición, argumentando porqué en opinión
del recurrente concurre alguno de los supuestos de ICO legalmente previstos, en
apartado separado y exponiendo circunstanciadamente y con detalle, en
relación con las vicisitudes del pleito, las razones por las que estima que se
da dicho interés casacional exponiendo cada uno de los diferentes supuestos de
interés casacional que invoca).
Por lo que
“... La Sala de
Admisión considera que, en efecto, concurre este requisito, atendida la
cuestión debatida, que pertenece a una larga cadena de litigios sobre los que
esta Sala ya se ha pronunciado, y que por lo tanto presenta sin duda una "
trascendencia o proyección significativa" (art. 219. 1. b) LRJS, al tiempo
que su análisis permitirá consolidar la jurisprudencia y eventualmente
acomodar la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia a la
jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo” (la negrita es mía).
A mi parecer, quizás
no sea correcto el término “acomodación”, ya que en realidad aquello que desea
el TS con esta sentencia es la “unificación” de la doctrina de los TSJ, diversa
con anterioridad tal como he ido explicando en anteriores entradas del blog, y
cerrar definitivamente la vía a que algún TSJ ser aparte de esta línea jurisprudencial.
2. Ya disponemos
de un primer comentario, detallado, riguroso y bastante crítico, de la nueva
doctrina del TS, realizado por el profesor, y amigo, Cristóbal Molina, en su
artículo “El recurso de casación unificadora: la Sala
IV más lo cierra con doble llave que lo abre”, publicado en la ya plenamente
consolidada colección Briefs de nuestra Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social que, dicho sea incidentalmente, celebrará el Congreso
Anual de 2027 en la Universidad de La Laguna con motivo de la celebración de su
centésimo aniversario.
La dureza jurídica
con la que el profesor Molina se refiere tanto al cierre de la Saga Endesa (de
hecho, ya lo estaba prácticamente con mucha anterioridad, y el propio TS lo
reconoce) como a la “clase académica” que da el alto tribunal a su “alumnado”,
la abogacía laboralista, se manifiesta con toda claridad en el último párrafo
de su artículo, que me permito ahora reproducir:
“...¿“Abandonad
toda esperanza” ?: El final del camino para un colectivo concreto (pensionistas
de Endesa), el principio para otros (defensa laboral en juicio) ¿o final para
todos? (adiós a las expectativas de recurso unificador). Por tanto, a mi
entender, si ahora se intensifica el requisito del ICO lo que se quiere no es
preservar las funciones nomofiláctica e integradora, sino amoldar el recurso
mucho más, de lo que ya estaba, al gusto (necesidades de autoprotección frente
a la sobrecarga) de la Sala IV. El mensaje que da es muy claro y no tiene, en
realidad, nada que ver con desnudar el disfraz de la casación unificadora (sí
podría estar más en la casación ordinaria) como tercera instancia y mejorar la
seguridad jurídica, sino con ofrecer al TS una cláusula de blindaje adicional
frente al exceso de pendencia de recursos, reduciéndolos (eficiencia en
detrimento de la justicia). El cambio no es gratuito. Se produce un giro de
gran calado en la arquitectura del proceso social español, como ya sucediera en
la casación civil (2023), y antes en la jurisdicción constitucional. Si en el
caso concreto los pensionistas han recibido una indicación clara de fin de
trayecto (dejen ya de litigar, el caso está más que sentenciado), con carácter general,
para la abogacía, se abre una gran incógnita: ¿ha de abandonarse toda esperanza
-sentencia de la Divina Comedia de Dante- de recurso unificador pese a la
contradicción, si no se prueba con fehaciencia el interés casacional objetivo
añadido? (la
negrita en el texto original).
3. No es el objeto
de esta entrada la explicación de la clase dada por el TS a su alumnado,
que ocupa 11 de las 18 páginas de la sentencia (lo ha hecho con mucha
claridad el profesor Molina), pero no está de más seleccionar algunos de sus
contenidos más relevantes a mi parecer, recogidos en los fundamentos de derecho
segundo a séptimo, y que a buen seguro serán objeto de atención detallada en
próximos análisis de la doctrina laboralista, tanto la académica con la
profesional.
Antes, procedo a
recordar el texto vigente del art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción
social hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2025 y el texto modificado
|
LRJS
(hasta 2 de abril de 2025)
|
LRJS
(texto vigente)
|
|
Art.
219.1
Artículo
219. Finalidad del recurso. Legitimación del Ministerio Fiscal.
1.
El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de
sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con
la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con
sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros
diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos
distintos.
|
1. El recurso tendrá por objeto la unificación de
doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de
lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran
contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos
Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los
mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a
hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere
llegado a pronunciamientos distintos, siempre que la Sala Social del
Tribunal Supremo aprecie que el recurso presenta interés casacional objetivo.
Existe interés casacional objetivo cuando se de alguno de los siguientes
supuestos:
a) Si concurren circunstancias que aconsejen un
nuevo pronunciamiento de la Sala.
b) Si la cuestión posee una trascendencia o
proyección significativa.
c) Si el debate suscitado presenta relevancia para
la formación de la jurisprudencia.»
|
En la exposición
de motivos de la Ley 1/2025 encontramos la explicación y justificación del
cambio normativo operado en la regulación del RCUD:
“... en la misma
línea de consolidación de los derechos y garantías de la ciudadanía en el
acceso a la justicia a fin de que el funcionamiento de ésta como servicio
público se produzca en condiciones de eficiencia operativa, deviene
necesario ahondar en el orden social en la reforma del recurso de casación para
la unificación de doctrina. Al igual que sucede en el orden civil, tampoco
este recurso de casación constituye una tercera instancia con plenitud de
cognición, de manera que le resulta de aplicación la misma jurisprudencia del
Tribunal Constitucional —residenciando en el Tribunal Supremo la configuración
de esa admisibilidad, con las excepciones del artículo 123 CE— y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y de la propia Sala Primera insistiendo en el
especial rigor de los requisitos de admisión del recurso de casación.
Se perfila la
existencia de interés casacional objetivo, entendiendo que existe si concurren
circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la Sala, cuando la
cuestión posee una trascendencia o proyección significativa, o si el debate
suscitado presenta relevancia para la formación de la jurisprudencia.
