1. El Boletín Oficial del
Congreso de los Diputados ha publicado las resoluciones aprobadas con ocasión del debate sobre el Estado de la Nación que se celebró durante losdías 12 a 14 de julio, así como también las propuestas presentadas por los
grupos parlamentarios.
Reproduzco en esta
entrada del blog aquellas resoluciones aprobadas, o fragmentos de las mismas, que
considero de mayor interés en cuanto a su contenido sociolaboral, y remito a
las personas interesadas a la lectura íntegra de todas ellas. Llamó en especial
la atención sobre el contenido de los números 33 y 34, relativa a los “deberes”
que se ponen al gobierno para desarrollar las políticas de protección social y
laborales, o más exactamente en más de una ocasión para que continue con las
políticas puestas en marcha desde principios de 2020.
Buena lectura.
“... Resolución núm. 10
«El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo todas
las acciones oportunas dentro de sus competencias para garantizar la plena
igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito laboral, social, económico y
político... .»
Resolución núm. 11
«El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a:
1. Adecuar su actuación a
los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular,
procurando a dicho fin conciliar dichas políticas con la sostenibilidad social
de las políticas migratorias.
2. Someter dicha
actuación a los marcos de la Unión Europea y a los tratados internacionales en
materia de refugiados y solicitantes de asilo o refugio, priorizando las reglas
de respeto a la dignidad de las personas y los principios humanitarios,
singularmente con las personas más vulnerables...
Resolución núm. 16
«El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno de España a:
4. Garantizar una
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación de
los trabajadores y empleados
10. Asegurar el
cumplimiento del marco normativo en materia de igualdad de trato y no
discriminación para evitar las conductas discriminatorias ejercidas contra
personas por razón de sexo, procedencia, raza, etnia, origen social, religión,
opinión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social...
Resolución núm. 20
«El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer que las
políticas de Igualdad sean políticas de Estado garantizando que sean
transversales a toda la acción de gobierno y estén correctamente financiadas a
través de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Elaborar unos
Presupuestos Generales del Estado feministas. El presupuesto es el instrumento
básico que refleja las prioridades de la política económica pública en sus
diversas vertientes. No existe política pública que pueda ser eficazmente
convertida en realidad si no se le asignan recursos económicos. Por ello,
instamos al Gobierno a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado:
b) Garantizar la
autonomía económica de todas las mujeres desarrollando cuantos planes de
inserción laboral sean necesarios. Estos planes deberán estar dirigidos a las
mujeres más vulnerables, como son las mujeres migrantes, las mujeres
racializadas, las mujeres precarias, las mujeres con discapacidad y las mujeres
en contextos de prostitución.
g) Mejora de las
pensiones no contributivas, mínimas y asistenciales que tienen que abordarse
con los Presupuestos del Estado y no con Seguridad Social después de la
aprobación de separación de fuente para acortar la brecha de género que existe
en las pensiones.
3. Declarar los cuidados
como un derecho fundamental de todas las personas atendiendo a tres ejes
fundamentales:
b) Derecho a cuidar: es
necesario actualizar los permisos de cuidado porque las familias y la sociedad
en general han cambiado. La sociedad que conforma el Estado español es ya una
sociedad diversa, en la que habitan distintos tipos de familias y todas deben
tener los mismos derechos a poder cuidar de sus seres queridos. Derechos que se
concretarán en permisos que deberán ir en consonancia con las directrices
creadas por la Directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar
y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores creando así nuevos
permisos para el cuidado de larga duración, así como para el cuidado de persona
familiar o conviviente durante 7 días.
d) Cuidar en condiciones
de igualdad: hemos de empujar para que las personas que trabajan cuidando
tengan los mismos derechos y las mismas condiciones laborales que en cualquier
otro trabajo. Para ello es necesario desarrollar las medidas legales que
garanticen que las trabajadoras del hogar, así como el resto de personas
trabajadoras de los sectores vinculados al cuidado, tengan todos sus derechos
reconocidos.
7. Aplicar el
antirracismo como política transversal a toda la acción del Gobierno con
especial atención a la frontera sur donde refugiados y refugiadas de guerra son
víctimas del racismo que aún perdura en nuestro país. Por ello, el Gobierno
deberá:
a) Apostar por la
migración legal y segura con enfoque de derechos humanos y orientada a la
regularización de la situación administrativa de las personas migrantes como
vía de acceso a todos los derechos.
b) Modificar todas las
políticas de extranjería que vulneran los derechos humanos de las personas
migrantes.
c) Revisar los acuerdos
en política migratoria para incluir el respeto y la garantía de los derechos
humanos de las personas.
