viernes, 29 de julio de 2022

Debate sobre el Estado de la Nación. Resoluciones aprobadas de contenido laboral y de protección social.

 

1. El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado las resoluciones aprobadas  con ocasión del debate sobre el Estado de la Nación que se celebró durante losdías 12 a 14 de julio, así como también las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios.

Reproduzco en esta entrada del blog aquellas resoluciones aprobadas, o fragmentos de las mismas, que considero de mayor interés en cuanto a su contenido sociolaboral, y remito a las personas interesadas a la lectura íntegra de todas ellas. Llamó en especial la atención sobre el contenido de los números 33 y 34, relativa a los “deberes” que se ponen al gobierno para desarrollar las políticas de protección social y laborales, o más exactamente en más de una ocasión para que continue con las políticas puestas en marcha desde principios de 2020. 

Buena lectura. 

 

“... Resolución núm. 10

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo todas las acciones oportunas dentro de sus competencias para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito laboral, social, económico y político... .»

 

Resolución núm. 11

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adecuar su actuación a los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, procurando a dicho fin conciliar dichas políticas con la sostenibilidad social de las políticas migratorias.

2. Someter dicha actuación a los marcos de la Unión Europea y a los tratados internacionales en materia de refugiados y solicitantes de asilo o refugio, priorizando las reglas de respeto a la dignidad de las personas y los principios humanitarios, singularmente con las personas más vulnerables...

 

Resolución núm. 16

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

4. Garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación de los trabajadores y empleados

10. Asegurar el cumplimiento del marco normativo en materia de igualdad de trato y no discriminación para evitar las conductas discriminatorias ejercidas contra personas por razón de sexo, procedencia, raza, etnia, origen social, religión, opinión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social...

 

Resolución núm. 20

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Hacer que las políticas de Igualdad sean políticas de Estado garantizando que sean transversales a toda la acción de gobierno y estén correctamente financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado.

2. Elaborar unos Presupuestos Generales del Estado feministas. El presupuesto es el instrumento básico que refleja las prioridades de la política económica pública en sus diversas vertientes. No existe política pública que pueda ser eficazmente convertida en realidad si no se le asignan recursos económicos. Por ello, instamos al Gobierno a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado:

b) Garantizar la autonomía económica de todas las mujeres desarrollando cuantos planes de inserción laboral sean necesarios. Estos planes deberán estar dirigidos a las mujeres más vulnerables, como son las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, las mujeres precarias, las mujeres con discapacidad y las mujeres en contextos de prostitución.

g) Mejora de las pensiones no contributivas, mínimas y asistenciales que tienen que abordarse con los Presupuestos del Estado y no con Seguridad Social después de la aprobación de separación de fuente para acortar la brecha de género que existe en las pensiones.

3. Declarar los cuidados como un derecho fundamental de todas las personas atendiendo a tres ejes fundamentales:

b) Derecho a cuidar: es necesario actualizar los permisos de cuidado porque las familias y la sociedad en general han cambiado. La sociedad que conforma el Estado español es ya una sociedad diversa, en la que habitan distintos tipos de familias y todas deben tener los mismos derechos a poder cuidar de sus seres queridos. Derechos que se concretarán en permisos que deberán ir en consonancia con las directrices creadas por la Directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores creando así nuevos permisos para el cuidado de larga duración, así como para el cuidado de persona familiar o conviviente durante 7 días.

d) Cuidar en condiciones de igualdad: hemos de empujar para que las personas que trabajan cuidando tengan los mismos derechos y las mismas condiciones laborales que en cualquier otro trabajo. Para ello es necesario desarrollar las medidas legales que garanticen que las trabajadoras del hogar, así como el resto de personas trabajadoras de los sectores vinculados al cuidado, tengan todos sus derechos reconocidos.

7. Aplicar el antirracismo como política transversal a toda la acción del Gobierno con especial atención a la frontera sur donde refugiados y refugiadas de guerra son víctimas del racismo que aún perdura en nuestro país. Por ello, el Gobierno deberá:

a) Apostar por la migración legal y segura con enfoque de derechos humanos y orientada a la regularización de la situación administrativa de las personas migrantes como vía de acceso a todos los derechos.

b) Modificar todas las políticas de extranjería que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes.

c) Revisar los acuerdos en política migratoria para incluir el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas.