Con esta reforma
se unifica el alcance y finalidad del recurso de casación en todas las Salas
del Tribunal Supremo, completando el tratamiento como criterio de admisión o
inadmisión que ya rige en las Salas Segunda y Tercera, y que en la última
reforma legal se extendió a la Sala Primera, paralelo a la denominada especial
trascendencia constitucional existente en el seno de la LO 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional” (la negrita es mía).
Estos son los
contenidos, reitero que a mi parecer, más relevantes de la nueva doctrina del
TS (la negrita es mía):
“... Debemos tener
presente y la sala considera preciso resaltarlo de forma muy clara, que ambas
exigencias, la existencia de contradicción entre sentencias y la concurrencia
del interés casacional, no son en absoluto coincidentes, y la existencia de la
primera no presupone la del segundo, a diferencia de lo que ocurre en la regulación
procesal del recurso de casación en otras jurisdicciones, donde al fijar los
requisitos de este recurso extraordinario se ha configurado la existencia de
contradicción como un supuesto de concurrencia de interés casacional objetivo...
... La
exigencia legal de que en el caso, además de la contradicción, la sala aprecie
la concurrencia del interés casacional objetivo (ICO) persigue una finalidad
esencial: permitir al Tribunal Supremo dedicarse a su tarea primordial de
unificación doctrinal, consolidación y progreso de la jurisprudencia, lo
que va a ser posible con mayor facilidad que en el anterior esquema de rcud
-que queda hoy claramente superado tras la reforma- donde la necesidad de
estricta y sustancial identidad entre los supuestos comparados hacía en
ocasiones muy difícil que algunos supuestos tuvieran entrada en esta vía de
recurso extraordinario. Ahora, atendido el peso que la ley ha conferido al ICO
en la nueva estructura dogmática del rcud, este instituto alcanza la máxima
relevancia, dejando la contradicción, aun necesaria, en un claro segundo plano...
... "Exponer,
de manera sucinta, las razones por las que la cuestión suscitada posee interés
casacional objetivo",.. es hoy, tras la reforma que analizamos, un
requisito primordial de tanta o mayor relevancia que los otros dos de las
letras a y b del precepto.
No se trata de una
exigencia puramente formalista y exorbitante o inútil, en absoluto, ni su
cumplimiento exige un esfuerzo desproporcionado a los litigantes. Teniendo
en cuenta el cambio de paradigma que la inclusión del interés casacional como
criterio de admisión o inadmisión de los recursos de casación ha supuesto en nuestra
jurisdicción, este requisito se ha convertido en el soporte esencial, el nudo
gordiano de la admisión del rcud, y por tanto es crucial advertir, ya en el
escrito de preparación, de la posible concurrencia de ese interés casacional
objetivo para acreditar la seriedad de la reclamación y para alertar al
tribunal de la necesidad de entrar al fondo del recurso con base en uno de los
tres supuestos que la ley contempla en las letras a), b) y c) del art 219 LRJS
exponiendo sucintamente las razones que apoyan tal petición; supuestos sobre
los que luego nos extenderemos en los siguientes fundamentos...
(En el escrito de
interposición del RCUD) “... no basta con afirmar la existencia del interés
casacional, hay que explicitarlo y fundamentarlo”... Por ello no será
suficiente con limitarse a reproducir o parafrasear alguno de los supuestos de
interés casacional del art. 219.1 LRJS, sin fundamento o razonamiento de ningún
tipo. En definitiva: es necesaria loque podríamos llamar una
"exposición circunstanciada", esto es, realizar -puesta en relación
con las concretas vicisitudes del pleito concernido- una explicación fundada
sobre las razones por las que la parte recurrente estima que se da en el caso
litigioso cada uno de los diferentes supuestos de interés casacional que
invoca.
Tampoco puede
considerarse en absoluto suficiente que a la hora de fundamentar el ICO, se
reproduzca el núcleo de la contradicción. No es el enfrentamiento de doctrinas
para supuestos iguales lo que habilita la existencia del ICO, sino la
justificación -tras realización de un esfuerzo argumental para convencer al
tribunal-de que concurren razones que hacen necesario un pronunciamiento del TS
sobre la materia debatida, una vez ya superada la existencia de
contradicción.
“... A).- Por lo
que se refiere a la primera de las variantes del ICO, consistente en que
"concurran circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la
Sala", ello implica con seguridad que por ese cauce entrarían los supuestos
de modificación legislativa que cuestione la jurisprudencia
preexistente, o un pronunciamiento del TJUE, del TEDH o del TC que suponga una
alteración siquiera aparente de la corriente jurisprudencial previa.
También encajaría
en ese supuesto la circunstancia de que la jurisprudencia preexistente fuera
antigua, o que la realidad social ponga de manifiesto su posible obsolescencia.
O cuando se considere imprescindible un nuevo pronunciamiento por entender
la Sala que es necesario matizar o clarificar esa jurisprudencia; o bien
reafirmarla si se aprecia que no ha llegado ser comprendida y por eso no es
correctamente aplicada, o incluso rectificarla por aportarse razones sólidas
que justifiquen su reconsideración, sin que este listado pueda considerarse
cerrado.
B).- Por lo que
respecta a la letra b) (que la cuestión posea «una trascendencia o proyección
significativa»), la ley está haciendo referencia a todos esos supuestos en los
que se tenga la percepción clara de que el debate tiene unos efectos que van
mucho más allá del caso concreto debatido. La trascendencia supone estar o
ir más allá de algo, superar la mera repercusión de un caso concreto, o
apreciar que el asunto tiene una proyección general. Parece obvio que en este
supuesto se enmarca la tradicional "afectación general", es decir,
cuando el asunto afecta a todos o un gran número de trabajadores o
beneficiarios de la seguridad social, pero no se agota en ella, puesto que bien
pudiera encajar en ese supuesto un único asunto que, sin embargo, posee una
proyección general indudable por así considerarlo la sala atendida la realidad
social. También podría tener encaje en esta modalidad de ICO aquellos
supuestos en que aunque el asunto no tenga una proyección general para otros casos,
sin embargo la cuestión sea "trascendente" por sí misma, esto
es, afecte, vgr. a derechos fundamentales y esta sala aprecie que la respuesta
ofrecida en la sentencia recurrida se ha separado abiertamente de nuestra doctrina
en esa materia de tutela o de la del propio TC, o posiblemente también cuando
la sala aprecie que la discusión se centra en la aplicación del Derecho Europeo
y la respuesta ofrecida en la recurrida se pueda apreciar como contraria a la
doctrina sentada por el TJUE, o sencillamente cuando esté en juego el Derecho Europeo
y no exista pronunciamiento previo sobre la cuestión debatida por parte del
TJUE (inexistencia de acto aclarado, sentencias TJUE Kubera, de 15 de
octubre de 2024 -asunto C-144/23, y Remling, de 24 de marzo de 2026 -asunto
C-767/23, en relación con las SSTJUE Cilfit y Consorzio, de 6 de octubre de
1982 -asuntoC-283/1981 y 6 de octubre de 2021 -C-561/19, respectivamente).
