1. La pasada
semana se publicaron tres documentos de indudable interés para conocer como
está impactando la crisis provocada por la Covid-19, tanto con carácter general
como con atención especial al mundo del trabajo.
O por decirlo más exactamente,
buena parte de esos documentos nos explican como se están incrementando las
desigualdades en el mundo del trabajo y qui´rnes son las personas y grupos que
más están sufriendo sus consecuencias.
Me ha parecido
conveniente por ello dejar de lado por unas horas los debates y análisis sobre
la reforma laboral operada en España por el Real Decreto-Ley 32/2021 de 28 de
diciembre, ya que tiempo habrá, y mucho, para seguir con ellos…, salvo que no
se convalide la norma, algo que no contemplo como hipótesis de trabajo (y
espero que esta vez mis dosis de pitoniso no fallen), y debatir, en estrecha
relación con los textos a los que ahora me referiré, sobre cómo debe contribuir a corregir las
desigualdades existentes en el mundo del trabajo en España y no sólo quedarnos,
aunque sea necesario, en el concreto detalle jurídico de cada modificación de
la Ley del Estatuto de los trabajadores y normas conexas.
En esta línea
apuntada, es recomendable la lectura del artículo del profesor Francisco Trillo
“Un proyecto laboral (re)constituyente: la reforma de 2021”, publicado en el
blog amigo del profesor Antonio Baylos (23 de enero) ,
quien subraya la verdadera importancia de la reforma poniéndola en relación con
las políticas laborales instrumentadas durante mucho tiempo antes y que
justamente han contribuido al incremento de las desigualdades y de la
precariedad en el mundo laboral. Así lo argumenta el profesor Trillo: “Lo que
estaba -y está- en juego con la reforma laboral de 2021 era -es- la capacidad
de domar al monstruo jurídico en el que se había convertido el Estatuto de los
Trabajadores en el largo ciclo de casi treinta años desarrollado entre 1984 y
2012. Para emitir un juicio, por tanto, sobre su oportunidad y valor se
requiere identificar los pilares en las que se ha sustentado el modelo
neoliberal de relaciones laborales durante el mencionado período, advirtiendo
desde ya que resulta iluso, ingenuo y, en alguna ocasión, torticero cifrar en
una sola reforma laboral la capacidad de reconducir el entero modelo de
relaciones laborales neoliberal para alumbrar otro de impronta social. Por
ello, el calificativo de insuficiente atribuido a la reforma laboral de 2021 resulta
exasperante por iluso, ingenuo y, en alguna ocasión, torticero”.
2. El 17 de enero
publicaba la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su informe anual
sobre “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2022” (original en inglés y un amplio resumen en castellano), continuando con el
análisis de la realidad laboral a escala mundial y que el año 2021 había
parcialmente interrumpido al dedicar monográficamente su atención al trabajo en
las plataformas digitales , algo que bien entendido también era un análisis
global por la importancia que han adquirido estas y que se explicaba en estos
términos: “el incremento de la actividad de las plataformas (de 142 en 2010 a
777 en 2020, con aumento superior en la de prestación de servicios offline), se
ha concentrado básicamente en muy pocos países, llevándose la “medalla de oro”
Estados Unidos, que concentra el 29 %. No obstante, es en Asia donde se
concentra la mayor inversión económica (56.000 millones de dólares) seguida de
América del Norte (46.000 millones) y Europa (12.000), siendo especialmente
digno de destacar que en las plataformas de servicios del taxi, “el 75 % de los
fondos se concentran en solo dos empresas de plataformas”. Respecto a los
ingresos obtenidos, alrededor de 52.000 millones de dólares en 2019, dos países
concentran cerca del 70 % del total: Estados Unidos (49 %) y China (22 %). En
las plataformas basadas en la ubicación, y hay siempre que tener presente las
muy diferentes condiciones laborales en los países en los que se realizó la
encuesta, los principales factores de motivación para trabajar son tanto de
carácter “negativo”, cuales son la falta de oportunidades de empleo
alternativas, como otros que se valoran positivamente, cuales son “la
flexibilidad laboral y la mayor remuneración en comparación con otros empleos
disponibles”.