 

Resolución núm. 25

«El Congreso de los Diputados afirma la necesidad de:

1. Aunar fuerzas para lograr resultados: es necesario lograr un amplio consenso político sobre el Plan de Recuperación con las organizaciones económicas y sociales, sobre la necesidad de seguir impulsando la transformación estructural de la economía y el avance hacia un crecimiento sostenible e inclusivo en todas sus dimensiones que redunde en el bienestar del conjunto de la ciudadanía y en la lucha contra las desigualdades en todos los territorios.

2. Afianzar las posibilidades de inversión derivadas del Plan de Recuperación para consolidar un modelo de crecimiento sostenible e integrador, que tenga a las personas y al empleo en el centro, a la vez que se impulsa la transición ecológica y digital.

4. Seguir avanzando en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES) como instrumento clave para invertir en una recuperación equitativa y en la doble transición ecológica y digital, mediante la participación y colaboración de agentes públicos y privados, fortaleciendo su capacidad para movilizar recursos que permitan transformar sectores estratégicos para nuestra economía, generar empleo y mejorar la competitividad.

5. Aprovechar los fondos del Plan de Recuperación para avanzar en los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, guía para una Europa y una España social fuerte, justa y decente en todos sus ámbitos, que avance hacia un funcionamiento correcto y justo de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar propios de la Europa del siglo XXI, y que avance hacia una sociedad más igualitaria, una amplia protección social, así como los más altos estándares laborales.

 

Resolución núm. 28

«El Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con la educación pública, inclusiva y de calidad como la herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía responsable y exigente para garantizar un progreso económico basado en el conocimiento, y proponemos:

En el ámbito de la Formación profesional:

11. En relación con la competitividad individual de los trabajadores y de las empresas en su conjunto, garantizar a través del sistema de formación profesional la rápida detección de las necesidades de formación presentes y futuras y, de acuerdo con ellas, elaborar de forma inmediata las ofertas formativas adecuadas para dar respuestas a los cambios en los procesos productivos y de prestación de servicios.»

 

Resolución núm. 29

«El Congreso de los Diputados afirma la necesidad de:

2. Fortalecer e intensificar las políticas de fomento de empleabilidad de las mujeres en el ámbito tecnológico y las enfocadas a las nuevas profesiones digitales, con especial énfasis en las dirigidas a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión.

3. Trabajar en una futura ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios e impulsar un gran Pacto Social y Político por la Racionalización de los horarios con todos los agentes, con consecuencias jurídicas y que debe contemplar dos ejes principales:

— La igualdad entre mujeres y hombres.

— El impacto del uso del tiempo en nuestros menores y nuestros mayores

 

Resolución núm. 33

«El Congreso de los Diputados, en atención a las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en el marco del diálogo social y comprometido con Europa, insta al Gobierno a que siga adoptando las medidas que permitan fortalecer y consolidar nuestro sistema público de pensiones, un sistema de reparto solidario que es el mecanismo esencial de integración, redistribución y cohesión social y que actúa como columna vertebral de nuestro Estado de Bienestar.

A tal efecto, entre otras medidas, continuará:

1. Asegurando la sostenibilidad del sistema en el corto, medio y largo plazo, mediante la adecuación de la financiación de las pensiones a la naturaleza de su protección y culminando la asunción progresiva por el Estado de los gastos denominados impropios, con el fin de acabar con el déficit.

2. Garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, periódicamente actualizadas de conformidad con el IPC, tal y como acordó la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y, finalmente, ha establecido la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, aprobada durante este período de sesiones.

3. Perfeccionando el sistema para incorporar medidas que atiendan, especialmente, a las personas más vulnerables, como ha venido llevando a cabo, por ejemplo, con la regulación de una nueva prestación no contributiva como el ingreso mínimo vital, hoy regulada por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que establece el ingreso mínimo vital.

4. Adaptando el sistema a los nuevos desafíos, como ha venido haciendo con las crisis económicas y sociales provocadas por la pandemia del COVID-19, el volcán de la Palma o la guerra de Ucrania, a través de la promulgación de una extensa regulación que, por ejemplo, ha establecido medidas de seguridad social vinculadas a los ERTES o prestaciones extraordinarias de cese de actividad para autónomos o, entre otras muchas, incrementado las cuantías de las prestaciones no contributivas y del ingreso mínimo vital.