C).- El último
supuesto de ICO es el de «que el debate suscitado presente relevancia para la
formación de la jurisprudencia». Como el precepto se refiere a la formación de
jurisprudencia, hemos de entender que incluye sin duda aquellos casos en los
que no existe jurisprudencia sobre la cuestión planteada (no hay pronunciamiento
alguno del TS, o sólo uno que no sea de Pleno). Pero la
"formación" de la jurisprudencia no es solo un hito ocasional o
puntual que se da en el momento de dictarse los dos primeros pronunciamientos de
esta sala (art. 1.6 del Código Civil) , y con ello se colma tal presupuesto,
sino que la "formación" de jurisprudencia perfectamente puede incluir
también la necesidad de su mantenimiento y consolidación en el tiempo, y servir
a la acomodación de la doctrina de los TSJ a la jurisprudencia ya existente, de
tal suerte que si la doctrina de la sentencia recurrida fuera claramente
errónea o disconforme con la doctrina de esta sala, estaríamos, dándose la
previa exigencia de contradicción, ante un supuesto de concurrencia del ICO de
este apartado, que presenta en este punto una clara conexión con el de la letra
a) del precepto.
2.-Por lo que se
refiere a los motivos de casación de índole procesal, es conocida nuestra
doctrina y no consideramos que la aplicación del requisito del ICO suponga
modificación alguna de aquellos criterios tradicionales...
“... Conclusión de
todo lo expuesto es que la formación del juicio sobre la conveniencia de la
admisión del rcud, desde el prisma del interés casacional objetivo, constituye
una valoración innegablemente dotada de un margen de apreciación discrecional,
en el que tiene -sin duda- una especial relevancia la importante tarea que la
Abogacía ha de desarrollar en la invocación del ICO y su fundamentación,
haciendo llegar al tribunal esa necesidad de un nuevo pronunciamiento, la gran
repercusión del asunto controvertido o su proyección general...
... En otras
palabras, y por acabar ya este apartado de nuestra sentencia, la exigencia de
justificar el interés casacional objetivo desplaza el centro de gravedad del
recurso desde la mera discrepancia con la sentencia recurrida hacia una tarea
argumental más relevante: demostrar al Tribunal Supremo que el asunto
trasciende del caso concreto y reclama una nueva intervención nomofiláctica.
En ese contexto, la importante y esencial labor de los/as Abogado/as en la
Administración de Justicia se ve reforzada y más reconocida, pues adquiere una
importancia decisiva, ya que no basta con denunciar y fundamentar el error
jurídico padecido, sino que es preciso construir una razón institucional de
admisión: identificar la incertidumbre interpretativa existente, mostrar la
insuficiencia o evolución de la doctrina precedente, evidenciar la proyección
general del problema y explicar por qué la respuesta del Tribunal resulta
necesaria para preservar la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de
la ley, la consolidación de la jurisprudencia y la coherencia del sistema. El
recurso de casación, así concebido, no es ya solo una mera impugnación de una
resolución concreta, sino una invitación fundada al Tribunal para que ejerza su
función ordenadora y de cuidado y conservación del ordenamiento jurídico...”.
4. Parece que
ahora, sí, que este artículo será el último de la Saga Endesa, que se añadirá a
todos los que he publicado en el blog desde el primero “El caso ENDESA. Un
conflicto jurídico y social. Reflexiones al hilo de la sentencia de la AN de 26
de marzo de 2019” hasta el que quedará como penúltimo, “¿Ahora sí llega el final de la Saga
ENDESA? Notas a la sentencia del TS de 23 de septiembre de 2025, y recordatorio
de la conflictividad jurídica anterior” , en el que, como indica su título,
recordé toda mi actividad anterior sobre el conflicto. Desconozco si hay algún
RCUD pendiente ante el TS, si bien dada la claridad y contundencia con la que
el alto tribunal cierre este caso, y fija doctrina, será con toda seguridad
inadmitido.
Si bien el TS toma
este conflicto como el punto de partida para explicarnos los nuevos (no tanto,
evidentemente, ya que entraron en vigor el 3 de abril del pasado año) requisitos
que deben cumplirse para interponer un RCUD, lo cierto es que ya había dado
carpetazo a la Saga Endesa con su sentencia de 23 de septiembre de 2025, y por
si hubiera alguna duda de ello (como la que tenía aún en mi caso al incluir
interrogantes en el título de mi análisis de la misma), remachó dicho cierre con
la reciente sentencia de 6 de mayo, de la que fue ponente el
mismo que la de día 22, en Sala también integrada por los magistrados Sebastián
Moralo, Ignacio García-Perrote y Rafael A. López, cuyo muy amplio resumen
oficial permite conocer de forma detallada todo el conflicto y el fallo:
“ENDESA. Cosa
juzgada. Supresión de beneficios sociales de los jubilados y familiares.
Tarifas de suministro eléctrico. Pérdida de vigencia del IV Convenio Colectivo
marco del grupo ENDESA. Reitera doctrina de STS 814/2025 de 23 de septiembre
(rcud 5237/2023). Aprecia la existencia de contradicción. La STS 761/2021,
de 7 de julio, rec. 137/2019 que resuelve el conflicto colectivo genera cosa
juzgada en los procesos individuales. El acuerdo de adhesión al ERE que firma
cada trabajador se somete a las normas colectivas sobre las que la sentencia se
pronuncia. No puede valorarse como un contrato privado individualizado y con
eficacia jurídica suficiente para sustituir el régimen jurídico colectivo
aplicable a dichos beneficios sociales. SENTENCIA DE SEÑALAMIENTO ADICIONAL (la negrita es mía).