Para un amplio
examen de los informes anteriores, remito a la entrada “Perspectivas sociales ydel empleo en el mundo – Tendencias 2020. Notas al informe de la OIT y ampliorecordatorio de los anteriores (2014 a 2019)” Del informe de 2020 me permito recuperar unos fragmentos de mi comentario que
enlaza directamente con el de 2022:
“A) En primer
lugar, se plantea, y se apunta ya que es muy probable que sea así, que la
disminución del crecimiento económico proyectado para el próximo futuro, ante
las incertidumbres y riesgos a los que se enfrenta la economía mundial y la
falta de inclusión (también en la reunión de Davos de este año se habla de que
en la década recién iniciada “debemos crear un crecimiento económico inclusivo
para lograr un mundo socialmente equitativo y ambientalmente sostenible”),
“perjudiquen la capacidad de los países de menores ingresos para reducir la
pobreza y mejorar las condiciones de trabajo”.
Los datos
recogidos en el informe constatan el ensanchamiento de las diferencias entre
los países de ingresos bajos con los de ingresos medios-bajos y medios-altos,
llamando, al mismo tiempo que reconociendo las dificultades existentes para que
ello sea posible, a la adopción de medidas que posibiliten un mayor crecimiento
en los primeros y que requerirían de “una transformación estructural, una
actualización tecnológica y una diversificación para desplazar el empleo de las
actividades de bajo valor añadido a las de mayor valor añadido”, siendo para
ello necesario avanzar en ese cambio que requeriría una disminución de la
población ocupada en el sector agrícola y que en las dos pasadas décadas solo
lo fue en un 6 %, estando actualmente en un 69 % de la población ocupada.
Conclusión de todo ello es que el ritmo y el tipo de crecimiento “no solo
dificultan la reducción de la pobreza en los países de bajos ingresos, sino que
también obstaculizan las posibles mejoras en el trabajo decente”.
… La OIT, a partir
de todos los datos disponibles, enfatiza que “la proporción de ingresos del
trabajo ha disminuido más de lo que sugerían las estimaciones disponibles
anteriormente”, y que si bien las desigualdades de ingresos a escala mundial
han disminuido en los últimos quince años ello se ha debido fundamentalmente a
la mejora de la situación en China e India, por lo que “la desigualdad dentro
de los países se ha estancado durante el mismo período”, y que “la proporción
combinada de los ingresos que corresponden a las clases media y media-alta, que
anteriormente se pensaba que era similar en todos los países, es de hecho mucho
menor en los países de bajos ingresos, mientras que la proporción
correspondiente a la clase alta es mayor en estos mismos países”.
3. Pues bien, el
informe 2022 constata un incremento preocupante de las desigualdades, tanto
entre países como en el mundo del trabajo, algo que será constatado con mayor
rotundidad, desde una perspectiva global, por el informe anual de
Intermon-Oxfam, presentado también el 17 de enero y cuyo título no merece
comentario añadido alguno: “Las desigualdades matan” , en el que recoge que “según el análisis y los datos publicados por el WorldInequality Lab en diciembre de 2021 desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado
una parte veces mayor del crecimiento de la riqueza global que la mitad más
pobre de la humanidad.40 Actualmente, las desigualdades son tan pronunciadas
como lo eran en el culmen del imperialismo occidental a principios del siglo
XX. Hemos sobrepasado la Edad Dorada de finales del siglo XIX”.
En el resumen del
Informe se expone que “Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su
fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se habrían
deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas,
raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están
fracturando nuestro mundo. Esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado
de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar cuando las
decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los
más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la
población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las
mujeres y las niñas, y las personas racializadas. Las desigualdades contribuyen
a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos”. Ahora bien, el
documento no se queda en la mera denuncia, sino que formula propuestas de
cambio, afirmando en dicho resumen que “No obstante, tenemos la oportunidad de
reformar drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la
igualdad. Podemos abordar la riqueza extrema aplicando una fiscalidad
progresiva, invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para
eliminar las desigualdades, y transformando las dinámicas de poder dentro de la
economía y la sociedad. Si mostramos la voluntad necesaria y escuchamos a los
movimientos que están exigiendo cambios, podremos crear una economía en la que
nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable: una economía
donde las desigualdades dejen de matar. Los Gobiernos deben promover
estrategias ambiciosas adaptadas al siglo XXI, haciéndose eco del poder de los
movimientos sociales y de la ciudadanía de a pie a nivel mundial, y de la
ambición demostrada por Gobiernos progresistas, tanto a nivel histórico (como
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial) como del proceso de liberación
colonial en un gran número de países. Deben promover activamente una mayor
igualdad económica y reivindicar la igualdad racial y de género a partir de
objetivos explícitos, cuantificables y con plazos concretos. El legado de la
pandemia debe ser unos servicios públicos de salud universales y de calidad
financiados con dinero público, para que nadie tenga que volver a pagar de su
bolsillo por acceder a estos servicios; y una protección social universal que
garantice la seguridad de los ingresos de todas las personas”.