Resolución núm. 25
«El Congreso de los Diputados
afirma la necesidad de:
1. Aunar fuerzas para
lograr resultados: es necesario lograr un amplio consenso político sobre el
Plan de Recuperación con las organizaciones económicas y sociales, sobre la
necesidad de seguir impulsando la transformación estructural de la economía y
el avance hacia un crecimiento sostenible e inclusivo en todas sus dimensiones
que redunde en el bienestar del conjunto de la ciudadanía y en la lucha contra
las desigualdades en todos los territorios.
2. Afianzar las posibilidades
de inversión derivadas del Plan de Recuperación para consolidar un modelo de
crecimiento sostenible e integrador, que tenga a las personas y al empleo en el
centro, a la vez que se impulsa la transición ecológica y digital.
4. Seguir avanzando en
los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
(PERTES) como instrumento clave para invertir en una recuperación equitativa y
en la doble transición ecológica y digital, mediante la participación y
colaboración de agentes públicos y privados, fortaleciendo su capacidad para
movilizar recursos que permitan transformar sectores estratégicos para nuestra
economía, generar empleo y mejorar la competitividad.
5. Aprovechar los fondos
del Plan de Recuperación para avanzar en los objetivos del Pilar Europeo de
Derechos Sociales, guía para una Europa y una España social fuerte, justa y
decente en todos sus ámbitos, que avance hacia un funcionamiento correcto y
justo de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar propios de la
Europa del siglo XXI, y que avance hacia una sociedad más igualitaria, una
amplia protección social, así como los más altos estándares laborales.
Resolución núm. 28
«El Congreso de los
Diputados reafirma su compromiso con la educación pública, inclusiva y de
calidad como la herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la
construcción de una ciudadanía responsable y exigente para garantizar un
progreso económico basado en el conocimiento, y proponemos:
En el ámbito de la
Formación profesional:
11. En relación con la
competitividad individual de los trabajadores y de las empresas en su conjunto,
garantizar a través del sistema de formación profesional la rápida detección de
las necesidades de formación presentes y futuras y, de acuerdo con ellas,
elaborar de forma inmediata las ofertas formativas adecuadas para dar
respuestas a los cambios en los procesos productivos y de prestación de
servicios.»
Resolución núm. 29
«El Congreso de los
Diputados afirma la necesidad de:
2. Fortalecer e
intensificar las políticas de fomento de empleabilidad de las mujeres en el ámbito
tecnológico y las enfocadas a las nuevas profesiones digitales, con especial
énfasis en las dirigidas a quienes se encuentran en situación o riesgo de
exclusión.
3. Trabajar en una futura
ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios e impulsar un gran
Pacto Social y Político por la Racionalización de los horarios con todos los
agentes, con consecuencias jurídicas y que debe contemplar dos ejes
principales:
— La igualdad entre
mujeres y hombres.
— El impacto del uso del
tiempo en nuestros menores y nuestros mayores
Resolución núm. 33
«El Congreso de los
Diputados, en atención a las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en el marco
del diálogo social y comprometido con Europa, insta al Gobierno a que siga
adoptando las medidas que permitan fortalecer y consolidar nuestro sistema
público de pensiones, un sistema de reparto solidario que es el mecanismo
esencial de integración, redistribución y cohesión social y que actúa como
columna vertebral de nuestro Estado de Bienestar.
A tal efecto, entre otras
medidas, continuará:
1. Asegurando la sostenibilidad
del sistema en el corto, medio y largo plazo, mediante la adecuación de la
financiación de las pensiones a la naturaleza de su protección y culminando la
asunción progresiva por el Estado de los gastos denominados impropios, con el
fin de acabar con el déficit.
2. Garantizando el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, periódicamente
actualizadas de conformidad con el IPC, tal y como acordó la comisión
parlamentaria del Pacto de Toledo y, finalmente, ha establecido la Ley 21/2021,
de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de
otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema
público de pensiones, aprobada durante este período de sesiones.
3. Perfeccionando el
sistema para incorporar medidas que atiendan, especialmente, a las personas más
vulnerables, como ha venido llevando a cabo, por ejemplo, con la regulación de
una nueva prestación no contributiva como el ingreso mínimo vital, hoy regulada
por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que establece el ingreso mínimo
vital.
4. Adaptando el sistema a
los nuevos desafíos, como ha venido haciendo con las crisis económicas y
sociales provocadas por la pandemia del COVID-19, el volcán de la Palma o la
guerra de Ucrania, a través de la promulgación de una extensa regulación que,
por ejemplo, ha establecido medidas de seguridad social vinculadas a los ERTES
o prestaciones extraordinarias de cese de actividad para autónomos o, entre
otras muchas, incrementado las cuantías de las prestaciones no contributivas y
del ingreso mínimo vital.