Casualidades de la
vida, tenía previsto efectuar un breve comentario de esta sentencia en el blog,
simplemente para dar por finiquitada la Saga Endesa, y por diversas circunstancias
lo fui aplazando, teniendo conocimiento el pasado martes de la sentencia del
día 22 de mayo, y por ello ya no es necesario dicho artículo y sólo hay que señalar
en este algunos de sus contenidos:
La Sala centra con
prontitud, en el fundamento de derecho primero, la cuestión a la que debe dar
respuesta, que es la de “... determinar la existencia o no de cosa juzgada por
efecto de nuestra Sentencia, de 7 de julio de 2021 (rco. 137/2019), que
confirmó la SAN, de 26 de marzo de 2019 (autos 32/2019), desestimatoria de
demanda de conflicto colectivo”, dando respuesta positiva a dicha existencia,
en los mismos términos que la tesis propugnada por el Ministerio Fiscal en su
preceptivo Informe. Tras una muy amplia explicación de la sentencia recurrida y
la de contraste, considera existente la contradicción requerida por el art.
219.1 LRJS (en redacción anterior al 3 de abril de 2025, a partir de cuya fecha,
como ya he explicado, la parte recurrente deberá justificar que existe un “interés
casacional objetivo”) y va marcando el camino para llegar a la estimación del
recurso, y por ello la existencia de cosa juzgada, en estos términos:
“... la única
diferencia entre uno y otro supuesto radica en la distinta calificación y
eficacia jurídica que cada una de las sentencias atribuye a los respectivos
documentos de prejubilación individual firmados por los trabajadores, pese a
que su contenido es exactamente idéntico y no concurre el menor elemento de
juicio, hechos, o circunstancias diferenciales que pudieren justificar la
divergente doctrina aplicada a tal efecto.
Esta es la
cuestión que debemos ahora unificar para determinar la correcta naturaleza y
eficacia jurídica que se le debe atribuir a ese documento de prejubilación, en
orden a establecer si eso supone que las partes han suscrito un contrato
privado que regula el régimen jurídico de los beneficios sociales de manera
individual para cada uno de los trabajadores, o bien se encuentran por el
contrario todos ellos sometidos a los pactos y acuerdos colectivos sobre los
que ha versado el conflicto colectivo.»
Este cambio de
criterio, debidamente explicada y fundamentada la diferente conclusión que
ahora se alcanza, como allí hicimos, ninguna vulneración por ello puede suponer
del art. 24 de la CE (igualdad en la aplicación de la ley) para los hoy
recurridos” (la negrita es mía).
Y en el fundamento
de derecho tercero, reproduce gran parte de su sentencia anterior de 23 de
septiembre de 2025, para concluir que
“... en el
presente caso la buena doctrina se encuentra en la sentencia de contraste, que
acertadamente aprecia la existencia de cosa juzgada de la STS 761/2021, de 7 de
julio, rec. 137/2019 sobre la cuestión de fondo planteada, lo que obliga a
estimar el recurso para revocar la recurrida y confirmar la sentencia de
instancia...”
Me permito reproducir
para, ir cerrando mis artículos de la Saga Endesa, unos fragmentos de mi
comentario, crítico, a dicha sentencia.
“¿Carpetazo, punto
final a la Saga? La importancia del cambio operado por la sentencia ahora
examinada con respecto a autos anteriores de inadmisión de RCUD se pondrá
claramente de manifiesto cuando llegamos al fundamento de derecho cuarto,
cuando la Sala manifiesta que “reconsiderará” el criterio sostenido en
anteriores autos de inadmisión de RCUD, ya que en el caso ahora enjuiciado “no
es de apreciar la existencia de hechos, datos o elementos de juicio
diferenciales entre los asuntos sometidos a comparación”.
A mi parecer, no
exactamente una “reconsideración”, sino un mantenimiento de la tesis de cosa
juzgada de la sentencia de 7 de julio de 2021, ahora sostenida en tratarse el
conflicto sometido al RCUD de una divergencia jurídica sobre su efecto, y no
sobre “hechos, datos o elementos de juicio diferenciales”, algo en lo que
insiste la Sala en el citado fundamento de derecho. Pudiera debatirse si los
criterios expuestos en los autos anteriores de inadmisión ya no son válidos
para el caso ahora examinado, así lo creo, si bien la machacona insistencia del
TS en que no estamos en presencia de los mismos supuestos sino de una cuestión
estrictamente jurídica sobre el efecto de cosa juzgada de una sentencia suya
anterior es la que va a llevarle, finalmente, a la desestimación del RCUD.
Me permito
reproducir el núm. 1 del fundamento de derecho cuarto, en los que la Sala
explica por qué inadmitió anteriores RCUD y por qué ahora, tal como expone en
el núm. 2, debe “reconsiderar” su criterio anterior.
“Esta misma Sala
IV ha dictado hasta la fecha diferentes autos en los que ha inadmitido por
falta de contradicción distintos recursos de casación de unificación de
doctrina sobre la misma problemática, interpuestos por otros trabajadores de la
empresa prejubilados en iguales circunstancias a las que hemos referenciado y
en los que se invocaban la misma sentencia de contraste que en el presente, así
como también algunos recursos de la empresa.
En esos autos de
inadmisión hemos razonado, de manera muy similar en todos ellos, que la
contradicción era inexistente porque los beneficios sociales que reclamaban los
demandantes se habían venido disfrutando, en unos casos, en virtud de un
contrato privado individual firmado entre las partes, mientras que en otros
tenían su origen en una norma convencional y en los sucesivos convenios marco”.
Insisto, la Sala
“relee” la sentencia de 7 de julio, al hilo del planteamiento que le ha llevado
a estimar la existencia, y en qué términos, del requisito de contradicción
entre las dos sentencias, algo que queda a mi parecer meridianamente claro
cuando afirma en el segundo párrafo del fundamento de derecho quinto que, ante
el debate al que debe dar respuesta, debe comenzar por “analizar el contenido”
de aquella, a fin y efecto de “determinar el objeto y el contorno jurídico de a
qué proceso de conflicto colectivo en orden a establecer el verdadero alcance
de sus pronunciamientos”, o lo que es lo mismo, a mi parecer, de cuál es la
tesis correcta recogida en una de la dos sentencias recurrida y de contraste. Y
subraya que va a realizar esta operación, ante las discrepancias entre
aquellas, estudiando “de forma exhaustiva sus distintos argumentos para
despejar cualquier duda interpretativa al respecto”. Cobran pleno sentido mis
manifestaciones anteriores de estar ante el deseo jurídico de “dar carpetazo,
punto final” a la Saga Endesa, ¿no les parece?