5. Avanzando en una protección equiparable entre las personas trabajadoras, con independencia de su régimen de la Seguridad Social y en atención a las peculiaridades del desarrollo de su actividad, con el establecimiento, por ejemplo, de una cotización, para los trabajadores autónomos, que atienda a los ingresos que realmente perciban, en línea con las recomendaciones adoptadas en la comisión del Pacto de Toledo.

6. Protegiendo a las personas trabajadoras del hogar, especialmente en materia de protección por desempleo, una vez ratificado el Convenio 189 de la OIT.

7. Analizando el impacto de género de las medidas o políticas que adopte, con el fin de eliminar toda situación de discriminación por este motivo, tal y como ha efectuado, por ejemplo, con la regulación del complemento para reducir la brecha de género en las pensiones contributivas, dando nueva redacción al artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

8. Mejorando la protección de las personas con capacidades diferenciadas, revisando la cobertura en todas las contingencias en las que la discapacidad sea un hecho relevante.

9. Adoptando medidas para reforzar la confianza de los jóvenes en el sistema y para mejorar su protección social, especialmente de los becarios, continuando con medidas como la adoptada por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, que estableció la obligatoriedad de que las prácticas que realizan los estudiantes en las empresas coticen al régimen general de la Seguridad Social, estén o no remuneradas las prácticas.

10. Potenciando la mejora de la gestión con medidas, entre otras, de inversión en recursos electrónicos y refuerzo en recursos humanos, paliando el envejecimiento de la plantilla de la Seguridad Social, y culminando, asimismo, la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia de Seguridad Social, tal y como recomienda del Pacto de Toledo y se prevé en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que mandata al Gobierno obtener, en el plazo máximo de 6 meses —ya vencido—, un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.»

 

 

Resolución núm. 34

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando, en el marco del diálogo social y en el desarrollo de los compromisos adquiridos con Europa, para avanzar hacia un mercado de trabajo más eficiente, resiliente y justo, con medidas que permitan consolidar la creación de empleo estable y de calidad y la modernización y adaptación de nuestro tejido productivo a los procesos de digitalización, globalización, cambios demográficos y desafíos medioambientales, aprovechando para ello los fondos del Plan de Recuperación, con garantía de los derechos de las personas trabajadoras, entre ellos, una formación continua a lo largo de toda su vida laboral y salarios dignos, con el fin de posibilitar una transición inclusiva que impidan el ahondamiento en las brechas sociales, territoriales y de género.

A tal efecto,

1. Impulsará, en el marco del Diálogo Social, un pacto de rentas para afrontar los retos derivados del alza de los precios, con un reparto justo de los esfuerzos.

2. Revisará el Estatuto de los Trabajadores, para adaptarlo a los requerimientos del siglo XXI, que demanda una nueva política de empleo y de relaciones laborales, con nuevos derechos para las personas trabajadoras.

3. Revisará las políticas activas de empleo, para adaptarlas a los cambios en el tejido productivo, su modernización y digitalización.

4. Abordará un sistema de evaluación integrada de las políticas activas.

5. Analizará y adaptará la Ley de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de trabajo, con sesgo de género.

6. Adoptará medidas para mejorar la tasa de actividad de las mujeres y su peor inserción, dadas sus mayores tasas de temporalidad y parcialidad, abundando en las medidas de corresponsabilidad y reordenación del tiempo de trabajo.

7. Mejorará la inserción de los jóvenes con medidas que palien la precariedad y con una formación más vinculada a los cambios de nuestro modelo productivo.

8. Abordará una Ley que garantice el derecho a la formación a lo largo de toda la vida laboral, que atienda la mejora de los procesos productivos y los nuevos sectores generadores de empleos futuros.

9. Reordenará las bonificaciones a la contratación, para hacerlas más eficientes en la inserción de las personas trabajadoras con mayores dificultades de inserción y que deberán ir acompañadas de itinerarios personalizados y refuerzo de la colaboración y la comunicación entre los servicios públicos de empleo y las empresas.

10. Impulsará los derechos de las personas del trabajo doméstico, garantizando la prestación por desempleo.

11. Se simplificará y mejorará el nivel asistencial de desempleo.

12. Adoptará medidas de impulso, consolidación y protección del trabajo autónomo y de la economía social, de especial valor estratégico.»

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