4. ¿Qué cabe
destacar del Informe 2022 de la OIT?
En primer lugar
que muchos de los logros en materia de trabajo decente conseguidos antes de la
pandemia se han visto considerablemente afectados, y que “los déficits de trabajo decente
preexistentes están mermando las perspectivas de una recuperación sostenible en
muchas regiones”.
En segundo
término, y en concreto sobre el impacto de la crisis, partiendo las últimas
previsiones de crecimiento económico, se calcula que el total de horas
trabajadas a escala mundial en 2022 se mantendrá casi un 2 por ciento por
debajo de su nivel prepandémico una vez ajustado al crecimiento de la
población, “lo que corresponde a un déficit equivalente a 52 millones de
puestos de trabajo a tiempo completo (tomando como referencia una semana
laboral de 48 horas)”. Seguiremos estando por debajo de la tasa de empleo de 2011,
calculándose que en el presente año se sitúe en el 55,9 %, un 1.4 % inferior.
En tercer lugar,
el desigual impacto de la crisis y afectación más negativa y grave para las
naciones en desarrollo, que ya presentaban “mayores niveles de desigualdad, condiciones
laborales más diversas y sistemas de protección social más débiles incluso
antes de la pandemia”. Ello, no obstante, se produce un impacto negativo de la
crisis en todas las regiones mundiales, subrayándose en el documento que “en
general, los indicadores clave del mercado de trabajo aún no han vuelto a los
niveles anteriores a la pandemia en ninguna de las regiones: África, las
Américas, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, y Europa y Asia Central”.
En cuarto lugar,
que la economía informal, que había sido en muchos países un amortiguador en
crisis anteriores, no lo ha sido en la presente por su impacto en todos los sectores
económicos, y que además se ha constituido en un freno para que las personas y
empresas que operan en ella se vieran beneficiadas de las ayudas públicas, ya
que “las empresas informales han tenido menos posibilidades de acceder a las
líneas de crédito formales o al apoyo gubernamental relacionado con la COVID-19”.
En quinto lugar,
el impacto que provoca en la reconfiguración de las relaciones económicas y laborales,
dados los cambios producidos por el incremento de la actividad en línea, el
incremento de costes comerciales y su repercusión en las cadenas de producción y
la “renacionalización” de algunas de las actividades anteriormente
externalizadas. Así lo explica con todo detalle el Informe 2022: “La
recuperación asimétrica de la economía mundial ha empezado a provocar efectos
en cadena a largo plazo, en términos de incertidumbre e inestabilidad
persistentes, que podrían desbaratar la recuperación. Los cambios en la demanda
del mercado y el aumento de los servicios en línea, el incremento vertiginoso
de los costos comerciales y los cambios provocados por la pandemia en la oferta
de mano de obra han creado cuellos de botella en la industria manufacturera, lo
que impide que se restablezcan las condiciones del mercado de trabajo
anteriores a la pandemia. Las alteraciones marcadas y prolongadas de la cadena de
suministro están generando incertidumbre en el entorno empresarial y podrían
llevar a una reconfiguración de la geografía de la producción con notables
consecuencias para el empleo”.
En sexto lugar, la
OIT alerta del incremento de las desigualdades tecnológicas, que no solo
afectan ni mucho menos al ámbito laboral, y del crecimiento de la brecha de género,
así como de su afectación especial a jóvenes que se vieron afectados en su
etapa educativa por la crisis de 2008 y que ahora sufren, en sus primeras fases
de vida laboral, la actual, y se preocupa, como no podría ser de otra forma,
por el impacto que todo ello tiene no sólo sobre la cantidad sino también sobre
la calidad del trabajo, poniendo en riesgo el objetivo perseguido de un trabajo
decente y digno. En el documento se alerta, pues, de que la pandemia “está
exacerbando diversas formas de desigualdad, desde la intensificación de las
desigualdades de género hasta la ampliación de la brecha digital”, y que los cambios
en la composición de las relaciones de trabajo “como la dependencia del empleo
informal por cuenta propia para ganarse la vida, el aumento del trabajo a
distancia y las diversas tendencias en materia de trabajo temporal, podrían
deteriorar la calidad de las condiciones de trabajo”.
Por fin, en
séptimo lugar, y en esta muy apretada y totalmente subjetiva síntesis del documento
que he realizado, la OIT enfatiza la necesidad de abordar la crisis y sus secuelas
desde los cuatro pilares que son el santo y seña de sus últimos documentos y
por supuesto también de la Declaración de su Centenario: el crecimiento
económico y el desarrollo inclusivos; la protección de todos los trabajadores;
la protección social universal, y el diálogo social.