... En el apartado
2 del fundamento de derecho quinto se repasan algunos de los contenidos más
relevantes de la citada sentencia, si bien hemos de llegar al apartado 3 que se
dedica sólo a su fundamento de derecho sexto, que para la Sala, en la sentencia
ahora examinada, “aborda la cuestión determinante para la resolución del
presente recurso”.
No voy a
reproducir su contenido, ya que lo analicé detenidamente en su momento, sino
simplemente señalar el énfasis que pone ahora el alto tribunal en la tesis de
aquella de la inexistencia de un contrato entre cada trabajador jubilado y la
empresa que les dejara al margen de la aplicación del convenio colectivo, o por
decirlo mejor, y sin negar que tales acuerdos tuvieran naturaleza contractual,
y ahora cito la sentencia de 23 de septiembre, “lo que la sentencia quiere
reseñar, es que se trata de pactos que se someten y se remiten a las normas y
acuerdos colectivos que les sirven de sustento, tanto en su adhesión a las
condiciones de los diferentes EREs que en ellos se indican como a los convenios
a los que están referenciados”. Es claro a mi parecer que el TS está
“releyendo” su sentencia de 7 de julio de 2021, con independencia de que en
aquel momento ya se pronunciara en los términos que ahora se acaban de exponer,
y que posteriores autos fueran por una senda diferenciada.
... Tras la
amplísima transcripción, y relectura, de la sentencia de 7 de julio de
2021 llega el momento de aplicarla al
caso enjuiciado, algo que hará, desestimando el RCUD, enfatizando una vez más
en el fundamento de derecho sexto que, sin cuestionar la naturaleza contractual
de los pactos suscritos entre cada trabajador jubilado y la empresa, “la STS
761/2021 niega que el pacto individual firmado por cada uno de los trabajadores
en el momento de su jubilación o prejubilación, puede desplegar el efecto de impedir
la aplicación del régimen jurídico de aquellos acuerdos y convenios colectivos
que regulan los beneficios sociales para sustituirlo por las condiciones
individuales acordadas en esos pactos, de tal manera que eso suponga la
existencia de un contrato privado que no puede rescindir unilateralmente la
empresa, ni verse tampoco afectado por la decisión judicial adoptada en la
resolución del conflicto colectivo”.
Es importante a mi
parecer, subrayar que la sentencia no niega la posibilidad de que pudiera haber
acuerdos contractuales a los que no fuera de aplicación la normativa
convencional, pero que para que ello fuera posible, “sería necesario que la
obligación de la empresa cuyo cumplimiento reclama el trabajador se hubiere
pactado en un contrato privado de carácter individual con cada uno de ellos,
desligado de los pactos y acuerdos colectivos a los que se remiten”. Con toda
sinceridad, me resulta difícil pensar en un supuesto como el sugerido por el TS
que se aparte del contenido de aquellos pactos o acuerdos contractuales
suscritos, y sobre cuyo valor jurídico ya me pronuncié en anteriores artículos,
pero lo cierto es que el TS lo deja apuntado, aunque solo sea para enfatizar
que estamos ante un supuesto plenamente diferenciado de los anteriores.
Y si para muestra
vale un botón, la Sala va concluyendo su fundamentación, para desestimar el
RCUD, insistiendo en la tesis anteriormente expuesta, aunque sólo sea para
remachar una vez más que los pactos contractuales ahora cuestionados carecen de
la “eficacia jurídica” que podrían tener aquellos hipotéticamente enunciados
con anterioridad. En definitiva, y con ello concluyo el presente comentario que
(parece que) puede ser el punto final de la Saga ENDESA, el TS desestima el
RCUD y confirma y declara la firmeza de la sentencia recurrida, en base al
argumento de que
“... que ese tipo
de pactos no refleja otra cosa que la adhesión del trabajador a las condiciones
colectivas recogidas en los expedientes de regulación de empleo bajo cuya
cobertura se procede a la suspensión o extinción del contrato de trabajo, de
manera que no conllevan la instauración de un régimen jurídico singularizado
para cada trabajador en lo que se refiere al mantenimiento y pervivencia de los
beneficios sociales, que siguen sometidos a las reglas de carácter colectivo
que han sido objeto del procedimiento de conflicto colectivo que resuelve la
sentencia.”,
Dejando una
hipotética puerta abierta a que “... el único supuesto hipotético en el que no
debe operar la cosa juzgada, sería aquel en el que pudiere haberse formalizado
un contrato privado entre la empresa y el trabajador, de manera específica,
singular y totalmente ajena y desvinculada de los pactos y acuerdos colectivos
que son objeto del conflicto colectivo”. Casos, añado por mi parte, que no
conozco que se hayan dado si se exceptúan, como ha hecho el TS, los pactos
contractuales cuestionados en su valor jurídico”.
3. Y ahora sí,
cierro la Saga Endesa con el recordatorio de mi tesis, contraria a la del TS, y
que defendí con ocasión de la sentencia de 7 de julio de 2021, en el artículo “Y
al final, la reforma en 2012 de la ultraactividad del convenio colectivo afecta
negativamente al personal jubilado de ENDESA. Sobre la sentencia del TS de 7 de
julio de 2021 (y recordatorio de la dictada por la AN el 26 de marzo de 2019)” . Quizás algún día, en algún trabajo de fin de grado o de Máster, pueda tener
utilidad para el alumnado, aunque solo sea a efectos doctrinales, ya que si se
dedica a la abogacía sabrá que aquello que le debe importar, dicho sea con
total pragmatismo, no es el parecer de un informe elaborado por un profesor
universitario, más allá de su calidad, sino la “buena doctrina” del TS. Queda
dicho.
“¿Era posible otra
respuesta jurídica?