5. Avanzando en una
protección equiparable entre las personas trabajadoras, con independencia de su
régimen de la Seguridad Social y en atención a las peculiaridades del
desarrollo de su actividad, con el establecimiento, por ejemplo, de una
cotización, para los trabajadores autónomos, que atienda a los ingresos que
realmente perciban, en línea con las recomendaciones adoptadas en la comisión
del Pacto de Toledo.
6. Protegiendo a las
personas trabajadoras del hogar, especialmente en materia de protección por
desempleo, una vez ratificado el Convenio 189 de la OIT.
7. Analizando el impacto
de género de las medidas o políticas que adopte, con el fin de eliminar toda
situación de discriminación por este motivo, tal y como ha efectuado, por
ejemplo, con la regulación del complemento para reducir la brecha de género en
las pensiones contributivas, dando nueva redacción al artículo 60 de la Ley
General de la Seguridad Social, modificación llevada a cabo por el Real
Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico.
8. Mejorando la
protección de las personas con capacidades diferenciadas, revisando la
cobertura en todas las contingencias en las que la discapacidad sea un hecho
relevante.
9. Adoptando medidas para
reforzar la confianza de los jóvenes en el sistema y para mejorar su protección
social, especialmente de los becarios, continuando con medidas como la adoptada
por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, que estableció la
obligatoriedad de que las prácticas que realizan los estudiantes en las
empresas coticen al régimen general de la Seguridad Social, estén o no remuneradas
las prácticas.
10. Potenciando la mejora
de la gestión con medidas, entre otras, de inversión en recursos electrónicos y
refuerzo en recursos humanos, paliando el envejecimiento de la plantilla de la
Seguridad Social, y culminando, asimismo, la creación y puesta en
funcionamiento de la Agencia de Seguridad Social, tal y como recomienda del
Pacto de Toledo y se prevé en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la
sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Asimismo, el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a la disposición adicional
sexta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que mandata al Gobierno obtener,
en el plazo máximo de 6 meses —ya vencido—, un informe de auditoría relativo a
los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza
contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.»
Resolución núm. 34
«El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando, en el marco del diálogo
social y en el desarrollo de los compromisos adquiridos con Europa, para
avanzar hacia un mercado de trabajo más eficiente, resiliente y justo, con
medidas que permitan consolidar la creación de empleo estable y de calidad y la
modernización y adaptación de nuestro tejido productivo a los procesos de
digitalización, globalización, cambios demográficos y desafíos
medioambientales, aprovechando para ello los fondos del Plan de Recuperación,
con garantía de los derechos de las personas trabajadoras, entre ellos, una
formación continua a lo largo de toda su vida laboral y salarios dignos, con el
fin de posibilitar una transición inclusiva que impidan el ahondamiento en las
brechas sociales, territoriales y de género.
A tal efecto,
1. Impulsará, en el marco
del Diálogo Social, un pacto de rentas para afrontar los retos derivados del
alza de los precios, con un reparto justo de los esfuerzos.
2. Revisará el Estatuto
de los Trabajadores, para adaptarlo a los requerimientos del siglo XXI, que
demanda una nueva política de empleo y de relaciones laborales, con nuevos
derechos para las personas trabajadoras.
3. Revisará las políticas
activas de empleo, para adaptarlas a los cambios en el tejido productivo, su
modernización y digitalización.
4. Abordará un sistema de
evaluación integrada de las políticas activas.
5. Analizará y adaptará
la Ley de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de trabajo, con
sesgo de género.
6. Adoptará medidas para
mejorar la tasa de actividad de las mujeres y su peor inserción, dadas sus
mayores tasas de temporalidad y parcialidad, abundando en las medidas de
corresponsabilidad y reordenación del tiempo de trabajo.
7. Mejorará la inserción
de los jóvenes con medidas que palien la precariedad y con una formación más
vinculada a los cambios de nuestro modelo productivo.
8. Abordará una Ley que
garantice el derecho a la formación a lo largo de toda la vida laboral, que
atienda la mejora de los procesos productivos y los nuevos sectores generadores
de empleos futuros.
9. Reordenará las
bonificaciones a la contratación, para hacerlas más eficientes en la inserción
de las personas trabajadoras con mayores dificultades de inserción y que
deberán ir acompañadas de itinerarios personalizados y refuerzo de la
colaboración y la comunicación entre los servicios públicos de empleo y las
empresas.
10. Impulsará los
derechos de las personas del trabajo doméstico, garantizando la prestación por
desempleo.
11. Se simplificará y
mejorará el nivel asistencial de desempleo.
12. Adoptará medidas de
impulso, consolidación y protección del trabajo autónomo y de la economía
social, de especial valor estratégico.»
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