Y muy
especialmente deseo destacar este último, tan valorado a escala mundial y al
que parece que algunos conceden muy poca importancia en España, ya que se pone
de manifiesto, y en la misma línea he tratado de explicarlo y defenderlo en
todas las entradas en que abordé las medidas adoptadas durante la crisis y
mucho más recientemente con la reforma laboral, que “ha desempeñado un papel fundamental
en la respuesta a la pandemia, y muchas políticas y medidas para limitar la pérdida
de puestos de trabajo han sido fruto de los debates tripartitos” y que durante
el periodo de recuperación, “el diálogo social seguirá siendo crucial para
vislumbrar soluciones que redunden en beneficio de las empresas y los
trabajadores y que tengan repercusiones macroeconómicas y efectos indirectos
positivos”, reforzando estas tesis con la petición, que se dirige
fundamentalmente a los países en que está poco desarrollado, de que “para que
el diálogo social desempeñe este papel, será necesario reforzar las capacidades
de las administraciones públicas y de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores con el fin de que participen en dicho proceso”.
5. Sólo un día después, el 18 de enero, se hacía publico un nuevo informe de la Fundación FOESSA, dedicado a “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, que como todos los suyos es de lectura obligada para analizar cómo está cambiando la realidad social en general, y en bastantes aspectos el mundo del trabajo en particular, en España (texto íntegro del informe , y conclusiones
En primer lugar, las características diferentes de
esta crisis con respecto a la del período 2008- 2013, tanto por su origen, como
por los sectores económicos afectados y por el impacto de la reducción de la
actividad: en efecto, se trata de una crisis especial “por su origen
externo al sistema económico, por los sectores que han resultado más afectados
(turismo, comercio, actividades artísticas y culturales…) y por una reducción
de la actividad económica sin precedentes desde la Guerra Civil (caída del
10,8% del PIB) que en buena medida se debía a la propia decisión política de
restringir gran parte de la actividad para combatir la pandemia”.
En segundo
término, la importancia de las medidas económicas y laborales puestas en marcha
para atenuar el impacto de la crisis, ciertamente con resultados desiguales en
cuanto a sectores y grupos, pero que en cualquier caso han hecho posible, como
destaca el Informe que la reducción del empleo “fuera cinco veces mayor en la
crisis 2008-2013, a pesar de que la reducción de la actividad ha sido mucho
mayor ahora”. Con claridad se explica que ello “tiene que ver con la duración
de la recesión y esta está directamente asociada al tipo de respuesta política
que se ha dado a la misma, con una mezcla de políticas fiscales y monetarias
expansivas y la introducción de mecanismos específicos para salvaguardar el
empleo, como los ERTE. Estos, que llegaron a afectar a más de 3,5 millones de
personas, han permitido el mantenimiento del nexo laboral con la empresa y han facilitado
la vuelta al empleo en la recuperación: el 87% de las personas que tuvieron un
ERTE en 2020 estaban trabajando en la primavera de 2021”, a lo que añado por mi
parte, con datos de diciembre de 2021, que se ha reducido aún más considerablemente
el número de personas que aún siguen afectadas por ERTES.
En tercer lugar,
el muy desigual impacto según la cualificación del sector y actividad, el
ámbito público o privado del sector en el que se prestan los servicios, y por
supuesto las condiciones laborales según sean presenciales o (total o
parcialmente) virtuales, con la posibilidad de acceder o no más fácilmente a la
tecnología, y la modalidad contractual indefinida o temporal. Así lo recoge el
Informe: “los sectores más cualificados y los empleados públicos han
experimentado un impacto escaso o nulo en la reducción de empleo o de los
ingresos, se han expuesto menos a la enfermedad gracias al teletrabajo, que
además ahora está más regulado, e incluso afrontan un futuro optimista con una
expectativa de mejorar la estabilidad en la administración pública, por
ejemplo. En un segundo segmento, los sectores de cualificaciones intermedias,
pero con trabajos estables en el sector privado, han podido beneficiarse de los
ERTE, en muchos casos en condiciones bastante aceptables, y han ido
reincorporándose a sus puestos de trabajo progresivamente. Pero en el tercer
segmento, los sectores no cualificados, donde se encuentran más personas
jóvenes, en empleos temporales-precarios, son los que se han expuesto más a la
enfermedad y han experimentado en mayor proporción los despidos (el 72% de
estos, con contrato temporal)”
En cuarto lugar, y
destruyendo el mito de la “pasividad” de quienes perciben prestaciones sociales,
el informe constata que “Se ha mostrado un volumen importante de actividad
orientada a la inclusión por su parte, tanto en la búsqueda de empleo como en
la realización de actividades educativas, formativas o la participación en
programas de los servicios sociales. Frente a la imagen de pasividad,
paradójicamente, el nivel de «activación» es mayor para la población más
desfavorecida, incluida aquella a la que llegan las prestaciones asistenciales: más participación en
actividades de inclusión y una disposición activa y positiva a la integración
en el mercado de trabajo entre los perceptores de prestaciones no
contributivas, sin que pueda demostrarse que haya un supuesto efecto
desincentivador del sistema de prestaciones”.