1. La respuesta a
mi parecer a la pregunta formulada en el título de este epígrafe era
afirmativa, y así trate de exponerlo en el Informe emitido el 8 de enero del
pasado año, a solicitud de la Asociación de antiguos empleados de Endesa,
jubilados y prejubilados (AAEE) “en relación con la afectación al personal
jubilado y prejubilado del arbitraje de equidad solicitado por la
representación empresarial y la representación de la Unión General de
Trabajadores en la comisión negociadora del del V Convenio colectivo de ENDESA
en el apartado relativo al suministro de energía eléctrica. 8 de enero de 2020”, en el que abordé si los
beneficios sociales del personal jubilado, viudas y huérfanos encontraban su
cobertura jurídica en el IV Convenio colectivo, tesis defendida por la parte
empresarial y la sentencia de la AN, o bien se encontraban consolidados de
forma permanente, y no siendo susceptibles de modificación, por los acuerdos
existentes desde 1928 y en especial por los de 1999 y 2007. Cane señalar,
incidentalmente, que el laudo fue dictado por el árbitro designado al efecto,
Manuel Pimentel, el 21 de enero, y su texto
Sin necesidad de
remontarse a normativa anterior a 1999, si bien cabe dejar constancia de su
importancia, el texto fundamental de referencia para defender el mantenimiento
del suministro de energía eléctrica al personal pasivo y familiares, y por
tanto no poder ser objeto de arbitraje, ni de derecho ni de equidad, que
alterara la regulación existente, era el
Acuerdo suscrito el 27 de abril de 1999, publicado en el BOE de 22 de
junio, “sobre los procesos empresariales de reordenación societaria y
reorganización empresarial del grupo Endesa por la dirección del Grupo Endesa”.
Su regulación, y
la forma y manera en que había sido tenido en consideración en los convenios
colectivos del grupo desde el año 2000, lleva a defender esta tesis, cual es
que el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo no se extendía al
personal al que se pone en tela de juicio su derecho al mantenimiento del
suministro de energía eléctrica a precio reducido; regulación, que sin duda
tuvo en su momento contrapartidas por la parte trabajadora en los procesos
negociadores y que no convendría olvidar en ningún momento, y que también
podría inspirar la aplicación de la normativa cuestionada (arts. 7 y 78 del IV
convenio) de acuerdo a las reglas de interpretación reguladas en el art. 3.1
del Código Civil.
En primer lugar,
hay que indicar que el texto tiene naturaleza de convenio colectivo
estatutario, en cuanto que la legitimación de los sujetos negociadores, su
tramitación y su contenido se ajustan a lo dispuestos en el Título III de la
LET, y por tanto tiene eficacia general erga omnes.
A continuación,
debemos fijar nuestra atención en la parte introductoria del texto, en la que
se manifiesta la voluntad de los sujetos firmantes, debiendo recordar que la
jurisprudencia del TS es numerosa y abundante en cuanto a la obligación de
interpretar los textos convencionales de acuerdo a lo querido por sus
firmantes, siempre y cuando el texto tenga la suficiente claridad para ello.
Los arts. 1281 y siguientes del Código Civil sobre reglas de interpretación de
los contratos deben servir igualmente como punto de referencia; y es obvio que
si las partes deseaban regular una materia de forma muy concreta y ello se
refleja en el texto, habrá que estar a lo dispuesto en el párrafo primero del
art. 1281 (“Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la
intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”).
Y no es menos importante que otros preceptos vayan en la misma línea que el
anterior y obliguen a quienes interpreten el texto a tener en consideración la
voluntad de los sujetos firmantes. Así, el art. 1282 dispone que “para juzgar
de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los
actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”, y el art. 1282 que
“cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán
entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos
sobre que los interesados se propusieron contratar”.
No parece
ciertamente razonable pensar, por referencia al último artículo citado, que los
negociadores tuvieran el propósito de abrir la posibilidad a que un futuro
convenio, o arbitraje, modificara o suprimiera unos derechos que, como se
explica a continuación, fueron reconocidos, en un convenio colectivo
estatutario, con el carácter de permanentes. Y no es menos cierto que la
aplicación del art. 1282 cobra pleno sentido si se repara en que la voluntad de
las partes fue poner en marcha un proceso negociador que a la par que procedía
a una amplia reorganización empresarial mantenía y consolidaba con carácter
permanente los derechos que el personal del nuevo grupo, es decir todo aquel
que anteriormente prestaba o había prestado servicios para las empresas que
quedaban integradas en el nuevo grupo empresarial, había adquirido en normas
legales y convencionales que les eran aplicables ya con anterioridad.
2. El fundamento
de estas claras manifestaciones se encuentra a juicio de quien suscribe tanto
en la parte introductoria del documento como en el texto articulado. En efecto, en la cláusula introductoria
tercera tenemos conocimiento de la reorganización empresarial que tendría
inmediatas consecuencias en la normativa aplicable al personal, señalando que
“En el mes de noviembre de 1998, los Consejos de Administración de Endesa y de
sus participadas eléctricas españolas: Enher, Erz, Fecsa, Gesa, Nansa, Sevillana,
Unelco y Viesgo, adoptaron los acuerdos necesarios para poner en marcha el
proceso por el que el grupo Endesa completará su consolidación corporativa,
tras la privatización total de "Endesa, Sociedad Anónima" que tuvo
lugar como consecuencia de la OPV del mes de junio de 1998”, un proceso que
afecta tanto a la reordenación societaria como a la reorganización de todo el
conjunto de empresas, por lo que es necesario establecer unas reglas de juego
laborales comunes para todas ellas, sin perjuicio de la apertura de un proceso
negociador posterior que culminaría en el I convenio colectivo marco de 25 de
octubre de 2000.
Más relevante aún
es que en la manifestación cuarta, previa al texto articulado, se expone que
“Ambas partes coinciden en que estos procesos de transferencia han de
producirse con estricto respeto a la legalidad vigente y en un marco convenido
de garantías en el que queden consolidados los derechos de los trabajadores a
la estabilidad en el empleo y mantenimiento de las condiciones laborales,
económicas, sociales y de Seguridad Social reconocidas a todos y cada uno de
los empleados que prestan servicios en el grupo”. (la negrita es mía). Repárese
que el diccionario de la RAE define consolidar en primer lugar como “Dar
firmeza y solidez a algo”, y en segundo lugar como “Convertir algo en
definitivo y estable. Consolidar un derecho”.
Pues bien, del
texto articulado es necesario señalar que su ámbito funcional es el del grupo
Endesa, que queda constituido por “Endesa, Sociedad Anónima" así como por
todas aquellas filiales, domiciliadas en España, que se vean afectadas por el
proceso de reordenación societaria y reorganización empresarial diseñado por el
grupo Endesa”, y que su ámbito personal es tanto el personal activo como el
pasivo, es decir todo aquel “que en la fecha de la firma del mismo, preste o
hubiere prestado servicios en cualquiera de las empresas integradas en el grupo
Endesa”. La definición de personal pasivo, y por tanto que incluye a todas las
personas a las que se les reconocen posteriormente derechos permanentes en el
texto y traen su razón de ser de anteriores normas legales y convencionales,
incluye a estos colectivos: “a) En situación de prejubilación o de jubilación a
resultas de la aprobación por la autoridad administrativa competente de un
expediente de regulación de empleo y ser perceptores de los complementos, indemnizaciones
o ayudas acordadas en el respectivo plan social. b) En situación de jubilación,
por haber alcanzado la edad reglamentaria, o invalidez y ser beneficiarios de
mejoras voluntarias del Régimen Público de Seguridad Social con cargo a fondos
internos de la empresa o a fondos externos. c) Personal con contrato rescindido
o suspendido y siempre que existan compromisos por parte de las empresas de
complementos personales”. Igualmente, los derechos que se reconocen al personal
pasivo se extienden, “en aquellos casos en los que así lo disponga la normativa
aplicable” a los derechohabientes beneficiarios de prestaciones por viudedad y
orfandad.
3. El precepto
nuclear del acuerdo, y que no deja lugar a dudas sobre la voluntad de los
sujetos negociadores es el art. 4.1 b). Al referirse al ámbito temporal, es
decir a la vigencia de los preceptos del convenio, se dispuso que “Las
garantías enunciadas en los artículos 14.2, apartados f) y h), 16.1 y 18.3 c)
tendrán carácter permanente” (negrita mía), es decir “sin limitación de tiempo”
según el diccionario de la RAE. ¿Y cuáles son esas garantías? Todas aquellas
que provenían de los convenios colectivos de origen, y aquí sí que cobra pleno
sentido la mención a las normas legales y convencionales anteriores que
reconocían el derecho al suministro de energía eléctrica a precio reducido, ya
que el art. 14.2 f) es claro e indubitado en cuanto a la voluntad de los
sujetos firmantes y plasmada en este precepto: “En el supuesto de que los
Convenios Colectivos sucesivos establecieran condiciones que resultaren menos
favorables para algunos colectivos de los trabajadores transferidos, la empresa
vendrá obligada a respetar, como garantía "ad personam" todas y cada
una de las condiciones económicas, de Seguridad Social y previsión social
complementaria que resultaren más favorables del Convenio Colectivo de origen,
las cuales serán revalorizables, en los términos que el Convenio determine, y
no absorbibles”.
Prueba fehaciente
de la voluntad de los sujetos negociadores es la primera regulación
convencional estatutaria para las y los trabajadores del grupo ENDESA, plasmada
en el primer Convenio Colectivo marco de 25 de octubre de 2000, y a cuya
redacción le seguirán en casi semejante términos los convenios posteriores, y
en los que conviene distinguir cuál era su ámbito personal, las y los
trabajadores en activo (art. 3: “presten servicios en las empresas incluidas en
su ámbito funcional, sea cual fuere la modalidad contractual concertada, la
categoría profesional ostentada o el puesto de trabajo desempeñado, con
excepción del personal que actualmente está excluido en cada uno de los
Convenios Colectivos vigentes o prorrogados”) y a quienes se les reconocía, y en
qué términos, el beneficio de suministro de energía eléctrica.
Así, el primer
párrafo del art. 23 es claro e indubitado respecto al simple recordatorio del
mantenimiento en vigor de ese derecho “en los términos en los que el mismo esté
previsto en norma, Convenio Colectivo o pacto que le resulte de aplicación”,
siendo distinta la regulación para “el personal de nuevo ingreso, y aquellos
trabajadores que a la firma del mismo se encuentren prestando servicio activo
para la empresa y carezcan de este beneficio” para los que hay una regulación
específica. Por consiguiente, si existe tal diferencia en el I convenio
colectivo, datado del año 2000, es porque no se cuestiona sino que se afirma el
mantenimiento, consolidado y permanente, del suministro de energía eléctrica
para todos los trabajadores activos en las distintas empresas del grupo antes
de la firma del primer Convenio, y por supuesto para todo el personal ya
pasivo, a la par que ello significa que el reconocimiento del derecho se
mantendrá en idénticos términos para el personal ya activo antes de la firma
del primer convenio y que más adelante pasara a la situación de pasivo en los
términos regulados en el art. 3 del acuerdo de 1999.
4. Más argumentos
a favor de la tesis de la existencia de un derecho consolidado y permanente al
suministro de energía eléctrica por parte del personal activo y pasivo de las
empresas del grupo ENDESA en el momento en que se suscribió el acuerdo de 1999,
se encuentran en el Acuerdo marco de garantías sobre las condiciones que han de
regir las operaciones de reordenación societaria y reorganización empresarial
en Endesa, S. A., y sus filiales eléctricas, de 12 de septiembre de 2017.
Dicho acuerdo es
la adaptación en el tiempo, y de acuerdo a la amplia explicación que realiza en
su parte introductoria del acuerdo de 1999 y de los posteriores que lo
completaron y desarrollaron, “de 29 de diciembre de 1999 y de 26 de abril de
2002, suscribiéndose por otra parte, el 18 de julio de 2001 y el 25 de marzo de
2004, sendas prórrogas de los referidos acuerdos hasta el 31 de diciembre de
2006 y 31 de diciembre de 2007, respectivamente”
Una vez que se
manifiesta que el bloque de acuerdos mencionados “ha logrado la consecución de
los objetivos a cuyo cumplimiento se negociaron y acordaron”, y dado que su
vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2007, y tras poner de manifiesto que
“… en el orden laboral, los acuerdos que ahora terminan han servido además para
fortalecer el diálogo social permanente como método de gobierno y para mantener
una paz social que solo el más escrupuloso respeto a la legalidad y la
permanente acción de mejora de las condiciones de empleo de los trabajadores
pueden asegurar”, los sujetos negociadores, con el mismo espíritu que en el
acuerdo de 1999 acuerdan firmar un nuevo acuerdo marco “mediante el cual se
sigan garantizando, en los términos previstos para cada supuesto y siempre que
concurran las circunstancias legalmente exigibles en cada caso, los derechos de
los trabajadores a la estabilidad en el empleo y al mantenimiento de sus
condiciones económicas, sociales y de seguridad y de previsión sociales cuando resulte
necesario acometer, en ejercicio de la libertad de empresa, procesos de
reordenación societaria y reorganización empresarial”.