No menos
preocupante, en quinto lugar, y el Informe FOESSA no hace sino constatar algo
que ya se ha puesto de manifiesto en estudios internacionales, es el impacto
negativo desde la perspectiva de género de la actual crisis, a diferencia de la
de 2008-2013 en la que tuvo un peso importante la caída del empleo en un sector
mayoritariamente masculino, el de la construcción. Ahora, o mejor dicho desde
el inicio de la crisis en marzo de 2020, “ha tenido, sin embargo, más impacto
en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha
implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración
social. Los hogares con sustentadora principal mujer han visto aumentar la
exclusión social más del doble que aquellos en los que la mayoría de ingresos
los aporta un hombre”.
Y de no menor
interés, en sexto lugar, es la reflexión efectuada sobre el papel de la
población inmigrante, no solo por el impacto que ha tenido sobre ella sino
también por haberse convertido esta, al menos parcialmente, en un colchón o
amortiguador del impacto de la crisis en la población nacional, ya que los datos
disponibles demuestra un mayor impacto o en términos de acogimiento a medidas
de suspensión temporal de contratos como muy en especial de despidos (se trate
de población en situación regular o irregular originaria o sobrevenida). Para
el Informe, ello ha supuesto “que los efectos laborales y sociales de las
crisis sean experimentados en menor medida por los nacionales, algo que
posiblemente explique que estas crisis no generen excesivas tensiones sociales,
a pesar de su intensidad. Se trata de un modelo de distribución desigual de los
costes laborales y sociales de la crisis en los que la población inmigrante se
lleva la peor parte, un modelo injusto por la falta de equidad que implica. No
es nuevo, ya que en la dinámica del mercado de trabajo la población inmigrante
viene aportando sistemáticamente un plus de flexibilidad, a costa de sufrir sus
efectos en forma de desempleo y precariedad”
Por último, en séptimo lugar, el documento no sólo analiza qué ha ocurrido y su impacto sobre personas y grupos sociales, sino que también formula propuestas dirigidas a lospoderes públicos para tratar de atenuar, o revertir, las desigualdades provocadas. Desde la perspectiva más estrictamente laboral, destaco las siguientes:
“1. Mantener de
manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de
la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a
periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es
evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la
exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la
cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para
corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral
estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los
850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021,
sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2
personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en
España.
4. Implementar
medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del
tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no
cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados
“esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros
-, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían
complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas
redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones
complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones
fiscales reembolsables”.
6. Concluyo aquí esta entrada, reiterando la recomendación de lectura de los citados documentos. Y si desean añadir alguna lectura más de indudable interés, háganlo con el estudio del profesor Luís Ayala y de la profesora Olga Cantó, “Radiografia demedio siglo de desigualdad en España. (Enero 2022), en el que se concluye que “uno de los problemas sociales y económicos más importantes de España es el alto nivel de desigualdad en la distribución de ingresos, sensiblemente mayor que en la mayoría de los países europeos. Una de las razones principales de esta realidad es la menor capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones sociales. Esta gran desigualdad persiste en el tiempo y hace que nuestro país sea más vulnerable ante posibles shocks económicos. La evolución de la desigualdad en España está muy marcada por las fases del ciclo económico, pues crece rápidamente cuando la economía está en recesión y se reduce poco cuando se expande”, así como también que “La desigualdad en la distribución de las rentas del trabajo y de capital, las llamadas rentas primarias, es elevada en el caso de España debido a las características de la estructura productiva. Destaca en esta el alto peso de las actividades de bajo contenido tecnológico, que no requieren empleados de alta cualificación y favorecen, por lo tanto, relaciones laborales marcadas por la temporalidad y la parcialidad, sobre todo en las fases de ralentización de la actividad económica”.
Buena lectura.
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