Del citado acuerdo
es relevante reseñar su ámbito personal, cuál es “todo el personal que, en el
momento de su entrada en vigor y sea cual fuera la modalidad contractual
concertada, el grupo profesional ostentado o la ocupación o cargo desempeñado,
preste servicios en alguna de las empresas incluidas en su ámbito funcional y
se vea afectado por cualquiera de las operaciones societarias o reorganizativas
mencionadas en los artículos 1 y 6 del presente acuerdo”, con extensión del
ámbito de aplicación a quienes se encuentren en situación “de invalidez, siendo
beneficiario de mejoras voluntarias del régimen público de seguridad social con
cargo tanto a fondos internos de la empresa como a fondos externos”, y “en
situación de contrato suspendido o extinguido siempre y cuando, en ambos
supuestos, existan compromisos de pago o prestación por las empresas de Endesa
afectadas por la reordenación”. No se olvida la norma de referirse al derecho
de otros colectivos “cuando así lo disponga la normativa aplicable”, como son
los derechohabientes beneficiarios de prestaciones por viudedad y orfandad.
Es decir, no hay
mención al personal pasivo, dado que el nuevo acuerdo se refiere al personal
activo y a quienes puedan ser beneficiarios por razones familiares. Sin duda,
quienes redactaron el texto conocían el acuerdo de 1999 y el reconocimiento
expreso de los beneficios sociales, tanto para el personal en activo en
aquellos momentos como, en especial en lo que afecta al presente Informe, para
el personal pasivo, por lo que el nuevo acuerdo no pretende en modo alguno
poner en tela de juicio ese derecho consolidado y permanente. Si se quiere una
prueba añadida de aquello que se acaba de indicar, aun cuando ahora se refiera
al personal en activo, nos la proporciona el art. 15, que lleva el
significativo título de “Garantía subrogatoria y mantenimiento de los derechos
económicas, de seguridad social y de previsión social complementaria”, y cuya
redacción es sensiblemente semejante a la del acuerdo de 1999,
Es obvio que hemos
de referirnos asimismo al texto del IV convenio por lo que respecta a la
regulación concreta en un artículo, 78, del suministro de energía eléctrica,
ubicado en el capítulo XIII que está dedicado a “beneficios sociales”.
En dicho precepto
encontramos dos partes bien diferenciadas. La primera, se refiere al personal
en activo y regula en unos determinados términos la denominada tarifa eléctrica
del empleado. La segunda, tiene como sujetos
de referencia al personal activo y pasivo que vinieran disfrutando del
beneficio “a la firma del I Convenio marco”, disponiendo el núm. 2 que “sin
perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior” (es decir, el que se refiere
solo al personal activo), “ el derecho al suministro de energía eléctrica, en
los términos en los que el mismo esté previsto en norma, Convenio Colectivo o
pacto que resulte de aplicación y con el carácter que se establece en el punto
7 de este artículo”, seguirá en vigor para aquellos”.
¿En qué afecta o
puede afectar el art. 7, que lleva por título “conservación de garantías”, al
derecho consolidado y permanente del personal pasivo desde el acuerdo de 1999?
No parece que haya afectación alguna si hemos de estar a la literalidad del
texto, ya que se refiere “al personal en plantilla, en cualquiera de las
Empresas del ámbito funcional, a la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio”, al que les resultará de aplicación “el Acuerdo Marco de Garantías
para Enel Energy Europe y Endesa, S.A. y sus filiales eléctricas domiciliadas
en España, de fecha 12 de septiembre de 2007, renovado el 5 de abril de 2011 y
el 4 de diciembre de 2013, con la extensión, términos, y ámbito personal allí
previstos”. No hay por tanto, ninguna mención en el art. 7 que pudiera hacer
pensar, como hipótesis de trabajo, en una alteración de lo pactado en el
acuerdo de 1999 y que no se ha visto modificado por los convenios colectivos
negociados y firmados desde el años 2000.
5. Por todo lo
anteriormente expuesto, es claro que el derecho al suministro de energía
eléctrica para el personal pasivo y familiares no nace del IV Convenio
colectivo, sino que se encontraba ya consolidado de forma permanente desde el
acuerdo de 1999, no modificado a los efectos del reconocimiento de tal derecho
ni por los convenios colectivos del grupo Endesa negociados desde el año 2000
ni tampoco por el acuerdo de reorganización del año 2007.
La dicción del
art. 3.1 del IV convenio es prácticamente idéntica a la de los convenios
anteriores, y por ello no incluye a un
colectivo, el personal pasivo, que tiene regulado ese derecho al suministro de
energía eléctrica al margen del mismo y que por tanto no podía ser afectado por el arbitraje que la
representación empresarial y la sección sindical de UGT FICA Endesa
solicitaron.
En definitiva, soy
del parecer que el IV convenio colectivo no incluía en su ámbito de aplicación
al personal pasivo y familiares, por lo que las posibles modificaciones que
pudieran llevarse a cabo por el arbitraje solicitado sobre el aspecto concreto
del beneficio de suministro de energía eléctrica no debería serles objeto de
afectación, y por consiguiente el debate sobre la contractualización o no de
las cláusulas negociales que han decaído por razón de la aplicación de la regla
de la ultraactividad deja de tener sentido para dicho colectivo.
Todo ello, se
subraya, sin merma alguna de la importancia que tiene, y ha de seguir teniendo,
la negociación colectiva para la regulación de las relaciones de trabajo del
personal activo y para la mayor protección de los derechos consolidados del
personal pasivo, nunca puestos en tela de juicio hasta el fracaso de la primera
parte de la negociación del IV convenio colectivo.
Buena lectura.
